El sistema judicial boliviano revela la “degradación del sistema político, la inmoralidad y la corrupción en la administración del Estado”. Como prueba de ello, citó la desproporción en el tratamiento legal entre el caso de daños al Estado que involucra al exalcalde de Cochabamba, Edwin Castellanos, frente a la denuncia de corrupción contra el alcalde actual, José María Leyes.
El criterio corresponde al abogado constitucionalista Williams Bascopé, quien afirmó que se trata de “protección política, la que recibe el exalcalde de Cochabamba (Edwin Castellanos). En algunos casos inmediatamente se activan los mecanismos de la justicia y en otros, donde está metida gente del Gobierno o sus partidarios, hay complacencia y dilación, lo que muestra que en Bolivia tenemos ciudadanos de primera y de segunda”.
Con el mismo enfoque, sostuvo que Bolivia hace muchos años que enfrenta una “vergonzosa” crisis, a extremos de haber reducido a los ciudadanos a una situación de inseguridad y desconfianza en la administración de justicia.
“Esto no va a cambiar hasta que el gobierno de Evo Morales sea relegado del poder. No existe institucionalidad en Bolivia, estamos viviendo un Estado de carácter político, policial, que se está tornando totalitario, penosamente esa es la realidad”, agregó el jurista.
PROTEGIDOS POLÍTICOS
En criterio de Bascopé, el caso de daños al Estado y otros causados por la mala construcción de una peatonal en Cochabamba, durante la gestión edil de Castellanos, no va a tener mayores avances por el sojuzgamiento del sistema judicial al poder político.
“Más allá de las discrepancias ideológicas que siempre van a existir, es una forma aberrante de desahuciar al ciudadano en su esperanza de tener el Estado que los ciudadanos nos planteamos en la Constituyente”, refirió.
CORRUPCIÓN
Entretanto, el asambleísta departamental de La Paz, Edwin Herrera (Sol.bo), en declaraciones públicas, alertó a la comunidad internacional que el Movimiento al Socialismo (MAS) y el Gobierno “iniciaron una arremetida contra líderes de oposición y están utilizando una supuesta lucha contra la corrupción para ejercer persecución política” a sus los detractores.
Afirmó que cuando se trata de “autoridades electas de oposición se activan el Ministerio Público y otras instancias llamadas por ley. En casos donde están involucradas autoridades del partido de gobierno, no se llega a ningún tipo de conclusiones ni investigación”.
En este sentido, reprochó la detención instruida en contra del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, en cuyo criterio se trata de “una arremetida en contra los de líderes políticos de oposición, que cuestionan el irrespeto de los gobernantes al referéndum del 21 de febrero de 2016, que le negaron a Evo Morales su aspiración a ser reelecto.
Herrera solicitó al poder judicial que se investiguen todos los casos con denuncias de corrupción y puntualizó que “no pueden existir investigaciones ni procesos ‘diferenciados’, si realmente se busca luchar contra la corrupción. “Tiene que investigarse de la misma manera, con la misma intensidad, recursos y con la misma voluntad institucional”, remarcó.
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