El Ministerio Público procesa en la vía disciplinaria a los fiscales anticorrupción Erlan Almanza y Daniel Ayala y niegan dar información acerca de las denuncias de extorsión abiertos en su contra.
El “fiscal suspendido” Erlan Almanza, el martes pasado, se presentó a declarar ante un fiscal sumariante, a dicha audiencia también fue convocado en calidad de testigo, Alexis Calderón, exsocio de Juan Pari, responsable del desfalco de 37,6 millones de bolivianos al Banco Unión.
Miguel Castaños, abogado de Calderón, informó a El Diario, que el fiscal Almanza extorsionó a su cliente, quien le entregó 5.000 dólares en su despacho para ser favorecido en el pedido de cesación a la detención preventiva por la cual guarda detención en San Pedro.
“No hay por donde perderse, (es testimonio) es prueba contundente, el hecho de corrupción sí ha existido (…). No se olviden que también hay otro proceso (disciplinario) donde vamos a pedir que el señor Juan Pari declare como testigo y se verifique que existe actividad delictiva reiterada”, afirmó Castaños.
El abogado de Almanza, que reusó identificarse también negó dar declaraciones al ser consultado sobre los supuestos descargos que el procesado anunció presentaría en el mes de febrero.
EXFISCAL AYALA
Asimismo, fuente oficial confirmó a El Diario que otro procesado por orden del fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, es Daniel Ayala, quien renunció a su cargo en febrero y estuvo bajo su responsabilidad el juicio contra Gabriela Zapata, la expareja del presidente Evo Morales, donde nunca se investigó el supuesto tráfico de influencias entre el Gobierno y la empresa China CAMC.
Consultados por esos dos procesos disciplinarios, los fiscales sumariantes de La Paz, negaron dar información señalando que solo se emitirá pronunciamiento al concluir dichas investigaciones.
Además de los procesos disciplinarios, Almanza y Ayala también fueron imputados en la vía penal, el primero afronta al menos tres denuncias de supuesta extorsión, vinculados al caso Banco Unión.
En tanto que Ayala afronta procesos por violencia familiar, como lo confirmó el fiscal general Ramiro Guerrero, que aseguró que ese era el motivo de su renuncia.
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