Monday, May 28, 2018

Wednesday, May 23, 2018

Video Debate SOL.BO Vs MAS sobre el Accionar de la Justicia en Bolivia

Monday, May 21, 2018

En juicio oral Tribunal Décimo perdió siete testimonios de caso Alexander

El Tribunal Décimo de Sentencia, que sentenció al médico Jhiery Fernández, en el denominado caso Alexander, certificó haber perdido al menos siete declaraciones de testigos, “cuyos testimonios descartaron en juicio oral la supuesta violación en contra del bebé, para encubrir los errores en la investigación de los fiscales y forenses”, develó el padre del galeno Félix Fernández.

La solicitud de informe y certificación fue presentada por el abogado Cristian Alanes, el pasado 7 de mayo, donde se detalla el nombre de los siete testigos, cuyos testimonios fueron extraviados en el Tribunal Décimo, presidido por la juez Patricia Pacajes y compuesto por los jueces técnicos Gladys Guerrero y Roberto Mérida.

NO ES MI CULPA

El pasado 11 de mayo, ante una conminatoria, el secretario de dicho Tribunal, Edwin Tonconi, emitió respuesta confirmando que siete declaraciones no figuran en los cuadernos de control jurisdiccional (archivos del juicio) justificando que fue responsabilidad de las anteriores secretarias del juzgado, debido a que él asumió el cargo el primero de agosto de 2017.

CERTIFICA

“Tengo a bien certificar de la revisión de obrados, se establece que faltan (siete) actas de declaraciones testificales como manifiesta el memorial que antecede; hace conocer que el suscrito (Tonconi) se ha posesionado en fecha 1 de agosto de 2017 y desconoce de qué secretarias habrían asistido a dichas audiencias, por lo que se me es imposible certificar datos que desconozco y no constan en obrados”, se justificó en el documento emitido por el funcionario judicial.

A su vez, el padre del médico, Félix Fernández, remarcó que esta es una más de las irregularidades denunciadas por la defensa de su hijo, que no son atendidas por ninguna instancia de la justicia.

MINISTERIO DE JUSTICIA

El 27 de febrero de este año, la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Estefanía Morales, y la directora general de la Niñez y Personas Adultas Mayores, Ninoska Durán, en conferencia de prensa, aseguraron que asumían medidas “correctivas” en el caso Alexander, así como en otros tres procesos que tenían que ver con un infanticidio en El Alto, pornografía infantil en Santa Cruz y el presunto abuso sexual de una adolescente.

Durán informó sobre la destitución del director del Servicio Nacional de Defensa Pública (Sepdep), Juan David Andrade Guerra, por inasistencia a audiencias en el caso del bebé Alexander.

“Estamos ejecutando medidas correctivas para que el proceso se lleve en el marco de la celeridad, la verdad y la justicia de este niño víctima de violación sustanciada ante el Tribunal Décimo de Sentencia”, afirmó Durán como figura en un comunicado de esa fecha, donde el Ministerio de Justica da por verdad la supuesta violación antes de que se emitiera sentencia.

Luego, el Ministerio de Justicia presentó denuncia ante el Consejo de la Magistratura en contra de los jueces que suspendieron las audiencias en perjuicio de este caso. “Finalmente, el Ministerio de Justicia se apersonará al proceso para hacer seguimiento permanente del caso”, agregó.

El padre del médico señala que los anuncios del Ministerio de Justicia solo confirman la presión que se ejerció contra los jueces y que el proceso esta plagado de irregularidades que asegura iniciaron con acciones negligentes en la investigación que hizo el Ministerio Público, por el fiscal departamental Edwin Blanco y su subalterna Susana Boyán.

La familia y compañeros de trabajo del galeno también responsabilizan al fiscal general Ramiro Guerrero de direccionar el caso, a quien cuestionan, por tratar de encubrir los errores cometidos por la médico general Ángela Mora.

Los abogados de la defensa de Fernández hacen esta afirmación con base en informes hechos por parte de la perito forense María Terán que en ese momento trabajaba en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y que ante el Tribunal señaló que las lesiones en el bebé Alexander no correspondían a un vejamen sexual y que eran otras las causas del sangrado y la muerte del menor de ochos meses, que hasta el fatídico 13 de noviembre de 2014 estaba al cuidado del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) y la Gobernación de la Paz.

Friday, May 11, 2018

TCP mantiene congeladas las regalías del campo Incahuasi

El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Petronilo Flores, decidió dejar sin efecto el fallo del juez Alberto Guzmán que había conminado a desembolsar los recursos a favor de Santa Cruz.

El TCP determinó ayer mantener congelado el pago de regalías a Santa Cruz por el campo Incahuasi, dejando en suspenso la resolución del juez de garantías de Santa Cruz que hace diez días ordenó la liberación de esos recursos en una acción de Cumplimiento.

“El Tribunal Constitucional en atención al pedido de YPFB de una medida cautelar, determinó que el pago de las regalías del campo Incahuasi queda suspendida tal como se había determinado en una sentencia constitucional”, señaló el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Petronilo Flores.

Mientras Chuquisaca mantiene el paro cívico indefinido con bloqueos sigue en desarrollo una Asamblea de Instituciones que analiza la situación del conflicto en los puntos de bloqueo de carreteras en las provincias.

ANTECEDENTES

Chuquisaca reclama en su territorio el pozo gasífero de Incahuasi que, según dos leyes limítrofes, pertenece al departamento de Santa Cruz. En ese sentido, y mientras se realice un estudio, el TCP congeló el pago de las regalías del campo.

El 27 de abril, el juez de garantías Alberto Guzmán ordenó descongelamiento de las regalías a favor de Santa Cruz y, este miércoles, conminó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a realizar el desembolso en un plazo de tres días.

Luego de haberse pronunciado sobre este caso, fue denunciado por el ministro de Justicia, Héctor Arce, de haber contrariado la sentencia constitucional que ordenaba que los recursos se mantengan congelados hasta que YPFB realice un nuevo estudio.

REACCIONES EN AMBOS DEPARTAMENTOS

El caso ha provocado movilizaciones en Chuquisaca, que lleva más de una semana de paro con bloqueo de caminos y la noche de este jueves el Comité Cívico de Santa Cruz se reunirá en una Asamblea para determinar acciones en defensa de Incahuasi.

Mientras tanto, el Gobierno nacional llegó a un acuerdo con una delegación de Chuquisaca que debe ser refrendado por varios sectores. (El Deber)

Caso Delgadillo Aprehenden a abogado y pasante vinculados al consorcio de abogados

El abogado Boris Ch. y el pasante Jhosep C., vinculados a los presuntos delitos de consorcio de jueces de abogados que involucra a la juez anticorrupción y contra la violencia, Cinthya Delgadillo, fueron aprehendidos, ambos guardan detención en celdas policiales y esperan la audiencia de medidas cautelares para determinar su situación jurídica.

René Salazar, abogado de Choque, desvirtuó las sindicaciones en contra de su cliente y aseguró que el pasante que trabajaba con la juez y llevó los archivos a su oficina coordinaba con otro de los abogados que trabaja en esa oficina y aseguró que cuenta con pruebas de esa relación.

El lunes, los pasantes del juzgado primero y Alexis Guarachi fueron identificados como las dos personas que llevaron un saco de plástico con 13 expedientes desde la oficina donde trabaja Choque junto a otros dos abogados del edificio Mariscal de Zepita, Bloque B, hacia el juzgado de la juez Delgadillo, como se aprecia en el video tomado por el abogado denunciante Juan Sadoc, el pasado lunes, por la tarde.

El martes, la Fiscalía realizó allanamientos a esa oficina y al despacho de la juez.

COMPUTADORAS SECUESTRADAS

En la oficina de Choque se secuestraron varias computadoras y en una de ellas se encontró borradores de resoluciones que tenían relación con casos que se procesaban en el juzgado de Delgadillo.

Asimismo, se conoce que uno de los funcionarios de ese juzgado declaró que en carnavales todo el personal se reunió en esa oficina para compartir bebidas alcohólicas, además que el mismo se presentaba con frecuencia en ese juzgado haciendo seguimiento de dos casos que llevaba.

Salazar aclaró que en la oficina de su cliente trabajan otros dos abogados a quienes no se investiga.

“Existían dos abogados más, como les digo vamos a dar los nombres una vez que pase la declaración para no entorpecer toda esta situación con referencia a mi cliente”, manifestó.

Explicó que las resoluciones encontradas en las computadoras, los sellos de policías y médicos hallados en la requisa estaban en equipos y escritorios de los otros abogados.

Para hoy, también se tiene programada la audiencia cautelar de Jhosep Canaza, quien también se presentó de forma voluntaria pero también será procesado.

Primera juez anticorrupción en Bolivia fue enviada a la cárcel

Cinthya Delgadillo, quien en julio de 2014 fue posesionada como la primera juez anticorrupción y lucha contra la violencia hacia la mujer en Bolivia, fue remitida ayer al Centro de Orientación Femenino (COF) de Obrajes, imputada por los delitos de consorcio de abogados y jueces e incumplimiento de deberes.

Con su encarcelamiento, se cierra un ciclo la primera promoción de jueces especializados en la lucha contra la corrupción que fueron posesionados junto a ella, destituidos e investigados por los mismos delitos que juraron combatir.

Delgadillo fue remitida al penal de Obrajes con detención preventiva por determinación del juez segundo anticorrupción de La Paz, Alan Zarate, que observó que subsisten riesgos procesales de peligro efectivo para las víctimas y obstaculización a la investigación, puesto que en su calidad de juez, podría modificar o destruir las pruebas que se encuentran en el que fue su juzgado y en la oficina particular del abogado Boris Choque, quien ayer se presentó ante la Fiscalía y también fue aprehendido.

Junto a Delgadillo, también fue cautelada, por los mismos delitos, Ybeth Flores, secretaria de dicho juzgado para quien Zárate dispuso detención domiciliaria debido a que la Fiscalía no presentó indicios concluyentes y por el estado de gestación (cinco meses) en el que se encuentra.

La audiencia fue programada para las 08.30 de ayer, y si bien debía suspenderse porque Delgadillo se presentó sin abogado, el representante del Consejo de la Magistratura, William Dávila, presentó recusación en contra de Zárate por una supuesta enemistad con una abogada de Transparencia que denunció al juez.

Al inicio de la audiencia, reprogramada para las 10.00 horas, el juez Zarate dispuso rechazar la recusación, pero enseguida la juez Delgadillo interpuso un nuevo incidente afirmando que tanto el secuestro de documentos como su aprehensión, el pasado martes por la noche, fueron ilegales. Incidente que también fue denegado por el juez Zarate e inició la audiencia cautelar.

Respecto a la recusación presentada por Dávila, desde el día miércoles se conoció que la hija del representante del Consejo de la Magistratura también fue pasante en el juzgado de Delgadillo, hecho confirmado por su padre.

Sin embargo, Dávila aseguró que fue durante las vacaciones y su hija ya no cumple funciones en ese juzgado. El fiscal departamental, Edwin Blanco, señaló que no se descarta ampliar las investigaciones si se encuentra algún tipo de relación con el caso pero negó conocer dichas denuncias.

El fiscal de materia, Ramiro Jarandilla, informó a EL DIARIO, que entre los indicios colectados contra Delgadillo, está el video donde se observa a dos pasantes del juzgado Primero Anticorrupción llevar de regreso a ese despacho, el talego con 13 expedientes y las declaraciones de más de tres testigos que aseguran que esos archivos permanecieron en la oficina de Choque por casi tres semanas.

PROCESOS DE VIOLACIÓN

Jarandilla fundamentó en audiencia que tanto Delgadillo como la secretaria Flores incurrieron en incumplimiento de deberes, debido a que amabas eran responsables de esos expedientes de los años 2013 y 2017.

Estos cuadernos de control jurisdiccional –detalló Jarandilla– eran sobre procesos de abusos sexuales y violencia contra la mujer que en su mayoría habían concluido en la etapa preparatoria y debían haber sido remitidos para aperturas de juicio en Tribunales de Sentencia hace mucho tiempo, la juez los continuaba reteniendo sin un justificativo legal.

A su turno, Héctor Castellón, abogado de Delgadillo, señaló que el juez Zárate malinterpretó los antecedentes del caso desde la probabilidad de autoría.

Sobre la medida extrema de detención preventiva en el penal de Obrajes, Castellón la calificó de injusta debido a que la declaración de uno de los testigos pone en duda el contenido del saco donde se presumen estaban los expedientes, además que su cliente tiene una menor de apenas dos meses que ahora debe ser separada de la madre, por lo que anunció que apelará la resolución.

Jarandilla descartó este argumento y señaló que el tema de fondo es el hecho de que 13 expedientes fueron llevados a la oficina de Choque por pasantes y uno de ellos declaró que fue cumpliendo órdenes de la juez Delgadillo.

“Hasta el momento, no hay un justificativo que explique los motivos por los cuales estos cuadernos de control jurisdiccional fueron remitidos a la oficina de un abogado particular, tampoco existe fundamento lógico del porqué existían (borradores) de resoluciones en la oficina del abogado (Choque)”, afirmó Jarandilla.

Wednesday, May 9, 2018

Intervienen juzgado anticorrupción y detienen a Cinthya Delgadillo

La División de Lucha Contra la Corrupción de la Fuerza Anticrimen (Felcc) intervino ayer el Juzgado Primero Anticorrupción de La Paz. La juez Cinthya Delgadillo junto a dos funcionarios judiciales fueron trasladados a la Fiscalía, donde prestarán declaraciones por la denuncia de tráfico de 14 expedientes judiciales trasladados a la oficina de un abogado particular, identificado como Boris Ch., informó el jefe de esa división, mayor Fernando Guarachi.

La denuncia, que ayer fue tipificada como consorcio de jueces y abogados e incumplimiento de deberes, fue planteada por el abogado Juan Sadoc, el pasado lunes por la tarde, quien se presentó ante el Consejo de la Magistratura con un video realizado con su celular minutos antes.

En las imágenes, se observa a dos varones llevar un saco de plástico de color azul desde la oficina Nº 9 de mezzanine del edificio Mariscal de Zepita Bloque B, ubicado en el paso peatonal de la Casa de la Cultura, se afirma que las oficinas son propiedad del abogado Boris Ch., trasladando hacia el juzgado de la juez Delgadillo.

CUADERNOS DE CONTROL JURISDICCIONAL

Ernesto Guarachi, encargado de control y fiscalización del Consejo de la Magistratura, detalló que al verificar la denuncia en dicho juzgado, ubicado en el Mezzanine del Tribunal Departamental de La Paz, se encontró al interior de la misma, 14 cuadernos de control jurisdiccional de diferentes casos que al momento son objeto de evaluación.

La denuncia pasó a conocimiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) que procedió al arresto de tres personas.

En breve contacto con los medios de comunicación, mientras era trasladada a la Fiscalía, Delgadillo aseguró que “ningún cuaderno se ha encontrado fuera del Despacho judicial”, quien se encuentra en calidad de aprehendida en instancias del Ministerio Público, donde se definirá su condición jurídica.

Según declaraciones de los funcionarios judiciales, efectuadas a las 09.00 horas de ayer, estos afirmaron que sólo seguían órdenes y cumplían sus funciones en dicho juzgado, informó Guarachi.

Posteriormente, cerca de las 11.00 horas el juzgado fue intervenido por efectivos de la Felcc y los fiscales Randal Mardoñez y Ramiro Jarandilla luego de permanecer una hora a puertas cerradas en el juzgado condujeron a la fiscal Delgadillo y la secretaria del juzgado a la Fiscalía.

Hasta el cierre de edición de esta nota, se tenía la declaración de tres personas.

Fuente oficial adelantó la existencia de suficientes elementos incriminatorios para que ésta sea aprehendida y sometida a audiencia de medidas cautelares.

MATERIAL INCAUTADO

De las primeras declaraciones, se conoce que los expedientes ya estaban en la oficina de Boris Ch. hace tres días y que desde el momento de la denuncia se desconoce el paradero del abogado.

A las 17.00 horas, realizó el allanamiento de la oficina del abogado Boris Ch., edificio Mariscal de Zepita y el despacho de Delgadillo de donde se secuestraron los computadores de ambas oficinas, un cuaderno de apuntes, además de sellos de policías y médicos.

Desde la Fiscalía, se detalló que en las computadoras de Boris Ch. se encontraron borradores de resoluciones de medidas cautelares y de desarraigo, cuyas audiencias se habían desarrollado en el juzgado de Delgadillo.

Por su lado, el representante del Consejo de la Magistratura adelantó que por todos los elementos colectados, se inició un proceso disciplinario para determinar una posible destitución.

Temen que Fiscal General influya en auditoría al juicio de bebé Alexander

A dos semanas de haber solicitado al Consejo de la Magistratura una auditoría al juicio del caso bebé Alexander y al no recibir respuesta los padres del principal acusado, Norma Sumi y Félix Fernández, temen que el fiscal general, Ramiro Guerrero, influya nuevamente en los jueces por lo que piden su destitución.

Durante una nueva marcha en apoyo al médico Jhiery Fernández, personal del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) de la Gobernación de La Paz pidió justicia para su colega, quien se declara inocente de la supuesta violación.

La marcha bajó desde la avenida Montes recorrió el centro paceño e hizo su primera parada en puertas de la Fiscalía Departamental, donde junto a los familiares del galeno, exigió la renuncia de Guerrero, el ahora fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, y la fiscal de materia que siguió el juicio, Susana Boyán.

En abril, Cristian Alanes, abogado de Fernández, entregó la solicitud al Consejo de la Magistratura pidiendo la auditoria del caso Alexander. “Hubo muchas irregularidades en el trámite de juicio oral y (se ha pedido) que se haga la auditoria jurídica, les hemos hecho conocer mínimamente ocho puntos de vulneración de derechos y garantías”, indicó.

El responsable de la Magistratura de La Paz, William Dávila, señaló entonces: “Estamos esperando que se designe al auditor jurídico o auditora jurídica porque no tenemos actualmente. Y una vez que presenten (la solicitud) lo vamos a pasar a control y fiscalización para que empiece con la revisión del caso”.

JUSTICIA LENTA

Ante una falta de respuesta y designación de auditores desde Sucre, ayer los padres del galeno expresaron otra vez su rechazo al manejo de la justicia “lenta para los inocentes y rápida para los corruptos”.

“Soy su madre, mi hijo tiene principios y valores. Hace más de dos semanas que hemos pedido la auditoría, pero hasta ahora no hay nada, han pedido ayuda a Sucre, pero pienso yo, como madre que esto lo va entorpecer Ramiro Guerrero, él lo va seguir manipulando. Ahora, si mi hijo fuera político, ya estaría libre, pero como no es, hasta ahora sigue la retardación de justicia, pero yo le pido al pueblo justicia. Mi hijo es médico e inocente”, lamentó Sumi portando un cartel exigiendo la renuncia de Guerrero.

A su turno, Félix Fernández, padre del médico sentenciado a 20 años de cárcel, aseguró que continuarán en la calles hasta que su hijo salga en libertad, “yo le digo al fiscal Blanco, él sabe que mi hijo es inocente”, aseguró.

HIPÓTESIS FUE DIRECCIONADA

Los compañeros de trabajo recordaron que en mayo de 2015, la exfiscal departamental, Patricia Santos, señaló a Guerrero como el responsable de direccionar la hipótesis de violación que la defensa de los tres acusados asegura, con pruebas, fue descartada en juicio oral.

“En realidad, el Fiscal General debe ser quien asuma la responsabilidad de la investigación del caso bebé Alexander”, afirmó entonces Santos, quien detalló una serie de inferencias que Guerrero había realizado mediante los fiscales superiores.

“Fiscales corruptos. Dónde están las pruebas, que nos las demuestren”, fueron algunos de los estribillos de la marcha que exigió la destitución de Guerrero, Boyán y Blanco.

La marcha también se trasladó a puertas del Consejo de la Magistratura, la Defensoría de la Niñez de la Alcaldía de La Paz y terminó en puertas del Ministerio de Justicia.

Tuesday, May 1, 2018

Trato benigno a exnotario que cobraba aranceles en exceso

La justicia benefició con detención domiciliaria al exnotario de Fe Pública, F.O. acusado de cobrar aranceles en exceso por el trámite de cambio de nombre y titulación de terrenos en favor de miembros del sindicato de la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) informó el mayor Luis Fernando Guarachi, de la División Corrupción Pública de la Felcc.

“Las autoridades judiciales determinaron la detención domiciliaria para el exnotario, quien fue imputado por los delitos de concusión y beneficios en razón del cargo, pues cobraba sumas exageradas a los trabajadores de la CBN”, explicó Guarachi.

CONVENIO CON DIRIGENTE SINDICAL

El uniformado mencionó que el notario, en sus declaraciones informativas a las autoridades judiciales, reiteró que él y la presidenta del sindicato tenían un convenio para que las personas beneficiadas con la protocolización de minutas de terrenos acudan sólo a su oficina.

Asimismo, refirió que las víctimas del ahora exnotario suman al menos 41 personas, a quienes extorsionó con más de $us 100 mil dólares e incluso continuaba cobrándoles, a pesar de ser una autoridad saliente de la Dirección del Notariado Plurinacional.

“El día en que lo atrapamos, este sujeto debía entregar los sellos a la nueva notaria, que fue posesionada la semana anterior, pero seguía cobrando como autoridad estatal a sus víctimas”, indicó Guarachi.

AMPLÍAN INVESTIGACIONES

El jefe de la División de Corrupción Pública señaló que continuarán las investigaciones y que estas se ampliarán contra la presidenta del sindicato de trabajadores de la CBN, para determinar el grado de responsabilidad que tiene en este delito.

Al finalizar, la autoridad recomendó a la población tener precaución al realizar trámites colectivos, “cada uno debe escoger el notario con quien desea realizar la legalización de sus trámites, nadie debe imponerles que acudan a un determinado notario para que se encargue de sus papeles, porque la elección del mismo es una decisión libre”, puntualizó.

Video Dr. Daniel Peterito: Actuación de la Fiscalía en el caso de Militar Golpeador