La Procuraduría General presentó ayer, el programa de Registro Obligatorio de Procesos del Estado (ROPE), por el cual pretenden sistematizar, hasta el 20 de abril de 2017, cerca de 40 mil casos que el Estado tiene abiertos en vía penal, civil y fiscal, entre otros, según informó la subprocuradora Erika Chávez.
El ROPE es una plataforma web, en el cual se tendrán todos los procesos judiciales de la administración pública, en cuya base de datos, de forma permanente y actualizada, se podrá encontrar la información de los procesos en los que sea parte la administración del Estado, en todos los niveles de gobierno, con la identificación de instituciones, entidades, empresas públicas, abogados, cuantía y toda la información adicional, que sea requerida para la implementación y funcionamiento del sistema.
La presentación se la hizo en el Ministerio de Transparencia, junto a la viceministra, Heldy Cardenas, quien informó que el Ministerio de Transparencia Institucional fue la primera en registrarse en el sistema informático, con todos sus procesos judiciales, convirtiéndose así en la primera Entidad Pública que cumple con el ROPE, establecido en el D.S. N° 2739.
El ROPE es una herramienta de seguimiento y control de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de las entidades públicas, sobre la unidad jurídica, para supervisar la correcta defensa legal, además de proporcionar información estadística que sirva para la formulación de políticas públicas y toma de decisiones en favor del Estado.
Serán registrados en el ROPE los procesos judiciales: Civiles, Penales, Coactivos Fiscales, Laborales, Coactivos Sociales, Ejecutivos Sociales, Coactivos de la Seguridad Social, Contenciosos, Contenciosos Administrativos, Contenciosos Tributarios y Agroambientales con excepción de los procesos administrativos, arbitrales ni las acciones constitucionales.
Los procesos judiciales deberán ser registrados en el plazo de 15 días hábiles, desde la primera acción jurídica realizada y esta tendrá que ser actualizada cada seis meses a partir de la fecha de registro o ultima de actualización.
La información falsa que se registre ante el ROPE y que perjudique o impida el ejercicio de funciones de la Procuraduría puede generar responsabilidades.
Wednesday, November 30, 2016
Tuesday, November 29, 2016
Juicio de responsabilidades Magistrado Cusi se presentará sin abogados y sin pruebas de descargo
Gualberto Cusi, magistrado suspendido del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), informó que hoy se presentará al juicio de responsabilidades iniciado en su contra por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa, por haber dejado en suspenso la aplicación de la Ley del Notariado, en marzo de 2014.
Anunció que se presentará sin abogados, pues afirmó que hasta ayer ningún jurista quería defenderlo, por temor a la persecución política por parte del Gobierno.
“¿Qué espero de este juicio (de responsabilidades)? Nada, simplemente ellos van a condenarme y estoy dispuesto a asumir el fallo”, afirmó Cusi.
El viernes, la Cámara de Senadores convocó para hoy, a las 09.00 horas, a hacerse presente en el salón del hemiciclo, ante “los senadores Salvatierra Adriana, Rivero Erwin (MAS) y Rodríguez Edwin (UD) (miembros del Tribunal de Sentencia), quienes conocerán y resolverán en la etapa de juicio, en única instancia, y en una sola audiencia, sobre la legalidad o ilegalidad de las excusas y recusaciones que pudieran ser planteadas en el juzgamiento de Gualberto Cusi”.
LEY
Cusi fue suspendido de sus funciones de magistrado del Tribunal Constitucional en octubre de 2014, sindicado por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y prevaricato; por haber dejado en suspenso la aplicación de la Ley del Notariado con justificativos que puso ya de manifiesto.
BUSCA ABOGADO
“Me considero inocente y, por tanto, no tengo miedo de afrontar este juicio de responsabilidades, y lo afrontaré con orgullo, con hidalguía. Pero al mismo tiempo, me encuentro preocupado, porque no encuentro abogado que me pueda patrocinar y en ese sentido provechar, los medios de comunicación, para pedir sí algún colega, abogado, se anima hacerme el patrocinio”, afirmó ayer Cusi, en una improvisada conferencia de prensa.
PERSECUCIÓN
Cusi afirmó que una de las razones por las que no cuenta con abogado defensor es el temor que le han expresado sentir sus colegas, por una posible persecución política por parte del Gobierno de asumir su defensa. “Se ha generado –dijo– una situación de terror y miedo para los abogados, en ese sentido estoy en una situación de indefensión, pero de todos modos igual asumiré la defensa”, aseveró.
Respecto de la instancia que lo juzga manifestó que no puede esperarse un fallo imparcial, independiente, porque es un Tribunal de carácter político, conformado, en mayoría por senadores del MAS.
“El MAS ha tomado una decisión de condenarme y en ese sentido la sentencia ya está hecha”, afirmó Cusi y señaló que de nada sirve argumentar aspectos legales sobre las irregularidades con las que se está planteado este juicio, pues al mismo tiempo “la mayoría que compone este Tribunal, ni siquiera sospecha lo que es el derecho”, remarcó.
PRUEBAS
Por otro lado, recordó que por la fecha en las que se inició el proceso, él se encontraba delicado de salud, por lo que en la etapa preparatoria, no logró generar pruebas de descargo.
“En esa desventaja voy a este proceso. Pero de todos modos, ellos presentaron el expediente de la acción de inconstitucional abstracta, donde está bastante claro cómo se procedió en este tema”, señaló Cusi.
El magistrado afirmó que suspendió la aplicación de la Ley de Notarios, sin ocasionar perjuicio alguno a los notarios de fe pública, como lo constatan los registros del Consejo de la Magistratura de los días de marzo de 2014, cuando entró en efecto la resolución firmada por él y las exmagistradas Zoraida Chánez y Ligia Velásquez.
TESTIGOS
Dos testigos son claves para Cusi, el expresidente Carlos Mesa y la consejera de la Magistratura, Cristina Mamani. En 2014, presentó una lista de testigos de al menos 50 personas, cuando inició el juicio de responsabilidades, que en su caso quedó suspenso por su delicado estado de salud.
“Ese es otro problema, en el pasado tenía unos 50 testigos en 2014. Ahora muchos han cambiado de celular, de domicilio, otros están en el exterior. Entonces, para mí es difícil encontrar a los testigos y yo personalmente tengo que notificar y esa debería ser su labor del tribunal”, manifestó.
Actualmente tiene una nómina de 35 personas. Plantea que el expresidente Carlos Mesa sea su testigo, aunque no quiere adelantar por qué sería un testigo clave.
“En materia de pruebas yo me he adherido a las pruebas de las exmagistradas (Soraida) Chánez y Ligia (Velásquez) y uno de ellos, que me parece interesante, es que Carlos Mesa sea mi testigo”, sostuvo.
Anunció que se presentará sin abogados, pues afirmó que hasta ayer ningún jurista quería defenderlo, por temor a la persecución política por parte del Gobierno.
“¿Qué espero de este juicio (de responsabilidades)? Nada, simplemente ellos van a condenarme y estoy dispuesto a asumir el fallo”, afirmó Cusi.
El viernes, la Cámara de Senadores convocó para hoy, a las 09.00 horas, a hacerse presente en el salón del hemiciclo, ante “los senadores Salvatierra Adriana, Rivero Erwin (MAS) y Rodríguez Edwin (UD) (miembros del Tribunal de Sentencia), quienes conocerán y resolverán en la etapa de juicio, en única instancia, y en una sola audiencia, sobre la legalidad o ilegalidad de las excusas y recusaciones que pudieran ser planteadas en el juzgamiento de Gualberto Cusi”.
LEY
Cusi fue suspendido de sus funciones de magistrado del Tribunal Constitucional en octubre de 2014, sindicado por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y prevaricato; por haber dejado en suspenso la aplicación de la Ley del Notariado con justificativos que puso ya de manifiesto.
BUSCA ABOGADO
“Me considero inocente y, por tanto, no tengo miedo de afrontar este juicio de responsabilidades, y lo afrontaré con orgullo, con hidalguía. Pero al mismo tiempo, me encuentro preocupado, porque no encuentro abogado que me pueda patrocinar y en ese sentido provechar, los medios de comunicación, para pedir sí algún colega, abogado, se anima hacerme el patrocinio”, afirmó ayer Cusi, en una improvisada conferencia de prensa.
PERSECUCIÓN
Cusi afirmó que una de las razones por las que no cuenta con abogado defensor es el temor que le han expresado sentir sus colegas, por una posible persecución política por parte del Gobierno de asumir su defensa. “Se ha generado –dijo– una situación de terror y miedo para los abogados, en ese sentido estoy en una situación de indefensión, pero de todos modos igual asumiré la defensa”, aseveró.
Respecto de la instancia que lo juzga manifestó que no puede esperarse un fallo imparcial, independiente, porque es un Tribunal de carácter político, conformado, en mayoría por senadores del MAS.
“El MAS ha tomado una decisión de condenarme y en ese sentido la sentencia ya está hecha”, afirmó Cusi y señaló que de nada sirve argumentar aspectos legales sobre las irregularidades con las que se está planteado este juicio, pues al mismo tiempo “la mayoría que compone este Tribunal, ni siquiera sospecha lo que es el derecho”, remarcó.
PRUEBAS
Por otro lado, recordó que por la fecha en las que se inició el proceso, él se encontraba delicado de salud, por lo que en la etapa preparatoria, no logró generar pruebas de descargo.
“En esa desventaja voy a este proceso. Pero de todos modos, ellos presentaron el expediente de la acción de inconstitucional abstracta, donde está bastante claro cómo se procedió en este tema”, señaló Cusi.
El magistrado afirmó que suspendió la aplicación de la Ley de Notarios, sin ocasionar perjuicio alguno a los notarios de fe pública, como lo constatan los registros del Consejo de la Magistratura de los días de marzo de 2014, cuando entró en efecto la resolución firmada por él y las exmagistradas Zoraida Chánez y Ligia Velásquez.
TESTIGOS
Dos testigos son claves para Cusi, el expresidente Carlos Mesa y la consejera de la Magistratura, Cristina Mamani. En 2014, presentó una lista de testigos de al menos 50 personas, cuando inició el juicio de responsabilidades, que en su caso quedó suspenso por su delicado estado de salud.
“Ese es otro problema, en el pasado tenía unos 50 testigos en 2014. Ahora muchos han cambiado de celular, de domicilio, otros están en el exterior. Entonces, para mí es difícil encontrar a los testigos y yo personalmente tengo que notificar y esa debería ser su labor del tribunal”, manifestó.
Actualmente tiene una nómina de 35 personas. Plantea que el expresidente Carlos Mesa sea su testigo, aunque no quiere adelantar por qué sería un testigo clave.
“En materia de pruebas yo me he adherido a las pruebas de las exmagistradas (Soraida) Chánez y Ligia (Velásquez) y uno de ellos, que me parece interesante, es que Carlos Mesa sea mi testigo”, sostuvo.
Saturday, November 26, 2016
Fiscalía impidió que juez escuche las tres conversaciones Valda presenta audios y asegura ser inocente en caso “Consorcio Saravia”
El mayor de Policía Freddy Valda Revilla presentó audios de tres conversaciones telefónicas que mantuvo con los efectivos, que llevaron adelante un operativo solicitado por el exfiscal Ánghelo Saravia, y que se revirtió en su contra. Sin embargo, la comisión de fiscales evitó que los mismos sean escuchados por el juez, en la audiencia de medidas cautelares del pasado jueves, en la que se determinó enviar al exjefe anticorrupción de la Felcc a la cárcel de Patacamaya.
LLAMADAS TELEFÓNICAS
En audiencia cautelar, el mayor Valda explicó ante el juez segundo anticorrupción de El Alto, Omar Monasterios, que una manera de proceder por parte de efectivos de inteligencia en la Policía, es la grabación de las llamadas telefónicas, para que no existan suspicacias entre los mismos.
Es así que varios audios fueron entregados a los fiscales, y figuran en el cuaderno de investigaciones a la espera del desdoblamiento de las conversaciones y el correspondiente peritaje, según explicó el fiscal Ramiro Jarandilla.
Del contenido de dichos audios, a los que EL DIARIO tuvo acceso, se comprende que el mayor Valda sostiene la primera conversación con el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Felipe Almaraz, al cual le da parte sobre un primer contacto con Saravia, dando a conocer que el entonces fiscal denuncia ser víctima de una extorsión por parte de unos denunciantes, y que se debía proceder, antes de ser denunciados por incumplimiento de deberes.
En ese sentido, Almaraz autoriza a Valda instruir al responsable de la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), capitán Felipe Vargas, para que intervenga con efectivos de inteligencia.
Pero, según se oye en el segundo audio, Valda no llama a Vargas, pero sí al director de Grupo de Investigación de Casos Especiales (GICE), mayor Freddy Pinto, a quien le formula el mismo argumento, y además señala que cuenta con la autorización de Almaraz, y al final de la llamada le dice que para mejor coordinación, le pasará el número del fiscal Ánghelo Saravia.
ERROR DE TÁCTICA
Por último, se tiene el audio en el que Valda y Pinto conversan sobre cómo el operativo que se dio, en el que intervinieron efectivos del GICE y DACI, se dio vuelta en contra de Saravia, y por el cual surge el indicio del consorcio.
Otro aspecto que Valda explicó al juez es que la denuncia para que el GICE se active y verifique la supuesta extorsión, de la cual era víctima Saravia, fue a denuncia de Leonardo Alberto, medio hermano de Saravia, que de manera paralela a las llamadas entre Valda, Almaraz y Pinto, se hacía presente en la Felcc de El Alto, para pedir ayuda a favor de su pariente.
Es de esa manera que, de forma separada, efectivos de inteligencia del GICE y DACI proceden al arresto de Melquiades Mamani, cliente de Saravia en 2014, cuando era abogado libre, y Herminio Pucho, amigo de éste, como los supuestos extorsionadores de la exautoridad.
LLAMADAS TELEFÓNICAS
En audiencia cautelar, el mayor Valda explicó ante el juez segundo anticorrupción de El Alto, Omar Monasterios, que una manera de proceder por parte de efectivos de inteligencia en la Policía, es la grabación de las llamadas telefónicas, para que no existan suspicacias entre los mismos.
Es así que varios audios fueron entregados a los fiscales, y figuran en el cuaderno de investigaciones a la espera del desdoblamiento de las conversaciones y el correspondiente peritaje, según explicó el fiscal Ramiro Jarandilla.
Del contenido de dichos audios, a los que EL DIARIO tuvo acceso, se comprende que el mayor Valda sostiene la primera conversación con el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Felipe Almaraz, al cual le da parte sobre un primer contacto con Saravia, dando a conocer que el entonces fiscal denuncia ser víctima de una extorsión por parte de unos denunciantes, y que se debía proceder, antes de ser denunciados por incumplimiento de deberes.
En ese sentido, Almaraz autoriza a Valda instruir al responsable de la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), capitán Felipe Vargas, para que intervenga con efectivos de inteligencia.
Pero, según se oye en el segundo audio, Valda no llama a Vargas, pero sí al director de Grupo de Investigación de Casos Especiales (GICE), mayor Freddy Pinto, a quien le formula el mismo argumento, y además señala que cuenta con la autorización de Almaraz, y al final de la llamada le dice que para mejor coordinación, le pasará el número del fiscal Ánghelo Saravia.
ERROR DE TÁCTICA
Por último, se tiene el audio en el que Valda y Pinto conversan sobre cómo el operativo que se dio, en el que intervinieron efectivos del GICE y DACI, se dio vuelta en contra de Saravia, y por el cual surge el indicio del consorcio.
Otro aspecto que Valda explicó al juez es que la denuncia para que el GICE se active y verifique la supuesta extorsión, de la cual era víctima Saravia, fue a denuncia de Leonardo Alberto, medio hermano de Saravia, que de manera paralela a las llamadas entre Valda, Almaraz y Pinto, se hacía presente en la Felcc de El Alto, para pedir ayuda a favor de su pariente.
Es de esa manera que, de forma separada, efectivos de inteligencia del GICE y DACI proceden al arresto de Melquiades Mamani, cliente de Saravia en 2014, cuando era abogado libre, y Herminio Pucho, amigo de éste, como los supuestos extorsionadores de la exautoridad.
Friday, November 25, 2016
Procesada en caso consorcio Ganam – Mendoza Teniente Morales afirma que Saravia y Valda montaron casos
La teniente Mireya Morales, detenida dentro del caso Consorcio Ganam – Mendoza, declaró por otro caso de Consorcio referido al exfiscal Anghelo Saravia, señalando que éste y el mayor Frreddy Valda, director de la unidad anticorrupción de La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), “montaron varios casos”, según informó el fiscal de materia Rudy Terrazas.
NO SABEN CUÁNTOS
“En el fondo (Morales) señaló que estaban acostumbrados presuntamente, a planificar y hacer operativos de esta forma, sobre todo, el doctor Anghelo Saravia, como también, la gente que trabajaba en la dirección de delitos contra la corrupción, concretamente lo menciona al mayor Valda”, informó Terrazas ayer luego de la audiencia cautelar en la que el Ministerio Público logró la detención preventiva de Valda.
Sin embargo, según Terrazas, en esta declaración Morales no detalló cuáles fueron los casos que montaron y no tenía presente el número, por lo que se continuará indagando.
PROCESADA
El 20 de julio, ante autoridad judicial, Saravia logró la detención preventiva en la cárcel de San Pedro de Oruro para la teniente Morales, sindicándola de formar parte del consorcio ilegal de abogados, en los que fueron imputados el jurista Milton Mendoza y el exvocal Fernando Ganam, ambos recluidos en San Pedro de La Paz.
Recodemos que por este caso, existen más de 10 detenidos, entre fiscales, jueces, funcionarios y representantes de la Cooperativa de Teléfonos (Cotel) La Paz, caso en el que Saravia contaba con total respaldo de todo el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno, que hoy lo señalan como culpable de montar casos.
Al respecto, Valda manifestó a EL DIARIO que no tiene conocimiento de denuncia alguna hecha en su contra por parte de Morales, de quien observa que declare en este caso, donde se supone, no tiene nada que hacer.
Por otro lado, el fiscal señaló que en el caso de Valda, debió “representar” o rechazar la denuncia hecha por el exfiscal, debido a que el mayor reconoce no haber tenido facultades para recibir esta denuncia y transmitirla al GICE, como lo hizo, y que al contrario pudo haber comunicado a Saravia que él no tenía competencia para que esta supuesta víctima acudiera a la autoridad correspondiente.
Juan Carlos Escalante, abogado de Valda, afirmó que en la Fiscalía omite varios datos de la investigación a fin de perjudicar a su defendido y señaló como ejemplo, que en ninguna declaración de los efectivos de inteligencia tanto del GICE como del DACI, se menciona a Valda como director del operativo o como el que “ordena” que el mismo se ejecute.
NO SABEN CUÁNTOS
“En el fondo (Morales) señaló que estaban acostumbrados presuntamente, a planificar y hacer operativos de esta forma, sobre todo, el doctor Anghelo Saravia, como también, la gente que trabajaba en la dirección de delitos contra la corrupción, concretamente lo menciona al mayor Valda”, informó Terrazas ayer luego de la audiencia cautelar en la que el Ministerio Público logró la detención preventiva de Valda.
Sin embargo, según Terrazas, en esta declaración Morales no detalló cuáles fueron los casos que montaron y no tenía presente el número, por lo que se continuará indagando.
PROCESADA
El 20 de julio, ante autoridad judicial, Saravia logró la detención preventiva en la cárcel de San Pedro de Oruro para la teniente Morales, sindicándola de formar parte del consorcio ilegal de abogados, en los que fueron imputados el jurista Milton Mendoza y el exvocal Fernando Ganam, ambos recluidos en San Pedro de La Paz.
Recodemos que por este caso, existen más de 10 detenidos, entre fiscales, jueces, funcionarios y representantes de la Cooperativa de Teléfonos (Cotel) La Paz, caso en el que Saravia contaba con total respaldo de todo el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno, que hoy lo señalan como culpable de montar casos.
Al respecto, Valda manifestó a EL DIARIO que no tiene conocimiento de denuncia alguna hecha en su contra por parte de Morales, de quien observa que declare en este caso, donde se supone, no tiene nada que hacer.
Por otro lado, el fiscal señaló que en el caso de Valda, debió “representar” o rechazar la denuncia hecha por el exfiscal, debido a que el mayor reconoce no haber tenido facultades para recibir esta denuncia y transmitirla al GICE, como lo hizo, y que al contrario pudo haber comunicado a Saravia que él no tenía competencia para que esta supuesta víctima acudiera a la autoridad correspondiente.
Juan Carlos Escalante, abogado de Valda, afirmó que en la Fiscalía omite varios datos de la investigación a fin de perjudicar a su defendido y señaló como ejemplo, que en ninguna declaración de los efectivos de inteligencia tanto del GICE como del DACI, se menciona a Valda como director del operativo o como el que “ordena” que el mismo se ejecute.
Defensa asegura que juez no valoró documentos Mayor implicado con exfiscal Saravia fue enviado a cárcel de Patacamaya
El juez segundo anticorrupción de El Alto, Omar Monasterios, determinó ayer la detención preventiva, en el penal de Patacamaya, del mayor de Policía y director de la Dirección Especial de Lucha Contra la Corrupción (Delcc), Freddy Valda Revilla, implicado en el caso de consorcio de jueces, abogados, fiscales y policías, que se abrió contra el exfiscal Anghelo Saravia.
Por su lado, Franklin Amaru, abogado de Valda, apeló la determinación, asegurando que el juez Monasterios no valoró la documentación presentada por su defendido, la cual afirma, desvirtúan los indicios sobre la probabilidad de autoría en el montaje de un operativo en contra de dos personas que denunciaron, también por extorsión, al exfiscal Saravia.
Amarú también observó que el juez, al momento de fundamentar su resolución sobre los riesgos procesales, entró en contradicción al señalar que Valda no cuenta con trabajo, pero lo calificó “como riesgo para la sociedad debido a que ocupa un importante puesto en la Policía.
DIRECTOR DE LA FELCC
El sábado 12 de noviembre, Valda recibió una llamada telefónica del entonces fiscal Saravia que denunció ser víctima de extorción de $us 5.000 por parte de Melquiades Mamani, su cliente en 2014 cuando era abogado libre y Herminio Pucho, amigo de este, para que levanten una denuncia, también de extorsión, que ellos hicieron ante el Fiscal General y el Ministerio de Gobierno.
Valda asegura que luego de recibir esta llamada, él, da parte al director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Felipe Almaraz, quien le indica que “proceda”, por lo que el mayor, realiza otro contacto, esta vez al director de Grupo de Investigación de Casos Especiales (GICE), capitán Freddy Pinto y le “transmite” la denuncia.
“No ordené ningún operativo, pero si no daba parte (a su superior) y llamaba al mayor Pinto, hubiera incumplido con mis deberes”, aseguró Valda a EL DIARIO.
Por otro lado, afirmó que al recibir la denuncia de Saravía, no tenía cómo comprobar que esta fuera falsa o no y la ejecución del operativo y el procedimiento, es responsabilidad única de los ejecutores, es decir los efectivos del GICE.
Negó cualquier contacto con el director de Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), capitán Felipe Vargas,
ASCENSO
En audiencia, también afirmó estar dolido pues asegura que al lograr una calificación de 96,75 y contar con un historial limpio, ayer, debía asistir al acto de su ascenso a teniente coronel, pero está siendo truncado por una “imaginativa” versión de los fiscales.
Por este caso, están detenidos en el penal de San Pedro, desde el pasado 17 de noviembre, el exfiscal Saravia, su medio hermano (que hizo la denuncia ante la DACI) y el abogado William Quispe, que afirma Saravia fue quien lo llamó a el Aeropuerto para pedir el dinero en nombre de Mamani y Quispe.
Por su lado, Franklin Amaru, abogado de Valda, apeló la determinación, asegurando que el juez Monasterios no valoró la documentación presentada por su defendido, la cual afirma, desvirtúan los indicios sobre la probabilidad de autoría en el montaje de un operativo en contra de dos personas que denunciaron, también por extorsión, al exfiscal Saravia.
Amarú también observó que el juez, al momento de fundamentar su resolución sobre los riesgos procesales, entró en contradicción al señalar que Valda no cuenta con trabajo, pero lo calificó “como riesgo para la sociedad debido a que ocupa un importante puesto en la Policía.
DIRECTOR DE LA FELCC
El sábado 12 de noviembre, Valda recibió una llamada telefónica del entonces fiscal Saravia que denunció ser víctima de extorción de $us 5.000 por parte de Melquiades Mamani, su cliente en 2014 cuando era abogado libre y Herminio Pucho, amigo de este, para que levanten una denuncia, también de extorsión, que ellos hicieron ante el Fiscal General y el Ministerio de Gobierno.
Valda asegura que luego de recibir esta llamada, él, da parte al director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Felipe Almaraz, quien le indica que “proceda”, por lo que el mayor, realiza otro contacto, esta vez al director de Grupo de Investigación de Casos Especiales (GICE), capitán Freddy Pinto y le “transmite” la denuncia.
“No ordené ningún operativo, pero si no daba parte (a su superior) y llamaba al mayor Pinto, hubiera incumplido con mis deberes”, aseguró Valda a EL DIARIO.
Por otro lado, afirmó que al recibir la denuncia de Saravía, no tenía cómo comprobar que esta fuera falsa o no y la ejecución del operativo y el procedimiento, es responsabilidad única de los ejecutores, es decir los efectivos del GICE.
Negó cualquier contacto con el director de Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), capitán Felipe Vargas,
ASCENSO
En audiencia, también afirmó estar dolido pues asegura que al lograr una calificación de 96,75 y contar con un historial limpio, ayer, debía asistir al acto de su ascenso a teniente coronel, pero está siendo truncado por una “imaginativa” versión de los fiscales.
Por este caso, están detenidos en el penal de San Pedro, desde el pasado 17 de noviembre, el exfiscal Saravia, su medio hermano (que hizo la denuncia ante la DACI) y el abogado William Quispe, que afirma Saravia fue quien lo llamó a el Aeropuerto para pedir el dinero en nombre de Mamani y Quispe.
Sunday, November 20, 2016
Presidenta del TDJ de La Paz: Juez de Caranavi liberó a Elvis Alcázar porque fiscal emitió un “sobreseimiento”
El juez público de Instrucción Penal No. 1 de Caranavi ha informado que Elvis César Alcázar Divico –detenido preventivo en San Pedro hasta diciembre de 2014 por presunta complicidad en un caso de asesinato atribuido a otra persona– fue beneficiado por el fiscal de materia de ese distrito con una “resolución de sobreseimiento”, por lo que la libertad del imputado era procedente por ley.
La información fue brindada por la presidenta del Tribunal Departamental (TDJ) de Justicia de La Paz, Carmen del Río Quisbert. “El juez de Caranavi, Javier Vargas, ha remitido a esta Presidencia un informe detallado en el que asegura que ‘no ha vulnerado ni transgredido disposición legal alguna’, en la tramitación de dicho proceso, porque el mandamiento de libertad que emitió fue resultado legal de la resolución conclusiva del fiscal (Óscar Luís Campero Aranibar)”, señaló al precisar que, además, la parte denunciante no se apersonó al juzgado ni apeló la determinación judicial.
De acuerdo con los antecedentes contenidos en el informe del juez, el 30 de agosto de 2013, el fiscal presentó una imputación contra Alcazar Divico y otros siete menores de edad “por la presunta comisión de complicidad y encubrimiento de asesinato, cuyo autor principal de ese delito habría sido Edwin Mamani, quien fue quemado por la muerte de Ademar Jáuregui Jordán”.
CONOCIMIENTO
La autoridad judicial de Caranavi aseguró haber conocido la causa en junio de 2014 y que el 4 de agosto del mismo año, el fiscal presentó requerimiento conclusivo de “sobreseimiento” (Resolución 001/2014) para las ocho personas sindicadas de “complicidad del delito de asesinato”, entre las que figura el nombre de Elvis Alcázar Divico.
“El 15 de diciembre de 2014 se trató la solicitud de cesación a la detención preventiva del imputado, Alcazar, disponiendo dicha cesación en atención a que ya cursaba en el cuaderno de control jurisdiccional, el requerimiento conclusivo de sobreseimiento del fiscal. Dos sentencias del TCP señalan que cuando un proceso con sobreseimiento es remitido a la fiscalía departamental, este debe ser resuelto a la brevedad”, señala una parte del informe del juez.
Asegura que Alcazar Divico salió en libertad, además, porque desvirtuó los riesgos procesales y demostró que “no tenía ningún otro antecedente penal o policial y menos existía en el cuaderno de control jurisdiccional, impugnación alguna contra el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento”.
En ese sentido, la presidenta del TDJ explicó que “la liberación de un detenido preventivo no obedece solo a la determinación exclusiva de un juzgador, sino que responde a un proceso en el que otras instancias, como la Fiscalía y la Policía juegan un rol determinante. La Policía investiga y colecta las pruebas y el fiscal hace conocer la existencia o no de riesgos procesales, y tiene la opción de emitir la imputación formal –si corresponde– o el sobreseimiento si encuentra elementos suficientes que prueben esa situación”.
“El juez valora los sustentos presentados por el Ministerio Público y resuelve con fundamento legal suficiente, si procede o no. En caso de cumplirse con todos los requisitos establecidos por ley, se concede la libertad, caso contrario se la rechaza. Pero, además, toda determinación del juez es apelable a otras instancias superiores, ya sea por el Ministerio Público y/o por la parte acusadora o la víctima”, dijo.
“En todo caso, los jueces del área penal están cumpliendo con sus responsabilidades asignadas por ley, verificando si las demandas de libertad cumplen con los requisitos técnico jurídicos tales como verificar los antecedentes del detenido, si han cumplido o no la sentencia, si tienen opciones de libertad extramuro, procedimiento abreviado o cesación a la detención preventiva, entre otras medidas”, señaló la Presidenta del tribunal de justicia al ser consultado por los medios.
Por tanto, Quisbert aseguró que no corresponde que algunos líderes de opinión, sin conocimiento de causa, se den a la tarea de satanizar a todos los jueces con acusaciones genéricas que, al final del día, solo dañan la imagen institucional de la justicia y, en consecuencia, afectan la seguridad jurídica del Estado boliviano.
La información fue brindada por la presidenta del Tribunal Departamental (TDJ) de Justicia de La Paz, Carmen del Río Quisbert. “El juez de Caranavi, Javier Vargas, ha remitido a esta Presidencia un informe detallado en el que asegura que ‘no ha vulnerado ni transgredido disposición legal alguna’, en la tramitación de dicho proceso, porque el mandamiento de libertad que emitió fue resultado legal de la resolución conclusiva del fiscal (Óscar Luís Campero Aranibar)”, señaló al precisar que, además, la parte denunciante no se apersonó al juzgado ni apeló la determinación judicial.
De acuerdo con los antecedentes contenidos en el informe del juez, el 30 de agosto de 2013, el fiscal presentó una imputación contra Alcazar Divico y otros siete menores de edad “por la presunta comisión de complicidad y encubrimiento de asesinato, cuyo autor principal de ese delito habría sido Edwin Mamani, quien fue quemado por la muerte de Ademar Jáuregui Jordán”.
CONOCIMIENTO
La autoridad judicial de Caranavi aseguró haber conocido la causa en junio de 2014 y que el 4 de agosto del mismo año, el fiscal presentó requerimiento conclusivo de “sobreseimiento” (Resolución 001/2014) para las ocho personas sindicadas de “complicidad del delito de asesinato”, entre las que figura el nombre de Elvis Alcázar Divico.
“El 15 de diciembre de 2014 se trató la solicitud de cesación a la detención preventiva del imputado, Alcazar, disponiendo dicha cesación en atención a que ya cursaba en el cuaderno de control jurisdiccional, el requerimiento conclusivo de sobreseimiento del fiscal. Dos sentencias del TCP señalan que cuando un proceso con sobreseimiento es remitido a la fiscalía departamental, este debe ser resuelto a la brevedad”, señala una parte del informe del juez.
Asegura que Alcazar Divico salió en libertad, además, porque desvirtuó los riesgos procesales y demostró que “no tenía ningún otro antecedente penal o policial y menos existía en el cuaderno de control jurisdiccional, impugnación alguna contra el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento”.
En ese sentido, la presidenta del TDJ explicó que “la liberación de un detenido preventivo no obedece solo a la determinación exclusiva de un juzgador, sino que responde a un proceso en el que otras instancias, como la Fiscalía y la Policía juegan un rol determinante. La Policía investiga y colecta las pruebas y el fiscal hace conocer la existencia o no de riesgos procesales, y tiene la opción de emitir la imputación formal –si corresponde– o el sobreseimiento si encuentra elementos suficientes que prueben esa situación”.
“El juez valora los sustentos presentados por el Ministerio Público y resuelve con fundamento legal suficiente, si procede o no. En caso de cumplirse con todos los requisitos establecidos por ley, se concede la libertad, caso contrario se la rechaza. Pero, además, toda determinación del juez es apelable a otras instancias superiores, ya sea por el Ministerio Público y/o por la parte acusadora o la víctima”, dijo.
“En todo caso, los jueces del área penal están cumpliendo con sus responsabilidades asignadas por ley, verificando si las demandas de libertad cumplen con los requisitos técnico jurídicos tales como verificar los antecedentes del detenido, si han cumplido o no la sentencia, si tienen opciones de libertad extramuro, procedimiento abreviado o cesación a la detención preventiva, entre otras medidas”, señaló la Presidenta del tribunal de justicia al ser consultado por los medios.
Por tanto, Quisbert aseguró que no corresponde que algunos líderes de opinión, sin conocimiento de causa, se den a la tarea de satanizar a todos los jueces con acusaciones genéricas que, al final del día, solo dañan la imagen institucional de la justicia y, en consecuencia, afectan la seguridad jurídica del Estado boliviano.
Wednesday, November 16, 2016
60 fiscales han sido destituidos por faltas y corrupción
El Ministerio Público destituyó a 60 fiscales en lo que va de año por diversas faltas, incluidas denuncias de corrupción, informó ayer el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.
"En lo que va del año unos 60 fiscales han sido destituidos en todo el país. Tenemos más de 200 procesos en curso. Algunos casos ameritan la suspensión por un tiempo, otros casos son multas o sanciones en porcentajes de su sueldo, dependiendo de la falta", dijo Guerrero a los medios en La Paz, según EFE.
Agregó que entre los fiscales destituidos hay funcionarios denunciados por supuesta corrupción, lo que, según Guerrero, muestra que la Fiscalía está "dando señales claras" y asumiendo acciones para "destituir a los corruptos" y "sacar a la gente que no está comprometida con un servicio a la sociedad".
ANTICORRUPCIÓN El caso más reciente fue el del ahora exfiscal anticorrupción Ánghelo Saravia Alberto, que fue enviado ayer a prisión por una denuncia de supuesta extorsión.
En una audiencia cautelar que concluyó ayer en la ciudad de El Alto, el juez Omar Monasterios determinó la detención preventiva de Saravia en la cárcel de San Pedro, en La Paz, informó el fiscal departamental, Edwin Blanco.
"Saravia ha sido imputado por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y consorcio de jueces, fiscales y abogados, debido a que se colectaron pruebas respecto a que intentó implicar a sus dos denunciantes con un supuesto hecho de extorsión", explicó Blanco, según un comunicado de la Fiscalía.
Saravia estuvo a cargo de las investigaciones de sonados casos de corrupción, incluidos el del fondo estatal para financiar proyectos para el desarrollo de los pueblos indígenas y el de la contratación de una empresa local para la construcción de puestos militares que no llegaron a ejecutarse.
Además del exfiscal, también fueron enviados a prisión su hermano, Leonardo Alberto Gonzales, y su abogado, Williams Quispe, acusados de los mismos delitos.
Saravia y Alberto armaron un operativo junto a dos unidades policiales para detener el pasado sábado a Melquiades Mamani y Herminio Pucho, quienes habían denunciado que el exfiscal les pidió dinero en 2014 para facilitar la liberación de una persona detenida.
Saravia actuó por cuenta propia, pues no informó a sus superiores sobre el operativo y no presentó un informe sobre sus acciones, por lo que la Fiscalía decidió imputarlo por incumplimiento de deberes.
Guerrero indicó que se han abierto cuatro procesos penales contra Saravia.
"En lo que va del año unos 60 fiscales han sido destituidos en todo el país. Tenemos más de 200 procesos en curso. Algunos casos ameritan la suspensión por un tiempo, otros casos son multas o sanciones en porcentajes de su sueldo, dependiendo de la falta", dijo Guerrero a los medios en La Paz, según EFE.
Agregó que entre los fiscales destituidos hay funcionarios denunciados por supuesta corrupción, lo que, según Guerrero, muestra que la Fiscalía está "dando señales claras" y asumiendo acciones para "destituir a los corruptos" y "sacar a la gente que no está comprometida con un servicio a la sociedad".
ANTICORRUPCIÓN El caso más reciente fue el del ahora exfiscal anticorrupción Ánghelo Saravia Alberto, que fue enviado ayer a prisión por una denuncia de supuesta extorsión.
En una audiencia cautelar que concluyó ayer en la ciudad de El Alto, el juez Omar Monasterios determinó la detención preventiva de Saravia en la cárcel de San Pedro, en La Paz, informó el fiscal departamental, Edwin Blanco.
"Saravia ha sido imputado por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y consorcio de jueces, fiscales y abogados, debido a que se colectaron pruebas respecto a que intentó implicar a sus dos denunciantes con un supuesto hecho de extorsión", explicó Blanco, según un comunicado de la Fiscalía.
Saravia estuvo a cargo de las investigaciones de sonados casos de corrupción, incluidos el del fondo estatal para financiar proyectos para el desarrollo de los pueblos indígenas y el de la contratación de una empresa local para la construcción de puestos militares que no llegaron a ejecutarse.
Además del exfiscal, también fueron enviados a prisión su hermano, Leonardo Alberto Gonzales, y su abogado, Williams Quispe, acusados de los mismos delitos.
Saravia y Alberto armaron un operativo junto a dos unidades policiales para detener el pasado sábado a Melquiades Mamani y Herminio Pucho, quienes habían denunciado que el exfiscal les pidió dinero en 2014 para facilitar la liberación de una persona detenida.
Saravia actuó por cuenta propia, pues no informó a sus superiores sobre el operativo y no presentó un informe sobre sus acciones, por lo que la Fiscalía decidió imputarlo por incumplimiento de deberes.
Guerrero indicó que se han abierto cuatro procesos penales contra Saravia.
Gobierno afirma que el linchamiento es un delito y culpa a jueces por errores procedimentales
(ABI).- La ministra de Justicia, Virginia Velasco, aseguró el martes que "tomar la vida de una persona por mano propia" no es Justicia Comunitaria, y responsabilizó de dos linchamientos suscitados en las últimas 48 horas en el país, a los operadores de justicia que -dijo- cometen errores procedimentales y permiten la libertad de delincuentes.
"No se puede quitar la vida de nadie por ningún motivo, eso no es Justicia Comunitaria y lo que hay que reflexionar a la sociedad es que no cometan delitos, ni justicia con mano propia, no pueden quemar ni quitar la vida como lo hicieron en Reyes, para eso tenemos las instancias correspondientes", declaró a los periodistas.
A su juicio son los operadores de justicia los responsables de ese tipo de hechos debido a que cometen errores procedimentales que permiten la liberación de reos que cometen delitos gravísimos, aspecto que -menciono- debe ser sancionado.
"Lo que pasa es que los jueces están liberando a delincuentes que han cometido delitos gravísimos de una manera amplia, sin ver y analizar que son delitos gravísimos y desde luego estamos pidiendo el informe al Consejo de la Magistratura para ver cuáles han sido los motivos y cómo han desvirtuado los riesgos procesales en temas de delitos gravísimos", remarcó.
La Ministra de Justicia pidió al Consejo de la Magistratura que realice una auditoría a los jueces que liberaron a reos, que luego fueron linchados, para que sean sancionados de manera ejemplarizadora.
"El Consejo de la Magistratura debe realizar las auditorias correspondiente porque es su competencia sancionar a jueces que cometan este tipo de fallas procedimentales", reiteró.
El sábado, una turba de pobladores colgó a un supuesto violador, frente a la Subgobernación, después que fuera sacado de una celda policial tras ser aprehendido con fines investigativos en el municipio de Reyes, Beni.
Dos días después, se registró un brutal linchamiento de una persona acusada del robo de una motocicleta en el municipio de Entre Ríos, Cochabamba, quien fue quemada viva.
"No se puede quitar la vida de nadie por ningún motivo, eso no es Justicia Comunitaria y lo que hay que reflexionar a la sociedad es que no cometan delitos, ni justicia con mano propia, no pueden quemar ni quitar la vida como lo hicieron en Reyes, para eso tenemos las instancias correspondientes", declaró a los periodistas.
A su juicio son los operadores de justicia los responsables de ese tipo de hechos debido a que cometen errores procedimentales que permiten la liberación de reos que cometen delitos gravísimos, aspecto que -menciono- debe ser sancionado.
"Lo que pasa es que los jueces están liberando a delincuentes que han cometido delitos gravísimos de una manera amplia, sin ver y analizar que son delitos gravísimos y desde luego estamos pidiendo el informe al Consejo de la Magistratura para ver cuáles han sido los motivos y cómo han desvirtuado los riesgos procesales en temas de delitos gravísimos", remarcó.
La Ministra de Justicia pidió al Consejo de la Magistratura que realice una auditoría a los jueces que liberaron a reos, que luego fueron linchados, para que sean sancionados de manera ejemplarizadora.
"El Consejo de la Magistratura debe realizar las auditorias correspondiente porque es su competencia sancionar a jueces que cometan este tipo de fallas procedimentales", reiteró.
El sábado, una turba de pobladores colgó a un supuesto violador, frente a la Subgobernación, después que fuera sacado de una celda policial tras ser aprehendido con fines investigativos en el municipio de Reyes, Beni.
Dos días después, se registró un brutal linchamiento de una persona acusada del robo de una motocicleta en el municipio de Entre Ríos, Cochabamba, quien fue quemada viva.
Exfiscal imputa a implicados en “consorcio” Acusaciones sostienen que Saravia pagaba a los jueces
Durante una polémica y maratónica audiencia cautelar, Herminio Pucho y Melquiades Mamani aseguraron que en 2014, cuando era su abogado particular, entregaron al exfiscal Anghelo Saravia 15.000 dólares para pagar a jueces y vocales con la condición de no ser enviados a la cárcel.
Por su lado, el exfiscal anticorrupción asegura que tras su destitución y detención en la cárcel están los implicados en el denominado “Consorcio Ganam – Mendoza”.
A SAN PEDRO
Tras más de 12 horas de audiencia cautelar, que se inició el lunes a las 14.00 horas y finalizó a las 3.00 de la madrugada de ayer, el juez segundo anticorrupción, Omar Monasterios, determinó enviar al penal de San Pedro, con detención preventiva, al exfiscal Anghelo Saravia, a su medio hermano, Leonardo A. G. y al abogado William Q. V., imputados por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y “Consorcio de jueces, abogados, fiscales y policías”.
OPERATIVO
La aprehensión de estos se dio el sábado, luego de un operativo que fue solicitado por Saravia a la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) y al Grupo de Investigación de Casos Especiales (GICE), a tiempo de denunciar que es víctima de extorsión por parte de Melquiades Mamani, su cliente en 2014, y el compañero de este, Herminio Pucho.
Según los informes de los efectivos de esos grupos de inteligencia de la Policía, a los que EL DIARIO tuvo acceso, además de lo aseverado por ambas partes en la audiencia cautelar, dicho operativo fue solicitado a las 13.00 horas del sábado por Leonardo A. G., denuncia que resultó ser falsa y por el que se procedió a la aprehensión de los tres.
FISCAL
El fiscal Ramiro Jarandilla explicó, en audiencia, que la supuesta extorsión pretendía ser justificada, tratando de entregar, por la fuerza, cinco mil dólares a Mamani y Pucho, quienes en una primera instancia resultaron arrestados y con ayuda de su actual abogado, Saúl Aranibar, aclararon el tema.
PAGOS A JUECES
En la audiencia, cerca de la 01.00 de ayer, el juez Monasterios concedió la palabra a Pucho, quien explicó que en un proceso por falsedad material abierto contra su compañero Mamani, en 2014, un día antes de una audiencia de apelación a las medidas sustitutivas, con las que contaba Mamani, Saravia recibió de ellos $us 5.000 para que los entonces Vocales de la Sala Penal Primera, Ricardo Chumacero y Ramiro López, les beneficien con una resolución favorable, pero fue todo lo contrario, y en este sentido, se le exigió devolver el dinero, pero se continuó con el proceso.
Con Mamani en la cárcel, Pucho afirma que se presentaron a varias audiencias, en las que se trató de desvirtuar riesgos procesales, pero que para estas, Saravia les pedía el pago de Bs 1.500 por la presentación de Sentencias Constitucionales y les pedía al menos Bs 500 para pagar al Gobernador del Penal, para que autoricen las salidas de Mamani a las audiencias y otros pagos para policías, “así que por cada audiencia pagábamos 4.500 bolivianos”, afirmó.
PAGO A JUEZ
En ese contexto, Saravia volvió a pedir 10.000 dólares, dinero que le fue entregado por medio de William Q. y llegó a manos de la secretaria del supuesto juez, pero no se dio el resultado esperado.
En ese sentido, tomaron un abogado, que su honorario alcanzaba a 2.000 dólares; “y ahí nos enteramos que no había que pagar al Gobernador, a los policías para que lo traigan a las audiencias a Melquiades (…), el doctor Saravia era bien convincente”, aseguró Pucho.
Sobre los $us 10.000, la versión de William Q. V., que resultó ser sobrino de Melquiades Mamani es que este dinero se le dio para ser administrado y pagar honorarios de Saravia y otros trámites, pero Pucho volvió a contradecirlo y dijo que este también estaba mintiendo.
CONSORCIO
Por su lado, en una detallada relación de nombres y fechas, Saravia hizo uso de su defensa y aseveró que los acontecimientos que desembocaron en su destitución y detención fueron promovidos por los implicados en el “caso Consorcio Ganam – Mendoza”.
Mostró documentos y afirmó que el abogado, en uno de los cinco procesos que Mamani tuvo en su contra, y promovió su detención, de la cual él logró sacarlo en una primera instancia, fue Milton Mendoza, y otros abogados “Juniors”, allegados al mismo jurista.
Por su lado, el exfiscal anticorrupción asegura que tras su destitución y detención en la cárcel están los implicados en el denominado “Consorcio Ganam – Mendoza”.
A SAN PEDRO
Tras más de 12 horas de audiencia cautelar, que se inició el lunes a las 14.00 horas y finalizó a las 3.00 de la madrugada de ayer, el juez segundo anticorrupción, Omar Monasterios, determinó enviar al penal de San Pedro, con detención preventiva, al exfiscal Anghelo Saravia, a su medio hermano, Leonardo A. G. y al abogado William Q. V., imputados por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y “Consorcio de jueces, abogados, fiscales y policías”.
OPERATIVO
La aprehensión de estos se dio el sábado, luego de un operativo que fue solicitado por Saravia a la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) y al Grupo de Investigación de Casos Especiales (GICE), a tiempo de denunciar que es víctima de extorsión por parte de Melquiades Mamani, su cliente en 2014, y el compañero de este, Herminio Pucho.
Según los informes de los efectivos de esos grupos de inteligencia de la Policía, a los que EL DIARIO tuvo acceso, además de lo aseverado por ambas partes en la audiencia cautelar, dicho operativo fue solicitado a las 13.00 horas del sábado por Leonardo A. G., denuncia que resultó ser falsa y por el que se procedió a la aprehensión de los tres.
FISCAL
El fiscal Ramiro Jarandilla explicó, en audiencia, que la supuesta extorsión pretendía ser justificada, tratando de entregar, por la fuerza, cinco mil dólares a Mamani y Pucho, quienes en una primera instancia resultaron arrestados y con ayuda de su actual abogado, Saúl Aranibar, aclararon el tema.
PAGOS A JUECES
En la audiencia, cerca de la 01.00 de ayer, el juez Monasterios concedió la palabra a Pucho, quien explicó que en un proceso por falsedad material abierto contra su compañero Mamani, en 2014, un día antes de una audiencia de apelación a las medidas sustitutivas, con las que contaba Mamani, Saravia recibió de ellos $us 5.000 para que los entonces Vocales de la Sala Penal Primera, Ricardo Chumacero y Ramiro López, les beneficien con una resolución favorable, pero fue todo lo contrario, y en este sentido, se le exigió devolver el dinero, pero se continuó con el proceso.
Con Mamani en la cárcel, Pucho afirma que se presentaron a varias audiencias, en las que se trató de desvirtuar riesgos procesales, pero que para estas, Saravia les pedía el pago de Bs 1.500 por la presentación de Sentencias Constitucionales y les pedía al menos Bs 500 para pagar al Gobernador del Penal, para que autoricen las salidas de Mamani a las audiencias y otros pagos para policías, “así que por cada audiencia pagábamos 4.500 bolivianos”, afirmó.
PAGO A JUEZ
En ese contexto, Saravia volvió a pedir 10.000 dólares, dinero que le fue entregado por medio de William Q. y llegó a manos de la secretaria del supuesto juez, pero no se dio el resultado esperado.
En ese sentido, tomaron un abogado, que su honorario alcanzaba a 2.000 dólares; “y ahí nos enteramos que no había que pagar al Gobernador, a los policías para que lo traigan a las audiencias a Melquiades (…), el doctor Saravia era bien convincente”, aseguró Pucho.
Sobre los $us 10.000, la versión de William Q. V., que resultó ser sobrino de Melquiades Mamani es que este dinero se le dio para ser administrado y pagar honorarios de Saravia y otros trámites, pero Pucho volvió a contradecirlo y dijo que este también estaba mintiendo.
CONSORCIO
Por su lado, en una detallada relación de nombres y fechas, Saravia hizo uso de su defensa y aseveró que los acontecimientos que desembocaron en su destitución y detención fueron promovidos por los implicados en el “caso Consorcio Ganam – Mendoza”.
Mostró documentos y afirmó que el abogado, en uno de los cinco procesos que Mamani tuvo en su contra, y promovió su detención, de la cual él logró sacarlo en una primera instancia, fue Milton Mendoza, y otros abogados “Juniors”, allegados al mismo jurista.
Tuesday, November 15, 2016
Viceministro de Justicia Indígena: "La gente no puede hacer justicia por sus propias manos"
El viceministro de Justicia Indígena, Gilvio Janayo, enfatizó que las personas no pueden hacer justicia por sus propias manos con el pretexto de que están ejerciendo la justicia indígena y comunitaria. Argumentó que existe una confusión en la concepción de estos términos a propósito de los dos últimos linchamientos en Reyes y en Entre Ríos.
"La gente no puede hacer justicia por sus propias manos, lo que sí pueden hacer es aprehenderlos para mandarlos a las autoridades correspondientes y allí que sean sancionados", dijo Janayo.
En menos de 72 horas, se registraron dos linchamientos en el país. El primero fue el fin de semana en Reyes, Beni, donde una turba de personas golpeó, arrastró y colgó de un árbol a un hombre sospechoso de haber violado y asesinado a una niña de 4 años. El segundo linchamiento se produjo en Entre Ríos, Cochabamba, donde los pobladores llevaron desde Ivirgarzama hasta el lugar de los hechos a un presunto ladrón de motos.
Janayo señaló que hay una confusión en la concepción de justicia comunitaria y originaria, la que se sostiene en principios y valores y no contempla la pena de muerte en ningún caso.
"Justicia indígena originaria es todo un protocolo con principios y valores que se aplica inclusive en la hora de sancionar, pero siempre respetando la vida", señaló.
Recalcó que el linchamiento es una violación de los derechos humanos y que no está permitido bajo ninguna jurisdicción ni en la indígena ni en la ordinaria.
"La gente no puede hacer justicia por sus propias manos, lo que sí pueden hacer es aprehenderlos para mandarlos a las autoridades correspondientes y allí que sean sancionados", dijo Janayo.
En menos de 72 horas, se registraron dos linchamientos en el país. El primero fue el fin de semana en Reyes, Beni, donde una turba de personas golpeó, arrastró y colgó de un árbol a un hombre sospechoso de haber violado y asesinado a una niña de 4 años. El segundo linchamiento se produjo en Entre Ríos, Cochabamba, donde los pobladores llevaron desde Ivirgarzama hasta el lugar de los hechos a un presunto ladrón de motos.
Janayo señaló que hay una confusión en la concepción de justicia comunitaria y originaria, la que se sostiene en principios y valores y no contempla la pena de muerte en ningún caso.
"Justicia indígena originaria es todo un protocolo con principios y valores que se aplica inclusive en la hora de sancionar, pero siempre respetando la vida", señaló.
Recalcó que el linchamiento es una violación de los derechos humanos y que no está permitido bajo ninguna jurisdicción ni en la indígena ni en la ordinaria.
Tras 12 horas de audiencia, juez envía a la cárcel de San Pedro al fiscal Saravia
El juez segundo anticorrupción de La Paz, Omar Monasterio, determinó después de 12 horas de audiencia la detención preventiva para el fiscal Ángelo Saravia en la cárcel de San Pedro.
La audiencia inició el lunes a las 14:00 horas y finalizó a las 2:00 de la madrugada con la determinación del juez.
Los delitos por los que está sindicado el fiscal son incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y delitos de consorcio de jueces y abogados.
La Fiscalía informó a ABI que en primera instancia se determinó la detención preventiva en el penal de Patacamaya, pero la decisión fue modificada ya que en ese penal se encuentran recluidos varios abogados del caso consorcio de abogados y jueces.
El fiscal fue aprehendido el pasado sábado cuando realizaba un operativo en la zona de Ventilla en el que intentaba detener a Melquiades Mamani y Herminio Pucho, quienes denunciaron un acto de corrupción en su contra consistente en pedir dinero para beneficiar supuestamente a un juez y permitir la detención domiciliaria a Mamani.
Saravia atendía casos polémicos como el exFondo Indígena, caso de consorcio de abogados, jueces y jueces, así como el bullado caso de los puestos militares.
La audiencia inició el lunes a las 14:00 horas y finalizó a las 2:00 de la madrugada con la determinación del juez.
Los delitos por los que está sindicado el fiscal son incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y delitos de consorcio de jueces y abogados.
La Fiscalía informó a ABI que en primera instancia se determinó la detención preventiva en el penal de Patacamaya, pero la decisión fue modificada ya que en ese penal se encuentran recluidos varios abogados del caso consorcio de abogados y jueces.
El fiscal fue aprehendido el pasado sábado cuando realizaba un operativo en la zona de Ventilla en el que intentaba detener a Melquiades Mamani y Herminio Pucho, quienes denunciaron un acto de corrupción en su contra consistente en pedir dinero para beneficiar supuestamente a un juez y permitir la detención domiciliaria a Mamani.
Saravia atendía casos polémicos como el exFondo Indígena, caso de consorcio de abogados, jueces y jueces, así como el bullado caso de los puestos militares.
Denuncian que jueces liberaron a 134 reclusos
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio, informó que solo en el mes de septiembre, autoridades judiciales liberaron a 134 reclusos del penal de San Pedro de La Paz, que tendrían un "amplio prontuario".
Agregó que "cada uno de estas 134 personas liberadas (que tienen) un montón de antecedentes, son delincuentes ya con amplio prontuario, que evidentemente hacen surgir la duda (su liberación)".
El Viceministro detalló que entre los liberados figuran 30 personas con antecedentes por robo, robo agravado, robo agravado en tentativa con lesiones; otras dos implicadas en hurtos; 14 en tentativa de homicidio; cinco en robo y organización criminal; 11 implicados en delitos de violación a menores; 12 por violencia familiar domestica con lesiones graves; cuatro, acusados por suministro de drogas; 10 por estafa, entre otros. (ANF)
Agregó que "cada uno de estas 134 personas liberadas (que tienen) un montón de antecedentes, son delincuentes ya con amplio prontuario, que evidentemente hacen surgir la duda (su liberación)".
El Viceministro detalló que entre los liberados figuran 30 personas con antecedentes por robo, robo agravado, robo agravado en tentativa con lesiones; otras dos implicadas en hurtos; 14 en tentativa de homicidio; cinco en robo y organización criminal; 11 implicados en delitos de violación a menores; 12 por violencia familiar domestica con lesiones graves; cuatro, acusados por suministro de drogas; 10 por estafa, entre otros. (ANF)
Saturday, November 12, 2016
Justicia amplía sentencia para implicados en caso 24 de mayo
El vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) y miembro del Tribunal de Apelación, Iván Sandoval, informó ayer, que se determinó ampliar la sentencia para los imputados del caso 24 de mayo de 2008, de seis años a siete años y seis meses.
Por un lado, en relación a los procesados Cristian Flores y Juan Carlos Zambrana, acusados por los delitos de lesiones graves y coacción, cumplirán una pena de privación de libertad de seis años y tres meses.
Mientras que la determinación para los otros implicados Jaime Barrón, Jhon Cava, Sabina Cuéllar, Fidel Herrera, Aydée Nava, Epifanía Terrazas, Jamil Pillco, Juan Antonio Jesús, Iván Ríos y Franz Quispe, acusados por los delitos asociación delictuosa, tenencia de explosivos, lesiones graves y coacción, estos deberán cumplir siete años y seis meses de cárcel, a cumplirse en el penal de San Roque de Sucre.
Los coimputados tienen un plazo de cinco días para apelar ante el Tribunal Supremo de Justicia.
SENTENCIA
El 2 de marzo de este año, el Tribunal de Sentencia de Padilla dictó la sentencia condenatoria de seis años de cárcel contra 13 acusados por instigación a la violencia y racismo, en el denominado caso 24 de mayo de 2008.
“Corresponde modificar el quantum de la pena impuesta en primer momento de seis años a siete años y seis meses, es lo que corresponde”, señaló.
Sandoval explicó que, una vez revisado el memorial del recurso de apelación restringida y las incidentales formuladas por las víctimas y por el Ministerio Público, se observó que el Tribunal de Sentencia de la jurisdicción de Padilla no habría tomado el concurso real de delitos, que está referida al quantum de la pena.
“La pena que impuso de seis años debió corresponder a un mayor quantum, en unos casos de más de siete años y en otros casos más de diez años, tomando en cuenta el máximo de la gravitad del delito”, sostuvo.
Por un lado, en relación a los procesados Cristian Flores y Juan Carlos Zambrana, acusados por los delitos de lesiones graves y coacción, cumplirán una pena de privación de libertad de seis años y tres meses.
Mientras que la determinación para los otros implicados Jaime Barrón, Jhon Cava, Sabina Cuéllar, Fidel Herrera, Aydée Nava, Epifanía Terrazas, Jamil Pillco, Juan Antonio Jesús, Iván Ríos y Franz Quispe, acusados por los delitos asociación delictuosa, tenencia de explosivos, lesiones graves y coacción, estos deberán cumplir siete años y seis meses de cárcel, a cumplirse en el penal de San Roque de Sucre.
Los coimputados tienen un plazo de cinco días para apelar ante el Tribunal Supremo de Justicia.
SENTENCIA
El 2 de marzo de este año, el Tribunal de Sentencia de Padilla dictó la sentencia condenatoria de seis años de cárcel contra 13 acusados por instigación a la violencia y racismo, en el denominado caso 24 de mayo de 2008.
“Corresponde modificar el quantum de la pena impuesta en primer momento de seis años a siete años y seis meses, es lo que corresponde”, señaló.
Sandoval explicó que, una vez revisado el memorial del recurso de apelación restringida y las incidentales formuladas por las víctimas y por el Ministerio Público, se observó que el Tribunal de Sentencia de la jurisdicción de Padilla no habría tomado el concurso real de delitos, que está referida al quantum de la pena.
“La pena que impuso de seis años debió corresponder a un mayor quantum, en unos casos de más de siete años y en otros casos más de diez años, tomando en cuenta el máximo de la gravitad del delito”, sostuvo.
Friday, November 11, 2016
Piden reunión interinstitucional Poder judicial espera lista de presos liberados
La presidenta del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Carmen del Río Quisbert, informó que está aún a la espera de la supuesta lista de 70 delincuentes que fueron liberados de forma irregular, según la versión de los directores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y, al igual que los jefes policiales, pide una reunión interinstitucional.
En declaraciones vertidas a medios de comunicación por Quisbert, la pasada semana, esta solicitó de forma pública que la Policía le remita la supuesta lista de delincuentes, que de manera irregular fueron liberados por jueces de este distrito.
No obstante, de no tener información precisa sobre los juzgados y los tipos de delitos, Quisbert instruyó a nivel departamental se le remitan informes sobre las órdenes de libertad emitidas por juzgados, en las últimas semanas.
Dicho informe aún no es entregado por algunos juzgados, por lo que se determinó ampliar el plazo, señaló Quisbert.
RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS
En ese sentido, la presidenta del TDJ recordó que dentro de un proceso judicial, donde se trata la libertad o detención de un supuesto delincuente, existen responsabilidades compartidas, ya que en el marco de la ley, la Fiscalía está a cargo de la investigación de hechos, los cuales deben ser configurados en indicios y argumentos legales para impedir que delincuentes peligrosos continúen en libertad y generen inseguridad ciudadana.
En el caso de la Policía, esta también tiene responsabilidad en el relevamiento de evidencias, que deben ser enmarcadas en procedimientos, cuidando que no se generen vicios legales que permitan salidas jurídicas a los delincuentes.
Quisbert sostiene que velando por la seguridad ciudadana, ha solicitado una reunión interinstitucional para verificar los detalles de la denuncia.
AUDIENCIA
Por su lado, el director nacional de la Felcc, coronel Felipe Almaraz, informó ayer que la Policía pedirá una audiencia con la presidenta del TDJ y con el fiscal departamental, Edwin Blanco, para analizar el porqué la liberación de 70 reos calificados de “muy peligrosos” del penal de San Pedro de La Paz.
“Vamos a pedir audiencia con la presidenta del Tribunal de Justicia, conjuntamente vamos a hablar con el señor Fiscal Departamental para ver dónde se encuentran las deficiencias, qué es lo que está pasando (con la liberación de delincuentes)”, indicó Almaraz.
El jefe policial dijo que los 70 reclusos liberados tienen antecedentes por robo y robo agravado, y al salir del penal vuelven a delinquir y la Policía nuevamente debe volverlos a capturar.
Mencionó los nombres de Víctor A. F. y Johnny A. B., encarcelados por robo agravado, ambos fueron liberados el 26 de septiembre de este año.
El coronel Almaraz señaló que cuenta ya con las listas y solamente resta cotejar algunos detalles. El documento será entregado a las autoridades correspondientes para que analicen y evalúen porqué se los liberó sospechosamente cerca de las fiestas de Todos Santos y Navidad.
Finalmente, adelantó que hasta la próxima semana también contará con las nóminas de “delincuentes liberados” en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y Oruro.
En declaraciones vertidas a medios de comunicación por Quisbert, la pasada semana, esta solicitó de forma pública que la Policía le remita la supuesta lista de delincuentes, que de manera irregular fueron liberados por jueces de este distrito.
No obstante, de no tener información precisa sobre los juzgados y los tipos de delitos, Quisbert instruyó a nivel departamental se le remitan informes sobre las órdenes de libertad emitidas por juzgados, en las últimas semanas.
Dicho informe aún no es entregado por algunos juzgados, por lo que se determinó ampliar el plazo, señaló Quisbert.
RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS
En ese sentido, la presidenta del TDJ recordó que dentro de un proceso judicial, donde se trata la libertad o detención de un supuesto delincuente, existen responsabilidades compartidas, ya que en el marco de la ley, la Fiscalía está a cargo de la investigación de hechos, los cuales deben ser configurados en indicios y argumentos legales para impedir que delincuentes peligrosos continúen en libertad y generen inseguridad ciudadana.
En el caso de la Policía, esta también tiene responsabilidad en el relevamiento de evidencias, que deben ser enmarcadas en procedimientos, cuidando que no se generen vicios legales que permitan salidas jurídicas a los delincuentes.
Quisbert sostiene que velando por la seguridad ciudadana, ha solicitado una reunión interinstitucional para verificar los detalles de la denuncia.
AUDIENCIA
Por su lado, el director nacional de la Felcc, coronel Felipe Almaraz, informó ayer que la Policía pedirá una audiencia con la presidenta del TDJ y con el fiscal departamental, Edwin Blanco, para analizar el porqué la liberación de 70 reos calificados de “muy peligrosos” del penal de San Pedro de La Paz.
“Vamos a pedir audiencia con la presidenta del Tribunal de Justicia, conjuntamente vamos a hablar con el señor Fiscal Departamental para ver dónde se encuentran las deficiencias, qué es lo que está pasando (con la liberación de delincuentes)”, indicó Almaraz.
El jefe policial dijo que los 70 reclusos liberados tienen antecedentes por robo y robo agravado, y al salir del penal vuelven a delinquir y la Policía nuevamente debe volverlos a capturar.
Mencionó los nombres de Víctor A. F. y Johnny A. B., encarcelados por robo agravado, ambos fueron liberados el 26 de septiembre de este año.
El coronel Almaraz señaló que cuenta ya con las listas y solamente resta cotejar algunos detalles. El documento será entregado a las autoridades correspondientes para que analicen y evalúen porqué se los liberó sospechosamente cerca de las fiestas de Todos Santos y Navidad.
Finalmente, adelantó que hasta la próxima semana también contará con las nóminas de “delincuentes liberados” en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y Oruro.
Tuesday, November 8, 2016
Inicio de investigación Fiscal Saravia niega denuncia de extorsión
El fin de semana se dio a conocer un audio y las copias de una denuncia de extorsión en contra del fiscal anticorrupción, Ánghelo Saravia, quien ayer negó el hecho y asegura que solo estaba dando consejos a quien fue su cliente cuando era abogado particular.
La denuncia se dio a conocer mediante un memorial fechado el 26 de octubre y firmado por el vicepresidente del “Control Social Nacional del Órgano Judicial”, Germán Mancilla, en el que adjunta un audio como prueba, dirigido al fiscal general, Ramiro Guerrero.
“El fiscal Ángelo Saravia, a través de la grabación que presentamos a su autoridad, se lo escucha hablando con un procesado, en la cual el fiscal señala que le asignará un abogado de su confianza, que él hablará con el juez a efectos de controlar el caso, y de esa manera, le cancele a él la suma de dinero”, afirma Mancilla en su memorial.
NO ERA EXTORSIÓN
Ayer, el fiscal Saravia dio su versión, y negó que la persona con la cual fue grabado, conversando en su despacho, sea un procesado y menos que haya cometido un acto de extorsión, como se afirma en el memorial de Mancilla.
“Es un señor que era mi excliente, quien vino a esta oficina a pedirme pase profesional, yo le entregue su pase profesional al señor, tampoco se le ha cobrado dinero, tampoco se lo ha extorsionado al señor, sino él ha sido víctima de extorsiones; él estaba en la cárcel, ha entrado injustamente a la cárcel y una vez que ha logrado la detención domiciliaría ha pagado una fianza económica”, manifestó Saravia.
AUDIO
En el audio de algo más de 7 minutos, Saravia le dice a la supuesta víctima sobre la forma más rápida y económica de recuperar el dinero que había depositado como fianza, ante el Consejo de la Magistratura.
Saravia le explica a su exclietne que él ya no puede firmar los memoriales, por lo que le da el pase profesional, pero sí puede conversar con el juez de nombre “Miguel Ángel”.
En ese sentido, a insistencia de la supuesta víctima, Saravia accede a recomendar un abogado de su confianza al que la víctima debe pagar 500 bolivianos de adelanto y que luego de recuperado el dinero de la fianza, terminaría de cancelar el saldo que podría ascender hasta el 10 por ciento del total.
“Esto va demorar por lo menos 30 días, (…) tendrías que darle, para comenzar, 500 bolivianos. Y después, saliendo tendrías que pagarle lo demás, hasta el 10 por ciento te pueden cobrar (…) o sea, yo te puedo garantizar de que te lo caminen y yo puedo hablar con el juez”, le dice Saravia a su excliente, como se registra en parte del audio presentado a Guerrero como prueba.
“Yo le he recomendado a él (la víctima), para que no lo vuelvan a engañar”, aseguró Saravia, que detalló que su excliente fue encarcelado por una falsa denuncia y era de extracción humilde.
INVESTIGACIÓN
Por su lado, el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, informó que ante esta denuncia, el Ministerio Público designó a un fiscal para que dé inicio a las investigaciones de este caso.
“Se ha presentado una denuncia contra el fiscal Ángelo Saravia, la cual ya ha sido procesada, está recién en etapa preliminar, pasó de la unidad de análisis al fiscal asignado e igual de la misma manera vamos a investigar seriamente”, señaló Blanco, que además afirmó que, por ahora, el fiscal Saravia continúa con los casos que investiga.
Indicó que aquellos fiscales que estén implicados en corrupción deben dar cuentas de lo que hacen. Blanco dijo que el caso está en etapa preliminar donde se vienen colectando los elementos de prueba.
Por último, Saravia no descartó iniciar un proceso penal por difamación contra las personas que hayan subido el audio y contra quienes dijeron que habría extorsionado a una persona, porque tal situación no se menciona en la grabación, según su versión.
El fiscal Saravia, al momento tiene a su cargo, la investigación de casos relevantes como el Fondo Indígena, las denuncias contra el actual comandante de las FFAA; el consorcio de abogados, fiscales y jueces, además que dentro del caso “puestos militares”, la pasada semana logró la detención preventiva del general Omar Salinas, excomandante de las FFAA.
La denuncia se dio a conocer mediante un memorial fechado el 26 de octubre y firmado por el vicepresidente del “Control Social Nacional del Órgano Judicial”, Germán Mancilla, en el que adjunta un audio como prueba, dirigido al fiscal general, Ramiro Guerrero.
“El fiscal Ángelo Saravia, a través de la grabación que presentamos a su autoridad, se lo escucha hablando con un procesado, en la cual el fiscal señala que le asignará un abogado de su confianza, que él hablará con el juez a efectos de controlar el caso, y de esa manera, le cancele a él la suma de dinero”, afirma Mancilla en su memorial.
NO ERA EXTORSIÓN
Ayer, el fiscal Saravia dio su versión, y negó que la persona con la cual fue grabado, conversando en su despacho, sea un procesado y menos que haya cometido un acto de extorsión, como se afirma en el memorial de Mancilla.
“Es un señor que era mi excliente, quien vino a esta oficina a pedirme pase profesional, yo le entregue su pase profesional al señor, tampoco se le ha cobrado dinero, tampoco se lo ha extorsionado al señor, sino él ha sido víctima de extorsiones; él estaba en la cárcel, ha entrado injustamente a la cárcel y una vez que ha logrado la detención domiciliaría ha pagado una fianza económica”, manifestó Saravia.
AUDIO
En el audio de algo más de 7 minutos, Saravia le dice a la supuesta víctima sobre la forma más rápida y económica de recuperar el dinero que había depositado como fianza, ante el Consejo de la Magistratura.
Saravia le explica a su exclietne que él ya no puede firmar los memoriales, por lo que le da el pase profesional, pero sí puede conversar con el juez de nombre “Miguel Ángel”.
En ese sentido, a insistencia de la supuesta víctima, Saravia accede a recomendar un abogado de su confianza al que la víctima debe pagar 500 bolivianos de adelanto y que luego de recuperado el dinero de la fianza, terminaría de cancelar el saldo que podría ascender hasta el 10 por ciento del total.
“Esto va demorar por lo menos 30 días, (…) tendrías que darle, para comenzar, 500 bolivianos. Y después, saliendo tendrías que pagarle lo demás, hasta el 10 por ciento te pueden cobrar (…) o sea, yo te puedo garantizar de que te lo caminen y yo puedo hablar con el juez”, le dice Saravia a su excliente, como se registra en parte del audio presentado a Guerrero como prueba.
“Yo le he recomendado a él (la víctima), para que no lo vuelvan a engañar”, aseguró Saravia, que detalló que su excliente fue encarcelado por una falsa denuncia y era de extracción humilde.
INVESTIGACIÓN
Por su lado, el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, informó que ante esta denuncia, el Ministerio Público designó a un fiscal para que dé inicio a las investigaciones de este caso.
“Se ha presentado una denuncia contra el fiscal Ángelo Saravia, la cual ya ha sido procesada, está recién en etapa preliminar, pasó de la unidad de análisis al fiscal asignado e igual de la misma manera vamos a investigar seriamente”, señaló Blanco, que además afirmó que, por ahora, el fiscal Saravia continúa con los casos que investiga.
Indicó que aquellos fiscales que estén implicados en corrupción deben dar cuentas de lo que hacen. Blanco dijo que el caso está en etapa preliminar donde se vienen colectando los elementos de prueba.
Por último, Saravia no descartó iniciar un proceso penal por difamación contra las personas que hayan subido el audio y contra quienes dijeron que habría extorsionado a una persona, porque tal situación no se menciona en la grabación, según su versión.
El fiscal Saravia, al momento tiene a su cargo, la investigación de casos relevantes como el Fondo Indígena, las denuncias contra el actual comandante de las FFAA; el consorcio de abogados, fiscales y jueces, además que dentro del caso “puestos militares”, la pasada semana logró la detención preventiva del general Omar Salinas, excomandante de las FFAA.
“Caso Alexander” Tribunal Décimo de Sentencia conmina a Fiscalía por retraso
Ante la ausencia de un fiscal para dar continuidad a las audiencias del juicio por el “caso Bebé Alexander”, la presidente del Tribunal Décimo de Sentencia, Patricia Pacajes, informó que se ha emitido una conminatoria al Fiscal General, para que esta irregularidad sea subsanada.
“Se ha suspendido las audiencias por el caso bebé Alexander, por la inasistencia reiterada del fiscal Genaro Quenta, quien es suplente de la fiscal titular (Susana) Boyán”, informó ayer Patricia Pacajes, presidente del Tribunal Décimo.
Pacajes explicó que el fiscal Quenta presentó un memorial arguyendo que tiene otras audiencias en juicios orales, así como actuaciones en la Fiscalía, y que fue avisado o notificado de esas otras actividades con anticipación.
Quenta está en suplencia temporal de la fiscal Susana Boyán, quien cumple con sus vacaciones, luego de que le rechazaran la recusación que presentó contra los miembros del Tribunal, por carecer de fundamento legal.
SEIS SEMANAS SUSPENDIDO
Por su lado, Cristian Alanes, abogado del médico Jhiery F. S., principal acusado, observó que siendo esta la tercera semana que Quenta se rehúsa a que se lleve adelante la audiencia, recién ha presentado ayer, por primera vez, un justificativo documentado, aunque solo en fotocopias simples.
“Pero es inaudito que una inspección ocular o una toma de declaración (que fueron los argumentos de Quenta) estén por encima de la audiencia en un juicio oral, donde hay un detenido”, aseveró Alanes, en alusión a su cliente, quien es el único preso en este caso.
Sin embargo, según el registro periodístico, las audiencias de juicio están suspendidas desde hace seis semanas, debido que el 30 de septiembre Boyán presentó la recusación y desde esa fecha se suspendió el tratamiento del tema de fondo en este proceso.
CONMINATORIA
La juez Pacajes explicó que si bien el fiscal presentó estos justificativos rigen otros principios legales y que la semana pasada, ante la falta de un justificativo legal, se conminó al fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, para que resuelva el tema de falta de un fiscal y nombre a otro titular para que el caso prosiga.
En ese sentido, la dilación del proceso está siendo atribuida al Ministerio Público.
El plazo para Blanco venció el pasado viernes, y ayer lunes, ante el incumplimiento de ambos, la juez Pacajes remitió el informe y envió la conminatoria al Fiscal General, quien deberá nombrar un nuevo fiscal para que el juicio oral continúe.
“Se ha suspendido las audiencias por el caso bebé Alexander, por la inasistencia reiterada del fiscal Genaro Quenta, quien es suplente de la fiscal titular (Susana) Boyán”, informó ayer Patricia Pacajes, presidente del Tribunal Décimo.
Pacajes explicó que el fiscal Quenta presentó un memorial arguyendo que tiene otras audiencias en juicios orales, así como actuaciones en la Fiscalía, y que fue avisado o notificado de esas otras actividades con anticipación.
Quenta está en suplencia temporal de la fiscal Susana Boyán, quien cumple con sus vacaciones, luego de que le rechazaran la recusación que presentó contra los miembros del Tribunal, por carecer de fundamento legal.
SEIS SEMANAS SUSPENDIDO
Por su lado, Cristian Alanes, abogado del médico Jhiery F. S., principal acusado, observó que siendo esta la tercera semana que Quenta se rehúsa a que se lleve adelante la audiencia, recién ha presentado ayer, por primera vez, un justificativo documentado, aunque solo en fotocopias simples.
“Pero es inaudito que una inspección ocular o una toma de declaración (que fueron los argumentos de Quenta) estén por encima de la audiencia en un juicio oral, donde hay un detenido”, aseveró Alanes, en alusión a su cliente, quien es el único preso en este caso.
Sin embargo, según el registro periodístico, las audiencias de juicio están suspendidas desde hace seis semanas, debido que el 30 de septiembre Boyán presentó la recusación y desde esa fecha se suspendió el tratamiento del tema de fondo en este proceso.
CONMINATORIA
La juez Pacajes explicó que si bien el fiscal presentó estos justificativos rigen otros principios legales y que la semana pasada, ante la falta de un justificativo legal, se conminó al fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, para que resuelva el tema de falta de un fiscal y nombre a otro titular para que el caso prosiga.
En ese sentido, la dilación del proceso está siendo atribuida al Ministerio Público.
El plazo para Blanco venció el pasado viernes, y ayer lunes, ante el incumplimiento de ambos, la juez Pacajes remitió el informe y envió la conminatoria al Fiscal General, quien deberá nombrar un nuevo fiscal para que el juicio oral continúe.
Saturday, November 5, 2016
Nómina de juzgados y tribunales de turno serán publicados
La presidente del Tribunal Departamental de La Paz, Carmen del Río Quisbert, anunció que la próxima semana serán publicados los juzgados, tribunales y salas penales que se quedaran de turno del 6 al 30 de diciembre, cuando esta instancia ingrese a vacaciones judiciales colectivas.
El 13 de junio, la Cámara de Diputados sancionó la Ley 810 que repone el artículo 126 de la Ley del Órgano Judicial, por el cual se reasigna los 25 días calendario de vacación colectiva para todos los funcionarios judiciales en diciembre, a nivel nacional.
Quisbert señaló que la reposición de la vacación colectiva para magistrados, vocales, jueces y personal de apoyo jurisdiccional contribuirá a la celeridad en la atención de causas y evitará mayor mora procesal en el Órgano Judicial.
Detalló que en el caso de La Paz estarán de turno tres juzgados cautelares, uno anticorrupción, un tribunal de sentencia, un juzgado público en lo civil y una sala penal.
La lista oficial de estos juzgados será publicada la siguiente semana para el conocimiento de la población litigante.
Para evitar retraso en los procesos judiciales, sobre todo, con casos donde se tiene personas detenidas, informó que la Sala Plena elaboró un borrador de turnos para La Paz y El Alto, los cuales se cumplirán durante la vacación.
“La vacación individual ha sido una especie de óbice para el normal desarrollo de las funciones jurisdiccionales, toda vez que los funcionarios han ido pidiendo sus vacaciones individuales en forma alternada, ello daba como consecuencia la mora procesal”, que derivó en la retardación en la tramitación de las diferentes causas, señaló Quisbert en conferencia de prensa.
El 13 de junio, la Cámara de Diputados sancionó la Ley 810 que repone el artículo 126 de la Ley del Órgano Judicial, por el cual se reasigna los 25 días calendario de vacación colectiva para todos los funcionarios judiciales en diciembre, a nivel nacional.
Quisbert señaló que la reposición de la vacación colectiva para magistrados, vocales, jueces y personal de apoyo jurisdiccional contribuirá a la celeridad en la atención de causas y evitará mayor mora procesal en el Órgano Judicial.
Detalló que en el caso de La Paz estarán de turno tres juzgados cautelares, uno anticorrupción, un tribunal de sentencia, un juzgado público en lo civil y una sala penal.
La lista oficial de estos juzgados será publicada la siguiente semana para el conocimiento de la población litigante.
Para evitar retraso en los procesos judiciales, sobre todo, con casos donde se tiene personas detenidas, informó que la Sala Plena elaboró un borrador de turnos para La Paz y El Alto, los cuales se cumplirán durante la vacación.
“La vacación individual ha sido una especie de óbice para el normal desarrollo de las funciones jurisdiccionales, toda vez que los funcionarios han ido pidiendo sus vacaciones individuales en forma alternada, ello daba como consecuencia la mora procesal”, que derivó en la retardación en la tramitación de las diferentes causas, señaló Quisbert en conferencia de prensa.
Tuesday, November 1, 2016
Vacaciones colectivas en el TSJ inicia el 6 de diciembre
La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), informó que en cumplimiento de la Ley N° 810, se dispuso la vacación colectiva a partir del 6 de diciembre hasta el día viernes 30 de diciembre del presente año.
“La Ley N° 810 dispone que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, vocales, jueces de los Tribunales Departamentales de Justicia, gozarán de vacación anual colectiva de 25 días calendario en el mes de diciembre, con el propósito de evitar la mora procesal y retraso en la resolución de casos”, sostuvo el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani Villca.
La autoridad indicó que esto surgió a raíz de las necesidades prácticas en el desarrollo y resolución de casos.
“Las vacaciones individuales trajo dificultades; porque un juzgado no funcionaba, porque, resulta de que el Juez estaba de vacaciones y el mes siguiente estaba el secretario o la Sala, es decir que no existía quorum porque uno u otro estaba de vacación”, dijo Mamani.
Por su parte el magistrado Rómulo Calle manifestó que la vacación colectiva será el último mes del año y que habrá jueces de turno en los Tribunales Departamentales que brindaran atención en plataforma.
“Los Tribunales Departamentales en todo el país también se acogerán en la Ley N° 810, ingresaran también de vacaciones. Aclarar que existirá juzgados de turno y los plazos procesales durante la vacación quedan suspendidos”, dijo Rómulo Calle.
Calle destacó el trabajo de sus colegas magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por el compromiso de trabajo que realizan en cada una de las salas especializadas.
“Los magistrados no solo están atendiendo el trabajo de sus salas sino también están trabajando en cumplimiento a los compromisos interinstitucionales como para la implementación de nuevos códigos”, finalizó.
“La Ley N° 810 dispone que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, vocales, jueces de los Tribunales Departamentales de Justicia, gozarán de vacación anual colectiva de 25 días calendario en el mes de diciembre, con el propósito de evitar la mora procesal y retraso en la resolución de casos”, sostuvo el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani Villca.
La autoridad indicó que esto surgió a raíz de las necesidades prácticas en el desarrollo y resolución de casos.
“Las vacaciones individuales trajo dificultades; porque un juzgado no funcionaba, porque, resulta de que el Juez estaba de vacaciones y el mes siguiente estaba el secretario o la Sala, es decir que no existía quorum porque uno u otro estaba de vacación”, dijo Mamani.
Por su parte el magistrado Rómulo Calle manifestó que la vacación colectiva será el último mes del año y que habrá jueces de turno en los Tribunales Departamentales que brindaran atención en plataforma.
“Los Tribunales Departamentales en todo el país también se acogerán en la Ley N° 810, ingresaran también de vacaciones. Aclarar que existirá juzgados de turno y los plazos procesales durante la vacación quedan suspendidos”, dijo Rómulo Calle.
Calle destacó el trabajo de sus colegas magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por el compromiso de trabajo que realizan en cada una de las salas especializadas.
“Los magistrados no solo están atendiendo el trabajo de sus salas sino también están trabajando en cumplimiento a los compromisos interinstitucionales como para la implementación de nuevos códigos”, finalizó.
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