Sunday, September 30, 2018

Nuevas Salas Constitucionales acelerarán procesos judiciales



El presidente Evo Morales promulgó ayer la Ley de Creación de Salas Constitucionales del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), cuyo objetivo es brindar mayor celeridad a los procesos de esta instancia y garantizar una justicia oportuna.

Durante el acto realizado en La Casa Grande del Pueblo, el Jefe de Estado indicó que las normas e infraestructuras implementadas en los últimos años no tendrán utilidad si es que los operadores no ponen de su parte para cambiar la imagen de la justicia boliviana.

Agregó que el cuoteo debilita a la justicia, como sucedía en los gobiernos neoliberales, ya que las exautoridades permitían que la embajada norteamericana designe a los jueces y fiscales.

Destacó que el estudio, la formación y la especialización de las autoridades judiciales deben ser permanentes para mejorar la justicia boliviana en procura de que este modelo llegue a ser comentado, estudiado, investigado e implementado en otros países.

Se crearán 22 salas constitucionales: en La Paz y Santa Cruz de a cuatro; tres en Cochabamba; de a dos en Chuquisaca, Oruro, Potosí, Tarija y Beni; y una en Pando.

Los jueces serán selectos con base en la meritocracia para resolver acciones de libertad, amparo constitucional, protección de privacidad, acción de cumplimiento y acción popular, entre otras disposiciones de la Ley 254 del Código Procesal Constitucional.

Elemento humano

Por su parte, el ministro de Justicia, Héctor Arce, recordó que esta norma se la trabajó desde 2015 basados en la necesidad de especializar la justicia constitucional mediante tribunales colegiados, cuyos vocales constitucionales serán elegidos por su capacidad y meritocracia.

“En todo el territorio nacional hay casi 70 mil abogados, pero no los mejores ocupan los cargos judiciales como jueces o vocales; se debe cambiar profundamente esta situación porque se necesita a los mejores especialistas en Derecho”, manifestó.

Reiteró la importancia de elegir a los jueces “más allá del conocimiento del Derecho”, ya que deben tener la capacidad y ética para administrar justicia. “Vivimos tiempos difíciles en la administración de justicia y el principal requerimiento, el elemento central es el personal.

Los jueces y magistrados deben ser las personas mejor calificadas, no podemos concebir que inocentes estén encarcelados; por eso esta ley pretende generar la especialización en Derecho Constitucional”, señaló.

Especialización

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, dijo que la capacidad y especialización de los jueces elegidos será fundamental para mejorar la justicia boliviana, puesto que en la actualidad las acciones constitucionales “están en manos de improvisados”.

“El Derecho en su fluir supone que hay especialidades, y no podemos dejar las acciones en manos de jueces especializados en materias distintas —a las que requieren sus cargos—, que juzgan desde la perspectiva que tienen”, remarcó.

Agregó que los jueces deberán ser “verdaderos agentes revolucionarios del sistema judicial” para beneficio de la población, que demanda mejores operadores de justicia y resoluciones transparentes.

Las salas funcionarán en el marco de la especialización de la justicia constitucional y reducirán la carga procesal.

Magistratura inicia proceso a jueces Guerrero y Mérida

El Consejo de la Magistratura de La Paz procesará por la vía disciplinaria a los jueces Gladys Guerrero y Roberto Mérida, miembros del Tribunal Décimo, porque no remitieron al Tribunal de Alzada los cuadernos de control de la sentencia ni de las apelaciones por el caso del bebé Alexander.

Américo Araníbar, presidente del Consejo de la Magistratura paceña, dijo que la instrucción a la Unidad de Control y Fiscalización de esta instancia para que realice un control al caso del bebé Alexander evidenció que ambas autoridades cometieron una falta grave al omitir, negar o retardar indebidamente “la tramitación de los asuntos a su cargo por no remitir los antecedentes al Tribunal de Alzada”.

Agregó que la sanción será aplicada a Mérida, Guerrero y también a la exjueza Patricia Pacajes, los tres integrantes del Tribunal Décimo que condenó a 20 años de cárcel al médico Jhiery Fernández, debido a que retardaron la entrega de los cuadernos del caso.

El Tribunal de Alzada es el encargado de estudiar los casos mediante la revisión de todos los procedimientos.

Apelación

Cristian Alanes, abogado del médico Fernández, confirmó para el miércoles 3 de octubre la realización de la audiencia de apelación en la Sala Penal Tercera, en procura de que se revierta el rechazo a la cesación de detención que fue dispuesto el lunes por los jueces Roberto Mérida y Gladys Guerrero.

El jurista expresó su confianza en que esta instancia dará curso a su solicitud, puesto que los jueces “no hicieron una buena valoración de los elementos de prueba presentados el lunes pasado durante la audiencia de del médico Fernández”.

“Mérida y Guerrero, además de no haber hecho una buena valoración, observaron la no presencia de un certificado Rejap (Registro Judicial de Antecedentes Penales), cuando ese documento ya fue valorado antes (en marzo, durante la audiencia de la sentencia). Entonces, pretendemos que la Sala Penal Tercera evidencie esos extremos y pueda dictar la resolución benéfica a Jhiery Fernández, pero si no lo hace presentaremos una acción constitucional de libertad”, señaló a Cambio.

Declaraciones

Moisés Ponce de León, abogado de la exjueza y expresidenta del Tribunal Décimo Patricia Pacajes, señaló que su cliente tendría que declarar el lunes por la denuncia en su contra de incumplimiento de deberes al haber revelado información del caso Alexander a pesar de que fue declarado en reserva.

Sin embargo, dijo que dependerá de su estado de salud, puesto que aún está internada en un hospital psiquiátrico, aunque un psicólogo del IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses) le hará una valoración previa.

“Si ella continúa en el psiquiátrico podría variar la fecha, pero si la Fiscalía dispone que no se modifique la fecha, vamos a pedir que la toma de declaraciones se realice en el hospital psiquiátrico, no tenemos ningún inconveniente”, manifestó.

El fiscal Ramiro Prieto aseguró que el psicólogo del IDIF emitirá un informe respecto al estado de la jueza, y si se encuentra en condiciones para declarar, “podría realizarse en las próximas horas y no esperar hasta el lunes”.

Ponce de León envió una solicitud a la Fiscalía para que pida otro informe de valoración al médico que atiende a Pacajes.

Ramiro Guerrero “En seis años logramos darle identidad propia a la Fiscalía”

Entrevista realizada a Ramiro Guerrero, fiscal General del Estado.

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, en una entrevista con Cambio, hizo una valoración sobre su gestión y destacó que uno de los principales logros fue darle una nueva identidad al Ministerio Público.


¿Cómo encontró al Ministerio Público cuando ingresó como Fiscal General de Estado?


Encontramos una institución nada moderna que prácticamente vivía del sistema inquisitivo. Tenía otra identidad, tenía un logo diferente, similar al de la Policía Boliviana, un escudo color verde que parecía de otra institución.

No había infraestructura adecuada, los inmuebles que se tenían ni siquiera estaban a nombre del Ministerio Público; no se podía arreglar ni refaccionar, no había marcadores biométricos, computadoras, impresoras, no había aire acondicionado en las oficinas de las regiones cálidas; en La Paz había una impresora para todo un piso.

¿Cuáles han sido los aportes que se han realizado?


Lo primero que hicimos fue un diagnóstico rápido con los aproximadamente 100 fiscales que había en ese entonces. Hemos hecho una evaluación autocrítica que nunca antes se había hecho sobre el modelo de gestión, sobre cómo estaba funcionado la institución y otros elementos.

Por supuesto que hemos empezado en el primer año a recuperar la confianza de la ciudadanía, que se había perdido. Ha sido un primer año de equipar a las oficinas mediante computadoras, impresoras, escáneres y otros equipos.

En 2013 tuvimos un incremento en nuestro presupuesto en casi 50% y eso permitió adquirir estos equipos. Hay que valorar la decisión de nuestro Presidente (Evo Morales), que intercedió para que podamos tener un presupuesto bien sustentado, justificado. Hemos tenido un incremento de ítems en todo el país y avanzamos con la tecnificación del Ministerio Público.

Actualmente tenemos uno de los mejores centros de datos del país, expertos que lo manejan, lo cual nos permite hacer seguimiento de todos los casos que manejamos.

También hemos mejorado la infraestructura en diferentes lugares, gestionamos proyectos en Tarija, Oruro y Potosí para contar con oficinas propias de la Fiscalía.

Se ha trabajado en modelo de gestión fiscal, que junto con la tecnificación nos permitió dar un paso cualitativo en cuanto a la atención a la gente.

Otro elemento fundamental es nuestra escuela de fiscales, que ha empezado a trabajar primero con la reglamentación, luego el nuevo currículo del fiscal, con cursos iniciales al personal nuevo y permanente capacitación a estos operadores de justicia.

Hemos fortalecido al Instituto de Investigación Forense (IDIF), que es uno de los brazos operativos del Ministerio Público. Implementamos tecnología moderna, de última generación.

En los cuatro años anteriores a mi gestión se habían invertido Bs 180 mil en el IDIF. Encontramos un IDIF obsoleto, ya en desuso.

En estos cinco años de gestión hemos invertido Bs 39 millones en equipamiento, en tecnología, en capacitaciones para los peritos, y la semana pasada nuestro propio Presidente ha entregado IDIF móviles para La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

¿Cómo está actualmente el elemento humano?


En el ámbito de la formación tenemos la escuela de fiscales que ha trabajado en una nuevo currículo de formación, en un perfil del fiscal.

En el ámbito de la lucha contra la corrupción hemos sido implacables, hemos procesado a varios servidores del Ministerio Público, tanto disciplinariamente como penalmente. Hemos encarcelado a varios que estaban cobrando dinero para favorecer o perjudicar a determinada persona en algunos casos.

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la Fiscalía?


Considero que una debilidad es la infraestructura que tenemos. Para exigir un mejor trabajo a los fiscales y brindar mejor atención a las propias personas que acuden al Ministerio Público, deben tener espacios adecuados, por ejemplo para tomar una declaración de un delito grave.

Hemos avanzado con las cámaras Gesell, pero no son suficientes. Hay que mejorar la infraestructura. Hay que consolidar el modelo de gestión fiscal, hay que seguir avanzando hacia la modernización total del IDIF.

Por supuesto también hay que consolidar la carrera fiscal. Es algo que estamos dejando pendiente, ya hemos iniciado, pero hay que consolidarla.

¿Cómo califica su gestión?

No es bueno hacerse una autovaloración, creo que la ciudadanía es la que debe calificar mi trabajo. El mejor indicador para nosotros es la percepción de la ciudadanía.

Muchas veces hay un interés sesgado de algunos con intereses políticos, de algunos medios de comunicación. Pero el mejor indicador es lo que dice el pueblo.

Estos seis años hemos trabajado arduamente, lo tomo este cargo como un servicio a la patria, a la sociedad. En estos seis años prácticamente no he tenido vacación, jamás he cobrado un centavo a litigantes.

Muchas veces se dan lineamientos generales, pero alguna gente no comprende y nos hace quedar mal. Creo que hemos trabajado de manera comprometida para proteger a la sociedad y para dar justicia.

¿Los fiscales están comprometidos con este proceso?

Hemos marcado una línea de trabajo, pero es difícil controlar a todos. Hay 508 fiscales en todo el país y cerca de 1.400 funcionarios del Ministerio Público. Tenemos mecanismos de control de nuestro personal, tenemos un sistema informativo que nos permite hacerles seguimiento, pero mucho depende de la voluntad de las personas.

Para este control también tenemos una unidad de Investigación Patrimonial en el interior del Ministerio Público.

¿Cómo califica la relación del Ministerio Público con la Policía?

En estos seis años he tratado de mantener una relación de respeto a la institución policial. Ha habido muy buena relación con la mayoría de los comandantes generales, departamentales, con las unidades especiales, como la FELCC, FELCV, FELCN.

También en el trabajo cotidiano, donde uno se complementa con el otro, se generan fricciones, desacuerdos. Es como un equipo de fútbol en el que los policías entran como jugadores y el Ministerio Público es el director técnico, que dirige la investigación.

Se pueden generar desacuerdos con los informes, eso es público, no se puede ocultar. Sin embargo, hemos tratado de subsanar esos desacuerdos porque al final nuestro trabajo es contra la delincuencia por el bien de la ciudadanía.

¿Cómo está la relación con los medios de comunicación?

Respeto y valoro mucho el trabajo de los medios de comunicación, pero hay que dejar en claro que algunos medios quieren imponer su agenda mediática, quieren poner su sensacionalismo por diferentes intereses, y eso perjudica porque una cosa son los tiempos procesales y otros son los mediáticos.

No es bueno eso. Algunos casos nosotros los hemos manejado con reserva, pero algunos medios no entienden, están en un afán seguramente con lineamiento político, y eso perjudica la relación que debe haber y los casos que nosotros investigamos.

¿Cuál es el caso más difícil o emblemático que le ha tocado durante su gestión?

Ha habido casos complejos, por ejemplo la muerte del viceministro Rodolfo Illanes. Son situaciones que trascienden la investigación jurídica, van más allá de la investigación procesal.

Es difícil manejar ese tipo de situaciones.

¿Qué recomendación le da a su sucesor?

Yo considero que la nueva autoridad que venga debe consolidar estos avances, estos cambios, consolidar la carrera fiscal y seguir modernizando la institución. Por supuesto también seguir trabajando para beneficio de la sociedad en el marco de la justicia.

Monday, September 24, 2018

Video Romel Cardozo y sus abogados en TAP cuenta por que grabo a la Juez Patricia Pacajes

Video Romel Cardozo el que grabo el audio de la Jueza Pacajes cuenta su verdad en Hablemos Claro

Video Donde esta la Justicia para el Bebé Alexander??? Quien piensa en El??

Abogado Cristian Alanes: Juez Pacajes carece de credibilidad

La actuación de la cuestionada juez Patricia Pacajes y su declaraciones carecen de toda credibilidad como autoridad judicial y como presidente del Juzgado Décimo de Sentencia, a cargo del denominado caso “bebé Alexander”, afirmó el abogado de la defensa del médico Jhiery Fernández, sentenciado injustamente a 20 años de prisión por un delito que no cometió, tal como admitió la misma juez.

Ante las serias dudas sobre posibles hechos de prevaricato que deberán ser investigados por el Consejo de la Magistratura, en el marco de sus competencias, la juez Pacajes fue suspendida del cargo luego de que la pasada semana el ente contralor del sistema judicial presentara una denuncia penal y otro proceso de carácter disciplinario contra la mencionada autoridad.

Personas afectadas por las cuestionadas determinaciones judiciales, como la internista Sandra Madeny, mediante su abogada Zuleika Lanza, afirmó que “ella no tiene moral para denunciar que la drogaron y presentar denuncia” contra el hombre que grabó un audio en el que admite la ilegalidad de la sentencia a 20 años de cárcel a un profesional inocente y que efectivamente es su voz.

Durante el seguimiento realizado por EL DIARIO, desde la muerte del bebé, en noviembre de 2014, dentro del proceso se verificó una serie de irregularidades que eran de conocimiento de la juez Pacajes y sobre las cuales no tomó las acciones que en justicia corresponden, excusándose en la reserva judicial, utilizada bajo el pretexto de que proteger la imagen del menor.

El registro histórico evidencia irregularidades desde el mismo 13 de noviembre de 2014 cuando la forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Ángela Mora, señaló que se trataría de un hecho de violación sin que hubiera efectuado una adecuada valoración, aspecto admitido por Pacajes en el revelador audio, difundido por los medios de comunicación y redes sociales, aspecto sobre el cual tampoco actuó dentro del juicio.

“Esa es opinión personal (la que expresa en el audio) antes de emitir el fallo, pero posteriormente la sentencia se basa en pruebas, la testifical, documental y pericial. Están en la sentencia, me remito a la sentencia en la que hay más prueba pericial que dice que hay (violación)…De la defensa hay una sola pericia que dice que no hay (violación)”, explicó públicamente, no obstante de las evidentes irregularidades y de haber aceptado como tales.

Sandra Madeny enjuiciará a quienes la condenaron

Zuleika Lanza, abogada de Sandra Madeny Carrasco, que fungió como médico internista en el Hospital del Niño el 2014, quien atendió el bebé Alexander, anunció acciones legales contra autoridades judiciales que injustamente la sentenciaron a dos años de cárcel.

“Vamos hacer acciones legales”, sostuvo la jurista de la exresidente que fue condenada a dos años de cárcel por el Tribunal Décimo de Sentencia presidido por la suspendida juez Patricia Pacajes.

“Existe responsabilidad administrativa y delitos penales, mi cliente lo que quiere es dar a conocer a la población su inocencia, ella es inocente”, acotó la jurista.

El 27 de marzo de este año, la juez Pacajes sentenció a dos años de presidió a Sandra Medany por homicidio culposo y a la enfermera Lola Rodríguez por el delito de encubrimiento, todos dentro del bullado caso bebé Alexander.

La decisión de apelar la determinación del Tribunal de Sentencia surge luego de que se filtrara un audio, donde se escucha a la juez admitir que el médico Jhiery Fernández es inocente.

El pasado 25 de mayo, la defensa de Sandra Madeny presentó apelación contra la sentenciada de dos años que le impuso en el juicio por la muerte del bebé de ocho meses, Oscar Alexander, señalando que se mantiene firme en sus afirmaciones en sentido de que nunca existió la supuesta violación y que fue procesada violando varias normativas sobre el trabajo en hospitales.

“Se presentó la apelación contra la resolución de sentencia número 05/2018 emitido por el Tribunal Décimo de Sentencia, señalando que no ha habido un valoración y ponderación de la prueba presentada en verdad material y los precedentes contradictorios que existen en esta sentencia”, afirmó entonces la abogada Zuleika Lanza.

Audio de juez Pacajes fue entregado legalmente

Romel Cardozo, quien se atribuye la autoría de la grabación a la juez Patricia Pacajes, aclaró que esta fue entregada legalmente a un periodista que investiga el caso ante el abogado defensor del médico Jhiery Fernández, en presencia de un efectivo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc); desvirtuando de esta manera que la cesión de la grabación a un medio de comunicación fuera de forma clandestina.

Cardozo asegura que el audio fue realizado entre los meses de mayo y junio y fue entregado en la primera semana de este septiembre, y que no fue presentado antes por “temor”, ante la serie de procesos judiciales abiertos que enfrenta “en contra de malos funcionarios policiales” y “fiscales delincuentes”, quienes ingresaron a “atracar mi casa”.

La detención abusiva e ilegal que enfrentó Cardozo, más el reciente allanamiento en su domicilio el pasado siete de este mes, fue lo que impulsó a que decida presentar la grabación de forma pública y con testigos en la misma instalación de la Felcc.

“Me enteré que al médico Jhery Fernández le quieren yapar 10 años más de los 20 que le dieron de presión, siendo inocente, ese fue el detonante para que mi persona entregue la grabación en oficinas de la Felcc en el primer piso. Le dije al oficial quiero hacer entrega de estos audios al periodista en estas oficinas de la instancia policial, para que en lo futuro no quieran descartarlas, por lo tanto hice legal y lícitamente la entrega de las grabaciones”, detalló.

Al ser testigo de la entrega de la grabación al periodista, donde fue testigo el propio abogado de Fernández para dar transparencia del hecho, esta será presentada como prueba de reciente obtención para la defensa en apelación del fallo contra el galeno.

Cardozo aseguró que la determinación permitió que no solamente se evite poner en duda su nombre y honor, sino que él se encuentre tranquilo y deja de ser cómplice de una injusticia judicial de la que él también es parte como litigante.

“Mis procesos no marchan y si sigo callado, igual no van a marchan y prefiero que la gente se dé cuenta que los litigante somos tratados como si fuéramos de tercera categoría, donde los fiscales que hacen perder cuadernos de investigaciones nunca son procesados”, lamentó.

Cardozo lamentó que la magistrada Patricia Pacajes anuncie procesos legales contra medios de comunicación, “no importa el mensajero, importa el mensaje”, concluyó.

Asimismo, Cardozo exhortó a la juez Pacajes reflexionar y asumir su responsabilidad luego de que el revelador audio puso en evidencia la irregular actuación de las autoridades judiciales. Señaló también que se presentará a cualquier llamado del Ministerio Público, pero no será cómplice de tal injusticia. Por otra parte, el denunciado por Pacajes lamentó que la juez lo haya denunciado con cargos por asociación delictuosa, cosa que no se ajusta a su condición como establece la normativa penal, refirió.

Nueve candidatos a Fiscal General llegan a entrevista por segunda vez

Un total de 11 postulantes a Fiscal General del Estado se presentaron en el anterior proceso de selección a ese alto cargo que se desarrolló el 2012. De esta cantidad, solo 9 llegaron a la fase de entrevista del proceso de evaluación que les dará la oportunidad de ser parte de la lista final.

Zacarías Valeriano Rodríguez, Iván Lima Mágne, Williams Dávila, César Salinas, Milton Montellano, José Saravia, David Baptista, Arturo Laime, William Alave, José Romero, y Mario Uribe son los postulantes que fueron parte del anterior proceso de selección de Fiscal General del Estado. Los últimos dos candidatos se quedaron en el camino en la actual convocatoria porque no contaban con los requisitos habilitantes.

En el anterior proceso de selección al Fiscal General, de un total de 33 sólo 7 de postulantes anteriormente señalados, fueron parte de la lista que pasó al pleno de la Asamblea Legislativa, instancia que eligió al actual fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, quien dejará el cargo a mediados de octubre. En esta ocasión no será diferente, ya que se tiene previsto que esa instancia designe a la nueva autoridad a comienzos del próximo mes.

En este proceso se presentaron 53 postulantes, 6 mujeres y 47 varones. A comparación de la anterior convocatoria fueron 8 postulantes menos, en esa oportunidad se registraron 61 profesionales en derecho, entre esa lista estaban 12 mujeres.

PROCESO DE EVALUACIÓN

La Comisión de Justicia Plural aprobó un Reglamento y una Convocatoria en la que se designa un proceso de evaluación de los postulantes que tiene una ponderación de 100 puntos, está dividida en tres fases: la evaluación curricular con 40 puntos, examen escrito y la entrevista tiene a 30 puntos, respectivamente.

Hasta la fecha, se desarrollaron dos fases del proceso de evaluación, donde los postulantes acumularon un total de 70 puntos, para pasar a la siguiente fase deben obtener una calificación mínima de 26. Zacarías Valeriano Rodríguez (43.5), Iván Lima Mágne (44.5), Williams Dávila (46.5), César Salinas (32), Milton Montellano Roldán (47.5), José Saravia (45.5), David Baptista (45), Arturo Laime (36.25) y William Alave (50).

En la anterior elección, el proceso de valuación estaba compuesto por la calificación de méritos y la entrevista. En el primer caso se tomó en cuenta la formación académica, producción intelectual y la experiencia. La valoración estaba enmarcada en cumple o no cumple, no hubo una puntuación definida.

Para el examen oral se tomó en cuenta los temas relacionados con la norma que rige en el país, sobre todo poniendo énfasis en el área penal. En esta oportunidad, este proceso no tenía una puntuación asignada, solamente se valoró con suficiente e insuficiente.

OBSERVACIONES

EL DIARIO logró contactarse con 3 de los 9 postulantes que se presentan por segunda ocasión, quienes hicieron algunas observaciones al proceso de evaluación. José Saravia cuestionó las preguntas que se presentaron en el examen escrito, a su criterio no estaba acorde para evaluar a un profesional que opta por ese alto cargo.

“La prueba escrita no era la adecuada para postulantes a ese cargo. A mi criterio esta evaluación debió ser realizada por el Colegio de Abogados o una comisión de notables en derecho”, dijo el postulante.

La prueba escrita tomó en cuenta los temas relacionados con el Derecho Constitucional, Procesal Constitucional, Ley Nº 260 Ley Orgánica del Ministerio Público, Derechos Humanos y otras normas que rigen en el país. Pero no se puso mayor importancia en el área penal tal como se lo hiso en el pasado proceso.

El exjuez Williams Dávila también coincidió con su colega, indicó que las preguntas de la etapa de entrevistas estaba en el marco de la defensa de la legalidad, los intereses de la sociedad y la acción penal pública que son los objetivos del Ministerio Público. Espera que en la última parte de la entrevista resalte el área penal.

Video La Justicia de Mal en Peor en Bolivia, vea a la Jueza Patricia Pacajes contradecirse!!!

Friday, September 21, 2018

Jueza Pacajes: es mi voz pero no estaba consciente de mis palabras

La jueza Patricia Pacajes ratificó esta noche que la voz que se escucha en el audio, que indica que el médico Jhiery Fernández es inocente, es suya, que fue grabada en una parrillada y que ella no estaba consciente de lo que decía.

"Es mi voz y me costó recordar, luego recordé dónde me grabaron" dijo hace instantes en una entrevista en el programa Que no me pierda de la red UNO. Según contó, "una amiga me invitó a una parrillada, en ese lugar estábamos tres damas y un solo varón. En el audio digo eres el único varón. Compartimos la parrillada, tomé unas tres copas y no estaba consciente de mis palabras. Yo misma me siento indignada. Tal vez me dieron una bebida adulterada y no recuerdo cómo llegue a mi casa" relató.

Vea la entrevista completa:

En la grabación, Pacajes se desahoga y dice que el proceso contra Fernández, acusado de violar al bebé Alexander, está plagado de irregularidades y que fue sentenciado a 20 años de cárcel sin pruebas y que es inocente. En ese mismo audio implica a fiscales y forenses que no realizaron un trabajo profesional en la investigación.

Sus declaraciones generaron zozobra en el caso Alexander porque revela una nuevo caso de injusticia en Bolivia.

La jueza Pacajes llegó a los estudios de la red UNO fuertemente escoltada y salió de las instalaciones en Sopocachi también de la misma manera, según testigos.

Video Caso Bebe Alexander: Abogada Patricia Barriga habla sobre el médico Jhiery Fernandez

Video Caso Bebe Alexander: Presidente del colegio de Abogados pide mejorar la Justicia!!!

Video Entrevista completa a la Jueza Patricia Pacajes en QNMP confirma el Audio!!!

Guerrero cuestiona ética del viceministro Quiroga, dice que está metido en muertes

El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, cuestionó la “moral” del viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, quienpidió en la víspera al Fiscal Departamental, Edwin Blanco, apartarse por “ética” de la investigación contra la jueza Patricia Pacajes en el caso Alexander. Guerrero afirmó que Quiroga está metido en muertes.

Pacajes reveló en un audio que el médico Jhiery Fernández fue sentenciado a 20 años de cárcel por una violación inexistente al bebé Alexander y que todas las autoridades del caso lo sabían. Blanco, antes miembro de la comisión de fiscales, fue quien hizo la acusación contra el galeno.

“Él (José Luis Quiroga) también debería apartarse de muchos casos, qué moral, qué ética tiene este viceministro cuando ha estado metido en varios hechos como las muertes en las cárceles, qué ética tiene este viceministro; absolutamente ninguna”, manifestó Guerrero a radio El Deber

La máxima autoridad de la Fiscalía General remarcó que “hoy todos se rasgan las vestiduras, se las dan de justicieros cuando ellos han estado metidos en temas mucho más complejos todavía, como este viceministro Quiroga”.

Quiroga expresó en la víspera que tras haberse presentado una denuncia por parte del Consejo de la Magistratura contra la jueza Pacajes, el fiscal Blanco “por ética debería apartarse del caso y encargar la investigación a una comisión completamente neutral”.

El viceministro también señaló que de encontrarse responsabilidad en la jueza, debería sancionarse a todas las personas que incurrieron en hechos contrarios en el caso, entre ellos los dos jueces técnicos y los fiscales que participaron de la investigación.

Persona que grabó a la jueza garantiza autenticidad del audio y teme por su vida

Apareció la persona que grabó a la jueza Patricia Pacajes. Aunque no quiso ser identificado, garantizó la autenticidad del material en el que la jurista confiesa que el médico Jhiery Fernández es inocente de la supuesta violación al bebé Alexander.

La red ATB tomó contacto con el abogado de esta persona, quien, al igual que su cliente, optó por mantener su nombre en reserva, no obstante indicó que el audio no es montado y que fue grabado en mayo pasado, un mes después de emitida la sentencia contra Fernández.

El abogado indicó que el material fue grabado en el departamento de su cliente, donde la jueza se encontraba compartiendo algunas bebidas con los presentes. “La juez comenzó a hablar del caso bajo la condición de no comentar a nadie, ahí revela que era inocente”, leyó la presentadora de ATB.

Quien grabó a la jueza dijo que lo hizo porque no quería ser cómplice de una injusticia, por ello que ahora teme por su vida y gestiona “mecanismos” para garantizar su seguridad. De acuerdo con ATB, esta persona se mostrará a los medios el próximo lunes.

Tuesday, September 18, 2018

Video Caso Bebe Alexander: La mamá, el papá y el Abogado del médico Jery Fernandez piden Justicia

Video Caso Bebe Alexander: Familia de médico Jery Fernandez pide Justicia

Video Caso Bebe Alexander: Justicia Solicita Suspención de Jueza Pacajes

Amante de la Jueza Patricia Pacajes fue el que grabo el audio

Este audio fue grabado en un día en el que claramente la Jueza no estaba en condiciones saludables.. pero quien la grabo??



El día de ayer aparecio este post.. en Facebook.. hoy esto a desaparecido y el susodicho cambio de nombre...... será el el que grabo el audio?? es el amante de la jueza??

Monday, September 17, 2018

Video El Joven que atropello a Marco Andrade vive su vida normalmente..

Video Caso Bebe Alexander: Mamá y Abogado del médico Jhery Fernandez habla sobre la Jueza

Video Abogado Ivan Centellas Presidente del Colegio de Abogados sobre caso bebe Alexander

Elección para Fiscal General del Estado Sólo 11 de 40 no son del MAS

De un total de 40 postulantes habilitados en la primera etapa del proceso de elección del nuevo Fiscal General del Estado, que está a cargo de la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa, solo 11 de ellos no son funcionarios públicos ni tienen alguna afinidad con el actual Gobierno. Además que no fueron objetados durante la fase de impugnaciones.

En este grupo, las postulantes María del Carmen Murray Riveros y Susan Wilma Durán Vélez son las únicas mujeres dentro de la lista, los nueve restantes de los aspirantes son varones y se destacan por no tener ni una sola observación que empañe su hoja de vida, hasta el momento. Los otro 29 postulantes fueron impugnados por terceras personas o son servidores públicos.

Dentro de la lista también destacan José Olegario Atiare Salazar, Guido Gabriel Balboa Castro, David Baptista Velásquez, José Luis Dávalos Rivadeneira, Jerjes Enrique Justiniano Atala, Leandro Lafuente Fernández, Roger Rider Mariaca Montenegro, Rigoberto Paredes Ayllón y Cesar Johnny Salinas Otalora.

CAUTOS

La diputada de Unidad Demócrata (UD), Rose Marie Sandoval, si bien destacó a estos profesionales, pero es cauta a la hora de indicar que pueden ser los más idóneos, ya que aún hace falta contar con los resultados del proceso de evaluación al que son sometidos por la Comisión Mixta del Legislativo.

Este criterio también fue compartido por su colega Wilson Santamaría que prefirió esperar hasta la conclusión del examen escrito para tener una postura. Además advirtió que es posible que puedan ser perjudicados por el oficialismo para evitar que lleguen hasta la última fase del proceso de elección.

La Comisión cerró la etapa de inscripción con 53 postulantes, de los cuales 13 quedaron inhabilitados de forma definitiva, tres fueron depurados por el incumplimiento de requisitos y en el caso del resto de los profesionales fueron impugnadas sus candidaturas por tener procesos penales en su contra.

Este proceso fue criticado por los legisladores de la oposición, ya que la mayoría de los aspirantes tiene cercanía con el partido oficialista, lo cual pone en duda que la Fiscalía General del Estado sea manejada por el poder político y se use como una herramienta para la persecución política y poyar la repostulación de Evo Morales.

IMPUGNADOS

La comisión recibió un total de 53 inscritos, 6 mujeres y 47 varones. En la revisión de requisitos 15 juristas quedaron depurados temporalmente por no contar con todos los documentos que exige el reglamento. Entre estos se encontraba Jorge Pérez, William Alave, Juan Lanchipa y otros.

Durante siete días se abrió la fase de impugnación, donde se presentaron 58 observaciones dirigidas a 19 de un total de 38 postulantes que quedaron habilitados. El diputado Rafael Quispe impugnó al fiscal departamental Edwin blanco, quien también fue uno de los más objetados. Incluso un grupo de mujeres ingresó a la sesión de la comisión para pedir que lo depuren porque tiene denuncias de violencia intrafamiliar.

El exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Gualberto Cusi presentó su postulación pero fue inhabilitado porque tiene una sentencia por el juicio de responsabilidades que le inició la asamblea legislativa por la suspensión de la Ley del Notariado en el 2016.

A criterio de su abogado, William Bascopé, el proceso en su contra fue porque no respaldó la pretensión de Evo Morales para continuar en el poder a pesar de los resultados del referéndum del 21 de febrero.

Sin embargo, no pasó lo mismo con el exvocal del TCP Oswaldo Valencia que firmó la resolución constitucional que habilitó la repostulación de Evo Morales. El diputado de UD Wilson Santamaría presentó una impugnación en su contra pero esta no fue tomada en cuenta por los legisladores del oficialismo.

REHABILITADOS

Los 15 inhabilitados en la primera etapa del proceso de selección de fiscal también tenían la posibilidad de observar la decisión de la Comisión del Legislativo. De este total, 12 resolvieron las impugnaciones pero solo 5 fueron repuestos para continuar en la carrera para ser el próximo fiscal.

Con el respaldo mayoritario de los asambleístas del MAS, los que retornaron a postular son el exministro de Gobierno, Jorge Pérez; Luciano Negrete Aguirre, Fausto Lanchipa Ponce, Silvano Colque Arancibia y William Alave Laura.

PERCEPCIONES

EL DIARIO se contactó con tres de los once postulantes que no tienen antecedentes de ninguna índole, se les consultó si son militantes de algún partido político y los tres respondieron que no son integrantes de ninguna tienda partidaria.

Además, advirtieron que el cargo de Fiscal General debe estar desmarcado de la injerencia política porque se trata de garantizar la defensa de los derechos de la población.

Los abogados Rigoberto Paredes y Leandro Lafuente afirmaron que desempeñaron funciones en la profesión libre, que hasta el momento no fueron parte de alguna institución del Estado. Hecho que los animó a ser parte de esta convocatoria.

Paredes tiene 18 años de experiencia en el área penal, realizó una maestría en esa área en la universidad de Nueva York de Estados Unidos. Considera que esos conocimientos pueden aportar para mejorar la administración del ministerio público que aún trabaja en condiciones precarias, a comparación de otros países donde se implementaron herramientas tecnológicas para mejorar el trabajo de esa instancia.

Lafuente resaltó que una de las mayores deficiencias del Ministerio Público es la carga procesal con la que deben luchar todos los días. A su criterio esto debe ser resuelto con la designación de mayor personal y la implementación de una mejor infraestructura.

“Según las estadísticas demuestran que las fiscalías corporativas manejan alrededor de 1.500 a 1.600 casos. En cada unidad son tres fiscales, eso quiere decir que se debe manejar entre 5 a 6 procesos por día que mucho de ellos están archivados por falta de investigación”, cuestionó.

César Salinas, que trabajó hasta el 2011 en el Ministerio Público fue otro de los entrevistados por el Decano de la Prensa Nacional, manifestó que existe un monopolio de la persecución penal que tiene el estado a través del Ministerio Público que debe ser cambiado. Además que los sectores más vulnerables de la sociedad son revictimizados por los fiscales.

“También hay que trabajar la parte preventiva porque los delitos se pueden prevenir desde muy temprana edad y hay varios detalles que se deben trabajar. Lo que más preocupa es que hay una población vulnerable que no son atendidas ni cuentan con la protección adecuada a pesar de que las normas lo establecen”, lamentó.

Video Audio Caso Bebe Alexander: Jueza Patricia Pacajes admite que el Medico es inocente

Saturday, September 15, 2018

Postulantes a Fiscal deben lograr 56 puntos para fase de entrevista

Los postulantes a Fiscal General del Estado deberán acumular un mínimo de 56 puntos en la etapa de evaluación curricular y el examen escrito para ser habilitados a la fase de entrevista. La Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa concluyó ayer con la valoración meritocrática de los 40 profesionales en carrera.

“De acuerdo al Reglamento, la evaluación curricular más el examen escrito se convierte en un puntaje habilitante como un subtotal para la etapa de entrevistas, deben obtener un puntaje mínimo de 56 para pasar a esa etapa”, dijo la senadora del MAS, Adriana Salvatierra presidenta de la Comisión.

El artículo 16 del Reglamento de Selección y Designación del nuevo Fiscal General del Estado determina que el proceso de evaluación está compuesta por tres fases: la calificación curricular tiene una ponderación de 40 puntos, para el examen escrito y las entrevistas se designaron 30 puntos, respectivamente, haciendo un total de 100 puntos.

EVALUACIÓN

La Comisión concluyó en dos días la evaluación curricular de los 40 postulantes habilitados de un total de 53 inscritos, quienes fueron depurados por no contar con los requisitos que exigía el reglamento. Este proceso tiene un plazo de cinco días, pero el trabajo se aceleró y se determinó un cuarto intermedio hasta el próximo martes, donde se planificará el examen escrito.

23 de los 40 aspirantes obtuvieron una calificación por encima de los 20 puntos. Entre los que encabezan las más altas puntuaciones están: William Alave con 35 puntos, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Juan Lanchipa que tiene 30 puntos.

El exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Oswaldo Valencia obtuvo 30.5 puntos, el exrepresentante departamental del Consejo de la Magistratura, William Dávila tiene 29 puntos y el abogado Rigoberto Paredes consiguió una calificación de 28.5 puntos, el exministro de Gobierno Jorge Pérez cuenta con 24 puntos.

El resto de los 17 candidatos tienen entre 11 y 20 puntos, el Fiscal Departamental Edwin Blanco tiene 19.75 puntos, esta autoridad y postulante fue el más impugnado en la primera etapa del proceso. El subprocurador Aimoré Álvarez consiguió 13.75 puntos.

La diputada de Unidad Demócrata (UD), Rose Marie Sandoval indicó que existen bueno perfiles profesionales, aunque a su criterio se debe esperar a la etapa del examen escrito para conocer a los que ingresara a la última fase de la evaluación.

EXAMEN ESCRITO

El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) remitió a la Comisión del Legislativo una lista de tres delegados académicos titulares y una suplente para que sean parte del proceso de evaluación.

Marco Antonio Goitia Brun (Universidad Técnica de Oruro-UTO), Alejandro Mansilla Arias (Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz-UAGRM), Luis Alberto Arellano (Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba UMSS) y Elizabeth Ferreira (Universidad Amazónica de Pando- UAP).

En ese contexto el representante de la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz, Alejandro Mansilla explicó que cada una de las universidades que son parte del proceso, debe enviar un banco de 120, haciendo un total de 480 consultas.

De esta lista los académicos deben escoger 120 interrogantes, que serán sometidas a un sorteo donde se elegirá las 60 consultas que ingresarán al examen escrito, cada una tendrá una ponderación de 0.5 puntos. Se prevé que la fase escrita se realice entre el mié

Universidades alistan preguntas para postulantes a fiscal general



Los equipos jurídicos de cada una de las cuatro universidades elaboran las preguntas que serán propuestas a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que se sean formuladas a los 40 postulantes a fiscal general del Estado.

Alejandro Mansilla, docente de la Universidad Gabriel René Moreno (UAGRM), de Santa Cruz, informó que el sorteo de preguntas se hará de forma pública para evitar la falta de transparencia.

“Haremos un conjunto de 120 preguntas y el martes se van a elegir, comprenden todas las áreas”, detalló.

Mansilla y Elizabeth Ferreira, de la Universidad Amazónica de Pando, asistieron en calidad de observadores a las audiencias de evaluación curricular (calificación de méritos) el jueves y el viernes.

Los otros dos docentes designados por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) son Marco Antonio Goitia, de la Técnica de Oruro, y Luis Alberto Orellana, de San Simón de Cochabamba.

La Comisión Mixta de Justicia Plural dispuso cuarto intermedio hasta el lunes para concluir con la evaluación curricular de los 40 candidatos que pasaron la fase de impugnaciones.

La senadora Adriana Salvatierra (MAS-IPSP), que preside la Comisión, informó que el martes recibirán del sistema universitario la batería de 120 preguntas, de las que se sortearán 60 para el examen que se tomará el 19 o 20.

Friday, September 14, 2018

Después de 21 días Fiscales se trasladan al lugar de los hechos

Una comisión de expertos en balística, junto a investigadores de la Fiscalía, se trasladaron ayer al municipio de La Asunta para realizar una inspección ocular de los hechos del 24 y 29 de agosto, donde fueron victimadas tres personas. Además, para efectuar de pericias balísticas destinadas a establecer la ubicación de los policías y de los presuntos francotiradores en el puente San Antonio informó ayer el jefe de plataforma de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Ronny Yañez.

Al respecto, el coronel de Ejército, Jorge Santistevan Justiniano, especialista en inteligencia militar y abogado y parte de la defensa del líder cocalero Franclin Gutiérrez, manifestó que el planteamiento de la investigación que realiza la Fiscalía es una “desorganización total”, cuyo único fin es ganar tiempo y someter a los campesinos a través de las detenciones de sus dirigentes.

DUDAS SOBRE FISCALÍA

“Tenemos dudas en los actos investigativos del Ministerio Público, porque están restringiendo a la defensa el conocimiento oportuno del resultado de las investigaciones, lo que nos hace dudar que en esa extensa área podrían sembrar pruebas”, dijo.

Aclaró luego que en todo acto de investigación tiene que estar presente la Fiscalía, y si el caso reviste mucha complejidad –como en este caso– el Ministerio Público organiza una corporación de Fiscales y dispone la participación de peritos (puede ser o no a requerimiento de las partes) eventualmente ser orgánicos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) o excepcionalmente, profesionales particulares.

“Tan pronto como sea posible se establece o delimita el perímetro donde ocurrió el hecho y se procede al levantamiento de prueba y realizar las pericias correspondientes, para la obtención de indicios y elementos probatorios; se aplica, además, la cadena de custodia, desde la escena del delito hasta el laboratorio correspondiente”, explicó el coronel Santiestevan.

VERIFICACIÓN POLICIAL

Por su parte, la autoridad policial, coronel Yañez, explicó que en el lugar de los hechos verificarán la trayectoria de los proyectiles, una vez que han salido del cañón del arma; colectar algunos cartuchos o vainas que se puedan encontrar en el lugar, ya que por su difícil acceso al sector es posible que aun queden indicios de vainas de algún otro elemento que ayude a descubrir la ubicación del tirador.

En este contexto, advirtió que será difícil precisar quién disparó primero, si la policía o los cocaleros, por lo que estimó que que las acciones judiciales requerirán la presencia de testigos de ambos lados, quienes estuvieron en los días del enfrentamiento donde se produjeron tres personas muertas; un efectivo policial y dos cocaleros.

“Los testigos van a dar grandes luces de cómo han percibido los disparos, cómo han recibido los tiros y de dónde ellos percibían que llegaban, eso nos va a permitir que los peritos suban por esos lugares y comiencen la búsqueda. En este caso, se van a realizar dos tipos de búsqueda, los impactos donde han llegado los primeros proyectiles y sobre la base de esos impactos se verificará la trayectoria que siguieron, para ver donde posiblemente estaba ubicado el tirador”, precisó.

En tanto, hermanos de Eliseo Choque, cocalero victimado el 29 de agosto, declararon ayer ante la Fiscalía y aportaron nombres claves para continuar con la investigación.

Jueces agroambientales llegarán a 339 municipios

Luego de haber concluido la etapa piloto de los juzgados itinerantes en la jurisdicción agroambiental, el Tribunal Agroambiental (TA) informó que ha decidido consolidar el programa y llevarlo a los 339 municipios de Bolivia.

El TA calificó la experiencia piloto como exitosa, porque benefició a 2.816 familias que recibieron a jueces agroambientales en sus comunidades.

En itinerancia se atendieron 759 causas, de las cuales 601 fueron resueltas vía conciliación, es decir evitándose llegar a estrados judiciales.

"Las 57 juezas y jueces agroambientales efectuarán las labores de itinerancia dentro de su jurisdicción territorial, con competencia para recibir demandas, pruebas, realizar inspecciones, conciliaciones y dictar sentencias en sedes temporales identificadas en todo el país, con el objetivo de mejorar el acceso a la justicia", dijo el presidente del Tribunal Agroambiental, Gregorio Aro Rasguido.

El magistrado destacó que en la tarea itinerante la justicia agroambiental logró un gran aliado en los municipios, que proveen con la infraestructura necesaria para que las juezas y jueces desarrollen su labor.

"Con esta alianza estratégica unimos esfuerzos a través de la firma de convenios entre el Tribunal Agroambiental y los municipios del país. Por esta razón, hoy suscribimos acuerdos de cooperación interinstitucional con los alcaldes de Huacaya, Villazón y Pocoata de los Departamentos de Chuquisaca y Potosí, para dar inicio al programa de Justicia Itinerante", informó la autoridad. (Erbol)

TSJ pidió a jefe diplomático de EEUU apoyar causa marítima

Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se reunieron con el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Bruce Williamson, y le pidieron que apoye a Bolivia en el litigio por la demanda marítima que se desarrolló en la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ).

“Le hemos hecho conocer al Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos que el TSJ es el que más interesado está en términos jurídicos del resultado de La Haya, por lo que se ha pedido el apoyo para la causa marítima que nos une”, informó el Presidente del TSJ, José Antonio Revilla.

El litigio internacional boliviano más importante de nuestra historia llega a su fin con el fallo que emitirá la CIJ sobre la demanda que Bolivia presentó contra Chile en el caso de la “obligación de negociar a un acceso al océano Pacífico” el próximo 1 de octubre, en una audiencia que se realizará en el Palacio de la Paz.

La autoridad judicial remarcó que “la causa marítima no tiene excluidos ni tiene incluidos y le hemos hecho al representante de la Embajada que no puede haber un Estado en el tiempo actual que no tenga acceso soberano a la costa pacífica”.

Durante la reunión, el presidente del TSJ hizo conocer al funcionario el sistema plural de Bolivia y las similitudes que se tiene con el país norteamericano.

“Ellos han tenido luchas por derechos civiles y nosotros hemos tenido la lucha por la consolidación de mayorías antes excluidas, hemos hecho referencia a nuestro gran indígena paceño Vicente Pazos Kanki quien ha escrito una historia de los Estados Unidos”, sostuvo Revilla.

El encargado de negocios solicitó realizar una visita protocolar a los ambientes del TSJ en la ciudad de Sucre y Capital de Bolivia y saludar a los magistrados que conforma la Sala Plena.

INTERÉS DE TRUMP

En abril de 2017, el embajador boliviano ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Sacha Llorenti, aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó interés por la demanda marítima que instauró Bolivia contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Llorenti conversó con Trump en un encuentro y almuerzo con embajadores de los 15 países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU en Washington DC.

“En el almuerzo yo expliqué las razones y fundamentos de nuestra demanda (marítima contra Chile), esto llamó la atención del presidente de los Estados Unidos, que solicitó algunos detalles más”, dijo Llorenti en aquella oportunidad.

Llorenti explicó que hizo conocer al mandatario estadounidense los fundamentos y razones de Bolivia para acudir a un organismo multilateral para resolver las controversias con Chile por la vía diplomática y pacífica.

“Bolivia demuestra en los hechos su compromiso, los principios y los propósito de la Carta de Naciones Unidas (...). Esta situación ha llamado la atención del presidente de los Estados Unidos y creemos todos nosotros somos diplomáticos y tenemos la obligación para explicar la demanda, es nuestra obligación para hacer conocer al mundo”, sustentó.

En 1825, Bolivia nació a la vida independiente con una costa de 400 kilómetros sobre el océano Pacífico; 54 años después, en 1879, Chile invadió y ocupó por la fuerza el territorio del departamento del Litoral; desde entonces privó al país de un acceso soberano al mar y de un territorio de al menos 120.000 kilómetros cuadrados.

Designación de Fiscal General Entrevistas a postulantes comenzará el miércoles 19

La fase de entrevistas personales a los 40 postulantes al cargo de Fiscal General del Estado comenzará el 19 de este mes informó la presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Adriana Salvatierra. Desde ayer comenzó la etapa de evaluación curricular y escrita de los aspirantes.

“Inicia la etapa del proceso de evaluación que tiene tres fases, una evaluación curricular, una evaluación escrita y entrevistas; producto de las tres fases del proceso de evaluación, son 13 días de trabajo que prevén la comisión”, dijo en conferencia de prensa.

Salvatierra informó que el proceso de evaluación se realizará en presencia de tres representantes del sistema universitario, de las universidades públicas de Santa Cruz, Cochabamba y Oruro, más un representante alterno de Pando, además de un notario de fe pública.

Detalló que la evaluación curricular se realizará en los próximos cinco días y que se calificará sobre 40 puntos, donde se evaluará la experiencia laboral y cursos de postgrado, entre otros.

Entre el 19 y 20 de septiembre próximo, dijo que se prevé realizar el examen escrito sobre 30 puntos, en el que se sorteará 60 preguntas sobre siete temáticas de derecho penal.

“Sobre derecho constitucional y derecho procesal constitucional, derecho penal y derecho procesal penal, investigación criminal, política criminal, Ley Orgánica del Ministerio Público, Derechos Humanos, Ley 348 contra la violencia hacia la mujer, Ley contra la trata y tráfico de personas, Ley contra el racismo y discriminación, Ley de sustancias controladas”, indicó.

Mientras que las entrevistas se realizarán seis días antes del 1 de octubre, sobre 30 puntos y los aspirantes sortearán su exposición entre 60 preguntas; se calificará su conocimiento, gestión y propuesta, según Salvatierra.

“Se le asignará un código QR al postulante y con ese código se sellará el sobre. Yo no voy a tener el nombre del postulante, da el examen y se corrige, después para el resultado se da el nombre, ya es absolutamente transparente”, afirmó.

Thursday, September 13, 2018

Elección de Fiscal General Legislativo habilitó a 40 postulantes

Tras la conclusión de la etapa de impugnaciones, la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) habilitó a 40 postulantes al cargo de Fiscal General del Estado y dejó en camino a otros 13 aspirantes.

“De los 53 postulantes, producto tanto de la verificación de requisitos como de la etapa de impugnaciones, 40 han quedado habilitados para pasar a las siguientes etapas”, dijo la presidenta de la Comisión, Adriana Salvatierra.

La senadora Salvatierra recordó que ahora los habilitados serán sometidos a una evaluación curricular, examen escrito y entrevistas, y este proceso contará con la participación de los delegados del Sistema Universitario.

La lista oficial de los habilitados será publicada en los próximos días en tres medios escritos de circulación nacional, las páginas web de la Vicepresidencia, de la Cámara de Senadores y de Diputados. (ANF)

Wednesday, September 12, 2018

Tribunal ordena que 'Techo e' Paja' cumpla condena pendiente de 15 años


Claudio Torrez, Carlos Espinoza y Leonardo Gutiérrez, jueces del Tribunal Séptimo de Sentencia y Juzgado de Partido de Sustancias Controladas, ordenaron ayer martes que se haga cumplir el mandamiento de condena pendiente de 15 años de prisión de Jorge Roca Suárez, alias 'Techo e' paja'.

"Mandan y ordenan: al señor gobernador del Centro Penitenciario de San Pedro, para que haga cumplir el presente mandamiento de condena, en contra de Jorge Roca Suarez", señala la disposición emitida por los mencionados jueces.

Anteriormente el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), informó que 'Techo e' Paja' debía cumplir esta condena pendiente por el delito de tráfico de sustancias controladas, hecho registrado en 1990.

Según Dircabi, en 1990 se encontró en Sonora, México, una avioneta siniestrada, que en su interior transportaba cocaína, y las investigaciones implicaron en el caso a Julio Rodríguez Arteaga y José Moisés Terrazas, quienes fueron sentenciados y cumplieron su condena. Sin embargo, se descubrió que detrás de los dos sindicados operaba 'Techo e' paja', de quien en esa oportunidad se desconocía su paradero y se lo declaró en rebeldía para procesarlo hasta conseguir una condena.

Por esa situación, Dircabi pidió al Tribunal hacer cumplir esta disposición judicial dictada.

Sin embargo, Gastón Mealla, abogado de Roca Suárez, había interpuesto un recurso judicial para dejar sin efecto esta condena alegando que su defendido no podía ser juzgado otra vez por un mismo delito por el que ya cumplió una sentencia en EEUU, pero este recurso fue declarado improcedente.

Roca Suárez llegó al país en abril de 2018 luego de haber estado 27 años preso cumpliendo una condena de 35 años en una cárcel de California, Estados Unidos, por los delitos de manufactura de cocaína y evasión de impuestos. Al llegar a Bolivia fue beneficiado con la libertad condicional.

Ahora queda pendiente que la gobernación del penal de San Pedro haga cumplir este mandamiento de condena instruyendo a los efectivos policiales detener a "Techo de paja" y conducirlo a la cárcel.

Jueces cruceños denuncian cambios de destino arbitrarios


La Asociación de Jueces y Magistrados de Santa Cruz denunció este martes que están en emergencia por las notificaciones de rotación temporal y definitiva de sus colegiados a juzgados de Potosí y Beni. Emerson Figueroa, presidente de la entidad, denunció que existe una serie de irregularidades en la medida y afirma que se trata de una campaña para acabar con la independencia de judicial.

“Los jueces gozamos de inamovilidad para garantizar nuestra independencia judicial, no podemos ser trasladados de un lado a otro arbitrariamente. El Consejo de la Magistratura está utilizando el mecanismo de un acuerdo que aprobaron el año pasado, donde de una forma muy subjetiva y arbitrativa están señalando a algunos jueces y juzgados para este tratamiento”, denunció Figueroa, en entrevista con EL DEBER Radio.

El jurista considera que el acuerdo en que se basa el Concejo de la Magistratura es subjetivo porque no existe objetividad para calificar si un juzgado da un buen servicio o no. Seis de sus colegas recibieron la notificación que ya son irreversibles, pero aparentemente en total son 15.

“Vemos algunas injusticias, por ejemplo, un juez capacitador o monitor del nuevo Código de Procedimiento Penal Civil ahora será trasladado a Beni, con la incongruencia de que allá existe un juzgado acéfalo que necesita nivelar sus causas por no tener juez. Pero a la vez, el juez cruceño tiene que dejar su juzgado acéfalo sin tener la posibilidad de continuar con su labor y también entrará en mora. No se puede hacer un hueco para rellenar otro. Es otra violación a la independencia judicial”, manifestó.

Figueroa expresó que en Bolivia están supeditados constantemente, específicamente desde la aprobación de la Ley 025 del Órgano Judicial en 2010, a este tipo de actos arbitrarios para someterlos y para violentar la independencia judicial.

Fase de impugnaciones a Fiscal Comisión Mixta habilitó a exministro Jorge Pérez

El exministro de Gobierno Jorge Pérez fue habilitado por la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa para pasar a la segunda fase de la selección de postulantes para Fiscal General del Estado. Presentó su impugnación a esa instancia y fue resuelta a su favor. La instancia declaró cuarto intermedio hasta las 16 horas de hoy.

De un total de 53 postulantes inscritos hasta el 26 de agosto, 15 fueron depurados porque no cumplieron con los requisitos habilitantes que establece el reglamento, de este total solo 12 presentaron sus objeciones donde observaron la decisión de la comisión. Entre ellos fue la del exministro de Gobierno.

Según informe de la senadora Adriana Salvatierra, presidenta de la Comisión, hasta el lunes pasado la comisión recibió 58 impugnaciones de terceras personas para 19 postulantes que quedaron habilitados de forma preliminar en la etapa de revisión de los requisitos.

Entre los inhabilitados está el exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, Gualberto Cusi, se quedó a medio camino del proceso, además de Gilbert Muñoz Ortiz y Claudia Castro Dorado.

A la vez, señaló que al menos 19 postulantes no cuentan con impugnaciones en su contra. La Comisión dictó un cuarto intermedio hasta la tarde de hoy, donde continuarán con la resolución de las objeciones y se tiene previsto que mañana se publique la lista oficial de los habilitados al etapa de evaluación.

La diputada Rose Marie Sandoval informó que de la lista de los 15 inhabilitados vuelven a carrera, no solo Pérez, sino también Fausto Lanchipa, Silvano Arancibia Colque, Luciano Negrete Aguirre y William Alave.

IRREGULARIDADES

El fiscal Edwin Blanco fue uno de los postulantes más cuestionados, El médico Jhery Fernández, sentenciado a 20 años de cárcel en el caso bebé Alexander, impugnó la postulación de la autoridad. En su memorial presentado ayer a la Asamblea Legislativa, señaló nueve fundamentos.

En ese documento destaca que Blanco quiso obligarle a firmar una declaración incriminatoria utilizando la intimidación mediática y personal. Uno de los puntos que resalta es que le quisieron extraer muestras biológicas de semen a la fuerza, lo sacaron con amenazas de la cárcel de San Pedro y fue llevado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

DELEGACIÓN ACADÉMICA

Por otra parte, Salvatierra al comienzo de la sesión se dio lectura a una nota enviada por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) donde se hizo conocer los nombres de los cuatro docentes designados (tres titulares y un suplente) para participar en la etapa de evaluación de méritos y la elaboración de las preguntas para el examen escrito.

Se trata de los docentes Marco Antonio Goitia Brun (Universidad Técnica de Oruro), Alejandro Mancilla Arias (Universidad Gabriel René Moreno) y Luis Alberto Arellano Rada (Universidad Mayor de San Simón), además de la suplente Elizabeth Ferreira Solíz (Universidad Amazónica de Pando).

Tuesday, September 11, 2018

Elección a Fiscal General 40 impugnaciones contra postulantes

La Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa cerró ayer la etapa de impugnaciones con 40 objeciones contra varios aspirantes al cargo de Fiscal General del Estado. Se tiene previsto que hoy inicien con la resolución de estas y el miércoles se publicará la lista oficial de los habilitados a la fase de evaluación.

La oposición presentó impugnaciones contra aquellos postulantes que beneficiaron de alguna forma al gobierno de Evo Morales. Entre ellos está el exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Oswaldo Valencia que firmó el fallo constitucional que habilitó la repostulación del actual Mandatario.

De forma preliminar quedaron habilitados 38 postulantes de un total de 53 que presentaron sus documentos. Los inhabilitados por no cumplir con los requisitos también podían presentara sus observaciones a la decisión de la comisión del Legislativo.

OBSERVADOS

El diputado de Unidad Demócrata (UD) Wilson Santamaría junto a su colega Rafael Quispe presentaron 16 objeciones faltando una hora y media a l cierre de la etapa de impugnaciones, en esta lista están William Alave, Juan Lanchipa Y William Dávila.

El senador de UD, Yerko Núñez presentó impugnó la candidatura de al menos siete son: Iván Lima Magne, Mirael Salguero Palma, Gilbert Muñoz, Zacarías Valeriano Rodríguez, Claudia Castro Dorado, Williams Dávila Salcedo y Juan Oswaldo Valencia Alvarado.

Núñez dijo que existen suficientes motivos para que los postulantes al más alto cargo del Ministerio Público sean inhabilitados, porque pesan sobre ellos denuncias de graves delitos hasta imputaciones en el ejercicio de sus funciones.

ACADÉMICOS

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Senadores Milton Barón confirmó que el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) ya presentó la lista de los tres delegados académicos que participaran de la fase de evaluación curricular, examen escrito y entrevista a los postulantes y se incorporará a partir de la próxima semana.

“El sistema universitario ya hizo llegar la lista de tres personas titulares que serán parte de la etapa de evaluación de los postulantes, en todo caso ellos ya se integran al trabajo de la comisión a partir de la próxima semana”, dijo el legislador.

Sin embargo, esa instancia académica no convocó a una conferencia de universidades para elegir a los delegados al proceso de selección, tal como ocurrió en la anterior convocatoria para la preselección de candidatos a magistrados al Órgano Judicial.

Monday, September 10, 2018

Elección de Fiscal General El jueves publicarán lista de habilitados

Al cumplirse hoy el plazo para para la impugnación de postulantes a Fiscal General del Estado la Comisión Mixta de Justicia Plural hará pública la lista de los habilitados el jueves 13, anunció ayer Leny Lenz, presidente de esa instancia en la Cámara de Diputados.

“La etapa de impugnaciones dentro del proceso de selección para la designación del nuevo Fiscal General del Estado se inició el 4 de septiembre y culmina hoy (10) y paralelamente este lunes 10, 11 y 12 de septiembre se resolverán las impugnaciones, que deben ser entregadas bajo una resolución que da lugar a la publicación de los postulantes habilitados el jueves 13”, dijo.

La publicación será en tres medios de comunicación de circulación nacional, en las páginas web de la Vicepresidencia del Estado, de la Cámara de Senadores y Diputados.

EVALUACIÓN DE IMPUGNACIONES

Enmarcada en el calendario que deriva del reglamento para designar al nuevo Fiscal General, la Comisión realizará las valoraciones correspondientes de acuerdo con los documentos adjuntos a las impugnaciones presentadas por los ciudadanos.

“La Comisión debe hacer una valoración legal en cuanto a la presentación de requisitos que acompañe la prueba documental y todos los documentos que prueben la impugnación en contra de los postulantes, esto etapa se prevé hasta el miércoles (12), para luego emitir una Resolución y sesionar en la Comisión, el jueves (13) informar a través de la prensa”, informó.

Entonces, el plazo para impugnar las postulantes que cualquier ciudadano no consideren idóneo para ocupar el cargo de Fiscal General fenece hasta hoy.

“Las impugnaciones están abiertas para que cualquier persona de forma individual o colectiva pueda hacer llegar de forma escrita y debidamente fundamentada, adjuntando prueba legal y apta que permita a la Comisión realizar una evaluación del carácter legal”, declaró Lenz.

Sunday, September 9, 2018

Reynaldo busca ser un precedente para resarcir a víctimas de errores judiciales

Los recursos debe manejarlos el Consejo de la Magistratura pero no se conoce antecedente de reclamo de resarcimiento. El procedimiento dice que se debe pagar el salario por el tiempo de encarcelamiento injusto, pero omite otros criterios

Doña Felicia Rojas estaba recuperándose de una operación de cáncer de mama cuando su hijo, José Alonzo Soquere, cayó preso en 2010 y no sabía que la sentencia de tres años que le dieron no ameritaba que fuera encarcelado, y sin embargo, estuvo en Palmasola por más de siete años.

Ahora que su hijo ha recuperado la libertad, la mujer tampoco conoce que en el Código de Procedimiento Penal existe un artículo, el 276, que establece un Fondo de Indemnizaciones para las víctimas de errores judiciales. Allí se señala que se pagará por cada día que una persona haya estado presa injustamente, con base a lo que ganaba antes de ir presa y que si eso no se puede establecer, se hará con base en el salario mínimo nacional.

Lo que sí sabe doña Felicia es que su hijo perdió la noción de la realidad en prisión y que de no ser por la solidaridad de la iglesia Misión y Desafío Peniel, ella, que vende empanadas y asaditos, no podría hacerse cargo de su hijo que sufre un problema mental.

“Personas amigas me han dicho que reclame una indemnización, pero no tengo recursos para contratar un abogado y me aconsejan que busque alguna institución que me ayude”, señala.

Quien sí conoce y reclama una indemnización de parte del Estado es Reynaldo Ramírez Vale, que fue sentenciado a 30 años de cárcel por un feminicidio que no cometió, por lo que pasó dos años y dos meses en prisión.

Su familia viajó más de 60 veces entre Santa Cruz y Cochabamba, gastaba más de Bs 2.000 cada mes para que Reynaldo tenga un espacio donde dormir en el reclusorio y como ‘seguro de vida’ para evitar agresiones.

También gastaron en abogados, en investigadores privados, en otros viajes por el país buscando al verdadero culpable del crimen, por lo que Reynaldo salió libre pero está sin trabajo y lleno de deudas.

Le ofrecieron pagarle el salario mínimo nacional por cada uno de los 26 meses que estuvo injustamente en la cárcel, lo que entonces equivalía a unos Bs 52.000, sin embargo, esa cantidad es considerada ínfima por Reynaldo considerando las deudas que tiene y el daño que le causaron.

Es por eso que el afectado reclama que además de esos gastos, se resarzan los perjuicios causados a su imagen, sus posibilidades de progreso y el daño sicológico, entre otros.

Benigno Flores, abogado de la familia Ramírez Vale, señala que están trabajando en un estudio de los daños morales y sociales ocasionados basado en estándares internacionales, ya que en la legislación boliviana no existe un procedimiento específico. Es así que están elaborando un anteproyecto de ley, para lo cual están acumulando toda la documentación, para hacer la solicitud de indemnización con la finalidad de agotar las instancias en la jurisdicción nacional y en caso de ser necesario, apelar a instancias internacionales. “Este es un caso muy especial, queremos sentar un precedentes”, manifestó Flores.

Además, así como para cualquier persona, procedimiento o sistema, en el caso de Reynaldo hay elementos que son imposibles de calcular, como el ‘robo’ de dos años de su juventud o la muerte de un hermano mientras estuvo injustamente preso.


Sin antecedentes

Ante la consulta de EL DEBER, abogados, jueces, el defensor del pueblo y el Consejo de la Magistratura señalaron que no conocían un antecedente de indemnización de errores judiciales.

En el contexto de esta situación se debe considerar también que la Clínica Jurídica NUR, que trabaja desde el interior de Palmasola detectando casos de personas que estén en prisión más tiempo del que ordenaba su condena, ha permitido la liberación de más de 80 internos en los últimos meses, pero no se conocen aún intentos de buscar resarcimiento.

Este derecho parece ser desconocido para otras víctimas como para el ciudadano J.C.C.O., quien estuvo preso 13 años siendo que fue sobreseído a los cinco meses de haber entrado preso. Según la directora departamental de Defensa Pública de Santa Cruz, Ivette Morales, oficina que destapó el caso, ellos no tienen información que el afectado vaya a reclamar este derecho.

Roberto Quiroz, director nacional de Justicia y Derechos Fundamentales del Ministerio de Justicia, el 1 de agosto declaró en Santa Cruz a EL DEBER que “cuando la administración de justicia incurre en un error, se hace responsable el Estado (...), para buscar una reparación económica e inmediatamente también va a asumir la acción de repetición contra los responsables de estos actos omisivos que se constituyen en delito contra el ciudadano J.C.C.O”.

El juez de sentencia Manuel Baptista indicó que el artículo 39 de la Ley de Ejecución Penal establece que cuando un funcionario, juez o fiscal incurre en incumplimiento de deberes o en retardación de justicia, una vez se comprueba que hubo dolo en su accionar, esto puede considerarse delito y ser procesado.

El juzgador apunta a la falta de procedimientos para ejecutar el Fondo de Indemnización y para hacer la valoración de los daños sociológicos y morales de las víctimas. Además, hace foco en que la norma indica que el Estado se hará cargo del resarcimiento de errores judiciales y que debería hacerlo de forma inmediata en casos donde haya la absolución de una persona, así como realizar una acción de repetición (Art 113 CPE) contra los funcionarios responsables de ocasionar este gasto económico al Estado.

Proceso penal

Paralelamente a la solicitud de indemnización, Reynaldo Ramírez lleva un proceso penal contra los jueces y el fiscal que no solo lo encerraron, sino que lo sentenciaron a 30 años siendo que era inocente.

Al respecto, el abogado Gary Prado dijo que, al margen de la solicitud del Fondo de Indemnización que hace Reynaldo por su caso, en el proceso penal él puede buscar que concluya con una sentencia ejecutoriada en la que se ordene la reparación de daños de los acusados hacia el demandante.

La ley establece que el Consejo de la Magistratura debe administrar un fondo, pero no hay antecedentes

En el Código de Procedimiento Penal, el artículo 276 (Fondo de indemnizaciones), establece que “El Consejo de la Judicatura (actualmente consejo de la Magistratura) administrará un fondo permanente para atender el pago de indemnizaciones a las víctimas de error judicial conforme a lo previsto en este Código”.

En el mismo artículo se detalla que los recursos de este fondo estarán constituidos por: 1) fondos ordinarios que asigne le Estado; 2) Multas impuestas y fianzas ejecutadas; 3) Costas en favor del Estado; 4) Indemnizaciones resultantes de delitos que afecten intereses colectivos o difusos; y, 5) Donaciones y legados al Estado que se hagan en favor del fondo.

Asimismo, se estipula que la administración de estos recursos será reglamentada por el Consejo de la Magistratura.

Al ser consultado al respecto sobre este tema, el representante en Santa Cruz del Consejo de la Magistratura, Mauricio Romero, señaló que no conocía antecedentes de esto. Consultado por EL DEBER, el titular de la Dirección Administrativa Financiera (DAF) del órgano judicial, señaló que no había ese fondo y que tampoco nadie lo había solicitado.

Lo que dicen las leyes sobre el tema

CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Artículo 113. I. La vulneración de derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna. II.

Si el Estado es condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el daño.

CÓDIGO DE PROCED. PENAL

Art. 275. El injustamente condenado podrá reclamar la indemnización en el mismo proceso o en otro. En el primer caso, el juez o tribunal determinará la indemnización en base al siguiente parámetro: un día de pena privativa de libertad (...), equivale a un día de haber del sueldo percibido por el damnificado. En el caso que no sea posible establecer ese monto, se tomará en cuenta el haber equivalente a un día del salario mínimo vital. - Art. 276. Fondo de indemnizaciones.

ANÁLISIS | Gary Prado: “Deben establecer el mecanismo y aplicar los resarcimientos”

Evidentemente, de lo que se puede conocer, el Consejo de la Magistratura no presupuesta ni recibe fondos ordinarios para el Fondo de Indemnizaciones; no se conoce que asignen una partida presupuestaria y que tenga financiamiento del Tesoro General del Estado.

Está la norma, así que lo que tiene que haber es una regulación administrativa, establecer un procedimiento y aplicar este Fondo. Las multas y fianzas que deben aplicarse para los casos de indemnizaciones no se sabe qué destino tienen en la Magistratura. Según la lógica debería haber un presupuesto nacional que se ejecute por las departamentales, que por otra parte generan recursos propios. Hay multas también como daños medioambientales y otros cuyos dineros deberían ir a ese fondo; así también donaciones, pero no conocemos que nadie esté gestionando esto por ejemplo a través de un relacionamiento internacional a través de instituciones de derechos humanos u ONG para que aporten a esto, o si sucede, se da en el anonimato.

Lo ideal sería que el Estado suscriba convenios, por ejemplo con las facultades de Derecho de las universidad para que verifiquen estos casos y ayuden a gestionar los resarcimientos a las personas víctimas de estas retardaciones e injusticias.

El error judicial implica una muy mala administración de justicia, sumada que las víctimas, que además de ignorar sus derechos, suelen ser personas con escasos recursos o que han tenido defensas técnicas vagas, negligentes, con escasa capacidad profesional, sobrecarga procesal u otras razones.


Oposición impugna a 19 postulantes para Fiscal General


POSTULANTES

Un total de 53 abogados presentaron sus postulaciones para Fiscal General, de los cuales 38 pasaron la fase de cumplimiento de requisitos y 15 fueron inhabilitados.

Están en curso 19 impugnaciones a los candidatos a la Fiscalía General del Estado que la Comisión Mixta de Justicia Plural resolverá entre el 11 y 12 de septiembre, una vez que se abran los sobres y evalúe la documentación presentada para hacer conocer hasta el jueves la lista de postulantes que se quedan en carrera. El plazo para las impugnaciones concluye este lunes.

La mayoría de las objeciones contra postulantes se debe a presuntos vínculos de los candidatos con el MAS, según denunciaron los opositores al oficialismo.

La presidenta de la comisión, senadora Adriana Salvatierra, informó que las impugnaciones son de diferente tipo y que el jueves 13, una vez consideradas, se conocerá quiénes siguen en carrera.

Entre las postulaciones observadas están la del fiscal Departamental de La Paz Edwin Blanco, que fue denunciado por el diputado de Unidad Demócrata (UD) Rafael Quispe, quien lo vincula con actos de violencia doméstica porque dijo que Blanco es un "pegamujeres".

El senador opositor Yerko Nuñez, también presentó impugnaciones contra siete candidatos ya que –según dijo– tienen afinidad con el Movimiento Al Socialismo (MAS) o procesos judiciales.

Núñez impugnó a los candidatos Iván Lima Magne (ex magistrado), Mirael Salguero Palma, Gilbert Muñoz Ortiz (fiscal superior), Rodrigo Zacarías Valeriano (ex ministro designado por Evo Morales), Claudia Castro Dorado, Williams Dávila Salcedo y Oswaldo Valencia Alvarado (ex presidente del TCP).

Salvatierra puntualizó que el 13 de septiembre se publicará la lista con los nombres de quienes pasarán a la siguiente fase y ese mismo día iniciará la etapa de evaluación curricular con presencia de los delegados del sistema universitario, añadió.

Para ocupar el cargo de Fiscal General, 53 abogados presentaron sus postulaciones, de los cuales 38 pasaron la fase de cumplimiento de requisitos y 15 fueron inhabilitados.

La nueva autoridad de la Fiscalía General deberá entrar en funciones el 23 de octubre.

Tribunal rechaza pedido de libertad de Gutiérrez


PETICIONES

Dentro de las exigencias de ADEPCOCA también está el cese a la erradicación de cocales en los Yungas y de la "persecución de dirigentes" además de exigir libertad para los "presos políticos".

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz ratificó ayer sábado la detención preventiva para el presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA) de los Yungas, Franklin Gutiérrez, lo que provocó el anuncio de masificar las protestas en La Paz.

El dirigente y líder de los cocaleros de Yungas fue imputado por asesinato en grado de instigación y tentativa del policía Daynor Sandoval, entre otros delitos. El oficial de la Umopar fue herido de manera fatal durante un enfrentamiento en La Asunta (Sur Yungas).

La abogada Paola Barriga denunció que la decisión judicial "fue armada" y lamentó el actuar de los vocales Willy Arias y William Alave. Dijo que presentarán en los próximos días una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que dicte medidas cuatelares en este caso.

Frente a la decisión judicial, la dirigencia cocalera también ratificó el bloqueo de caminos desde mañana, lunes, hasta que liberen a su dirigente.

La audiencia de apelación de medida cautelar de Gutiérrez se desarrolló en el penal San Pedro, donde guarda detención preventiva desde el 28 de agosto. La audiencia comenzó a las 16:20 aproximadamente y se prolongó hasta las 20:00.

En afueras del penal se concentraron cientos de cocaleros esperando la decisión de la autoridad judicial. También arribaron familiares de Gutiérrez, quienes estuvieron en la audiencia. Asimismo, se observó la presencia de colectivos ciudadanos y del ex Defensor del Pueblo y actual Rector de la UMSA, Waldo Albarracín, quienes exigían la libertad del dirigente de los productores de coca.

La audiencia se realizó después que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) fallara el miércoles a favor del líder de los cocaleros de los Yungas, en el marco de una Acción de Libertad, y conminó a instalar su audiencia de apelación a la detención preventiva en un plazo de 72 horas.

Gutiérrez, quien era aliado del MAS, se volvió en contra del Gobierno por la aprobación de la Ley de la Coca que legalizó los cultivos del Chapare cochabambino. El dirigente yungueño pretendía ser candidato a la presidencia en 2019.

Mientras se llevaba adelante la audiencia de Franklin Gutiérrez en el penal, las organizaciones sociales que realizaron una vigilia en apoyo al dirigente cocalero emitieron una resolución en la que determinaron sumarse a las movilizaciones de ADEPCOCA, Magisterio y plataformas ciudadanas en La Paz y Cochabamba anunciaron protestas la siguiente semana y repudiaron las acciones del gobierno de Evo Morales a quien califican de "neoliberal".

La resolución convoca a diversos sectores a sumarse al bloqueo de los cocaleros de yungas este lunes, a la marcha y movilizaciones del magisterio para el jueves y masificar cualquier otra movilización.

"Estamos en contra de la política represora y dictatorial del gobierno neoliberal y mentiroso que a través de masacres y persecución a dirigentes, busca dividirnos y dominarnos", dice parte de la resolución haciendo alusión a la detención de Gutiérrez.

El documento también menciona la erradicación de la hoja de coca en los Yungas, y repudia los métodos represivos utilizados con este fin, además de increpar al Gobierno por otros hechos como el atropello de los derechos indígenas y la "depredación" de la Amazonía.

"Con el pretexto de erradicar lo ´excedentario´ han masacrado a los cocaleros de Yungas, legítimos herederos de la coca milenaria y ancestral, por oponerse a la dictadura capitalista del MAS legalizando el saqueo de nuestros recursos a través de las trasnacionales asiáticas", dice la resolución.

Romero advierte "grupos irregulares" en los Yungas

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo ayer que los ataques armados contra las fuerzas de erradicación de coca excedente en la localidad de La Asunta, del departamento de La Paz, son suficientes para afirmar de manera "contundente y categórica" que en esa zona operan grupos irregulares.

"La realidad es suficientemente contundente y categórica para afirmar que hay grupos irregulares que están operando en esta zona", dijo a los periodistas.

El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, dijo que no está descartada la presencia de "resabios" de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) en Bolivia y que comunarios denunciaron la presencia de ese grupo irregular en La Asunta.

Romero recordó que los ataques perpetrados contra las fuerzas de erradicación provocaron en las últimas dos semanas la muerte del capitán Daynor Sandoval y heridas en 14 policías.

Sostuvo que los pobladores de La Asunta comenzaron a denunciar además que en su comunidad se registran casos de asesinatos por encargo, secuestros, extorsiones, represalias y lesiones.

"Es un rosario de denuncias que existen en el último tiempo, amenazas", complementó.

Sostuvo que en la cárcel de Chonchocoro, de La Paz, hay también personas recluidas por su presunta vinculación con casos de asesinato y homicidios denunciados en La Asunta, entre ellos Primo Paxi.

"Estas personas tienen nexos con gente que opera en esta zona", concluyó.

El conflicto por la coca se prolonga

El conflicto entre cultivadores de hoja de coca de los Yungas paceños lleva cerca de 15 días desde que el Gobierno acusara a ese sector de participar en acciones armadas que derivaron en la muerte de un oficial de la Policía boliviana.

El Gobierno acusa al recluído presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA), Franklin Gutiérrez, y a su entorno, de pertenecer a un grupo criminal que "siembra terror en los Yungas desde hace mucho".

Para el Ministro de Gobierno, las emboscadas contra las fuerzas de erradicación se planearon desde la cárcel de Chonchocoro donde se encuentra recluido Fridolino Durán, un ex dirigente de los Yungas que fue acusado por avasallamiento y asesinato.

El pasado 29 de agosto, los cocaleros Eliseo Choque (31) y Carlos Vega (54) murieron en un aparente enfrentamiento con las fuerzas de erradicación.

Los cocaleros de la región de Yungas culpan de estas muertes al presidente Evo Morales y al ministro de Gobierno, Carlos Romero.

El conflicto en La Asunta se agravó desde el pasado 24 de agosto, cuando se produjo la emboscada a las fuerzas del orden.

ADEPCOCA rechazó la existencia de armas en La Asunta como señala la Policía, y lamentó que el Ministerio Público no tenga pruebas concretas para acusar al presidente de la organización, Franklin Gutiérrez.

Saturday, September 8, 2018

Andrés Gautier: Investigación fiscal no es adecuada

El psicoterapeuta Andrés Gautier, del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y Violencia Estatal (ITEI), aseveró que en Bolivia no se investiga adecuadamente y no se respeta la presunción de inocencia que está establecida en la Constitución Política del Estado (CPE).

Producto de dudosas investigaciones muchas personas están recluidas en diferentes penales del país, con detención preventiva, como el caso del líder de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca)

Franclin Gutiérrez, quien se encuentra recluido en el penal de San Pedro de La Paz, hace 12 días.

Lamentó que la justicia en muchos casos haya detenido arbitrariamente a personas sin un investigación previa, sin pruebas, sin importarles si son inocentes, solo por dar la impresión de eficacia.

Explicó, por ejemplo, que en el caso del líder cocalero lo correcto era primero investigar y luego citar a Gutiérrez para que preste su declaración, allí evaluar si tenía buena voluntad o no. “Eso es lo que se hace en una justicia en democracia, donde hay la presunción de inocencia, hay hipótesis y se investiga”, dijo.

Recordó que la aprehensión de Franclin Gutiérrez fue por demás violenta siendo que él fue quien se entregó sin si quiera tener una mandamiento de apremio.

“Franclin estaba en una conferencia de prensa en Adepcoca, se presenta una cantidad enorme de policías y buscan arrestarlo, ponen en escena como si se tratara de un mafioso armado donde la policía tiene que intervenir de manera espectacular. ¿Cuál es el objetivo?, hacer creer a la población que es un delincuente. Hay presunción de culpabilidad no de inocencia”, remarcó.

En la conferencia de prensa que ofrecía Gutiérrez a las 15.00 horas del martes 28 de agosto –dijo– manifestaba su preocupación por la muerte del teniente, que es hijo de cocaleros, y allí tal cual se tratara de un mafioso declarado, lo detienen.

“Lo jalan hasta el coche y lo enmanillan, ya está declarado culpable, se lo lleva a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), tienen que esperar horas (eso ya tiene una función de intimidación), y eso no es tratar como ciudadano que tiene sus derechos, se queda sentado durante horas y a las 10 aproximadamente inicia el interrogatorio con el Policía investigador y el Fiscal. Él recuerda que con los ataques de las preguntas de ambos funcionarios, al mismo tiempo, ya estaba confundido a tal punto que en un momento dado no recordó ni el número de su casa, fruto de estas preguntas cruzadas donde además no le daban la opción a responder. Después llega su abogado y no le dejaban expresarse, por lo que todo el tiempo tenía que pedir que lo dejen hablar. Las condiciones de un interrogatorio con respeto al ser humano tampoco existen”, lamentó.

Nuñez: Candidatos carecen de idoneidad, credibilidad y ética

El senador de Unidad Demócrata Yerko Núñez informó ayer que presentó impugnaciones contra siete postulantes al cargo de Fiscal General del Estado. Los motivos que aduce el parlamentario para rechazar estas postulaciones es que todos los personajes son afines al MAS y carecen de idoneidad, credibilidad y ética profesional.

Los candidatos observados por el legislador son: Iván Lima Magne, Mirael Salguero Palma, Gilbert Muñoz, Zacarías Valeriano Rodríguez, Claudia Castro Dorado, Williams Dávila Salcedo y Juan Oswaldo Valencia Alvarado.

Núñez dijo que existen suficientes motivos para que los postulantes al más alto cargo del Ministerio Público sean inhabilitados, porque pesan sobre ellos denuncias de graves delitos hasta imputaciones en el ejercicio de sus funciones.

“No tienen idoneidad, credibilidad, menos ética, no son probos porque están vinculados a denuncias de prevaricato, uso indebido de influencias, actos de persecución y encarcelamiento de políticos de oposición e incluso avalaron repostulación de Evo Morales”, afirmó el senador.

Además denunció que el candidato y fiscal departamental de Tarija, Gilbert Muñoz, sobre quien pesa una imputación tiene la “protección” del fiscal general Ramiro Guerrero, “porque en su informe no aparece con imputación causal, por la que otros candidatos fueron inhabilitados”, dijo.

“Se encuentra en pleno proceso penal, contando con una imputación formal por el delito de uso indebido de influencias; además goza de protección de (Ramiro) Guerrero, su imputación formal es un elemento que fue omitido por la Fiscalía General en su informe a la Comisión Mixta”, sostuvo Núñez.

Asimismo, observó la postulación de Valencia, exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, por haber avalado la “ilegal” repostulación del presidente Evo Morales, violando la Constitución Política del Estado.

La Comisión Mixta de Justicia Plural lleva adelante la preselección de candidatos a la Fiscalía General del Estado, para que en última instancia sea designado en la Asamblea Legislativa Plurinacional.