Tuesday, July 24, 2018
Friday, July 20, 2018
Saturday, July 14, 2018
Caso Eurochronos Juez que favoreció a atracador continúa cobrando sueldo
El presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón, confirmó ayer que el juez suspendido, Fernando Rivadeneira, quien favoreció al cabecilla del atraco a la joyería Eurochronos, en la ciudad de Santa Cruz, continúa cobrando salarios sin trabajar.
Alcón dijo que no se ha establecido si el juez incurrió en alguna irregularidad al momento de favorecer al delincuente con la detención domiciliaria.
“Es la norma, la suspensión está, pero él continúa recibiendo salarios (…) el problema es que mientras se presuma la inocencia de alguna personas tanto en materia penal como disciplinaria y frente a los alegatos, incidentes, impugnaciones, etcétera, que presentan es bien difícil llevar adelante un proceso. Para esto, como Consejo de la Magistratura, hemos desarrollado un manual de procedimientos disciplinarios para que todos los proceso se agilicen”, informó Alcón a EL DIARIO.
Explicó que el caso pertenece a la pasada gestión que al mismo tiempo dejó otro número significativo de procesos disciplinarios que no fueron atendidos de manera oportuna.
En esa línea, detalló que el proceso penal que se sigue contra Rivadeneira continúa pendiente luego de que se rechazó la excusa de un juez.
Según los antecedentes de ese caso, solo horas después del atraco, el jueves 13 de julio de 2017, donde perdieron la vida cinco personas en medio del enfrentamiento entre delincuentes y policías, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció que “un juez” facilitado la salida de Antonio Abdón da Silva Costa, alias el ‘Negro’, de la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro y se identificó a Rivadeneira como el responsable de dicha resolución.
“Uno de los integrantes del grupo identificado como Antonio Abdón da Silva Costa, estaba guardando reclusión en el recinto penitenciario de Chonchocoro, pero fue puesto en libertad por determinación de un juez”, explicó en conferencia de prensa donde se presentó a Sandra Guzmán, la esposa de Da Silva y Eric Landivar, alias ‘El Mono’, único sobreviviente del grupo de atracadores.
Da Silva estaba imputado por delitos de robo agravado, en Beni, en 2014, de donde fue trasladado a Chonchocoro luego de un intento de fuga planificado por sus familiares que intentaron ingresar al penal con armas de fuego.
El intento de fuga deja un policía herido y se abre un segundo proceso, por lesiones graves y leves. Desde Chonchocoro, Da Silva presenta una serie de recursos señalando que habían pasado tres años y no existía acusación en su contra argumetno por el cual Rivadeneira le concede la detención domiciliaria pero en Santa Cruz, hasta donde viajó el secretario del juzgado para hacer la verificación del domicilio donde debía permanecer el peligroso delincuente desde junio de 2017.
Sin embargo, solamente un mes después Da Silva encabezaba el grupo que atracó Eurochronos donde es abatido por la Policía junto a sus cómplices, Rony Suárez Masalbi y Camilo Maldonado, alias ‘Bahiano’.
En el enfrentamiento los delincuentes tratan de huir utilizando como escudos humanos a funcionarios de la joyería y disparando a mansalva logrando impactar al teniente Carlos Gutiérrez Valenzuela que murió instantáneamente.
Alcón dijo que no se ha establecido si el juez incurrió en alguna irregularidad al momento de favorecer al delincuente con la detención domiciliaria.
“Es la norma, la suspensión está, pero él continúa recibiendo salarios (…) el problema es que mientras se presuma la inocencia de alguna personas tanto en materia penal como disciplinaria y frente a los alegatos, incidentes, impugnaciones, etcétera, que presentan es bien difícil llevar adelante un proceso. Para esto, como Consejo de la Magistratura, hemos desarrollado un manual de procedimientos disciplinarios para que todos los proceso se agilicen”, informó Alcón a EL DIARIO.
Explicó que el caso pertenece a la pasada gestión que al mismo tiempo dejó otro número significativo de procesos disciplinarios que no fueron atendidos de manera oportuna.
En esa línea, detalló que el proceso penal que se sigue contra Rivadeneira continúa pendiente luego de que se rechazó la excusa de un juez.
Según los antecedentes de ese caso, solo horas después del atraco, el jueves 13 de julio de 2017, donde perdieron la vida cinco personas en medio del enfrentamiento entre delincuentes y policías, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció que “un juez” facilitado la salida de Antonio Abdón da Silva Costa, alias el ‘Negro’, de la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro y se identificó a Rivadeneira como el responsable de dicha resolución.
“Uno de los integrantes del grupo identificado como Antonio Abdón da Silva Costa, estaba guardando reclusión en el recinto penitenciario de Chonchocoro, pero fue puesto en libertad por determinación de un juez”, explicó en conferencia de prensa donde se presentó a Sandra Guzmán, la esposa de Da Silva y Eric Landivar, alias ‘El Mono’, único sobreviviente del grupo de atracadores.
Da Silva estaba imputado por delitos de robo agravado, en Beni, en 2014, de donde fue trasladado a Chonchocoro luego de un intento de fuga planificado por sus familiares que intentaron ingresar al penal con armas de fuego.
El intento de fuga deja un policía herido y se abre un segundo proceso, por lesiones graves y leves. Desde Chonchocoro, Da Silva presenta una serie de recursos señalando que habían pasado tres años y no existía acusación en su contra argumetno por el cual Rivadeneira le concede la detención domiciliaria pero en Santa Cruz, hasta donde viajó el secretario del juzgado para hacer la verificación del domicilio donde debía permanecer el peligroso delincuente desde junio de 2017.
Sin embargo, solamente un mes después Da Silva encabezaba el grupo que atracó Eurochronos donde es abatido por la Policía junto a sus cómplices, Rony Suárez Masalbi y Camilo Maldonado, alias ‘Bahiano’.
En el enfrentamiento los delincuentes tratan de huir utilizando como escudos humanos a funcionarios de la joyería y disparando a mansalva logrando impactar al teniente Carlos Gutiérrez Valenzuela que murió instantáneamente.
Wednesday, July 11, 2018
Advierten enjuiciar a Ramiro Guerrero
El expresidente Jorge Quiroga Ramírez y el senador Edwin Rodríguez repudiaron al fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, por su rol “político” y “sumiso” al Gobierno y advirtieron con enjuiciarlo cuando el MAS deje el poder.
“No solo Guerrero (será enjuiciado), muchos otros, pero eso pasará cuando el MAS deje el poder y eso está en manos del pueblo en 2019. Cuando el MAS deje el poder se van a destapar miles de cosas, a eso le tienen miedo”, afirmó el senador Rodríguez.
El expresidente Carlos Mesa abrigaba esperanza en Guerrero, “yo no, lo conozco hace seis años. Ese señor ha sido Constituyente del MAS”, recordó Quiroga el pasado del que actualmente sigue como Fiscal General del Estado.
Guerrero, además de Constituyente (2006-2007), también fue designado, por el presidente Evo Morales, magistrado de la extinta Corte Suprema de Justicia, mediante una Ley de Necesidad de Transición a los nuevos entes del Poder Judicial, aprobada por el MAS en la Asamblea (2010).
“¿Cómo vamos a pretender que ese señor (Guerrero) sea independiente o imparcial si su jefe era Evo Morales?, sus compañeros de la Constituyente son del MAS que hoy están en función de gobierno, Carlos Romero y muchos otros. Ahí está la guillotina judicial asimétrica”, sostuvo Quiroga.
El senador opositor manifestó: “El señor Guerrero parece que así como se farrea en su oficina, razona como farrea”, no de otra manera dijo que se explica el pliego acusatorio contra el expresidente Carlos Mesa por el caso Quiborax.
“Yo creo que es el fiscal más político que ha tenido la historia boliviana. El peor fiscal que se ha entregado alma vida y corazón, en cuerpo y alma al régimen de Evo Morales”, reprochó el legislador.
La principal crítica es la parcialización de la cabeza del Ministerio Público hacia los miembros del partido gobernante. En el caso Quiborax que ni siquiera haya convocado a declarar a los ministros de Justicia, Héctor Arce, y de Minería, César Navarro, pese a su vinculación en el caso.
“Si está Mesa, Quiroga o Doria Medina invéntenles juicios, móntenles casos y persíganlos sin clemencia, si son del gobierno Arce, Menacho y demás, no pasa nada”, acotó Quiroga.Existe una desnaturalización de las instituciones del Estado, escenario en el que el MAS “confía” que todos van a ser impunes “eso se juega el 2019, la impunidad y el enjuiciamiento de los que le hacen daño al país”, advirtió el senador Rodríguez.
“No solo Guerrero (será enjuiciado), muchos otros, pero eso pasará cuando el MAS deje el poder y eso está en manos del pueblo en 2019. Cuando el MAS deje el poder se van a destapar miles de cosas, a eso le tienen miedo”, afirmó el senador Rodríguez.
El expresidente Carlos Mesa abrigaba esperanza en Guerrero, “yo no, lo conozco hace seis años. Ese señor ha sido Constituyente del MAS”, recordó Quiroga el pasado del que actualmente sigue como Fiscal General del Estado.
Guerrero, además de Constituyente (2006-2007), también fue designado, por el presidente Evo Morales, magistrado de la extinta Corte Suprema de Justicia, mediante una Ley de Necesidad de Transición a los nuevos entes del Poder Judicial, aprobada por el MAS en la Asamblea (2010).
“¿Cómo vamos a pretender que ese señor (Guerrero) sea independiente o imparcial si su jefe era Evo Morales?, sus compañeros de la Constituyente son del MAS que hoy están en función de gobierno, Carlos Romero y muchos otros. Ahí está la guillotina judicial asimétrica”, sostuvo Quiroga.
El senador opositor manifestó: “El señor Guerrero parece que así como se farrea en su oficina, razona como farrea”, no de otra manera dijo que se explica el pliego acusatorio contra el expresidente Carlos Mesa por el caso Quiborax.
“Yo creo que es el fiscal más político que ha tenido la historia boliviana. El peor fiscal que se ha entregado alma vida y corazón, en cuerpo y alma al régimen de Evo Morales”, reprochó el legislador.
La principal crítica es la parcialización de la cabeza del Ministerio Público hacia los miembros del partido gobernante. En el caso Quiborax que ni siquiera haya convocado a declarar a los ministros de Justicia, Héctor Arce, y de Minería, César Navarro, pese a su vinculación en el caso.
“Si está Mesa, Quiroga o Doria Medina invéntenles juicios, móntenles casos y persíganlos sin clemencia, si son del gobierno Arce, Menacho y demás, no pasa nada”, acotó Quiroga.Existe una desnaturalización de las instituciones del Estado, escenario en el que el MAS “confía” que todos van a ser impunes “eso se juega el 2019, la impunidad y el enjuiciamiento de los que le hacen daño al país”, advirtió el senador Rodríguez.
Por principio de prelación TSJ no tratará aún pedido
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) realizará un trámite interno para evaluar el requerimiento de acusación que presentó la Fiscalía General del Estado contra el expresidente Carlos Mesa por el caso Quiborax. El magistrado Edwin Aguayo precisó que no se dará un trato prioritario al documento, por el principio de prelación.
“Ayer se ha presentado (la proposición acusatoria) y ni siquiera materialmente tenemos conocimiento de ese tema. Seguramente en la próxima Sala Plena vamos a tener conocimiento. Nosotros respetamos la agenda que maneja la presidencia y los cronogramas del trabajo que tenemos que realizar, o sea, no se da prioridad a nada, es por orden de llegada”, dijo el magistrado de esa instancia judicial.
Según la explicación de Aguayo, el requerimiento debe ser tratado en su máxima instancia de toma de decisiones, que es la Sala Plena, que sesiona todos los miércoles. Después de hacer una valoración, ésta remitirá a la Asamblea Legislativa, la que con dos tercios de votación deberá aprobar o rechazar el proceso contra el expresidente.
El lunes pasado, la Fiscalía General del Estado presentó ante el TSJ un requerimiento de acusación contra el expresidente Carlos Mesa, donde se lo sindica por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la constitución y conducta antieconómica.
REVISIÓN
Por otra parte, el magistrado indicó que en esta evaluación de los documentos no se tocará el tema de fondo, sino que será una revisión formal del requerimiento, el cual deberá cumplir los requisitos de nombres, domicilios, documentación y otros.
“Se va hacer una revisión de orden formal con un informe que nosotros vamos a emitir a la Sala Plena y la Sala Plena, conjuntamente a este informe, va a pedir la autorización a la Asamblea Plurinacional. No se toca en absoluto el tema de fondo”, precisó.
RECHAZO
El expresidente Mesa presentó ayer un memorial con una petición para que anule la acusación de la Fiscalía General del Estado, en el que señala que existen varias irregularidades, entre ellas que no se convocaron a varias autoridades del actual Gobierno y a otros testigos clave del caso.
“Solicito a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que dentro del caso EXP Nº CH 1/2018, denominado “Quiborax”, y en aplicación del artículo 168 del Código de Procedimiento Penal, disponga la anulación de las actuaciones del Fiscal General del Estado hasta el vicio más antiguo, que incluye su resolución de admisión de la Proposición Acusatoria y todas las actuaciones posteriores de ésta autoridad y ordene que las investigaciones preliminares dentro de este caso”, resalta el petitorio del documento”, expresa el requerimiento de Mesa.
IRREGULARIDADES
En la fundamentación, detalla que aquella instancia no tomó en cuenta la denuncia que presentó contra los ministros de Minería César Navarro; de justiciam Héctor Arce; Elizabeth Arismendi, exministra de Defensa Legal del Estado; y Pablo Menacho, actual Procurador General del Estado, para que también estos sean incluidos en la investigación.
Otra de las observaciones que formula Mesa es que los abogados Leny Ericka Chávez Barrancos y Carmiña Llorenti Barrientos, exsubprocuradora, no comparecieron ante la Fiscalía y esta no las obligó para que se presenten.
Según manifiestación del expresidente, podrían aportar elementos de juicio sobre la redacción de proyectos de acuerdos económicos entre la defensa legal de la firma chilena y las autoridades del Estado boliviano.
“Ayer se ha presentado (la proposición acusatoria) y ni siquiera materialmente tenemos conocimiento de ese tema. Seguramente en la próxima Sala Plena vamos a tener conocimiento. Nosotros respetamos la agenda que maneja la presidencia y los cronogramas del trabajo que tenemos que realizar, o sea, no se da prioridad a nada, es por orden de llegada”, dijo el magistrado de esa instancia judicial.
Según la explicación de Aguayo, el requerimiento debe ser tratado en su máxima instancia de toma de decisiones, que es la Sala Plena, que sesiona todos los miércoles. Después de hacer una valoración, ésta remitirá a la Asamblea Legislativa, la que con dos tercios de votación deberá aprobar o rechazar el proceso contra el expresidente.
El lunes pasado, la Fiscalía General del Estado presentó ante el TSJ un requerimiento de acusación contra el expresidente Carlos Mesa, donde se lo sindica por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la constitución y conducta antieconómica.
REVISIÓN
Por otra parte, el magistrado indicó que en esta evaluación de los documentos no se tocará el tema de fondo, sino que será una revisión formal del requerimiento, el cual deberá cumplir los requisitos de nombres, domicilios, documentación y otros.
“Se va hacer una revisión de orden formal con un informe que nosotros vamos a emitir a la Sala Plena y la Sala Plena, conjuntamente a este informe, va a pedir la autorización a la Asamblea Plurinacional. No se toca en absoluto el tema de fondo”, precisó.
RECHAZO
El expresidente Mesa presentó ayer un memorial con una petición para que anule la acusación de la Fiscalía General del Estado, en el que señala que existen varias irregularidades, entre ellas que no se convocaron a varias autoridades del actual Gobierno y a otros testigos clave del caso.
“Solicito a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que dentro del caso EXP Nº CH 1/2018, denominado “Quiborax”, y en aplicación del artículo 168 del Código de Procedimiento Penal, disponga la anulación de las actuaciones del Fiscal General del Estado hasta el vicio más antiguo, que incluye su resolución de admisión de la Proposición Acusatoria y todas las actuaciones posteriores de ésta autoridad y ordene que las investigaciones preliminares dentro de este caso”, resalta el petitorio del documento”, expresa el requerimiento de Mesa.
IRREGULARIDADES
En la fundamentación, detalla que aquella instancia no tomó en cuenta la denuncia que presentó contra los ministros de Minería César Navarro; de justiciam Héctor Arce; Elizabeth Arismendi, exministra de Defensa Legal del Estado; y Pablo Menacho, actual Procurador General del Estado, para que también estos sean incluidos en la investigación.
Otra de las observaciones que formula Mesa es que los abogados Leny Ericka Chávez Barrancos y Carmiña Llorenti Barrientos, exsubprocuradora, no comparecieron ante la Fiscalía y esta no las obligó para que se presenten.
Según manifiestación del expresidente, podrían aportar elementos de juicio sobre la redacción de proyectos de acuerdos económicos entre la defensa legal de la firma chilena y las autoridades del Estado boliviano.
Tuesday, July 10, 2018
Thursday, July 5, 2018
Dificultan investigación por festejo de Fiscalía General
La Asociación de Magistrados de la ciudad de Sucre denunció que el fiscal general, Ramiro Guerrero, hace uso de sus influencias y obstaculiza la investigación por la denuncia por uso de bienes del estado para su fiesta de cumpleaños, pues hasta ayer no se tiene un fiscal asignado, en tanto ayer en La Paz, Guerrero aseguró que se someterá a las investigaciones.
La denuncia por el supuesto uso indebido de bienes del Estado para actividades particulares, como el cumpleaños del fiscal Guerrero, fue presentada el martes por el asambleísta departamental Eusebio Cordero y el abogado Luis Ayllón, quienes solicitaron que un fiscal departamental próximo a Chuquisaca se haga cargo de la investigación y se proceda a la imputación y medidas cautelares para los investigados.
Hace tres semanas en La Paz, dos jueces fueron aprehendidos y uno de ellos será destituido por tener aliento alcohólico, por lo que los denunciantes aseguran que deben existir sanciones más severas y exigen la renuncia de Guerrero.
Según el reporte desde la ciudad de Sucre, los denunciantes no quieren que el fiscal de Chuquisaca, Roberto Ramírez, investigue porque aparece en las fotografías.
Los denunciantes solicitaron el registro de las cámaras de seguridad, internas y externas de la Fiscalía General, para verificar los horarios de la fiesta, el ingreso de bebidas alcohólicas y grupos musicales.
NO HABÍA FISCAL
Ayer, desde Sucre, el abogado Ayllón aseguró que aún no había un fiscal asignado al caso, la declaración era hecha solo unas horas después de que en La Paz, Guerrero afirmara que se había admitido la denuncia, contra los que resulten autores del hecho.
Guerrero, ayer, aseguró que en el festejo de su cumpleaños hubo sólo torta, salteñas y un plato de comida.
“Lo que se hizo fue un agasajo de cumpleaños sorpresivo, básicamente como en cualquier lado donde se sirve una salteña, una torta o un plato. No se ingirió ni una bebida alcohólica ni nada”, afirmó Guerrero.
En los videos que circulan desde la pasada semana, se observa que en el salón principal de la Fiscalía General, se organizó una cena de gala con la presentación de grupos musicales y la ingesta de refrescos y al menos vino.
Asimismo, Guerrero aseguró que no consume bebidas alcohólicas y negó haber autorizado que se organice una borrachera en oficinas de la Fiscalía General.
La autoridad del Ministerio dijo que estas actividades se hacen comúnmente en instituciones privadas o públicas cuando algún trabajador cumple un año más de vida. Y en este caso lo agasajaron de esa forma porque en unos meses más culminará su gestión como Fiscal General.
A su vez, los asambleístas por el Departamento de Chuquisaca pidieron al fiscal Guerrero aclarar este hecho y anunciaron que solicitarán un informe oral donde deberá explicar tal situación.
Al respecto, el Fiscal General sostuvo que se someterá a cualquier investigación y darán los informes necesarios “porque no se hizo nada irregular”.
La denuncia por el supuesto uso indebido de bienes del Estado para actividades particulares, como el cumpleaños del fiscal Guerrero, fue presentada el martes por el asambleísta departamental Eusebio Cordero y el abogado Luis Ayllón, quienes solicitaron que un fiscal departamental próximo a Chuquisaca se haga cargo de la investigación y se proceda a la imputación y medidas cautelares para los investigados.
Hace tres semanas en La Paz, dos jueces fueron aprehendidos y uno de ellos será destituido por tener aliento alcohólico, por lo que los denunciantes aseguran que deben existir sanciones más severas y exigen la renuncia de Guerrero.
Según el reporte desde la ciudad de Sucre, los denunciantes no quieren que el fiscal de Chuquisaca, Roberto Ramírez, investigue porque aparece en las fotografías.
Los denunciantes solicitaron el registro de las cámaras de seguridad, internas y externas de la Fiscalía General, para verificar los horarios de la fiesta, el ingreso de bebidas alcohólicas y grupos musicales.
NO HABÍA FISCAL
Ayer, desde Sucre, el abogado Ayllón aseguró que aún no había un fiscal asignado al caso, la declaración era hecha solo unas horas después de que en La Paz, Guerrero afirmara que se había admitido la denuncia, contra los que resulten autores del hecho.
Guerrero, ayer, aseguró que en el festejo de su cumpleaños hubo sólo torta, salteñas y un plato de comida.
“Lo que se hizo fue un agasajo de cumpleaños sorpresivo, básicamente como en cualquier lado donde se sirve una salteña, una torta o un plato. No se ingirió ni una bebida alcohólica ni nada”, afirmó Guerrero.
En los videos que circulan desde la pasada semana, se observa que en el salón principal de la Fiscalía General, se organizó una cena de gala con la presentación de grupos musicales y la ingesta de refrescos y al menos vino.
Asimismo, Guerrero aseguró que no consume bebidas alcohólicas y negó haber autorizado que se organice una borrachera en oficinas de la Fiscalía General.
La autoridad del Ministerio dijo que estas actividades se hacen comúnmente en instituciones privadas o públicas cuando algún trabajador cumple un año más de vida. Y en este caso lo agasajaron de esa forma porque en unos meses más culminará su gestión como Fiscal General.
A su vez, los asambleístas por el Departamento de Chuquisaca pidieron al fiscal Guerrero aclarar este hecho y anunciaron que solicitarán un informe oral donde deberá explicar tal situación.
Al respecto, el Fiscal General sostuvo que se someterá a cualquier investigación y darán los informes necesarios “porque no se hizo nada irregular”.
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