Friday, November 30, 2018

Jhiery Fernández procesa a exjueza Pacajes

El médico Jhiery Fernández inició este jueves un proceso penal contra la exjuez Patricia Pacajes por difamación y calumnia, después de que lo vinculó a un supuesto "grupo delincuencial".

"Hemos presentado el día de hoy una demanda en un proceso privado", indicó Cristian Alanes, abogado de Fernández.

El pasado lunes, Pacajes aseguró que Fernández usó un grupo delincuencial para hacerla drogar y grabar un audio con sus declaraciones para luego utilizar ese material como prueba y conseguir su objetivo de salir de la cárcel.

Fernández negó esa acusación y exigió a la exjuez disculparse de toda la población boliviana porque se demostró que administró muy mal la justicia.

El 17 de septiembre pasado, Petrona Patricia Pacajes Achu admitió, según un audio, que condenó sin pruebas científicas a 20 años de cárcel al médico Jhiery Fernández por una violación que nunca sufrió el bebé Alexander.

La administradora de justicia y presidenta del Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz cuenta en detalle su papel en el caso que sacudió la sensibilidad boliviana a fines de 2014, por involucrar a un menor en una casa de acogida.

Según los datos que brinda, casi todos los que intervinieron en los tribunales, en este escalofriante caso, sabían que el médico Jhiery Fernández era inocente, incluso fiscales que lo imputaron y acusaron sobre la base de un error de una médica forense inexperta.

El 13 de noviembre de 2014, el bebé de ocho meses perdió la vida a raíz de un paro cardiorespiratorio. Presentaba un sangrado profuso por la región anal, por lo que la forense Ángela Mora estableció que el menor había sido víctima de violación.

En La Paz se requiere 60 nuevos juzgados

Presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Iván Córdova, informó ayer que para prestar un mejor servicio a la sociedad, se requiere contar con al menos 300 juzgados, los 240 actualmente existentes son insuficientes. A pesar de ello, los operadores de justicia cumplirán la vacación judicial anual del 4 al 30 de diciembre.

Explicó que el Distrito de La Paz es el que mayor carga procesal tiene a nivel nacional y que esta gestión la carga procesal subió en 40 por ciento.

“Hay una sobrecarga en el trabajo. A diario se están llevando entre cinco a seis audiencias en el TDJ. La proporcionalidad en la capacidad humana de los jueces para atender las audiencias no es equilibrada, pero se lo está haciendo”, dijo.

Por otro lado, informó que en La Paz se dispuso vacación judicial del 4 hasta el 30 de diciembre del presente año en el marco de la Ley 810.

“Se van a quedar juzgados en materia penal para atender todos los casos con detenido y los nuevos casos que se vayan a presentar durante la vigencia de la vacación. Se está quedando una sala penal y los juzgados necesarios. En la ciudad de La Paz se están quedando dos juzgados cautelares, el mismo criterio se está manejando en la ciudad de El Alto, estamos viendo tratar de ver una equidad entre la necesidad que tiene la población y el número de juzgados que se van a quedar”, aclaró.

Anteriormente, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió suspender la vacación judicial de esta gestión porque tienen trabajo pendiente. Al respecto, Campero explicó que dicha suspensión es solo para el personal del TSJ que tiene su sede en Sucre.

Seis jueces serán procesados por faltas en caso Alexander

El representante del Consejo de la Magistratura (CM) en La Paz, Américo Araníbar, informó que la próxima semana iniciarán procesos penales y disciplinarios contra seis jueces que participaron en el caso bebé Alexander.

El informe de auditoría legal al proceso contra el médico Jhiery Fernández reveló que existen indicios de faltas graves y gravísimas cometidas por seis jueces, siete funcionarios judiciales y establece que ocho fiscales son responsables de retardación de justicia.

Aranibar explicó que tras recibir el informe de auditoría jurídica a la sentencia 05/2018 del caso bebé Alexander, en Sucre, esta instancia viene preparando las denuncias correspondientes contra cinco exmagistrados y uno (Rolando Chaca) que continúa en ejercicio de sus funciones.

“Los procesos no solamente se harán contra los doctores Patricia Pacajes, Gladis Guerrero y Roberto Mérida sino contra los jueces de instrucción que han conocido este caso del bebe Alexander, me refiero a los doctores Enrique Morales, Rolando Chaca y Lía Cardozo”, dijo.

La autoridad judicial manifestó que entre el lunes o martes de la próxima semana presentarán denuncias ante un juez disciplinario por las faltas graves, así como procesos penales ante el Ministerio Público.

Aranibar aclaró que en septiembre se inició un proceso disciplinario contra la exjuez Patricia Pacajes, por revelar hechos de un caso declarado en reserva, misma que concluyó el lunes con su destitución definitiva.

Empero sigue en curso otro proceso disciplinario por retardación en la remisión de obrados al tribunal de alzada del caso bebé Alexander, contra los tres jueces del Tribunal Décimo de Sentencia, compuesta en ese entonces por Patricia Pacajes, Roberto Mérida y Gladis Guerrero.

“Este se encuentra en curso, entendemos que el juez disciplinario ya va a emitir una resolución definitiva sancionando a los exjueces Mérida, Guerrero y Pacajes”, anunció.

Consultado por el sistema judicial que en los últimos meses ha sido muy cuestionado por el accionar de algunos magistrados, manifestó que en esta nueva gestión del CM está seleccionando jueces probos y desde la próxima gestión serán evaluados periódicamente de manera integral, misma que incluirá un estudio psicológico.

“Se está viendo la meritocracia para que puedan entrar jueces probos, al margen de ello está la evaluación y permanencia de los jueces, es decir que los mismos van a ser evaluados a partir del próximo año de manera permanente y periódica”, apuntó.

Por otro lado, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Iván Córdova, manifestó que se pidió al CM que se tenga mucho cuidado en la selección de jueces, debido a los últimos hechos que salieron a la luz.

“El juez es un profesional especializado en un área, es una persona que debe contar con una madurez social, solvencia académica, experiencia en el tema judiciario y el juez es humano, es por eso que también nosotros debemos asumir todos esos componentes para que en definitiva tengamos jueces profesionales, que nos permitan que la justicia ingrese en un proceso de cambio. Es importante hacer una reingeniería en algunos elementos de la formación de jueces”, aseveró.

Por otro lado, informó que ayer posesionó a dos nuevos jueces para atender los casos del Tribunal Décimo de Sentencia.

Esta gestión, tres jueces fueron descubiertos en estado de ebriedad presidiendo audiencias, en junio los jueces Daniel Huaynoca y Tomás Condori fueron sorprendidos consumiendo bebidas alcohólicas en el Tribunal Tercero de Sentencia y el 22 de noviembre el juez Ramiro Quenta, del Tribunal de Sentencia VIII de La Paz, fue aprehendido, por segunda vez, dirigiendo una audiencia ebrio.

Sunday, November 25, 2018

Denuncia contra Susana Boyán y Roberto Mérida

El abogado Johnny Zeballos presentó el viernes una denuncia ante el Ministerio Público, contra la exfiscal Susana Boyán, el exjuez Roberto Mérida y el jurista Sergio Rivera por haber manipulado un proceso en el que buscaban apropiarse de un patrimonio de aproximadamente millón y medio de dólares.

“Estamos presentando la denuncia formal por el consorcio de jueces, fiscales, abogados y partes dentro del Tribunal Décimo de Sentencia, en relación al doctor Roberto Mérida y su relación y vínculo ilegal que tendría con el abogado Sergio Rivera y la exfiscal Susana Boyán, a objeto de apropiarse de los bienes del señor Nelson Estrada dentro de una declaratoria de herederos de un millón y medio aproximadamente”, aseveró.

Zeballos explicó que el 19 de noviembre de 2018 recusaron al exjuez Roberto Mérida porque era patrocinado por el jurista Sergio Rivera R., quien también es abogado de Paolowa Estrada, una de las denunciadas en el caso.

“A través de la recusación, se me hace llegar este documento que es la Resolución Disciplinaria Nº 26/2017, dentro del caso 309/2016 donde la denunciada es Susana Boyán y su abogado es Sergio Rivera, abogado que también es apoderado de la parte que se está queriendo expropiar de los bienes del señor Nelson Estrada, que ya ha sido denunciado por la exjuez Patricia Pacajes”, aclaró.

El jurista explicó que en diferentes audiencias el extinto Nelson Estrada fue amedrentado ya que al ser víctima se lo interrogó como acusado, tratando de obtener elementos ilegales.

“En audiencia dijeron queremos elementos para un parricidio, cuando el señor Estrada no se encontraba en Bolivia, se ha mencionado un robo y hurto en contra de la esposa del señor Estrada, misma que se encuentra en el penal de Obrajes, pese a que nunca encontraron ese dinero. Tenemos audios que demuestran que la misma denunciante dice que ese dinero jamás ha existido”, refirió.

Las denuncias contra jueces, fiscales y el jurista se presentaron luego de que la exjuez Patricia Pacajes denunciara a este consorcio ante el Consejo de la Magistratura.

Al respecto, Roberto Mérida y el abogado Rivera anunciaron por separado una demanda penal en contra de la exjuez Pacajes por el delito de calumnia, pues ella lo denunció por consorcio de jueces y fiscales, acusación que según dijeron es falsa.

Thursday, November 22, 2018

LEY N° 1011 - PROTOCOLO A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS RELATIVO A LA ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE

LEY N° 1011
LEY DE 26 DE DICIEMBRE DE 2017
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,
DECRETA:
Artículo Único. De conformidad con el numeral 14 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, y los Artículos 33 y 37 de la Ley N° 401 de 18 de septiembre de 2013, de Celebración de Tratados, se ratifica el “Protocolo a la Convención Americana de Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte”, adoptado el 8 de junio de 1990, en el Vigésimo Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrado en Nuestra Señora Santa María de la Asunción, República del Paraguay.
Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.
Fdo. José Alberto Gonzales Samaniego, Lilly Gabriela Montaño Viaña, Patricia M. Gómez Andrade, María Argene Simoni Cuellar, Gonzalo Aguilar Ayma, Sebastián Texeira Rojas.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiséis días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.
FDO. EVO MORALES AYMA, Fernando Huanacuni Mamani, René Martínez Callahuanca, Héctor Enrique Arce Zaconeta.



PROTOCOLO A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
RELATIVO A LA ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE
PREÁMBULO
LOS ESTADOS PARTES EN EL PRESENTE PROTOCOLO;
CONSIDERANDO:
Que el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho a la vida y restringe la aplicación de la pena de muerte;
Que toda persona tiene el derecho inalienable a que se le respete su vida sin que este derecho pueda ser suspendido por ninguna causa;
Que la tendencia en los Estados americanos es favorable a la abolición de la pena de muerte;
Que la aplicación de la pena de muerte produce consecuencias irreparables que impiden subsanar el error judicial y eliminar toda posibilidad de enmienda y rehabilitación del procesado;
Que la abolición de la pena de muerte contribuye a asegurar una protección más efectiva del derecho a la vida;
Que es necesario alcanzar un acuerdo internacional que signifique un desarrollo progresivo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y
Que Estados Partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos han expresado su propósito de comprometerse mediante un acuerdo internacional, con el fin de consolidar la práctica de la no aplicación de la pena de muerte dentro del continente americano,
HAN CONVENIDO
en suscribir el siguiente
PROTOCOLO A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
RELATIVO A LA ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE
ARTÍCULO 1
Los Estados Partes en el presente Protocolo no aplicarán en su territorio la pena de muerte a ninguna persona sometida a su jurisdicción.
ARTÍCULO 2
1. No se admitirá ninguna reserva al presente Protocolo. No obstante, en el momento de la ratificación o adhesión, los Estados Partes en este instrumento podrán declarar que se reservan el derecho de aplicar la pena de muerte en tiempo de guerra conforme al Derecho Internacional por delitos sumamente graves de carácter militar.
2. El Estado Parte que formule esa reserva deberá comunicar al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, en el momento de la ratificación o la adhesión las disposiciones pertinentes de su legislación nacional aplicables en tiempo de guerra a la que se refiere el párrafo anterior.
3. Dicho Estado Parte notificará al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos de todo comienzo o fin de un estado de guerra aplicable a su territorio.
ARTÍCULO 3
El presente Protocolo queda abierto a la firma y la ratificación o adhesión de todo Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La ratificación de este Protocolo o la adhesión al mismo se efectuará mediante el depósito de  un instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
ARTÍCULO 4
El presente Protocolo entrará en vigencia, para los Estados que lo ratifiquen o se adhieran a él, a partir del depósito del correspondiente instrumento de ratificación o adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Friday, November 9, 2018

Caso “bebé Alexander” CM: 27 jueces, fiscales y funcionarios cometieron faltas graves y gravísimas

El Consejo de la Magistratura (CM) estableció que 13 funcionarios, entre jueces y administrativos, además de 14 fiscales, tienen indicios de haber incurrido en delitos y faltas disciplinarias leves, graves y gravísimas. Conocido el diagnóstico, el diputado Amilcar Barral, de Unidad Demócrata (UD), pidió que los responsables sean procesados penalmente y encarcelados.

“Era obvio que no solo la exjuez Patricia Pacajes era la culpable, ahora, con el ingreso de nuevos fiscales en el caso, se dieron cuenta que incurrieron en errores. Esto tiene que llevar a que tanto jueces y fiscales que han hecho mal las cosas, entren a la cárcel. Es más, los fiscales Edwin Blanco y Susana Boyán ya deberían estar detenidos”, aseguró Barral.

El decano del CM, Omar Michel Durán, informó que la auditoría también develó que entre el 90 y 95 por ciento de los funcionarios del Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz tienen responsabilidades.

“Lamentamos mucho que hayan habido tantas fallas, tantos errores”, dijo este jueves en conferencia de prensa, en la ciudad de Sucre, sede de sus funciones.

Explicó que la auditoría, solicitada por la defensa legal del médico Jhiery Fernández, que fue condenado a 20 años de cárcel por la supuesta violación al bebé Alexander sin pruebas científicas ni testificales, contiene más de 260 hojas de informe, que constituye una radiografía de todo lo acontecido en el proceso.

Fernández permaneció recluido desde el 16 de diciembre de 2014 y el pasado 10 de octubre dejó el penal de San Pedro, cuando una juez dispuso medidas sustitutivas, entre ellas detención domiciliaria.

El bebé Alexander falleció el 13 de noviembre de 2014, y según investigaciones de la Fiscalía de La Paz, dirigida entonces por Patricia Santos, el deceso se produjo por una presunta violación. A casi cuatro años del hecho, existe confusión sobre lo sucedido en un hogar de asistencia a menores dependiente de la Gobernación de La Paz.

El informe contenido en más de 260 fojas, describe a detalle los presuntos delitos cometidos por los funcionarios, como la suspensión de 106 audiencias de las 221 programadas.

Asimismo, aclaró que por el Ministerio Público participaron 14 fiscales en ambas etapas, la preparatoria donde procede la investigación y la de juicio oral. En ambas etapas destaca la participación de Edwin Blanco, Susana Boyán, mientras que en la etapa preparatoria además de los mencionados, destacan Patricia Santos, Rosby Zapata, Edna Montoya, Lizeth Zarco, Gastón Corrales, Leopoldo Ramos, entre otros.

La consejera Dolka Gómez aclaró que como CM no pueden valorar la sentencia misma, sino sólo revisar las cuestiones de forma que tiene incidencia en las jurisdiccionales.

“Este proceso se está sustanciando todavía, porque aún está en apelación con un plazo ya extemporáneo. Las autoridades jurisdiccionales determinarán cuál será la sanción, o la próxima vía que se tenga que seguir”, dijo.

Thursday, November 8, 2018

Video Abogado de Medico Fernandez, explica las avances del Caso, LA JUSTICIA APESTA!!!

Magistratura: Auditoría detecta faltas graves y delitos penales en caso Alexander


El decano en ejercicio de la Presidencia del Consejo de la Magistratura, Omar Michel Durán, informó este jueves que la auditoría realizada al caso Alexander encontró desde faltas disciplinarias hasta presuntos delitos penales cometidos por los funcionarios que participaron en este proceso penal.

"Hemos encontrado faltas disciplinarias desde leves, graves, gravísimas y también presuntos delitos penales de parte de todos esos funcionarios, de la mayoría de esos funcionarios, un 90 a 95% en su participación. Lamentamos mucho que haya habido tantas fallas, tantos errores", manifestó Michel en conferencia de prensa.

La auditoría jurídica al caso Alexander por parte del Consejo de la Magistratura duró un mes. Analizó 56 expedientes y emitió un informe de más de 260 hojas que "constituye la radiografía precisa y final de todo lo que ha acontecido en la tramitación del proceso denominado bebé Alexander".

Antecedentes


El médico Jhiery Fernández fue sentenciado a 20 años de cárcel por los jueces del Tribunal Décimo de Sentencia sin que exista una prueba contundente de su culpabilidad en la violación y muerte del bebé Alexander. Durante el proceso se denunció de forma reiterativa la actuación de la Fiscalía por amenazar a testigos y abogados, y esconder pruebas que beneficiaban al galeno.

El caso dio un giro cuando la presidenta del Tribunal, Patricia Pacajes, reveló en un audio que la violación a Alexander nunca existió y que la sentencia se dio por presión política de tener un culpable. De no ocurrir este hecho, Fernández seguiría preso.

Michel dijo que en el caso participaron entre jueces y personas de apoyo jurisdiccional casi 10 y 14 fiscales, que serán abordadas por sus entidades correspondientes.

La autoridad indicó que lo que corresponde a partir de este momento al pleno del Consejo de la Magistratura es remitir el informe final de auditoría jurídica a las autoridades competentes.

"Mandaremos una copia al fiscal general del Estado para que pueda asumir lo que corresponda en el marco de su ley orgánica, en lo que concierne a la participación de los fiscales, y también vamos a remitir esta auditoría ante la representación del Consejo de la Magistratura de La Paz, a los jueces disciplinarios correspondientes", apuntó.

Aclaró que la auditoría jurídica es un análisis sobre todo a los procedimientos y a los plazos del proceso. Michel dijo también que les llamó profundamente la atención que de 221 audiencias producidas en el caso, se hayan suspendido 106. "Es realmente alarmante para todo el Estado boliviano y todo el Órgano Judicial", lamentó.

Dijo que la auditoría jurídica en este caso tiene que constituir un hito histórico para poder "enfrentar los vacíos y los males endémicos que en las tramitaciones de muchos juicios sufrimos en nuestra patria en el Órgano Judicial".

Ministerio Público retira su apelación a condena en el caso bebé Alexander



El Ministerio Público anunció este jueves que retira su apelación a la sentencia emitida contra el médico Jhiery Fernández, condenado a 20 años dentro del caso bebé Alexander. La Fiscalía, durante la gestión de Ramiro Guerrero, había objetado la pena, solicitando que suba a 30 años.

"En la fecha se ha presentado un memorial del retiro de recurso de apelación restringida en el caso bebé Alexander, esta decisión fue asumida después de un riguroso análisis de la comisión de fiscales. La acusación realizada en su momento por el Ministerio Público carecía de fundamento", afirmó el titular de la Fiscalía General, Juan Lanchipa.


En la mañana el Consejo de la Magistratura concluyó que la auditoría realizada al caso encontró desde faltas disciplinarias hasta presuntos delitos penales cometidos por los funcionarios que participaron en este proceso penal.

Lanchipa informó que "queda en manos de la Sala Penal Tercera el conocimiento únicamente de la apelación interpuesta por las víctimas, es decir que a partir de ahora el Ministerio Público deja este recurso".


El titular no quiso adelantar criterios sobre lo que sucederá con los investigadores que actuaron en el proceso y se limitó a señalar que las indagaciones internas a las que son sometidos darán luces sobre el grado de responsabilidad que tuvieron en la fundamentación de la acusación contra el médico.

"Hemos encontrado faltas disciplinarias desde leves, graves, gravísimas y también presuntos delitos penales de parte de todos esos funcionarios, de la mayoría de esos funcionarios, un 90 a 95% en su participación. Lamentamos mucho que haya habido tantas fallas, tantos errores", detalló esta jornada el decano en ejercicio de la Presidencia del Consejo de la Magistratura, Omar Michel Durán.

Según el exmagistrado José Antonio Rivera: Sentencia 0084/2017 no es aplicable al Presidente y Vicepresidente en ejercicio

A 20 días de cumplirse un año de la Sentencia Constitucional 0084/2017, emanada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), dicho documento sigue generando debate y análisis en la población, para el especialista en Derecho Constitucional, José Antonio Rivera, esa norma no es aplicable al Presidente y Vicepresidente en ejercicio, pues no tiene carácter retroactivo.

El profesional basa su análisis en dos razones, la primera se refiere al hecho de que las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional tienen efecto "ex nunc" es decir "desde ahora", por lo tanto, no son de aplicación retroactiva. Ese principio está establecido por el art. 14 del Código Procesal Constitucional, que señala: "La sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma del ordenamiento jurídico, no dará lugar a la revisión de sentencias que tengan la calidad de cosa juzgada, ni a la revisión de los actos realizados con la norma cuando se presumía constitucional".

Según Rivera, no se pueden desconocer los principios de preservación del Estado de Derecho, seguridad jurídica y protección de derechos como consecuencia de la anulación de una norma mediante sentencia constitucional.

Conforme a ello, lo resuelto en la Sentencia Constitucional es aplicable desde su publicación para ciudadanas y ciudadanos que sean elegidos con la interpretación realizada de las normas previstas en el artículo 26, parágrafo 2, inciso 2) de la CPE y el artículo 23, numeral 1, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

"El Presidente y Vicepresidente del Estado en ejercicio, fueron elegidos con la norma prevista por el Art. 168 de la Constitución, que fija el período constitucional en cinco años y prevé la reelección continua por una sola vez, fue bajo ese marco jurídico y reglas vigentes que los ciudadanos y ciudadanas votaron por ambos ciudadanos y los invistieron del mandato popular, reglas que no pueden ser modificadas en el camino sin infringir el principio de seguridad jurídica y afectar el Estado Constitucional de Derecho", apuntó.

ANTECEDENTES

Cabe recordar que el 21 de febrero de 2016, en un referendo constitucional, se preguntó a la población si estaba o no de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la CPE, la cual fija el período de mandato de la Presidencia y Vicepresidencia del Estado, ganando el No con un 51,3 por ciento (%) de los votos válidos.

Sin embargo, los asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS), buscaron otras vías para la repostulación de Evo Morales, es en ese sentido que el 18 de septiembre de 2017, presentaron al TCP, una acción abstracta de inconstitucionalidad contra cinco artículos de la Ley 026, del Régimen Electoral, y la inaplicabilidad de cuatro artículos de la CPE.

71 días después, el 28 de noviembre, los magistrados del TCP, declararon la "aplicación preferente" del Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ser la norma más favorable en relación a los derechos políticos sobre los artículos 156, 168, 285, 288 de la Carta Magna.

Wednesday, November 7, 2018

Blanco se queja de "bullying" al dejar la Fiscalía


INVOLUCRADOS

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funcionarios entre jueces, fiscales y secretarios estarían involucrados en el caso bebé Alexander.

El ex fiscal departamental de La Paz Edwin Blanco denunció ayer que su remoción a ventanillas del Ministerio Público fue como una especie de "bullying" hacia su persona y por eso habría decidido dejar el servicio público tras los cuestionamientos a su desempeño en el caso del bebé Alexander. Mientras en Sucre, el fiscal General, Juan Lanchipa, anunció que los fiscales que participaron en este proceso están siendo investigados.

"Ha sido una forma de hacer una especie de 'bullying' (acoso)hacia mi persona, porque me han exhibido, me han expuesto", afirmó Blanco, sobre el puesto que le asignaron como responsable de la Unidad de Biométrico, Control de Firmas e Informaciones. "Yo no tengo nada contra nadie, pero ustedes han visto cómo han sido ciertas agresiones a mi persona", enfatizó.

El ex fiscal lamentó "que con mentiras, que con engaños hayan dañado mi imagen y han dañado a mi familia, lastimosamente desde mi mamá y otros sectores de mi familia se han sentido muy afectados y yo creo que he entregado bastante a esta institución desde que me hice asistente fiscal".

Desde Sucre, el fiscal general, Juan Lanchipa, informó que Blanco dimitió sin dar más explicaciones sobre su alejamiento.

También reveló que están realizando una investigación a los fiscales que participaron en este polémico caso que ocasionó la destitución de una jueza que siendo presidenta de un Tribunal de Sentencia, condenó a un médico sin pruebas científicas. “Estamos a la espera del informe del fiscal departamental de La Paz a quien hemos delegado la responsabilidad para la dirección de esta investigación”, aseguró.

INFORME

El decano en ejercicio de la presidencia del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, dijo ayer que al menos 14 funcionarios, entre jueces, fiscales y personal de apoyo jurisdiccional, estarían involucrados en supuestas irregularidades en el caso Alexander.

El informe de auditoría con las conclusiones tenía que presentarse el lunes pero Michel explicó que surgieron algunas observaciones que están siendo subsanadas para que la resolución y los indicios identificados se constituyan en un hito histórico para el esclarecimiento de este caso.

“El informe será revisado y aprobado en Sala Plena para que el jueves se haga conocer una explicación técnica y posteriormente remitir a las autoridades competentes la auditoría para que dispongan lo que corresponde en derecho”, remarcó.

Dentro de este caso están siendo investigados la ex jueza Patricia Pacajes y los dos jueces del Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz que condenaron a 20 años de prisión a un médico.

Fiscal departamental de Potosi declara 15 bolivianos de patrimonio

Quince bolivianos supuestamente es el patrimonio de la fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, de acuerdo con la declaración jurada en la Contraloría del Estado, pero ella lo niega.

De acuerdo con el extracto de la declaración jurada de bienes y rentas de la autoridad, extraída de la página web de la Contraloría, el total de bienes activos Choque tiene Bs 15.00, en deudas pasivos 0.00, patrimonio neto 15.00 y rentas pasivos de 39.618 bolivianos.

La declaración jurada fue declarada, según la página web, el 31 de octubre de 2018.

Al respecto, la flamante autoridad negó que haya declarado esa suma y dijo estar sorprendida.

"¿Quince bolivianos? Ha debido existir un error", expresó con una carcajada y dijo que hay un error porque, según ella, no fue esa su declaración jurada que hizo.

"Se ha realizado la declaración del sueldo que estaba percibiendo como jueza cautelar, y no es esa la cantidad", complementó.

Choque develó que su patrimonio no supera los 20.000 bolivianos porque tiene una familia y ello genera muchos gastos.

"Los gastos son inmensos, el sueldo que se gana mensual y algunos ahorros, no hay más", aseveró la fiscal departamental de Potosí en declaración a este diario.

Tuesday, November 6, 2018

Bolivia cayó dos puntos en ranking mundial de justicia

Bolivia cayó dos posiciones en una medición anual respecto al funcionamiento de la Justicia, de acuerdo con el último informe presentado por la asociación civil internacional World Justice Project. La medición comprende a 113 países adheridos al Estado de derecho.

La organización realiza la medición “con el objetivo de fortalecer el Estado de derecho por medio de una evaluación cuantitativa diseñada para ofrecer una imagen detallada y completa de la medida en que los países se adhieren al Estado de derecho en la práctica”.

Según el informe de la gestión 2017/2018, Bolivia descendió dos puestos y quedó en el lugar 106 del ranking realizado entre los 113 países que se encuentran adheridos a este modelo.

El puntaje general de Bolivia es de fue 0,38, en una escala que va de 0 a 1, donde 1 indica la mayor adherencia al Estado de derecho.

El informe realiza una separación por regiones, América Latina y el Caribe está conformado por 30 naciones, el país con el mejor posicionamiento es Uruguay con una nota de 0,71, en tanto que el último puesto es para Venezuela, con 0,29.

La medición anual que se realiza en 113 países permite tener datos sobre ocho dimensiones, las cuales para Bolivia arrojan la medición general: Restricciones en los poderes del gobierno, puesto 104; Ausencia de corrupción, 110; Gobierno abierto, 81; Derechos fundamentales, 92, Orden y seguridad, 101; Cumplimiento normativo, 98; Justicia civil, 111 y Justicia penal, 112.

Proceso a fiscales Ministerio Público espera informe departamental

La Fiscalía General del Estado espera el informe final de las investigaciones a fiscales y autoridades a cargo del proceso en el caso “bebé Alexander”, para tomar las acciones que correspondan, afirmó ayer la autoridad del Ministerio Público, Juan Lanchipa Ponce.

La máxima autoridad del Ministerio Público remarcó que esta tarea fue delegada a una comisión de fiscales para que realice un exhaustivo trabajo de investigación tanto en el denominado “bebé Alexander” como en cada uno de los casos en este distrito, proceso aún en curso a cargo ahora del fiscal departamental, William Alave.

“Vamos a esperar los resultados de esta comisión para pronunciarnos al respecto”, puntualizó el Fiscal General a tiempo de señalar que la investigación encargada a esa comisión no se limitará a determinados actores, sino deben participar todas las autoridades llamada por ley y el Ministerio Público debe garantizar la participación de todas las partes para establecer la verdad histórica de los hechos.

En este contexto, Lanchipa aseguró que todos los antecedentes que hacen en cada uno de los casos en investigación, de manera específica en el caso “bebé Alexander”, la grabación de audio de la exjuez Patricia Pacajes acerca de ese proceso, exautoridad judicial en detención preventiva por violar la confidencialidad en ese proceso.

“Todo está en manos de la investigación para que nosotros en base a las conclusiones de la comisión podamos tomar algunas acciones, entretanto no podemos emitir ningún criterio”, remarcó la autoridad del Ministerio Público.

Con relación a las investigaciones que hacen al caso del Banco Unión, la autoridad señaló aún se encuentra en etapa de investigación y será mediante la Fiscalía de La Paz que se conocerán los alcances de la investigación, apuntó.

Con relación a las investigaciones y auditoría al caso “bebé Alexander”, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, reiteró sus dudas acerca del procedimiento dispensado además de haber advertido contradicciones en la sentencia dictada contra el médico Jhiery Fernández, principal acusado en este proceso.

Exfiscal en funciones administrativas Autoridades señalan que Blanco debe ser investigado

La reasignación de funciones al exfiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, causó rechazo por haberle confiado tareas de alta sensibilidad como el control del registro biométrico, ante la imposibilidad de alejarlo del Ministerio Público; sus nuevas funciones debieran ser de mínimo riesgo y relevancia en la Fiscalía de Distrito.

Edwin Blanco fue designado ayer para cumplir funciones en la Unidad de Biométrico, Control de Firmas e Informaciones del Ministerio Público, sin especificar el cargo que ocupará, bajo supervisión del fiscal de materia Omar Yujra.

El fiscal del Distrito, William Alave, firmó el memorándum de designación, el pasado 1 de noviembre, mediante el cual recomienda a Blanco “esmero y responsabilidad en el desempeño de las tareas encomendadas”.

Al respecto, Blanco afirmó que sus nuevas funciones no le generan ningún malestar puesto que la labor en el Ministerio Público se puede hacer en cualquier cargo y siempre son complejas.

“El servicio a la sociedad no tiene límites. Yo no tengo por qué sentirme mal al desarrollar una función”, afirmó.

Blanco fue el centro de la polémica los últimos meses debido a la actuación de la Fiscalía en el caso bebé Alexander.

Respecto a los procesos que se le siguen por el caso del bebé Alexander, dijo que no le han notificado, pero él no se ha escapado y presentará sus descargos. Aseguró que en su gestión de Fiscal Departamental actuó con “absoluta legalidad” y no se ha desviado ningún caso.

El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Sergio Choque, aseveró que con los antecedentes que Blanco tiene dentro de la institución, debería ser alejado del cargo y ser investigado de acuerdo a norma, sin ningún tipo de beneficio y con un proceso transparente.

Por otro lado, el senador de Unidad Demócrata (UD) Yerko Núñez, aseguró que lo que debiera hacer el Fiscal General del Estado es retirar a Blanco por los antecedentes de corrupción que tiene y dar un ejemplo de que las cosas dentro del Ministerio Público se harán de acuerdo a ley.

“No puede estar en la Fiscalía una persona que hizo mala gestión y que mandó a la cárcel a gente inocente, estar en otro cargo dentro de la Fiscalía, es como un premio”, aseguró.

En ese contexto, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, aseguró que los derechos y garantías que establece la Constitución Política del Estado, no privilegian, sino que alcanza a todos.

“Nosotros hemos señalado que vamos a respetar los derechos laborales, pero no hemos señalado que no haya inamovilidad, eso significa que ha ingresado a una condición de Fiscal III”, explicó.

INAMOVILIDAD

A su turno, el diputado Rafael Quispe aseguró que el exfiscal Blanco se cuidó de no salir del Ministerio Público ya que tiene un hijo nacido en julio y otro que viene en camino, por lo que goza de inamovilidad laboral.

Asimismo, aseguró que debe existir un proceso disciplinario contra Blanco, y como autoridad nacional seguirá de cerca las denuncias que existen en contra suya.

“Nosotros lo hemos denunciado por incumplimiento de deberes en varios casos relevantes. Como era Fiscal Departamental, es el responsable de todos los casos como el Fondo Indígena, Chaparina, Banco Unión, Alexander y otros, donde nunca se cumplieron plazos procesales”, dijo.

Justicia otorga abogados a la familia de la niña Tatiana Barreto, víctima de infanticidio hace tres años



La familia de la niña Tatiana Barreto cuenta con el apoyo legal del Ministerio de Justicia, que consiste en un equipo de abogados para que los representen en el juicio seguido contra la mamá de la niña y su padrastro, acusados de infanticidio.

Tatiana también era de nacionalidad paraguaya y tenía tres años al momento de su muerte. Estaba en el país a cargo de su madre, Fátima Velásquez, quien residía en Bolivia junto a su nueva pareja, Rubén Graff. La mujer solicitó un permiso especial para traer a la niña durante tres meses, para luego devolverla al cuidado de su papá, en ese tiempo habrían cometido una serie de abusos físicos contra la menor, que derivaron en su muerte.

Óscar Barreto, padre de la menor, destacó el apoyo que el Ministerio de Justicia le brinda a través del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI) y la Dirección General de la Niñez y Personas Adultas Mayores, instancias que coadyuvan en el seguimiento de este caso, que se ventila en instancias judiciales y que debe ser vigilado por la familia a la distancia, ya que todos residen en Paraguay.

En una nota pública escrita en la página oficial de la familia Barreto denominado “Justicia para Tati” que se difunde en las redes sociales, Barreto comentó que en febrero pasado estuvo por Bolivia en una audiencia del juicio por infanticidio contra Fátima Velásquez (madre de la niña) y su novio Rubén Graff.

En esa oportunidad recurrió al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucionalpara solicitar el patrocinio de un abogado de la institución para que atienda su caso. “Recurrí a este ministerio porque he visto como el ministro de Justicia, Héctor Arce, defiende a capa y espada a los niños”, aseveró.

Manifestó que continuará luchando, para que se llegue a hacer justicia. “Agradezco a toda la comunidad boliviana y paraguaya, a la gente que no ha olvidado a Tati, al Ministro de Justicia y a su equipo, que Dios los bendiga, mi esperanza está puesta en todos ustedes. Mi familia y yo no descansaremos jamás, hasta tener justicia y la repatriación de los restos de Tati”, escribió Barreto.

Exfiscal Blanco renuncia a su cargo en el Ministerio Público



El exfiscal departamental, Edwin Blanco presentó su renuncia al cargo de fiscal de materia en el Ministerio Público, argumentando cuestiones familiares y que recibió mejores ofertas laborales.

Williams Alave, actual fiscal departamental de La Paz dispuso que Blanco se encargue del biométrico en el Ministerio Público, es decir que debía registrar periódicamente a los imputados que se beneficiaron con medidas sustitutivas, además de atender la ventanilla de información a la población.

Blanco señaló a los medios de comunicación que "recibió ofertas laborales más benignas" y que su familia también lo motivó a dimitir a la Fiscalía debido al seguimiento mediático del cual es objeto.

El exfiscal culminó su gestión como representante departamental del Ministerio Público hace casi dos semanas, en medio de cuestionamientos a su labor investigativa dentro del caso Alexander y la sospecha de que implicó intencionalmente al principal sospechoso de ese hecho, el doctor Jhiery Fernández.

Justamente en el marco de estas labores, Blanco debía tomar el registro biométrico periódico de el médico Fernández que se benefició con la detención domiciliaria, luego de permanecer casi cuatro años en prisión, gracias a un audio filtrado donde la exjueza Patricia Pacajes revela que fue sentenciado a 20 años siendo inocente por la presunta violación del bebé Alexander.