Cinthya Delgadillo, quien en julio de 2014 fue posesionada como la primera juez anticorrupción y lucha contra la violencia hacia la mujer en Bolivia, fue remitida ayer al Centro de Orientación Femenino (COF) de Obrajes, imputada por los delitos de consorcio de abogados y jueces e incumplimiento de deberes.
Con su encarcelamiento, se cierra un ciclo la primera promoción de jueces especializados en la lucha contra la corrupción que fueron posesionados junto a ella, destituidos e investigados por los mismos delitos que juraron combatir.
Delgadillo fue remitida al penal de Obrajes con detención preventiva por determinación del juez segundo anticorrupción de La Paz, Alan Zarate, que observó que subsisten riesgos procesales de peligro efectivo para las víctimas y obstaculización a la investigación, puesto que en su calidad de juez, podría modificar o destruir las pruebas que se encuentran en el que fue su juzgado y en la oficina particular del abogado Boris Choque, quien ayer se presentó ante la Fiscalía y también fue aprehendido.
Junto a Delgadillo, también fue cautelada, por los mismos delitos, Ybeth Flores, secretaria de dicho juzgado para quien Zárate dispuso detención domiciliaria debido a que la Fiscalía no presentó indicios concluyentes y por el estado de gestación (cinco meses) en el que se encuentra.
La audiencia fue programada para las 08.30 de ayer, y si bien debía suspenderse porque Delgadillo se presentó sin abogado, el representante del Consejo de la Magistratura, William Dávila, presentó recusación en contra de Zárate por una supuesta enemistad con una abogada de Transparencia que denunció al juez.
Al inicio de la audiencia, reprogramada para las 10.00 horas, el juez Zarate dispuso rechazar la recusación, pero enseguida la juez Delgadillo interpuso un nuevo incidente afirmando que tanto el secuestro de documentos como su aprehensión, el pasado martes por la noche, fueron ilegales. Incidente que también fue denegado por el juez Zarate e inició la audiencia cautelar.
Respecto a la recusación presentada por Dávila, desde el día miércoles se conoció que la hija del representante del Consejo de la Magistratura también fue pasante en el juzgado de Delgadillo, hecho confirmado por su padre.
Sin embargo, Dávila aseguró que fue durante las vacaciones y su hija ya no cumple funciones en ese juzgado. El fiscal departamental, Edwin Blanco, señaló que no se descarta ampliar las investigaciones si se encuentra algún tipo de relación con el caso pero negó conocer dichas denuncias.
El fiscal de materia, Ramiro Jarandilla, informó a EL DIARIO, que entre los indicios colectados contra Delgadillo, está el video donde se observa a dos pasantes del juzgado Primero Anticorrupción llevar de regreso a ese despacho, el talego con 13 expedientes y las declaraciones de más de tres testigos que aseguran que esos archivos permanecieron en la oficina de Choque por casi tres semanas.
PROCESOS DE VIOLACIÓN
Jarandilla fundamentó en audiencia que tanto Delgadillo como la secretaria Flores incurrieron en incumplimiento de deberes, debido a que amabas eran responsables de esos expedientes de los años 2013 y 2017.
Estos cuadernos de control jurisdiccional –detalló Jarandilla– eran sobre procesos de abusos sexuales y violencia contra la mujer que en su mayoría habían concluido en la etapa preparatoria y debían haber sido remitidos para aperturas de juicio en Tribunales de Sentencia hace mucho tiempo, la juez los continuaba reteniendo sin un justificativo legal.
A su turno, Héctor Castellón, abogado de Delgadillo, señaló que el juez Zárate malinterpretó los antecedentes del caso desde la probabilidad de autoría.
Sobre la medida extrema de detención preventiva en el penal de Obrajes, Castellón la calificó de injusta debido a que la declaración de uno de los testigos pone en duda el contenido del saco donde se presumen estaban los expedientes, además que su cliente tiene una menor de apenas dos meses que ahora debe ser separada de la madre, por lo que anunció que apelará la resolución.
Jarandilla descartó este argumento y señaló que el tema de fondo es el hecho de que 13 expedientes fueron llevados a la oficina de Choque por pasantes y uno de ellos declaró que fue cumpliendo órdenes de la juez Delgadillo.
“Hasta el momento, no hay un justificativo que explique los motivos por los cuales estos cuadernos de control jurisdiccional fueron remitidos a la oficina de un abogado particular, tampoco existe fundamento lógico del porqué existían (borradores) de resoluciones en la oficina del abogado (Choque)”, afirmó Jarandilla.
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