Friday, October 31, 2014
La falta de litigantes frena plan de jueces provinciales
La ausencia de los acusados o de los denunciantes es una de las principales causas que frena los procesos tratados por los siete jueces provinciales que trabajan en el descongestionamiento de los Juzgados Cautelares Penales de Cochabamba. Publicar un edicto y luego declararlos rebeldes para facilitar el juicio, demanda mucho tiempo.
Las fallas en las investigaciones, ya sea del Ministerio Público o de la Policía, son otra razón que impide tener un mejor avance en los procesos.
Según el representante del Consejo de la Magistratura, Johnny Rocha, el número de causas atendidas está por debajo de lo planificado, pero espera que hasta fin de año se cumpla el objetivo de sanear 120 expedientes por juzgado.
Desde el primero de octubre, cuando inició el plan piloto de descongestión de causas, hasta ayer, se resolvieron en los siete juzgados agilizadores 220 expedientes de los 840 planificados hasta fin de año, informó Rocha.
Recordó que se priorizaron los que involucran a los litigantes que se encuentran detenidos preventivamente, los juicios cuyas víctimas son niños y adolescentes y las causas más rezagadas.
Destacó la ejecución de salidas alternativas y procedimientos abreviados.
Añadió que se suspendieron 60 demandas gracias a un acuerdo entre ambas partes.
Por su parte, la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia, Nuria Gonzáles, evaluó positivamente el programa como una alternativa de solución al problema de retardación de justicia.
No descartaron la ampliación del trabajo de los jueces provinciales.
Los jueces han acelerado el tiempo entre las audiencias
Mabel Antezana
Penalista
El traslado de jueces provinciales se ha realizado para descongestionar la carga procesal.
Anteriormente, las audiencias se suspendían y eran reprogramadas para después de 3, 4 o 6 meses además los jueces argumentaban que era humanamente imposible desarrollar tantas audiencias en períodos cortos de tiempo porque sus agendas estaban agotadas.
Si bien las audiencias fueron fijadas en períodos más cortos, existen otros riesgos.
El hecho de que sean temporales, los jueces provinciales, y luego los retiren de sus cargos va a perjudicar el tratamiento de los procesos. El juez que retome los casos desde enero comenzará de cero y será otro pretexto para una mayor retardación de justicia.
Además, tendrían que resolver todas las reposiciones, correcciones de procedimiento, las nulidades planteadas al juez temporal y quedaría en incertidumbre la responsabilidad de los actos de los jueces temporales, porque se van a acusar entre ambos y los únicos perjudicados serán los litigantes.
Opiniones.
Rolando Costa
Abogado
El principal problema que aqueja al sistema de justicia es la retardación.
Eso se puede evidenciar en los penales llenos de detenidos que no cuentan con sentencia debido a las causas rezagadas.
Carlos Rodríguez
Abogado
A pesar de la implementación de políticas para mejorar la atención del ciudadano que clama por justicia, la burocracia es la misma, no existe un cambio de mentalidad ni en los funcionarios ni en los jueces.
Emily Lazo
Litigante
Uno de mis principales problema es la demora de mi proceso por los plazos largos en el juzgado. Me parece positivo que hayan más jueces, aunque de manera temporal, pero lo importante son los resultados. Tiene que verse fluidez en los juicios.
Piden ayuda para atender a nueve comunidades con sequía en Pojo
Hace tres semanas los pobladores y animales de nueve comunidades de Pojo sufren la falta de agua.
Las autoridades de ese municipio llegaron, ayer, a la Gobernación para pedir ayuda y evitar los efectos de la sequía.
El alcalde de Pojo, Fidel Rojas, informó que no tienen agua ni para consumo humano ni para el ganado.
“Estamos llevando en las cisternas que nos está dando Defensa Civil. De aquí a unas dos semanas seguramente la demanda será mayor y vamos a necesitar más ayuda”, dijo la autoridad.
Informó que alrededor de 250 familias están afectadas en las comunidades de Thago Laguna, Trigal, Chacras, Tierras Nuevas Grande, Viña y otras.
Los cultivos en riesgo por la falta de agua son arveja, papa, frutilla y otros. Y unas 500 cabezas de ganado ya sufren los efectos de la falta de agua.
El Alcalde informó que en el municipio existen atajados, pero que en las zonas afectadas están secos.
Manifestó que para el consumo humano se abastecían de una vertiente que se secó y ahora deben caminar al menos 15 kilómetros para abastecerse de otra.
El responsable de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR), Óscar Soriano, informó que no recibieron reportes oficiales y que de todas formas no se trataría de una sequía como tal sino de un déficit hídrico, que causa preocupación por el tema agrícola.
Las fallas en las investigaciones, ya sea del Ministerio Público o de la Policía, son otra razón que impide tener un mejor avance en los procesos.
Según el representante del Consejo de la Magistratura, Johnny Rocha, el número de causas atendidas está por debajo de lo planificado, pero espera que hasta fin de año se cumpla el objetivo de sanear 120 expedientes por juzgado.
Desde el primero de octubre, cuando inició el plan piloto de descongestión de causas, hasta ayer, se resolvieron en los siete juzgados agilizadores 220 expedientes de los 840 planificados hasta fin de año, informó Rocha.
Recordó que se priorizaron los que involucran a los litigantes que se encuentran detenidos preventivamente, los juicios cuyas víctimas son niños y adolescentes y las causas más rezagadas.
Destacó la ejecución de salidas alternativas y procedimientos abreviados.
Añadió que se suspendieron 60 demandas gracias a un acuerdo entre ambas partes.
Por su parte, la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia, Nuria Gonzáles, evaluó positivamente el programa como una alternativa de solución al problema de retardación de justicia.
No descartaron la ampliación del trabajo de los jueces provinciales.
Los jueces han acelerado el tiempo entre las audiencias
Mabel Antezana
Penalista
El traslado de jueces provinciales se ha realizado para descongestionar la carga procesal.
Anteriormente, las audiencias se suspendían y eran reprogramadas para después de 3, 4 o 6 meses además los jueces argumentaban que era humanamente imposible desarrollar tantas audiencias en períodos cortos de tiempo porque sus agendas estaban agotadas.
Si bien las audiencias fueron fijadas en períodos más cortos, existen otros riesgos.
El hecho de que sean temporales, los jueces provinciales, y luego los retiren de sus cargos va a perjudicar el tratamiento de los procesos. El juez que retome los casos desde enero comenzará de cero y será otro pretexto para una mayor retardación de justicia.
Además, tendrían que resolver todas las reposiciones, correcciones de procedimiento, las nulidades planteadas al juez temporal y quedaría en incertidumbre la responsabilidad de los actos de los jueces temporales, porque se van a acusar entre ambos y los únicos perjudicados serán los litigantes.
Opiniones.
Rolando Costa
Abogado
El principal problema que aqueja al sistema de justicia es la retardación.
Eso se puede evidenciar en los penales llenos de detenidos que no cuentan con sentencia debido a las causas rezagadas.
Carlos Rodríguez
Abogado
A pesar de la implementación de políticas para mejorar la atención del ciudadano que clama por justicia, la burocracia es la misma, no existe un cambio de mentalidad ni en los funcionarios ni en los jueces.
Emily Lazo
Litigante
Uno de mis principales problema es la demora de mi proceso por los plazos largos en el juzgado. Me parece positivo que hayan más jueces, aunque de manera temporal, pero lo importante son los resultados. Tiene que verse fluidez en los juicios.
Piden ayuda para atender a nueve comunidades con sequía en Pojo
Hace tres semanas los pobladores y animales de nueve comunidades de Pojo sufren la falta de agua.
Las autoridades de ese municipio llegaron, ayer, a la Gobernación para pedir ayuda y evitar los efectos de la sequía.
El alcalde de Pojo, Fidel Rojas, informó que no tienen agua ni para consumo humano ni para el ganado.
“Estamos llevando en las cisternas que nos está dando Defensa Civil. De aquí a unas dos semanas seguramente la demanda será mayor y vamos a necesitar más ayuda”, dijo la autoridad.
Informó que alrededor de 250 familias están afectadas en las comunidades de Thago Laguna, Trigal, Chacras, Tierras Nuevas Grande, Viña y otras.
Los cultivos en riesgo por la falta de agua son arveja, papa, frutilla y otros. Y unas 500 cabezas de ganado ya sufren los efectos de la falta de agua.
El Alcalde informó que en el municipio existen atajados, pero que en las zonas afectadas están secos.
Manifestó que para el consumo humano se abastecían de una vertiente que se secó y ahora deben caminar al menos 15 kilómetros para abastecerse de otra.
El responsable de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR), Óscar Soriano, informó que no recibieron reportes oficiales y que de todas formas no se trataría de una sequía como tal sino de un déficit hídrico, que causa preocupación por el tema agrícola.
Procesos penales que no avancen serán archivados
La exclusión de jueces ciudadanos en procesos orales, eliminación de la vacación colectiva en el Órgano Judicial, archivo de causas penales sin movimiento y restricción a los abogados en el uso de recursos, son medidas que pretenden disminuir la carga procesal en los juzgados tras la promulgación, ayer, de la “Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal”.
La ley que ayer promulgó el ejecutivo tiene el propósito de corregir el retraso en los procesos penales, un defecto del sistema judicial boliviano que le ha valido varias veces críticas de organismos internacionales como Naciones Unidas.
El presidente el ejercicio, Álvaro García Linera, promulgó la “Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal”, en ausencia del presidente titular, Evo Morales, de viaje en Europa.
La norma establece que todo proceso penal incoado por los ciudadanos o instituciones que no tenga desarrollo alguno durante un año se archivará temporalmente y si después de otro año sigue en esa situación, se archivará de forma definitiva.
García Linera dijo que hay procesos que llevan tres o cinco años sin ningún movimiento y se mantienen vigentes, aunque haya detenidos de forma preventiva en centros penales.
La norma fija que los juicios orales se harán sólo con tres jueces técnicos, lo que implica que en adelante se excluirán a los jueces ciudadanos, que en los hechos se convirtieron en factores que retrasaron procesos o fueron objeto de presiones de los litigantes, explicó García Linera.
Para evitar “el uso procesal malicioso corrupto” de los incidentes, recursos, excepciones y recusaciones se establece que éstas podrán ser usadas por una sola vez y los abogados que intenten hacerlo dos o más veces será amonestados, después sancionados económicamente y en última instancia separados de un caso, agregó.
El uso exagerado de esos recursos en Bolivia siempre ha sido criticado porque provoca que los juicios duren varios años sin sentencia.
Incluso con personas que continúan presas por tantos o más años que los fijados para los delitos que les imputan.
La norma también establece que los juicios orales deben tener una continuidad hasta concluir y se habilitará para ellos horas y días extraordinarios, con pausas máximas de 16 horas tomando en cuenta el tiempo para los almuerzos o descansos.
Lo habitual en el sistema judicial de Bolivia es que los juicios orales puedan durar varios años, con suspensiones intermedias de varios meses, con cambio de jueces y fiscales e incluso de ciudades.
Autorizan dar recursos para autonomías indígenas
El Ejecutivo promulgó ayer una ley que obliga a los municipios del país a erogar recursos para la realización de referendos aprobatorios de los estatutos autonómicos indígena originario campesinos. El 6 de diciembre de 2009, 11 municipios optaron por convertirse en autonomías indígena originaria campesinas. A partir de esa fecha, iniciaron las gestiones para adquirir esa cualidad con la elaboración de sus estatutos autonómicos que deben ser revisados por el Tribunal Constitucional y posteriormente refrendados a través de referendos autonómicos.
Los 11 municipios son Uru Chipaya, Salinas de Garci Mendoza, San Pedro de Totora y Pampa Aullagas de Oruro; Charagua de Santa Cruz; Tarabuco, Huacaya y Mojocoya de Chuquisaca; Charazani y Jesús de Machaca de La Paz y Chayanta de Potosí.
La ministra de Autonomías, Claudia Peña, informó en días pasados que una de las principales trabas para consolidar las autonomías indígenas era justamente la erogación de recursos de parte de los municipios para la realización de los referéndums autonómicos. “En 2015 se establece que puedan disponer los municipios los recursos para autorizar y viabilizar los referendos.
Vacación judicial
Los jueces y fiscales tomarán vacaciones individualmente, se eliminarán los períodos de vacación colectiva porque eso deriva en el cierre de tribunales cada año por más de 30 días, causando más retrasos en los juicios.
Bolivia ha sido criticada varias veces por tener un sistema judicial caracterizado por retrasos, insuficiente cobertura, corrupción, impunidad y falta de recursos económicos, como señaló en 2013 la ONU.
La ONU, la agencia de cooperación española (Aecid) y la Unión Europea (UE) apoyan a Bolivia en varios programas de capacitación para alentar la independencia judicial y el acceso a la Justicia.
La ley que ayer promulgó el ejecutivo tiene el propósito de corregir el retraso en los procesos penales, un defecto del sistema judicial boliviano que le ha valido varias veces críticas de organismos internacionales como Naciones Unidas.
El presidente el ejercicio, Álvaro García Linera, promulgó la “Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal”, en ausencia del presidente titular, Evo Morales, de viaje en Europa.
La norma establece que todo proceso penal incoado por los ciudadanos o instituciones que no tenga desarrollo alguno durante un año se archivará temporalmente y si después de otro año sigue en esa situación, se archivará de forma definitiva.
García Linera dijo que hay procesos que llevan tres o cinco años sin ningún movimiento y se mantienen vigentes, aunque haya detenidos de forma preventiva en centros penales.
La norma fija que los juicios orales se harán sólo con tres jueces técnicos, lo que implica que en adelante se excluirán a los jueces ciudadanos, que en los hechos se convirtieron en factores que retrasaron procesos o fueron objeto de presiones de los litigantes, explicó García Linera.
Para evitar “el uso procesal malicioso corrupto” de los incidentes, recursos, excepciones y recusaciones se establece que éstas podrán ser usadas por una sola vez y los abogados que intenten hacerlo dos o más veces será amonestados, después sancionados económicamente y en última instancia separados de un caso, agregó.
El uso exagerado de esos recursos en Bolivia siempre ha sido criticado porque provoca que los juicios duren varios años sin sentencia.
Incluso con personas que continúan presas por tantos o más años que los fijados para los delitos que les imputan.
La norma también establece que los juicios orales deben tener una continuidad hasta concluir y se habilitará para ellos horas y días extraordinarios, con pausas máximas de 16 horas tomando en cuenta el tiempo para los almuerzos o descansos.
Lo habitual en el sistema judicial de Bolivia es que los juicios orales puedan durar varios años, con suspensiones intermedias de varios meses, con cambio de jueces y fiscales e incluso de ciudades.
Autorizan dar recursos para autonomías indígenas
El Ejecutivo promulgó ayer una ley que obliga a los municipios del país a erogar recursos para la realización de referendos aprobatorios de los estatutos autonómicos indígena originario campesinos. El 6 de diciembre de 2009, 11 municipios optaron por convertirse en autonomías indígena originaria campesinas. A partir de esa fecha, iniciaron las gestiones para adquirir esa cualidad con la elaboración de sus estatutos autonómicos que deben ser revisados por el Tribunal Constitucional y posteriormente refrendados a través de referendos autonómicos.
Los 11 municipios son Uru Chipaya, Salinas de Garci Mendoza, San Pedro de Totora y Pampa Aullagas de Oruro; Charagua de Santa Cruz; Tarabuco, Huacaya y Mojocoya de Chuquisaca; Charazani y Jesús de Machaca de La Paz y Chayanta de Potosí.
La ministra de Autonomías, Claudia Peña, informó en días pasados que una de las principales trabas para consolidar las autonomías indígenas era justamente la erogación de recursos de parte de los municipios para la realización de los referéndums autonómicos. “En 2015 se establece que puedan disponer los municipios los recursos para autorizar y viabilizar los referendos.
Vacación judicial
Los jueces y fiscales tomarán vacaciones individualmente, se eliminarán los períodos de vacación colectiva porque eso deriva en el cierre de tribunales cada año por más de 30 días, causando más retrasos en los juicios.
Bolivia ha sido criticada varias veces por tener un sistema judicial caracterizado por retrasos, insuficiente cobertura, corrupción, impunidad y falta de recursos económicos, como señaló en 2013 la ONU.
La ONU, la agencia de cooperación española (Aecid) y la Unión Europea (UE) apoyan a Bolivia en varios programas de capacitación para alentar la independencia judicial y el acceso a la Justicia.
Revelan que los magistrados del TCP enfrentan procesos
De los siete magistrados que conforman el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), tres se encuentran suspendidos de sus funciones y el presidente, Efren Choque, reveló que todos enfrentan procesos en su contra. El último caso se produjo ayer, cuando el magistrado Gualberto Cusi recibió la notificación de que fue suspendido de sus funciones por instrucción de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“La mayoría de los magistrados nos encontramos con una suerte de denuncias, unas tienen fundamentación otras no”, aseguró Choque, quien fue notificado con procesos en la Asamblea Legislativa.
Por su lado, Cusi salió ayer por la mañana del TCP con una bolsa plástica en la que llevaba sus objetos personales, y se dirigió al aeropuerto con destino a La Paz para asumir su defensa por el juicio de responsabilidades que inició la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el que también están involucradas sus colegas Soraide Chánez y Ligia Velásquez, que son acusados de obstruir la aplicación de la Ley del Notariado, que ahora está en vigencia. La audiencia está prevista para instalarse el 4 de noviembre.
Antes de partir, Cusi acusó al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera de haberlo “matado” en vida porque con la suspensión de sus funciones limitan su acceso a un seguro médico y a un salario para cumplir con el tratamiento que requiere. El magistrado padece una enfermedad crónica por la que fue hospitalizado en varias ocasiones.
Posición
En su despedida, Cusi recibió respaldos tímidos de sus colegas. El presidente de TCP reiteró que todos los magistrados tienen procesos en su contra, aunque minutos después su colega Rudy Flores aclaró que ni él y la magistrada Neldi Andrade tienen denuncia.
Flores demandó respeto de los derechos y garantías procesales en un Estado constitucional de derecho. Recordó que hay una acción de inconstitucionalidad concreta presentado por el magistrado Cusi en contra de la ley 044, de Juicio de Responsabilidades, que está en manos de un magistrado que elabora el proyecto para emitir una resolución en la Comisión de Admisión.
Sobre el tema, Juan Carlos Cejas (MAS), presidente de la Comisión de Justicia Plural de Diputados, detalló que los tres magistrados “incumplieron sus funciones” y que se asumió activar el juicio con el fin de “evitar” problemas en el Tribunal Constitucional Plurinacional.
En la oposición la visión es contraria. El diputado Rafael López (CN) consideró que el oficialismo “quiere copar” el ente constitucional con el fin de obtener réditos políticos
“La mayoría de los magistrados nos encontramos con una suerte de denuncias, unas tienen fundamentación otras no”, aseguró Choque, quien fue notificado con procesos en la Asamblea Legislativa.
Por su lado, Cusi salió ayer por la mañana del TCP con una bolsa plástica en la que llevaba sus objetos personales, y se dirigió al aeropuerto con destino a La Paz para asumir su defensa por el juicio de responsabilidades que inició la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el que también están involucradas sus colegas Soraide Chánez y Ligia Velásquez, que son acusados de obstruir la aplicación de la Ley del Notariado, que ahora está en vigencia. La audiencia está prevista para instalarse el 4 de noviembre.
Antes de partir, Cusi acusó al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera de haberlo “matado” en vida porque con la suspensión de sus funciones limitan su acceso a un seguro médico y a un salario para cumplir con el tratamiento que requiere. El magistrado padece una enfermedad crónica por la que fue hospitalizado en varias ocasiones.
Posición
En su despedida, Cusi recibió respaldos tímidos de sus colegas. El presidente de TCP reiteró que todos los magistrados tienen procesos en su contra, aunque minutos después su colega Rudy Flores aclaró que ni él y la magistrada Neldi Andrade tienen denuncia.
Flores demandó respeto de los derechos y garantías procesales en un Estado constitucional de derecho. Recordó que hay una acción de inconstitucionalidad concreta presentado por el magistrado Cusi en contra de la ley 044, de Juicio de Responsabilidades, que está en manos de un magistrado que elabora el proyecto para emitir una resolución en la Comisión de Admisión.
Sobre el tema, Juan Carlos Cejas (MAS), presidente de la Comisión de Justicia Plural de Diputados, detalló que los tres magistrados “incumplieron sus funciones” y que se asumió activar el juicio con el fin de “evitar” problemas en el Tribunal Constitucional Plurinacional.
En la oposición la visión es contraria. El diputado Rafael López (CN) consideró que el oficialismo “quiere copar” el ente constitucional con el fin de obtener réditos políticos
Potosí Nueva Fiscal Departamental
La abogada Willma Blazz Ibáñez fue posesionada hoy como nueva titular de la Fiscalía Departamental de Potosí por el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, ante la renuncia de la exautoridad, José Luis Barrios.
Guerrero destacó el conocimiento de la problemática en materia de justicia que tiene Blazz sobre Potosí, ya que en años anteriores trabajó como fiscal de materia en ese departamento y también cuenta con experiencia adquirida como Fiscal Departamental del Beni.
Manifestó que en Potosí, después de haber realizado una evaluación, se tienen tareas importantes por desarrollar, como fortalecer las fiscalías de provincia.
Así mismo la nueva autoridad deberá encarar la construcción del nuevo y moderno edificio de la Fiscalía Departamental.
La autoridad resaltó que también se mejorará la persecución penal estratégica e inteligente, se implementarán nuevos despachos fiscales corporativos y un Plan Piloto de las Unidades de Flagrancia, que ya funciona en otros departamentos.
“No podemos echarnos la culpa ni deslindar responsabilidades, lavar la imagen y el rostro de la nueva justicia es una tarea compartida de todos los operadores de justicia, también de la sociedad y de los abogados litigantes, para dar señales de cambio a nuestro pueblo”, enfatizó.
Guerrero destacó el conocimiento de la problemática en materia de justicia que tiene Blazz sobre Potosí, ya que en años anteriores trabajó como fiscal de materia en ese departamento y también cuenta con experiencia adquirida como Fiscal Departamental del Beni.
Manifestó que en Potosí, después de haber realizado una evaluación, se tienen tareas importantes por desarrollar, como fortalecer las fiscalías de provincia.
Así mismo la nueva autoridad deberá encarar la construcción del nuevo y moderno edificio de la Fiscalía Departamental.
La autoridad resaltó que también se mejorará la persecución penal estratégica e inteligente, se implementarán nuevos despachos fiscales corporativos y un Plan Piloto de las Unidades de Flagrancia, que ya funciona en otros departamentos.
“No podemos echarnos la culpa ni deslindar responsabilidades, lavar la imagen y el rostro de la nueva justicia es una tarea compartida de todos los operadores de justicia, también de la sociedad y de los abogados litigantes, para dar señales de cambio a nuestro pueblo”, enfatizó.
Ni jueces ciudadanos ni vacaciones judiciales
El Gobierno promulgó ayer la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal mediante el cual excluyó del sistema judicial boliviano a los jueces ciudadanos porque retardarían los procesos judiciales y también eliminó las vacaciones judiciales colectivas. Asimismo la norma establece que todo proceso penal que esté estancado más de un año será archivado de forma definitiva.
El presidente en ejercicio, Álvaro García, promulgó esta norma que la calificó como transitoria para agilizar los procesos penales y terminar con la retardación de justicia, que es uno de los problemas más fuertes del sistema judicial.
“Esta es una ley que transitoriamente va acelerar los enjuiciamientos, va a disminuir la retardación de justicia, pero esto no quita que en la siguiente elaboración del (nuevo) Código de Procedimiento Penal incorporemos medidas aún mucho más duras”, afirmó la autoridad de Estado.
Esta nueva norma pretende reducir la carga procesal penal en el sistema judicial y “que no tuvo ningún movimiento ni desarrollo por todo un año ejecutivo o más será archivado momentáneamente y si transcurriera otro año sin movimiento será archivado definitivamente”.
De la misma forma, esta ley excluye del sistema judicial a los jueces ciudadanos, en razón de que los mismos desde su selección, notificación, ubicación y presentación al tribunal ocasionaron retardación de justicia penal y en algunos casos, manipulación, corrupción, chantaje o presión, según García. En vez de ello la norma contempla la creación de tribunales de juicio oral exclusivamente con tres jueces técnicos.
En tercer lugar se reconstextualiza la imposición de plazos más realistas que evitan el disfraz o el ocultamiento administrativo de la etapa de investigación. En ese sentido, a partir de la aprobación de esta ley se da un “plazo fatal” para la realización de esta etapa, bajo responsabilidad atribuible al investigador y al fiscal y asimismo para evitar el uso malicioso procesal, corrupto de las excepciones, infidentes, excusas y recusaciones se establece que estas serán utilizadas por una sola vez.
El abogado que utilice o tienda a utilizar dos o más veces estos recursos procedimentales que dilatan meses o años los procesos serán amonestados sancionados y separados del caso, explicó García.
Para la población litigante se establece la continuidad de los juicios orales los mismos que no podrán suspenderse o ser declarados en cuartos intermedios. Una vez instalo un juicio oral este debe desarrollarse hasta su conclusión, máximo se suspenderán hasta 16 horas tomando en cuenta las horas de almuerzo y de descanso.
“De esta manera para que haya un compromiso de los jueces se manda a que habiliten horas extraordinarias lo que también implica utilización de días no hábiles para concluir el juicio”, agregó la autoridad.
Por otra parte, se elimina la vacación colectiva de jueces y fiscales porque perjudicaría el desarrollo de los procesos penales con la retardación de justicia y para ello se dispone que como en que cualquier institución su funcionamiento no se paralice y las vacaciones que tienen derecho los jueces y funcionarios sea individual.
“De esta manera se evitará que los tribunales se cierren cada año por más de 30 días. No hay más vacaciones colectivas, si alguien quiere tomar vacación porque le corresponde lo hará individualmente y el juzgado seguirá funcionando los procesos seguirán funcionando y de esa manera los litigantes tendrán una mayor posibilidad de acelerar sus procesos”, remarcó el Presidente en funciones.
García finalmente indicó que esta es una norma transitoria que entra en vigencia en tanto la Asamblea Legislativa trabaje en el nuevo Código de Procedimiento Penal que según la autoridad tendrá normas “aún mucho más duras” especialmente para quienes tiene la tarea de impartir justicia y no lo hacen.
“En el nuevo Código de Procedimiento incorporaremos que los jueces y fiscales que conduzcan un caso y no concluyan en el plazo de un año el juicio ellos también tendrán que entrar a la cárcel”, señaló.
El presidente en ejercicio, Álvaro García, promulgó esta norma que la calificó como transitoria para agilizar los procesos penales y terminar con la retardación de justicia, que es uno de los problemas más fuertes del sistema judicial.
“Esta es una ley que transitoriamente va acelerar los enjuiciamientos, va a disminuir la retardación de justicia, pero esto no quita que en la siguiente elaboración del (nuevo) Código de Procedimiento Penal incorporemos medidas aún mucho más duras”, afirmó la autoridad de Estado.
Esta nueva norma pretende reducir la carga procesal penal en el sistema judicial y “que no tuvo ningún movimiento ni desarrollo por todo un año ejecutivo o más será archivado momentáneamente y si transcurriera otro año sin movimiento será archivado definitivamente”.
De la misma forma, esta ley excluye del sistema judicial a los jueces ciudadanos, en razón de que los mismos desde su selección, notificación, ubicación y presentación al tribunal ocasionaron retardación de justicia penal y en algunos casos, manipulación, corrupción, chantaje o presión, según García. En vez de ello la norma contempla la creación de tribunales de juicio oral exclusivamente con tres jueces técnicos.
En tercer lugar se reconstextualiza la imposición de plazos más realistas que evitan el disfraz o el ocultamiento administrativo de la etapa de investigación. En ese sentido, a partir de la aprobación de esta ley se da un “plazo fatal” para la realización de esta etapa, bajo responsabilidad atribuible al investigador y al fiscal y asimismo para evitar el uso malicioso procesal, corrupto de las excepciones, infidentes, excusas y recusaciones se establece que estas serán utilizadas por una sola vez.
El abogado que utilice o tienda a utilizar dos o más veces estos recursos procedimentales que dilatan meses o años los procesos serán amonestados sancionados y separados del caso, explicó García.
Para la población litigante se establece la continuidad de los juicios orales los mismos que no podrán suspenderse o ser declarados en cuartos intermedios. Una vez instalo un juicio oral este debe desarrollarse hasta su conclusión, máximo se suspenderán hasta 16 horas tomando en cuenta las horas de almuerzo y de descanso.
“De esta manera para que haya un compromiso de los jueces se manda a que habiliten horas extraordinarias lo que también implica utilización de días no hábiles para concluir el juicio”, agregó la autoridad.
Por otra parte, se elimina la vacación colectiva de jueces y fiscales porque perjudicaría el desarrollo de los procesos penales con la retardación de justicia y para ello se dispone que como en que cualquier institución su funcionamiento no se paralice y las vacaciones que tienen derecho los jueces y funcionarios sea individual.
“De esta manera se evitará que los tribunales se cierren cada año por más de 30 días. No hay más vacaciones colectivas, si alguien quiere tomar vacación porque le corresponde lo hará individualmente y el juzgado seguirá funcionando los procesos seguirán funcionando y de esa manera los litigantes tendrán una mayor posibilidad de acelerar sus procesos”, remarcó el Presidente en funciones.
García finalmente indicó que esta es una norma transitoria que entra en vigencia en tanto la Asamblea Legislativa trabaje en el nuevo Código de Procedimiento Penal que según la autoridad tendrá normas “aún mucho más duras” especialmente para quienes tiene la tarea de impartir justicia y no lo hacen.
“En el nuevo Código de Procedimiento incorporaremos que los jueces y fiscales que conduzcan un caso y no concluyan en el plazo de un año el juicio ellos también tendrán que entrar a la cárcel”, señaló.
SE ACABA EL CICLO DE LOS ABOGADOS CHICANEROS
La Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, promulgada ayer por el presidente en ejercicio Álvaro García Linera, prohibirá a los abogados defensores plantear en más de una ocasión los recursos que franquea la legislación vigente en el país.
La nueva disposición legal establece que si un abogado hace uso de estos recursos, tales como modificaciones, excepciones, incidentes, excusas y recusaciones, será amonestados, multados y, posteriormente, separados del caso en cuestión.
Plazos fatales. La norma determina, además, que si un juicio permanece sin movimiento durante un año será archivado momentáneamente y si se mantiene en la misma situación durante otro año más, será archivado definitivamente, previa notificación a las víctimas.
Además, la nueva ley establece plazos para que los jueces concluyan los juicios orales y la realización de estos procesos se amplían a los días no hábiles.
García Linera dijo que "se da la continuidad de los juicios orales una vez instalado el juicio oral, éste debe desarrollarse hasta su conclusión, máximo se suspenderán por 16 horas, tomando en cuenta las horas de almuerzo y descanso, con el fin de que haya compromiso de los jueces".
Se fijaron, adicionalmente, plazos para que los fiscales lleven adelante las investigaciones de los casos, según el Mandatario,"con el fin de evitar el uso procesal malicioso y corrupto" de las investigaciones penales.
En 15 días, los jueces instructores deberán ordenar a los fiscales acelerar investigaciones paralizadas y entregar resultados en 25 días o los casos se archivarán.
Se resolvió, en forma paralela, que las vacaciones judiciales no se lleven a cabo simultáneamente, sino que los funcionarios judiciales deberán acceder a este derecho en forma individual y cuando les corresponda.
La nueva disposición legal establece que si un abogado hace uso de estos recursos, tales como modificaciones, excepciones, incidentes, excusas y recusaciones, será amonestados, multados y, posteriormente, separados del caso en cuestión.
Plazos fatales. La norma determina, además, que si un juicio permanece sin movimiento durante un año será archivado momentáneamente y si se mantiene en la misma situación durante otro año más, será archivado definitivamente, previa notificación a las víctimas.
Además, la nueva ley establece plazos para que los jueces concluyan los juicios orales y la realización de estos procesos se amplían a los días no hábiles.
García Linera dijo que "se da la continuidad de los juicios orales una vez instalado el juicio oral, éste debe desarrollarse hasta su conclusión, máximo se suspenderán por 16 horas, tomando en cuenta las horas de almuerzo y descanso, con el fin de que haya compromiso de los jueces".
Se fijaron, adicionalmente, plazos para que los fiscales lleven adelante las investigaciones de los casos, según el Mandatario,"con el fin de evitar el uso procesal malicioso y corrupto" de las investigaciones penales.
En 15 días, los jueces instructores deberán ordenar a los fiscales acelerar investigaciones paralizadas y entregar resultados en 25 días o los casos se archivarán.
Se resolvió, en forma paralela, que las vacaciones judiciales no se lleven a cabo simultáneamente, sino que los funcionarios judiciales deberán acceder a este derecho en forma individual y cuando les corresponda.
Thursday, October 30, 2014
Juez envía a la cárcel a un policía y a dos falsos COA
En el municipio de Puna de Potosí, se presentaron medidas cautelares a los tres ciudadanos que participaron de robo agravado de tres vehículos chutos, haciéndose pasar por efectivos policiales del Control Operativo Aduanero (COA), sin embargo uno de los involucrados es policía de Chuquisaca, y aun se espera la investigación de los otros dos, dijo la fiscal en materia, de Puna, Elizabet Molina.
Suscitado el hecho, el juez cautelar determinó la detención preventiva en la cárcel de Cantumarca de los tres involucrados, mientras se realice la investigación correspondiente; por otro lado se llamara al Corregidor de la comunidad de Oronkota de Potosí, para que brinde su declaración a efecto de aportar en la pesquisa, y dentro de seis meses se dictará las sentencia para estos tres bolivianos.
Suscitado el hecho, el juez cautelar determinó la detención preventiva en la cárcel de Cantumarca de los tres involucrados, mientras se realice la investigación correspondiente; por otro lado se llamara al Corregidor de la comunidad de Oronkota de Potosí, para que brinde su declaración a efecto de aportar en la pesquisa, y dentro de seis meses se dictará las sentencia para estos tres bolivianos.
Diputados aprueba juicio contra Cusi
La Cámara de Diputados aprobó la proposición acusatoria contra el magistrado del Tribunal Constitucional, Gualberto Cusi, por disponer la suspensión de la ley del Notariado. La sesión debatió anoche el informe de la comisión de Justicia Plural donde se lo acusa de prevaricato, resoluciones contrarias a la CPE, a las leyes e incumplimiento de deberes.
Al finalizar la lectura de la proposición acusatoria, se presentó el proyecto de acusación, se pidió se la admita, se determine sentencia condenatoria y se solicitó 10 años de reclusión por existir pruebas fehacientes de su participación en los delitos sin que el acusado hubiera presentado sus descargos.
A la sesión no se presentó el magistrado Cusi pero sí sus abogados Jorge Quiroz, Guido Melgar y Claudia Lecoña. Después de cuatro horas del proceso, el presidente de Diputados, Marcelo Elío, pidió una acreditación legal de los abogados y al constatar a través de secretaría su inexistencia, no les dio la palabra para la defensa.
El 13 de marzo, Cusi y las magistradas Soraida Chánez y Ligia Velásquez admitieron la acción de inconstitucionalidad abstracta y aplicaron medida cautelar de suspensión de la aplicación de la ley /MSM
Al finalizar la lectura de la proposición acusatoria, se presentó el proyecto de acusación, se pidió se la admita, se determine sentencia condenatoria y se solicitó 10 años de reclusión por existir pruebas fehacientes de su participación en los delitos sin que el acusado hubiera presentado sus descargos.
A la sesión no se presentó el magistrado Cusi pero sí sus abogados Jorge Quiroz, Guido Melgar y Claudia Lecoña. Después de cuatro horas del proceso, el presidente de Diputados, Marcelo Elío, pidió una acreditación legal de los abogados y al constatar a través de secretaría su inexistencia, no les dio la palabra para la defensa.
El 13 de marzo, Cusi y las magistradas Soraida Chánez y Ligia Velásquez admitieron la acción de inconstitucionalidad abstracta y aplicaron medida cautelar de suspensión de la aplicación de la ley /MSM
Wednesday, October 29, 2014
Suspenden a una jueza en el caso de El Abra
La jueza de Ejecución Penal Yolanda Ramírez fue suspendida de sus funciones por seis meses y sin goce de haberes, según una resolución emitida ayer por el juez disciplinario Rubén Coca. El fallo se dio porque sanciona la asistencia de la autoridad a una fiesta de reclusos de El Abra, 14 de septiembre, jornada que culminó con una balacera donde fallecieron cuatro reos.
“Se encontraron suficientes elementos que acreditan la comisión de las faltas disciplinarias leves y graves. Por tanto, se ha determinado la suspensión de la profesional por el lapso de seis meses, sin goce de haberes”, señaló Coca cuando dio a conocer su dictamen.
La autoridad emitió su fallo luego de un mes y medio de la balacera que se dio en el penal de máxima seguridad. Horas antes del incidente, Ramírez fue vista compartiendo con los reclusos, los familiares contaron que ella bailó y bebió con Edgar Ariel Tancara, muerto en esa jornada y a quien presuntamente beneficiaba con permisos para salir del recinto.
Ramírez confirmó su presencia en el festejo. Sin embargo, aseguró que estuvo desde las 16.15 hasta las 17.00, cuando el reporte policial del recinto señaló un horario distinto, que estuvo desde las 11.00 hasta las 17.30, lo que mereció una segunda denuncia por presentar un informe falso, calificado como falta gravísima.
Choque: Juicio al TCP causa inestabilidad
El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Efrén Choque, señaló que el proceso en contra de sus colegas Ligia Velásquez, Soraida Chánez y Gualberto Cusi desata una inestabilidad en esa institución judicial y, además, afirmó que genera un antecedente marcado al que no se quiso llegar.
Las dos juezas son procesadas por admitir un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Notariado que dejó sin efecto esa norma. La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados encontró indicios de responsabilidad en ambas y las imputó por los delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato y resoluciones contrarias a las leyes. El Senado considerará la apertura de un juicio de responsabilidades el martes.
Choque expresó su solidaridad con Cusi por el proceso en su contra que está encaminado a un juicio de responsabilidades, al igual que sus otras dos colegas. Aseguró que mientras la Cámara de Diputados no asuma una posición, su colega continúa ejerciendo las funciones de magistrado titular.
La Comisión de Justicia Plural de la Cámara Baja aprobó el lunes el proyecto acusatorio contra Cusi, por ser coautor de la suspensión de la vigencia de la Ley del Notariado. Ahora resta que el pleno camaral dé curso a la apertura de un juicio de responsabilidades.
El presidente de la Cámara Baja, Marcelo Elío, aseguró que se garantiza el respeto a los derechos constitucionales de Cusi, en el marco del respeto a las normas vigentes, y señaló que en los próximos días se tratará este caso.
Tuesday, October 28, 2014
Doce jueces ciudadanos brillan por su ausencia en audiencia
Ni uno solo de doce jueces ciudadanos acudió a una audiencia judicial convocada para decidir la extinción de la acción penal contra el excívico de Villa Montes, Felipe Moza, quien se declaró víctima de las chicanearías jurídicas cuyo objetivo es dilatar un fallo definitivo sobre su libertad definitiva. “Pese a ser formalmente convocados ninguno de los doce jueces ciudadanos se presentó y como en un caso anterior tampoco las sanciones a estos jueces se cumplen, nunca sabemos si un juez ciudadano fue cautelado o detenido como establece el Código de Procedimiento Penal. Este octubre cumplimos un año sin que puedan elegir jueces ciudadanos”, reclamó Moza.
Más de 90 audiencias suspendidas. El chaqueño precisó que durante los cinco años y medio que estuvo preso en la cárcel de San Pedro en calidad de “detenido preventivo” fueron suspendidas 96 audiencias de su caso por la falta de jueces ciudadanos, “esto es nada más la continuidad de la chicanearía jurídica”, dijo.
Explicó que el sistema judicial boliviano no podrá determinar su libertad definitiva porque ni siquiera puede garantizar la presencia de los jueces ciudadanos para que estos participen de una audiencia de extinción de la acción penal contra su persona. El excívico pide la extinción de la acción penal en su contra.
Más de 90 audiencias suspendidas. El chaqueño precisó que durante los cinco años y medio que estuvo preso en la cárcel de San Pedro en calidad de “detenido preventivo” fueron suspendidas 96 audiencias de su caso por la falta de jueces ciudadanos, “esto es nada más la continuidad de la chicanearía jurídica”, dijo.
Explicó que el sistema judicial boliviano no podrá determinar su libertad definitiva porque ni siquiera puede garantizar la presencia de los jueces ciudadanos para que estos participen de una audiencia de extinción de la acción penal contra su persona. El excívico pide la extinción de la acción penal en su contra.
Magistradas analizan pedir una indemnización de $us 10 millones
Las magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Soraida Chánez y Ligia Velásquez, quienes son procesadas por el Legislativo boliviano, analizan con instaurar una demanda internacional en contra del Estado y pedir una indemnización de 10 millones de dólares por la violación de sus derechos y garantías constitucionales.
El abogado de la Tribuna Soraida Chánez, Eduardo León, dijo que los intentos para frenar un proceso penal en contra su cliente y otras autoridades del TCP dentro el país se agotaron por lo que se acudirá a instancias internacionales.
"La indemnización que vamos a demandar va superar los 10 millones de dólares en contra del Estado boliviano porque es un abuso y que se ha ido advirtiendo permanentemente de que no puede actuar el Senado nacional como juez penal", dijo a ANF.
Por otro lado, según ABI, el presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Cejas, informó que esa instancia recomendará al pleno camaral que formalice la acusación contra el magistrado Gualberto Cusi, para viabilizar un juicio de responsabilidades, por frenar la vigencia de la Ley del Notariado
El abogado de la Tribuna Soraida Chánez, Eduardo León, dijo que los intentos para frenar un proceso penal en contra su cliente y otras autoridades del TCP dentro el país se agotaron por lo que se acudirá a instancias internacionales.
"La indemnización que vamos a demandar va superar los 10 millones de dólares en contra del Estado boliviano porque es un abuso y que se ha ido advirtiendo permanentemente de que no puede actuar el Senado nacional como juez penal", dijo a ANF.
Por otro lado, según ABI, el presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Cejas, informó que esa instancia recomendará al pleno camaral que formalice la acusación contra el magistrado Gualberto Cusi, para viabilizar un juicio de responsabilidades, por frenar la vigencia de la Ley del Notariado
Monday, October 27, 2014
Los fiscales de La Paz son los más denunciados en el país
La Paz se constituye en el departamento que
registra el mayor número de procesos disciplinarios abiertos en contra
de la actuación de fiscales, con el 58,5% de los casos, que en cifras
absolutas representan 496 de los 848 denunciados en el país. Similar
comportamiento elevado se presenta en el caso de las autoridades del
Ministerio Público que fueron destituidos, ya que alcanza a 14 (el 70%)
de los 20 retirados en lo que va del año.
El fiscal
general del Estado, Ramiro Guerrero, explicó que el comportamiento
observado en La Paz se da al menos por tres factores. El primero,
señaló, por ser el departamento que tiene mayor cantidad de fiscales,
con relación a las demás regiones del país. Segundo, añadió, porque es
el distrito con mayor número de procesos; y, tercero, por la cantidad de
población que, en este caso, se suman en las ciudades de La Paz y El
Alto.
Procesos. Al margen de esas causas, Guerrero
identificó a otro elemento que influye en la elevada demanda en contra
de fiscales y que está ligada a la naturaleza de los procesos. Sostuvo
que en La Paz, al ser sede de gobierno, se presentan más casos que están
vinculados con la administración del Estado y, además, destacó que se
debe tomar en cuenta que los fiscales atienden las zonas Central y Sud
de la hoyada y El Alto.
De acuerdo con los datos
difundidos por el director nacional de Régimen Disciplinario del
Ministerio Público, en La Paz se registraron un total de 496 causas en
lo que va del año; de ellas, 215 se encuentran en trámite y 205 han sido
concluidas. Además, 15 fiscales han recibido una multa económica, 14
han sido destituidos y 47 fueron absueltos.
En total,
la citada dirección ha recibido 848 procesos de todo el país, de los
cuales 377 se encuentran en la fase de trámites, 323 concluidos, 29
recibieron una multa económica, 20 fiscales destituidos, uno suspendido y
98 procesos fueron declarados absueltos.
Según el
director nacional de Régimen Disciplinario del Ministerio Público, Guido
Claure, las faltas disciplinarias más comunes en las que incurren los
fiscales son el incumplimiento a plazos dentro de una investigación o un
proceso judicial, establecidos en las normas vigentes, y la
desobediencia a instrucciones emitidas por autoridades superiores.
Claure dijo que en algunos casos, dependiendo de su importancia, otros
procesos pasan a la Justicia Ordinaria. Hasta la fecha, de acuerdo con
Claure, se enviaron a tres fiscales al Ministerio Público para ser
investigados, dos de La Paz y uno de Cochabamba, por delitos como el
cohecho.
Evaluación. Guerrero dijo que esos datos
demuestran la lucha que se desplegó para erradicar la corrupción en el
Ministerio Público, aspecto que fue destacado cuando hizo la evaluación
de sus dos años de trabajo, el jueves. “En estos dos años de gestión, lo
que hemos hecho es una reflexión de cuánto hemos avanzado y qué tareas
tenemos todavía pendientes por realizar, somos conscientes de que la
justicia está atravesando un difícil momento, está en una profunda
crisis, pero también asumimos ese reto y compromiso de trabajar por un
nuevo Ministerio Público, por una nueva justicia que está esperando el
pueblo, ese es nuestro compromiso”, manifestó la autoridad.
El 23 de julio, Guerrero recibió de manos de la ministra de
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, un fólder con
documentos que contenían denuncias en contra de fiscales que recolectó
desde 2007. La autoridad gubernamental señaló que las irregularidades
dadas a conocer eran por incumplimiento de deberes, en su mayoría.
“Hemos hecho aquí una carpeta, departamento por departamento, de todas
las denuncias que tenemos contra los fiscales con nombres, con casos,
con temas muy puntuales, y quiero entregarle esta carpeta para que usted
tome las acciones necesarias”, le dijo Suxo a Guerrero, cuando
representantes del Ministerio Público sostenían un encuentro
internacional en la ciudad de Cochabamba. El Fiscal General, en esa
ocasión, anunció “ajustes”.
Ministerio Público y procesos
Carga
El fiscal general, Ramiro Guerrero, informó que hasta diciembre de 2013
lograron resolver 87.000 casos de los 160.000 que estaban pendientes
desde 2005, una carga procesal que la calificó de “herencia” del
anterior Poder Judicial.
Comisiones
Para dar seguimiento al avance en la atención de los juicios
pendientes, el Fiscal General designó comisiones de su despacho con el
objetivo de que verifiquen el trabajo que se realiza en los ministerios
públicos departamentales.
Personal de apoyo judicial, el más procesado
Los procesos disciplinarios abiertos por el Consejo de la Magistratura
en contra de funcionarios tribunales de justicia establecen que el mayor
número de amonestados, multados, suspendidos y destituidos de sus
cargos es el personal de apoyo jurisdiccional, con un total de 280,
frente a 227 casos de jueces y a 13 vocales, aunque los dos últimos
tienen en su contra juicios penales.
De acuerdo con
los datos de la Secretaría de Sala Disciplinaria del Consejo de la
Magistratura, tomados en el periodo de junio de 2012 a octubre de 2014,
nueve vocales fueron amonestados, uno suspendido y tres destituidos. Con
referencia a los jueces, tomando en cuenta el mismo periodo, 44 fueron
amonestados, 65 multados, 109 suspendidos y nueve resultaron destituidos
del Órgano Judicial.
En contraposición, según los
mismos datos estadísticos, esas cifras suben cuando dan cuenta del
personal de apoyo jurisdiccional. Durante ese mismo periodo de tiempo,
amonestaron a 97 personas, multaron a 65, suspendieron a 109 y retiraron
de sus cargos a nueve funcionarios. Respecto a los funcionarios
administrativos, diez fueron amonestados.
En total,
438 servidores judiciales fueron sancionados; de ellos, 160 con una
amonestación, 90 con una multa, 170 con su suspensión y 18 con la
destitución, entre vocales, jueces, personal de apoyo jurisdiccional y
administrativo.
En cuanto a procesos penales seguidos
por el Consejo de la Magistratura en contra de servidores
jurisdiccionales y administrativos, se establece que en el país 209
jueces, 41 vocales, 48 funcionarios de apoyo jurisdiccional y 23
administrativos han sido denunciados penalmente por supuestos delitos en
el ejercicio de sus funciones.
Saturday, October 25, 2014
Fiscal de La Paz aboga por los jueces ciudadanos
El fiscal departamental de La Paz, José Ponce, cuestionó ayer la ley de descongestionamiento de juicios penales. Dijo que los jueces ciudadanos debían participar en casos importantes y no ser excluidos. Advirtió que la norma no ataca al problema actual de la justicia.
Las declaraciones surgen a raíz de la sanción en la Cámara de Diputados, el 21 de octubre, de la Ley 334 (Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal), que tiene como pilares fundamentales la exclusión de los jueces ciudadanos y la eliminación de la audiencia conclusiva en materia penal.
“Soy del criterio de que deberían incorporar a los jueces ciudadanos en casos de relevancia en donde haya una gravedad de hechos, como feminicidio, asesinatos y violaciones, entre otros. Por eso la sociedad tiene que participar activamente, para dar una sanción dentro de los procesos judiciales”, indicó Ponce.
En su criterio, toda ley no es perfecta, sino es perfectible, por lo que las modificaciones al Código de Procedimiento Penal surgen a raíz de las exigencias de las sociedad, pero espera que, a través del tiempo, en la norma se puedan incorporar aspectos positivas como los jueces ciudadanos que hacen un control.
“Es una ley de descongestionamiento únicamente, no va al fondo de los temas, (solo) está pretendiendo dar solución a los conflictos graves que estamos atravesando”, señaló.
Ponce aseguró que muchas personas rechazan ser jueces ciudadanos por diferentes motivos, hecho que provocó también la retardación de justicia en el país, al margen de las audiencias conclusivas, ya que una prueba es que hubo casos que rotaron por toda La Paz, juzgado por juzgado, incluso uno fue a radicar a Oruro por la ausencia de éstos. Sobre las audiencias conclusivas, dijo que existía mucha chicana para dilatar el proceso.
Juez dicta sentencia en menos de 48 horas por un caso en flagrancia
Tras cuatro días de vigencia del Plan Piloto de las Unidades de Flagrancia en La Paz, el Juzgado 12º de Instrucción en lo Penal dictó, en menos de 48 horas, la primera sentencia con privación de libertad en contra de tres personas que cometieron el delito de tentativa de robo agravado.
Los sentenciados Luis Patón, René Manzaneda y Pascual Molina se acogieron a un procedimiento abreviado para delitos flagrantes, tras cometer el delito durante la madrugada del jueves en una galería comercial de la zona de Villa San Antonio de la ciudad de La Paz, según informó el fiscal general, Ramiro Guerrero.
La autoridad remarcó que el trabajo conjunto entre la Fiscalía Especializada de Flagrancia y el Juzgado fue de vital importancia, ya que se logró resolver el caso en menos de 48 horas, luego de que los policías del Grupo de Investigaciones de Casos Especiales (GICE) aprehendieron a los acusados a las 02.30 del jueves y el fallo se dictó ayer.
La autoridad resaltó que el Programa Piloto de Unidades de Flagrancia, recientemente implementado en las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Sucre ya muestra sus primeros resultados, con la premisa de combatir la inseguridad ciudadana y la delincuencia en el país.
Los acusados fueron sorprendidos cuando intentaban ingresar por la fuerza a una galería comercial. Éstos tenían planificado sustraer objetos de valor de las tiendas que están instaladas en el inmueble de Villa San Antonio.
El 20 de octubre, en el lanzamiento del plan piloto, Guerrero aseguró que con la iniciativa se brindará respuestas inmediatas y oportunas a la crisis por la que atraviesa actualmente la justicia, problema que, según la autoridad, es una herencia del sistema colonial. También espera que en tres meses se consolide el plan en todo el país.
Acceso a la justicia
Celeridad
La Unidad de Delitos en Flagrancia es una iniciativa para dar acceso rápido a la justicia, ya que son delitos evidentes y no hay temas que se deban investigar.
Dictan la primera condena por delitos flagrantes
El Juzgado 12vo de Instrucción en lo Penal de la ciudad de La Paz dictó ayer la primera Sentencia Condenatoria, en procedimiento abreviado para delitos flagrantes, en contra de Luis Javier Ramiro Patón Robles, René Manzaneda Yanariko y Pascual Molina Moyo, imponiéndoles la pena de tres años de presidio, por el delito de tentativa de robo agravado, informó el fiscal general Ramiro Guerrero
La máxima autoridad del Ministerio Publico destacó que se logró resolver el caso en menos de 48 horas, tomando en cuenta que los policías del Grupo Operativo Especial (GISE), aprehendieron a los ladrones a las 02:30 del jueves 23, y se dictó sentencia la mañana de ayer, 24 de octubre
La autoridad resaltó que el Programa Piloto de Unidades de Flagrancia, recientemente implementado en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Sucre, está mostrando sus primeros resultados, con la premisa de combatir la inseguridad ciudadana
Patón Robles y Manzaneda Yanariko fueron sorprendidos en flagrancia, cuando intentaban ingresar por la fuerza a una galería comercial ubicada en la zona San Antonio. Los mencionados sentenciados tenían planificado sustraer objetos de valor.
La máxima autoridad del Ministerio Publico destacó que se logró resolver el caso en menos de 48 horas, tomando en cuenta que los policías del Grupo Operativo Especial (GISE), aprehendieron a los ladrones a las 02:30 del jueves 23, y se dictó sentencia la mañana de ayer, 24 de octubre
La autoridad resaltó que el Programa Piloto de Unidades de Flagrancia, recientemente implementado en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Sucre, está mostrando sus primeros resultados, con la premisa de combatir la inseguridad ciudadana
Patón Robles y Manzaneda Yanariko fueron sorprendidos en flagrancia, cuando intentaban ingresar por la fuerza a una galería comercial ubicada en la zona San Antonio. Los mencionados sentenciados tenían planificado sustraer objetos de valor.
Friday, October 24, 2014
TSJ tiene cinco días para aplicar Ley 334
- La Asamblea Legislativa otorgó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un plazo fatal de cinco días hábiles para el efectivo cumplimiento de la Ley 334 de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, bajo responsabilidad de incumplimiento de deberes.
Dicha conminatoria de ley está incorporada en la segunda disposición transitoria, que ordena al Tribunal "emitir los instructivos o circulaciones correspondientes" a todas las instancias que administran justicia.
Asimismo crea una Comisión de Seguimiento y Monitoreo como instancia de decisión y fiscalización del proceso de implementación para el descongestionamiento del sistema penal, la que estará constituida por el Ministerio de Economía, de Justicia, Fiscalía General y presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
La ley que se encuentra en Palacio para su promulgación en las próximas horas, advierte a las autoridades judiciales y del Ministerio Público que el incumplimiento de las disposiciones legales será tipificado como faltas disciplinarias graves y gravísimas sin perjuicio de responsabilidad penal por incumplimiento de deberes.
La nueva normativa tiene el propósito limpiar los juzgados de la retardación de justicia en causas penales, para lo cual también se otorga un plazo de 15 días a los jueces de instrucción penal a conminar a los fiscales de todo el país para que en un plazo de 25 días identifiquen los casos preliminares que estuvieron paralizados hace un año, a fin de que sean publicados antes de su archivo.
Una vez cumplidos ese procedimiento, las víctimas tendrán un plazo de 10 días hábiles para activar el proceso y vencido el tiempo, el Fiscal de Materia dispondrá el archivo de obrados. Si en el plazo de un año computable desde la notificación con el archivo de obrados, el caso no es reactivado, se extinguirá la acción penal de oficio, previa notificación a la víctima.
A la lista de plazos fatales se incorpora la obligación del Consejo de la Magistratura para que en 10 días, designe a los nuevos jueces de instructores en materia penal y jueces de sentencia de las listas obtenidas de convocatorias internas o externas.
Dicha conminatoria de ley está incorporada en la segunda disposición transitoria, que ordena al Tribunal "emitir los instructivos o circulaciones correspondientes" a todas las instancias que administran justicia.
Asimismo crea una Comisión de Seguimiento y Monitoreo como instancia de decisión y fiscalización del proceso de implementación para el descongestionamiento del sistema penal, la que estará constituida por el Ministerio de Economía, de Justicia, Fiscalía General y presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
La ley que se encuentra en Palacio para su promulgación en las próximas horas, advierte a las autoridades judiciales y del Ministerio Público que el incumplimiento de las disposiciones legales será tipificado como faltas disciplinarias graves y gravísimas sin perjuicio de responsabilidad penal por incumplimiento de deberes.
La nueva normativa tiene el propósito limpiar los juzgados de la retardación de justicia en causas penales, para lo cual también se otorga un plazo de 15 días a los jueces de instrucción penal a conminar a los fiscales de todo el país para que en un plazo de 25 días identifiquen los casos preliminares que estuvieron paralizados hace un año, a fin de que sean publicados antes de su archivo.
Una vez cumplidos ese procedimiento, las víctimas tendrán un plazo de 10 días hábiles para activar el proceso y vencido el tiempo, el Fiscal de Materia dispondrá el archivo de obrados. Si en el plazo de un año computable desde la notificación con el archivo de obrados, el caso no es reactivado, se extinguirá la acción penal de oficio, previa notificación a la víctima.
A la lista de plazos fatales se incorpora la obligación del Consejo de la Magistratura para que en 10 días, designe a los nuevos jueces de instructores en materia penal y jueces de sentencia de las listas obtenidas de convocatorias internas o externas.
Gualberto Cusi, magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional “Me arrepiento... esperé otra actitud de los indígenas”
El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Gualberto Cusi confesó a Página Siete que se arrepiente de haber postulado porque las autoridades que se dicen ser indígenas sólo velan por sus intereses y no por aplicar lo que establece la Constitución Política del Estado.
¿Cuántos procesos judiciales tiene en su contra?
Son tres procesos, uno por la Ley del Notariado, el segundo es por el recurso de nulidad que presentó el alcalde de La Paz Luis Revilla. La última me inició Rudy Flores por una aparente contradicción en las sentencias.
Vamos a defendernos en los tres procesos y pelearé por demostrar mi inocencia.
¿Se arrepiente haber postulado al cargo de magistrado del TCP?
Sí, en cierto sentido sí. La verdad, yo esperé otra actitud, otra respuesta del mundo indígena originario campesino pero parece que no somos verdaderos indígenas. No vemos la solidaridad, el ayni, vemos que ellos se han ido más a la cuestión política. En el caso de la justicia me parece que no hay interés de implementar lo que señala la Constitución, sólo velan por sus intereses.
¿Se refiere al Gobierno?
Sí. Pero la actitud del Gobierno no me extraña, todo Gobierno que ve oposición, alguna crítica, siempre actuará así.
¿Se puede cambiar la justicia que tanto fue criticada?
No. Hemos dado pasos atrás en vez de ir adelante.
¿A qué se refiere al decir que la justicia dio pasos atrás?
Por ejemplo, en el caso de la justicia indígena, no es sólo pedir y pedir. Ellos, las autoridades, tienen por si solos construir, consolidar la justicia indígena. Piden recursos al Gobierno, eso es como pedir al patrón plata.
¿El Gobierno no quiere dar recursos para mejorar la justicia?
Por eso el Gobierno olvidó y dejó lo que dispone la Constitución Política del Estado, yo veo difícil que avance o mejore la justicia, por eso dimos pasos atrás.
¿Entonces, cómo cambiar la justicia?
Cuando las autoridades judiciales tomen conciencia y vean que son los actores importantes y no los sujetos pasivos. Ahora está así, creo que este Gobierno es de la derecha. El movimiento indígena reivindicaba y peleaba por sus derechos.
Cuando fue electo usted, se identificaba con el MAS y si es restituido en su cargo, ¿volverá apoyar a este partido?
La verdad, nunca fui del MAS, sólo tuve amigos que fueron diputados, senadores, ministros y en ese sentido era mi relación. Ahora pretender volver al MAS con estos criterios, no. El MAS no es el de los años 2000 o 2005, es otro MAS. Ahora creo que es proimperialista.
Si admiten recurso de Cusi suspenden juicio
El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ruddy Flores, informó que si se admite el recurso de inconstitucionalidad que presentó su colega Gualberto Cusi en contra de la Ley 044 de juicio de responsabilidades se suspenderá el proceso contra los magistrados.
El magistrado Cusi presentó una acción de inconstitucionalidad de la Ley 044, juicio de responsabilidades, señalando que esta ley es inconstitucional.
El recurso fue remitido a la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional y se prevé -dijo Flores- que en esta semana se emitirá el fallo respectivo para la admisión o el rechazo de la acción.
Flores explicó que si es admitida pasará a conocimiento de la sala plena y esta instancia resolverá el fondo del recurso, es decir, determinará si la norma que está siendo impugnada es constitucional o es inconstitucional.
Asimismo, dijo que si se admite la acción de inconstitucionalidad, la Asamblea Legislativa Plurinacional no podrá emitir un fallo final contra las magistradas Soraida Chánez y Ligia Velásquez.
"Si no se admite el juicio corre contra los magistrados”, manifestó Flores.
La Comisión de Admisión del TCP está conformada por los magistrados Rudy Flores, Osvaldo Valencia y Zenón Vacarreza, los dos últimos fueron los suplentes de las magistras Chánez y Velásquez.
HOJA DE VIDA
Inicio Cusi, de origen aymara, nació en Jilatiti Qullana del Territorio Autónomo Indígena de Jesús de Machaca, provincia Ingavi (La Paz).
Profesión Es abogado. Especialidad: Constitucionalista.
Trayectoria Cuando fue electo se identificó con el MAS pero luego lanzó duras críticas.
¿Cuántos procesos judiciales tiene en su contra?
Son tres procesos, uno por la Ley del Notariado, el segundo es por el recurso de nulidad que presentó el alcalde de La Paz Luis Revilla. La última me inició Rudy Flores por una aparente contradicción en las sentencias.
Vamos a defendernos en los tres procesos y pelearé por demostrar mi inocencia.
¿Se arrepiente haber postulado al cargo de magistrado del TCP?
Sí, en cierto sentido sí. La verdad, yo esperé otra actitud, otra respuesta del mundo indígena originario campesino pero parece que no somos verdaderos indígenas. No vemos la solidaridad, el ayni, vemos que ellos se han ido más a la cuestión política. En el caso de la justicia me parece que no hay interés de implementar lo que señala la Constitución, sólo velan por sus intereses.
¿Se refiere al Gobierno?
Sí. Pero la actitud del Gobierno no me extraña, todo Gobierno que ve oposición, alguna crítica, siempre actuará así.
¿Se puede cambiar la justicia que tanto fue criticada?
No. Hemos dado pasos atrás en vez de ir adelante.
¿A qué se refiere al decir que la justicia dio pasos atrás?
Por ejemplo, en el caso de la justicia indígena, no es sólo pedir y pedir. Ellos, las autoridades, tienen por si solos construir, consolidar la justicia indígena. Piden recursos al Gobierno, eso es como pedir al patrón plata.
¿El Gobierno no quiere dar recursos para mejorar la justicia?
Por eso el Gobierno olvidó y dejó lo que dispone la Constitución Política del Estado, yo veo difícil que avance o mejore la justicia, por eso dimos pasos atrás.
¿Entonces, cómo cambiar la justicia?
Cuando las autoridades judiciales tomen conciencia y vean que son los actores importantes y no los sujetos pasivos. Ahora está así, creo que este Gobierno es de la derecha. El movimiento indígena reivindicaba y peleaba por sus derechos.
Cuando fue electo usted, se identificaba con el MAS y si es restituido en su cargo, ¿volverá apoyar a este partido?
La verdad, nunca fui del MAS, sólo tuve amigos que fueron diputados, senadores, ministros y en ese sentido era mi relación. Ahora pretender volver al MAS con estos criterios, no. El MAS no es el de los años 2000 o 2005, es otro MAS. Ahora creo que es proimperialista.
Si admiten recurso de Cusi suspenden juicio
El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ruddy Flores, informó que si se admite el recurso de inconstitucionalidad que presentó su colega Gualberto Cusi en contra de la Ley 044 de juicio de responsabilidades se suspenderá el proceso contra los magistrados.
El magistrado Cusi presentó una acción de inconstitucionalidad de la Ley 044, juicio de responsabilidades, señalando que esta ley es inconstitucional.
El recurso fue remitido a la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional y se prevé -dijo Flores- que en esta semana se emitirá el fallo respectivo para la admisión o el rechazo de la acción.
Flores explicó que si es admitida pasará a conocimiento de la sala plena y esta instancia resolverá el fondo del recurso, es decir, determinará si la norma que está siendo impugnada es constitucional o es inconstitucional.
Asimismo, dijo que si se admite la acción de inconstitucionalidad, la Asamblea Legislativa Plurinacional no podrá emitir un fallo final contra las magistradas Soraida Chánez y Ligia Velásquez.
"Si no se admite el juicio corre contra los magistrados”, manifestó Flores.
La Comisión de Admisión del TCP está conformada por los magistrados Rudy Flores, Osvaldo Valencia y Zenón Vacarreza, los dos últimos fueron los suplentes de las magistras Chánez y Velásquez.
HOJA DE VIDA
Inicio Cusi, de origen aymara, nació en Jilatiti Qullana del Territorio Autónomo Indígena de Jesús de Machaca, provincia Ingavi (La Paz).
Profesión Es abogado. Especialidad: Constitucionalista.
Trayectoria Cuando fue electo se identificó con el MAS pero luego lanzó duras críticas.
Se realizarán juicios en días feriados
La sancionada Ley de Descongestionamiento del Sistema Penal propone que los juicios orales se realicen en horarios extraordinarios, sábados, domingos y feriados, todo con la finalidad de terminar con la mora procesal y la retardación de justicia, explicó el presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío.
“Esta ley establece que los juicios orales se realizará sin interrupciones y se habilita días y horas extraordinarias si es necesario, sábados, domingos y feriados pueden trabajar y con ello va haber una agilización muy grande en el ámbito de descongestionar la justicia”, afirmó Elío.
Agregó que se establece un año como plazo máximo para la conclusión de un proceso judicial, para lo cual el juez cautelar tiene la atribución de conminar al fiscal para que entregue el informe en conclusiones y empezar la demanda porque “no puede quedarse en el Ministerio Público durmiendo el sueño de los justos”.
Las reformas al Código de Procedimiento Penal señalan que aquellos procesos “sin movimiento” durante un año, serán archivados, además que los fiscales tendrán plazo de 90 días para que las demandas iniciadas hasta el 31 de diciembre de 2013, tengan informe conclusivo, después de este plazo, los fiscales tendrán cinco días para presentar dicho informe en todos los nuevos casos.
Elío agregó que aquellos operadores de justicia que no cumplan con la nueva normativa, serán pasibles a sanciones disciplinarias, administrativas y penales, dependiendo de cada situación.
“Esta ley establece que los juicios orales se realizará sin interrupciones y se habilita días y horas extraordinarias si es necesario, sábados, domingos y feriados pueden trabajar y con ello va haber una agilización muy grande en el ámbito de descongestionar la justicia”, afirmó Elío.
Agregó que se establece un año como plazo máximo para la conclusión de un proceso judicial, para lo cual el juez cautelar tiene la atribución de conminar al fiscal para que entregue el informe en conclusiones y empezar la demanda porque “no puede quedarse en el Ministerio Público durmiendo el sueño de los justos”.
Las reformas al Código de Procedimiento Penal señalan que aquellos procesos “sin movimiento” durante un año, serán archivados, además que los fiscales tendrán plazo de 90 días para que las demandas iniciadas hasta el 31 de diciembre de 2013, tengan informe conclusivo, después de este plazo, los fiscales tendrán cinco días para presentar dicho informe en todos los nuevos casos.
Elío agregó que aquellos operadores de justicia que no cumplan con la nueva normativa, serán pasibles a sanciones disciplinarias, administrativas y penales, dependiendo de cada situación.
Thursday, October 23, 2014
Tribunales de sentencia solo tendrán tres jueces técnicos
La Ley de Descongestionamiento y Efectivización del sistema procesal Penal, que elimina a los jueces ciudadanos y solo permite a tres jueces técnicos en los tribunales de sentencia, también reduce a tres las ocasiones en las que los abogados pueden recusar a los magistrados y establece que la detención preventiva no puede exceder del tiempo mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave.
La norma plantea estos tres cambios fundamentales en el Código de Procedimiento Penal. En principio, modifica el artículo 52, que ahora establece que “los tribunales de sentencia estarán integrados por tres jueces técnicos, que serán competentes para conocer la sustentación y resolución del juicio en todos los delitos de acción pública”, con ese texto elimina y saca de vigencia a los jueces ciudadanos.
La ley sancionada el martes por la Cámara de Diputados señala en el artículo 319 que las recusaciones a jueces por las partes en un proceso solo podrán realizarse en una ocasión, pero en tres momentos distintos del juicio: “En la preparatoria, dentro de las tres semanas de haber asumido el o la jueza, conocimiento de la causa; en la etapa del juicio, dentro del término establecido para los actos preparatorios de la audiencia, y en los recursos, dentro del plazo para expresar y contestar agravios”.
Con respecto al artículo 239, de cesación a la detención preventiva, establece cuatro causales: “cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundamentaron; cuando la duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga”.
Y tercero, “cuando exceda 12 meses sin acusación o 24 meses sin sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del estado, violación y feminicidio, y en caso de enfermedad terminal
La norma plantea estos tres cambios fundamentales en el Código de Procedimiento Penal. En principio, modifica el artículo 52, que ahora establece que “los tribunales de sentencia estarán integrados por tres jueces técnicos, que serán competentes para conocer la sustentación y resolución del juicio en todos los delitos de acción pública”, con ese texto elimina y saca de vigencia a los jueces ciudadanos.
La ley sancionada el martes por la Cámara de Diputados señala en el artículo 319 que las recusaciones a jueces por las partes en un proceso solo podrán realizarse en una ocasión, pero en tres momentos distintos del juicio: “En la preparatoria, dentro de las tres semanas de haber asumido el o la jueza, conocimiento de la causa; en la etapa del juicio, dentro del término establecido para los actos preparatorios de la audiencia, y en los recursos, dentro del plazo para expresar y contestar agravios”.
Con respecto al artículo 239, de cesación a la detención preventiva, establece cuatro causales: “cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundamentaron; cuando la duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga”.
Y tercero, “cuando exceda 12 meses sin acusación o 24 meses sin sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del estado, violación y feminicidio, y en caso de enfermedad terminal
Wednesday, October 22, 2014
Sancionan ley que anula a los jueces ciudadanos
La Cámara de Diputados sancionó ayer la Ley de Descongestionamiento del Sistema Procesal Penal, que elimina, entre otros aspectos, a los jueces ciudadanos y modifica varios artículos del actual Código de Procedimiento Penal. La normativa fue refrendada luego de las modificaciones que realizó el Senado la pasada semana.
Con esta ley, se elimina a los jueces ciudadanos de la conformación de los Tribunales de Sentencia, que según el Código Penal y la Ley del Órgano Judicial eran tres y participaban junto a otros dos jueces técnicos en las decisiones judiciales.
Ayer en la sesión de Diputados, el presidente de la Comisión de Justicia Plural, Juan Carlos Cejas, argumentó que la demora en la notificación y las excusas que presentaban los ciudadanos, llamados a ser jueces, retrasaban los procesos judiciales. Ahora son solo tres jueces técnicos, los que asumirán determinaciones.
También se eliminan las audiencias conclusivas. El argumento fue que en esta etapa se dilata el proceso por incidentes y excepciones “infundadas” (chicanerías). Pero la ley no prevé sanciones a abogados que incurran en este recurso.
Las vacaciones en el Órgano Judicial ahora serán individuales y no colectivas. Además se incluye la cesación a la detención preventiva para los privados de libertad con alguna enfermedad terminal. Luego de su promulgación entrará en vigencia hasta que se sancione el nuevo Código Procesal Penal.
TSJ aplica plan para reducir juicios
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ejecuta desde ayer, en La Paz, el plan de descongestionamiento de la mora procesal. Primero recolectará información del número de procesos para que jueces de provincia ayuden donde haya más juicios.
El presidente del TSJ, Jorge von Borries, explicó que este plan ya se puso en vigencia en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca. Ayer se dio inicio en La Paz y luego se lo implementará en Oruro y Tarija, para después llegar a todo el país.
“Se está haciendo una recolección de datos con la coordinación del Consejo de la Magistratura, por lo que se determinó que los jueces de provincias lleguen a la ciudad de La Paz y El Alto a ayudar con las audiencias conclusivas y otras que se convirtieron en un cuello de botella”, explicó la presidenta de la Sala Penal del TSJ, Maritza Suntura.
Aseguró que, en el plan, también ayudarán los jueces técnicos que conforman un tribunal de sentencia, los mismos que al margen de su labor, ayudarán a quienes tengan más juicios.
El plan estará vigente por tres meses, hasta el 31 de diciembre. Según Suntura se inició con un recojo de datos en La Paz y El Alto, donde se verificó que existen 1.928 causas inventariadas a la fecha, 148 audiencias conclusivas con detenidos, 202 sin detenidos, 850 procesos y un total de 567 detenidos preventivos.
Magistradas enjuiciadas recurren a DDHH
Las magistradas suspendidas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Soraida Chánez y Ligia Velásquez acudirán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras la instauración del juicio de responsabilidades en su contra en la Cámara Alta, por la presunta comisión de tres delitos.
¿Vulneración de derechos? "Hemos acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), estamos esperando agotar vía para luego acudir a instancias internacionales como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos", sostuvo Chánez.
Ambas magistradas son acusadas de haber cometido los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, prevaricato e incumplimiento de deberes, por emitir el Auto Constitucional 0106/2014-CA del 13 de marzo de 2014, que puso en suspenso la aplicación de la Ley del Notariado Plurinacional.
Chánez apuntó que se envió en semanas pasadas la denuncia legal sobre el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que se estaría "vulnerando sus derechos" como autoridades del TCP y además de la Constitución Política del Estado (CPE).
Desmayos. Además, informó que de momento solo se espera el fallo de la CIDH, para que sea remitido al sistema de la Corte Interamericana de DDHH.
"Es más, la Comisión Internacional de Juristas ya los ha señalado y conminado (Senado y Diputados) que se anule este proceso y deje sin efecto la suspensión", sostuvo.
Ayer en la mañana debió desarrollarse la audiencia del juicio de responsabilidades en la Cámara de Senadores; sin embargo, fue suspendida tras una descompensación de salud que sufrió la magistrada Ligia Velásquez, en instalaciones del Palacio Legislativo.
La norma. La Ley 044 de Juzgamiento a Altas Autoridades sustenta su existencia en los artículos 159, 160, 161 y 184 de la Constitución Política del Estado (CPE), la norma regula la sustanciación y formas de resolución de los juicios por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones contra la Presidenta o Presidente y/o la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado Plurinacional y los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público.
¿Vulneración de derechos? "Hemos acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), estamos esperando agotar vía para luego acudir a instancias internacionales como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos", sostuvo Chánez.
Ambas magistradas son acusadas de haber cometido los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, prevaricato e incumplimiento de deberes, por emitir el Auto Constitucional 0106/2014-CA del 13 de marzo de 2014, que puso en suspenso la aplicación de la Ley del Notariado Plurinacional.
Chánez apuntó que se envió en semanas pasadas la denuncia legal sobre el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que se estaría "vulnerando sus derechos" como autoridades del TCP y además de la Constitución Política del Estado (CPE).
Desmayos. Además, informó que de momento solo se espera el fallo de la CIDH, para que sea remitido al sistema de la Corte Interamericana de DDHH.
"Es más, la Comisión Internacional de Juristas ya los ha señalado y conminado (Senado y Diputados) que se anule este proceso y deje sin efecto la suspensión", sostuvo.
Ayer en la mañana debió desarrollarse la audiencia del juicio de responsabilidades en la Cámara de Senadores; sin embargo, fue suspendida tras una descompensación de salud que sufrió la magistrada Ligia Velásquez, en instalaciones del Palacio Legislativo.
La norma. La Ley 044 de Juzgamiento a Altas Autoridades sustenta su existencia en los artículos 159, 160, 161 y 184 de la Constitución Política del Estado (CPE), la norma regula la sustanciación y formas de resolución de los juicios por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones contra la Presidenta o Presidente y/o la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado Plurinacional y los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público.
Sancionan ley para descongestionar la justicia
El Pleno de la Cámara de Diputados sancionó y remitió al Órgano Ejecutivo la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, cuyo objetivo es implementar procedimientos para agilizar la tramitación de las causas penales, reducir la retardación de justicia y garantizar una justicia pronta, oportuna y eficaz.
El Proyecto, que contiene nueve artículos, cuatro disposiciones transitorias, tres disposiciones finales y una disposición derogatoria, propone la modificación a dos artículos de la Ley del Órgano Judicial y más de una veintena del Código de Procedimiento Penal
El diputado Juan Carlos Cejas, presidente de la Comisión de Justicia Plural, informó al Pleno sobre cada una de las modificaciones al procedimiento penal y dijo que la aplicación de éstas coadyuvará a la administración de justicia con celeridad y descongestionará la actual carga procesal.
El artículo nueve de la presente ley señala que los Tribunales de Sentencia estarán integrados solo por jueces técnicos, quienes serán competente para conocer la sustanciación y resolución del juicio a todos los delitos de acción pública, con lo que se estaría suprimiendo la composición de jueces ciudadanos como establece el artículo 60 de la Ley del Órgano Judicial.
Se modifica también el parágrafo I del artículo 126 de la Ley del Órgano Judicial y se establece que los operadores de justicia gozarán de vacación anual individual de 25 días calendario, que serán reguladas y programadas por el Tribunal Supremo de Justicia. Con esto se anula la vacación colectiva anual.
El Tribunal dictará resolución declarando fundada o infundada las excepciones o incidentes, según corresponda. Cuando éstas sean manifiestamente improcedentes, el juez deberá rechazarlas en el plazo de 24 horas. Si éstas son declaradas dilatorias o maliciosas, el juez -previa advertencia- impondrá al abogado una sanción pecuniaria de dos salarios mínimos nacionales.
El Proyecto, que contiene nueve artículos, cuatro disposiciones transitorias, tres disposiciones finales y una disposición derogatoria, propone la modificación a dos artículos de la Ley del Órgano Judicial y más de una veintena del Código de Procedimiento Penal
El diputado Juan Carlos Cejas, presidente de la Comisión de Justicia Plural, informó al Pleno sobre cada una de las modificaciones al procedimiento penal y dijo que la aplicación de éstas coadyuvará a la administración de justicia con celeridad y descongestionará la actual carga procesal.
El artículo nueve de la presente ley señala que los Tribunales de Sentencia estarán integrados solo por jueces técnicos, quienes serán competente para conocer la sustanciación y resolución del juicio a todos los delitos de acción pública, con lo que se estaría suprimiendo la composición de jueces ciudadanos como establece el artículo 60 de la Ley del Órgano Judicial.
Se modifica también el parágrafo I del artículo 126 de la Ley del Órgano Judicial y se establece que los operadores de justicia gozarán de vacación anual individual de 25 días calendario, que serán reguladas y programadas por el Tribunal Supremo de Justicia. Con esto se anula la vacación colectiva anual.
El Tribunal dictará resolución declarando fundada o infundada las excepciones o incidentes, según corresponda. Cuando éstas sean manifiestamente improcedentes, el juez deberá rechazarlas en el plazo de 24 horas. Si éstas son declaradas dilatorias o maliciosas, el juez -previa advertencia- impondrá al abogado una sanción pecuniaria de dos salarios mínimos nacionales.
Senado posterga el juicio a magistradas para noviembre
El pleno de la Cámara de Senadores determinó postergar el inicio del juicio de responsabilidades a las magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ligia Velásquez y Zoraida Chánez, para el próximo 4 de noviembre, recomendando la asistencia de ambas procesadas.
La suspensión fue asumida debido a la ausencia de la magistrada Velásquez, quien en horas de la mañana sufrió un desmayo en las gradas del edificio legislativo y no asistió a la audiencia de apertura del juicio.
La Presidencia de la Cámara Alta convocó a sesión a las 10.00 horas, pero la suspendió para las 14.30 debido al desmayo que sufrió Velásquez al ingresar a la sesión. En horas de la tarde, al promediar las 16.30, se tomó la decisión de postergarla hasta el 4 de noviembre por la ausencia de Velásquez. No hubo nadie que justifique la ausencia de la magistrada.
El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Sejas, que funge como Ministerio Público en el proceso, anticipó que solicitará la declaratoria de rebeldía para Velásquez, si es que vuelve a ausentarse de las audiencias.
Excusas aceptadas
El Cuerpo Colegiado encargado de las excusas y recusaciones, presentó su informe y declaró legal la excusa solicitada por los senadores de Convergencia Nacional (CN): Centa Reck, Maria Elena Méndez, Lenny Zaconeta y Germán Antelo, quienes se excusaron de participar en el juicio, ya que presentaron una demanda contra varios diputados en la justicia ordinaria, por este caso.
acusación por tres delitos
Velásquez y Chánez son acusadas por la presumible comisión de los delitos de Prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. Las magistradas determinaron la suspensión de la aplicación de la Ley del Notariado a sola aceptación de la demanda de inconstitucionalidad.
Diez años de cárcel
El Ministerio Público, conformado por la Comisión de Justicia Plural de Diputados, solicitó 10 años de cárcel para las magistradas involucradas en el caso.
Melgar: Excusas son una cobardía
Para Guido Melgar, abogado de la magistrada Chánez, la excusa presentada por los senadores de oposición, es “un cobardía” y dan un ejemplo negativo de cómo deben actuar los opositores.
La suspensión fue asumida debido a la ausencia de la magistrada Velásquez, quien en horas de la mañana sufrió un desmayo en las gradas del edificio legislativo y no asistió a la audiencia de apertura del juicio.
La Presidencia de la Cámara Alta convocó a sesión a las 10.00 horas, pero la suspendió para las 14.30 debido al desmayo que sufrió Velásquez al ingresar a la sesión. En horas de la tarde, al promediar las 16.30, se tomó la decisión de postergarla hasta el 4 de noviembre por la ausencia de Velásquez. No hubo nadie que justifique la ausencia de la magistrada.
El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Sejas, que funge como Ministerio Público en el proceso, anticipó que solicitará la declaratoria de rebeldía para Velásquez, si es que vuelve a ausentarse de las audiencias.
Excusas aceptadas
El Cuerpo Colegiado encargado de las excusas y recusaciones, presentó su informe y declaró legal la excusa solicitada por los senadores de Convergencia Nacional (CN): Centa Reck, Maria Elena Méndez, Lenny Zaconeta y Germán Antelo, quienes se excusaron de participar en el juicio, ya que presentaron una demanda contra varios diputados en la justicia ordinaria, por este caso.
acusación por tres delitos
Velásquez y Chánez son acusadas por la presumible comisión de los delitos de Prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. Las magistradas determinaron la suspensión de la aplicación de la Ley del Notariado a sola aceptación de la demanda de inconstitucionalidad.
Diez años de cárcel
El Ministerio Público, conformado por la Comisión de Justicia Plural de Diputados, solicitó 10 años de cárcel para las magistradas involucradas en el caso.
Melgar: Excusas son una cobardía
Para Guido Melgar, abogado de la magistrada Chánez, la excusa presentada por los senadores de oposición, es “un cobardía” y dan un ejemplo negativo de cómo deben actuar los opositores.
Tuesday, October 21, 2014
Jueces "prestados" coadyuvarán hasta terminar la carga procesal
Los tres jueces cautelares de Corque, Sabaya y Eucaliptus que serán transferidos temporalmente al distrito judicial de Oruro, para coadyuvar en la atención de los procesos retardados, deberán permanecer en esas funciones, hasta terminar la carga procesal rezagada.
Así expresó el decano del Consejo de la Magistratura, Roger Triveño Herbas, que llegó a Oruro para cooperar en los detalles y gestionar el traslado de los jueces en los próximos días.
"El Consejo de la Magistratura determinó que mi persona como decano me apersone a Oruro con la política de avanzar en el descongestionamiento de los juzgados cautelares y de instrucción de materia penal. Oruro tenía cinco juzgados cautelares, pero estamos incrementando tres más, en total ahora tendría ocho juzgados de instrucción cautelar con la finalidad de que no exista más mora procesal.
Esto es provisional hasta terminar los procesos que están retardados para que los nuevos jueces tengan mayor facilidad y no haya la mora procesal", expresó Triveño. Destacó que lo que se quiere es atacar de frente la retardación de justicia, con los recursos que tiene el Órgano Judicial.
"Tenemos que atacar frontalmente lo que significa la retardación de justicia y la mora procesal, este trabajo se efectúa con la finalidad del cambio de actitud que tanto nuestro presidente nos indica e impulsa. Hay que cambiar la cara de la justicia. Bolivia necesita de mejores autoridades que impartan justicia, de que tengamos y hagamos un esfuerzo para que no exista más mora procesal y sobre todo se haga justicia en Bolivia", reiteró.
"Esto es provisional, los juzgados tendrán su juez, no se va a paralizar la impartición de justicia en estos juzgados (provinciales), solo que están viniendo a ayudar a los juzgados cautelares que necesitan trabajo. No se está dejando a estas provincias sin juez, siguen, solo están viniendo a coadyuvar", finalizó.
Así expresó el decano del Consejo de la Magistratura, Roger Triveño Herbas, que llegó a Oruro para cooperar en los detalles y gestionar el traslado de los jueces en los próximos días.
"El Consejo de la Magistratura determinó que mi persona como decano me apersone a Oruro con la política de avanzar en el descongestionamiento de los juzgados cautelares y de instrucción de materia penal. Oruro tenía cinco juzgados cautelares, pero estamos incrementando tres más, en total ahora tendría ocho juzgados de instrucción cautelar con la finalidad de que no exista más mora procesal.
Esto es provisional hasta terminar los procesos que están retardados para que los nuevos jueces tengan mayor facilidad y no haya la mora procesal", expresó Triveño. Destacó que lo que se quiere es atacar de frente la retardación de justicia, con los recursos que tiene el Órgano Judicial.
"Tenemos que atacar frontalmente lo que significa la retardación de justicia y la mora procesal, este trabajo se efectúa con la finalidad del cambio de actitud que tanto nuestro presidente nos indica e impulsa. Hay que cambiar la cara de la justicia. Bolivia necesita de mejores autoridades que impartan justicia, de que tengamos y hagamos un esfuerzo para que no exista más mora procesal y sobre todo se haga justicia en Bolivia", reiteró.
"Esto es provisional, los juzgados tendrán su juez, no se va a paralizar la impartición de justicia en estos juzgados (provinciales), solo que están viniendo a ayudar a los juzgados cautelares que necesitan trabajo. No se está dejando a estas provincias sin juez, siguen, solo están viniendo a coadyuvar", finalizó.
Funcionarios judiciales suspendidos no pueden recuperar su trabajo
La suspensión en reiteradas oportunidades de la sesión de Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia, hasta la fecha impide el retorno de 18 funcionarios, entre secretarios y actuarios, varones y mujeres, que fueron suspendidos de sus funciones en mayo del 2013 y que consiguieron que dicha determinación sea anulada desde el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Debido a que consideraron una medida desatinada el haberlos separado de las funciones que cumplían pese a que era a través de un acuerdo, los afectados realizaron las gestiones correspondientes para recuperar sus trabajos, es así que presentaron un recurso de nulidad ante el Tribunal Constitucional que les dio la razón fundamentada, emitiendo la sentencia constitucional Plurinacional 0653/2014 a su favor.
El documento detalla: la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional resuelve declarar: fundado el recurso directo de nulidad formulado por los recurrentes y en consecuencia disponer la nulidad de acuerdo de Sala Plena 024/B/2013…y sin efecto los memorándum de cesación de funciones entregado a los recurrentes.
El documento fue presentado a presidencia del Tribunal Departamental de Justicia y al pleno de la Sala Plena, constituida por los vocales, quienes deberían dar curso, previa revisión y análisis, pero las suspensiones de las sesiones complican el panorama.
Consultado sobre el particular, el decano en ejercicio de la presidencia, Bernardo Bernal, detalló que las suspensiones de las sesiones de Sala Plena se justifican por las recargadas funciones que tienen los vocales, en algunos casos audiencias que no pueden ser suspendidas, pero reconoció que el caso de los funcionarios que piden su restitución es uno de los puntos importantes a tratar.
"Acompañaron con un memorial también dirigido a presidencia y a Sala Plena y naturalmente como está dirigido a Sala Plena es que se derivó para que se determine lo que en derecho corresponde, ese es el camino procedimental que se efectuó y es el estado en que se hizo, no es que haya una negativa por parte del Tribunal con relación a este aspecto de petición, no hay negativa, ni observancia solamente que se dispuso lo que corresponde", afirmó la autoridad.
Afirmó que en algunas oportunidades, las sesiones se suspendieron por asuntos de trabajo y tampoco se pudo elegir al presidente en ejercicio, otro punto importante que queda pendiente hasta que se reanude las sesiones.
Debido a que consideraron una medida desatinada el haberlos separado de las funciones que cumplían pese a que era a través de un acuerdo, los afectados realizaron las gestiones correspondientes para recuperar sus trabajos, es así que presentaron un recurso de nulidad ante el Tribunal Constitucional que les dio la razón fundamentada, emitiendo la sentencia constitucional Plurinacional 0653/2014 a su favor.
El documento detalla: la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional resuelve declarar: fundado el recurso directo de nulidad formulado por los recurrentes y en consecuencia disponer la nulidad de acuerdo de Sala Plena 024/B/2013…y sin efecto los memorándum de cesación de funciones entregado a los recurrentes.
El documento fue presentado a presidencia del Tribunal Departamental de Justicia y al pleno de la Sala Plena, constituida por los vocales, quienes deberían dar curso, previa revisión y análisis, pero las suspensiones de las sesiones complican el panorama.
Consultado sobre el particular, el decano en ejercicio de la presidencia, Bernardo Bernal, detalló que las suspensiones de las sesiones de Sala Plena se justifican por las recargadas funciones que tienen los vocales, en algunos casos audiencias que no pueden ser suspendidas, pero reconoció que el caso de los funcionarios que piden su restitución es uno de los puntos importantes a tratar.
"Acompañaron con un memorial también dirigido a presidencia y a Sala Plena y naturalmente como está dirigido a Sala Plena es que se derivó para que se determine lo que en derecho corresponde, ese es el camino procedimental que se efectuó y es el estado en que se hizo, no es que haya una negativa por parte del Tribunal con relación a este aspecto de petición, no hay negativa, ni observancia solamente que se dispuso lo que corresponde", afirmó la autoridad.
Afirmó que en algunas oportunidades, las sesiones se suspendieron por asuntos de trabajo y tampoco se pudo elegir al presidente en ejercicio, otro punto importante que queda pendiente hasta que se reanude las sesiones.
Denuncian injerencia política en el proceso de 2 magistradas
Hoy comienza el juicio de responsabilidades contra las magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Soraida Rosario Chánez y Ligia Mónica Velásquez, por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, prevaricato e incumplimiento de deberes; no obstante la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) denunció injerencia política en la justicia del país.
"Vamos a cumplir ya se ha notificado a todas las partes al Ministerio Público que lo conforma la Cámara de Diputados a las magistradas”, explicó el presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas.
El 13 de marzo, ambas magistradas, además de su similar Gualberto Cusi, en su condición de miembros de la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional, dictaron un Auto Constitucional que suspendió la aplicación de la Ley 483, del Notariado Plurinacional, lo que se constituyó en una violación de las normas legales, lo que les valió el inicio de un proceso.
Sin embargo, la CIJ, con sede en Ginebra, Suiza, ha concluido que el juicio penal-político, que se pretende instalar hoy en el Senado, constituye "una ofensa, una situación indignante” y una violación flagrante a los pactos y convenciones sobre derechos civiles y humanos suscritos por el Estado, informaron Ligia Velásquez, Soraida Chánez y Gualberto Cusi, magistrados procesados en el Legislativo Plurinacional.
"La Comisión Internacional Juristas, me ha hecho llegar una copia de la carta dirigida al Órgano Legislativo boliviano y un análisis técnico sobre la situación”, declaró Velásquez.
Rojas dijo que ya se notificaron a las dos magistradas y a otras personas que forman el Tribunal, en el marco del proceso que inició la Asamblea Legislativa.
El magistrado Cusi observó una serie de irregularidades y pidió al Comité resolver todos los incidentes que presentaron los abogados de su defensa antes de continuar con este proceso.
Velásquez afirmó que la parte conclusiva del informe de la CIJ señala que "si la Asamblea Legislativa Plurinacional no detiene estos procedimientos contra los magistrados Gualberto Cusi Mamani, Soraida Rosario Chánez Chire y Ligia Mónica Velásquez Castaños, cometería una violación de los artículos 14 del PIDCP y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Asimismo, la magistrada Chánez Chire señaló ayer a los medios de comunicación que "la CIJ insta al Estado boliviano a inmediatamente: anular o dejar sin efecto los procedimientos penales contra los magistrados; poner fin a la suspensión de funciones de los magistrados y a cesar cualquier otra forma de injerencia en la independencia del poder judicial”.
El proceso
Cusi El Comité de Justicia Plural de la Cámara de Diputados remitió el pasado miércoles a la Comisión del Ministerio Público de la Cámara de Diputados, el informe del proceso en contra del Magistrado Gualberto Cusi.
Denuncia El presidente del Comité de Justicia Plural, Wilfredo Calani, lamentó la pasada semana que el magistrado Gualberto Cusi presente "chicanerías" para dilatar el proceso investigativo en su contra. A pesar de estos recursos advirtió que las declaraciones de la autoridad judicial se realizarán de cualquier manera.
Contraparte Cusi observó una serie de irregularidades y pidió al Comité resolver todos los incidentes que presentaron los abogados.
"Vamos a cumplir ya se ha notificado a todas las partes al Ministerio Público que lo conforma la Cámara de Diputados a las magistradas”, explicó el presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas.
El 13 de marzo, ambas magistradas, además de su similar Gualberto Cusi, en su condición de miembros de la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional, dictaron un Auto Constitucional que suspendió la aplicación de la Ley 483, del Notariado Plurinacional, lo que se constituyó en una violación de las normas legales, lo que les valió el inicio de un proceso.
Sin embargo, la CIJ, con sede en Ginebra, Suiza, ha concluido que el juicio penal-político, que se pretende instalar hoy en el Senado, constituye "una ofensa, una situación indignante” y una violación flagrante a los pactos y convenciones sobre derechos civiles y humanos suscritos por el Estado, informaron Ligia Velásquez, Soraida Chánez y Gualberto Cusi, magistrados procesados en el Legislativo Plurinacional.
"La Comisión Internacional Juristas, me ha hecho llegar una copia de la carta dirigida al Órgano Legislativo boliviano y un análisis técnico sobre la situación”, declaró Velásquez.
Rojas dijo que ya se notificaron a las dos magistradas y a otras personas que forman el Tribunal, en el marco del proceso que inició la Asamblea Legislativa.
El magistrado Cusi observó una serie de irregularidades y pidió al Comité resolver todos los incidentes que presentaron los abogados de su defensa antes de continuar con este proceso.
Velásquez afirmó que la parte conclusiva del informe de la CIJ señala que "si la Asamblea Legislativa Plurinacional no detiene estos procedimientos contra los magistrados Gualberto Cusi Mamani, Soraida Rosario Chánez Chire y Ligia Mónica Velásquez Castaños, cometería una violación de los artículos 14 del PIDCP y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Asimismo, la magistrada Chánez Chire señaló ayer a los medios de comunicación que "la CIJ insta al Estado boliviano a inmediatamente: anular o dejar sin efecto los procedimientos penales contra los magistrados; poner fin a la suspensión de funciones de los magistrados y a cesar cualquier otra forma de injerencia en la independencia del poder judicial”.
El proceso
Cusi El Comité de Justicia Plural de la Cámara de Diputados remitió el pasado miércoles a la Comisión del Ministerio Público de la Cámara de Diputados, el informe del proceso en contra del Magistrado Gualberto Cusi.
Denuncia El presidente del Comité de Justicia Plural, Wilfredo Calani, lamentó la pasada semana que el magistrado Gualberto Cusi presente "chicanerías" para dilatar el proceso investigativo en su contra. A pesar de estos recursos advirtió que las declaraciones de la autoridad judicial se realizarán de cualquier manera.
Contraparte Cusi observó una serie de irregularidades y pidió al Comité resolver todos los incidentes que presentaron los abogados.
Monday, October 20, 2014
Aumentan los jueces sin resolver la mora
Parches y buenas intenciones. Coinciden expertos en derechos para calificar el incremento de jueces en los distritos judiciales con la intención de agilizar las causas de los detenidos preventivos en el territorio nacional.
Medidas ejecutadas en los tribunales departamentales de Justicia e implementadas por el Consejo de la Magistratura.
Según Aida Martínez, asesora de la Magistratura, sostuvo que el plan se comenzó a implementar de acuerdo a los lugares donde haya mayor carga procesal.
Por eso es que el plan piloto se lanzó en Santa Cruz y Cochabamba y gradualmente se aplicará en los otros distritos del país, pero hasta el 31 de diciembre de este año por cuestiones presupuestarias. La funcionaria del Consejo de la Magistratura informó que ya empezó esta semana en los otros departamentos, como ser la implementación de jueces y vocales en materia penal, además del relevamiento de las causas con detenidos preventivos.
“Ayudará a promover gradualmente el despacho de causas, pero no depende de la decisión judicial solamente, sino de aquellas que tienen plazos vencidos y que el fiscal cumpla con emitir sus requerimientos”, expresó la jurista.
Ante estas implementaciones, surgen la lluvia de críticas de los expertos en leyes, al mencionar que estas medidas no solucionan los verdaderos problemas estructurales del Poder Judicial.
Aspirina para enfermedad terminal. El exfiscal del Distrito, William Herrera, comentó que la implementación de nuevos administradores de justicia, es como “dar aspirina a un paciente con una enfermedad terminal”.
“Es una buena intención, pero el problema es mucho más estructural y más gordo de lo que aparenta”, afirmó Herrera.
El experto en materia penal, considera de que la temática hay que analizarla de manera integral que abarca el problema económico e institucional, como es el caso de una verdadera carrera judicial.
Sumado a ello, se debe complementar con la modificación de normas legales y comportamientos de los protagonistas. Ahora advirtió “el problema no se resuelve con una ley corta, porque hubo muchas leyes largas que no han dado solución, esto porque falta voluntad política”.
El problema es la falta de presupuesto. Mientras que el director del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Saúl Paniagua, dijo que el problema radica en la falta de presupuesto asignado al Órgano Judicial del Estado.
Mencionó que la carencia de dinero, limita la aplicación de gestión, es lo que limita el ejercicio y la aplicación debida de la Justicia.
Esta solución parche, explicó Paniagua, “es ante la falta de dinero, limita la contratación de más cantidad de personal humano, como ser secretarios, auxiliares y diligencieros, entre otros funcionarios, porque no hay el dinero suficiente”. Además de la limitación del Poder Judicial, se suma la ingerencia del Poder Ejecutivo frenando su autonomía de gestión, por la reducida asignación de recursos.
Se implementó antes y fracasó. En esa línea, el penalista Alejandro Colanzi, recordó que hace un tiempo atrás se implementó un plan similar y fracasó, por ello lo considera un simple parche a la grave enfermedad que padece la justicia en Bolivia.
“En esa oportunidad desdoblaron a los jueces técnicos con el fin de atender la agilización de los temas cautelares, pero después de año y medio se dieron cuenta que no resultó”, explicó.
Colanzi dijo que son simples anuncios para calmar un poco la creciente opinión negativa del Poder Judicial en Bolivia.
El abogado aclaró que el tema judicial es la brasa más candente del Gobierno de Bolivia, porque ha sido evidente el determinismo del Palacio Quemado sobre el Poder Judicial.
Sugiere una transformación profunda de la justicia y no solamente desde la retardación, sino de la reformulación del Código Penal y los códigos de Procedimiento Penal y Civil, que inviabilicen que un juez y un fiscal puedan alargar plazos en las investigaciones.
Coordinación entre jueces y fiscales. Asimismo, el expresidente del Colegio de Abogados, Marcelo Arrázola, considera que si bien es necesario la implementación de jueces, pero es vital una correcta coordinación con el Ministerio Público y la Policía.
Por lo tanto, dijo que el esfuerzo que haga el Consejo de la Magistratura contratando jueces cautelares, debe ser correspondido por la Fiscalía, para poder bajar de manera sustancial la mora procesal en el país.
Caso contrario, si uno de los engranajes no funcionan, impedirá la celeridad del proceso, que al final de cuentas, eso es lo que busca tanto el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Parches que no solucionan nada. En esa línea, el decano de la Facultad de Derecho de la Udabol, Fernando Cuéllar, dijo que el incremento de administradores de justicia en los nueve distritos son parches que no solucionan la crisis del Poder Judicial.
“No se resuelve el retardo de justicia el aumentar 15 o 20 jueces o cambiando de un lugar a otro, porque inclusive eso raya en la ilegalidad, porque alguna autoridad puede plantear alguna nulidad o algún recurso constitucional”, afirmó Cuéllar. Manifestó que aparte de la designación de más juzgadores, deben tener los medios necesarios, instrumentos e instalaciones para poder desarrollar su trabajo. En coincidencia con Arrázola, dijo que debe existir mejor coordinación entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía nacional. Recalcó que si no se avanza en la investigación por parte de los efectivos del orden y los fiscales, al llegar al juez del cuadernillo procesal, es muy probable que el caso se caiga.
"La implementación de jueces es como darle aspirina a un paciente con alguna enfermedad terminal, tiene buenas intenciones, pero el problema es más estructural”.
William Herrera
Exfiscal de distrito
"El problema radica en la falta de presupuesto que debe ser asignado al Órgano Judicial, ya que la falta de dinero limita la carencia de gestión”.
Saúl Paniagua
Director del colegio de abogados de SCZ
"Hace un tiempo atrás se implementó un plan similar y fracasó, por ello lo considero un simple parche a la grave enfermedad que padece la justicia”.
Alejandro Colanzi
Penalista
Ley 025
Principios básicos del Órgano Judicial en el territorio nacional
LEY 025. ARTÍCULO 3.
Los principios que sustentan el Órgano Judicial son:
2. INDEPENDENCIA. Significa que la función judicial no está sometida a ningún otro órgano de poder público.
3. IMPARCIALIDAD. Implica que las autoridades jurisdiccionales se deben a la Constitución, a las leyes y a los asuntos que sean de su conocimiento, se resolverán sin interferencia de ninguna naturaleza; sin prejuicio, discriminación o trato diferenciado que los separe de su sentido de justicia.
7. CELERIDAD. Comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia.
Punto de vista
Manfredo Menacho
Decano de Derecho de la UAGRM
"Es necesario empezar a sanear los procesos en el país'
“El aumento de jueces en los distintos distritos del país, no es solución a la carga procesal abultada en Bolivia.
Lo que se tiene que hacer es aprobar el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) y el Nuevo Código de Procedimiento Civil (NCPC) y empezar a sanear los procesos en el territorio nacional.
Se tiene que retomar que la excepción es la detención preventiva y la norma es la libertad de las personas.
En los juicios civiles donde la carga procesal es un montón, tiene que llegar la oralidad y acabarse los juicios en primera instancia con la implementación del Nuevo Código de Procedimiento Civil.
Además, tiene que implementarse un nuevo Código de Procedimiento Penal, que ratifique que la excepción es la detención y la norma es la libertad.
Porque de nada sirve que implementen nuevos administradores de justicia, mientras que siguen llegando nuevos procesos, así no se soluciona ni con mil jueces pueden arreglar este problema.
Otro aspecto que es vital, es que el Consejo de la Magistratura, debe convocar públicamente a jueces y tomar exámenes de competencia.
Porque hay muchos jueces que no le están entendiendo a la administración de justicia y se están enredando y no resuelven los problemas por falta de conocimiento.
Hay juzgadores que no están respondiendo las controversias por falta de preparación y se observa mucha improvisación.
Por ello, tiene que haber concurso de méritos y examen de competencia y que se le dé estabilidad y seguridad al administrador de justicia. Caso contrario, seguirá la inoperancia y la incapacidad, porque no está preparado el juez y ni resuelve los casos".
Medidas ejecutadas en los tribunales departamentales de Justicia e implementadas por el Consejo de la Magistratura.
Según Aida Martínez, asesora de la Magistratura, sostuvo que el plan se comenzó a implementar de acuerdo a los lugares donde haya mayor carga procesal.
Por eso es que el plan piloto se lanzó en Santa Cruz y Cochabamba y gradualmente se aplicará en los otros distritos del país, pero hasta el 31 de diciembre de este año por cuestiones presupuestarias. La funcionaria del Consejo de la Magistratura informó que ya empezó esta semana en los otros departamentos, como ser la implementación de jueces y vocales en materia penal, además del relevamiento de las causas con detenidos preventivos.
“Ayudará a promover gradualmente el despacho de causas, pero no depende de la decisión judicial solamente, sino de aquellas que tienen plazos vencidos y que el fiscal cumpla con emitir sus requerimientos”, expresó la jurista.
Ante estas implementaciones, surgen la lluvia de críticas de los expertos en leyes, al mencionar que estas medidas no solucionan los verdaderos problemas estructurales del Poder Judicial.
Aspirina para enfermedad terminal. El exfiscal del Distrito, William Herrera, comentó que la implementación de nuevos administradores de justicia, es como “dar aspirina a un paciente con una enfermedad terminal”.
“Es una buena intención, pero el problema es mucho más estructural y más gordo de lo que aparenta”, afirmó Herrera.
El experto en materia penal, considera de que la temática hay que analizarla de manera integral que abarca el problema económico e institucional, como es el caso de una verdadera carrera judicial.
Sumado a ello, se debe complementar con la modificación de normas legales y comportamientos de los protagonistas. Ahora advirtió “el problema no se resuelve con una ley corta, porque hubo muchas leyes largas que no han dado solución, esto porque falta voluntad política”.
El problema es la falta de presupuesto. Mientras que el director del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Saúl Paniagua, dijo que el problema radica en la falta de presupuesto asignado al Órgano Judicial del Estado.
Mencionó que la carencia de dinero, limita la aplicación de gestión, es lo que limita el ejercicio y la aplicación debida de la Justicia.
Esta solución parche, explicó Paniagua, “es ante la falta de dinero, limita la contratación de más cantidad de personal humano, como ser secretarios, auxiliares y diligencieros, entre otros funcionarios, porque no hay el dinero suficiente”. Además de la limitación del Poder Judicial, se suma la ingerencia del Poder Ejecutivo frenando su autonomía de gestión, por la reducida asignación de recursos.
Se implementó antes y fracasó. En esa línea, el penalista Alejandro Colanzi, recordó que hace un tiempo atrás se implementó un plan similar y fracasó, por ello lo considera un simple parche a la grave enfermedad que padece la justicia en Bolivia.
“En esa oportunidad desdoblaron a los jueces técnicos con el fin de atender la agilización de los temas cautelares, pero después de año y medio se dieron cuenta que no resultó”, explicó.
Colanzi dijo que son simples anuncios para calmar un poco la creciente opinión negativa del Poder Judicial en Bolivia.
El abogado aclaró que el tema judicial es la brasa más candente del Gobierno de Bolivia, porque ha sido evidente el determinismo del Palacio Quemado sobre el Poder Judicial.
Sugiere una transformación profunda de la justicia y no solamente desde la retardación, sino de la reformulación del Código Penal y los códigos de Procedimiento Penal y Civil, que inviabilicen que un juez y un fiscal puedan alargar plazos en las investigaciones.
Coordinación entre jueces y fiscales. Asimismo, el expresidente del Colegio de Abogados, Marcelo Arrázola, considera que si bien es necesario la implementación de jueces, pero es vital una correcta coordinación con el Ministerio Público y la Policía.
Por lo tanto, dijo que el esfuerzo que haga el Consejo de la Magistratura contratando jueces cautelares, debe ser correspondido por la Fiscalía, para poder bajar de manera sustancial la mora procesal en el país.
Caso contrario, si uno de los engranajes no funcionan, impedirá la celeridad del proceso, que al final de cuentas, eso es lo que busca tanto el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Parches que no solucionan nada. En esa línea, el decano de la Facultad de Derecho de la Udabol, Fernando Cuéllar, dijo que el incremento de administradores de justicia en los nueve distritos son parches que no solucionan la crisis del Poder Judicial.
“No se resuelve el retardo de justicia el aumentar 15 o 20 jueces o cambiando de un lugar a otro, porque inclusive eso raya en la ilegalidad, porque alguna autoridad puede plantear alguna nulidad o algún recurso constitucional”, afirmó Cuéllar. Manifestó que aparte de la designación de más juzgadores, deben tener los medios necesarios, instrumentos e instalaciones para poder desarrollar su trabajo. En coincidencia con Arrázola, dijo que debe existir mejor coordinación entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía nacional. Recalcó que si no se avanza en la investigación por parte de los efectivos del orden y los fiscales, al llegar al juez del cuadernillo procesal, es muy probable que el caso se caiga.
"La implementación de jueces es como darle aspirina a un paciente con alguna enfermedad terminal, tiene buenas intenciones, pero el problema es más estructural”.
William Herrera
Exfiscal de distrito
"El problema radica en la falta de presupuesto que debe ser asignado al Órgano Judicial, ya que la falta de dinero limita la carencia de gestión”.
Saúl Paniagua
Director del colegio de abogados de SCZ
"Hace un tiempo atrás se implementó un plan similar y fracasó, por ello lo considero un simple parche a la grave enfermedad que padece la justicia”.
Alejandro Colanzi
Penalista
Ley 025
Principios básicos del Órgano Judicial en el territorio nacional
LEY 025. ARTÍCULO 3.
Los principios que sustentan el Órgano Judicial son:
2. INDEPENDENCIA. Significa que la función judicial no está sometida a ningún otro órgano de poder público.
3. IMPARCIALIDAD. Implica que las autoridades jurisdiccionales se deben a la Constitución, a las leyes y a los asuntos que sean de su conocimiento, se resolverán sin interferencia de ninguna naturaleza; sin prejuicio, discriminación o trato diferenciado que los separe de su sentido de justicia.
7. CELERIDAD. Comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia.
Punto de vista
Manfredo Menacho
Decano de Derecho de la UAGRM
"Es necesario empezar a sanear los procesos en el país'
“El aumento de jueces en los distintos distritos del país, no es solución a la carga procesal abultada en Bolivia.
Lo que se tiene que hacer es aprobar el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) y el Nuevo Código de Procedimiento Civil (NCPC) y empezar a sanear los procesos en el territorio nacional.
Se tiene que retomar que la excepción es la detención preventiva y la norma es la libertad de las personas.
En los juicios civiles donde la carga procesal es un montón, tiene que llegar la oralidad y acabarse los juicios en primera instancia con la implementación del Nuevo Código de Procedimiento Civil.
Además, tiene que implementarse un nuevo Código de Procedimiento Penal, que ratifique que la excepción es la detención y la norma es la libertad.
Porque de nada sirve que implementen nuevos administradores de justicia, mientras que siguen llegando nuevos procesos, así no se soluciona ni con mil jueces pueden arreglar este problema.
Otro aspecto que es vital, es que el Consejo de la Magistratura, debe convocar públicamente a jueces y tomar exámenes de competencia.
Porque hay muchos jueces que no le están entendiendo a la administración de justicia y se están enredando y no resuelven los problemas por falta de conocimiento.
Hay juzgadores que no están respondiendo las controversias por falta de preparación y se observa mucha improvisación.
Por ello, tiene que haber concurso de méritos y examen de competencia y que se le dé estabilidad y seguridad al administrador de justicia. Caso contrario, seguirá la inoperancia y la incapacidad, porque no está preparado el juez y ni resuelve los casos".
Sunday, October 19, 2014
TDJ concluye inventario de expedientes
En el marco del “Plan de Descongestionamiento Judicial”, hoy concluye la fase de inventariación de los expedientes de detenidos preventivos y procesos que se encuentran en la etapa conclusiva, según el presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Juan Carlos Berrios.
A las 09.00 de ayer, funcionarios del TDJ encabezados por Berrios y Félix Peralta, Vocal de la Sala Segunda en lo Penal, recorrieron los 14 juzgados cautelares en lo penal de La Paz, con el fin de verificar que, según la instrucción del Tribunal Superior, se hayan separado los expedientes y que la información haya sido actualizad en la base de datos.
Para este fin, se instruyó que los expedientes de casos con detenidos preventivos presenten caratulas rojas y los archivos de las audiencias conclusivas caratulas amarillas.
A tiempo de recordar que la inventariación se realizó durante toda la semana, y que ya existe un informe preliminar, Berrios acotó que con esta verificación de fin de semana, era para corroborar estos datos.
“Queremos verificar, que la información que los jueces nos han dado es la correcta, queremos ver todos los rincones, para verificar si están incluidos todos esos expediente”, afirmó Berrios
Sin embargo, tal vez por ser este el primer operativo de este tipo, se verificó que parte del personal, a las 10,00, aún no habían asistido, por lo que Berrios procedió a advertir que de no cumplir con la instrucción se sancionarían tanto a jueces como funcionarios con tres días de haber y proceso disciplinario.
Por su lado, puntualizando que el día lunes se tendrá un informe final, el cual debe ser corroborado con las cifras de Régimen Penitenciario, para tener datos precisos.
“Lo importante de este trabajo, es que nos va a permitir, de apoco, poner fin a la retardación de justicia. Es decir ya no vamos a tener detenidos preventivos sin condena. El próximo paso, definitivo, es que vayamos a juicio y aquellas personas que resulten responsables, obtengan la sentencia condenatoria y acabe esta dilatación”, señaló Peralta.
A las 09.00 de ayer, funcionarios del TDJ encabezados por Berrios y Félix Peralta, Vocal de la Sala Segunda en lo Penal, recorrieron los 14 juzgados cautelares en lo penal de La Paz, con el fin de verificar que, según la instrucción del Tribunal Superior, se hayan separado los expedientes y que la información haya sido actualizad en la base de datos.
Para este fin, se instruyó que los expedientes de casos con detenidos preventivos presenten caratulas rojas y los archivos de las audiencias conclusivas caratulas amarillas.
A tiempo de recordar que la inventariación se realizó durante toda la semana, y que ya existe un informe preliminar, Berrios acotó que con esta verificación de fin de semana, era para corroborar estos datos.
“Queremos verificar, que la información que los jueces nos han dado es la correcta, queremos ver todos los rincones, para verificar si están incluidos todos esos expediente”, afirmó Berrios
Sin embargo, tal vez por ser este el primer operativo de este tipo, se verificó que parte del personal, a las 10,00, aún no habían asistido, por lo que Berrios procedió a advertir que de no cumplir con la instrucción se sancionarían tanto a jueces como funcionarios con tres días de haber y proceso disciplinario.
Por su lado, puntualizando que el día lunes se tendrá un informe final, el cual debe ser corroborado con las cifras de Régimen Penitenciario, para tener datos precisos.
“Lo importante de este trabajo, es que nos va a permitir, de apoco, poner fin a la retardación de justicia. Es decir ya no vamos a tener detenidos preventivos sin condena. El próximo paso, definitivo, es que vayamos a juicio y aquellas personas que resulten responsables, obtengan la sentencia condenatoria y acabe esta dilatación”, señaló Peralta.
Saturday, October 18, 2014
Plan para reducir carga procesal
Juan Carlos Berrios, presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), en La Paz, dio a conocer que durante este fin de semana, a nivel nacional, se inicia con el “plan de descongestionamiento judicial” que durará tres meses y consiste en la implementación de ampliación del número de juzgados con el repliegue momentáneo, de los jueces de provincias donde no existe carga procesal.
El plan de descongestionamiento, se pondrá en marcha luego de que se realice la inventariación de toda la carga procesal, las audiencias conclusivas y el número de detenidos preventivos.
“Una vez que tengamos todos esos datos, pasaremos a realizar la distribución de todas las causas a los jueces que estamos replegando de las provincias”, detalló Berrios, quien dio a conocer que se tiene ya un informe pero durante estos dos días, sábado y domingo, se procederá a la verificación física de los archivos, pero además con el cruce de datos conocer el número de detenidos preventivos.
En La Paz, a los 14 juzgados de instrucción cautelar, se sumaran ocho, en tanto de los siete de El Alto, llegarán a 11. Haciendo el total de 33 jueces cautelares.
Sin embargo, dijo que lo que falta ahora es mejorar las condiciones de infraestructura para que los procesos estén adecuados a la modificación del Código de Procedimiento Penal.
PROVINCIAS
A cerca de la situación en la que quedarán los juzgados de provincia, Berrios especificó que se tomaron la previsiones correspondientes, siendo que no se afectaran a todas, poniendo de ejemplo el repliegue del juez del distrito de Luribay que será reemplazado por el de Patacamaya, donde no existe gran carga procesal.
El plan de descongestionamiento, se pondrá en marcha luego de que se realice la inventariación de toda la carga procesal, las audiencias conclusivas y el número de detenidos preventivos.
“Una vez que tengamos todos esos datos, pasaremos a realizar la distribución de todas las causas a los jueces que estamos replegando de las provincias”, detalló Berrios, quien dio a conocer que se tiene ya un informe pero durante estos dos días, sábado y domingo, se procederá a la verificación física de los archivos, pero además con el cruce de datos conocer el número de detenidos preventivos.
En La Paz, a los 14 juzgados de instrucción cautelar, se sumaran ocho, en tanto de los siete de El Alto, llegarán a 11. Haciendo el total de 33 jueces cautelares.
Sin embargo, dijo que lo que falta ahora es mejorar las condiciones de infraestructura para que los procesos estén adecuados a la modificación del Código de Procedimiento Penal.
PROVINCIAS
A cerca de la situación en la que quedarán los juzgados de provincia, Berrios especificó que se tomaron la previsiones correspondientes, siendo que no se afectaran a todas, poniendo de ejemplo el repliegue del juez del distrito de Luribay que será reemplazado por el de Patacamaya, donde no existe gran carga procesal.
A 11 años de los hechos de 2003 Víctimas peregrinan por justicia
Con las cicatrices de las heridas causadas en el 2003 las víctimas y familiares que portaban los retratos de sus seres queridos, que perdieron la vida en esas jornadas de octubre de la denominada “Guerra del Gas”, siguen peregrinando por justicia. Ayer participaron de los actos recordatorios que se realizaron en la ciudad de El Alto.
La marcha se efectuó en la ciudad de El Alto y se concentró a la altura del peaje que une esta urbe con la sede de Gobierno al frente de donde se encuentra la Campana de la Libertad.. Varias de las víctimas y familiares de quienes murieron a consecuencia de impactos de proyectiles de armas de fuego de los militares pidieron justicia y el encarcelamiento de los responsables del genocidio en “Octubre Negro”.
Doña Hilaria Calisaya, quien fue afectada de gran manera por la explosión de la estación de gasolina en los días de represión, recordó ese día que ella solamente salió a vender algunos productos ante la escases debido a los bloqueos de la población alteña y paceña.
“Yo he salido a venderme ese día yo no estaba marchando y ahí ha explotado y me ha afectado, ahora quiero que me colaboren para sanarme”, expresó doña Hilaria quien junto a su nieta pidió justicia, según la agencia ANF.
Otra de las víctimas relató que en las protestas realizadas en las calles de la ciudad de El Alto recibió un disparo de arma de fuego en la pierna ocasionándole la pérdida de uno de sus miembros inferiores.
El coordinador de la asociación de familiares de las víctimas de los hechos de octubre de 2003, Jesús Solís, dijo que por el momento la principal demanda es la extradición de Goni pues en más de 10 años se encarceló a los principales jefes militares que ordenaron la represión a la población.
La marcha se efectuó en la ciudad de El Alto y se concentró a la altura del peaje que une esta urbe con la sede de Gobierno al frente de donde se encuentra la Campana de la Libertad.. Varias de las víctimas y familiares de quienes murieron a consecuencia de impactos de proyectiles de armas de fuego de los militares pidieron justicia y el encarcelamiento de los responsables del genocidio en “Octubre Negro”.
Doña Hilaria Calisaya, quien fue afectada de gran manera por la explosión de la estación de gasolina en los días de represión, recordó ese día que ella solamente salió a vender algunos productos ante la escases debido a los bloqueos de la población alteña y paceña.
“Yo he salido a venderme ese día yo no estaba marchando y ahí ha explotado y me ha afectado, ahora quiero que me colaboren para sanarme”, expresó doña Hilaria quien junto a su nieta pidió justicia, según la agencia ANF.
Otra de las víctimas relató que en las protestas realizadas en las calles de la ciudad de El Alto recibió un disparo de arma de fuego en la pierna ocasionándole la pérdida de uno de sus miembros inferiores.
El coordinador de la asociación de familiares de las víctimas de los hechos de octubre de 2003, Jesús Solís, dijo que por el momento la principal demanda es la extradición de Goni pues en más de 10 años se encarceló a los principales jefes militares que ordenaron la represión a la población.
Friday, October 17, 2014
La CIJ cuestiona juicio a magistradas por el Senado
Una Comisión Internacional de Juristas (CIJ), con sede en Ginebra, expresó este jueves su objeción a un juicio por un tribunal especial del Senado contra dos magistradas del Tribunal Constitucional (TC) de Bolivia, elegidas por voto popular.
Las magistradas Mónica Velásquez y Rosario Chánez serán procesadas desde el próximo martes por un tribunal de sentencia del Senado, cuerpo legislativo dominado por el oficialismo, por haber suspendido en marzo pasado la aplicación de una Ley del Notario Público. Otro magistrado, Gualberto Cusi, que también suscribió el fallo, no fue incluido en el juicio de responsabilidades, porque padece una enfermedad que lo obligó a dejar temporalmente el cargo.
La CIJ cuestionó en una carta abierta a los legisladores bolivianos los procedimientos porque "violan la independencia del poder judicial y el derecho a un juicio justo”. Por esa misma razón, los senadores de la oposición, que son minoría, decidieron no participar en el proceso, según la legisladora de derecha Centa Rek. "El espectáculo de decenas de políticos pretendiendo actuar como un tribunal penal independiente e imparcial (...) es incompatible con el respeto de los derechos humanos, la separación de poderes, y el Estado de derecho”, opinó Matt Pollar, alto miembro de la CIJ, en Ginebra, según un documento al que tuvo acceso la AFP.
El senador de oposición, Germán Antelo, denunció en La Paz que el oficialismo pretende controlar el TC para viabilizar una supuesta reelección indefinida del presidente, Evo Morales, que asumió el cargo en 2006 y ganó un tercer mandato (2015-2020) en las elecciones generales del domingo pasado, con un 60% de los votos.
El TC administra todas las cuestiones relativas a la Constitución. "Esta es una actitud antidemocrática y abusiva” del oficialismo, señaló el legislador, quien opinó que "lo que se busca es el control de la justicia”. Morales descartó el martes que proyecte reformar la Constitución para incorporar la reelección indefinida.
Las magistradas Mónica Velásquez y Rosario Chánez serán procesadas desde el próximo martes por un tribunal de sentencia del Senado, cuerpo legislativo dominado por el oficialismo, por haber suspendido en marzo pasado la aplicación de una Ley del Notario Público. Otro magistrado, Gualberto Cusi, que también suscribió el fallo, no fue incluido en el juicio de responsabilidades, porque padece una enfermedad que lo obligó a dejar temporalmente el cargo.
La CIJ cuestionó en una carta abierta a los legisladores bolivianos los procedimientos porque "violan la independencia del poder judicial y el derecho a un juicio justo”. Por esa misma razón, los senadores de la oposición, que son minoría, decidieron no participar en el proceso, según la legisladora de derecha Centa Rek. "El espectáculo de decenas de políticos pretendiendo actuar como un tribunal penal independiente e imparcial (...) es incompatible con el respeto de los derechos humanos, la separación de poderes, y el Estado de derecho”, opinó Matt Pollar, alto miembro de la CIJ, en Ginebra, según un documento al que tuvo acceso la AFP.
El senador de oposición, Germán Antelo, denunció en La Paz que el oficialismo pretende controlar el TC para viabilizar una supuesta reelección indefinida del presidente, Evo Morales, que asumió el cargo en 2006 y ganó un tercer mandato (2015-2020) en las elecciones generales del domingo pasado, con un 60% de los votos.
El TC administra todas las cuestiones relativas a la Constitución. "Esta es una actitud antidemocrática y abusiva” del oficialismo, señaló el legislador, quien opinó que "lo que se busca es el control de la justicia”. Morales descartó el martes que proyecte reformar la Constitución para incorporar la reelección indefinida.
Ley implementará multas de 2.880 bolivianos para abogados `chicaneros´
El Senado aprobó la inclusión de multas pecuniarias y administrativas para los abogados que recurran a la chicana en los procesos penales, las sanciones fueron incluidas en el proyecto de Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal que busca terminar con la retardación de justicia.
“Se introdujo una modificación que también tiene que ver con el rol que cumplen algunos profesionales del derecho, que en el afán de entorpecer el trámite de las causas acaban convirtiéndose en parte de problema y que contribuyen al congestionamiento de las causas. Entonces se vio por conveniente incluir una clausula en la cual se hace referencia a una sanción a aquellos malos profesionales”, explicó el senador Eduardo Maldonado.
El texto del artículo ocho de la mencionada ley modificada los artículos 315 y 321 del Código de Procedimiento Penal, incluyendo la multa de “dos salarios mínimos” a los abogados que presenten excepciones e incidentes de forma maliciosa y con el fin de dilatar el proceso penal, así como también la presentaciones de recusaciones constantes. Las sanciones también incluyen la separación del jurista del proceso penal, todo bajo evaluación del juez de la causa.
“Se introdujo una modificación que también tiene que ver con el rol que cumplen algunos profesionales del derecho, que en el afán de entorpecer el trámite de las causas acaban convirtiéndose en parte de problema y que contribuyen al congestionamiento de las causas. Entonces se vio por conveniente incluir una clausula en la cual se hace referencia a una sanción a aquellos malos profesionales”, explicó el senador Eduardo Maldonado.
El texto del artículo ocho de la mencionada ley modificada los artículos 315 y 321 del Código de Procedimiento Penal, incluyendo la multa de “dos salarios mínimos” a los abogados que presenten excepciones e incidentes de forma maliciosa y con el fin de dilatar el proceso penal, así como también la presentaciones de recusaciones constantes. Las sanciones también incluyen la separación del jurista del proceso penal, todo bajo evaluación del juez de la causa.
Wednesday, October 15, 2014
Personas discapacitadas tienen trabas para acceder a la justicia
Dos personas con discapacidad auditiva perdieron la vida en manos de un policía que pensó que lo querían atracar. Pese a que en el país hay avances a favor de las personas con capacidades diferentes esta población aún tiene dificultades para acceder a la justicia. Hoy se conmemora el Día de la Persona con Discapacidad.
"Las personas con discapacidad están en desventaja en el ámbito de la justicia debido a que no pueden comunicarse”, afirmó el director general de Personas con Discapacidad del Ministerio de Justicia, Javier Salguero. Aseguró que urge realizar acciones a favor de ésta población.
El 25 de junio, un cabo de la policía confesó que asesinó a dos personas sordas, porque creyó que lo querían atracar. Ellos no podían comunicarse y "quizá por eso el uniformado los confundió”, aseguró Salguero .
"Los policías y gran parte de la sociedad no saben la lengua de señas, lo que dificulta una buena comunicación”, afirmó el funcionario tras reconocer que debido a esta situación es necesario difundir ese lenguaje. "No sólo los policías deben conocerlo, sino el personal que está en las cárceles o en los juzgados, teniendo en cuenta que en los centros penitenciarios también hay personas con discapacidad”.
Por su parte, la ejecutiva de las personas con discapacidad, Rosa Queso, afirmó que quienes tienen insuficiencia auditiva -además de la población con discapacidad intelectual- están más expuestos a los abusos.
Por ello, el viceministro de Educación Alternativa y Especial, Noel Aguirre, y el Consejo de Lengua de Señas Boliviana trabajan para que la lengua de señas se vuelva común entre la población boliviana. Una de las acciones es promover el aprendizaje del lenguaje a través de talleres.
Estos cursos se imparten también al personal policial. Además se los capacita para que conozcan los derechos de ésta población. En 2015, se iniciará el plan de Acceso a la Justicia, para que los operadores conozcan qué tipo de discapacidades hay y qué particularidades tienen.
"Normalmente las personas sordas no pueden defenderse si no existe un interprete en un juicio. Las personas ciegas precisan en un juicio el sistema braille o el sistema jaus. A los discapacitados les priva de sus derechos porque a veces se les asigna un tutor o representante, pero ellos pueden defenderse”, dijo.
Bolivia registra 46.136 personas con discapacidad: 17,084 tienen discapacidad física; 13.976 discapacidad intelectual; 7.127, sensorial;y 4.709, visual.
Avances en salud y educación
Salguero explicó que en las áreas de salud, educación y trabajo hubo avances en beneficio de esta población. Sin embargo, aún resta mucho por hacer.
En salud, la Ley 475 del Sistema Integral de Salud (SIS) establece atención gratuita para las personas con discapacidad, teniendo en cuenta que sólo el 2,09% del total tiene acceso a un seguro.
Asimismo, la ley de Educación 070 Avelino Siñani- Elizardo Pérez establece que en Bolivia debe existir una educación inclusiva. Actualmente hay más de 100 escuelas que tienen estudiantes con discapacidad.
El 4% del personal de las instituciones públicas deben ser personas con capacidades diferentes. Estos trabajadores y los de entidades privadas gozarán hoy de asueto en celebración de su día, por determinación del Ministerio de Trabajo.
4 universidades públicas brindan acceso gratuito
Sólo cuatro de las 13 universidades públicas brindan ingreso gratuito a las personas con discapacidad. Preparan un instructivo para promover los derechos de los discapacitados en esas casas de estudio.
"La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz es la que más avances registró en cuanto al acceso directo a una carrera. Además de la entrega gratuita del título”, afirmó el jefe de la Unidad de Personas con Discapacidad del Ministerio de Justicia, Javier Salguero.
Las universidades Gabriel René Moreno de Santa Cruz, San Simón de Cochabamba y San Javier de Chuquisaca también promovieron reglas para el ingreso directo de ésta población.
Explicó que esos avances se realizaron gracias a la resolución 09/2009 que emitió el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) y a la Ley de la Persona con Discapacidad.
Salguero comentó que se promueve la profesionalización de las personas con discapacidad, para que accedan a trabajos calificados, "ellos al igual que cualquier persona son capaces de cumplir diferentes roles”, dijo.
Hoy se realizará un acto para reconocer la labor de ésta población. El evento, que mostrará las actividades productivas de las personas con discapacidad, se realizará en la plaza San Francisco desde las 10:00.
A las 10:30, casa Awiña de niños con síndrome de down realizarán una misa en la Catedral y posteriormente realizará un acto en la plaza Murillo. Precisa apoyo para salvar su sede.
"Las personas con discapacidad están en desventaja en el ámbito de la justicia debido a que no pueden comunicarse”, afirmó el director general de Personas con Discapacidad del Ministerio de Justicia, Javier Salguero. Aseguró que urge realizar acciones a favor de ésta población.
El 25 de junio, un cabo de la policía confesó que asesinó a dos personas sordas, porque creyó que lo querían atracar. Ellos no podían comunicarse y "quizá por eso el uniformado los confundió”, aseguró Salguero .
"Los policías y gran parte de la sociedad no saben la lengua de señas, lo que dificulta una buena comunicación”, afirmó el funcionario tras reconocer que debido a esta situación es necesario difundir ese lenguaje. "No sólo los policías deben conocerlo, sino el personal que está en las cárceles o en los juzgados, teniendo en cuenta que en los centros penitenciarios también hay personas con discapacidad”.
Por su parte, la ejecutiva de las personas con discapacidad, Rosa Queso, afirmó que quienes tienen insuficiencia auditiva -además de la población con discapacidad intelectual- están más expuestos a los abusos.
Por ello, el viceministro de Educación Alternativa y Especial, Noel Aguirre, y el Consejo de Lengua de Señas Boliviana trabajan para que la lengua de señas se vuelva común entre la población boliviana. Una de las acciones es promover el aprendizaje del lenguaje a través de talleres.
Estos cursos se imparten también al personal policial. Además se los capacita para que conozcan los derechos de ésta población. En 2015, se iniciará el plan de Acceso a la Justicia, para que los operadores conozcan qué tipo de discapacidades hay y qué particularidades tienen.
"Normalmente las personas sordas no pueden defenderse si no existe un interprete en un juicio. Las personas ciegas precisan en un juicio el sistema braille o el sistema jaus. A los discapacitados les priva de sus derechos porque a veces se les asigna un tutor o representante, pero ellos pueden defenderse”, dijo.
Bolivia registra 46.136 personas con discapacidad: 17,084 tienen discapacidad física; 13.976 discapacidad intelectual; 7.127, sensorial;y 4.709, visual.
Avances en salud y educación
Salguero explicó que en las áreas de salud, educación y trabajo hubo avances en beneficio de esta población. Sin embargo, aún resta mucho por hacer.
En salud, la Ley 475 del Sistema Integral de Salud (SIS) establece atención gratuita para las personas con discapacidad, teniendo en cuenta que sólo el 2,09% del total tiene acceso a un seguro.
Asimismo, la ley de Educación 070 Avelino Siñani- Elizardo Pérez establece que en Bolivia debe existir una educación inclusiva. Actualmente hay más de 100 escuelas que tienen estudiantes con discapacidad.
El 4% del personal de las instituciones públicas deben ser personas con capacidades diferentes. Estos trabajadores y los de entidades privadas gozarán hoy de asueto en celebración de su día, por determinación del Ministerio de Trabajo.
4 universidades públicas brindan acceso gratuito
Sólo cuatro de las 13 universidades públicas brindan ingreso gratuito a las personas con discapacidad. Preparan un instructivo para promover los derechos de los discapacitados en esas casas de estudio.
"La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz es la que más avances registró en cuanto al acceso directo a una carrera. Además de la entrega gratuita del título”, afirmó el jefe de la Unidad de Personas con Discapacidad del Ministerio de Justicia, Javier Salguero.
Las universidades Gabriel René Moreno de Santa Cruz, San Simón de Cochabamba y San Javier de Chuquisaca también promovieron reglas para el ingreso directo de ésta población.
Explicó que esos avances se realizaron gracias a la resolución 09/2009 que emitió el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) y a la Ley de la Persona con Discapacidad.
Salguero comentó que se promueve la profesionalización de las personas con discapacidad, para que accedan a trabajos calificados, "ellos al igual que cualquier persona son capaces de cumplir diferentes roles”, dijo.
Hoy se realizará un acto para reconocer la labor de ésta población. El evento, que mostrará las actividades productivas de las personas con discapacidad, se realizará en la plaza San Francisco desde las 10:00.
A las 10:30, casa Awiña de niños con síndrome de down realizarán una misa en la Catedral y posteriormente realizará un acto en la plaza Murillo. Precisa apoyo para salvar su sede.
Advierten que la vida de Cusi corre peligro
orge Quiroz, abogado de Gualberto Cusi, anunció que presentará una acción de Amparo Constitucional para evitar que la Cámara de Diputados suspenda al magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, porque de ser alejado de sus funciones perdería su seguro médico y correría riesgo su vida.
"Vamos a solicitar que no se le suspenda, si quieren que lo procesen, pero que no lo suspendan porque si deja de ser magistrado pierde el seguro médico, medicamentos y por ende puede perder la vida el magistrado", advirtió.
Recordó que Cusi sufre una tuberculosis ganglionar que afecta todo su cuerpo y necesita medicamentos bastante fuertes para controlar su dolencia.
El magistrado puede ser suspendido de sus funciones si la Cámara de Diputados considera que es culpable de resoluciones contrarias a la norma y otros delitos en el caso de la postergación de la aplicación de la Ley del Notariado.
Soraida Chanez y Ligia Velásquez que también suspendieron la aplicación de la Ley del Notariado, ahora están suspendidas. /Erbol.
"Vamos a solicitar que no se le suspenda, si quieren que lo procesen, pero que no lo suspendan porque si deja de ser magistrado pierde el seguro médico, medicamentos y por ende puede perder la vida el magistrado", advirtió.
Recordó que Cusi sufre una tuberculosis ganglionar que afecta todo su cuerpo y necesita medicamentos bastante fuertes para controlar su dolencia.
El magistrado puede ser suspendido de sus funciones si la Cámara de Diputados considera que es culpable de resoluciones contrarias a la norma y otros delitos en el caso de la postergación de la aplicación de la Ley del Notariado.
Soraida Chanez y Ligia Velásquez que también suspendieron la aplicación de la Ley del Notariado, ahora están suspendidas. /Erbol.
Se reconoce labor de Ministra de Justicia
El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz otorgó ayer el reconocimiento Niñas y Mujeres Haciendo Historia a la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, en conmemoración del Día de la Mujer Boliviana, que se celebró el 11 de octubre, y por el trabajo que desarrolla en dicha cartera de Estado.
“Para mí es una sorpresa este reconocimiento, pero también es un reconocimiento para todas las mujeres que estamos haciendo algo por nuestro país. Este es un incentivo para que nosotras continuemos adelante”, dijo la autoridad.
La Gobernación realizó el reconocimiento a varias mujeres y niñas, entre las que destacaron, además de la Ministra de Justicia; Patricia Ballivián, gerente general del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas; Jennifer Vaughan, directora del Plan Bolivia; Rosa Lema, directora de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia; entre otras.
“Felicito a la Gobernación de La Paz por realizar este tipo de actos que realzan la labor de las mujeres”, puntualizó Gutiérrez.
“Para mí es una sorpresa este reconocimiento, pero también es un reconocimiento para todas las mujeres que estamos haciendo algo por nuestro país. Este es un incentivo para que nosotras continuemos adelante”, dijo la autoridad.
La Gobernación realizó el reconocimiento a varias mujeres y niñas, entre las que destacaron, además de la Ministra de Justicia; Patricia Ballivián, gerente general del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas; Jennifer Vaughan, directora del Plan Bolivia; Rosa Lema, directora de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia; entre otras.
“Felicito a la Gobernación de La Paz por realizar este tipo de actos que realzan la labor de las mujeres”, puntualizó Gutiérrez.
Tuesday, October 14, 2014
DESCARGA TEXTO COMPLETO del Anuario Estadístico del Organo Judicial 2013.
Pueden descargar este importante documento desde este Link:
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Sunday, October 12, 2014
Juez determina detención domiciliaria para fiscal
Después de más de seis horas de la realización de la audiencia de medidas cautelares, el juzgado Anticorrupción determinó ayer la detención domiciliaria del fiscal de Materia, César Pedro Adrián, acusado de concusión por tratar de cobrar la suma de 3.000 bolivianos a un litigante.
El abogado de la víctima, Rolando Ramos, indicó que durante esta reunión se evidenciaron varias irregularidades, entre ellas, la negativa a difundir el video de la Red ATB y las imágenes grabadas por las cámaras del “Amigo Vigilante” durante este proceso. “El argumento de la juez era que le entregaron 45 minutos antes de la audiencia cuando lo obtuvimos ya ayer”, dijo Ramos.
Adrián deberá estar custodiado por dos policías en su domicilio y sólo tendrá permiso para ejercer su derecho al voto hoy. Ramos indicó que ya se apeló a la decisión tomada por el juez.
Se conoce que el fiscal tiene 10 procesos, una acusación fiscal y una imputación; pero la Fiscalía no presentó al juzgado este estado de casos como parte del riesgo de obstaculización. A ello se suma que este juzgado alegó no tener esta documentación por ser de reciente creación.
Entretanto, familiares del imputado y otras personas esperaron en puertas del Tribunal Departamental de Justicia. En las primeras horas hubo un intercambio de palabras entre dos grupos, uno defendía al fiscal de Materia y el otro, el trabajo que viene desarrollando Ramos.
El fiscal de Materia fue detenido el pasado jueves después de un operativo realizado por inteligencia de la Policía en el centro de la ciudad a denuncia del litigante, Antonio Durán, a quien presuntamente pidió 3.000 bolivianos y el cambio de su abogado para acelerar el proceso judicial por estafa.
Durán inició un proceso por estafa hace más de un año, pero, porque no existía la resolución de sentencia pidió el cambio de la acción pública a privada para acelerar los trámites y llegar a un juicio oral. En medio de ello, el fiscal le dijo que no haga nada, invitándolo a hablar.
Adrián aseguró que todo lo que sucedió fue tramando por Ramos quien lo habría amenazado anteriormente. Asimismo, su abogado explicó que esto obedece a una venganza.
El abogado de la víctima, Rolando Ramos, indicó que durante esta reunión se evidenciaron varias irregularidades, entre ellas, la negativa a difundir el video de la Red ATB y las imágenes grabadas por las cámaras del “Amigo Vigilante” durante este proceso. “El argumento de la juez era que le entregaron 45 minutos antes de la audiencia cuando lo obtuvimos ya ayer”, dijo Ramos.
Adrián deberá estar custodiado por dos policías en su domicilio y sólo tendrá permiso para ejercer su derecho al voto hoy. Ramos indicó que ya se apeló a la decisión tomada por el juez.
Se conoce que el fiscal tiene 10 procesos, una acusación fiscal y una imputación; pero la Fiscalía no presentó al juzgado este estado de casos como parte del riesgo de obstaculización. A ello se suma que este juzgado alegó no tener esta documentación por ser de reciente creación.
Entretanto, familiares del imputado y otras personas esperaron en puertas del Tribunal Departamental de Justicia. En las primeras horas hubo un intercambio de palabras entre dos grupos, uno defendía al fiscal de Materia y el otro, el trabajo que viene desarrollando Ramos.
El fiscal de Materia fue detenido el pasado jueves después de un operativo realizado por inteligencia de la Policía en el centro de la ciudad a denuncia del litigante, Antonio Durán, a quien presuntamente pidió 3.000 bolivianos y el cambio de su abogado para acelerar el proceso judicial por estafa.
Durán inició un proceso por estafa hace más de un año, pero, porque no existía la resolución de sentencia pidió el cambio de la acción pública a privada para acelerar los trámites y llegar a un juicio oral. En medio de ello, el fiscal le dijo que no haga nada, invitándolo a hablar.
Adrián aseguró que todo lo que sucedió fue tramando por Ramos quien lo habría amenazado anteriormente. Asimismo, su abogado explicó que esto obedece a una venganza.
Tenemos ‘padrinos’, dice Cusi; otros magistrados lo niegan
El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Gualberto Cusi afirmó que las autoridades del Órgano Judicial tuvieron su “padrino” para ser elegidos y recibieron el aval del Gobierno. No obstante, sus colegas, que fueron consultados por este diario, negaron esa afirmación.Por ese hecho, agregó Cusi, el “gran responsable” de la crisis de la justicia es el Movimiento Al Socialismo (MAS). Este medio intentó entrevistar a la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, pero la autoridad evitó pronunciarse.
Elecciones. Cusi y las otras 55 autoridades judiciales son fruto del inédito comicio popular realizado el 16 de octubre de 2011, en el que se eligieron a las máximas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
En criterio de Cusi, todo ese proceso fue político. Recordó que una vez que salió la convocatoria surgieron los “padrinos”, entre diputados, senadores, dirigentes políticos del oficialismo y representantes de organizaciones sociales.
Reveló que, en su caso, el actual presidente del Senado, Eugenio Rojas, apadrinó su postulación. Este diario llamó insistentemente al celular de la autoridad legislativa, pero no contestó.
Con esos antecedentes, Cusi indicó que toda la preselección de candidatos fue política.
En contradicción a la afirmación de Cusi, el actual presidente del Tribunal Agroambiental, Lucio Fuentes, afirmó que “en el caso mío, no he tenido padrinos, tal vez otros”. El consejero de la Magistratura Wilbert Choque negó que haya sido apadrinado y afirmó que llegó al cargo por el trabajo que desarrolló en el tema de derechos humanos en Sucre.
El magistrado Bernardo Huarachi dijo que Cusi perdió credibilidad “y habla cualquier cosa”. Afirmó que su postulación se debe a las organizaciones sociales de Oruro y es fruto de la estructura orgánica del país.
“Es curioso y notorio, los que hemos pretendido zafarnos de esa dependencia política y hemos dicho las verdades que se debe respetar la independencia y la autonomía, en este caso de las instancias judiciales, ahora somos procesados”, expresó Cusi.
Iván Lima, magistrado liquidador del TSJ, considera que el problema no estuvo en la elección de autoridades por voto popular, sino en la preselección legislativa. Señaló como los responsables de esa mala elección a quienes presidieron la Comisión Mixta de la Asamblea que seleccionó a los candidatos al Órgano Judicial.
Costo. Los aspirantes a magistrados fueron elegidos por el pleno de la Asamblea, tras el trabajo de la comisión. Los comicios costaron cerca de Bs 100 millones.
“Su trabajo fue deficiente y dirigido a seleccionar personas con base en intereses personales. Recuerdo que el exfiscal Marcelo Sosa logró que se designe a un candidato al Tribunal Supremo que, finalmente, no fue elegido. Muchos de los candidatos no tenían experiencia y, pese a ello, fueron seleccionados”, dijo Lima.
Agregó que la carta de presentación de todos los postulantes era su compromiso con el proceso de cambio. “El presidente Evo Morales y el Vicepresidente excluyen a todos los abogados de su confianza, entre ellos influyente en ese momento, me refiero a Eusebio Gironda, y pese a esa señal, ellos en lugar de elegir a los hombres y mujeres más probos los excluye, porque cada sector del parlamento oficial quería tener a ‘su magistrado’”, agregó el magistrado liquidador del Tribunal Supremo.
Elecciones. Cusi y las otras 55 autoridades judiciales son fruto del inédito comicio popular realizado el 16 de octubre de 2011, en el que se eligieron a las máximas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
En criterio de Cusi, todo ese proceso fue político. Recordó que una vez que salió la convocatoria surgieron los “padrinos”, entre diputados, senadores, dirigentes políticos del oficialismo y representantes de organizaciones sociales.
Reveló que, en su caso, el actual presidente del Senado, Eugenio Rojas, apadrinó su postulación. Este diario llamó insistentemente al celular de la autoridad legislativa, pero no contestó.
Con esos antecedentes, Cusi indicó que toda la preselección de candidatos fue política.
En contradicción a la afirmación de Cusi, el actual presidente del Tribunal Agroambiental, Lucio Fuentes, afirmó que “en el caso mío, no he tenido padrinos, tal vez otros”. El consejero de la Magistratura Wilbert Choque negó que haya sido apadrinado y afirmó que llegó al cargo por el trabajo que desarrolló en el tema de derechos humanos en Sucre.
El magistrado Bernardo Huarachi dijo que Cusi perdió credibilidad “y habla cualquier cosa”. Afirmó que su postulación se debe a las organizaciones sociales de Oruro y es fruto de la estructura orgánica del país.
“Es curioso y notorio, los que hemos pretendido zafarnos de esa dependencia política y hemos dicho las verdades que se debe respetar la independencia y la autonomía, en este caso de las instancias judiciales, ahora somos procesados”, expresó Cusi.
Iván Lima, magistrado liquidador del TSJ, considera que el problema no estuvo en la elección de autoridades por voto popular, sino en la preselección legislativa. Señaló como los responsables de esa mala elección a quienes presidieron la Comisión Mixta de la Asamblea que seleccionó a los candidatos al Órgano Judicial.
Costo. Los aspirantes a magistrados fueron elegidos por el pleno de la Asamblea, tras el trabajo de la comisión. Los comicios costaron cerca de Bs 100 millones.
“Su trabajo fue deficiente y dirigido a seleccionar personas con base en intereses personales. Recuerdo que el exfiscal Marcelo Sosa logró que se designe a un candidato al Tribunal Supremo que, finalmente, no fue elegido. Muchos de los candidatos no tenían experiencia y, pese a ello, fueron seleccionados”, dijo Lima.
Agregó que la carta de presentación de todos los postulantes era su compromiso con el proceso de cambio. “El presidente Evo Morales y el Vicepresidente excluyen a todos los abogados de su confianza, entre ellos influyente en ese momento, me refiero a Eusebio Gironda, y pese a esa señal, ellos en lugar de elegir a los hombres y mujeres más probos los excluye, porque cada sector del parlamento oficial quería tener a ‘su magistrado’”, agregó el magistrado liquidador del Tribunal Supremo.
Soraida Chánez, magistrada suspendida del Tribunal Constitucional “No soy responsable de lo que se me está acusando”
Soraida Chánez es una de las magistradas suspendidas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que enfrentará un juicio de responsabilidades el próximo 21 de octubre en el Senado. La otra magistrada que está en esta situación es Ligia Velásquez quien, en una entrevista con este medio, declaró que sus actuaciones estuvieron enmarcadas en lo legal.
Se les acusa por los supuestos delitos de prevaricato e incumplimiento de deberes luego de determinar suspender la vigencia de la Ley del Notariado. Chánez conversó con Página Siete para explicar que al igual que su colega obró en función a sus atribuciones. "Por intentar hacer lo que corresponde estamos sometidas a este tipo de procesos injustos”, destaca.
Entre otras ideas, la magistrada Chánez considera que en Bolivia no existe la independencia de poderes ya que el Estado habría vulnerado esa condición. Explica que el proceso al que se presentarán en el Parlamento responde a un "mecanismo político para tomar el control del TCP”.
¿Cómo se siente respecto a la suspensión de sus funciones de magistrada del TCP?
La verdad, afectada. Antes de asumir el cargo estábamos con el ejercicio libre de la profesión, no éramos dependientes de nadie más que de la responsabilidad para con nuestros clientes, una independencia económica. Sin embargo a la fecha, al haber sido suspendidas también nos han suspendido el pago de salarios. Estamos en desventaja para asumir una defensa adecuada.
Según su parecer, ¿es justificada su suspensión?
A todas luces, ya adelanté algunos criterios inclusive, de que es un mecanismo político para tomar el control del Tribunal Constitucional; así lo he denunciado y así se está confirmando y ratificando durante el transcurrir del tiempo. Se está atentando contra el Estado de Derecho al no respetar la independencia de poderes que está constituida en nuestra Constitución Política del Estado.
Entonces, ¿se ha vulnerado la independencia de poderes?
No hay independencia de poderes. Porque, claramente, y no sólo lo digo yo, hay declaraciones que están en los medios del presidente de la Cámara de Diputados (Marcelo Elío) de que a nosotros ya nos habrían pasado algunas sentencias haciendo mención en forma específica a una sentencia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál es la naturaleza de la independencia de poderes?
Es que una autoridad judicial o magistrado tenga la libertad de sustanciar los procesos o tomar decisiones exentos de toda injerencia externa sin tomar en cuenta los caprichos de algunos actores estatales, al igual que de algunos grupos de poder o personas particulares.
Si no hay esto, no se está dando a la autoridad jurisdiccional para que pueda tomar decisiones libres de toda esta injerencia e intromisión. El Estado está vulnerando el hecho de que el Órgano Judicial y el TCP puedan ser independientes.
¿Cómo esperaba que fuera su gestión como magistrada luego de conocer que la habían elegido a través del voto?
En principio no creía que estaba entre los que habían alcanzado el voto para tomar el cargo. En ningún momento he pedido favor a ningún diputado o senador o autoridad ejecutiva para charlar o comprometer cosas para que esté dentro de la lista (de candidatos) y mucho menos para que esté asumiendo el cargo. He estado ahí por el voto de la gente, voto mínimo pero he estado ahí. Desde que he entrado hemos jurado cumplir con la CPE y la ley.
En ese marco estaban mis actuaciones. Mi obligación era responder a la ciudadanía que había votado por mí y asimismo demostrarles a aquellos que no habían votado, que estaban equivocados, que yo, a diferencia de otras autoridades que no puedo decir el nombre, estaba completamente dedicada a la labor jurisdiccional en el TCP. Lamentablemente esto es lo que se consigue; por intentar hacer lo que corresponde, estamos sometidas a este tipo de procesos injustos y fuera de todo marco legal.
¿Qué sucedió con la suspensión de la Ley del Notariado?
Lamentablemente hay un razonamiento forzado ya que ni ellos (parlamentarios) ni sus propios asistentes van a convalidar la aberración que están cometiendo. Nuestros autos y sentencias han sido emitidos en el marco de lo legal según nuestras atribuciones y competencias tanto en el Código Procesal Constitucional como en la CPE.
Me extraña que el Legislativo, quien ha emitido el Código Procesal, desconozca que en uno de sus artículos nos dan la potestad de emitir autos, sentencias y medidas cautelares.
¿Por qué determinaron la suspensión de la Ley del Notariado?
Esta Ley del Notariado tiene dos elementos. Uno, es el de las atribuciones del notario y notaria así como estructuras de conformación. Esta ley determinaba el traspaso de un órgano, como es el Judicial, a través del Consejo de la Magistratura, al Ministerio de Justicia y al Órgano Ejecutivo.
Cuando hacemos un análisis en la comisión de admisión (del TCP) teníamos prever que podía haberse declarado constitucional o inconstitucional. En el supuesto de que se declare inconstitucional, todo el traspaso que se hubiera hecho hubiera sido en detrimento de la sociedad. Viendo esos efectos que iban a ser negativos se ha considerado la posibilidad de emitir esa medida cautelar que está dentro de nuestras atribuciones.
La oficina del Alto Comisionado de la ONU se pronunció respecto a este caso e indicó que se podría afectar la independencia de la justicia. ¿Cuál cree que es el destino del sistema jurídico del país?
Va a pasar lo que a la fecha ya está pasando. Primero, el señor Vicepresidente (Álvaro García Linera) ha indicado que se tiene que sentar precedente. Y es lo que se está sentando y se va a sentar. Lamentablemente es un precedente negativo para el Órgano Judicial.
¿Cómo le afectó en lo personal la determinación de juzgarlas el 21 de octubre en el Senado?
Con un total abuso de poder que se toma contra una persona, pero vamos a seguir con la defensa. Vamos a ver cuál es el resultado; ya está señalado el día y la hora del juicio. Lo único a lo que apelamos es a la conciencia de los senadores que por lo menos con un criterio mucho más formado que los diputados, que lo único que hacen es levantar la mano.
No soy responsable de lo que se me está acusando y voy a asumir mi defensa y decir la verdad en el juicio.
HOJA DE VIDA
Inicios Soraida Chánez Chiré nació en Oruro el 7 de octubre de 1969.
Formación Abogada titulada en la Universidad Técnica de Oruro.
Carrera Más de 10 años de ejercicio libre de su profesión. Fue directora a.i. de Régimen Penitenciario del departamento de Oruro.
Se les acusa por los supuestos delitos de prevaricato e incumplimiento de deberes luego de determinar suspender la vigencia de la Ley del Notariado. Chánez conversó con Página Siete para explicar que al igual que su colega obró en función a sus atribuciones. "Por intentar hacer lo que corresponde estamos sometidas a este tipo de procesos injustos”, destaca.
Entre otras ideas, la magistrada Chánez considera que en Bolivia no existe la independencia de poderes ya que el Estado habría vulnerado esa condición. Explica que el proceso al que se presentarán en el Parlamento responde a un "mecanismo político para tomar el control del TCP”.
¿Cómo se siente respecto a la suspensión de sus funciones de magistrada del TCP?
La verdad, afectada. Antes de asumir el cargo estábamos con el ejercicio libre de la profesión, no éramos dependientes de nadie más que de la responsabilidad para con nuestros clientes, una independencia económica. Sin embargo a la fecha, al haber sido suspendidas también nos han suspendido el pago de salarios. Estamos en desventaja para asumir una defensa adecuada.
Según su parecer, ¿es justificada su suspensión?
A todas luces, ya adelanté algunos criterios inclusive, de que es un mecanismo político para tomar el control del Tribunal Constitucional; así lo he denunciado y así se está confirmando y ratificando durante el transcurrir del tiempo. Se está atentando contra el Estado de Derecho al no respetar la independencia de poderes que está constituida en nuestra Constitución Política del Estado.
Entonces, ¿se ha vulnerado la independencia de poderes?
No hay independencia de poderes. Porque, claramente, y no sólo lo digo yo, hay declaraciones que están en los medios del presidente de la Cámara de Diputados (Marcelo Elío) de que a nosotros ya nos habrían pasado algunas sentencias haciendo mención en forma específica a una sentencia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál es la naturaleza de la independencia de poderes?
Es que una autoridad judicial o magistrado tenga la libertad de sustanciar los procesos o tomar decisiones exentos de toda injerencia externa sin tomar en cuenta los caprichos de algunos actores estatales, al igual que de algunos grupos de poder o personas particulares.
Si no hay esto, no se está dando a la autoridad jurisdiccional para que pueda tomar decisiones libres de toda esta injerencia e intromisión. El Estado está vulnerando el hecho de que el Órgano Judicial y el TCP puedan ser independientes.
¿Cómo esperaba que fuera su gestión como magistrada luego de conocer que la habían elegido a través del voto?
En principio no creía que estaba entre los que habían alcanzado el voto para tomar el cargo. En ningún momento he pedido favor a ningún diputado o senador o autoridad ejecutiva para charlar o comprometer cosas para que esté dentro de la lista (de candidatos) y mucho menos para que esté asumiendo el cargo. He estado ahí por el voto de la gente, voto mínimo pero he estado ahí. Desde que he entrado hemos jurado cumplir con la CPE y la ley.
En ese marco estaban mis actuaciones. Mi obligación era responder a la ciudadanía que había votado por mí y asimismo demostrarles a aquellos que no habían votado, que estaban equivocados, que yo, a diferencia de otras autoridades que no puedo decir el nombre, estaba completamente dedicada a la labor jurisdiccional en el TCP. Lamentablemente esto es lo que se consigue; por intentar hacer lo que corresponde, estamos sometidas a este tipo de procesos injustos y fuera de todo marco legal.
¿Qué sucedió con la suspensión de la Ley del Notariado?
Lamentablemente hay un razonamiento forzado ya que ni ellos (parlamentarios) ni sus propios asistentes van a convalidar la aberración que están cometiendo. Nuestros autos y sentencias han sido emitidos en el marco de lo legal según nuestras atribuciones y competencias tanto en el Código Procesal Constitucional como en la CPE.
Me extraña que el Legislativo, quien ha emitido el Código Procesal, desconozca que en uno de sus artículos nos dan la potestad de emitir autos, sentencias y medidas cautelares.
¿Por qué determinaron la suspensión de la Ley del Notariado?
Esta Ley del Notariado tiene dos elementos. Uno, es el de las atribuciones del notario y notaria así como estructuras de conformación. Esta ley determinaba el traspaso de un órgano, como es el Judicial, a través del Consejo de la Magistratura, al Ministerio de Justicia y al Órgano Ejecutivo.
Cuando hacemos un análisis en la comisión de admisión (del TCP) teníamos prever que podía haberse declarado constitucional o inconstitucional. En el supuesto de que se declare inconstitucional, todo el traspaso que se hubiera hecho hubiera sido en detrimento de la sociedad. Viendo esos efectos que iban a ser negativos se ha considerado la posibilidad de emitir esa medida cautelar que está dentro de nuestras atribuciones.
La oficina del Alto Comisionado de la ONU se pronunció respecto a este caso e indicó que se podría afectar la independencia de la justicia. ¿Cuál cree que es el destino del sistema jurídico del país?
Va a pasar lo que a la fecha ya está pasando. Primero, el señor Vicepresidente (Álvaro García Linera) ha indicado que se tiene que sentar precedente. Y es lo que se está sentando y se va a sentar. Lamentablemente es un precedente negativo para el Órgano Judicial.
¿Cómo le afectó en lo personal la determinación de juzgarlas el 21 de octubre en el Senado?
Con un total abuso de poder que se toma contra una persona, pero vamos a seguir con la defensa. Vamos a ver cuál es el resultado; ya está señalado el día y la hora del juicio. Lo único a lo que apelamos es a la conciencia de los senadores que por lo menos con un criterio mucho más formado que los diputados, que lo único que hacen es levantar la mano.
No soy responsable de lo que se me está acusando y voy a asumir mi defensa y decir la verdad en el juicio.
HOJA DE VIDA
Inicios Soraida Chánez Chiré nació en Oruro el 7 de octubre de 1969.
Formación Abogada titulada en la Universidad Técnica de Oruro.
Carrera Más de 10 años de ejercicio libre de su profesión. Fue directora a.i. de Régimen Penitenciario del departamento de Oruro.
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