Sunday, December 30, 2018

Más de mil denuncias contra operadores de justica


Durante la gestión 2018 el Consejo de la Magistratura recibió entre 1.000 y 1.200 denuncias contra funcionarios del sistema judicial, de los cuales sólo 60 casos fueron sometidos a proceso disciplinario tras verificarse suficientes indicios de faltas a la Ley 025 del Órgano Judicial, declaró ayer el representante de la Magistratura de La Paz, magistrado Aldo Castro.

“Haciendo una evaluación histórica entre las gestiones 2017 y 2018 en La Paz el rango de denuncias se mantiene entre 1.000 y 1200. Es necesario fortalecer al Consejo de la Magistratura para profundizar esta tarea y continuar de manera más eficiente”, afirmó Castro.

El magistrado afirmó que el personal asignado para esta instancia judicial es insuficiente frente a la gestión que debe cumplir en las distintas áreas y denuncias tomando en cuenta que muchos casos requieren de la acción inmediata de parte del Consejo, no sólo en la instancia de informes sino también en la intervención directa a juzgados.

Castro refirió que la recurrencia de faltas denunciadas contra los operadores de justicia tiene que ver, la mayoría, con la suspensión de audiencias, omisión y notificaciones a destiempo, recientemente el Consejo de la Magistratura intervino varios juzgados donde se evidenció la comisión de la faltas disciplinarias, entre éstas en consumo de bebidas no permitidas.

“Las acciones directas que se han estado realizando han permito tener una mayor y sólida presencia institucional en las acciones. Esta presencia institucional nos ha permitido fortalecer y mejorar la administración de justicia”, remarcó.

Durante la gestión 2018, el ente judicial contralor ha iniciado 60 procesos disciplinarios, entre éstos a los jueces del Tribunal Décimo de Sentencia, que fueron destituidos del cargo, mientras que otros recibieron sanciones pecuniarias o si amerita llamadas de atención, además de hacer frecuentes recomendaciones tanto a jueces como al personal de apoyo.

Castro aclaró que independientemente de la vía por la cual se tome conocimiento de la denuncia, que puede ser vía Consejo de la Magistratura o directamente ante uno de los tres jueces disciplinarios que tiene esta institución, se realiza una previa evaluación de la denuncia para verificar el sustento de la misma.

“La Magistratura analiza la presunta falta y se hace un informe, sobre la base de éste y la instancia de asesoría se recomienda o desestima el proceso. Este procedimiento permite precautelar los derechos de las partes”, refirió tras remarcar que no se tratan de acciones arbitrarias, sino en estricto apego a la norma.

RENOVACIÓN DE PERSONAL

Castro señaló también que el Consejo de la Magistratura está en la fase de renovación de autoridades jurisdiccionales por jueces de carrera emergentes de las convocatorias públicas para la selección y preselección de postulantes.

“Paulatinamente se está cambiando al personal y vamos a continuar con este proceso en la medida que se vayan presentando las acefalías. La última realizada durante la gestión 2018 fue para cobertura de cargos a jueces, vocales departamentales, jueces jurisdiccionales, jueces registradores y personal de apoyo”, señaló sin dar cifras exactas y queda aún por designar cuatro acefalías para La Paz, dos en El Alto y otros dos en la sede de gobierno.

“Los últimos acontecimiento en el sistema judicial nos han obligado a repensar en la actuación de los administradores de justicia. Este año ha salido a luz aspectos que nos llaman a ver con mayor cuidado el régimen de control y fiscalización”, refirió Castro.

El magistrado, precisó que la selección del recurso humano para los cargos acéfalos cuenta con el criterio de destacados académicos y juristas, quienes evalúan los méritos e idoneidad de los postulantes.

De acuerdo con lo previsto para el siguiente año, el Consejo de la Magistratura priorizará “la intervención más decidida a los juzgados, vamos a incidir en el cumplimiento del régimen disciplinario”, señaló el magistrado.

Junto a este plan contralor la Magistratura también tiene previsto continuar con el plan de descentralización, en Derechos Reales como, inicialmente en Patacamaya y Los Yungas de La Paz.

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