Parches y buenas intenciones. Coinciden expertos en derechos para calificar el incremento de jueces en los distritos judiciales con la intención de agilizar las causas de los detenidos preventivos en el territorio nacional.
Medidas ejecutadas en los tribunales departamentales de Justicia e implementadas por el Consejo de la Magistratura.
Según Aida Martínez, asesora de la Magistratura, sostuvo que el plan se comenzó a implementar de acuerdo a los lugares donde haya mayor carga procesal.
Por eso es que el plan piloto se lanzó en Santa Cruz y Cochabamba y gradualmente se aplicará en los otros distritos del país, pero hasta el 31 de diciembre de este año por cuestiones presupuestarias. La funcionaria del Consejo de la Magistratura informó que ya empezó esta semana en los otros departamentos, como ser la implementación de jueces y vocales en materia penal, además del relevamiento de las causas con detenidos preventivos.
“Ayudará a promover gradualmente el despacho de causas, pero no depende de la decisión judicial solamente, sino de aquellas que tienen plazos vencidos y que el fiscal cumpla con emitir sus requerimientos”, expresó la jurista.
Ante estas implementaciones, surgen la lluvia de críticas de los expertos en leyes, al mencionar que estas medidas no solucionan los verdaderos problemas estructurales del Poder Judicial.
Aspirina para enfermedad terminal. El exfiscal del Distrito, William Herrera, comentó que la implementación de nuevos administradores de justicia, es como “dar aspirina a un paciente con una enfermedad terminal”.
“Es una buena intención, pero el problema es mucho más estructural y más gordo de lo que aparenta”, afirmó Herrera.
El experto en materia penal, considera de que la temática hay que analizarla de manera integral que abarca el problema económico e institucional, como es el caso de una verdadera carrera judicial.
Sumado a ello, se debe complementar con la modificación de normas legales y comportamientos de los protagonistas. Ahora advirtió “el problema no se resuelve con una ley corta, porque hubo muchas leyes largas que no han dado solución, esto porque falta voluntad política”.
El problema es la falta de presupuesto. Mientras que el director del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Saúl Paniagua, dijo que el problema radica en la falta de presupuesto asignado al Órgano Judicial del Estado.
Mencionó que la carencia de dinero, limita la aplicación de gestión, es lo que limita el ejercicio y la aplicación debida de la Justicia.
Esta solución parche, explicó Paniagua, “es ante la falta de dinero, limita la contratación de más cantidad de personal humano, como ser secretarios, auxiliares y diligencieros, entre otros funcionarios, porque no hay el dinero suficiente”. Además de la limitación del Poder Judicial, se suma la ingerencia del Poder Ejecutivo frenando su autonomía de gestión, por la reducida asignación de recursos.
Se implementó antes y fracasó. En esa línea, el penalista Alejandro Colanzi, recordó que hace un tiempo atrás se implementó un plan similar y fracasó, por ello lo considera un simple parche a la grave enfermedad que padece la justicia en Bolivia.
“En esa oportunidad desdoblaron a los jueces técnicos con el fin de atender la agilización de los temas cautelares, pero después de año y medio se dieron cuenta que no resultó”, explicó.
Colanzi dijo que son simples anuncios para calmar un poco la creciente opinión negativa del Poder Judicial en Bolivia.
El abogado aclaró que el tema judicial es la brasa más candente del Gobierno de Bolivia, porque ha sido evidente el determinismo del Palacio Quemado sobre el Poder Judicial.
Sugiere una transformación profunda de la justicia y no solamente desde la retardación, sino de la reformulación del Código Penal y los códigos de Procedimiento Penal y Civil, que inviabilicen que un juez y un fiscal puedan alargar plazos en las investigaciones.
Coordinación entre jueces y fiscales. Asimismo, el expresidente del Colegio de Abogados, Marcelo Arrázola, considera que si bien es necesario la implementación de jueces, pero es vital una correcta coordinación con el Ministerio Público y la Policía.
Por lo tanto, dijo que el esfuerzo que haga el Consejo de la Magistratura contratando jueces cautelares, debe ser correspondido por la Fiscalía, para poder bajar de manera sustancial la mora procesal en el país.
Caso contrario, si uno de los engranajes no funcionan, impedirá la celeridad del proceso, que al final de cuentas, eso es lo que busca tanto el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Parches que no solucionan nada. En esa línea, el decano de la Facultad de Derecho de la Udabol, Fernando Cuéllar, dijo que el incremento de administradores de justicia en los nueve distritos son parches que no solucionan la crisis del Poder Judicial.
“No se resuelve el retardo de justicia el aumentar 15 o 20 jueces o cambiando de un lugar a otro, porque inclusive eso raya en la ilegalidad, porque alguna autoridad puede plantear alguna nulidad o algún recurso constitucional”, afirmó Cuéllar. Manifestó que aparte de la designación de más juzgadores, deben tener los medios necesarios, instrumentos e instalaciones para poder desarrollar su trabajo. En coincidencia con Arrázola, dijo que debe existir mejor coordinación entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía nacional. Recalcó que si no se avanza en la investigación por parte de los efectivos del orden y los fiscales, al llegar al juez del cuadernillo procesal, es muy probable que el caso se caiga.
"La implementación de jueces es como darle aspirina a un paciente con alguna enfermedad terminal, tiene buenas intenciones, pero el problema es más estructural”.
William Herrera
Exfiscal de distrito
"El problema radica en la falta de presupuesto que debe ser asignado al Órgano Judicial, ya que la falta de dinero limita la carencia de gestión”.
Saúl Paniagua
Director del colegio de abogados de SCZ
"Hace un tiempo atrás se implementó un plan similar y fracasó, por ello lo considero un simple parche a la grave enfermedad que padece la justicia”.
Alejandro Colanzi
Penalista
Ley 025
Principios básicos del Órgano Judicial en el territorio nacional
LEY 025. ARTÍCULO 3.
Los principios que sustentan el Órgano Judicial son:
2. INDEPENDENCIA. Significa que la función judicial no está sometida a ningún otro órgano de poder público.
3. IMPARCIALIDAD. Implica que las autoridades jurisdiccionales se deben a la Constitución, a las leyes y a los asuntos que sean de su conocimiento, se resolverán sin interferencia de ninguna naturaleza; sin prejuicio, discriminación o trato diferenciado que los separe de su sentido de justicia.
7. CELERIDAD. Comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia.
Punto de vista
Manfredo Menacho
Decano de Derecho de la UAGRM
"Es necesario empezar a sanear los procesos en el país'
“El aumento de jueces en los distintos distritos del país, no es solución a la carga procesal abultada en Bolivia.
Lo que se tiene que hacer es aprobar el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) y el Nuevo Código de Procedimiento Civil (NCPC) y empezar a sanear los procesos en el territorio nacional.
Se tiene que retomar que la excepción es la detención preventiva y la norma es la libertad de las personas.
En los juicios civiles donde la carga procesal es un montón, tiene que llegar la oralidad y acabarse los juicios en primera instancia con la implementación del Nuevo Código de Procedimiento Civil.
Además, tiene que implementarse un nuevo Código de Procedimiento Penal, que ratifique que la excepción es la detención y la norma es la libertad.
Porque de nada sirve que implementen nuevos administradores de justicia, mientras que siguen llegando nuevos procesos, así no se soluciona ni con mil jueces pueden arreglar este problema.
Otro aspecto que es vital, es que el Consejo de la Magistratura, debe convocar públicamente a jueces y tomar exámenes de competencia.
Porque hay muchos jueces que no le están entendiendo a la administración de justicia y se están enredando y no resuelven los problemas por falta de conocimiento.
Hay juzgadores que no están respondiendo las controversias por falta de preparación y se observa mucha improvisación.
Por ello, tiene que haber concurso de méritos y examen de competencia y que se le dé estabilidad y seguridad al administrador de justicia. Caso contrario, seguirá la inoperancia y la incapacidad, porque no está preparado el juez y ni resuelve los casos".
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