Tribunal rechaza pedido de libertad de Gutiérrez

PETICIONES

Dentro de las exigencias de ADEPCOCA también está el cese a la erradicación de cocales en los Yungas y de la "persecución de dirigentes" además de exigir libertad para los "presos políticos".

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz ratificó ayer sábado la detención preventiva para el presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA) de los Yungas, Franklin Gutiérrez, lo que provocó el anuncio de masificar las protestas en La Paz.

El dirigente y líder de los cocaleros de Yungas fue imputado por asesinato en grado de instigación y tentativa del policía Daynor Sandoval, entre otros delitos. El oficial de la Umopar fue herido de manera fatal durante un enfrentamiento en La Asunta (Sur Yungas).

La abogada Paola Barriga denunció que la decisión judicial "fue armada" y lamentó el actuar de los vocales Willy Arias y William Alave. Dijo que presentarán en los próximos días una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que dicte medidas cuatelares en este caso.

Frente a la decisión judicial, la dirigencia cocalera también ratificó el bloqueo de caminos desde mañana, lunes, hasta que liberen a su dirigente.

La audiencia de apelación de medida cautelar de Gutiérrez se desarrolló en el penal San Pedro, donde guarda detención preventiva desde el 28 de agosto. La audiencia comenzó a las 16:20 aproximadamente y se prolongó hasta las 20:00.

En afueras del penal se concentraron cientos de cocaleros esperando la decisión de la autoridad judicial. También arribaron familiares de Gutiérrez, quienes estuvieron en la audiencia. Asimismo, se observó la presencia de colectivos ciudadanos y del ex Defensor del Pueblo y actual Rector de la UMSA, Waldo Albarracín, quienes exigían la libertad del dirigente de los productores de coca.

La audiencia se realizó después que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) fallara el miércoles a favor del líder de los cocaleros de los Yungas, en el marco de una Acción de Libertad, y conminó a instalar su audiencia de apelación a la detención preventiva en un plazo de 72 horas.

Gutiérrez, quien era aliado del MAS, se volvió en contra del Gobierno por la aprobación de la Ley de la Coca que legalizó los cultivos del Chapare cochabambino. El dirigente yungueño pretendía ser candidato a la presidencia en 2019.

Mientras se llevaba adelante la audiencia de Franklin Gutiérrez en el penal, las organizaciones sociales que realizaron una vigilia en apoyo al dirigente cocalero emitieron una resolución en la que determinaron sumarse a las movilizaciones de ADEPCOCA, Magisterio y plataformas ciudadanas en La Paz y Cochabamba anunciaron protestas la siguiente semana y repudiaron las acciones del gobierno de Evo Morales a quien califican de "neoliberal".

La resolución convoca a diversos sectores a sumarse al bloqueo de los cocaleros de yungas este lunes, a la marcha y movilizaciones del magisterio para el jueves y masificar cualquier otra movilización.

"Estamos en contra de la política represora y dictatorial del gobierno neoliberal y mentiroso que a través de masacres y persecución a dirigentes, busca dividirnos y dominarnos", dice parte de la resolución haciendo alusión a la detención de Gutiérrez.

El documento también menciona la erradicación de la hoja de coca en los Yungas, y repudia los métodos represivos utilizados con este fin, además de increpar al Gobierno por otros hechos como el atropello de los derechos indígenas y la "depredación" de la Amazonía.

"Con el pretexto de erradicar lo ´excedentario´ han masacrado a los cocaleros de Yungas, legítimos herederos de la coca milenaria y ancestral, por oponerse a la dictadura capitalista del MAS legalizando el saqueo de nuestros recursos a través de las trasnacionales asiáticas", dice la resolución.

Romero advierte "grupos irregulares" en los Yungas

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo ayer que los ataques armados contra las fuerzas de erradicación de coca excedente en la localidad de La Asunta, del departamento de La Paz, son suficientes para afirmar de manera "contundente y categórica" que en esa zona operan grupos irregulares.

"La realidad es suficientemente contundente y categórica para afirmar que hay grupos irregulares que están operando en esta zona", dijo a los periodistas.

El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, dijo que no está descartada la presencia de "resabios" de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) en Bolivia y que comunarios denunciaron la presencia de ese grupo irregular en La Asunta.

Romero recordó que los ataques perpetrados contra las fuerzas de erradicación provocaron en las últimas dos semanas la muerte del capitán Daynor Sandoval y heridas en 14 policías.

Sostuvo que los pobladores de La Asunta comenzaron a denunciar además que en su comunidad se registran casos de asesinatos por encargo, secuestros, extorsiones, represalias y lesiones.

"Es un rosario de denuncias que existen en el último tiempo, amenazas", complementó.

Sostuvo que en la cárcel de Chonchocoro, de La Paz, hay también personas recluidas por su presunta vinculación con casos de asesinato y homicidios denunciados en La Asunta, entre ellos Primo Paxi.

"Estas personas tienen nexos con gente que opera en esta zona", concluyó.

El conflicto por la coca se prolonga

El conflicto entre cultivadores de hoja de coca de los Yungas paceños lleva cerca de 15 días desde que el Gobierno acusara a ese sector de participar en acciones armadas que derivaron en la muerte de un oficial de la Policía boliviana.

El Gobierno acusa al recluído presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA), Franklin Gutiérrez, y a su entorno, de pertenecer a un grupo criminal que "siembra terror en los Yungas desde hace mucho".

Para el Ministro de Gobierno, las emboscadas contra las fuerzas de erradicación se planearon desde la cárcel de Chonchocoro donde se encuentra recluido Fridolino Durán, un ex dirigente de los Yungas que fue acusado por avasallamiento y asesinato.

El pasado 29 de agosto, los cocaleros Eliseo Choque (31) y Carlos Vega (54) murieron en un aparente enfrentamiento con las fuerzas de erradicación.

Los cocaleros de la región de Yungas culpan de estas muertes al presidente Evo Morales y al ministro de Gobierno, Carlos Romero.

El conflicto en La Asunta se agravó desde el pasado 24 de agosto, cuando se produjo la emboscada a las fuerzas del orden.

ADEPCOCA rechazó la existencia de armas en La Asunta como señala la Policía, y lamentó que el Ministerio Público no tenga pruebas concretas para acusar al presidente de la organización, Franklin Gutiérrez.