Más de mil denuncias contra operadores de justica

Durante la gestión 2018 el Consejo de la Magistratura recibió entre 1.000 y 1.200 denuncias contra funcionarios del sistema judicial, de los cuales sólo 60 casos fueron sometidos a proceso disciplinario tras verificarse suficientes indicios de faltas a la Ley 025 del Órgano Judicial, declaró ayer el representante de la Magistratura de La Paz, magistrado Aldo Castro.

“Haciendo una evaluación histórica entre las gestiones 2017 y 2018 en La Paz el rango de denuncias se mantiene entre 1.000 y 1200. Es necesario fortalecer al Consejo de la Magistratura para profundizar esta tarea y continuar de manera más eficiente”, afirmó Castro.

El magistrado afirmó que el personal asignado para esta instancia judicial es insuficiente frente a la gestión que debe cumplir en las distintas áreas y denuncias tomando en cuenta que muchos casos requieren de la acción inmediata de parte del Consejo, no sólo en la instancia de informes sino también en la intervención directa a juzgados.

Castro refirió que la recurrencia de faltas denunciadas contra los operadores de justicia tiene que ver, la mayoría, con la suspensión de audiencias, omisión y notificaciones a destiempo, recientemente el Consejo de la Magistratura intervino varios juzgados donde se evidenció la comisión de la faltas disciplinarias, entre éstas en consumo de bebidas no permitidas.

“Las acciones directas que se han estado realizando han permito tener una mayor y sólida presencia institucional en las acciones. Esta presencia institucional nos ha permitido fortalecer y mejorar la administración de justicia”, remarcó.

Durante la gestión 2018, el ente judicial contralor ha iniciado 60 procesos disciplinarios, entre éstos a los jueces del Tribunal Décimo de Sentencia, que fueron destituidos del cargo, mientras que otros recibieron sanciones pecuniarias o si amerita llamadas de atención, además de hacer frecuentes recomendaciones tanto a jueces como al personal de apoyo.

Castro aclaró que independientemente de la vía por la cual se tome conocimiento de la denuncia, que puede ser vía Consejo de la Magistratura o directamente ante uno de los tres jueces disciplinarios que tiene esta institución, se realiza una previa evaluación de la denuncia para verificar el sustento de la misma.

“La Magistratura analiza la presunta falta y se hace un informe, sobre la base de éste y la instancia de asesoría se recomienda o desestima el proceso. Este procedimiento permite precautelar los derechos de las partes”, refirió tras remarcar que no se tratan de acciones arbitrarias, sino en estricto apego a la norma.

RENOVACIÓN DE PERSONAL

Castro señaló también que el Consejo de la Magistratura está en la fase de renovación de autoridades jurisdiccionales por jueces de carrera emergentes de las convocatorias públicas para la selección y preselección de postulantes.

“Paulatinamente se está cambiando al personal y vamos a continuar con este proceso en la medida que se vayan presentando las acefalías. La última realizada durante la gestión 2018 fue para cobertura de cargos a jueces, vocales departamentales, jueces jurisdiccionales, jueces registradores y personal de apoyo”, señaló sin dar cifras exactas y queda aún por designar cuatro acefalías para La Paz, dos en El Alto y otros dos en la sede de gobierno.

“Los últimos acontecimiento en el sistema judicial nos han obligado a repensar en la actuación de los administradores de justicia. Este año ha salido a luz aspectos que nos llaman a ver con mayor cuidado el régimen de control y fiscalización”, refirió Castro.

El magistrado, precisó que la selección del recurso humano para los cargos acéfalos cuenta con el criterio de destacados académicos y juristas, quienes evalúan los méritos e idoneidad de los postulantes.

De acuerdo con lo previsto para el siguiente año, el Consejo de la Magistratura priorizará “la intervención más decidida a los juzgados, vamos a incidir en el cumplimiento del régimen disciplinario”, señaló el magistrado.

Junto a este plan contralor la Magistratura también tiene previsto continuar con el plan de descentralización, en Derechos Reales como, inicialmente en Patacamaya y Los Yungas de La Paz.

La Paz: Remueven a 12 fiscales por acusaciones

El fiscal departamental de La Paz, Williams Alave, informó que 12 fiscales de la División Corrupción Pública del Ministerio Público fueron removidos de sus cargos tras ser acusados por presunta corrupción y otros hechos irregulares.

Señaló que en contra de los fiscales removidos se plantearon varias denuncias de presunta corrupción, que fueron conocidas en su momento y ahora incluso se analiza la posible destitución de los funcionarios involucrados.

Abogado pide dinero para cancelar a un fiscal y juez

4.500

BOLIVIANOS sería la suma que "sonsacó" el abogado identificado con el apellido Barrera, según Marco Borda.

Un abogado solicitó dinero a su cliente con la finalidad de pagar a un juez y un fiscal para sacarlo de Cantumarca, penal donde está recluido preventivamente por el delito de violación.

La denuncia la hizo pública el abogado Marco Borda, quien dijo que actualmente su colega está "desaparecido", luego de "soncarle" dinero a su propio cliente.

Lamentó que su colega haga quedar mal a los profesionales que estudiaron derecho porque, según él, no se puede engañar a las personas.

Actualmente, se presentó una querella en el Ministerio Público contra este ciudadano para que comparezca y se defienda de la acusación.

"Este abogado a sonsacado la suma de 4.500 bolivianos a una persona que enfrenta un proceso penal por el delito de violación", afirmó a los medios de prensa.

Borda dijo que el hecho ocurrió hace seis meses y, a la fecha, el abogado esta "desaparecido" porque ni siquiera acudió a la declaración informativa ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.

Finalmente, dijo que ahora espera que las autoridades requieran lo que manda la ley.

Denuncian que un juez se duerme en las audiencias y solo despierta para dictar resoluciones

Raquel Guerrero, abogada de la familia del niño José Junior Vega Villarroel que falleció por presunta negligencia médica, cuestionó la capacidad para administrar justicia del vocal Sigfrido Soleto, ya que, según denunció, las audiencias las pasa durmiendo y luego dicta resoluciones.

Guerrero anunció una querella penal contra este funcionario que, según su declaración, es un mal administrador de justicia. Soleto dio libertad a una médica implicada en la muerte de José Junior.

"Vamos a iniciar acciones penales contra estos señores, malos administradores de justicia, en especial contra ese señor Sigfrido Soleto que solo va y se duerme", manifestó la jurista.

Guerrero remarcó que Soleto no solo se quedó dormido en dos audiencias en las que ella participó, sino en varias, y que esta situación es de conocimiento del Órgano Judicial, que no hace nada al respecto.

"No es en las únicas dos audiencias que Soleto se duerme y despierta solo para dictar sus resoluciones, en todas las audiencias (se duerme), este señor ya no está apto para un cargo tan alto que es ser vocal, defender a la sociedad", manifestó.

Recordó que el vocal también se quedó dormido en la audiencia del caso Sebastián, niño al que le extirparon un riñón sano por error, y en "muchas audiencias más, y eso todo el Palacio de Justicia (de Santa Cruz) lo sabe".

Soleto también incumplió por casi tres años una sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Cafferata y luego de excusó de ver la causa.

Justicia liberó a 20 antisociales protuariados

En las últimas horas la fuerza del orden detuvo Ronald Iturri a que tiene seis antecedentes delictivos desde el 2006, el ministerio público pide su detención en Chonchocoro.

La Policía denunció que la justicia liberó a 20 de los 29 delincuentes que fueron aprehendidos la semana pasada durante tres operativos que se realizó en un solo día. Al respecto el director de la Unidad Propiedades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), mayor Juan José Millán, lamentó que las autoridades judiciales no hayan tomado en cuenta los antecedentes delictivos.

“Me atrevo a decir que la mayoría de ellos (delincuentes aprehendidos en flagrancia) están siendo beneficiados con la libertad, inclusive sin tomar en cuenta los antecedentes y el prontuario que en materia aportamos a la autoridad jurisdiccional. Los jueces aún no están cooperando en este tema ya que están aplacando con otro tipo de criterios”, cuestionó Millán.

El pasado viernes el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga presentó a 28 personas involucradas en hechos delictivos, los cuales eran miembros de tres bandas delictivas que operaban en las principales zonas comerciales de La Paz.

La autoridad policial señaló que existe un trabajo de coordinación con el ministerio público, para evitar que estas personas puedan quedar en libertad. Lamentablemente esta misma situación no se replica con los miembros del Tribunal Departamental de Justicia, quienes son los que benefician con medidas alternativas a la detención.

En las últimas horas la policía aprehendió a Hugo Iturri, quien con la compañía de otras dos personas ingresó a una tienda en la zona de Achachicala para sustraer objetos de valor. El propietario al percatarse de ese hecho lo persiguió hasta detenerlo, pero este sujeto le ocasionó varias heridas con un cuchillo de mesa.

Millán explicó que este sujeto cuenta con seis antecedentes delictivos desde el 2006 hasta octubre del presente año, el fiscal que lleva el caso está pidiendo la detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro por su peligrosidad.

“Esperamos que en esta ocasión se pueda determinar la detención preventiva en Chonchocoro que ha sido el pedido del fiscal de materia. Esperamos que las autoridades jurisdiccionales obren conforme a Derecho y puedan enviarlo a ese centro penitenciario”, añadió.

Pacajes pide disculpas por elegir mal a sus amigos

La exjueza Patricia Pacajes pidió disculpas al pueblo boliviano porque se equivocó al elegir a sus amistades a quienes acusa de haberla drogado para grabarle sobre el caso Alexander; asegura que dicho audio es ilegal, por lo tanto, es "inimputable".

Ella permanece en el penal de Obrajes y protestó este pasado lunes porque se suspendió, por segunda vez consecutiva, su audiencia a la cesación de su detención preventiva.

La exautoridad una vez más pidió disculpas al pueblo boliviano, pero por equivocarse al elegir a sus amistades, a quienes señala como responsables de haberla drogado y dopado para grabarle sobre el caso del bebé Alexander y revelar que Jhiery Fernández era inocente.

"Pido disculpas (...) al pueblo boliviano por haberme equivocado, equivocarse es de humanos, al elegir a mis amistades; el pueblo se va a dar cuenta que la suscrita ha sido dopada, drogada, es víctima de delincuentes y me han grabado", declaró a la red Gigavisión.

La autoridad insistió que su sentencia se basó en las pruebas que presentó la Fiscalía, pese a que el Consejo de la Magistratura a partir de una auditoría abrió varios procesos de tipo penal y administrativo contra jueces y funcionarios judiciales por este caso.

En el mes de septiembre se difundió un audio en el que Pacajes revela que el médico acusado de violación al bebé Alexander era inocente, porque el Ministerio Público basó su acusación en una prueba que no demostraba la violencia sexual.

Sin embargo, según la exjueza el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Policía (IITCUP) determinó que el audio no tiene valor legal.

"En fecha 26 o 38 de septiembre, es una prueba científica, donde dice que el audio o grabación no tiene valor legal, voy a presentar a la prensa, porque los archivos se encuentran contaminados (y) regrabados", sostuvo.

La exjueza se considera inimputable "Lo que he hablado es de borracha, estaba dopada, drogada, no he hablado en mi sano juicio. Soy inimputable porque la base de la prueba es ilícita, esta grabación es ilícita", sostuvo, es decir que no tiene responsabilidad penal en sus actos por la sentencia en el caso Alexander.

Gobierno dictó indulto y amnistía para 2.535 privados de libertad

El presidente Evo Morales dictó este lunes un nuevo Decreto de indulto y amnistía para favorecer a 2.535 personas privadas de libertad con penas menores a cinco años y para quienes tuvieran menores a su cargo, excepto casos violencia intrafamiliar, corrupción, atentados contra el presidente.

El ministro de Justicia, Héctor Arce, detalló que en los siguientes 365 días se pretende 1.035 personas obtengan la amnistía y unas 1.500 accedan al indulto.La amnistía se dará a personas que hayan cometido delitos cuya pena sea menor o igual a 5 años, excepto en determinados tipos penales, como la violencia familar, corrupción, sustracción de un menor, sedición, atentados contra el presidente y otros dignatarios, homicidio culposo. El ministro de Justicia, Héctor Arce, detalló que en los siguientes 365 días se pretende 1.035 personas obtengan la amnistía y unas 1.500 accedan al indulto.La amnistía se dará a personas que hayan cometido delitos cuya pena sea menor o igual a 5 años, excepto en determinados tipos penales, como la violencia familar, corrupción, sustracción de un menor, sedición, atentados contra el presidente y otros dignatarios, homicidio culposo.También se beneficiarán quienes haya cometido delitos cuya pena es hasta ocho años de cárcel, siempre que hay acuerdo con las víctimas, excepto en delitos como estupro, pornografía, espectáculos obscenos con niños, abandono de niños, cohecho, entre otros.Asimismo, pueden recibir amnistía reclusos con discapacidad grave o muy grave, enfermedad terminal, mujer embarazada o con hijo lactante, quienes tengan bajo su guarda única a hijo menor de 6 años de edad con o con discapacidad, personas a partir de los 58 años de edad, y cuando exista acuerdo con la víctima víctimas múltiples por delitos de estafa, estelionato, quiebra, alzamiento de bienes o falencia civil y lesiones gravísimas.El indulto, por otro parte, es para quienes tengan extramuro, detención domiciliaria, libertad condicional y condenas hasta 365 días calendario siguientes a la publicación del Decreto.Pueden recibir este beneficio los reos hasta 28 años de edad o más 58 años y que hayan cumplido una cuarta parte de la condena.También pueden acogerse quienes tengan bajo su cuidado a menores de seis años de edad, quienes cuiden a un hijo con discapacidad grave o muy grave, y quienes tengan enfermedad incurable.Asimismo, el indulto es para las personas con pena privativa de libertad igual o menor a 10 años y que haya cumplido una cuarta parte de la condena privativa. También será para reos que tengan acuerdo con las por delitos de estafa y tipos penales parecidos, mujeres embarazadas o que tengan hijo lactante.Arce señaló que el indulto no procederá cuando se trate de delitos de traición a la patria, espionaje, separatismo, terrorismo, financiamiento al terrorismo, tenencia de armas, tráfico ilícito de armas, robo de armamento y munición de uso militar o policial. homicidio, asesinato, feminicidio, parricidio, infanticidio, homicidio culposo, trata de personas, tráfico de migrantes, robo agravado, secuestros y delitos contra la seguridad exterior e interior Estado, delitos donde el Estado sea parte querellante o acusadora.

Tampoco procederá la amnistía o el indulto cuando la víctima sea niña niño o adolescente, persona incapaz o por violencia familiar o doméstica, no procederá tampoco en caso de delitos de sustancias controladas sancionadas con penas superiores a 10 años de privación de libertad, corrupción o vinculados, excepto incumplimiento de deberes sin afectación al estado y omisión declaración de bienes y rentas. (Erbol)

Tribunal de Justicia nombró 30 vocales

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no logró designar a los 80 vocales que tenía previsto debido a los antecedentes penales que registran la mayoría de los postulantes, informó el presidente de la máxima instancia judicial, magistrado José Antonio Revilla.

En sesión extraordinaria, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia priorizó la designación de 30 vocales para cargos acéfalos en los 9 departamentos, no obstante de que el objetivo inicial fue cubrir 80 cargos acéfalos.

Revilla señaló que la decisión de asignar sólo 30 vocales fue asumida luego de verificar los indecentes penales de los postulantes.

“Deberíamos nombrar 80 vocales, han sido nombrados una fracción, un número de 30, contrastadas las nóminas correspondientes con antecedentes penales, nos hemos encontrado con que muchos postulantes tiene antecedentes penales, consiguientemente, dado el poco tiempo que disponemos, ya que el Tribunal supremo entre en vacación se ha visto por conveniente priorizar las acefalías”, remarcó la máxima autoridad del TSJ.

Las designaciones pendientes fueron diferidas para enero del siguiente año, una vez cumplida la contrastación de la información para no causar descrédito ante la población, En tal razón, los magistrados en Sala Plena decidieron tomarse un tiempo hasta enero para analizar la situación de los postulantes con antecedentes penales, explicó Revilla. “Se ha nombrado por unanimidad las acefalías, tomando en cuenta los criterios meritocráticos y los primeros de las listas”, dijo el presidente del TSJ, tras aclarar que los nuevos vocales deben reemplazar a los que cumplieron su mandato constitucional de cuatro años de ejercicio.

Los vocales designados para cada departamento son los que la Sala Plena consideró pertinente y adecuada para el idóneo cumplimiento del cargo.

Para el departamento de Pando fueron designados los abogados Luis Gonzalo Vargas Terrazas y David Zeballos Burgoa; para Beni los vocales, Marlene Arteaga Vaca, Roberto Ismael Nacif Suárez y Haider Echalar Justiniano; para Potosí los vocales Ronald M. Baldivieso Flores, Remberto Elías López Ll., Ingrid A. Arizaga Flores y Luis Condori Sunagua; para Tarija Yenny Cortez Baldivieso y Ernesto Félix Mur; para Chuquisaca Iván Sandoval Fuetes; a Oruro fueron designados los vocales Hernán Ocaña Marzana, Juan Carlos Selaya Rojas y Filimón Comdori Callizaya, para Cochabamba los vocales Jesús V. Gonzales Milan, Patricia Torrico Ortega, Juan Edgar Balderrama B., Mirtha Mabel Montaño Torrico, Claudia G. Morales Orellana y Pablo Antezana Vargas; para La Paz fueron designados los vocales Eddy Aruquipa Cubillas, Iván Ramito Campero Villalba, Cesar Wemceslao Portocarrero C., Silvia M. Portugal Espinoza, Rosmery Lourdes Pabón Chávez y Rosario Verónica Sánchez S; finalmente para Santa Cruz fueron designados los vocales Ever Alvares Orellana, Arminda Méndez Terrazas y Efrain Cruz Limachi.

Las nueva autoridades serán posesionadas en enero del siguiente año en cada uno de sus distritos judiciales por el magistrado representante de su Departamento.

TCP declara improcedente recurso contra ley del TIPNIS

El recurso presentado ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en contra la ley que anula la intangibilidad al territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), fue declarado improcedente por esta instancia.

“El Tribunal Constitucional Plurinacional ha dispuesto la improcedencia del mismo” afirmo el Magistrado del TCP, Gonzalo Hurtado.

Como se recordará, el año pasado, diputados de Unidad Demócrata (UD) presentaron en Sucre un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en contra de la Ley que anula la intangibilidad del TIPNIS.

En ese entonces, el diputado Norman Lazarte, que encabezó la delegación, hizo la presentación, y al momento de hacerlo precisó que se trata de una acción de inconstitucionalidad abstracta, puesto que a su criterio la norma vulnera la Constitución Política del Estado (CPE).

Lazarte señalaba que la Ley estaba contra la biodiversidad protegida por la Constitución y tratados internacionales. En el memorial se observaba, por ejemplo, que la norma vulnera el artículo 342 de la CPE que obliga al Estado a mantener el equilibrio en el medio ambiente.

Asimismo, el opositor indicaba que en el recurso también se solicita medidas cautelares, para evitar que se aplique la ley mientras se decide su constitucionalidad.

El fundamento de la demanda indicaba que sigue vigente en la Constitución, en su artículo 385, la preservación de las áreas protegidas, y los artículos 388 y 403 protegen a los territorios indígenas.

El TIPNIS tiene una doble condición para su protección, por ser parque nacional y territorio indígena, por lo tanto su resguardo no sólo está garantizado en la Carta Magna y las leyes sino en convenios internacionales.

El oficialismo en la Asamblea Legislativa sancionó la Ley de Protección, Desarrollo Integral y Sustentable del TIPNIS que básicamente levanta la “intangibilidad” y abre la posibilidad de que se construya la vía San Ignacio de Moxos-Villa Tunari resistida desde antes de 2011. EL DIARIO y otros medios.

Oposición pide destituir a fiscal Juan Lanchipa

Unidad Demócrata (UD) exige al Gobierno la destitución del Fiscal General del Estado (FGE) Juan Lanchipa, por tener militancia en el Movimiento Al Socialismo (MAS), porque vulneró la Constitución Política del Estado (CPE). Sin embargo, la autoridad aseguró que no es parte de ninguna organización política.

“Estoy presentando un requerimiento ante el presidente de la Asamblea legislativa Álvaro García, para que se proceda con la destitución del Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa puesto que se ha comprobado, según el nuevo padrón de militantes que se habría inscrito a las filas del MAS el 16 de septiembre de este año”, dijo Ortiz.

El legislador afirmó que esta irregularidad vulneró los artículos 227 y 182 de la Constitución Política del Estado, los cuales restringen que el Fiscal General sea parte de una organización política. Además que eso resta la credibilidad del trabajo transparente que se realice liderando esa institución.

Sin embargo, la unidad de comunicación del Ministerio Público, mediante un comunicado negó que el Fiscal General del Estado se haya inscrito como militante en el partido oficialista, consideró que hubo un error en el sistema o suplantación.

“Son errores de sistema que ellos (Tribunal Supremo Electoral) tienen, seguramente alguna otra persona ‘x’ ha suplantado alguna firma, algún nombre, etcétera, pero lo que queda claro es que nuestra autoridad (Lanchipa) no es militante y no se ha inscrito en ningún partido político”, aseguró José Luis Tarquino, director de Comunicación de la Fiscalía.

El pasado 9 de octubre, Lanchipa fue elegido por la Asamblea Legislativa como el nuevo titular de esa institución, obtuvo 116 votos de los 152 que fueron emitidos en la sesión del pleno.

En medio de un fuerte cuestionamiento sobre su cercanía con el ministro de Justicia, Héctor Arce, el 23 de ese mes fue posesionado en el cargo por el presidente Evo Morales en reemplazo de Ramiro Guerrero quien en octubre culminó su gestión de seis años.

Uno de los requisitos que exigía el reglamento del proceso de selección que aprobó la Asamblea Legislativa, era que los candidatos a ese alto cargo no sean militantes de ningún partido político, por lo menos cinco años antes del proceso de convocatoria.

A pesar de que en un principio, Tarquino negó que Lanchipa sea militante del partido oficialista, indicó que la autoridad del Ministerio Público está solicitando al Órgano Electoral que anule el registro de su militancia en el partido oficialista.

OTRAS MILITANCIAS

Además de Lanchipa, los fiscales departamentales de La Paz y Santa Cruz, William Alave y Mirael Salguero, respectivamente, figuran ambos como militantes del MAS en el registro del TSE.

En la aplicación Yo Participo se puede observar que Alave fue inscrito el 17 de septiembre de este año, mientras que Salguero fue registrado en ese partido un día antes. Éste segundo el mismo día que Lanchipa.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Ministerio Público, en su artículo 21, el cargo de fiscal es incompatible con la militancia en organizaciones políticas. Esa misma condición está vigente para nombrar a fiscales departamentales.

Fiscalía General: Presunta militancia política de Lanchipa se trata de un error

El jefe de la Unidad de Comunicación de la Fiscalía General del Estado, José Luis Tarquino, aclaró que el titular de esta institución, Juan Lanchipa Ponce, no es militante de ninguna agrupación política y que el hecho de que figure en listas del Movimiento Al Socialismo (MAS) debe ser atribuido a un error del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Como es de conocimiento público desde algunas semanas atrás se han encontrado varios errores en el sistema de registro de militantes que administra el TSE donde muchos ciudadanos aparecieron como militantes de diferentes partidos políticos y éste es uno de esos casos”, dijo Tarquino, de acuerdo a un comunicado de prensa del Ministerio Público.

Según los datos arrojados por el sistema Yo Participo del TSE, Lanchipa estaría registrado como militante de uno de los partidos políticos existentes en el país; sin embargo se trataría de una “falsa militancia” debido a un “error de sistema” del Tribunal Electoral.

El Funcionario recordó que el pasado 22 de agosto el actual Fiscal General del Estado presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional diferentes requisitos, entre ellos el respectivo certificado de no militancia otorgado por el TSE, para postularse y habilitarse para el cargo.

“Sería ilógico que la actual autoridad luego de acreditar su no militancia el 22 de agosto, tres semanas después se inscriba a un partido político estando en plena carrera de selección para Fiscal General”, dijo Tarquino a tiempo de indicar que en las últimas horas ya se habría realizado el respectivo trámite de rigor ante el TSE para anular esa “falsa militancia”.

LEY N° 1027 - LEY DE ABROGACIÓN DEL CÓDIGO DEL SISTEMA PENAL

LEY N° 1027
LEY DE 25 DE ENERO DE 2018
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,
DECRETA:
LEY DE ABROGACIÓN
DEL CÓDIGO DEL SISTEMA PENAL
ARTÍCULO ÚNICO. Se abroga la Ley N° 1005 de 15 de diciembre de 2017, “Código del Sistema Penal”.
Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los veinticuatro días del mes de enero del año dos mil dieciocho.
Fdo. José Alberto Gonzales Samaniego, Lilly Gabriela Montaño Viaña, Efraín Chambi Copa, Patricia M. Gómez Andrade, Alicia Canqui C, Margarita del C. Fernández Claure.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinticinco días del mes de enero del año dos mil dieciocho.
FDO. EVO MORALES AYMA, Alfredo Octavio Rada Vélez, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Javier Eduardo Zavaleta López MINISTRO DE DEFENSA E INTERINO DE RELACIONES EXTERIORES, Mariana Prado Noya, Mario Alberto Guillén Suárez, Luis Alberto Sanchez Fernandez, Rafael Alarcón Orihuela, Eugenio Rojas Apaza, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Ariana Campero Nava, Carlos Rene Ortuño Yañez, Roberto Iván Aguilar Gómez MINISTRO DE EDUCACIÓN E INTERINO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani, Gisela Karina López Rivas, Tito Rolando Montaño Rivera.

LEY N° 1025 - LEY DE DEROGATORIA DE LOS ARTÍCULOS 137 Y 205 DEL CÓDIGO DEL SISTEMA PENAL

LEY N° 1025
LEY DE 10 DE ENERO DE 2018

EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

LEY DE DEROGATORIA DE LOS ARTÍCULOS 137 Y 205
DEL CÓDIGO DEL SISTEMA PENAL

ARTÍCULO ÚNICO. Se derogan los Artículos 137 y 205 de la Ley N° 1005 de fecha 15 de diciembre de 2017, “Código del Sistema Penal”.
Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los nueve días del mes de enero del año dos mil dieciocho.
Fdo. José Alberto Gonzales Samaniego, Lilly Gabriela Montaño Viaña, Omar Paul Aguilar Condo, Patricia M. Gómez Andrade, Gonzalo Aguilar Ayma, Sebastián Texeira Rojas.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los diez días del mes de enero del año dos mil dieciocho.
FDO. EVO MORALES AYMA, René Martínez Callahuanca, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Milton Claros Hinojosa, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Ariana Campero Nava.

La Fiscalía desestima la denuncia contra el TSE

Por decisión del fiscal de distrito, William Alave, quedó sin efecto la denuncia contra vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), como consecuencia de la aparición de inscripciones no autorizadas en partidos políticos.

El abogado que se atribuyó la representación de al menos 500 personas, Omar Durán, expresó su desacuerdo ante esta determinación debido a que al momento de presentar la queja adjuntó la autorización de las personas afectadas.

El jueves, el abogado presentó una acusación penal en contra de los miembros del TSE (María Choque, presidenta; Antonio Costas, vicepresidente; Lucy Cruz, vocal; Idelfonso Mamani, vocal, y Dunia Sandoval, vocal), ante la Fiscalía, por los delitos de falsificación de documentos o uso de documento falsificado, manipulación informática, alteración o modificación del padrón electoral.

Alave dio a conocer que la queja no contaba con la facultad otorgada por ley para que se obre a nombre de los 500 afectados, y por ello hoy la instancia judicial desestimó la denuncia.

El vocal del TSE, Idelfonso Mamani, dijo que desconoce la demanda contra los vocales y sólo se remitió a señalar que por decisión de Sala Plena se resolvió que las personas que desean presentar los formularios para anulación, renuncias y restitución de sus antecedentes de militantes tienen plazo hasta el 5 de diciembre.

De acuerdo con el TSE, hasta el 29 de noviembre 34.744 personas acudieron a dependencias del Órgano Electoral para regularizar su situación de militancia.

Además aseguró que el calendario electoral se cumple de acuerdo con lo planificado y que el 13 de diciembre se hará a conocer el padrón de militancia.