En medio de un escenario de críticas por parte de los opositores, la mayoría oficialista de la Asamblea Legislativa aprobó ayer el reglamento de preselección de altas autoridades judiciales. La convocatoria será pública hoy en medios de información escrito y los postulantes podrán presentar su documentación a partir del 2 de mayo, durante 25 días.
La Asamblea debatió el documento durante toda la jornada del sábado, los opositores aseguraron que afines al Movimiento al Socialismo (MAS) pretendían cuotear el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional, por lo cual, el oficialismo determinó realizar algunas modificaciones al reglamento.
Entre las modificaciones están que los postulantes no deben haber tenido militancia en partidos políticos en los últimos cinco años antes del proceso de elección (anteriormente el reglamento del MAS decía que no debería tener vinculación un año), no debe tener participación en organizaciones o partidos políticos, se vetará a quienes tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad.
Los postulantes cuyo puntaje acumulado entre las fases de evaluación curricular y evaluación escrita no les permita habilitarse para su preselección en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ni obteniendo el puntaje máximo en la entrevista, serán inhabilitados y excluidos de la misma.
Según el artículo 9 del reglamento, entre los requisitos comunes que deben cumplir los aspirantes a magistrados están: no tener sentencia condenatoria ni ejecutoriada en materia penal pendiente de cumplimiento, no tener procesos en contra de violencia intrafamiliar ni procesos penales de acción pública que comprometa la ética del postulante, entre otros.
El Sistema Universitario elaborará 720 preguntas para los postulantes a magistrados.
Entre otros aspectos, los aspirantes deberán cumplir el requisito constitucional de hablar al menos un idioma oficial además del castellano deberá ser presentado ante el Tribunal Supremo Electoral antes de asumir el cargo por los postulantes electos.
RECHAZO
Antes de finalizar la tarde del domingo, la mayoría oficialista aprobó el reglamento con su mayoría en la Asamblea, motivo por el cual se generó descontento en los parlamentarios de oposición, quienes en una breve conferencia de prensa señalaron que el MAS solamente pretende someter por seis años más la justicia al Estado.
El jefe de banda de Unidad Demócrata (UD), Edwin Rodríguez, indicó que continuarán realizando la fiscalización al proceso de preselección y elección de los magistrados, no descartó que hacer campaña por el voto nulo.
“Hoy en día (ayer) se consumó lo que el MAS ha proyectado, en los próximos seis años Bolivia no va tener justicia independiente, por ello la bancada de oposición va seguir con la fiscalización (…) Debemos ir paso a paso, nos tocó agotar la etapa de posición, ahora vamos a pasar a la etapa de fiscalización porque ahí nos toca denunciar cualquier anomalía o candidato que quiera ser designado a dedo o favoritismo político”, declaró Rodríguez.
Señaló que la última palabra la tendrá la ciudadanía boliviana el 22 de octubre cuando acudan a las urnas para el proceso electoral.
Al respecto, tanto la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, como el de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, señalaron que por primera vez en la historia de Bolivia se amalgama la institucionalidad legislativa con la experiencia académica de las universidades, lo cual garantizará que no exista cuoteo de espacios judiciales como sucedía en el pasado con otros mandatarios.
CONVOCATORIA
De acuerdo a la convocatoria aprobada por el pleno de la Asamblea Legislativa, desde el martes 2 de mayo hasta el viernes 26 de mayo, y de manera ininterrumpida, podrán los aspirantes podrán presentar su documentación para cargos de los tribunales Supremo de Justicia, Constitucional Plurinacional y Agroambiental, y al Consejo de la Magistratura.
De acuerdo al detalle de Prensa Diputados, los aspirantes a los cargos de magistrados de los tribunales Constitucional y Supremo de Justicia deberán presentar su documentación en las oficinas de la Comisión Mixta de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral de la Asamblea, en tanto, los candidatos al Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura deberán presentar sus papeles ante la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.
La convocatoria, que será publicada este domingo 30 de abril, precisa que la nómina de postulantes registrados hasta la fecha límite (26 de mayo) se publicará el 27 de mayo en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado, y de las cámaras de Senadores y Diputados.
NÚMERO
El Artículo 10 del Reglamento establece los requisitos específicos para cada institución en la que se elegirá a las autoridades; para el Tribunal Constitucional existen 11, para el Supremo de Justicia 11, para el Agroambiental 17 y para el Consejo de la Magistratura siete.
IMPUGNACIONES
El reglamento fija un plazo de ocho días calendario para las impugnaciones, a partir de la publicación de la lista de habilitados, objeciones que podrán ser presentadas por cualquier persona, adjuntando pruebas de su denuncia. Las comisiones mixtas resolverán las impugnaciones a partir del tercer día de recibidas las mismas, por el lapso de ocho días.
EVALUACIÓN
La fase de evaluación tendrá tres etapas: la primera que revisará la parte curricular en un plazo de siete días, la segunda será el examen escrito y tendrá dos días para su realización y la tercera fase será la de la entrevista, tarea que se efectuará durante 15 días. Asimismo, el Reglamento precisa que el puntaje que se otorga al currículo de los postulantes será del 40%, a la prueba escrita del 30% y a la entrevista el restante 30%.
Sunday, April 30, 2017
Friday, April 28, 2017
Promoción de escuela de jueces frena las designaciones a dedo
El Consejo de la Magistratura no podrá lanzar convocatorias para la designación de jueces, mientras los 171 egresados de la primera promoción de la escuela de jueces no sean nombrados para ocupar todas las acefalías que hay en el Poder Judicial.
El presidente del Tribunal Supremo, Pastor Mamani, durante la presentación de los 24 egresados por Santa Cruz, señaló que se emitirá un reglamento para que el Consejo de la Magistratura frene las convocatorias hasta que los 171 nuevos jueces sean designados.
Por su parte, Carlos Ramos, director de la Escuela de Jueces, señaló que los egresados según la ley deben acceder directo a los cargos. Destacó que su formación fue con base en conocimientos, habilidades y valores.
Los 24 egresados cruceños, cinco con notas de excelencia, son Carla Lorena Áñez, Dayana Vaca, Livia Alarcón, Marianela Jimena Salazar, Milenka Guillén, Patricia Murillo, Remberto Basualto, Álex Bejarano, Silvia Alvarado, Roberto Arias, Claudia Méndez, Karin Balcazar, Luis Loza, Jenny Iquise, Vivian Tórrez, Joel Cabrera, Charlin Tapia, Patricia Méndez, Maribel Jiménez, Fátima Rivera, Jaime Buhezo, Lucinda Chamoso, Cinthia Pardo y Mercy Marcela Bejarano.
Thursday, April 27, 2017
Analizan subir a 5 o 10 años el requisito de no militancia política para elecciones judiciales
La Asamblea Legislativa analiza subir el requisito de no militancia política de 1 a 5 o 10 años para los candidatos a los tribunales de justicia más altos del país, informó hoy el presidente de la Cámara de Senadores, Alberto Gonzales.
“Lo que tenemos presente es el tema de la militancia política, eso se discutió ayer en la comisión, ellos han aprobado un informe que habla de un año (de no militancia), entiendo que en el pleno de la Asamblea hay una línea que se está imponiendo de ampliar ese plazo porque es muy corto, se subirá a cinco o a diez años, lo vamos a ver en la Asamblea, para ver el tema de la militancia política”, dijo Gonzales a los medios en Cochabamba.
El Presidente del Senado hizo esas declaraciones en un acto de socialización del proyecto de Código del Sistema Penal que se realizó en la mañana de hoy en el auditorio del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, junto a la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño.
Ayer, la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó el proyecto de reglamento para la preselección de candidatos a los tribunales de justicia altos, en el que establece la evaluación curricular en 40 puntos, examen escrito en 30 y la entrevista otros 30. La comisión académica participará en la evaluación curricular y la escrita. También determinó que los postulantes certifiquen no militancia política de al menos un año.
Sin embargo este último requisito se subiría a 5 o 10 años, según Gonzales, quien aseguró que en estas elecciones no habrá candidatos “apadrinados” como sucedió en los comicios de 2011. Además, dijo que en este proceso se tomará en cuenta la meritocracia.
“Hay dos caminos para poder postularse; uno es personal, cualquiera que desee puede presentarse, y el segundo es que las instituciones también pueden proponer el nombre de algún ciudadano. Pero sea el camino que se elija se impone el mismo reglamento, no hay recomendados, ni apadrinados, ni sugeridos, esa certeza tiene que quedar”, recalcó.
Por otro lado, Gonzales explicó que el reglamento para la preselección de candidatos a los tribunales de justicia señala que para ser posesionados las autoridades electas tendrán que hablar dos idiomas oficiales del Estado; el castellano y uno nativo.
“Dice la CPE que para ejercer la función pública tiene que hablar dos lenguas oficiales. Se está estableciendo que el momento en el cual certifican eso es antes de tomar posesión del cargo, porque la CPE dice que para asumir un cargo tienes que hablar (un idioma nativo), pero no es un requisito para postular”, dijo Gonzales a los medios en Cochabamba.
En este entendido, los ciudadanos que deseen postularse para las elecciones judiciales y solo hablen un idioma podrán postular, pero en caso de ser electos tendrán la obligación de aprender un idioma nativo hasta la posesión, que sería unos de meses después del acto electoral.
“Entonces (si un postulante sale electo) va a tener esos dos meses para ir a la Escuela de Gestión Pública Plurinacional para que en un mes te enseñe a hablar un idioma por lo menos de manera básica. (Entonces) Lo que se va a exigir antes de la juramentación es que esta persona acredite la capacidad de hablar dos idiomas”, explicó.
El sábado el pleno de la ALP tratará el reglamento de selección de las autoridades judiciales. Los comicios se realizarán el 22 de octubre.
El martes abren inscripción de candidatos a magistrados
La Comisión Mixta de Constitución aprobó ayer el reglamento para las elección de autoridades judiciales de octubre y los candidatos podrán presentar su postulación a partir del martes 2 de mayo, informó la presidenta de esa instancia legislativa, Adriana Salvatierra (MAS).
La legisladora indicó que en la revisión del proyecto hubo algunas modificaciones, entre las que destaca los plazos procesales a partir de los cuales se plantea que la recepción de los documentos de los postulantes será a partir del 2 de mayo. Otra de las modificaciones, señaló, está referida a la puntuación de los requisitos y se estableció que los candidatos serán ‘inhabilitados’ en caso de no cumplirlo.
En criterio del senador opositor Óscar Ortiz (UD), con el procedimiento utilizado por el oficialismo “estamos camino a repetir el fracaso de las elecciones judiciales de 2011”. Afirmó que el MAS no admitió las propuestas de la oposición y que se encamina a una preselección de candidatos que respondan al oficialismo. “Pedimos que los postulantes sean personas independientes, probas e idóneas”
Candidatos
Según el reglamento, son ocho los requisitos generales que deben cumplir los postulantes: ser boliviano, haber cumplido con el servicio militar (varones), no tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia penal condenatoria; estar inscrito en el padrón electoral y no tener militancia política, mínimo de un año.
Además, no haber ocupado cargos ejecutivos en empresas extranjeras transnacionales que tengan contrato con el Estado o haber renunciado al menos cinco años antes al día de la elección y no tener en su contra procesos de violencia intrafamiliar ni procesos penales que comprometan su probidad.
Los aspirantes al Tribunal Constitucional Plurinacional deberán cumplir con 11 requisitos específicos; en el Tribunal Supremo de Justicia también se piden 11 requisitos, seis en el Consejo de la Magistratura y 17 en el Tribunal Agroambiental.
El pleno de la Asamblea Legislativa sesionará el sábado para aprobar el documento.
Universidad
Salvatierra resaltó que se trata de un reglamento diferente al anterior que se aplicó en la preselección de autoridades, ya que compromete una participación del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB). “Estos participarán en la evaluación meritocrática, que tiene una puntuación específica trabajada para este reglamento, y además de eso la elaboración de las más de 720 preguntas", afirmó.
Preselección de postulantes Senado descarta participación del Colegio de Abogados
La participación del Colegio Nacional de Abogados en la preselección de candidatos para autoridades del Órgano Judicial está descartada, ya que existe la posibilidad de que esta entidad patrocine a uno de sus miembros para que sea autoridad en el Órgano Judicial, aseguró el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales.
“No se aparta que el Colegio de Abogados patrocine a uno de sus miembros para que llegue al ámbito judicial, si ese abogado llega a esa instancia va a tener que devolverles el favor, ahí se genera un conflicto de intereses, entonces cómo garantizamos que ese profesional no cometa esos ilícitos”, afirmó.
Para Gonzales, “los mejores” para calificar los méritos de los postulantes a magistrados son representantes del Comité Ejecutivo de Universidad Boliviana.
“Por naturaleza esta entidad es la que realiza evaluaciones a docentes y alumnos, entonces quién mejor que la universidad para garantizar el mejor proceso de evaluación de méritos”, afirmó.
La Comisión Mixta de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral de la Asamblea Legislativa aprobó ayer el Reglamento para la preselección de postulantes a magistrados del Órgano Judicial, donde establece la conformación de una comisión de profesionales que acompañará el proceso de evaluación de méritos y el examen escrito. Ocho miembros del Comité Ejecutivo de Universidades Bolivianas estarán presentes.
Gonzales manifestó, que en caso de que la entidad colegiada esté presente en esta comisión, cabe la posibilidad de que exista tráfico de influencias, tomando en cuenta que un miembro de esta entidad pueda ser patrocinado y en algún momento tenga que “devolver el favor”.
Sobre este punto el presidente del Colegio Nacional de Abogados (Conalab), Raúl Jiménez, manifestó que esta entidad está llamada a calificar a los postulantes a estos cargos, toda vez que ellos son los que conocen la actividad de los abogados durante su vida profesional.
“No se aparta que el Colegio de Abogados patrocine a uno de sus miembros para que llegue al ámbito judicial, si ese abogado llega a esa instancia va a tener que devolverles el favor, ahí se genera un conflicto de intereses, entonces cómo garantizamos que ese profesional no cometa esos ilícitos”, afirmó.
Para Gonzales, “los mejores” para calificar los méritos de los postulantes a magistrados son representantes del Comité Ejecutivo de Universidad Boliviana.
“Por naturaleza esta entidad es la que realiza evaluaciones a docentes y alumnos, entonces quién mejor que la universidad para garantizar el mejor proceso de evaluación de méritos”, afirmó.
La Comisión Mixta de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral de la Asamblea Legislativa aprobó ayer el Reglamento para la preselección de postulantes a magistrados del Órgano Judicial, donde establece la conformación de una comisión de profesionales que acompañará el proceso de evaluación de méritos y el examen escrito. Ocho miembros del Comité Ejecutivo de Universidades Bolivianas estarán presentes.
Gonzales manifestó, que en caso de que la entidad colegiada esté presente en esta comisión, cabe la posibilidad de que exista tráfico de influencias, tomando en cuenta que un miembro de esta entidad pueda ser patrocinado y en algún momento tenga que “devolver el favor”.
Sobre este punto el presidente del Colegio Nacional de Abogados (Conalab), Raúl Jiménez, manifestó que esta entidad está llamada a calificar a los postulantes a estos cargos, toda vez que ellos son los que conocen la actividad de los abogados durante su vida profesional.
Elecciones para el Órgano Judicial Aspirantes deben renunciar a cargos públicos 3 meses antes
Los aspirantes a ser candidatos para ocupar un cargo en el Órgano Judicial y presten servicios en alguna entidad pública, castrense o de convenio con el Estado, deberán renunciar tres meses antes de las elecciones, es decir hasta julio de este año, dado que las elecciones para magistrados será el 22 de octubre próximo.
Esa es una de los requisitos que establece el Reglamento para la preselección de candidatos a autoridades del Órgano Judicial que aprobó ayer la Comisión Mixta de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral de la Asamblea Legislativa.
MODIFICACIONES
En el Reglamento se tomaron en cuenta dos modificaciones: la primera está enmarcada en el artículo 9, donde se incorpora el art. 238 de la Constitución Política del Estado (CPE), en sus numerales 1,3,4, y 5, los que establecen quiénes pueden acceder a cargos públicos.
Los postulantes que hayan ocupado cargos directivos en empresas o corporaciones que tengan convenios con el Estado y no hubiesen renunciado tres meses antes del día la elección, no podrán postular a estos cargos.
Tampoco podrán postularse a magistrados aquellos que hayan ocupado cargos electivos, de designación o de libre nombramiento, que no hayan renunciado tres meses antes de las elecciones.
Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía boliviana en servicio activo y los ministros que no hayan renunciado tras meses antes del día de la elección de los candidatos.
SIN CAMBIOS
En el proceso del análisis a detalle de cada uno de los artículos, los asambleístas de la oposición hicieron algunas observaciones; empero, estas no fueron tomadas en cuenta por la bancada del oficialismo.
“Este reglamento está consensuado con el Comité Ejecutivo de Universidades Bolivianas”, resaltó la presidenta de la Comisión Mixta Adriana Salvatierra, del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).
PLAZOS
Otra de las modificaciones en el reglamento está en el plazo para la presentación de los documentos de los postulantes.
La recepción de los documentos respectivos se realizará el primer día hábil después de la emisión de la convocatoria, en este caso, será a partir del dos de mayo, ya que la convocatoria será emitida de forma pública el 30 de este mes.
En el artículo 12 del Reglamento, se establece que estas postulaciones se presentarán en el plazo de 25 días, es decir hasta el 27 de mayo.
PROCESO DE CALIFICACIÓN
La calificación en la etapa de evaluación curricular tiene una ponderación de 40 puntos, los postulantes deberán tener un promedio de 26 puntos para quedar habilitados a la evaluación escrita, que tiene la calificación de 30 puntos y la fase de entrevistas que es de 30 puntos.
Dentro de este proceso, la delegación de los ocho representantes del sistema universitario tendrá plena participación.
La calificación de las entrevistas a los postulantes será netamente atribución de las comisiones de Constitución y Justicia Plural de la Asamblea Legislativa.
“Estamos compartiendo del proceso de la evaluación, sin recaer en las solicitud de la bancada de oposición que consistía en delegar las atribuciones de la Asamblea Legislativa, que están descritas en el art 158, de la CPE. Esto pondría en riesgo la constitucionalidad de nuestros actos, no podemos delegar nuestras facultades”, destacó Salvatierra.
CONTROL
Acerca del acceso a las preguntas para la fase de la evaluación escrita, la diputada oficialista indicó que los postulantes podrán hacerlo minutos antes de que se inicie esta evaluación, para esto se pondrá en práctica un control con sistemas tecnológicos, como la aplicación del código QR (código de respuesta rápida).
El diputado de Unidad Demócrata, Wilson Santamaría, indicó que esto no garantizará que los miembros de la comisión del sistema universitario puedan filtrar las preguntas a los candidatos pro- oficialistas.
“Lo que se pretende es consolidar un proceso de elección para garantizar el control del Tribunal Constitucional y las otras instancias, para perseguir a los que pensamos diferente”, sostuvo.
Esa es una de los requisitos que establece el Reglamento para la preselección de candidatos a autoridades del Órgano Judicial que aprobó ayer la Comisión Mixta de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral de la Asamblea Legislativa.
MODIFICACIONES
En el Reglamento se tomaron en cuenta dos modificaciones: la primera está enmarcada en el artículo 9, donde se incorpora el art. 238 de la Constitución Política del Estado (CPE), en sus numerales 1,3,4, y 5, los que establecen quiénes pueden acceder a cargos públicos.
Los postulantes que hayan ocupado cargos directivos en empresas o corporaciones que tengan convenios con el Estado y no hubiesen renunciado tres meses antes del día la elección, no podrán postular a estos cargos.
Tampoco podrán postularse a magistrados aquellos que hayan ocupado cargos electivos, de designación o de libre nombramiento, que no hayan renunciado tres meses antes de las elecciones.
Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía boliviana en servicio activo y los ministros que no hayan renunciado tras meses antes del día de la elección de los candidatos.
SIN CAMBIOS
En el proceso del análisis a detalle de cada uno de los artículos, los asambleístas de la oposición hicieron algunas observaciones; empero, estas no fueron tomadas en cuenta por la bancada del oficialismo.
“Este reglamento está consensuado con el Comité Ejecutivo de Universidades Bolivianas”, resaltó la presidenta de la Comisión Mixta Adriana Salvatierra, del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).
PLAZOS
Otra de las modificaciones en el reglamento está en el plazo para la presentación de los documentos de los postulantes.
La recepción de los documentos respectivos se realizará el primer día hábil después de la emisión de la convocatoria, en este caso, será a partir del dos de mayo, ya que la convocatoria será emitida de forma pública el 30 de este mes.
En el artículo 12 del Reglamento, se establece que estas postulaciones se presentarán en el plazo de 25 días, es decir hasta el 27 de mayo.
PROCESO DE CALIFICACIÓN
La calificación en la etapa de evaluación curricular tiene una ponderación de 40 puntos, los postulantes deberán tener un promedio de 26 puntos para quedar habilitados a la evaluación escrita, que tiene la calificación de 30 puntos y la fase de entrevistas que es de 30 puntos.
Dentro de este proceso, la delegación de los ocho representantes del sistema universitario tendrá plena participación.
La calificación de las entrevistas a los postulantes será netamente atribución de las comisiones de Constitución y Justicia Plural de la Asamblea Legislativa.
“Estamos compartiendo del proceso de la evaluación, sin recaer en las solicitud de la bancada de oposición que consistía en delegar las atribuciones de la Asamblea Legislativa, que están descritas en el art 158, de la CPE. Esto pondría en riesgo la constitucionalidad de nuestros actos, no podemos delegar nuestras facultades”, destacó Salvatierra.
CONTROL
Acerca del acceso a las preguntas para la fase de la evaluación escrita, la diputada oficialista indicó que los postulantes podrán hacerlo minutos antes de que se inicie esta evaluación, para esto se pondrá en práctica un control con sistemas tecnológicos, como la aplicación del código QR (código de respuesta rápida).
El diputado de Unidad Demócrata, Wilson Santamaría, indicó que esto no garantizará que los miembros de la comisión del sistema universitario puedan filtrar las preguntas a los candidatos pro- oficialistas.
“Lo que se pretende es consolidar un proceso de elección para garantizar el control del Tribunal Constitucional y las otras instancias, para perseguir a los que pensamos diferente”, sostuvo.
Wednesday, April 26, 2017
Escuela de jueces gasta Bs 31 millones
El jefe de la bancada de Unidad Demócrata en el Senado, Edwin Rodríguez, denunció que la Escuela de Jueces entre 2011-2017 tuvo un presupuesto de más de Bs 31 millones, donde egresaron 171 profesionales, pero solo 30 ingresaron a la carrera como jueces.
El legislador protestó porque el Estado hizo una millonaria inversión en la formación de profesionales para que ingresen en la carrera judicial, pero que los resultados no son los mejores. "El Estado ha invertido 31 millones de bolivianos para que trabajen 30 jueces", sostuvo.
Añadió que el curso era online y duraba 12 meses, manifestó que no existe coherencia cuando una maestría cuesta -dijo- 2.000 dólares y la Escuela de Jueces invirtió supuestamente en cada juez 150.000 dólares al referirse a los 30 egresados que sí ingresaron a la carrera judicial. /ANF.
El legislador protestó porque el Estado hizo una millonaria inversión en la formación de profesionales para que ingresen en la carrera judicial, pero que los resultados no son los mejores. "El Estado ha invertido 31 millones de bolivianos para que trabajen 30 jueces", sostuvo.
Añadió que el curso era online y duraba 12 meses, manifestó que no existe coherencia cuando una maestría cuesta -dijo- 2.000 dólares y la Escuela de Jueces invirtió supuestamente en cada juez 150.000 dólares al referirse a los 30 egresados que sí ingresaron a la carrera judicial. /ANF.
Tuesday, April 25, 2017
Excluyen a Col. de Abogados de comisión de preselección
El ministro de Justicia, Héctor Arce, señaló ayer que el Colegio Nacional de Abogados (Conalab) fue excluido de la comisión de preselección de autoridades judiciales porque “han mostrado un perfil muy político” y lo que se quiere es evitar cualquier actividad o injerencia política en este proceso.
En cambio, aseguró que la presencia del Sistema Universitario de Bolivia es fundamental porque es “templo de conocimiento de la ciencia jurídica”, por lo tanto, serán sus ochos profesionales quienes se encarguen de las dos primeras etapas del proceso.
“Así como nosotros no queremos una actividad política, una injerencia política de organizaciones sociales que puedan tener una visión, tampoco queremos que otro tipo de sectores políticos puedan tener una incidencia”, remarcó Arce en una conferencia que brindó en Santa Cruz.
Ante esta decisión, el presidente del Conalab, Raúl Jiménez, dijo que se trata de “un pretexto doloso porque con ese pretexto quieren apagar la voz de los abogados”, de una institución que conoce la realidad de esta profesión. Sin embargo, dijo que el jueves sostendrá una reunión con los presidentes de los colegios de abogados para sacar un pronunciamiento dando a conocer su predisposición para colaborar en este proceso.
El Ministro indicó que la universidad “es el templo de conocimiento de la ciencia jurídica. El derecho es una ciencia y, como ciencia, debe estar manejada por los científicos, y los científicos del derecho están en las universidades, es por eso que se ha decidido, se ha invitado a que los ocho mejores catedráticos, profesores emblemáticos, sean los que participen en este proceso”.
Trabajo de la Universidad
En tanto, el secretario Ejecutivo Nacional del Comité Ejecutivo de la Universidad de Bolivia (CUB), Gustavo Rojas, señaló ayer que la Ley 898 determina la participación de la universidad en la Comisión Nacional de seguimiento a las conclusiones de la Cumbre de Justicia.
“La Comisión Nacional nos ha encomendado al Sistema de la Universidad para que pueda hacerse cargo de los dos primeros procesos: de la preselección de los postulantes mediante un concurso de méritos. La segunda fase, la toma de examen de conocimiento, hemos aceptado lógicamente como universidad”, indicó.
Explicó que, para elegir a los ocho juristas, convocó a una reunión de rectores y decanos de las facultades de derecho de 13 universidades del sistema para este jueves y viernes en Sucre.
“Vamos a analizar esto y, con seguridad, saldrá una reglamentación para que las universidades puedan elegir a la profesional más idóneos, más adecuados de cada una de las carreras de derecho del sistema”, agregó.
Señaló que la Universidad cumplirá con lo que indique el reglamento de preselección que debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
TRES ETAPAS
El proceso de preselección que está a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional según establece la Constitución Política de Estado, establece tres etapas. Según explicaron, la nueva propuesta consiste en que los representantes de las universidades se harán cargo del concurso de méritos y del examen de conocimientos. En tanto que la Asamblea Legislativa Plurinacional se hará cargo de la tercera fase que se refiere a la entrevista a postulantes, en este caso, la Universidad sólo participará como observador.
Postulantes a magistrados Puntuación mínima de aprobación será de 56
Los postulantes para magistrados del Órgano Judicial serán evaluados con el mismo sistema que se emplea para docentes de las universidades, por lo que el puntaje mínimo de aprobación será 56 sobre 100 puntos, informó el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales.
“El puntaje mínimo con el cual estarían ingresando a consideración de la Asamblea Legislativa es de 56 puntos sobre 100, esa es la ponderación que hace el sistema universitario para la calificación de los docentes de pre y post grado”, aseguró Gonzales.
En tanto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, manifestó que el sistema de evaluación fue planteado por el sistema universitario, por lo que se garantiza que el proceso de preselección de postulantes se desarrolle de manera transparente, para que se cuente con los mejores abogados que deseen ocupar los cargos de magistrados.
“Es posible que existan postulantes que obtengan una puntuación entre 80 y 90 puntos, eso elevará la posibilidad que tengamos a los mejores postulantes; hemos optado por un número que técnicamente es avalado por el sistema universitario para el ingresos de los docentes de pre y postgrado, el sistema universitario nos hizo llegar esta propuesta”, mencionó.
La comisión del sistema universitario estará conformada por 8 académicos, especialistas en las áreas relacionadas con el proceso de preselección, los cuales participarán de los procesos de evaluación curricular y del examen escrito.
PROCESO DE EVALUACIÓN
En el reglamento que está en discusión, se establece que el sistema de calificación está divido en tres etapas: la evaluación curricular tendrá una ponderación de 40 puntos, el examen escrito es de 30 puntos y, finalmente, la entrevista tendrá también una ponderación de 30 puntos, sumando un total de 100 puntos.
En el parágrafo II, del articulo 18, del Reglamento del Proceso de Preselección para autoridades del Órgano Judicial, establece que el tiempo del proceso de evaluación es de 7 días para la verificación de curricular, 2 días para la revisión de la prueba escrita y un plazo de 15 días para las entrevistas.
Por su parte, el senador de Unidad Demócrata, Edwin Rodríguez, manifestó que esta evaluación no será del todo transparente, debido a que no se llegó a consenso alguno con el partido oficialista, por lo que no avalarán la selección de estos candidatos, si hay injerencia de los asambleístas del Movimiento al Socialismo.
“El oficialismo debe ser totalmente claro, si se propone dar autonomía plena a la comisión del sistema universitario, para que puedan evaluar a los postulantes, no debe existir intromisión de los asambleístas que son sindicalistas o gremialistas”, puntualizó.
ENTREVISTA
En la fase de entrevista, están evaluando que la comisión académica sea parte y que tenga una activa participación para cuestionar los candidatos, además de la elaboración de las preguntas. “En todo este proceso la comisión del sistema universitario va a actuar como si fuera un diputado; no estará como un observador como están queriendo hacer creer a los opositores”, concluyó.
DIÁLOGO
En este caso, Gabriela Montaño espera que los opositores puedan participar de la mesa multipartidaria para continuar en el debate del reglamento, con la finalidad de que pueda llegarse a un consenso sobre este punto. Convocó a algunos miembros responsables de la oposición y que no se dejen entrampar por los miembros radicales.
“Ya debiéramos estar debatiendo el reglamento, deberíamos estar trabajando punto por punto. Según ellos, nosotros no queremos negociar y debatir; sin embargo se puede evidenciar que muchos de los asambleístas opositores ni siquiera retornaron de sus regiones”, mencionó.
Con relación a este punto de discusión, el senador Rodríguez indicó que, como bancada de Unidad Demócrata, participarán de la misma pero de manera obligatoria para evitar que se les inicie algún proceso por incumplimiento deberes.
SESIÓN
Este sábado, 29 del mes en curso, el Presidente del Senado informó que se convocará a sesión de Asamblea Legislativa para aprobar el reglamento de la preselección de postulantes de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
En 2011, el Movimiento al Socialismo rechazó que el proceso de preselección sea bajo criterios meritocráticos, tampoco aceptó una evaluación en base a puntaje. Seis años después reconocen que el cuoteo de las organizaciones sociales no sirvió y que los elegidos no eran los mejores.
Ese año sólo con el voto del MAS se preseleccionó a los candidatos, pues los opositores denunciaron una elección politizada, de gente afín al partido gobernante y no así de los mejores profesionales.
“El puntaje mínimo con el cual estarían ingresando a consideración de la Asamblea Legislativa es de 56 puntos sobre 100, esa es la ponderación que hace el sistema universitario para la calificación de los docentes de pre y post grado”, aseguró Gonzales.
En tanto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, manifestó que el sistema de evaluación fue planteado por el sistema universitario, por lo que se garantiza que el proceso de preselección de postulantes se desarrolle de manera transparente, para que se cuente con los mejores abogados que deseen ocupar los cargos de magistrados.
“Es posible que existan postulantes que obtengan una puntuación entre 80 y 90 puntos, eso elevará la posibilidad que tengamos a los mejores postulantes; hemos optado por un número que técnicamente es avalado por el sistema universitario para el ingresos de los docentes de pre y postgrado, el sistema universitario nos hizo llegar esta propuesta”, mencionó.
La comisión del sistema universitario estará conformada por 8 académicos, especialistas en las áreas relacionadas con el proceso de preselección, los cuales participarán de los procesos de evaluación curricular y del examen escrito.
PROCESO DE EVALUACIÓN
En el reglamento que está en discusión, se establece que el sistema de calificación está divido en tres etapas: la evaluación curricular tendrá una ponderación de 40 puntos, el examen escrito es de 30 puntos y, finalmente, la entrevista tendrá también una ponderación de 30 puntos, sumando un total de 100 puntos.
En el parágrafo II, del articulo 18, del Reglamento del Proceso de Preselección para autoridades del Órgano Judicial, establece que el tiempo del proceso de evaluación es de 7 días para la verificación de curricular, 2 días para la revisión de la prueba escrita y un plazo de 15 días para las entrevistas.
Por su parte, el senador de Unidad Demócrata, Edwin Rodríguez, manifestó que esta evaluación no será del todo transparente, debido a que no se llegó a consenso alguno con el partido oficialista, por lo que no avalarán la selección de estos candidatos, si hay injerencia de los asambleístas del Movimiento al Socialismo.
“El oficialismo debe ser totalmente claro, si se propone dar autonomía plena a la comisión del sistema universitario, para que puedan evaluar a los postulantes, no debe existir intromisión de los asambleístas que son sindicalistas o gremialistas”, puntualizó.
ENTREVISTA
En la fase de entrevista, están evaluando que la comisión académica sea parte y que tenga una activa participación para cuestionar los candidatos, además de la elaboración de las preguntas. “En todo este proceso la comisión del sistema universitario va a actuar como si fuera un diputado; no estará como un observador como están queriendo hacer creer a los opositores”, concluyó.
DIÁLOGO
En este caso, Gabriela Montaño espera que los opositores puedan participar de la mesa multipartidaria para continuar en el debate del reglamento, con la finalidad de que pueda llegarse a un consenso sobre este punto. Convocó a algunos miembros responsables de la oposición y que no se dejen entrampar por los miembros radicales.
“Ya debiéramos estar debatiendo el reglamento, deberíamos estar trabajando punto por punto. Según ellos, nosotros no queremos negociar y debatir; sin embargo se puede evidenciar que muchos de los asambleístas opositores ni siquiera retornaron de sus regiones”, mencionó.
Con relación a este punto de discusión, el senador Rodríguez indicó que, como bancada de Unidad Demócrata, participarán de la misma pero de manera obligatoria para evitar que se les inicie algún proceso por incumplimiento deberes.
SESIÓN
Este sábado, 29 del mes en curso, el Presidente del Senado informó que se convocará a sesión de Asamblea Legislativa para aprobar el reglamento de la preselección de postulantes de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
En 2011, el Movimiento al Socialismo rechazó que el proceso de preselección sea bajo criterios meritocráticos, tampoco aceptó una evaluación en base a puntaje. Seis años después reconocen que el cuoteo de las organizaciones sociales no sirvió y que los elegidos no eran los mejores.
Ese año sólo con el voto del MAS se preseleccionó a los candidatos, pues los opositores denunciaron una elección politizada, de gente afín al partido gobernante y no así de los mejores profesionales.
Monday, April 24, 2017
A cuatro días de su contratación, Procuraduría echa a exgerente de BTV denunciado por acoso
A solo cuatro días de su contratación en la Procuraduría General del Estado (PGE), la entidad desvinculó de su cargo como asesor legal al exgerente de Bolivia Tv, Carlos F. M., por las denuncias de acoso sexual y laboral que pesan sobre el exfuncionario.
“La PGE informa que el ciudadano Carlos F. ha sido desvinculado de esta institución el día de hoy, lunes 24 de abril de 2017, una vez que se conocieron las denuncias que pesan sobre su persona”, informó la repartición estatal a través de un comunicado institucional.
Sobre el exfuncionario pesan dos denuncias por acoso sexual. Una fue presentada en Santa Cruz por la corresponsal Claudia P. M., en agosto de 2016, mientras que Yadira P. I., exgerente del canal en Beni, sumó, según dijo, otra denuncia en diciembre.
“Había sido contratado el jueves 20 de abril de 2017 para ejercer funciones en su condición de abogado, pero se procedió a su retiro al conocerse los antecedentes referidos”, añade el comunicado.
Carlos F. M. se declaró “difamado, calumniado e injuriado por luchar contra las estructuras fascistas y corruptas que tanto daño le hicieron a Bolivia Tv” y acusó a las exfuncionarias de extorsión en una publicación en su cuenta de Facebook.
Enterada de las denuncias, el 8 de marzo la ministra de Comunicación, Gisela López, cesó de sus funciones con goce de haberes al exgerente de la televisora estatal para que asuma defensa y nombró un encargado interino.
Empero, la autoridad del Estado lo reemplazo por Fabiola Marisol Adelaida Rollano, quien fue posesionada el 20 de abril, el mismo día que la Procuraduría contrató a Carlos F. M. (24/04/2017)
Anuncian separación de 45 vocales y jueces en delitos de acefalias
El viceministro de Transparencia, Gonzalo Trigoso, anunció ayer la desafectación de 45 vocales y jueces implicados en delitos y, en consecuencia, la designación de número similar de funcionarios que cubrirán los cargos acéfalos en los tribunales departamentales de Justicia.
24 de Abril de 2017
“Al menos 45 funcionarios, cuya conducta hubiese incurrido en actos delictivos serán separados en próximos días y de forma inmediata serán suplidos con los abogados que se presentaron a una convocatoria para vocales que vencieron la calificación y la evaluación”, dijo durante el programa dominical de entrevistas El Pueblo es Noticia. Mencionó que esta semana el Órgano Judicial designará a 45 nuevos vocales y jueces que cubrirán acefalias en los tribunales departamentales de justicia para evitar suplencias y lentitud judicial. Asimismo, acotó que se lanzarán convocatorias para vocales en los departamentos de Beni, Tarija y Pando para renovar a los funcionarios judiciales de esa regiones. De los 171 abogados de la primera promoción de la Escuela de Jueces que egresaron en Sucre varios serán designados para resolver los cargos acéfalos, afirmó.
24 de Abril de 2017
“Al menos 45 funcionarios, cuya conducta hubiese incurrido en actos delictivos serán separados en próximos días y de forma inmediata serán suplidos con los abogados que se presentaron a una convocatoria para vocales que vencieron la calificación y la evaluación”, dijo durante el programa dominical de entrevistas El Pueblo es Noticia. Mencionó que esta semana el Órgano Judicial designará a 45 nuevos vocales y jueces que cubrirán acefalias en los tribunales departamentales de justicia para evitar suplencias y lentitud judicial. Asimismo, acotó que se lanzarán convocatorias para vocales en los departamentos de Beni, Tarija y Pando para renovar a los funcionarios judiciales de esa regiones. De los 171 abogados de la primera promoción de la Escuela de Jueces que egresaron en Sucre varios serán designados para resolver los cargos acéfalos, afirmó.
Sunday, April 23, 2017
Surgen aspirantes a magistrados para el Tribunal Agroambiental
Tras la aprobación de la ley que modifica las normas del Tribunal Constitucional Plurinacional (027), del Régimen Electoral (026) y del Órgano Judicial (025), ya existen aspirantes a los cargos de magistrados para el Órgano Judicial, tal es el caso de Javier Aramayo, exdirector de régimen penitenciario y exmagistrado suplente del tribunal agroambiental por el departamento de Santa Cruz.
“Tenemos la experiencia en las actividades ambientales y agrarias, por lo que en la próxima convocatoria para las elecciones de magistrados del tribunal agroambiental nos vamos a postular para aportar con nuestra experiencia”, destacó.
Este pasado viernes fue aprobado por la Cámara de Diputados el proyecto de ley que modifica tres normas para la elección de nuevas autoridades al Órgano Judicial, donde destaca la reducción de magistrados en el Tribunal Agroambiental de 7 a 5; en el
Consejo de la Magistratura de 5 a 3 magistrados. En el Tribunal Supremo de Justicia se mantiene los nueve consejeros y en el Tribunal Constitucional Plurinacional se incrementaron de 7 a 9 magistrados.
POSTULACIÓN
Javier Aramayo Caballero se postuló a la convocatoria de octubre de 2011 para la elección de autoridades al Tribunal Agroambiental, donde ocupó la suplencia por el departamento de Santa Cruz.
Los magistrados titulares que fueron elegidos en octubre de 2011 fueron: Bernardo Huarachi Tola, Deysi Villagomez Velasco, Gabriela Cinthia Armijo Paz, Javier Peñafiel Bravo, Juan Ricardo Soto Butrón, Lucio Fuentes Hinojosa y Paty Yola Paucara Paco.
Los magistrados suplentes son Isabel Ortuño Ibáñez, Lidia Chipana Chirinos, Mario Pacosillo Calsina, Katia López Arrueta, Mirian Gloria Pacheco Herrera, Rommy Colque Ballesteros y Javier Aramayo.
El artículo 20 de la nueva norma establece que la Asamblea Legislativa Plurinacional, por el voto de dos tercios de sus participantes, realizará la preselección de los y las postulantes, donde se habilita hasta 36 precalificados por circunscripción departamental.
MODIFICACIÓN
Los magistrados y consejeros en el Tribunal Agroambiental se redujeron de siete a cinco; se preseleccionará a 10 postulantes. En estas modificaciones se tomará en cuenta que el 50 por ciento de los candidatos deben ser mujeres, además de la inclusión de un representante indígena.
Ante eso, Aramayo señaló que las reformas a las normas debieron ser consensuadas, sobre todo en la reducción de número de magistrados en este tribunal, toda vez que los temas ambientales son importantes y requieren el mismo tratamiento que el resto de las áreas judiciales.
“Hay que tomar en cuenta las amenazas de contaminación a las regiones que son áreas protegidas, la deforestación indiscriminada de bosques es un tema preocupante, el cual debe ser sancionado. En vez de disminuir se debió potenciar este tribunal con recursos e infraestructura”, puntualizó.
“Tenemos la experiencia en las actividades ambientales y agrarias, por lo que en la próxima convocatoria para las elecciones de magistrados del tribunal agroambiental nos vamos a postular para aportar con nuestra experiencia”, destacó.
Este pasado viernes fue aprobado por la Cámara de Diputados el proyecto de ley que modifica tres normas para la elección de nuevas autoridades al Órgano Judicial, donde destaca la reducción de magistrados en el Tribunal Agroambiental de 7 a 5; en el
Consejo de la Magistratura de 5 a 3 magistrados. En el Tribunal Supremo de Justicia se mantiene los nueve consejeros y en el Tribunal Constitucional Plurinacional se incrementaron de 7 a 9 magistrados.
POSTULACIÓN
Javier Aramayo Caballero se postuló a la convocatoria de octubre de 2011 para la elección de autoridades al Tribunal Agroambiental, donde ocupó la suplencia por el departamento de Santa Cruz.
Los magistrados titulares que fueron elegidos en octubre de 2011 fueron: Bernardo Huarachi Tola, Deysi Villagomez Velasco, Gabriela Cinthia Armijo Paz, Javier Peñafiel Bravo, Juan Ricardo Soto Butrón, Lucio Fuentes Hinojosa y Paty Yola Paucara Paco.
Los magistrados suplentes son Isabel Ortuño Ibáñez, Lidia Chipana Chirinos, Mario Pacosillo Calsina, Katia López Arrueta, Mirian Gloria Pacheco Herrera, Rommy Colque Ballesteros y Javier Aramayo.
El artículo 20 de la nueva norma establece que la Asamblea Legislativa Plurinacional, por el voto de dos tercios de sus participantes, realizará la preselección de los y las postulantes, donde se habilita hasta 36 precalificados por circunscripción departamental.
MODIFICACIÓN
Los magistrados y consejeros en el Tribunal Agroambiental se redujeron de siete a cinco; se preseleccionará a 10 postulantes. En estas modificaciones se tomará en cuenta que el 50 por ciento de los candidatos deben ser mujeres, además de la inclusión de un representante indígena.
Ante eso, Aramayo señaló que las reformas a las normas debieron ser consensuadas, sobre todo en la reducción de número de magistrados en este tribunal, toda vez que los temas ambientales son importantes y requieren el mismo tratamiento que el resto de las áreas judiciales.
“Hay que tomar en cuenta las amenazas de contaminación a las regiones que son áreas protegidas, la deforestación indiscriminada de bosques es un tema preocupante, el cual debe ser sancionado. En vez de disminuir se debió potenciar este tribunal con recursos e infraestructura”, puntualizó.
Cada fiscal atiende 393 casos en promedio en todo el país
La carga de procesos que debe manejar cada fiscal en Bolivia es “elevadísima”, ya que en promedio debe atender 393 casos. En Santa Cruz se manejan 43.452 procesos que deben ser atendidos por 110 fiscales distribuidos en todo el departamento.
23 de Abril de 2017
Cada fiscal atiende 393 casos en promedio en todo el país
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, durante un desayuno trabajo sostenido con los periodistas de Santa Cruz el pasado miércoles, señaló que la carga procesal es “elevadísima”, por lo que proporcionó muchos datos sobre la realidad del funcionamiento de este organismo investigativo que busca cómo mejorar esta situación para bien de la población litigante. Una de estas vías para escuchar sugerencias por parte de la Fiscalía fue la de compartir este desayuno trabajo con los periodistas de medios de comunicación de Santa Cruz, en donde se recogieron diversas sugerencias y observaciones que hicieron notar los periodistas. Guerrero señaló que en todo el territorio nacional se cuenta con 508 fiscales, cantidad que es superada de sobremanera por la cantidad de casos que tiene que manejar cada fiscal. Son 200.000 procesos que tienen que ser atendidos por los 508 fiscales, lo que significa que cada fiscal tiene a su cargo 393 causas, en promedio, situación que deriva en que se origine una sobrecarga procesal por la acumulación de casos en poder de cada fiscal. El titular del Ministerio Público señaló que en el eje troncal (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) se encuentra concentrado el 80% de las causas. De ellos corresponden 43.452 casos para 110 fiscales en todo el departamento de Santa Cruz. A pesar de estas cifras que son poco favorables para la Fiscalía, Guerrero ve como un verdadero desafío en cada representante de esta institución redoblar los esfuerzos para mejorar el servicio para revertir esta situación. Una de las principales tareas, empeñadas por Guerrero es de transparentar las funciones al interior del Ministerio Público y de instar a cada fiscal que cumpla a cabalidad su función para evitar cuestionamientos por parte de la población. En este sentido, señaló que toda clase de accionar contrario a las normas están siendo castigados con ‘mano dura’ dentro de la Fiscalía, por lo que en la anterior gestión se destituyó a 86 fiscales debido a que fueron descubiertos actuando fuera de norma; mientras que en lo que va del año ocho fiscales han sido destituidos por la misma razón. Guerrero finalizó pidiendo que la ciudadanía debe ser el ojo vigilante del accionar de cada representante del Ministerio Público, similar petición la hizo hacia los periodistas, pidiéndole que no duden en hacer conocer sobre alguna mala acción.
23 de Abril de 2017
Cada fiscal atiende 393 casos en promedio en todo el país
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, durante un desayuno trabajo sostenido con los periodistas de Santa Cruz el pasado miércoles, señaló que la carga procesal es “elevadísima”, por lo que proporcionó muchos datos sobre la realidad del funcionamiento de este organismo investigativo que busca cómo mejorar esta situación para bien de la población litigante. Una de estas vías para escuchar sugerencias por parte de la Fiscalía fue la de compartir este desayuno trabajo con los periodistas de medios de comunicación de Santa Cruz, en donde se recogieron diversas sugerencias y observaciones que hicieron notar los periodistas. Guerrero señaló que en todo el territorio nacional se cuenta con 508 fiscales, cantidad que es superada de sobremanera por la cantidad de casos que tiene que manejar cada fiscal. Son 200.000 procesos que tienen que ser atendidos por los 508 fiscales, lo que significa que cada fiscal tiene a su cargo 393 causas, en promedio, situación que deriva en que se origine una sobrecarga procesal por la acumulación de casos en poder de cada fiscal. El titular del Ministerio Público señaló que en el eje troncal (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) se encuentra concentrado el 80% de las causas. De ellos corresponden 43.452 casos para 110 fiscales en todo el departamento de Santa Cruz. A pesar de estas cifras que son poco favorables para la Fiscalía, Guerrero ve como un verdadero desafío en cada representante de esta institución redoblar los esfuerzos para mejorar el servicio para revertir esta situación. Una de las principales tareas, empeñadas por Guerrero es de transparentar las funciones al interior del Ministerio Público y de instar a cada fiscal que cumpla a cabalidad su función para evitar cuestionamientos por parte de la población. En este sentido, señaló que toda clase de accionar contrario a las normas están siendo castigados con ‘mano dura’ dentro de la Fiscalía, por lo que en la anterior gestión se destituyó a 86 fiscales debido a que fueron descubiertos actuando fuera de norma; mientras que en lo que va del año ocho fiscales han sido destituidos por la misma razón. Guerrero finalizó pidiendo que la ciudadanía debe ser el ojo vigilante del accionar de cada representante del Ministerio Público, similar petición la hizo hacia los periodistas, pidiéndole que no duden en hacer conocer sobre alguna mala acción.
Saturday, April 22, 2017
Escuela de Jueces del Estado gradúa a 171 juzgadores
La Escuela de Jueces del Estado, dependiente del Órgano Judicial, entregó los certificados de promoción a 171 jueces que concluyeron el primer curso de formación y especialización judicial en área ordinaria, informó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Pastor Mamani.
22 de Abril de 2017
“Los egresados que vencieron el curso y fungen como jueces quedarán institucionalizados en el cargo, además todas las acefalias que quedan en la administración de justicia serán ocupados por las mejores notas y paulatinamente tendrán cabida todos los egresados de esta primera promoción”, manifestó en un acto público. Ese acto protocolar de conclusión de curso y egreso de la primera promoción de jueces del Estado Plurinacional, se realizó en el hall del TSJ de la ciudad de Sucre, constató un periodista de ABI. Asimismo, la máxima autoridad judicial exhortó a los nuevos jueces a seguir el camino de la probidad, honestidad y equidad en el ejercicio de sus funciones. “La función de juez es un compromiso de vida”, expresó.
22 de Abril de 2017
“Los egresados que vencieron el curso y fungen como jueces quedarán institucionalizados en el cargo, además todas las acefalias que quedan en la administración de justicia serán ocupados por las mejores notas y paulatinamente tendrán cabida todos los egresados de esta primera promoción”, manifestó en un acto público. Ese acto protocolar de conclusión de curso y egreso de la primera promoción de jueces del Estado Plurinacional, se realizó en el hall del TSJ de la ciudad de Sucre, constató un periodista de ABI. Asimismo, la máxima autoridad judicial exhortó a los nuevos jueces a seguir el camino de la probidad, honestidad y equidad en el ejercicio de sus funciones. “La función de juez es un compromiso de vida”, expresó.
Falta de independencia judicial alarma a parlamentarios europeos
La delegación de parlamentarios europeos terminó ayer su visita a Bolivia, después de tres días de permanencia en La Paz, expresando su preocupación sobre los informes que recibieron, los cuales revelan la falta de independencia judicial. Advirtieron que en un sistema democrático se respeta la separación de poderes y los derechos de todas las líneas políticas, no solo la oficial.
Cinco miembros de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Christian Dan Preda, Joaquim Zeller, Ana Gomez, Francisco Assis e Ignazio Corrao, visitaron Bolivia del 18 al 20 de abril y sostuvieron reuniones con diversas instituciones y organizaciones.
Al término de su visita, el presidente de la delegación, Dan Preda, declaró que uno de los objetivos de su llegada al país fue recoger información sobre los logros del Gobierno y alentar a mejorar más aún la situación de los derechos humanos en Bolivia.
INDEPENDENCIA JUDICIAL
Como conclusión, expusieron que una democracia en funcionamiento requiere de la separación de los poderes, “un poder judicial independiente y el respeto de los derechos de la oposición. Nos preocupaban los informes sobre la falta de independencia del poder judicial, que genera graves repercusiones en el funcionamiento del sistema de justicia”, afirmaron.
Acogieron con beneplácito el plan del Gobierno de reformar el Código Penal y adoptar un nuevo enfoque en relación con el sistema penitenciario, ya que la sobrepoblación en las cárceles y las detenciones preventivas, que a menudo duran varios años, son motivo de preocupación. Lamentaron, empero, no haber podido reunirse con el ministro de Justicia, Héctor Arce, como se había planeado, para discutir estos importantes asuntos.
La delegación se reunió en el Ministerio de Relaciones Exteriores con representantes de la Asamblea Legislativa, entre ellos el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño. Asismismo, lo hicieron con representantes de la OEA y Unicef, partidos políticos, ONG, asociaciones de mujeres y de un sindicato boliviano de niños trabajadores.
RECONOCIMIENTOS
Los europarlamentarios reconocieron los “importantes progresos realizados en determinados ámbitos, como los derechos económicos y sociales, la representación de los indígenas en el Parlamento, así como el acceso a la educación, la atención sanitaria y el agua potable”.
De igual manera, con una importante representación política de las mujeres en la Asamblea Legislativa, aunque consideraron que esto “no sustituye la voluntad política necesaria para combatir los feminicidios y la violencia doméstica generalizada”.
TRABAJO INFANTIL
Asimismo, manifestaron su preocupación por el trabajo infantil, a tiempo de sostener que “ningún niño debe trabajar en condiciones peligrosas”, no obstante reconocieron la complejidad del problema vinculado, en particular, a los niveles de pobreza. Sin embargo, recomendaron al Gobierno aceptar la asistencia de Unicef y de la OIT, en la aplicación de la ley y con vistas a futuras mejoras legales e institucionales.
Las conversaciones de los visitantes con sus interlocutores se centraron especialmente en los derechos de los pueblos indígenas, las mujeres (especialmente la violencia contra las mujeres), las condiciones carcelarias, la libertad de asociación, la situación de la sociedad civil, las reparaciones a las víctimas de la dictadura militar y la independencia del sistema judicial.
Cinco miembros de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Christian Dan Preda, Joaquim Zeller, Ana Gomez, Francisco Assis e Ignazio Corrao, visitaron Bolivia del 18 al 20 de abril y sostuvieron reuniones con diversas instituciones y organizaciones.
Al término de su visita, el presidente de la delegación, Dan Preda, declaró que uno de los objetivos de su llegada al país fue recoger información sobre los logros del Gobierno y alentar a mejorar más aún la situación de los derechos humanos en Bolivia.
INDEPENDENCIA JUDICIAL
Como conclusión, expusieron que una democracia en funcionamiento requiere de la separación de los poderes, “un poder judicial independiente y el respeto de los derechos de la oposición. Nos preocupaban los informes sobre la falta de independencia del poder judicial, que genera graves repercusiones en el funcionamiento del sistema de justicia”, afirmaron.
Acogieron con beneplácito el plan del Gobierno de reformar el Código Penal y adoptar un nuevo enfoque en relación con el sistema penitenciario, ya que la sobrepoblación en las cárceles y las detenciones preventivas, que a menudo duran varios años, son motivo de preocupación. Lamentaron, empero, no haber podido reunirse con el ministro de Justicia, Héctor Arce, como se había planeado, para discutir estos importantes asuntos.
La delegación se reunió en el Ministerio de Relaciones Exteriores con representantes de la Asamblea Legislativa, entre ellos el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño. Asismismo, lo hicieron con representantes de la OEA y Unicef, partidos políticos, ONG, asociaciones de mujeres y de un sindicato boliviano de niños trabajadores.
RECONOCIMIENTOS
Los europarlamentarios reconocieron los “importantes progresos realizados en determinados ámbitos, como los derechos económicos y sociales, la representación de los indígenas en el Parlamento, así como el acceso a la educación, la atención sanitaria y el agua potable”.
De igual manera, con una importante representación política de las mujeres en la Asamblea Legislativa, aunque consideraron que esto “no sustituye la voluntad política necesaria para combatir los feminicidios y la violencia doméstica generalizada”.
TRABAJO INFANTIL
Asimismo, manifestaron su preocupación por el trabajo infantil, a tiempo de sostener que “ningún niño debe trabajar en condiciones peligrosas”, no obstante reconocieron la complejidad del problema vinculado, en particular, a los niveles de pobreza. Sin embargo, recomendaron al Gobierno aceptar la asistencia de Unicef y de la OIT, en la aplicación de la ley y con vistas a futuras mejoras legales e institucionales.
Las conversaciones de los visitantes con sus interlocutores se centraron especialmente en los derechos de los pueblos indígenas, las mujeres (especialmente la violencia contra las mujeres), las condiciones carcelarias, la libertad de asociación, la situación de la sociedad civil, las reparaciones a las víctimas de la dictadura militar y la independencia del sistema judicial.
Friday, April 21, 2017
Comisión de Diputados Aprueban cambios a tres normas para elecciones
El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, informó el jueves que esa instancia legislativa aprobó la modificación de la Ley del Tribunal Constitucional, de la Ley del Órgano Judicial y de la Ley del Régimen Electoral para las elecciones judiciales de octubre próximo.
“Ya se tiene el informe de comisión, porque ya se ha aprobado las modificaciones a las leyes”, dijo a los periodistas.
Según Borda, las modificaciones a la Ley del Tribunal Constitucional se refieren al aumento del número de magistrados, de siete a nueve, que serán elegidos en circunscripción departamental, al igual que los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, velando por la equidad de género.
Agregó que las modificaciones establecen una disminución de los miembros del Tribunal Agrario, de siete a cinco, y para el Consejo de la Magistratura una reducción de cinco a tres magistrados.
Respecto a la Ley Electoral, Borda dijo que se realizan modificaciones al tema de difusión de los logros académicos y profesionales de los postulantes a magistrados.
Si algún postulante incurre en inducir el voto, Borda dijo que automáticamente quedará “inhabilitado” y habrá una sanción pecuniaria para el medio de comunicación que de igual forma induzca al voto por algún candidato.
“Para controlar todo esto, el Órgano Electoral tiene que establecer un centro de monitoreo para ver estos aspectos”, señaló.
Borda agregó que las modificaciones a la Ley del Órgano Judicial se enmarcan en el cambio de papeletas para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo de Justicia, tomando en cuenta que serán elegidos por circunscripción nacional, mientras con la modificación será departamental.
Por otro lado, una comisión especial trabaja en el reglamento de preselección de postulantes al Órgano Judicial en el que participan representantes de las universidades estatales del país.
En octubre de este año, se realizarán las elecciones judiciales por segunda vez.
“Ya se tiene el informe de comisión, porque ya se ha aprobado las modificaciones a las leyes”, dijo a los periodistas.
Según Borda, las modificaciones a la Ley del Tribunal Constitucional se refieren al aumento del número de magistrados, de siete a nueve, que serán elegidos en circunscripción departamental, al igual que los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, velando por la equidad de género.
Agregó que las modificaciones establecen una disminución de los miembros del Tribunal Agrario, de siete a cinco, y para el Consejo de la Magistratura una reducción de cinco a tres magistrados.
Respecto a la Ley Electoral, Borda dijo que se realizan modificaciones al tema de difusión de los logros académicos y profesionales de los postulantes a magistrados.
Si algún postulante incurre en inducir el voto, Borda dijo que automáticamente quedará “inhabilitado” y habrá una sanción pecuniaria para el medio de comunicación que de igual forma induzca al voto por algún candidato.
“Para controlar todo esto, el Órgano Electoral tiene que establecer un centro de monitoreo para ver estos aspectos”, señaló.
Borda agregó que las modificaciones a la Ley del Órgano Judicial se enmarcan en el cambio de papeletas para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo de Justicia, tomando en cuenta que serán elegidos por circunscripción nacional, mientras con la modificación será departamental.
Por otro lado, una comisión especial trabaja en el reglamento de preselección de postulantes al Órgano Judicial en el que participan representantes de las universidades estatales del país.
En octubre de este año, se realizarán las elecciones judiciales por segunda vez.
Thursday, April 20, 2017
Postulantes al Órgano Judicial Desacuerdos en el MAS por postular a sus asesores
Al interior del Movimiento al Socialismo (MAS) surgieron discrepancias sobre postular a las elecciones del sistema judicial a sus asesores, mientras el vicepresidente de la organización política se inclina por tener a sus “propios” representantes, el ministro de Justicia, Héctor Arce, no comparte ese criterio.
SUGERIR
El vicepresidente del MAS, Gerardo García, aseguró que las organizaciones sociales afines al Gobierno sugerirán a sus asesores como postulantes a las elecciones del Órgano Judicial, porque muchos “trabajaron por el bien de la patria” y fueron “consecuentes”.
“Justamente (a) nuestras organizaciones sociales se ha pedido que puedan ellos sugerir y recomendar. No estamos indicados para tomar decisiones. Seguramente el Legislativo tomará las decisiones. Pero sí, sugerir a algunos profesionales que sí han trabajado por el bien de su patria”, afirmó García y aseguró que en todos los departamentos existen profesionales “que han trabajado consecuentemente y han demostrado su ética”.
García aseguró que no se trata de un “cuoteo” porque solo sugerirán nombres de sus profesionales “no se está recomendando ni se están dando avales”, pero que en definitiva la Asamblea Legislativa Plurinacional decidirá tomarlos en cuenta o no.
HÉCTOR ARCE
“Yo no comparto ese criterio”, afirmó el Ministro de Justicia y agregó que en el mecanismo para la preselección debe prevalecer la meritocracia y no, si es asesor o pertenece a alguna filiación.
“Justamente (a) nuestras organizaciones sociales se ha pedido que puedan ellos sugerir y recomendar (…), no estamos indicados para tomar decisiones. Seguramente el Legislativo tomará las decisiones. Pero sí a sugerir a algunos profesionales que sí han trabajado por el bien de su patria”, declaró García.
El mes de octubre se realizarán las elecciones judiciales para cambiar a las altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional.
SUGERIR
El vicepresidente del MAS, Gerardo García, aseguró que las organizaciones sociales afines al Gobierno sugerirán a sus asesores como postulantes a las elecciones del Órgano Judicial, porque muchos “trabajaron por el bien de la patria” y fueron “consecuentes”.
“Justamente (a) nuestras organizaciones sociales se ha pedido que puedan ellos sugerir y recomendar. No estamos indicados para tomar decisiones. Seguramente el Legislativo tomará las decisiones. Pero sí, sugerir a algunos profesionales que sí han trabajado por el bien de su patria”, afirmó García y aseguró que en todos los departamentos existen profesionales “que han trabajado consecuentemente y han demostrado su ética”.
García aseguró que no se trata de un “cuoteo” porque solo sugerirán nombres de sus profesionales “no se está recomendando ni se están dando avales”, pero que en definitiva la Asamblea Legislativa Plurinacional decidirá tomarlos en cuenta o no.
HÉCTOR ARCE
“Yo no comparto ese criterio”, afirmó el Ministro de Justicia y agregó que en el mecanismo para la preselección debe prevalecer la meritocracia y no, si es asesor o pertenece a alguna filiación.
“Justamente (a) nuestras organizaciones sociales se ha pedido que puedan ellos sugerir y recomendar (…), no estamos indicados para tomar decisiones. Seguramente el Legislativo tomará las decisiones. Pero sí a sugerir a algunos profesionales que sí han trabajado por el bien de su patria”, declaró García.
El mes de octubre se realizarán las elecciones judiciales para cambiar a las altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional.
Candidatos para el Órgano Judicial realizarán campaña
Los candidatos seleccionados para ocupar altos cargos en el Órgano Judicial realizarán campañas para hacer conocer sus propuestas que viabilicen la revolución judicial en el territorio nacional, manifestó el diputado Víctor Borda.
El también presidente de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, de la Cámara Baja, explicó que esa instancia aprobó la modificación de la Ley del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental para cambiar el número de sus componentes, así como de la ley electoral para incorporar la propaganda de los candidatos habilitados para asumir altas responsabilidades en esa instancia judicial.
“Si bien anteriormente por preceptos constitucionales se prohibía toda acción de propaganda de los candidatos, eso se está modificando para que sea el Órgano Electoral fundamentalmente el que organice y realice algunos coloquios y entrevistas a los postulantes para que hagan conocer su visión de justicia y sus antecedentes profesionales y que no haya un desconocimiento del ciudadano en el momento en el que pueda emitir su voto”, precisó el diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS).
Explicó que esos eventos que serán organizados en los nueve departamentos serán transmitidos en vivo por los medios de comunicación para que la ciudadanía conozca y vote por el candidato que considere el más idóneo para el Órgano Judicial.
Ley de Convocatoria
La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, confirmó que hasta el 29 de abril la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá aprobar la Ley de Convocatoria para los postulantes al Órgano Judicial.
El también presidente de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, de la Cámara Baja, explicó que esa instancia aprobó la modificación de la Ley del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental para cambiar el número de sus componentes, así como de la ley electoral para incorporar la propaganda de los candidatos habilitados para asumir altas responsabilidades en esa instancia judicial.
“Si bien anteriormente por preceptos constitucionales se prohibía toda acción de propaganda de los candidatos, eso se está modificando para que sea el Órgano Electoral fundamentalmente el que organice y realice algunos coloquios y entrevistas a los postulantes para que hagan conocer su visión de justicia y sus antecedentes profesionales y que no haya un desconocimiento del ciudadano en el momento en el que pueda emitir su voto”, precisó el diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS).
Explicó que esos eventos que serán organizados en los nueve departamentos serán transmitidos en vivo por los medios de comunicación para que la ciudadanía conozca y vote por el candidato que considere el más idóneo para el Órgano Judicial.
Ley de Convocatoria
La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, confirmó que hasta el 29 de abril la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá aprobar la Ley de Convocatoria para los postulantes al Órgano Judicial.
Wednesday, April 19, 2017
Iglesia pide cuidar que elección judicial no sea “manipulada”
La Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) demandó ayer a la sociedad y al Gobierno boliviano que las elecciones judiciales que se realizarán el 22 de octubre “no sean manipuladas políticamente”, y recordó que en la primera experiencia de 2011 advirtió sobre una serie de errores en el proceso, en el que el voto en blanco fue mayoritario, pero no fue escuchada.
“Ojalá este proceso no sea un proceso políticamente manipulado y volvemos a insistir una vez más, la Conferencia Episcopal lo ha dicho varias veces: en un Estado democrático, la justicia tiene que ser independiente, todo lo que colabore a esa justicia, bienvenido, porque va a ser más sana nuestra democracia”, afirmó el secretario general adjunto de la CEB, sacerdote José Fuentes.
Aludió al primer evento desarrollado, en el que el pueblo emitió su opinión claramente y votó de forma mayoritaria en blanco, pero “que lamentablemente se tuvo en cuenta”.
Entonces, “todo lo que contribuya a la manipulación del proceso, evidentemente hará que nuestra democracia no sea sana y eso irá en perjuicio de todos”, acotó el clérigo.
Negociación en cero
Pese a este llamado, ayer en horas de la tarde, el oficialismo y la oposición, con representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), sostuvieron un cuarto encuentro con el objetivo de definir y validar de mutuo acuerdo las modificaciones a las normas del Tribunal Constitucional, de los órganos Judicial y Electoral, sin arribar a un entendimiento.
De acuerdo con el senador de Unidad Demócrata (UD), Edwin Rodríguez, las negociaciones se realizan en dos ámbitos el acordar las modificaciones a las leyes y el reglamento de preselección pero que, lamentablemente, no se acordó nada, por lo que se declaró un cuarto intermedio en las negociaciones hasta este viernes y reiniciar las conversaciones.
“Nosotros proponemos que las elecciones se hagan en circunscripciones departamentales y en todos los casos que se elija a nueve para todos los casos, (Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional y Consejo de la Magistratura) por dos sencillas razones: primero, darle legitimidad y cercanía al pueblo, y mejorar los porcentajes de votación.
Ellos proponen que no está bien y reducir en el Agroambiental y el Consejo, ahí discrepamos y hemos dejado en statu quo hasta el viernes”, sostuvo.
Respecto a la modificación al “reglamento de preselección”, el senador opositor dio cuenta que la bancada oficialista impulsa que la “calificación y evaluación” sea realizada conjuntamente entre diputados y senadores de las comisiones de Constitución de las cámaras (en la que tienen mayoría) y los representantes del Sistema Universitario Boliviano.
MASISTAS SUGERIRÁN A SUS “ASESORES”
Las organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) sugerirán a sus asesores como postulantes a las elecciones del Órgano Judicial, porque muchos “trabajaron por el bien de la patria” y fueron “consecuentes”, declaró el vicepresidente del MAS, Gerardo García, a la agencia ANF.
“Justamente (a) nuestras organizaciones sociales se ha pedido que puedan ellos sugerir y recomendar (…), no estamos indicados para tomar decisiones. Seguramente el Legislativo tomará las decisiones. Pero sí a sugerir a algunos profesionales que sí han trabajado por el bien de su patria”, afirmó.
Añadió que existen varios profesionales en las organizaciones sociales departamentales que tienen un perfil para postular a los cargos del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional.
“Sí hay en diferentes departamentos, hay muchos (profesionales), no podemos nombrarles, pero hay muchos que han trabajado consecuentemente y han demostrado su ética y su valor de trabajo en su profesión”, añadió García.
Aseguró que no se trata de un “cuoteo” porque sólo sugerirán nombres de sus profesionales, “no se está recomendando”, dijo.
PREVÉN TERMINAR REGLAMENTO ESTE MES
El presidente del Senado, José Alberto Gonzáles, señaló que el nuevo reglamento que se diseña con representantes del Sistema Universitario deja de lado elementos que se consideraron para las elecciones de 2011.
“Hay elementos que son diametralmente opuestos, algo que se había hecho, ese es el tema de la puntuación, elemento novedoso (ahora la calificación es) del 1 al 100. Otro elemento es la participación del sistema universitario en este proceso; anteriormente han sido procedimientos políticos. El rol de las universidades es fundamental asegurando que sea la meritocracia, la excelencia”, indicó. Señaló que de esta forma se podrá garantizar que los candidatos que lleguen a las “papeletas de votación” sean los mejores, los que hayan obtenido una alta puntuación. Gonzales adelantó que hasta el 29 de este mes el “reglamento de preselección” ya tendría que estar publicado y proceder con un periodo de convocatoria.
508 fiscales atienden 200.000 casos en el país
Con ocasión de un desayuno trabajo llevado a cabo por el Ministerio Público con los medios de prensa en Santa Cruz, el fiscal general Ernesto Guerrero escuchó propuestas de los periodistas y reveló detalles del trabajo en esta institución señalando que la carga procesal es inmensa para los 508 fiscales que hay en el país.
La autoridad manifestó que los 508 fiscales atienden 200.000 procesos una cantidad exorbitante que representa un promedio de 393 causas por cada fiscal.
En el eje troncal del país se concentra el 80 % de los procesos. En Santa Cruz, por ejemplo, existen 43.452 casos para 110 fiscales en todo el departamento.
Empero, dijo que seguirán trabajando con los recursos humanos con que cuentan a escala nacional.
Guerrero manifestó que la idea de su despacho es transparentar las funciones del Ministerio Público y de exigir a los fiscales que cumplan con su rol. Reveló que el año pasado 86 fiscales fueron destituidos por actuar fuera de la norma. En el primer trimestre de este año 8 fiscales han corrido esa misma suerte en el país. Convocó a la ciudadanía y a los periodistas a denunciar a los malos funcionarios de esta repartición del Estado.
Tuesday, April 18, 2017
Prevén mecanismos de seguridad para evitar filtrar exámenes o favorecer en elección judicial
La Asamblea Legislativa prevé “mecanismos de seguridad” y “codificación” del proceso de evaluación en la preselección de aspirantes al Órgano Judicial, para garantizar transparencia y evitar la filtración de exámenes o el favorecimiento a los candidatos.
El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, declaró este martes, que no será posible la filtración de exámenes ni el favorecimiento hacia algunos aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional.
“Se están implementando todos los mecanismos (de seguridad). A través del sistema informático se está elaborando un código de seguridad para evitar que se filtren preguntas o se intente favorecer a un ciudadano”, declaró Gonzales.
Sin embargo, el jefe de la bancada de Unidad Demócrata, Wilson Santamaría, declaró que en la mesa multipartidaria donde buscan acuerdos para aprobar un reglamento en consenso, expresarán sus observaciones a los riesgos en el examen o a la distribución del puntaje.
Gonzales explicó que los ocho representantes del sistema universitario boliviano participan activamente en el diseño de la reglamentación donde se están definiendo los criterios habilitantes y la metodología de evaluación de méritos, el examen escrito y la entrevista.
“Ellos van a llevar la batuta en este proceso”, precisó Gonzales, refiriéndose al sistema universitario, aunque dijo que este trabajo se realizará en el seno de la Comisión Mixta, un tema que fue observado por la oposición que planteó que la comisión sea conformada solo por académicos y no por políticos.
Gonzales comentó que se prevé una batería de no menos de 620 preguntas elaboradas por los académicos universitarios, los aspirantes a los altos cargos al Órgano Judicial accederán a las preguntas mediante un sorteo solo al momento de dar su examen.
Los exámenes no llevarán el nombre del candidato sino tendrá un código, por lo tanto la persona que califique desconocerá de quién es el examen. “Se tomarán todas las previsiones”, insistió el legislador, al sostener que el objetivo es elegir a los mejores profesionales.
Las preguntas también tendrán especificidad para los cuatro cargos, es decir para los tribunales Supremo de Justicia, Agroambiental, Constitucional y Consejo de la Magistratura.
“A partir de las 620 preguntas cuando la persona comparezca a dar su examen recién se imprimirá las preguntas. Ahí se enterará las preguntas que tienen”, acotó el presidente del Senado.
Oposición
Santamaría, dijo que no es suficiente que el sistema universitario participe sino que también deberían ser convocados el Colegio de Abogados de Bolivia y representantes de los colegios departamentales de abogados "para una selección idónea, transparente e independiente".
UD no está de acuerdo con la reducción de miembros del Consejo de la Magistratura; sugieren que la elección sea por circunscripción departamental; tampoco comparten la distribución de puntaje plantean que 60 puntos sobre 100 sea para la evaluación de méritos y el resto para el examen escrito y la entrevista.
"Porque es susceptible de filtrarse preguntas o cruzar preguntas", advirtió el diputado, quien dijo que hay temas que no pueden ser negociados con el objetivo de garantizar una selección transparente.
El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, declaró este martes, que no será posible la filtración de exámenes ni el favorecimiento hacia algunos aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional.
“Se están implementando todos los mecanismos (de seguridad). A través del sistema informático se está elaborando un código de seguridad para evitar que se filtren preguntas o se intente favorecer a un ciudadano”, declaró Gonzales.
Sin embargo, el jefe de la bancada de Unidad Demócrata, Wilson Santamaría, declaró que en la mesa multipartidaria donde buscan acuerdos para aprobar un reglamento en consenso, expresarán sus observaciones a los riesgos en el examen o a la distribución del puntaje.
Gonzales explicó que los ocho representantes del sistema universitario boliviano participan activamente en el diseño de la reglamentación donde se están definiendo los criterios habilitantes y la metodología de evaluación de méritos, el examen escrito y la entrevista.
“Ellos van a llevar la batuta en este proceso”, precisó Gonzales, refiriéndose al sistema universitario, aunque dijo que este trabajo se realizará en el seno de la Comisión Mixta, un tema que fue observado por la oposición que planteó que la comisión sea conformada solo por académicos y no por políticos.
Gonzales comentó que se prevé una batería de no menos de 620 preguntas elaboradas por los académicos universitarios, los aspirantes a los altos cargos al Órgano Judicial accederán a las preguntas mediante un sorteo solo al momento de dar su examen.
Los exámenes no llevarán el nombre del candidato sino tendrá un código, por lo tanto la persona que califique desconocerá de quién es el examen. “Se tomarán todas las previsiones”, insistió el legislador, al sostener que el objetivo es elegir a los mejores profesionales.
Las preguntas también tendrán especificidad para los cuatro cargos, es decir para los tribunales Supremo de Justicia, Agroambiental, Constitucional y Consejo de la Magistratura.
“A partir de las 620 preguntas cuando la persona comparezca a dar su examen recién se imprimirá las preguntas. Ahí se enterará las preguntas que tienen”, acotó el presidente del Senado.
Oposición
Santamaría, dijo que no es suficiente que el sistema universitario participe sino que también deberían ser convocados el Colegio de Abogados de Bolivia y representantes de los colegios departamentales de abogados "para una selección idónea, transparente e independiente".
UD no está de acuerdo con la reducción de miembros del Consejo de la Magistratura; sugieren que la elección sea por circunscripción departamental; tampoco comparten la distribución de puntaje plantean que 60 puntos sobre 100 sea para la evaluación de méritos y el resto para el examen escrito y la entrevista.
"Porque es susceptible de filtrarse preguntas o cruzar preguntas", advirtió el diputado, quien dijo que hay temas que no pueden ser negociados con el objetivo de garantizar una selección transparente.
Cusi no renunciará al TCP
El magistrado suspendido Gualberto Cusi, quien enfrenta un juicio de responsabilidades en la Cámara de Senadores, no renunciará a su cargo en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), sino más bien, pese a su estado delicado de salud, continuará con el proceso, informó su abogado defensor, William Bascopé.
“Esto es un tema de dignidad para el magistrado Cusi y creo que también para mucha gente que cree en su inocencia. El renunciar es aceptar que cometió delitos montados políticos, entonces no sería nada coherente renunciar. Nosotros creemos que él debe asumir defensa y él cree también eso (…) Hasta hoy no han probado nada de sus acusaciones”, declaró el abogado.
El proceso contra Cusi data de 2014 y fue iniciado por la anterior Asamblea Legislativa Plurinacional (2010-2014), por presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Carta Magna y a las leyes, incumplimiento de deberes y prevaricato, al dejar en suspenso la aplicación de la Ley del Notariado.
La semana pasada se desarrolló su audiencia en la Cámara de Senadores, después de varias suspensiones, y mientras se daba lectura al estado de salud del magistrado suspendido, éste se descompensó y rompió en llanto.
Al respecto, Bascopé señaló que su defendido se encuentra anímicamente muy mal y que su estado físico de salud también es delicado.
De ahí que se espera que el juicio termine lo más antes posible pero de manera transparente; aunque Cusi no confía en el Senado donde la mayoría es oficialista.
“Nosotros le hemos recomendado que de una vez debe terminarse esto, él también quiere eso, pero desconfía en el Senado después de lo que ha visto porque ya tienen todo redactado en escritorio, hemos sido testigos de eso”, declaró Bascopé.
“Esto es un tema de dignidad para el magistrado Cusi y creo que también para mucha gente que cree en su inocencia. El renunciar es aceptar que cometió delitos montados políticos, entonces no sería nada coherente renunciar. Nosotros creemos que él debe asumir defensa y él cree también eso (…) Hasta hoy no han probado nada de sus acusaciones”, declaró el abogado.
El proceso contra Cusi data de 2014 y fue iniciado por la anterior Asamblea Legislativa Plurinacional (2010-2014), por presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Carta Magna y a las leyes, incumplimiento de deberes y prevaricato, al dejar en suspenso la aplicación de la Ley del Notariado.
La semana pasada se desarrolló su audiencia en la Cámara de Senadores, después de varias suspensiones, y mientras se daba lectura al estado de salud del magistrado suspendido, éste se descompensó y rompió en llanto.
Al respecto, Bascopé señaló que su defendido se encuentra anímicamente muy mal y que su estado físico de salud también es delicado.
De ahí que se espera que el juicio termine lo más antes posible pero de manera transparente; aunque Cusi no confía en el Senado donde la mayoría es oficialista.
“Nosotros le hemos recomendado que de una vez debe terminarse esto, él también quiere eso, pero desconfía en el Senado después de lo que ha visto porque ya tienen todo redactado en escritorio, hemos sido testigos de eso”, declaró Bascopé.
Monday, April 17, 2017
Legislativo define que 8 expertos del sistema universitario apoyen preselección de candidatos judiciales
El Legislativo definió que ocho expertos del sistema universitario boliviano coadyuvarán en el proceso de preselección de candidatos a las elecciones judiciales del octubre. Redactarán las preguntas del examen escrito y oral y participarán de las sesiones de comisión de la selección final.
Los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, José Alberto Gonzales y Gabriela Montaño, respectivamente, indicaron, en conferencia de prensa conjunta, que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) decidió “abrir” sus puertas al sistema universitario para que acompañe el proceso de preselección de los candidatos.
"Estamos convencidos de que es el ámbito por excelencia de la elección, evaluación y calificación de méritos de recursos profesionales y humanos. Será fundamental su participación”, destacó Gonzales.
La hoja de vida del postulante más los méritos acumulados en su vida profesional, como textos escritos y otros, tendrá una puntuación de 40 sobre 100. La evaluación o examen escrito tendrá un puntaje de 30 sobre 100, al igual que la fase de entrevista.
"El sistema universitario nombraría, según esta propuesta consensuada con el sistema, ocho expertos en el ámbito fundamental del derecho para que de manera conjunta, tanto en la fase de evaluación de méritos como preparación del examen escrito, participen dentro de una misma comisión (conjuntamente las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural del Senado y Diputados)”, indicó Montaño.
Según Montaño se consensuó que el grupo de expertos particip en la verificación y evaluación del cumplimiento de los documentos específicos para los cargos que postulen. "Sí en este primer filtró no cumple (el postulante) uno de los requisititos será inhabilitado para todo el proceso”, remarcó.
"En la fase del examen escrito, la realización de las preguntas estará a cargo absolutamente del sistema universitario. Se hará una primera bolsa de preguntas de las cuales se extractarán para los exámenes el mismo día para evitar que los exámenes se puedan filtrar”, explicó.
En la búsqueda de un sistema que evite que los postulantes sean favorecidos, Montaño indicó que se tiene en planes el uso de los códigos QR para que en el momento de la corrección del examen se desconozca el nombre y apellido del postulante. "Habrán preguntas cerradas y analíticas", indicó.
La ALP tiene a su cargo la preselección de los candidatos que irán a la elección judicial de octubre para cargos en el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
Según Gonzales, se prevé que hasta el 29 de abril se emita la convocatoria con el respectivo reglamento para la preselección. Advirtió que mañana se reunirán con los partidos políticos de oposición para comenzar el consenso del reglamento.
"Tengan la certeza de que los mejores llegarán a la papeleta, no los mejores recomendados o mejores llunkeados", remarcó Gonzales y descartó cualquier favoritismo político. (17/04/2017)
Friday, April 14, 2017
Elecciones judiciales Universidades serán parte de selección de postulantes
El Órgano Legislativo que trabaja en la organización para el proceso de elecciones del sistema judicial decidió convocar a las universidades del país para que estas sean parte de la selección de los postulantes a nuevas autoridades judiciales elegidas en base a la meritocracia, informó ayer Álvaro García.
“La Asamblea por decisión propia (…) ha decidido formar una comisión con la sociedad civil, con el sistema de las universidades de Bolivia, con los centros de formación académica más importantes del país donde se forman abogados y con ellos se está estableciendo un mecanismo de requisitos de evaluaciones meritocráticas para seleccionar a los mejores del país”, informó García en conferencia de prensa.
En ese marco, informó que la Comisión Legislativa y de Gobierno central ya sostuvp reuniones con el sistema universitario boliviano para establecer un mecanismo de evaluación meritocrática para la elección de nuevas autoridades judiciales.
CUOTEO
En ese marco, García admitió que no sirvió el cuoteo de las organizaciones sociales en la selección de los postulantes a autoridades judiciales, que ahora –según el Gobierno– serán elegidas por meritocracia para que luego se sometan al voto popular.
“La justicia de hace 10 años o hace 15 es igual de corrupta e incompetente que la justicia de hoy, el cuoteo político en el Congreso (de antes) no sirvió, y el cuoteo de las organizaciones sociales tampoco sirvió, esa es la conclusión que saco, ni un cuoteo ni el otro cuoteo”, afirmó García Linera.
Aunque consideró que es un avance importante el hecho de que la población vote por los magistrados, también reconoció que fue un error el proceso de selección de los candidatos a esos cargos de la administración judicial del país.
REGLAS
La Comisión de Implementación de la Cumbre de Justicia acordó ayer las reglas y requisitos para la preselección de las máximas autoridades del Órgano Judicial, informó el ministro de Justicia, Héctor Arce.
“Mientras algunos critican o hacen propuesta descabelladas, no proponen nada en resumidas cuentas, nosotros trabajamos con actores más importantes para la preselección de mejores abogados que vayan a ocupar los más grandes cargos de la administración de justicia”, dijo en rueda de prensa.
Arce señaló que los pilares de ese proceso deben ser la transparencia y la meritocracia para la consolidación del proceso de preselección y elección de los mejores profesionales en derecho.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, informó que dicha comisión trabajó en dos propuestas para mejorar el Reglamento de Preselección.
Anotó que la primera está referida a cumplir requisitos que se denominan ‘habilitantes’ o ‘inhabilitantes’ y dijo que quienes no cumplan los mismos quedarán fuera del proceso de preselección.
La segunda es la evaluación de méritos, para lo que se acordó con el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana crear un sistema y mecanismo de calificación que incluye formación académica, la experiencia profesional y la producción intelectual, explicó Montaño.
En la evaluación de méritos el puntaje general será de 40 puntos, el examen escrito 30 y similar puntuación en la entrevista.
Las elecciones judiciales están previstas para octubre próximo.
“La Asamblea por decisión propia (…) ha decidido formar una comisión con la sociedad civil, con el sistema de las universidades de Bolivia, con los centros de formación académica más importantes del país donde se forman abogados y con ellos se está estableciendo un mecanismo de requisitos de evaluaciones meritocráticas para seleccionar a los mejores del país”, informó García en conferencia de prensa.
En ese marco, informó que la Comisión Legislativa y de Gobierno central ya sostuvp reuniones con el sistema universitario boliviano para establecer un mecanismo de evaluación meritocrática para la elección de nuevas autoridades judiciales.
CUOTEO
En ese marco, García admitió que no sirvió el cuoteo de las organizaciones sociales en la selección de los postulantes a autoridades judiciales, que ahora –según el Gobierno– serán elegidas por meritocracia para que luego se sometan al voto popular.
“La justicia de hace 10 años o hace 15 es igual de corrupta e incompetente que la justicia de hoy, el cuoteo político en el Congreso (de antes) no sirvió, y el cuoteo de las organizaciones sociales tampoco sirvió, esa es la conclusión que saco, ni un cuoteo ni el otro cuoteo”, afirmó García Linera.
Aunque consideró que es un avance importante el hecho de que la población vote por los magistrados, también reconoció que fue un error el proceso de selección de los candidatos a esos cargos de la administración judicial del país.
REGLAS
La Comisión de Implementación de la Cumbre de Justicia acordó ayer las reglas y requisitos para la preselección de las máximas autoridades del Órgano Judicial, informó el ministro de Justicia, Héctor Arce.
“Mientras algunos critican o hacen propuesta descabelladas, no proponen nada en resumidas cuentas, nosotros trabajamos con actores más importantes para la preselección de mejores abogados que vayan a ocupar los más grandes cargos de la administración de justicia”, dijo en rueda de prensa.
Arce señaló que los pilares de ese proceso deben ser la transparencia y la meritocracia para la consolidación del proceso de preselección y elección de los mejores profesionales en derecho.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, informó que dicha comisión trabajó en dos propuestas para mejorar el Reglamento de Preselección.
Anotó que la primera está referida a cumplir requisitos que se denominan ‘habilitantes’ o ‘inhabilitantes’ y dijo que quienes no cumplan los mismos quedarán fuera del proceso de preselección.
La segunda es la evaluación de méritos, para lo que se acordó con el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana crear un sistema y mecanismo de calificación que incluye formación académica, la experiencia profesional y la producción intelectual, explicó Montaño.
En la evaluación de méritos el puntaje general será de 40 puntos, el examen escrito 30 y similar puntuación en la entrevista.
Las elecciones judiciales están previstas para octubre próximo.
Ocho académicos calificarán a nuevas autoridades judiciales
La propuesta de reglamento para la preselección y elección de altas autoridades judiciales plantea que ocho académicos del Sistema Universitario Boliviano evalúen a los postulantes a magistradas y magistrados del Órgano Judicial.
En conferencia de prensa, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, explicó que la iniciativa, que será puesta a consideración de la Comisión de Implementación de las conclusiones de la Cumbre de Justicia, el 18 de abril, propone dos pasos.
La primera se refiere a los requisitos que habilitan e inhabilitan a los participantes, y la evaluación de méritos a través de un mecanismo de calificación.
Manifestó que la evaluación de méritos tendrá una puntuación de 40, un examen de 30 puntos y una entrevista de 30 puntos.
Asimismo, la etapa de evaluación considerará la formación académica con 14 puntos, la experiencia profesional 19 puntos, la producción intelectual cinco puntos y la interrelación con organizaciones indígenas originarias campesinas dos puntos.
Académicos
El Sistema Universitario Boliviano propuso ocho académicos profesionales en Derecho para acompañar activamente a la Comisión Mixta de Constitución y Justicia de la Asamblea Legislativa en el proceso de evaluación de méritos, el examen y las entrevistas.
“Hay importantes acuerdos, sobre todo en la metodología de evaluación de méritos de cada uno de los postulantes”, precisó.
Justicia independiente
El ministro Héctor Arce aseguró que la justicia boliviana debe ser independiente del poder político y de las organizaciones sociales, por lo que con el proceso de selección se busca eliminar toda posibilidad de cuoteo para el Órgano Judicial.
En conferencia de prensa, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, explicó que la iniciativa, que será puesta a consideración de la Comisión de Implementación de las conclusiones de la Cumbre de Justicia, el 18 de abril, propone dos pasos.
La primera se refiere a los requisitos que habilitan e inhabilitan a los participantes, y la evaluación de méritos a través de un mecanismo de calificación.
Manifestó que la evaluación de méritos tendrá una puntuación de 40, un examen de 30 puntos y una entrevista de 30 puntos.
Asimismo, la etapa de evaluación considerará la formación académica con 14 puntos, la experiencia profesional 19 puntos, la producción intelectual cinco puntos y la interrelación con organizaciones indígenas originarias campesinas dos puntos.
Académicos
El Sistema Universitario Boliviano propuso ocho académicos profesionales en Derecho para acompañar activamente a la Comisión Mixta de Constitución y Justicia de la Asamblea Legislativa en el proceso de evaluación de méritos, el examen y las entrevistas.
“Hay importantes acuerdos, sobre todo en la metodología de evaluación de méritos de cada uno de los postulantes”, precisó.
Justicia independiente
El ministro Héctor Arce aseguró que la justicia boliviana debe ser independiente del poder político y de las organizaciones sociales, por lo que con el proceso de selección se busca eliminar toda posibilidad de cuoteo para el Órgano Judicial.
Thursday, April 13, 2017
Corte chilena rechaza recurso de amparo presentada por defensa de bolivianos detenidos
La Corte de Apelaciones de Iquique rechazó el recurso de amparo constitucional presentado por el equipo jurídico boliviano para buscar la liberación de dos militares y siete funcionarios de la Aduana Nacional, detenidos en la frontera con Chile el pasado 19 de marzo, informó el Ministerio Público de Chile a través de su cuenta de Twitter.
"Corte Apelaciones rechazó amparo presentado por defensa de militares y civiles bolivianos detenidos en Chile. Se mantiene prisión preventiva", señala el comunicado en redes sociales.
Corte Apelaciones rechazo amparo presentado por defensa de militares y civiles bolivianos detenidos en Chile.Se mantiene prisión preventiva.
- Fiscalia_XI_Region (@Fiscalia_Aysen) 13 de abril de 2017
El martes, a la cabeza del procurador general del Estado, Pablo Menacho, el equipo jurídico de Bolivia presentó un amparo constitucional con el objetivo de lograr la pronta libertad de los nueve ciudadanos bolivianos, alegando de que existen una serie de acciones irregulares y violaciones a los derechos humanos, que tornan ilegal e indebida la detención de los mismos.
El 19 de marzo, dos militares y siete funcionarios de la Aduana fueron detenidos por Carabineros de Chile, cuando realizaban tareas de lucha contra el contrabando en la frontera.
Posteriormente el Ministerio Público de Chile imputó a los nueve bolivianos por los delitos de robo con intimidación y violencia, porte y tenencia de armas prohibidas y contrabando.
Luego el 22 de marzo en audiencia cautelar, el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, ubicada en la región de Tarapacá, determinó la detención preventiva de los citados, en el penal de Alto Hospicio, en el norte de Chile, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el caso.
"Corte Apelaciones rechazó amparo presentado por defensa de militares y civiles bolivianos detenidos en Chile. Se mantiene prisión preventiva", señala el comunicado en redes sociales.
Corte Apelaciones rechazo amparo presentado por defensa de militares y civiles bolivianos detenidos en Chile.Se mantiene prisión preventiva.
- Fiscalia_XI_Region (@Fiscalia_Aysen) 13 de abril de 2017
El martes, a la cabeza del procurador general del Estado, Pablo Menacho, el equipo jurídico de Bolivia presentó un amparo constitucional con el objetivo de lograr la pronta libertad de los nueve ciudadanos bolivianos, alegando de que existen una serie de acciones irregulares y violaciones a los derechos humanos, que tornan ilegal e indebida la detención de los mismos.
El 19 de marzo, dos militares y siete funcionarios de la Aduana fueron detenidos por Carabineros de Chile, cuando realizaban tareas de lucha contra el contrabando en la frontera.
Posteriormente el Ministerio Público de Chile imputó a los nueve bolivianos por los delitos de robo con intimidación y violencia, porte y tenencia de armas prohibidas y contrabando.
Luego el 22 de marzo en audiencia cautelar, el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, ubicada en la región de Tarapacá, determinó la detención preventiva de los citados, en el penal de Alto Hospicio, en el norte de Chile, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el caso.
Proponen ponderar dirigencia indígena en elección judicial
La comisión interinstitucional que elabora sugerencias para la convocatoria a postulantes a magistrados del Órgano Judicial definió sugerencias para los rangos de evaluación. Existe una ponderación de dos puntos por haber ejercido como autoridad de nación o pueblo indígena
La protesta, que debe ser analizada en el Legislativo, contempla 40 puntos la evaluación curricular, 30 puntos prueba escrita y 30 puntos entrevista. En todo el proceso de garantiza el acompañamiento académico de profesionales destacados de la universidad boliviana.
El ministro del área, Héctor Arce, aseguró por completo que dentro del proceso no existirá "cuoteo" de ningún lado. Esta mañana el vicepresidente Álvaro García Linera admitió que antes fracasó tanto la injerencia del Congreso neoliberal como la presión de organizaciones sociales al MAS.
La sugerencia de dicha comisión valora dentro de la evaluación curricular la formación académica, con 14 puntos; la experiencia profesional 19 puntos; la producción intelectual 5 puntos y dos puntos por el haber ejercido cargo de dirigente indígena.
Wednesday, April 12, 2017
La elección de los magistrados tendrá dos papeletas
Habrá cambios en la elección judicial del 22 de octubre. A
diferencia de 2011, que tuvo una sola boleta de sufragio para 125
aspirantes a magistrados, en este proceso habrá dos papeletas de
votación.
Según el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), José Luis Exeni, la propuesta contempla una boleta para elegir en circunscripción nacional a los miembros del Tribual Agroambiental, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional Plurinacional, y en la otra papeleta se elegirá a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que son electos en circunscripción departamental.
Otro cambio está referido al periodo de difusión de los méritos de los candidatos, que será de 60 días y no de 40, como en el anterior proceso. También se eliminará las restricciones a los medios de comunicación para entrevistar a los aspirantes, pero respetando la equidad y la pluralidad.
Reacciones
Al respecto, el diputado Víctor Borda (MAS) calificó de positivos los cambios porque, en su criterio, permitirán que el elector acuda informado a emitir su voto. Por el contrario, su colega opositora del PDC, Norma Piérola, opinó que ese cambio debe producirse desde la Asamblea Legislativa y delegar la preselección de los aspirantes a un cuerpo colegiado para garantizar que los candidatos a magistrados no tengan militancia ni vinculación con el MAS ni con ningún otro partido político
Según el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), José Luis Exeni, la propuesta contempla una boleta para elegir en circunscripción nacional a los miembros del Tribual Agroambiental, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional Plurinacional, y en la otra papeleta se elegirá a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que son electos en circunscripción departamental.
Otro cambio está referido al periodo de difusión de los méritos de los candidatos, que será de 60 días y no de 40, como en el anterior proceso. También se eliminará las restricciones a los medios de comunicación para entrevistar a los aspirantes, pero respetando la equidad y la pluralidad.
Reacciones
Al respecto, el diputado Víctor Borda (MAS) calificó de positivos los cambios porque, en su criterio, permitirán que el elector acuda informado a emitir su voto. Por el contrario, su colega opositora del PDC, Norma Piérola, opinó que ese cambio debe producirse desde la Asamblea Legislativa y delegar la preselección de los aspirantes a un cuerpo colegiado para garantizar que los candidatos a magistrados no tengan militancia ni vinculación con el MAS ni con ningún otro partido político
Gualberto Cusi se desmaya y su juicio es suspendido
El suspendido magistrado Gualberto Cusi no soportó la extensa lectura de pruebas y su estado de salud se deterioró hasta el punto de romper el llanto y desvanecerse en pleno juicio de responsabilidades que impulsa el Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Senadores.
Su abogado, Williams Bascopé relató que las penurias que pasa la exautoridad no tiene fin y la semana pasada su madre tuvo que vender su ropa para sustentar el tratamiento y la alimentación especial que requiere el indígena.
"Una madre no podía seguir viendo eso y fue a vender sus polleras, que fue el acto que acabó con el estado anímico del magistrado, y no podemos seguir en esta situación", dijo el abogado mientras Cusi rompía en llanto impotente.
El presidente del tribunal, José Alberto Gonzáles consultó con el Ministerio Público que está representado por el diputado Víctor Borda, quien dijo que en vista del estado de salud de Cusi se adhería al pedido de la defensa y suspendieron el proceso hasta el 24 de abril.
Al abandonar el hemiciclo parlamentario y el edificio congresal, Cusi se negó a realizar cualquier declaración y sus abogados pidieron excusas a los medios y dijeron que se debe considerar el estado de ánimo del acusado.
"Mi madre mi pidió que me entregue al poder para hagan lo que quieran conmigo", escribió el indígena en su cuenta en Facebook. La pasada semana lo declararon en rebeldía, dispusieron su arraigo e instruyeron su aprehensión.
El proceso data de 2014 y fue reiniciado la pasada gestión. Ahora encara la etapa de presentación de pruebas documentales y presuntamente en los próximos días se dictará una sentencia.
Cusi es acusado por la presunta comisión de los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes, tras la suspensión de la aplicación de la Ley del Notariado.
TSE y ALP definirán ruta para elecciones judiciales
El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) José Luis Exeni anunció que se ha programado para hoy una reunión de coordinación con los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados con miras a revisar el calendario para las elecciones judiciales programadas para octubre.
Es “una primera reunión de coordinación formal entre ambos órganos del poder público para dialogar en torno al calendario de las convocatorias.
Hay que recordar que este proceso tiene dos fases: una primera fase de selección de postulantes y una segunda fase propiamente electoral”, dijo a radio Patria Nueva.
El TSE tiene programada para octubre la elección de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, toda vez que el mandato de las actuales autoridades culmina en diciembre de este año.
Exeni adelantó que se presentará a las autoridades del Legislativo un proyecto de modificaciones a la Ley del Régimen Electoral que elaboró la sala plena del TSE.
Es “una primera reunión de coordinación formal entre ambos órganos del poder público para dialogar en torno al calendario de las convocatorias.
Hay que recordar que este proceso tiene dos fases: una primera fase de selección de postulantes y una segunda fase propiamente electoral”, dijo a radio Patria Nueva.
El TSE tiene programada para octubre la elección de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, toda vez que el mandato de las actuales autoridades culmina en diciembre de este año.
Exeni adelantó que se presentará a las autoridades del Legislativo un proyecto de modificaciones a la Ley del Régimen Electoral que elaboró la sala plena del TSE.
Tuesday, April 11, 2017
Williams Davila representante del Consejo de la Magistratura del departamento, afirma que no es "monedita de oro
Desde 2006, Williams Dávila tuvo el reto de brindar una justicia oportuna al mundo litigante. Desde que fue juez de Instrucción en lo Penal hasta su cargo como fiscal departamental de La Paz, en 2010, tuvo que fallar en favor de lo que él considera justo.
Hoy es el representante del Consejo de la Magistratura del departamento, afirma que no es "monedita de oro” para caer bien a todos, que su único objetivo es que el funcionario judicial sirva a la gente con prontitud, pero que no se sirva de ella. A sus críticos les dice que no fue premiado.
¿Cuándo asumió el cargo como representante del Consejo de la Magistratura y cuáles son los objetivos que se planteó para su gestión?
Estamos aquí desde el 24 de marzo, realizamos un trabajo de evaluación, hemos ido a inspeccionar algunos edificios, estamos con los juzgados en materia penal y civil en la ciudad en El Alto, en las oficinas de Derechos Reales, en el REJAP (Registro Judicial de Antecedentes Penales) para terminar con las filas y dar buena atención.
Uno de los retos es colaborar para que exista un buen servicio, de que el funcionario judicial sirva a la ciudadanía y ya no se sirva de la sociedad. Vamos a hacer un trabajo de concientización de todos los servidores judiciales y administrativos para que se mejore la justicia.
¿Qué temas pendientes le ha dejado su antecesor? Estaban en proceso casos de corrupción y disciplinarios contra jueces y otros funcionarios.
Los procesos siguen adelante, tenemos unidades especializadas, el área legal sigue los casos penales. Mi antecesor no estuvo mucho tiempo, por lo que hemos continuado con el trabajo, vamos a seguir con el trabajo de control y fiscalización en todos los ámbitos.
¿Cuántos jueces están procesados actualmente en La Paz?
El número exacto no lo tengo, pero la mayor parte de los jueces tiene denuncias, todos esos casos hay que verificar, así como los que hay contra otros funcionarios. Hay tres jueces disciplinarios que están a cargo de eso.
¿Cómo se trabaja cuando los jueces procesados son suspendidos? ¿Hay suficientes suplentes?
Ya hay resoluciones (de suspensión), pero nos preocupa, es traumático en el mundo litigante que se suspenda a un juez y el suplente no continúe con el proceso, pero de todas maneras la ley establece esas medidas. A los jueces no se los puede destituir, sino suspenderlos sin goce de haberes mientras dure la investigación.
Posiblemente una cantidad de jueces sea apartada de sus cargos, ¿hay los ítems necesarios para que otros se hagan cargo?
Estamos tratando de que el suplente tome su cargo de inmediato. La suplencia se la declara al siguiente número, entonces inmediatamente se hace una suspensión y se hace cargo al que le corresponde. Hay hasta ahora los suficientes. El juez tiene que seguir con el proceso, pese a que se le carga el trabajo, pero tiene que seguir con el proceso.
¿En qué situación está la infraestructura en general? ¿Qué proyectos hay para eso?
Hay políticas de gestión que las vamos a hacer, pero lo que nos falta son medios económicos.
¿Cuánto dinero se necesita?
Esto se verá en las políticas que haga el Consejo.
¿Cómo ha sido la selección de los nuevos representantes distritales del Consejo de la Magistratura? ¿Cómo llegó usted al cargo?
Nosotros mandamos los currículos respectivos a Sucre y desde ahí las autoridades ven las hojas de vida. En mi caso los del Consejo me han invitado para que pueda colaborarles en esta gestión que no es mucho tiempo.
¿Qué opina de las críticas que surgieron tras su nombramiento en torno al fallo que dio sobre Leopoldo Fernández cuando era juez? Algunos críticos afirman que es un premio que usted recibió.
¿Un premio? No creo que sea un premio estar en este cargo, este es un trabajo completamente vasto, que va en contra de los funcionarios, uno se hace hasta enemigo de los propios jueces. No creo que sea un premio, aquí el premio fue trabajar a favor de la gente, de la ciudadanía.
Creo que cuando uno está como juez atiende varios casos, no solamente he atendido el caso de Leopoldo, he atendido muchos más. De repente les interesa más el caso de Leopoldo, pero yo he metido a la cárcel a muchos asesinos y de eso no me preguntan.
De la gente tengo mucho apoyo, en las redes tengo apoyo. Uno no es monedita de oro, pero no hay que irse a una cuestión política. No soy de ningún partido político, por eso tengo mi certificado de que nunca he sido de ningún partido político. Yo vine aquí para servir al pueblo , la paceñidad me conoce y a nivel nacional también.
Hoy es el representante del Consejo de la Magistratura del departamento, afirma que no es "monedita de oro” para caer bien a todos, que su único objetivo es que el funcionario judicial sirva a la gente con prontitud, pero que no se sirva de ella. A sus críticos les dice que no fue premiado.
¿Cuándo asumió el cargo como representante del Consejo de la Magistratura y cuáles son los objetivos que se planteó para su gestión?
Estamos aquí desde el 24 de marzo, realizamos un trabajo de evaluación, hemos ido a inspeccionar algunos edificios, estamos con los juzgados en materia penal y civil en la ciudad en El Alto, en las oficinas de Derechos Reales, en el REJAP (Registro Judicial de Antecedentes Penales) para terminar con las filas y dar buena atención.
Uno de los retos es colaborar para que exista un buen servicio, de que el funcionario judicial sirva a la ciudadanía y ya no se sirva de la sociedad. Vamos a hacer un trabajo de concientización de todos los servidores judiciales y administrativos para que se mejore la justicia.
¿Qué temas pendientes le ha dejado su antecesor? Estaban en proceso casos de corrupción y disciplinarios contra jueces y otros funcionarios.
Los procesos siguen adelante, tenemos unidades especializadas, el área legal sigue los casos penales. Mi antecesor no estuvo mucho tiempo, por lo que hemos continuado con el trabajo, vamos a seguir con el trabajo de control y fiscalización en todos los ámbitos.
¿Cuántos jueces están procesados actualmente en La Paz?
El número exacto no lo tengo, pero la mayor parte de los jueces tiene denuncias, todos esos casos hay que verificar, así como los que hay contra otros funcionarios. Hay tres jueces disciplinarios que están a cargo de eso.
¿Cómo se trabaja cuando los jueces procesados son suspendidos? ¿Hay suficientes suplentes?
Ya hay resoluciones (de suspensión), pero nos preocupa, es traumático en el mundo litigante que se suspenda a un juez y el suplente no continúe con el proceso, pero de todas maneras la ley establece esas medidas. A los jueces no se los puede destituir, sino suspenderlos sin goce de haberes mientras dure la investigación.
Posiblemente una cantidad de jueces sea apartada de sus cargos, ¿hay los ítems necesarios para que otros se hagan cargo?
Estamos tratando de que el suplente tome su cargo de inmediato. La suplencia se la declara al siguiente número, entonces inmediatamente se hace una suspensión y se hace cargo al que le corresponde. Hay hasta ahora los suficientes. El juez tiene que seguir con el proceso, pese a que se le carga el trabajo, pero tiene que seguir con el proceso.
¿En qué situación está la infraestructura en general? ¿Qué proyectos hay para eso?
Hay políticas de gestión que las vamos a hacer, pero lo que nos falta son medios económicos.
¿Cuánto dinero se necesita?
Esto se verá en las políticas que haga el Consejo.
¿Cómo ha sido la selección de los nuevos representantes distritales del Consejo de la Magistratura? ¿Cómo llegó usted al cargo?
Nosotros mandamos los currículos respectivos a Sucre y desde ahí las autoridades ven las hojas de vida. En mi caso los del Consejo me han invitado para que pueda colaborarles en esta gestión que no es mucho tiempo.
¿Qué opina de las críticas que surgieron tras su nombramiento en torno al fallo que dio sobre Leopoldo Fernández cuando era juez? Algunos críticos afirman que es un premio que usted recibió.
¿Un premio? No creo que sea un premio estar en este cargo, este es un trabajo completamente vasto, que va en contra de los funcionarios, uno se hace hasta enemigo de los propios jueces. No creo que sea un premio, aquí el premio fue trabajar a favor de la gente, de la ciudadanía.
Creo que cuando uno está como juez atiende varios casos, no solamente he atendido el caso de Leopoldo, he atendido muchos más. De repente les interesa más el caso de Leopoldo, pero yo he metido a la cárcel a muchos asesinos y de eso no me preguntan.
De la gente tengo mucho apoyo, en las redes tengo apoyo. Uno no es monedita de oro, pero no hay que irse a una cuestión política. No soy de ningún partido político, por eso tengo mi certificado de que nunca he sido de ningún partido político. Yo vine aquí para servir al pueblo , la paceñidad me conoce y a nivel nacional también.
Logran 42 sentencias por narcotráfico en La Paz
La Fiscalía Especializada de Persecución de Delitos de Sustancias Controladas y Legitimación de Ganancias Ilícitas de La Paz logró 42 sentencias, en el primer trimestre de este año, en el marco de la persecución de delitos de narcotráfico, según un reporte oficial.
"Se realizó una persecución férrea de los delitos de narcotráfico, la cual se ve reflejada en las 42 sentencias obtenidas en La Paz en el primer trimestre de este año", dijo la Directora Nacional del Área de Seguimiento de la Fiscalía Especializada de Sustancias Controladas, Ximena Morales.
La Fiscal Coordinadora de la División de Sustancias Controladas, Sara Villarroel, detalló que del total de sentencias obtenidas, 31 se alcanzaron mediante procedimiento abreviado y el resto en juicio oral y contradictorio.
"Además en el primer trimestre los fiscales de la División de Sustancias Controladas, emitieron 220 resoluciones de rechazo; 71 imputaciones; 29 acusaciones; tres sobreseimientos y dos desestimaciones, lo que muestra una labor de descongestionamiento", detalló la funcionaria.
Villarroel aseguró que esas cifras reflejan la labor fiscal en la agilización de la conclusión de causas penales para reducir la carga procesal existente y la retardación de justicia, tomando en cuenta que entre enero y marzo ingresaron 85 casos.
Juicio de responsabilidades Tres exmagistrados serán sometidos ante la justicia
El Tribunal de Sentencia de la Cámara de Senadores remitirá los antecedentes de tres exmagistrados del Consejo de la Magistratura al Ministerio Público, para que esa instancia judicial haga la investigación respectiva si existe o no el delito contra esas exautoridades judiciales, informó el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Víctor Borda.
“En Bolivia, de acuerdo con la Constitución Política, no existe régimen de impunidad, por lo que corresponde remitir los antecedentes del caso al Ministerio Público, para que esa instancia judicial haga la indagaciones correspondientes y determine si existe o no algún ilícito”, precisó Borda.
Los consejeros suspendidos, Roger Triveño, Wilma Mamani y Cristina Mamani, presentaron el pasado 4 del mes en curso, su renuncia irrevocable al Consejo de la Magistratura, por lo que se eximieron del juicio de responsabilidades en su contra. Freddy Sanabria es el único que fue sometido al juicio de responsabilidades, el cual se reinstalará hoy.
INVESTIGACIÓN
Los cuatro consejeros son acusados por incumplimiento de deberes y emitir resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Este surge tras una denuncia que presentó el abogado Eloy Felipe Toledo, quien no fue posesionado en el cargo de juez de instrucción de Ixiamas, pese a ser elegido en febrero 2012 por el Consejo de la Magistratura.
NORMA
La Ley para el Juzgamiento de Altas Autoridades de Estado de 2010, que rige el procedimiento del juicio de responsabilidades, establece la renuncia como la figura que permite a una autoridad liberarse del proceso.
El consejero Wilber Choque es quien todavía se mantiene al frente del Consejo de la Magistratura y actualmente ocupa la Presidencia. A raíz del proceso, los cuatro magistrados fueron reemplazados por sus suplentes Magdalena Alanoca, Roxana Orellana, Emilio Osvaldo Patiño y Juan Orlando Ríos,
PROBLEMAS INTERNOS
El pasado 12 de diciembre, los consejeros Cristina Mamani, Sanabria y Triveño se reunieron en una sesión en que destituyeron al presidente de esta entidad, Wilber Choque, a pesar de que este estaba de vacaciones. Durante una semana, el Consejo estaba con dos presidentes: Choque que negaba la legalidad de su destitución, y Freddy Sanabria, el elegido en su lugar.
Wilber Choque acudió a la justicia, el pasado 22 de diciembre de 2016, una autoridad de ese órgano dejó sin efecto su destitución y lo restituyó en el cargo de presidente.
“En Bolivia, de acuerdo con la Constitución Política, no existe régimen de impunidad, por lo que corresponde remitir los antecedentes del caso al Ministerio Público, para que esa instancia judicial haga la indagaciones correspondientes y determine si existe o no algún ilícito”, precisó Borda.
Los consejeros suspendidos, Roger Triveño, Wilma Mamani y Cristina Mamani, presentaron el pasado 4 del mes en curso, su renuncia irrevocable al Consejo de la Magistratura, por lo que se eximieron del juicio de responsabilidades en su contra. Freddy Sanabria es el único que fue sometido al juicio de responsabilidades, el cual se reinstalará hoy.
INVESTIGACIÓN
Los cuatro consejeros son acusados por incumplimiento de deberes y emitir resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Este surge tras una denuncia que presentó el abogado Eloy Felipe Toledo, quien no fue posesionado en el cargo de juez de instrucción de Ixiamas, pese a ser elegido en febrero 2012 por el Consejo de la Magistratura.
NORMA
La Ley para el Juzgamiento de Altas Autoridades de Estado de 2010, que rige el procedimiento del juicio de responsabilidades, establece la renuncia como la figura que permite a una autoridad liberarse del proceso.
El consejero Wilber Choque es quien todavía se mantiene al frente del Consejo de la Magistratura y actualmente ocupa la Presidencia. A raíz del proceso, los cuatro magistrados fueron reemplazados por sus suplentes Magdalena Alanoca, Roxana Orellana, Emilio Osvaldo Patiño y Juan Orlando Ríos,
PROBLEMAS INTERNOS
El pasado 12 de diciembre, los consejeros Cristina Mamani, Sanabria y Triveño se reunieron en una sesión en que destituyeron al presidente de esta entidad, Wilber Choque, a pesar de que este estaba de vacaciones. Durante una semana, el Consejo estaba con dos presidentes: Choque que negaba la legalidad de su destitución, y Freddy Sanabria, el elegido en su lugar.
Wilber Choque acudió a la justicia, el pasado 22 de diciembre de 2016, una autoridad de ese órgano dejó sin efecto su destitución y lo restituyó en el cargo de presidente.
Monday, April 10, 2017
Tribunal del Senado extingue proceso contra 3 magistrados que renunciaron a sus cargos
La Cámara de Senadores, que hace de Tribunal de Sentencia, extinguió este lunes los juicios contra tres magistrados del Consejo de la Magistratura que la pasada semana renunciaron a sus cargos para eludir un juicio de responsabilidades.
Cristina Mamani, Róger Treviño y Wilma Mamani renunciaron al cargo el 4 de abril de forma irrevocablemente frente al juicio abierto en el Senado por una denuncia, en diciembre de 2016, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) al no haber dado curso a la designación como juez de Eloy Toledo, quien afirma que ganó un concurso de méritos.
Fueron elegidos por voto en octubre de 2011 y presentaron su renuncia ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), institución que determinó aceptarla y hacerla oficial este lunes ante el plenario de jueces.
La presidenta del TSE, Katia Uriona, hizo conocer al Senado la renuncia de los tres magistrados, según informó la Cámara Alta por medio de su cuenta Twitter.
Mamani, Treviño, Mamani y Freddy Sanabria fueron suspendidos de sus funciones en diciembre del año pasado. Ante la renuncia de sus colegas solo Sanabria encarará el juicio de responsabilidades.
La Ley para el Juzgamiento de Altas Autoridades de Estado de 2010, que rige el procedimiento del juicio de responsabilidades, establece la renuncia como la figura que permite a una autoridad liberarse del proceso.
El consejero Wilber Choque es quien todavía se mantiene al frente del Consejo de la Magistratura y actualmente ocupa la Presidencia.
A raíz del proceso, Mamami, Treviño, Mamani y Sanabria fueron reemplazados por sus suplentes Magdalena Alanoca, Roxana Orellana, Emilio Osvaldo Patiño y Juan Orlando Ríos. (04/04/2017)
Garzón acompaña la reforma judicial del país
Baltasar Garzón Real, destacado jurista español, integra un equipo de profesionales extranjeros que acompaña a Bolivia en su reforma judicial, según reveló el titular del área, Héctor Arce, en su cuenta en Twitter.
"Intensa jornada de trabajo en Argentina consolidando el equipo internacional de juristas que acompañará la reforma de la justicia en Bolivia", escribió ayer el ministro, acompañando su tuit de cuatro imágenes en las que se puede observar a otros integrantes.
En las imágenes también se puede observar a Roberto Viciano Pastor, constitucionalista español; Eugenio Raúl Zaffaroni, exmagistrado; y Carlos Alberto Binder, penalista, ambos argentinos.
Bolivia encara actualmente la aprobación de varias normas para actualizar su régimen jurídico, como el nuevo Código Penal, que entre algunos aspectos amplía las causales para la práctica del aborto legal.
Entre las fotografías publicadas por Arce se pueden observar además al embajador bolivianos en Argentina, Santos Tito; al cónsul, Ramiro Tapia, entre algunos.
"Intensa jornada de trabajo en Argentina consolidando el equipo internacional de juristas que acompañará la reforma de la justicia en Bolivia", escribió ayer el ministro, acompañando su tuit de cuatro imágenes en las que se puede observar a otros integrantes.
En las imágenes también se puede observar a Roberto Viciano Pastor, constitucionalista español; Eugenio Raúl Zaffaroni, exmagistrado; y Carlos Alberto Binder, penalista, ambos argentinos.
Bolivia encara actualmente la aprobación de varias normas para actualizar su régimen jurídico, como el nuevo Código Penal, que entre algunos aspectos amplía las causales para la práctica del aborto legal.
Entre las fotografías publicadas por Arce se pueden observar además al embajador bolivianos en Argentina, Santos Tito; al cónsul, Ramiro Tapia, entre algunos.
Conforman un equipo internacional de juristas para tratar de reformar la justicia boliviana
El Ministerio de Justicia informó que se logró conformar un equipo internacional de juristas que acompañará el trabajo de la reforma del sistema judicial en Bolivia.
El equipo internacional de juristas estará conformado por el reconocido exjuez español Baltasar Garzón Real, el exmagistrado argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, el penalista también argentino Carlos Alberto Binder y el constitucionalista español Roberto Viciano Pastor.
Para consolidar la conformación del equipo de juristas de "alto nivel", ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta encabezó el pasado fin de semana un viaje hasta la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde sostuvo una serie de reuniones.
Inicialmente la autoridad tuvo un encuentro con Binder. En esa reunión "se intercambiaron criterios y experiencias sobre las reformas judiciales en América Latina, fundamentalmente desde el ámbito penal considerando que el profesor Binder participó en la redacción del Proyecto de Código del Sistema Penal boliviano que actualmente se considera en la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa", cita una nota oficial del Ministerio de Justicia.
Arce también se reunió con Zaffaroni, quien - al igual que Binder- confirmó su participación en el equipo internacional de juristas que buscará la anhelada reforma de la justicia boliviana, que enfrenta desde hace mucho tiempo críticas por la retardación y corrupción, principalmente.
El Gobierno busca acelerar el proceso de la denominada "revolución de la justicia" en base a los resultados de la Cumbre de Justicia, que se desarrolló en junio de 2016.
El equipo internacional de juristas estará conformado por el reconocido exjuez español Baltasar Garzón Real, el exmagistrado argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, el penalista también argentino Carlos Alberto Binder y el constitucionalista español Roberto Viciano Pastor.
Para consolidar la conformación del equipo de juristas de "alto nivel", ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta encabezó el pasado fin de semana un viaje hasta la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde sostuvo una serie de reuniones.
Inicialmente la autoridad tuvo un encuentro con Binder. En esa reunión "se intercambiaron criterios y experiencias sobre las reformas judiciales en América Latina, fundamentalmente desde el ámbito penal considerando que el profesor Binder participó en la redacción del Proyecto de Código del Sistema Penal boliviano que actualmente se considera en la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa", cita una nota oficial del Ministerio de Justicia.
Arce también se reunió con Zaffaroni, quien - al igual que Binder- confirmó su participación en el equipo internacional de juristas que buscará la anhelada reforma de la justicia boliviana, que enfrenta desde hace mucho tiempo críticas por la retardación y corrupción, principalmente.
El Gobierno busca acelerar el proceso de la denominada "revolución de la justicia" en base a los resultados de la Cumbre de Justicia, que se desarrolló en junio de 2016.
Sunday, April 9, 2017
Hay Bs 3.000 millones que el Estado disputa en juicios
Las 92 instituciones públicas establecidas en el departamento de Santa Cruz, entre las que se incluye la Gobernación, los 55 municipios, una autonomía indígena, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) y las entidades estatales descentralizadas, tienen 1.300 juicios activos en los que se disputan unos Bs 3.000 millones que el Estado busca recuperar. Así lo confirmó Aimoré Álvarez, director departamental de la Procuraduría General del Estado (PGE).
Álvarez precisó que se trata de procesos activos por supuestos delitos como contratos lesivos al Estado, enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y otros de cargos de corrupción, donde los recursos públicos se han visto afectados.
De acuerdo con la Procuraduría General del Estado, la Gobernación cruceña, que por su tamaño es una de las instituciones que más procesos tiene registrados, es también una de las instituciones que mayor cumplimiento ha dado al registro de estos procesos. Le siguen la Alcaldía cruceña y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), que también han seguido con los procedimientos a cabalidad.
Luis Fernando Roca, director jurídico de la Gobernación, señaló que la administración de Rubén Costas no ha tenido ningún inconveniente para anotar en este registro sus procesos y que cumplirá con los plazos. Sin embargo, no tenía a mano la cantidad de procesos en curso.
Se buscó la opinión de María Silvia Arispe, secretaria de Asuntos Jurídicos de Percy Fernández, pero no respondió.
Por su parte, Álvarez tampoco precisó la cantidad de procesos activos de la Gobernación, la Alcaldía o la universidad.
Sobre el ROPE
De acuerdo con el Decreto Supremo 2739, todos los abogados que defienden al Estado desde las instituciones públicas en las que trabajan tienen la responsabilidad de registrar los casos en el Registro Obligatorio de Procesos del Estado (ROPE) de la Procuraduría General.
El sistema, puesto en vigencia el año pasado, establece que los abogados de las diferentes reparticiones deben registrar máximo hasta el 20 de abril los procesos que se llevan adelante, su estado de avance y las medidas que se tomaron para la recuperación de los recursos públicos en litigio.
“Es una obligación legal de los abogados del Estado que siguen procesos. De no hacerlo en el plazo, eso constituye una omisión que se puede catalogar como incumplimiento de deberes. Lógicamente, tendremos que iniciar procesos contra los abogados del Estado que incumplan y contra la máxima autoridad ejecutiva (MAE)”, explicó el director de la Procuraduría.
Indicó que con este mecanismo el procurador podrá fiscalizar el avance de los procesos, muchas veces perdidos por negligencia de los abogados
Oficialismo y oposición trabajan por las elecciones judiciales
Los jefes de bancadas, de todas las fuerzas políticas en el Legislativo, realizaron su segunda reunión para coordinar el sistema de elección de postulantes al Órgano Judicial y acordaron convocar a las universidades para que estas coadyuven en la preselección de postulantes, informó el presidente del Senado, José Gonzales.
La autoridad adelantó que lo más probable es que el 22 de octubre se realicen los comicios judiciales.
“Nosotros hemos tenido dos reuniones con la oposición, con los jefes de bancada de las fuerzas de oposición, y en las dos reuniones hemos ido avanzando en algunos temas; el tema de la modificación de normativas y obviamente hemos empezado a tener algunos intercambios de opinión, respecto al tema del reglamento”, señaló.
Se tiene previsto para la próxima semana una reunión con la oposición, en el que se espera “un ámbito en el que (se llegue a) un consenso”, y de ese modo lograr aprobación del proyecto de ley, con el que se pretende modificar la norma como el reglamento.
PRIMERA
Gonzales informó que se realizó una primera conversación respecto a que si se debiera aumentar el número de magistrados en algunos casos, “pero se está en un momento de discusión de negociación y consenso, se tiene una posición como oficialismo”.
“Tenemos una propuesta y eso es lo que estamos discutiendo ahora. Son temas como el reglamento y modificación de norma, tienen que resolverse antes de fin de mes”, adelantó.
El presidente de la Cámara Alta afirmó que existe un calendario previsto para fin de mes, con lo que se estima que las elecciones judiciales se celebraran el 22 de octubre.
“Eso significa que del 22 de octubre para atrás, tenemos que considerar los plazos que necesita el tribunal para organizar el evento. Ajuste electoral, y obviamente el trabajo que tenemos que hacer acá, que es la preselección de los candidatos”, informó.
Por ello, se estima que en los próximos días se empezarán a cerrar los acuerdos necesarios con la oposición.
“Nosotros estamos absolutamente abiertos y dispuestos a que el sistema universitario deba tener un rol, para nosotros importantísimo, en el proceso de selección, en el proceso de avanzar a lo que todos buscan, que es la meritocracia”, resaltó.
Según la comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia, se debe subir de siete a nueve los magistrados en el ente Constitucional, mantener nueve en el Tribunal Supremo, y reducir a cinco las autoridades en las instancias Agroambiental y tres en la Magistratura.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe presentar la convocatoria en julio y el Legislativo convocaría a la preselección de candidatos hasta el 29 de abril.
La autoridad adelantó que lo más probable es que el 22 de octubre se realicen los comicios judiciales.
“Nosotros hemos tenido dos reuniones con la oposición, con los jefes de bancada de las fuerzas de oposición, y en las dos reuniones hemos ido avanzando en algunos temas; el tema de la modificación de normativas y obviamente hemos empezado a tener algunos intercambios de opinión, respecto al tema del reglamento”, señaló.
Se tiene previsto para la próxima semana una reunión con la oposición, en el que se espera “un ámbito en el que (se llegue a) un consenso”, y de ese modo lograr aprobación del proyecto de ley, con el que se pretende modificar la norma como el reglamento.
PRIMERA
Gonzales informó que se realizó una primera conversación respecto a que si se debiera aumentar el número de magistrados en algunos casos, “pero se está en un momento de discusión de negociación y consenso, se tiene una posición como oficialismo”.
“Tenemos una propuesta y eso es lo que estamos discutiendo ahora. Son temas como el reglamento y modificación de norma, tienen que resolverse antes de fin de mes”, adelantó.
El presidente de la Cámara Alta afirmó que existe un calendario previsto para fin de mes, con lo que se estima que las elecciones judiciales se celebraran el 22 de octubre.
“Eso significa que del 22 de octubre para atrás, tenemos que considerar los plazos que necesita el tribunal para organizar el evento. Ajuste electoral, y obviamente el trabajo que tenemos que hacer acá, que es la preselección de los candidatos”, informó.
Por ello, se estima que en los próximos días se empezarán a cerrar los acuerdos necesarios con la oposición.
“Nosotros estamos absolutamente abiertos y dispuestos a que el sistema universitario deba tener un rol, para nosotros importantísimo, en el proceso de selección, en el proceso de avanzar a lo que todos buscan, que es la meritocracia”, resaltó.
Según la comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia, se debe subir de siete a nueve los magistrados en el ente Constitucional, mantener nueve en el Tribunal Supremo, y reducir a cinco las autoridades en las instancias Agroambiental y tres en la Magistratura.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe presentar la convocatoria en julio y el Legislativo convocaría a la preselección de candidatos hasta el 29 de abril.
Friday, April 7, 2017
Elecciones judiciales serán el 22 de octubre
El domingo 22 de octubre tendrían lugar las elecciones judiciales, de acuerdo a una previsión realizada por el presidente de la Cámara de Senadores. Oficialismo y oposición trabajan las líneas de la convocatoria para los postulantes.
"Nosotros tenemos un calendario que hemos previsto que desemboca en el 22 de octubre las elecciones (judiciales)", sostuvo la autoridad esta mañana, en contacto con periodistas.
Ayer, en entrevista con EL DEBER, Gonzales reveló que "una papeleta sería de circunscripción departamental, donde se votarían Tribunales Supremo de Justicia y Constitucional; la otra sería nacional para votar Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura".
Una de las sugerencias de la comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia es subir de siete a nueve los magistrados en el ente Constitucional, mantener nueve en el Tribunal Supremo, y reducir a cinco y tres, respectivamente, las autoridades en las instancias Agroambiental y de la Magistratura.
Según el titular, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tendría que presentar la convocatoria en julio y el Legislativo podrá convocar a la preselección de candidatos hasta el 29 de abril.
El jefe de la bancada de Unidad Demócrata (UD), Edwin Rodríguez, rechazó la propuesta de la comisión, debido a que constituye una “injerencia” al trabajo del Legislativo. Piden que existan nueve magistrados en todos los tribunales.
Elecciones judiciales Piden que ciudadanía y expertos preseleccionen a magistrados
Con el propósito de garantizar la elección de magistrados idóneos y terminar la corrupción en la justicia del país, la bancada de Demócratas entregó a la Asamblea Legislativa una propuesta para que sea una comisión compuesta por diferentes actores de la ciudadanía como el Colegio de Abogados, sean quienes preseleccionen a las nuevas autoridades judiciales, informó la diputada opositora Fernanda San Martín.
“Creemos fundamental que se debe conformar un comité de preselección en el cual ciudadanos técnicos en derecho (deban preseleccionar a los magistrados) para que puedan tener objetividad, imparcialidad (…) Nosotros hemos presentado la propuestas y estamos a la espera de una respuesta”, dijo San Martín.
La parlamentaria justificó que es importante la preselección de los postulantes a magistrados porque sólo así se podrá evitar la corrupción que existe actualmente en la justicia boliviana.
El diputado demócrata Bernard Gutiérrez explicó que los miembros del comité o consejo técnico de evaluación de los postulantes a magistrados debe estar compuesto por: Asamblea Legislativa, miembros de la sociedad civil, tres representantes de universidades públicas, dos representantes de universidades privadas, tres representantes del Colegio Nacional de Abogados y el defensor del Pueblo, David Tezanos.
El equipo de trabajo deberá evaluar los méritos, capacidad, conocimiento y otros aspectos que necesariamente debe cumplir un encargado de la justicia.
San Martín añadió que el Gobierno, a través de la mayoría en la Asamblea Legislativa, no debe encargarse de la preselección de los candidatos, porque ello significaría parcializar hacia un sector la justicia.
La bancada demócrata presentó la semana pasada un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que no sea el Poder Ejecutivo ni el Legislativo los encargados de preseleccionar a los candidatos.
“UD presenta recurso de inconstitucionalidad (…) se ha presentado un recurso abstracto de inconstitucionalidad contra lo que emana las conclusiones de la Cumbre de Justicia de que se elabore el reglamento por los miembros de la comisión que está compuesto por el Ejecutivo y Legislativo”, dijo la diputada San Martín.
El lunes, el vicepresidente Álvaro García Linera, dijo que en octubre de este año se llevará adelante la elección judicial en Bolivia para que los nuevos magistrados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Consejo de la Magistratura (CM), del Tribunal Agroambiental (TA) y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) puedan iniciar su labor en el 2018.
De ese modo, la autoridad instruyó a la Asamblea Legislativa iniciar las conversaciones para establecer cronogramas, procedimientos, reglamento y otros para la elección de las nuevas autoridades del Órgano Judicial.
En los comicios judiciales de 2011 fueron elegidos 56 magistrados, para que ocupen los cargos en el Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Agroambiental y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
“Creemos fundamental que se debe conformar un comité de preselección en el cual ciudadanos técnicos en derecho (deban preseleccionar a los magistrados) para que puedan tener objetividad, imparcialidad (…) Nosotros hemos presentado la propuestas y estamos a la espera de una respuesta”, dijo San Martín.
La parlamentaria justificó que es importante la preselección de los postulantes a magistrados porque sólo así se podrá evitar la corrupción que existe actualmente en la justicia boliviana.
El diputado demócrata Bernard Gutiérrez explicó que los miembros del comité o consejo técnico de evaluación de los postulantes a magistrados debe estar compuesto por: Asamblea Legislativa, miembros de la sociedad civil, tres representantes de universidades públicas, dos representantes de universidades privadas, tres representantes del Colegio Nacional de Abogados y el defensor del Pueblo, David Tezanos.
El equipo de trabajo deberá evaluar los méritos, capacidad, conocimiento y otros aspectos que necesariamente debe cumplir un encargado de la justicia.
San Martín añadió que el Gobierno, a través de la mayoría en la Asamblea Legislativa, no debe encargarse de la preselección de los candidatos, porque ello significaría parcializar hacia un sector la justicia.
La bancada demócrata presentó la semana pasada un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que no sea el Poder Ejecutivo ni el Legislativo los encargados de preseleccionar a los candidatos.
“UD presenta recurso de inconstitucionalidad (…) se ha presentado un recurso abstracto de inconstitucionalidad contra lo que emana las conclusiones de la Cumbre de Justicia de que se elabore el reglamento por los miembros de la comisión que está compuesto por el Ejecutivo y Legislativo”, dijo la diputada San Martín.
El lunes, el vicepresidente Álvaro García Linera, dijo que en octubre de este año se llevará adelante la elección judicial en Bolivia para que los nuevos magistrados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Consejo de la Magistratura (CM), del Tribunal Agroambiental (TA) y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) puedan iniciar su labor en el 2018.
De ese modo, la autoridad instruyó a la Asamblea Legislativa iniciar las conversaciones para establecer cronogramas, procedimientos, reglamento y otros para la elección de las nuevas autoridades del Órgano Judicial.
En los comicios judiciales de 2011 fueron elegidos 56 magistrados, para que ocupen los cargos en el Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Agroambiental y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
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