TCP admite acción del MAS para repostulación indefinida de Morales

La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió la “Acción de Inconstitucionalidad Abstracta” que presentó el Movimiento al Socialismo (MAS) para la repostulación indefinida de Evo Morales y Álvaro García, a la Presidencia y Vicepresidencia, pese a siete pedidos de rechazo que presentaron expresidentes, opositores y ex constituyentes.

Según el auto constitucional que emitió el TCP el 28 de septiembre de la presente gestión, la gestión fue aceptada, dando validez a la exposición de los fundamentos jurídico-constitucionales del MAS. Se informó en el TCP que se cumplió con los requisitos que son exigidos por el Código Procesal Constitucional establecidos en sus artículos 24 y 74.

Ayer viernes, se vencía el plazo de los magistrados para comunicar si aceptaban o no el documento que presentó el oficialismo.

En cambio, el TCP calificó de insustanciales los siete pedidos de rechazo que fueron presentados a su consideración por opositores y ex constituyentes.

El siguiente paso, en este proceso, es el conocimiento de fondo de la solicitud oficialista.

GOLPE A LA DEMOCRACIA

En contacto con EL DIARIO, el abogado constitucionalista William Bascopé indicó que el TCP, al admitir este recurso, da una señal pésima al país, porque significa un golpe al sistema democrático actual y el “suicidio de la Constitución Política del Estado y de la democracia”.

“Me parece que el TCP se ha equivocado en el camino y se ha metido un tiro en la pierna, si en el futuro fallan en el fondo, diciendo que si se aplica o no la Constitución y dan vía libre a la re-postulación indefinida de Evo Morales y todos los alcaldes y otras autoridades, será un golpe a la democracia y se habrá atentado a la Constitución Política del Estado”, destacó el jurista.

RECHAZO OPOSITOR

Los asambleístas de oposición también se pronunciaron al respecto, coincidieron en que la determinación del TCP permite la re postulación indefinida de Evo Morales. Entre estos, Óscar Ortiz, senador de Unidad Demócrata (UD), manifestó que esta admisión es un desconocimiento a los resultados del 21F. (referéndum que rechazó en 2016 la re postulación de Morales).

“Se abre la posibilidad de que se revise la Constitución, se la modifica sin ir a un referéndum, se pretende hacerlo en cuatro paredes por unos magistrados que están en sus últimos tres meses de gestión, no confiamos en su independencia. La sola admisión es un paso para el desconocimiento del voto del pueblo, que se produjo el 21 de febrero”, afirmó Ortíz.

Pocos minutos después que se conoció la admisión del TCP, Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional, rechazó la acción: “El NO a la reelección es cosa juzgada por decisión del pueblo el 21F, lo que hace el TCP es parte del golpe del régimen a la Democracia”, dijo el político a través de su cuenta en Tuiter.

Por su parte, Yerko Núñez, del Movimiento Demócrata Social (MDS), dijo que los miembros de la Comisión de Admisión del TCP están cometiendo una “doble violación, primero al voto del pueblo en el referéndum del 21 de febrero y, segundo, al voto en el referéndum de ratificación de la Constitución Política del Estado”.

“Están matando la Constitución. El Tribunal Constitucional no puede, no tiene la facultad para anular artículos de la Ley Fundamental”, advirtió el legislador, al anticipar que los Demócratas acudirán a todas las vías legales nacionales e internacionales para rechazar las decisiones “ilegales” del TCP.

“Golpe de @evoespueblo en BOL. Su TCP avanza en reelección perpetua, desconociendo resultados vinculantes, irrevisables y obligatorios del 21F”, fueron los términos que por vía digital se pronunció el expresidente Jorge Quiroga, en relación al mismo tema.

PLAZOS

El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional Oswaldo Valencia indicó que, debido a los plazos procesales y ampliaciones que podrían darse, el recurso que planteó el MAS para la reelección sin límites podría pasar a los nuevos magistrados para su resolución.

A la vez, explicó que se abriría un periodo de 15 días para que la Asamblea Legislativa responda al recurso. En este caso, el Vicepresidente, Álvaro García, debe responder a la pregunta de por qué quieren declarar la inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley de Régimen Electoral. Posteriormente, existe el plazo de 45 días para que esta instancia emita una resolución sobre el fondo del proceso.

Valencia explicó que ese tiempo procesal suma 70 días, es decir más de dos meses, pero también la norma da la posibilidad al TCP de ampliar el plazo de resolución, si es que considera que el caso es complejo.

Además, podrían ampliar el plazo para solicitar mayor documentación que fundamente mejor su decisión. Sostuvo que ese requerimiento de mayor información puede hacerse a instituciones públicas, privadas e incluso a organismos internacionales

Ante esto, Bascopé aclaró que existe el tiempo suficiente para que los actuales magistrados emitan una resolución, aún más cuando son presionados por el poder político, puesto que surgieron denuncias por parte de opositores que el ministro de Justicia, Héctor Arce, se encontraba en Sucre los pasados días.

ALERTA DE OPOSICIÓN

Por último, Ortíz indicó que continuarán en alerta para ver los resultados que emitirá el TCP y que continuarán activando las acciones legales que la justicia les franquea, incluso acudirán a instancias internacionales para denunciar los atropellos del Gobierno contra la decisión de la población, que dijo en el referéndum del 21 de febrero de 2016 no a la re-postulación de Morales..

Para Bascopé lo que queda es esperar y que la población esté atenta a las acciones de los magistrados, porque el ciudadano ya no está desprotegido.

Magistratura defiende acción judicial en caso pandilleros y revela que 18 de 24 llegaron a audiencia

Un policía cubierto con un pasamontañas cuestionó la decisión de un juez de conceder detención domiciliaria a seis de 24 pandilleros detenidos cuando atracaban en el centro de La Paz. El Consejo de la Magistratura salió en defensa del juez y aclaró que de los 24 detenidos solo 18 llegaron a la audiencia cautelar y que los seis tenían una acusación fiscal que no amerita detención preventiva.

Tras la crítica surgida contra el juez desde la Policía, el representante del Consejo de la Magistratura en La Paz, Williams Dávila, explicó que pidió un informe sobre el caso y constató –según la documentación- que solo llegaron 18 a la audiencia cautelar, de los que seis fueron acusados por “receptación” o compradores de objetos robados en la jerga del hampa.

  E     se delito, según el Código Penal, tiene una condena de seis meses a dos años de cárcel, que implica que en caso de condena no irán a la cárcel por el perdón judicial. Justamente por esa situación, no pueden ser detenidos de forma preventiva y los seis fueron beneficiados con detención domiciliaria de los 18.

Un miembro del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), quien reservó su nombre debido a las características de su labor, dijo que la Policía está cumpliendo con la detención de los delincuentes; sin embargo expresó que siente extrañeza por los beneficios que recibieron esos seis delincuentes.



De ocho, seis fueron enviados a la cárcel acusados de robo agravado, uno también se benefició con detención domiciliaria por sus antecedentes delictivos y uno con medidas sustitutivas a la detención, según expuso Dávila en una entrevista con Todo A Pulmón de Cadena A. Cuatro detenidos son menores de edad y su caso pasó al juez del menor.

Para Dávila la Policía o la Fiscalía debe dar una explicación sobre qué ocurrió con los seis que no llegaron hasta la audiencia de medidas cautelares.

El comandante de la Policía, general Abel de la Barra, presentó el 22 de septiembre en una conferencia de prensa a los 24 pandilleros y reveló que varios tienen antecedentes delictivos. Operaban, dijo, en inmediaciones de la Perez Velasco y la plaza San Francisco, a unas cuadras de la plaza Murillo, en el centro paceño, y pertenecen a las pandillas “Los niños Eguino”, “Los acuchilladores”; “Los panorámicos”, y “Los privilegiados”.

Policías se hicieron pasar por personas ebrias para atrapar en flagrancia a los delincuentes que golpeaban o amenazan con armas punzocortantes a sus ocasionales víctimas.

Código de Sistema Penal Aprueban artículo 153 referido al aborto

La Cámara de Diputados aprobó ayer por la noche la ampliación de las causales para la realización de los abortos y añadió entre ellas la pobreza, el tener varios hijos o el ser estudiante.

El artículo es parte de las modificaciones del Código de Sistema Penal que fue tratado en la Cámara Baja y luego debe pasar al Senado, según público el diario digital El Deber.

Hasta ahora la interrupción legal del embarazo se restringe a los casos de violación, malformaciones del feto o evidente riesgo de la vida de la madre, pero aun así su práctica es resistida por varias asociaciones de médicos del país que alegan problemas de conciencia.

Las modificaciones que se discuten en el Congreso han ocasionado los reclamos de grupos de corte principalmente religioso que se han manifestado en contra arguyendo que se atenta contra la familia.

Las autoridades calculan que cada día se practican en Bolivia alrededor de 185 abortos y al año 67.000 mujeres acuden a servicios de salud por complicaciones producto de abortos mal realizados. (El Deber - digital)

Por fallo del recurso del MAS Crece presión social contra TCP

GUALBERTO CUSI ENTREGA MEMORIAL AL TCP QUE RECIBE SOLICITUDES A PUERTAS CERRADAS. FUE AYER. GALERÍA(2)
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Crece la presión de organizaciones sociales, políticas y cívicas en contra del Recurso Abstracto de Inconstitucionalidad que presentó el Movimiento al Socialismo (MAS) para la inaplicabilidad de cuatro artículos de la Constitución Política del Estado (CPE) y la anulación de cinco artículos de la Ley 026 de Régimen Electoral.

Hasta la fecha se presentaron por lo menos seis memoriales que exigen a los magistrados que no acepten el recurso del oficialismo y el anuncio de movilizaciones en demanda del respecto a la CPE boliviana.

EXMAGISTRADO CUSI

La última solicitud es del exmagistrado Gualberto Cusi que la mañana de ayer presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un memorial donde solicita se rechace el recurso abstracto de inconstitucionalidad presentado por los parlamentarios del oficialismo.

“No magistrados, sino masistrados del MAS, que por lo menos tengan la dignidad de hacer respetar la Constitución, de hacer respetar los derechos humanos de los ciudadanos, sino mañana pasado el pueblo se organizará y hará justicia, por lo tanto exhortamos, si es que toma una decisión, bueno alá ellos correrán las consecuencias”, dijo Cusi en Sucre.

Según el reporte de la radio Aclo de la Red Erbol, Cusi llegó hasta instalaciones del TCP en la ciudad de Sucre acompañado de Roberto de la Cruz, el abogado constitucionalista Williams Bascopé, el exsuboficial que pidió la descolonización de las Fuerzas Armadas, Edgar Morales, y el exejecutivo de la Conamaq, Cancio Rojas, quienes también firmaron el memorial.

Cuando Cusi se apersonó hasta puertas del TCP, los funcionarios de seguridad cerraron las puertas, afuera quedó el exmagistrado, pero sus acompañantes (como el senador Rodríguez y el diputado Quispe) quedaron dentro.

“Hemos visto con preocupación que diputados de oposición son retenidos, encadenadas las puertas en el Tribunal Constitucional, esto nos parece un atropello, barbaridad, vergüenza, nos parece que el TC está sobrepasando los límites aceptable en el país”, dijo el senador demócrata Arturo Murillo.

De acuerdo con información de medios estatales, el secretario general del TCP, Álvaro Llanos, informó que tuvieron que cerrar la puerta para precautelar la propiedad pública del Estado, la integridad y seguridad de los funcionarios.

“A fin de resguardar los derechos y garantías constitucionales de todas las personas, tanto de los servidores públicos y de las personas que se encuentran en el piquete de huelga, estamos procediendo a cerrar las puertas de la institución”, dijo.

EXCONSTITUYENTE ANGÉLICA SILES

Otra exautoridad que presentó un memorial de rechazo de la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por el MAS, fue Angélica Siles Parrado, exasambleísta constituyente que pide no se acepte el pedido en función a que para los órganos legislativos y ejecutivos la reelección es solo por una vez y ello implica la imposibilidad de una nueva reelección de autoridades.

“El artículo 24 de la Constitución Política del Estado nos permite realizar este tipo de pedidos y en función al mismo es que hemos presentado este memorial y le estamos pidiendo al Tribunal Constitucional que respete la Constitución porque lo contrario significaría un golpe a la Constitución, a la democracia y a los derechos humanos”, afirmó.

En ese marco, subrayó que el TCP como entidad estatal no tiene la facultad de declarar inaplicables artículos de la Constitución Política del Estado.

“En ningún artículo de la Constitución y menos de la Ley del Tribunal Constitucional establece la inaplicabilidad. No pueden tocar un punto ni una coma de la Constitución. El TCP solo observa leyes o artículos de leyes que pueden ser declaradas inconstitucionales, pero no la Costitución Política”, recalcó Siles.

OTROS PEDIDOS

Días atrás, los asambleístas de la alianza Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz y Arturo Murillo, presentaron una solicitud de rechazo contra la acción de inconstitucionalidad abstracta que presentó el partido oficialista, que pretende hacer declarar inconstitucional cinco artículos de la Ley de Régimen Electoral y la inaplicabilidad de cuatro de la Constitución Política del Estado, con el argumento de que carece de fundamentación legal.

A este pedido se sumaron tres más: una solicitud del senador de Unidad Demócrata, Edwin Rodríguez, y otra del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que también pidió mediante memorial el rechazo a la acción, de manera separada.

Por su lado, la ex asambleísta constituyente Magda Calvimontes, en contacto con EL DIARIO, confirmó que también presentó una petición de rechazo a la acción de inconstitucionalidad

León plantea amparo constitucional contra Presidente y tres ministros

El abogado Eduardo León planteó el 29 de agosto pasado un recurso de amparo constitucional contra el presidente Evo Morales, los ministros de Educación, Roberto Aguilar, y de Justicia, Héctor Arce, y la exministra de esa misma cartera, Virginia Velasco, por la presunta vulneración del debido proceso y el derecho a la petición del jurista, en relación a la suspensión de su título de Derecho en provisión nacional, que le fue observado dentro de un proceso por supuesta falsedad de su libreta militar.

“Hace más de un año, entre el 30 de mayo y el primero de junio (de 2016), se me arrebató mi título en provisión nacional (en el Ministerio de Educación) y mi licencia de registro (de abogacía) en el Ministerio de Justicia, y habiendo interpuesto los recursos de revocatoria y jerárquico, estos (recursos) fueron elevados por el Decreto Supremo 27103, a conocimiento del presidente del Estado”, explicó León en conferencia de prensa, realizada ayer.

El abogado explicó que al verse vulnerado en sus derechos y recibido la negativa de las entonces autoridades, el documento fue elevado al presidente Evo Morales, quien tenía el plazo de 90 días para dar respuesta al pedido que había hecho para la restitución de su título y la credencial del Ministerio de Justicia para volver a ejercer como abogado litigante.

Los recursos fueron remitidos ante el Presidente por el Ministerio de Justicia el 15 de julio y el 21 de septiembre también de 2016 lo hizo el Ministerio de Educación.

En esa línea, y ante la falta de una respuesta por parte del presidente Morales, León indicó que el 29 de agosto de este año, emitió dos memoriales a Palacio de Gobierno, pidiendo una respuesta fundamentada del porqué no había una respuesta.

Pero otra vez no recibió respuesta, por lo cual interpuso el amparo ante el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, que derivó el caso a conocimiento de la juez público civil y comercial 28vo, Yobana M. Mallea, quien determinó señalar “audiencia para el día miércoles 27 de septiembre, a horas nueve de la mañana, en el Tribunal Departamental”, afirmó León.

Por otro lado, adelantó que luego de la restitución de su título y su registro de abogacía pedirá el resarcimiento de los daños morales y económicos que le ocasionaron al ser encarcelado y perseguido, afirma, por una denuncia falsa en su contra.

“Yo estoy dispuesto a demandar al Estado Boliviano por unos cinco millones de dólares, porque haciendo cuentas, el daño moral que se causa a una persona no tiene precio”, afirmó.

Sobre este tema, se realizó la consulta respectiva pero, hasta el cierre de edición de esta nota, no se obtuvo respuesta desde el Palacio de Gobierno.

Por último, León afirmó que en los siguientes días se presentará pruebas de la tortura a la que fue sometida por parte de autoridades de Gobierno y que también pide sean investigados y sancionados.

ANTECEDENTE

Eduardo León, en mayo de 2016, fue imputado por trata de personas en el caso de suplantación de un supuesto hijo de Evo Morales. En ese caso, logró que la juez le otorgue detención domiciliaria, pero la misma no fue cumplida.

Días después, el Ministerio de Transparencia activó una “denuncia anónima” por la cual se observó la obtención del título en provisión nacional en Derecho, ya que para realizar el trámite el abogado presentó, según la denuncias, copia de una libreta militar falsa.

Fue por este caso, que León fue remitido al penal de San Pedro y recién hace unos meses logró desvirtuar los riesgos procesales y salió de la cárcel con derecho laboral.

Rivadeneyra, juez suspendido, se defenderá en libertad

Después de desvirtuar los riesgos procesales de obstaculización de la investigación y peligro de fuga, la jueza cuarto anticorrupción, Melina Lima, dispuso medidas sustitutivas a la detención para el juez suspendido Fernando Rivadeneyria.

El fiscal Herlan Almanza confirmó que Rivadeneyra, acusado de liberar al brasileño Antonio Da Silva, cabecilla del atraco frustrado a la joyería EuroChronos, se defenderá en libertad.

El imputado deberá presentar dos garantes que cancelarán cada uno Bs 20.000, registrarse en el biométrico del Ministerio Público cada lunes y tramitar su arraigo.

Durante la audiencia cautelar, la comisión de fiscales solicitó la detención preventiva por la presunta comisión de los delitos de prevaricato e incumplimiento de deberes.

El abogado de Rivadeneyra, Carlos Mariaca, dijo que su defendido aplicó la ley que determina los plazos máximos para que una persona permanezca detenida.

Por “derecho a la repostulación” Magistrado plantea anular elección judicial

Evocando el derecho que usa el MAS para plantear la reelección del presidente Evo Morales, el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Fidel Tordoya, pidió la anulación de las elecciones judiciales, para facilitar la repostulación de las actuales autoridades del Órgano Judicial.

“Me parece que debería aplicarse este artículo que están invocando, porque no es posible que nosotros no tengamos la opción de volvernos a repostular. Es más, el Tribunal Supremo Electoral y la Asamblea Legislativa Plurinacional debieran anular las elecciones (judiciales)”, declaró el magistrado, según la red Unitel.

Tordoya dijo que las autoridades de las máximas instituciones judiciales “también tienen derecho” a repostularse en los mismos cargos que actualmente ejercen. El planteamiento surge después que los legisladores del MAS pidieron al Tribunal Constitucional la “inaplicabilidad” de los artículos 156, 168, 285 (II) y 288 de la Constitución Política del Estado.

Estos artículos están referidos a los límites constitucionales para la reelección del presidente, vicepresidente, gobernadores, alcaldes, asambleístas y concejales. Según el MAS no debiera existir “límites” ni “restricciones para la elección de autoridades.

“El Tribunal Supremo Electoral debiera inaplicar y decir que la norma constitucional que prohíbe la reelección en el caso del Tribunal Supremo de Justicia debiera inaplicar y decir que también tienen derecho nuevamente a repostularse al mismo órgano”, sostuvo Tordoya. (ANF)

Líderes piden al TCP no admitir recurso del MAS

inco líderes opositores presentaron ayer ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una solicitud para que rechace el recurso interpuesto por el MAS, que pretende desconocer varios artículos de la Constitución Política del Estado y de la Ley de Régimen Electoral para habilitar a Evo Morales y Álvaro García a las elecciones de 2019.

Los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y los líderes opositores Samuel Doria Medina (UN), Rubén Costas (MDS), firmaron un documento, mediante el cual expresan su posición respecto a la acción de inconstitucionalidad que presentó el MAS el pasado lunes. Esta vez Luis Revilla, líder de Sol.bo, estuvo ausente del pronunciamiento.

“Hemos decidido presentar ante el Tribunal Constitucional Plurinacional una solicitud de rechazo a la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por la senadora Nélida Sifuentes Cueto y otros legisladores del MAS, porque atenta gravemente contra la democracia y la Constitución”, dice el comunicado de los opositores.

El oficialismo pretende que el TCP declare inaplicables cuatro artículos de la Constitución Política del Estado (CPE), que limitan las repostulaciones de las autoridades electas, bajo el argumento de que la Convención Interamericana de los Derechos Humanos no fija límites para el ejercicio de los derechos políticos.

Los opositores sostienes que la intención del oficialismo “es permanecer indefinidamente en el poder a cualquier precio”, a pesar de que en el referendo de 2016 la población ya dijo “NO” a sus pretensiones.

“El mecanismo utilizado, además de penoso desde el punto de vista jurídico, es la expresión más clara de que el gobierno nos está diciendo a todos los bolivianos que su intención de eternizarse en el poder está más allá de la ley y de la decisión del pueblo boliviano, y que hará todo lo que sea necesario para lograr ese objetivo”, advirtieron.

Para los líderes opositores, el MAS “sin ningún pudor” pretende declarar inaplicables cuatro artículos de la CPE, lo que sería igual a desconocer la Asamblea Constituyente elegida en 2006, el referendo de 2009, que aprobó la Constitución, y el referendo de 2016, que ratificó la vigencia del artículo 168 que limita las reelecciones presidenciales.

Instaron a la población a “que utilice todos los medios constitucionales que tiene a su alcance para oponerse a esta decisión (del MAS), cuya única legitimidad es el uso arbitrario del poder y el dominio que ejerce sobre todos los Órganos del Estado”.

Juristas sobre recurso: El TCP nunca declara la no aplicación de la CPE

La expresidenta de Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y actual presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Silvia Salame, advirtió que el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede ni debe admitir la "acción de inconstitucionalidad abstracta" presentada por el MAS contra cinco artículos de la Ley 026.

El recurso pide la "inaplicabilidad" de artículos de la Constitución Política del Estado que impiden la repostulación del Presidente, Vicepresidente y otras autoridades subnacionales. En caso de aceptarlo, dijo, los magistrados podrían ser pasibles de un juicio de responsabilidades.

"No puede ser admitida, no puede ni debe admitir el Tribunal esta demanda, porque ya el hecho de admitirla involucraría un delito que estaría cometiendo el Tribunal Constitucional. Estaría cometiendo el delito de usurpación de funciones y dictar resoluciones contrarias a la Constitución. No puede ni debe pronunciarse y en consecuencia no tiene que admitir la demanda el Tribunal, porque ya el hecho de admitir significará vulnerar la Constitución y significaría usurpar funciones del constituyente", dijo.

Según la exmagistrada, este tema "no es materia de análisis jurídico" y se debe rechazar la demanda y en consecuencia tendrán que resignarse nomás los de la bancada del MAS y buscar otra persona que sustituya al Presidente.
Salame indicó que lo que el oficialismo está pidiendo "es hacer un control constitucional de la propia Constitución, es decir, que pretenden que se declare inconstitucional los artículos de la Constitución y esa no es atribución del Tribunal Constitucional, el tribunal no puede modificar la Constitución. La forma de modificar de la Constitución está en el artículo 411 de la misma".

"No puede haber un control constitucional sobre la misma Constitución. De ninguna manera, los magistrados ni un tribunal ordinario ni extraordinario puede revisar o modificar la Constitución, porque es una prerrogativa del constituyente y de la Asamblea Constituyente, en determinadas circunstancias", manifestó.

Similar criterio tuvo el constitucionalista Williams Bascopé, quien cuestionó la acción presentada por el oficialismo. Sugirió al Tribunal Constitucional "rechazar este pedido que claramente está pidiendo violar la Constitución y el derecho del ciudadano que votó el 21 de febrero de 2016".

"El Tribunal Constitucional como guardián de la Constitución declara la inconstitucionalidad de leyes, pero nunca la no aplicación de la misma Constitución para favorecer a una reelección de una autoridad", escribió en su cuenta de Facebook.

Para Salame, la repostulación del Primer Mandatario no debería ser el tema en cuestión, porque "ni siquiera es aplicable el artículo 411 y ninguna de sus dos posibilidades, ya que sobre lo que ha dicho el ciudadano en el referéndum (del 21 de febrero) no puede ya volverse a revisar. El ciudadano ha manifestado que no está de acuerdo con la repostulación del señor Presidente y del Vicepresidente".

Además, instó a los legisladores a "presentar memoriales señalando al TCP que no puede admitirse esta demanda".

Ambos constitucionalistas señalaron que si el TCP llega a admitir la demanda, entonces se abre la posibilidad de plantear un juicio de responsabilidad contra los magistrados "por los delitos de resolución contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y prevaricato". Y después del juicio de responsabilidades "correspondería que sean remitidos a la justicia ordinaria y ellos estarían sujetos a una pena de cárcel".

TSJ aparta a Carlos Mesa del caso misiles chinos

El expresidente, Carlos Mesa, quien habría abrogado normativas del levantamiento de secreto de armamento bélico, en el caso misiles chinos, fue retirado de la resolución de sentencia por un auto complementario presentado por el Tribunal de Juicio de Responsabilidades informó el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómulo Calle.

“Indudablemente en lo que respecta al expresidente (Carlos) Mesa, ese caso también está explicado en ese auto complementario”, informó la autoridad a los periodistas.

El pasado 31 de agosto, el tribunal supremo de justicia dictó una sentencia contra 8 de los 10 implicados en el caso de la desactivación de 36 misiles chinos, donde también instruye la remisión de los antecedentes del caso ante el Ministerio Público para que más adelante Carlos Mesa sea investigado por aprobar el Decreto Supremo Nº 28168 del 17 de mayo de 2005.

Sin embargo, Calle dijo que el Tribunal de Juicio ratificó el contenido de la resolución de sentencia, emitida el 31 de agosto pasado, con sentencias de dos a tres años, y algunas enmiendas de errores.

DENUNCIA

Sobre esta resolución el expresidente presentó una denuncia ante la Cámara de Diputados contra de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que lo involucraron en la parte final de la sentencia del caso misiles.

La denuncia de la exautoridad es contra de Antonio Guido Campero Segovia, Jorge Isaac Von Borries Méndez, Rómulo Calle Mamani, Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano (que renunció después de que fue habilitado para las elecciones judiciales) y Rita Susana Nava Durán.

“En realidad nosotros no hemos acusado ni tampoco hemos sancionado ni hemos pedido ninguna investigación contra el expresidente”, aclaró el magistrado.

El Ejecutivo también presentó una denuncia ante el Legislativo para que se inicie un juicio de responsabilidades contra los magistrados. Ambas denuncias fueron tomadas en cuenta por el pleno de la Cámara de Diputados y los antecedentes fueron remitidos a la Comisión de Justicia Plural, el Comité del Ministerio Público analizará la documentación para posteriormente presentar un informe.

El Tribunal de Juicio de Responsabilidades del caso misiles chinos declaró sentencias de 2 a 3 años de cárcel a los acusados que implicó a exjefes militares y civiles por la entrega de armamento bélico a Estados Unidos.

Análisis TCP no tiene facultad para declarar inconstitucional artículos de CPE

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no tiene facultad para declarar inconstitucional los artículos de la Constitución Política del Estado (CPE). Solo a través de la Asamblea Constituyente puede hacerse cambios en la Carta Magna coincidieron los análisis de varios constitucionalistas.

La postura de los expertos sale a luz horas después que los asambleístas del Movimiento al Socialismo (MAS) interpusieron en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una “Acción Abstracta de Inconstitucionalidad, para que se declaren inconstitucionales los artículos 52.3, 64 (d) 65 (b) 71 (c) y 72 (b) de la Ley del Régimen Electoral”.

Asimismo, se declare la inaplicabilidad de los artículos 156, 168, 285 (II) y 288 de la Constitución Política, con la cual intentan habilitar al presidente Evo Morales a una nueva reelección en comicios de 2019.

CARLOS ALARCÓN

El abogado constitucionalista Carlos Alarcón calificó la Acción Abstracta de Inconstitucionalidad presentado ante el TCP como un “engendro jurídico monumental”.

“El Tribunal Constitucional no tiene competencia, no tiene la atribución y menos adoptar el procedimiento de declarar inaplicables artículos de la Constitución, ni atribución para declarar inaplicables los artículos de la CPE”, afirmó Alarcón, refiriéndose al pedido del MAS al TCP de declarar inaplicables varios artículos de la Ley 026 y de la CPE.

“Esta figura de inaplicabilidad no existe en el ordenamiento jurídico boliviano. Es un invento que nace de un precedente judicial en los Estados Unidos. Al haber acudido a esta figura de la inaplicabilidad están queriendo aplicar una figura que no existe en nuestro ordenamiento jurídico”, afirmó Alarcón.

Otro punto que destacó es que, por ejemplo, el artículo 168 de la CPE referido al número de veces que el Presidente y Vicepresidente pueden ser reelectos, en el referéndum del 21 de febrero de 2016 la población decidió que dicha norma no se toca. Entonces, el TCP no puede volver sobre lo mismo.

Además, si existe la intención de dejar sin efecto varios artículos de la Constitución Política, el único camino es con una reforma constitucional a través de una Asamblea Constituyente y esta ser habilitada mediante un referéndum aprobatorio.

“Entonces, lo único que le queda a este Tribunal Constitucional, si no quiere cometer un prevaricato, es rechazar de plano esa demanda y ni siquiera entrar en consideraciones de fondo”, afirmó el entrevistado.

WILLIAMS BASCOPÉ

En tanto, el constitucionalista Williams Bascopé Laruta observó el pedido del MAS, que argumenta su demanda en respeto a los tratados internacionales.

“Están pidiendo que la Convención América de Derechos Humanos sea interpretada a favor de Evo Morales y Álvaro Linera y, además, a favor de gobernadores, alcaldes, concejales y diputados; eso es toda una aberración. Los derechos humanos son a favor del ciudadano no a favor de las autoridades que están en situación de Poder de Estado”, afirmó.

En ese contexto, citó que existe también la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional Derechos Civiles y Políticos, que ordenan que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad pública y que los ciudadanos tienen el derecho al orden social, a través de su Constitución; entonces, no puede romperse ese orden y menos pedir al TCP que lo haga, aparte de intentar desconocer el referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016.

Bascopé coincidió con el análisis de sus colegas, al afirmar que “el TCP, como guardián de la Constitución Política del Estado, declara la inconstitucionalidad de leyes, pero nunca, la ‘NO’ aplicación de la misma Constitución para favorecer a la reelección de una autoridad”.

Para Bascopé, los diputados del MAS con la presentación de esta demanda están pidiendo que el TCP cometa los delitos de resolución contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y prevaricato, además que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya se manifestó sobre la reelección indefinida el año 1993, en sentido de que la Constitución surgida de una Constituyente debe respetarse y es compatible con la Convención de Derechos Humanos, por todo ello no es posible la reelección indefinida.

“Con estos argumentos, el Tribunal Constitucional debería rechazar este pedido, que claramente está pidiendo violar la Constitución y el derecho del ciudadano que votó el 21 de febrero”, afirmó.

VÍCTOR HUGO CHáVEZ

Para el constitucionalista Víctor Hugo Chávez, la Acción Abstracta de Inconstitucionalidad significa ir en contra de los resultados del referéndum de 21 febrero de 2016.

El experto coincidió con Alarcón al afirmar que el TCP no tiene las posibilidades de modificar la CPE, pero si interpretarla.

“La Constitución, en su artículo 190, faculta al Tribunal interpretar la Constitución, eso se debe cumplir por más ilegítimo que sea, ilegítimo quiere decir que no goce del consenso de la comunidad, que ha sido en un referéndum del pasado año que poco le importa al gobierno”, dijo.

En ese marco, señaló que los actuales magistrados del TCP, que tienen pocos meses para que finalicen sus funciones, pueden interpretar la norma y señalar que el Presidente vaya, de manera indefinida, a reelecciones; sin embargo, si abordan el tema, estarían cometiendo una falta y merecerían la sanción máxima que pueden tener los actuales magistrados. Pero, más adelante, que puedan ser restituidos en sus cargos actuales. Pues, no les perjudicaría ya que están a punto de entregar sus puestos a las nuevas autoridades, que serán electas el 3 de diciembre.

ARTÍCULO 410 DE LA CPE

El artículo 410 de la CPE señala que todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución.

La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa.

El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:

1.- Constitución Política del Estado.

2.- Los tratados internacionales

3.- Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena

4.- Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes.

Convocarán a miembros del TSJ denunciados por misiles chinos

En el transcurso de esta semana se presentará un rol para que los miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que fueron denunciados por el fallo emitido en agosto en el caso misiles chinos, declaren ante el Comité del Ministerio Público de la Cámara de Diputados.

La información fue realizada por el presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara Baja, Víctor Borda. “En esta semana se va a emitir un rol de programación para que los miembros del Tribunal Supremo de Justicia denunciados puedan presentar su entrevista y hacer ejercicio de su derecho a declarar o abstenerse”, dijo.

El Legislativo inició la semana pasada la investigación contra seis magistrados del TSJ, a petición del Órgano Ejecutivo, por el fallo emitido el 31 de agosto en el caso misiles chinos, que fijó penas mínimas a militares acusados por la entrega de armas de las Fuerzas Armadas a Estados Unidos en 2005, según informó la ABI.

La acusación va contra los magistrados Antonio Guido Campero Segovia, Jorge Isaac Von Borries Méndez, Rómulo Calle Mamani, Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, Rita Susana Nava Durán y Fidel Marcos Tordoya Rivas por los delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la las leyes y la Constitución.

Carlos Mesa

El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Rómulo Calle informó que un auto complementario presentado por el Tribunal de Juicio de Responsabilidades del caso misiles chinos determinó retirar de la resolución de sentencia al expresidente Carlos Mesa, quien habría abrogado normativas del levantamiento de secreto de armamento bélico. “La sentencia queda firme, indudablemente en lo que respecta al expresidente (Carlos) Mesa”, manifestó.

TCP debe responder en 45 días sobre estatuto cruceño

El texto estatutario autonómico fue entregado la mañana de este martes por una comisión de la Asamblea Legislativa Departamental que viajó hasta Sucre para presentarlo ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). El plazo de revisión de los miembros del Tribunal es de 45 días hábiles aunque en la primera instancia este ente tardó más de 17 meses para emitir la Declaración Constitucional 170/2016, que declara al Estatuto parcialmente constitucional.

Marco Mejía, presidente de la asamblea dijo que este es un primer paso en la búsqueda de la consolidación de la autonomía cruceña y que ahora resta por velar en un segundo paso que involucra a todos los sectores productivos y sociales de la región.

"Cerramos la autonomía política y ahora abrimos la autonomía económica que es fundamental para todos, para los municipios, universidades, lo que se pretende es una mejor redistribución de recursos", dijo.

Mejía informó que en la primera presentación el TCP observó 49 artículos y que estos han sido revisados para cumplir con las exigencias por una comisión mixta.

"Queremos poner en vigencia de una vez el estatuto. Hemos venido a entregar este texto, que hemos trabajado de manera impecable. Esta es la norma más incluyente, la más socializada y el único estatuto trabajado por verdaderas autonomistas", puntualizó.

Von Borries continúa como presidente del Tribunal Supremo

El magistrado Jorge Isaac Von Borries, como decano en ejercicio, continúa como presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no así Edgar Jallaza, que ayer asumió la titularidad como magistrado en representación al Departamento de Potosí.

El Potosí se ve en la necesidad de aclarar esta situación porque en la edición del lunes 18 se consignó como presidente de ese cargo jerárquico a Jallaza, quién asume en reemplazo de Pastor Mamani, que renunció a la presidencia del TSJ.

El error fue involuntario tomando en cuenta que los magistrados definirán, por votación, quién asume esa instancia del Órgano Judicial. “Solicitamos la aclaración de dicho medio de comunicación que en su edición de hoy (por ayer) publicó una nota periodística que indica en su titular que “Edgar Jallaza asume la presidencia del TSJ”, situación que no es correcta y no está enmarcada en la verdad, por lo que consideramos que es un error involuntario de este medio de comunicación”, dice la nota enviada a el Potosí.

Pastor Mamani renunció a su cargo de máxima autoridad ejecutiva del Órgano Judicial, luego de aprobar en la preselección de candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que serán electos en los comicios judiciales previstos para el 3 de diciembre.

"Presenté mi renuncia a la presidencia y a la magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de haber sido seleccionado para postular y entrar por el voto popular al Tribunal Constitucional Plurinacional", informó a los periodistas. Mamani dijo que durante su gestión en el TSJ realizó varias acciones, proyectos y emprendimientos.

La titularidad

"Mi persona ha sido notificada por el decano en ejercicio de la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge Von Borries, a efectos de asumir la titularidad como magistrado representando al Departamento de Potosí. Esto se debe a que mi persona ha sido el tercero mejor votado en las elecciones del año 2011", afirmó a el Potosí Edgar Jallaza. Asimismo, por otro error involuntario, se le consignó a Jallaza una frase que no expresó.

“Mi persona ha sido notificada para asumir la titularidad como magistrado".

Edgar Jallaza - magistrado

Von Borries pide alejarse del caso petrocontratos

El presidente del TSJ, Jorge Von Borries, solicitó ser apartado del juicio por el caso petrocontratos, debido a que tiene problemas auditivos que le impeden desarrollar sus labores.

Von Borries señaló que una vez presentado su certificado médico será el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el que aceptará o rechazará su petición, según el portal de la red Erbol.

La semana pasada, el Ejecutivo anunció un juicio de responsabilidades en contra de Von Borries y el resto de los magistrados del TSJ, debido a que no habrían fallado de la manera más ecuánime en el caso de los misiles de fabricación china porque las sentencias en contra de los responsables no ameritan ni siquiera ir a la cárcel.

El 5 de octubre iniciará el juicio de responsabilidades del caso petrocontratos, en el que están acusados los expresidentes Jorge Tuto Quiroga, Gonzalo Sánchez de Lozada y tres exministros de Estado, que intervinieron la firma de 107 contratos petroleros entre 1997 y 2004.

Comisión defenderá a mujer que denunció esclavización

El ministro de Justicia, Héctor Arce, informó ayer que esta instancia conformará una comisión interdisciplinaria para atender el caso de Tomasita Machaca, la mujer de 54 años, quien denunció haber sido esclavizada por 38 años como empleada doméstica. Se sumará a la denuncia presentada contra José O. R. y su familia, por el delito de trata de personas, con la agravante de esclavitud.

“Vamos a formar un equipo multidisciplinario con los ministerios de Salud y Educación y vamos a pedir encarecidamente al Ministerio Público que extreme los esfuerzos en este caso, porque de confirmarse todo lo que esta mañana nos han contado la señora Tomasa, estamos ante un caso extremadamente grave, porque en pleno siglo XXI, en la ciudad de La Paz, se habría esclavizado a una mujer por 38 años”, aseveró el Ministro de Justicia.

Por otro lado, Arce negó recibir a la familia denunciada si esta pidiera audiencia con su autoridad. “Nosotros no tenemos por qué recibir a nadie, somos un Ministerio que protege a los seres humanos, personas en situación de vulnerabilidad, sean niños, adulto mayores, personas con discapacidad o víctimas de trata y tráfico como aparentemente es ella (Tomasita)”, dijo y calificó de “tenebroso” el trato que recibió la mujer originaria de Callinzani, de la provincia Camacho.

La autoridad brindó estas declaraciones luego de reunirse y escuchar por varias horas la versión dde la propia víctima y su abogada María Gardeazabal.

TRATA Y TRÁFICO

Tomasita formalizó denuncia por el delito de trata y tráfico de personas, con la agravante de esclavitud, contra los hermanos José e Isabel O. R. y el hijo del primero, Luis O. R.

El 05 de mayo, Tomasita llegó en estado crítico y a punto de perder el pie izquierdo al Policonsultorio de Ciudad Satélite, que opera como brazo social del Canal 24, donde Fermín Tarquino, el gerente general, le brindó todo el apoyo y la ayudó a que reencontrara a su familia.

ROBO

Sobre la denuncia, Jorge Valdivia, abogado de los denunciados, aseguró que sus clientes son víctimas de extorsión por parte de la familia Machaca y Efraín Tarquino, también jurista e hijo del gerente del Canal 24.

Ayer, por segunda vez, sus clientes inasistieron a la citación hecha por la Fiscalía de la zona Sur y sin saber dónde, Valdivia señaló que su falta se debió a que José O. R. sufrió un ataque de arritmia y estaba internado, tampoco precisó cuál fue la razón por las que la hermana y el hijo no se presentaron.

La defensa de Tomasita anunció que sin el respaldo documentado, lo que corresponde es pedir la orden de aprehensión.

Valdivia aseguró que el 20 de junio, los hermanos Machaca, acompañados de Efraín Tarquino, allanaron el domicilio ubicado en la calle 15 de Calacoto y que en mayo Tomasita fue vista por los vecinos sacando varios bultos, lo que alarmó a José O. R. que al ser de la tercera edad tardó en verificar que ella sustrajo varias joyas.

En junio, según la versión de los expatrones, Tomasita pretendió devolver lo que tenía en su cuarto, por lo que se llamó a un notario de fe pública y se tomaron fotos del pequeño baúl, donde la exempleada tenía guardados sobres con dinero que sumaban 30 mil dólares y 30 mil bolivianos.

Valdivia, también señala que la lesión que presenta Tomasita en el pie izquierdo y la puso en riesgo de amputación, se debió a que ella era reticente a la atención médica por un problema de várices que ella tenía.

“Estamos enfrentando una extorsión por parte de la familia Tarquino, porque el abogado ha pedido a la casa más 100.000 dólares (para que no se haga la denuncia), esto debe ser esclarecido por el Ministerio Público”, aseguró el jurista. Además, detalló que al momento se tiene tres denuncias presentadas en contra de Tomasita y mañana debe declarar por una de robo agravado.

Sin embargo, pese a que la denuncias fueron presentadas hace meses, señalando que la extrabajadora del hogar juntó esas sumas por su sueldo, “un poco más del salario mínimo” y el pago de beneficios sociales, Valdivia no contaba con documento alguno que acredite la versión de sus clientes, señalando que esos pagos los hicieron sin recibos “de buena fe”.

Desconocía el nombre de los centros médicos donde asegura que sus clientes llevaron a Tomasita para tratar las várices. Aún no habían contabilizado el valor de las supuestas joyas robadas.

Los familiares de Tomasita desmintieron haber firmado inventario o haber sacado objeto alguno y que ingresaron a esa casa a insistencia de José O. R. e Isabel O. R.

EL DIARIO visitó la zona y logró hablar con varias personas que al contrario corroboran la versión de Tomasita y desconocen a los patrones.

Ahora Tomasita fue remitida al Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), con el fin de recibir el apoyo psicológico que será necesario ante el radical cambio de vida.

Caso misiles chinos Magistrados enfrentarán dos procesos

Los seis magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que emitieron sentencia en el caso misiles chinos enfrentarán dos juicios de responsabilidades, ya que la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados tomó en cuenta también la denuncia que presentó el expresidente Carlos Mesa.

“No se va a unificar el proceso porque son dos hechos fácticos totalmente diferentes, Carlos Mesa, alega que hubo un incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias porque supuestamente en el momento del fallo solicitan que sea investigado. Por otra parte, el ministro (Héctor Arce) señala que el fallo emitido es improbable y es contraria a la Constitución y habrían cometido el delito de prevaricato, las dos denuncias se tramitarán al mismo tiempo”, explicó el diputado Víctor Borda (MAS).

Carlos Mesa presentó una denuncia contra 5 de los 6 magistrados del TSJ que dictaron una sentencia contra 8 de 10 involucrados en la desactivación de 37 misiles chinos. Remiten los antecedentes del proceso ante la Fiscalía para que se investigue la derogación del DS Nº28168 del 17 de mayo del 2005. La denuncia es por prevaricato, e incumplimiento de deberes.

A la vez, el Ejecutivo presentó otra denuncia a la Asamblea Legislativa contra las seis autoridades del Órgano Judicial (incluyendo a William Tordoya quien voto disidente en el dictamen) porque existen contradicciones en la sentencia que dictaron en dicho caso, la denuncia es por prevaricato, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución.

Los antecedentes fueron remitidos ante el Comité del Ministerio Público para que sea analizado y en un plazo de 20 días presenten un informe que determine si existen o no los indicios suficientes para continuar con el proceso.

Si dos tercios de la Asamblea Legislativa votan a favor comienza la fase preparatoria de investigación donde se realizarán otros actuados, la presencia de testigos de ambas partes y la realización de careos.

Consejo de Magistratura y Aduana Nacional firmaron acuerdo

La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) podrá acceder a la base de datos de las oficinas de Derechos Reales. Para el efecto, el ente recaudador, presidido por Marlene Ardaya, suscribió ayer un convenio con Wilbert Choque, titular del Consejo de la Magistratura, el mismo que tendrá una duración de tres años, con opción a ampliación previa evaluación del mismo.

La alianza se enmarca en el trabajo de ambos órganos del Estado, ya que intercambiarán información en línea, principalmente en lo que concierne a Derechos Reales, cuyo objetivo apunta a investigar e identificar posibles delitos aduaneros y perfiles de riesgo.

IMPORTADORES

Ardaya explicó que la investigación se dirige a importadores, quienes realizan movimientos importantes de recursos, que en algunos casos no tienen bienes que respalden los fondos que manejan.

Se habrían identificado alrededor de 25 casos, en los que los movimientos de recursos serían altos pero sin respaldo de bienes, y es por ello que el acuerdo permitirá un trabajo más ágil y eficiente para verificar la tenencia o no de una vivienda para el respaldo de este tipo de operaciones.

“Consolidar la alianza estratégica permitirá acceder a su sistema informático", con el fin de tomar medidas precautorias, apuntó la presidenta de la Aduana.

INFORMACIÓN

“La Aduana Nacional, en forma automática, va tener la información acerca del sistema de Derechos Reales en lo que corresponde a las solicitudes que antes hacíamos de forma masiva. Este proceso nos permitirá ver de forma directa, en línea, porque nuestros sistemas están enlazados y realizar las investigaciones que correspondan”, informó.

La Presidenta del ente recaudador explicó que el acuerdo permitirá acceder, de manera inicial, a información de Derechos Reales de las nueve ciudades capitales de departamento del país, además de El Alto.

SERVICIO

Por su parte, Choque dijo que la coordinación entre ambas entidades permitirá brindar un mejor servicio a la población.

“El trámite tarda demasiado (a través de una solicitud escrita), y se vuelve burocrático y hasta se extravía la documentación, por lo tanto este convenio permitirá tener información inmediata desde derechos reales y aduana nacional", apuntó la autoridad judicial a tiempo de agregar que otra ventaja es evitar gastos en papel.

La presidenta ejecutiva de la ANB, dijo que el acuerdo permitirá también reducir la carga de trabajo de Derechos Reales por las solicitudes “masivas” que realiza la Aduana Nacional, respecto a la información de derecho propietario de los sujetos pasivos o terceros responsables, lo que agilizará la recuperación de adeudos tributarios aduaneros.

Fiscalía descarta ingreso a Achacachi para iniciar investigaciones por falta de garantías

Los pobladores de Achacachi mantienen una protesta por la dimisión de su alcalde Édgar Ramos y exigen se lo investigue por las denuncias de corrupción en su contra, sin embargo el fiscal General, Ramiro Guerrero, teme que los fiscales “puedan ser hasta secuestrados” si ingresan a Achacachi y descartó el traslado hasta el lugar hasta tanto el conflicto sea resuelto.

“Ellos (fiscales) pueden ser hasta secuestrados. Por tema de responsabilidad se ha instruido que no ingrese nadie mientras no se solucione y no se pacifique la situación. Yo no puedo arriesgar la vida de los fiscales ¿qué garantías pueden tener, si en las oficinas agreden a fiscales?”, cuestionó en relación a la vigilia instalada por mujeres de Achacachi en puertas de la Fiscalía en La Paz.

Los dirigentes movilizados cuestionan, precisamente que la Fiscalía y Justicia no hayan dado celeridad a la denuncia de irregularidades que presentaron contra Ramos, mientras que sí –afirman- tramitaron la denuncia del burgomaestre que acabó hasta el momento con el encarcelamiento de tres de sus dirigentes por los hechos de violencia de febrero.

Con un bloqueo de la vía a Copacabana que está en su cuarta semana y una vigilia en puertas del Tribunal Departamental de Justicia y ahora de la Fiscalía, los movilizados exigen la renuncia de su alcalde. El Gobierno evitó la intervención en el conflicto y sugirió como salida el referéndum revocatorio o una denuncia que llegue a su alejamiento del cargo.

El lío es arrastrado desde febrero cuando los detractores de Ramos y sus aliados se enfrascaron en un conflicto que acabó con saqueos y quema y apedreamiento de viviendas. Guerrero aconsejó a los movilizados que resuelvan sus conflictos de tipo político y “no inmiscuyan a la Fiscalía”.

“El Ministerio Publico va a indagar los hechos en ambas denuncias, de un lado y del otro, pero sus conflictos políticos que los resuelvan donde corresponda. En base a la objetividad se investigará, si ha habido actos de corrupción se conocerá, otro tipo de delitos, también”, afirmó y advirtió que se tiene plenamente identificados a quienes el martes se apostaron en la Fiscalía y agredieron.

“Tenemos identificados a quienes ayer (lunes) han ingresado violentamente a la Fiscalía de La Paz, a quienes no han permitido el ingreso y salida de las personas. Los tenemos identificados plenamente; (hay) fotografías, audios de estas personas y no puede ser que vengan aquí a echar la culpa al Ministerio Público”, sostuvo.

Observan flexibilización de requisitos de postulantes www.monitoreoalajusticia.org

La Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia presentó un informe de monitoreo al proceso de preselección de candidatos al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional, donde realizaron varias observaciones al reglamento, entre ellos la flexibilización de la especialización de los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“En una revisión de las hojas de vida de los postulantes y la calificación de méritos, se pudo evidenciar que algunos requisitos relacionados con el área de especialización se flexibilizaron”, dijo Mónica Bayá parte de la iniciativa.

En el artículo 10 del Reglamento establece que los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional debían contra con una especialización o experiencia de más de ocho años en las disciplinas de derecho constitucional, administrativo o derechos humanos, sin embargo no todos los postulantes cuenta con este requisito.

El monitoreo se efectuó entre junio el 1 de junio al 30 de agosto de la presente gestión, la iniciativa hizo el seguimiento y la veeduría al proceso de preselección de postulantes a altas autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, con el fin de verificar las condiciones de transparencia, escrutinio público, participación ciudadana, acceso a la información, selección basada en méritos, paridad de género y representación indígena.

OBSERVACIONES

Otra de las observaciones que se hizo es que, si bien el Reglamento incluyó la participación del Sistema Universitario y se implementó la fase de evaluación de los postulantes, no necesariamente esa valoración significó una medición del conocimiento legal sobresaliente de los postulantes ni de su capacidad para interpretar y aplicar la Ley en situaciones de alta complejidad.

La iniciativa también observó que el Reglamento no haya establecido notas mínimas de habilitación en todas fases de evaluación como requisito para avanzar en el proceso; a su criterio, la valoración curricular y el examen escrito fueron complementarios.

A la vez, señaló que los puntajes mínimos de habilitación para la fase entrevista y para ser considerados por la Asamblea Legislativa fueron muy bajos, lo que permitió que varios postulantes llegaron a esa última fase con un estándar muy bajo.

Según el Reglamento de Preselección la nota mínima de habilitación a la fase de entrevista era de 36 puntos, para ser seleccionados por el Legislativo el postulante debía tener una ponderación de 56 puntos.

RECOMENDACIONES

Entre las sugerencias que estableció la organización es que el tribunal supremo electoral pueda informar sobre todo el proceso de elección de los magistrados del Órgano Judicial, donde se incluya las opciones de votación que tiene la población, entre ellos el voto nulo y blanco.

En ese marco, Susana Saavedra parte de la Fundación Construir, entidad que fue parte del monitoreo del proceso, manifestó que llevarán a cabo una fase de información sobre las hojas de vida de cada uno de los postulantes, estas están publicadas en el portal digital www.monitoreoalajusticia.com.

Definen ubicación de 96 candidatos en papeletas para Elección Judicial

El fin de semana se publicó una separata con la información de cada aspirante. Los comicios están fijados para el 3 de diciembre


El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se tomó hora y media para sortear la ubicación que tendrán los 96 candidatos en las 20 papeletas que se imprimirán para las Elecciones Judiciales del 3 de diciembre.

"De esta forma los candidatos fueron sorteados, a través de un acto que fue transmitido en directo en los tribunales de los nueve departamentos. Quienes no pudieron asistir de manera directa puedan hacer seguimiento", explicó la presidenta del ente electoral, Katia Uriona.


Primero, se procedió a sortear la ubicación de 14 candidatas y candidatos del Tribunal Agroambiental, 10 para el Consejo de la Magistratura. "Y, a nivel de los nueve departamento se hizo un sorteo para el Tribunal Supremo de Justicia, cuatro por cada región y lo mismo para el Tribunal Constitucional", complementó.

Con esta información definida, el TSE comenzará el proceso de diseño e impresión de las papeletas, después de la publicación que realizó el fin de semana sobre los perfiles de los postulantes.

"Se conformarán también las maletas electorales que contendrán los 25 items de materiales. Ahora también procederemos a su elaboración, tanto para la capacitación como para la difusión en todo el país", explicó Uriona.

Tribunal define suerte del exmagistrado Ariel Rocha

Los juzgadores, que deben iniciar el juicio en este proceso, definirán si la exautoridad se defenderá en libertad o desde el penal de Palmasola. Zenón Rodríguez, actual titular de justicia, alega ser inocente


El Tribunal Cuarto de Sentencia, donde se encuentra el proceso conocido como caso extorsión, será el encargado de definir hoy la situación jurídica del expresidente del Tribunal Departamental de Justicia, Ariel Rocha, que a finales de 2012 salió del país y que la madrugada del sábado fue extraditado desde Colombia, en virtud a una orden de aprehensión en su contra.


Los jueces Marco Antonio Porras, Uby Suárez y José Ernesto Aponte deberán decidir si Rocha se defenderá en libertad o desde el penal de Palmasola del juicio que está en espera de iniciarse luego de cinco años de ocurridos los supuestos delitos.


El ex titular judicial es uno de los acusados en este caso, que estalló con la denuncia del ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher, encarcelado en 2011 sindicado de lavar dinero del narcotráfico a través de inversiones agrícolas en el departamento, que afirmó que existía una red de autoridades judiciales que lo extorsionaban y se beneficiaban con su detención en Palmasola mientras usufructuaban de sus millonarios bienes.


El ministro de Gobierno, Carlos Romero, recordó que ellos, como Poder Ejecutivo, fueron quienes denunciaron y persiguieron a los integrantes de la red de extorsión judicial, a la que se le atribuyó una serie de procesos en los que presuntamente actuaron de manera negligente y aprovechándose del poder que ostentaban para recibir dinero a cambio de fallos favorables.


“Somos parte acusadora en este proceso, que fue instaurado a raíz de nuestras denuncias a finales de 2012. Ariel Rocha se fugó del país, no sabemos por qué, pero ahora deberá ser la Fiscalía la encargada de establecer si lo involucra a él en el caso Ostreicher”, apuntó la autoridad gubernamental y agregó que desde su cartera ministerial se hará un seguimiento riguroso del proceso.

Presidente procesado

El actual titular del Tribunal Departamental de Justicia, Zenón Rodríguez, es uno de los acusados por el Ministerio Público dentro del caso extorsión y tiene medidas sustitutivas a la detención preventiva, que le fueron otorgadas por el juez Juan José Subieta.


A través de un comunicado público, el vocal de la Sala Penal Tercera se declara inocente por el proceso que hay en su contra y reitera que el exfiscal de Distrito Isabelino Gómez lo presionó para que mantenga bajo detención preventiva a Jacob Ostreicher, que a finales de 2013 escapó del país luego de haber denunciado ser víctima de extorsiones y sin esclarecer la denuncia que aún pesa sobre él por lavado de dinero narco.


El documento de Rodríguez aclara que avisó de estas presiones al presidente judicial, que en ese tiempo era Ariel Rocha, pero que sus reclamos “cayeron en saco roto”.
Se espera que hoy, a las 9:00, una hora antes de la audiencia de Rocha, Rodríguez brinde una conferencia de prensa para comunicar oficialmente la llegada del extitular al país y pedir celeridad en este y en todos los casos que tengan una clara retardación de justicia.

Varios se inculparon
Del proceso por el caso extorsión, hubo varios implicados que decidieron aceptar culpa y fueron condenados: Isabelino Gómez, Fernando Rivera, Boris Villegas, Dennis Rodas, Roberto Achá, Edward Mollinedo y Moisés Aguilera.
Los que aún esperan defenderse en juicio son Ariel Rocha, Zenón Rodríguez, Janeth Velarde, Wilson Arévalo y Fernando Orellana, entre otros.

Silvia Salame: Fracaso de comicios judiciales será grave golpe a democracia

Con preocupación por las elección judiciales del próximo 3 de diciembre, la expresidenta del Tribunal Constitucional y actual presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Silvia Salame, advirtió ayer que si esta elección fracasa nuevamente como la de 2011, significará un grave golpe a la democracia que quedará herida de muerte por no tener una justicia independiente.

“Como boliviana yo no quiero que fracase, pero si esta elección fracasa va ser indudablemente un grave golpe para la democracia en Bolivia, porque si no hay una justicia proba, que al ciudadano le asegure la seguridad jurídica, prácticamente estamos destinados a que la democracia en Bolivia sea cada vez más pobre. La justicia es el pilar fundamental de la democracia, si no hay una justicia pronta, oportuna, imparcial e independiente, la democracia está herida de muerte en Bolivia” afirmó.

La semana pasada, en medio del rechazo de la oposición política, la Asamblea Legislativa Plurinacional con mayoría oficialista, seleccionó a los 96 candidatos para las elecciones judiciales de diciembre próximo.

Los legisladores eligieron 36 candidatos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 36 al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), 14 al Tribunal Agroambiental Plurinacional (TAP) y 10 al Consejo de la Magistratura (CM).

90% TIENE AFINIDAD CON EL GOBIERNO

Para la exmagistrada del TCP, el 90 por ciento de los juristas seleccionados por la Asamblea tiene compromiso con el partido gobernante, pero espera que los que salgan elegidos se aparten del mismo para servir al pueblo boliviano, así evitarán que la crisis de la justicia empeore, porque teme que se llegue a una administración de justicia como la que vive y tiene Venezuela.

“Indudablemente el 90% de estas personas (preseleccionadas por la Asamblea) tienen compromiso con el MAS, pero espero que estas personas tengan la decencia y el deber patriótico de dejar su sigla política al asumir la función y evitar una catástrofe peor, porque si tenemos una justicia mala, vamos a tener una justicia peor que Venezuela”, aseveró.

Lamentó que en el proceso de preselección “no se haya tomado en cuenta la meritocracia” de los postulantes, que en su criterio puede provocar el rechazo contundente de la población, pese a esta situación instó a los ciudadanos a acudir a la urnas para “elegir a los mejores” administradores de justicia.

Según la presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca, no es conveniente que la ciudadanía decida votar blanco o nulo porque sería hacer lo que el Gobierno quiere.

“Ojalá Dios quiera que de los que están, salgan los mejores. Dios quiera que no sea un fracaso. Considero que votar blanco o nulo es hacer que gane lo que el Gobierno quiere. Creo que como ciudadanos responsables y patrióticos vamos a tener que elegir entre los que están. El ciudadano debe analizar qué tipo de justicia quiere, pero si el ciudadano va a demostrar un desinterés, solo va ir a cumplir un acto formal de votar por no sufrir las sanciones, está jugándose el futuro de la democracia”, expresó.

Anunció que los juristas no harán campaña, pero promoverán espacios de discusión para que la población conozca a todos los postulantes que pretenden ocupar un cargo en los altos tribunales del país. En su criterio, todas las instituciones comprometidas con la democracia tienen la obligación de ayudar para el ciudadano elija a los mejores juristas.

“Acá, la sociedad civil va tener que cumplir un rol importante, el ciudadano tiene que pensar qué tipo de justicia quiere, pero también los colegios de abogados. Los colegios de abogados van a tener que hacer foros y debates para hacer preguntas a los candidatos. Así la gente sabrá quien realmente está capacitado para un cargo y quién no”, explicó.

FRACASO

A tiempo de recordar el “fracaso” del proceso eleccionario de 2011, Salame exhortó a los bolivianos a no equivocarse nuevamente como en la primera elección de autoridades judiciales. Para la jurista este proceso marcará un antes y después de la justicia en el país, porque está en juego el futuro de la democracia boliviana.

“Creo que los bolivianos no nos podemos equivocar de nuevo. En las elecciones de 2011, dijimos nulo o blanco y tenemos lo que tenemos ahora. Ahora, es nuestro deber tratar de que la gente no se equivoque y creo que tenemos que hacer que los ciudadanos conozcan los méritos de cada uno de los abogados. El futuro de la democracia está en juego”, manifestó. (ANF)

Caso misiles chinos Cortez: Juicio contra magistrados muestra autoritarismo del Gobierno

EL JUICIO DE RESPONSABILIDADES CONTRA LOS MAGISTRADOS ES POR LOS DELITOS DE PREVARICATO, INCUMPLIMIENTO DE DEBERES Y RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN.

El ejecutivo presentó el jueves la proposición acusatoria a la Asamblea Legislativa para que comience con el juicio de responsabilidades contra los magistrados del caso misiles chinos, al respecto el analista político Roger Cortez indicó que esto es una muestra del autoritarismo con el que actúa el Gobierno ante la justicia.

“El Gobierno no actúa casi en ningún momento por criterios de justicia o la aplicación de la ley, su norte es probar que tiene el poder y que lo usa como le conviene (…) sus órdenes tiene que acatarse al pie de letra”, señaló Cortez.

El juicio de responsabilidades es contra los magistrados Antonio Guido Campero Segovia, Jorge Isaac von Borries Méndez, Rómulo Calle Mamani, Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano (quien renunció para ser habilitado para las elecciones judiciales), Rita Susana Nava Durán y Fidel Marcos Tordoya por los delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución.

CONDICIÓN

Cortez indicó que estas actuaciones del Gobierno son condicionantes para que las nuevas autoridades de justicia acaten las órdenes del partido gobernante, uno de ellos es invalidar los resultados del referéndum del 21 de febrero del pasado año, donde la población dijo no a la re postulación de Evo Morales en los próximos comicios electorales,

“Un ejecutivo que con látigo en la mano hace un recordatorio a los altos magistrados que fueron elegidos por el Gobierno y que tienen que obedecerlo ciegamente”, puntualizó.

El próximo 3 de diciembre se desarrollará los comicios electorales donde se elegirán a las nuevas autoridades del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional, con el que se pretende mejorar la administración de la justicia en el país.

JUICIO

Por otra parte, el procurador general del Estado (PGE), Pablo Menacho recalcó que la proposición acusatoria se basa en dos fundamentos: El primero es que la demanda se sostiene en que el Tribunal de Juicio de Responsabilidades que dictó la sentencia decide absolver a los implicados del delito de sometimiento parcial o total a dominio extranjero.

Como segundo elemento, existe una contradicción entre una primera sentencia (2015, en donde se encuentra culpable, en grado de complicidad a uno de los acusados por el delito de revelación de secreto) y una segunda (2017 dicen que no encontraron elementos para decir que había secreto militar).

Sin embargo, el presidente del Tribunal de Juicio del caso misiles chinos, Antonio Campero, afirmó que el fallo contra los implicados en el caso se sustenta en los hechos y está enmarcada en las leyes. Aseguró que no hay argumentos para instaurar un juicio en contra de los cinco magistrados que emitieron la sentencia del caso, con dos y tres años de cárcel para los responsables.

PROCEDIMIENTO

Según el procedimiento que debe seguir la Asamblea Legislativa es que la proposición acusatoria será derivada a la Comisión de Justicia Plural de la Cámara Baja para que inicie con las indagaciones del caso.

Judiciales: TSE organizará conversatorios

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) organizará conversatorios y espacios de información ciudadana, entre otros eventos, para difundir las elecciones judiciales convocadas para el 3 de diciembre y los méritos de los aspirantes.

Se efectuarán conversatorios donde asistirán candidatos y candidatas para promover el diálogo informado sobre uno o más temas predefinidos relacionados con la elección de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional.

También se organizarán encuentros informativos para difundir información sobre el proceso de elección o referidos a los méritos de las candidatas y los candidatos.

Hace unos días, el TSE recibió la lista de las 96 candidaturas preseleccionadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional para las Elecciones Judiciales.

En cumplimiento de los criterios de paridad de género se evidenció la existencia de siete candidatas mujeres y siete candidatos varones para el Tribunal Agroambiental, cinco candidatas mujeres y cinco candidatos varones para el Consejo de la Magistratura, y 36 candidatas mujeres y 36 candidatos varones para el Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional.

Además, hay 24 candidaturas con autoidentificación indígena originaria campesina (IOC) en las cuatro listas de 96 candidatas y candidatos: cinco de 14 para el Tribunal Agroambiental, dos de 10 para el Consejo de la Magistratura, 10 de 36 para el Tribunal Supremo de Justicia y siete de 36 candidaturas para el Tribunal Constitucional Plurinacional.

Tribunal del caso misiles será juzgado por 3 delitos

El procurador general del Estado, Pablo Menacho, expresó ayer su confianza en que el juicio de responsabilidades contra el Tribunal del caso misiles chinos, que el 30 de agosto dictó una sentencia benévola, concluya con una sanción a los magistrados.

Informó que los magistrados serán juzgados por los delitos de prevaricato (al no haber valorado la abundante prueba presentada por el Ministerio Público), resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.

El jueves 7, la Procuraduría y el Ministerio de Defensa presentaron una denuncia para el inicio de un juicio de responsabilidades a los magistrados que dictaron la sentencia.

En el proceso, la Cámara de Diputados actuará como Ministerio Público y la Cámara de Senadores como juzgador.

“El proceso revisará las actuaciones del Tribunal del juicio de responsabilidades en el ejercicio de sus funciones, la sentencia y las decisiones que tomaron (el material bélico no era obsoleto, como afirman)”, dijo.



EEUU los desactivó
Personal militar de EEUU llevó el material bélico a su país para desactivarlo.

El Gobierno, por iniciativa del presidente Evo Morales, llevó adelante un juicio de responsabilidades contra los responsables de este hecho.

Menacho dijo que se estableció que personal extranjero accedió a recintos militares, existen actas de entrega.

Sin embargo, el 30 de agosto se conoció la Sentencia 001/2017, donde el Tribunal decidió dar penas que no sobrepasan los tres años a los principales involucrados.

“Estas sentencias indignan por la forma en que se lo hizo, pese a las pruebas entregadas por el Ministerio Público. En 2015 el mismo Tribunal llegó a la convicción de que hubo revelación de secreto militar y en la sentencia de 2017 dice que no”, apuntó.

Sobre el delito principal por los que se estaba procesando a las exautoridades, sometimiento total o parcial a dominio extranjero, Menacho dijo que “el Tribunal no lo tomó en cuenta”, pese a dejar al Estado en indefensión.

El Procurador subrayó que el juicio contra el exministro y viceministro de Defensa, y el Alto Mando Militar de ese momento (2005) “concluyó con esa sentencia de instancia única”.
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Al MAS le surge oposición multiplataforma para el 3-D

De muchas formas, parece un deja vu de 2011: una elección judicial se acerca en el momento en el que la aprobación del presidente polariza con su rechazo, la oposición acusa al oficialismo de manipular sus listas para instalar a sus militantes como candidatos y el Tipnis, la oposición que una carretera lo atraviese, aparece como rumor de fondo. Desde otra perspectiva también se parece a 2016: el oficialismo trata de convertir las judiciales un plebiscito de Evo Morales y, mientras el oficialismo rechaza el combate, empuja al Concejo Nacional del Cambio (Conalcam) a hacer la campaña por el voto útil. Al mismo tiempo, las plataformas ciudadanas aparecen para suplantar a la oposición como vehículo de mensaje antievo o, en este caso, contrario al supuesto copamiento del Órgano Judicial.

Pero hay diferencias: esta vez, para el 3 de diciembre (3-D), la oposición no es una sola, no va detrás del voto de los indignados por la represión de Chaparina o pidiendo que los ecologistas expresen su rechazo a una carretera a través del voto nulo. Ahora, la oposición tiene múltiples formatos y demandas, mientras que el MAS aún confía en que es más útil la política que pone el cuerpo, que la virtual que bombardea desde WhatsApp o Facebook a través de los celulares.

La carne del sándwich

ºEn medio de estos intereses están los electores, la población, que, según el politólogo Carlos Guzmán, serán los más desorientados del paquete. Recuerda que cualquier elección es un acto que se prepara con años, que el pueblo está acostumbrado a conocer por quién votará, de verlo hacer una carrera pública, evaluar sus méritos, escucharlo debatir, en entrevista, saber o intuir sus capacidades, algo que no sucederá en la elección judicial, en la que se enfrentará a una lista de nombres perfectamente desconocidos.

En su opinión, eso podría inclinar al elector hacia el voto blanco o nulo tanto o más que la arenga opositora. Pone un elemento más en juego: la gente se dio cuenta que pese a que los nulos fueron mayoría en 2011, esa elección igual se validó y no fue un mensaje efectivo (Evo Morales volvió a ganar las elecciones por más del 60% tres años después). Guzmán no arroja una luz de esperanza: imposibilitados de hacer una campaña en la que pidan el voto, esperanzados a lo que pueda hacer el Tribunal Supremo Electoral, los menos de tres meses que nos separan del acto eleccionario serán insuficientes para dar a conocer a 96 perfiles.

El juego político
Adriana Salvatierra fue una de las cabezas de la elección congresal de magistrados. La senadora masista no cree que sea un error encargarle la campaña por el voto válido a Conalcam. Recuerda que es la máxima entidad que articula a campesinos e indígenas de todo el país, y que se vieron obligados a salir tras la decisión de la oposición de escudarse en el voto nulo pese a haber participado de todas las instancias de preselección de los 96 candidatos, asignándole una puntuación altísima a gente que ahora rechazan.

“Votar nulo no produce efecto, en cambio el voto válido define”, explica Salvatierra.
Para ella, la oposición se esconderá detrás de los movimientos ciudadanos, financiándolos, mientras que el MAS prefiere la política que pone el cuerpo, sin renunciar a un trabajo en redes sociales, pero de acuerdo a sus posibilidades, sin contratar a los grandes asesores de campaña que se han especializado en ese instrumento.

Las oposiciones -hay al menos tres-, por su parte, desplegarán distintas estrategias. La congresal ya anunció que alentará el voto nulo. Así lo ratifica Tomás Monasterio, que asegura que no se dejarán amedrentar por el Tribunal Supremo Electoral, al que encuentra complaciente con el poder reinante. El diputado de Demócratas recuerda que la misma Constitución y la Ley Electoral reconoce el derecho del ciudadano por votar nulo, por lo que no puede ser un delito alentar un derecho.
Otro de los bandos opositores son las agrupaciones ciudadanas, que no se inclinan por el nulo, sino por un voto muy informado. Juan Pablo Sánchez, de Me comprometo por Bolivia, explica que están reuniendo los perfiles de los candidatos, sus relaciones partidarias y actuación profesional, para darlo a conocer en las redes sociales y la población asista a votar sabiendo perfectamente a quién elige.

El tercer grupo es una oposición política, pero que por el momento está fuera de las asambleas y concejos municipales. Antes era parte de las plataformas ciudadanas, pero ahora ha tomado forma bajo el nombre Agenda 21-F y pese a que comparte con la oposición parlamentaria su intención de alentar el nulo, lo suyo viene con una propuesta por detrás: cambiar todo con miras al 2019. Según explicó el politólogo Jorge Lazarte, acompañar la opción del nulo con propuestas.

Resultados de comicios de 2011 se replicarán el 3 de diciembre

Este 3 de diciembre, la población acudirá a las urnas para elegir a las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, que a criterio del experto constitucionalista William Bascopé y el exlegislador Fabián Yaksic se replicarán los resultados de las elecciones de 2011, donde el 60 por ciento de la población no legitimó a las actuales autoridades de justicia.

“Los tribunos serán elegidos por un voto minoritario, la base del MAS será quienes participen en la elección a respuesta de esto vamos a tener a la gente que va a rechazar otra vez a estas autoridades (…) y vamos a tener durante seis años a gente ilegítimamente electa y los van a posesionar con diez o cinco por ciento de votación”, advirtió Fabián Yaksic.

En las elecciones judiciales del 2011 el 60 por ciento del electorado votó nulo.

Para el Tribunal Constitucional, los sufragios nulos y blancos sumaron más de 2,4 millones (57,8 por ciento), frente a 1,7 millones de válidos (42 por ciento), y porcentajes similares se registraron en el caso del Consejo de la Magistratura (58,1 por ciento) y el Tribunal Agroambiental (59,67 por ciento).

ELECTOS

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó el informe de la Comisión Técnica de Verificación y habilitó a los 96 postulantes que fueron preseleccionados por la asamblea legislativa, donde se evidenció que cumplen con los criterios de paridad de género y plurinacionalidad, además del requisito de renuncia al cargo electivo para acceder a un cargo público establecido en la Constitución Política del Estado (CPE).

Yaksic manifestó que el Gobierno no cumplió con los criterios establecidos en el Reglamento de Preselección y la Constitución Política del Estado.

En el caso de preselección de los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se tuvo que modificar el artículo 25 del Reglamento, ya que en la primera convocatoria de inscripciones no se cumplió con la equidad de género y plurinacionalidad por departamento.

El artículo 25 del Reglamento de Preselección establece que la Asamblea Legislativa debe garantizar que el 50 por ciento de los preseleccionados en las listas de las instituciones sean mujeres y la inclusión de postulantes de origen indígena. En el anterior reglamento esto debió avalar por departamento.

PROBOS

Bascopé destacó que solo el 15 por ciento de los 96 postulantes cuentan con el perfil de una alta autoridad de justicia, el resto eran funcionarios públicos ligados al partido gobernante, incluso muchos de ellos con militancia partidaria.

Tal es el caso del expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani, postulante al TCP que se declaró hincha número uno del presidente Evo Morales, quien fue descubierto en días pasados sosteniendo reuniones con asambleístas del Movimiento al Socialismo (MAS).

72 de los postulantes tenían nexos laborales con el Gobierno; de estos 23 estaban ligados al Ejecutivo, en general son o fueron asesores de los ministerios de Gobierno, Salud, Minería y la Procuraduría, así lo refieren las declaraciones juradas que están en el portal de la Contraloría General del Estado (CGE).

Indicó que el perfil para un postulante a magistrado debe ser intachable y con la mejor trayectoria académica, requisitos fundamentales para evitar que se deje influenciar por el poder político, ya que su deber es hacer respetar las leyes y la CPE.

“Esta gente calificada, que tiene inclusive una personalidad propia y respetable así misma, evita que cualquier aventurero político que llame por teléfono le diga que falle a su favor, eso no pasará por que no pondrá en riesgo su prestigio”, puntualizó.

196.723 nuevos votantes se registraron para las elecciones judiciales

196.723 nuevos votantes fueron registrados durante el periodo de empadronamiento que realizó el Órgano Electoral Plurinacional (OEP). Ellos podrán participar de las elecciones judiciales que tendrán lugar el 3 de diciembre.

Según la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, se superaron las expectativas de la labor desarrollada. Fueron más de 1.517 equipos de trabajo desplegados junto a unas 2.000 personas en todo el territorio nacional.



Los datos indican que también existieron 213.314 trámites por cambios de domicilio, mientras que el domingo se publicará la lista de los 96 candidatos para los cargos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

El TSE al inicio del proceso, esperaba 180.000 nuevos votantes. Hasta ahora el padrón electoral llega a 6.205.095 ciudadanos habilitados, por lo que se elevará a a casi seis millones y medio de electores.


"De 96 candidatos, 50 presentaron sus renuncias a los cargos que ejercían; 46 no requerían hacerlo", acotó la titular, explicando que la lista entregada por el Legislativo cumple con los criterios de paridad y plurinacionalidad.

Dentro de los datos del empadronamiento, Santa Cruz tiene la mayor cantidad de registro, 113.017, tanto entre nuevos votantes como cambios de dirección; mientras que el menor número está en Pando, con tan solo 11.230 registros.

Lee los números:

Caso misiles Magistrado: Fallo está en el marco de las leyes

El presidente del Tribunal de Juicio del caso misiles chinos, Antonio Campero, afirmó ayer que el fallo contra los implicados en el caso ‘misiles chinos’ se sustenta en los hechos y está enmarcada en las leyes.

“El Tribunal falló en base a los hechos que se discutieron en juicio”, dijo y aseguró que no hay argumentos para instaurar un juicio en contra de los cinco magistrados que emitieron la sentencia del caso, con dos y tres años de cárcel para los responsables.

El presidente Evo Morales pidió el miércoles iniciar un juicio de responsabilidades a los magistrados que -a su juicio- traicionaron a la patria con una sentencia “benévola” que representa “un insulto a la población”.

El juicio de responsabilidades por el caso ‘misiles chinos’ comenzó el 6 de abril de 2015 en contra de exautoridades de las Fuerzas Armadas y del Estado que fueron acusadas por los delitos de sometimiento total y parcial de la nación a dominio extranjero, revelación de secreto, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes.

El Tribunal de Justicia “ha trabajado de manera constante y con mucha responsabilidad”, sostuvo Campero. (Urgente.bo)

OEP habilitó postulaciones para elecciones judiciales

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó el informe de la Comisión Técnica de Verificación, en el cual las listas de postulantes al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional cumplen los criterios de paridad de género y plurinacionalidad informó la entidad.

Según Fuente Directa, portal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la comisión verificó los criterios de paridad y de plurinacionalidad sobre la base de los mandatos establecidos en la Ley Nº 929 y la Ley Nº 960, que establece que las candidaturas deben estar conformadas por el 50 por ciento de mujeres y el 50 por ciento de hombres, aparte de la inclusión de postulantes con autoidentificación indígena originario campesina.

Asimismo, destaca que se cumplió también con la renuncia de los postulantes que era funcionarios públicos. El artículo 238 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece como requisito para el acceso a cargos públicos la renuncia a cargos electivos, de designación o de libre nombramiento, al menos tres meses previos al día de la elección.

Las listas de postulantes al Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional fueron revisadas por la Comisión Técnica que se conformó para el efecto en el TSE –de acuerdo a un protocolo– luego de que fueran remitidas por el Órgano Legislativo. Con este paso se cumplió el trámite administrativo en la entidad electoral.

De acuerdo con el informe, el cumplimiento de los criterios de paridad de género se evidenció con la existencia de siete postulantes mujeres y siete postulantes varones para el Tribunal Agroambiental, cinco postulantes mujeres y cinco postulantes varones para el Consejo de la Magistratura y 36 postulantes mujeres y 36 postulantes varones para el Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional.

Respecto al criterio de plurinacionalidad, la Comisión verificó la existencia de 24 postulaciones con autoidentificación indígena originaria campesina (IOC), en las cuatro listas de 96 candidatas y candidatos: cinco de 14 para el Tribunal Agroambiental, dos de 10 para el Consejo de la Magistratura, 10 de 36 para el Tribunal Supremo de Justicia y siete de 36 postulaciones para el Tribunal Constitucional Plurinacional.

El TSE informó que se recibieron los respaldos de las renuncias de 50 postulantes a los cargos que ejercían hasta la semana pasada, como uno de los requisitos establecidos en el artículo 238, inciso 3, de la Constitución Política del Estado para el acceso a cargos públicos.

En la revisión hecha, la Comisión Técnica identificó que de las 96 candidaturas, 50 debían presentar sus renuncias, en tanto que en 46 casos no se requería cumplir este requisito constitucional. Las 50 candidatas y candidatos que debían renunciar lo hicieron en el plazo previsto: cinco casos en las candidaturas para el Tribunal Agroambiental, cinco para el Consejo de la Magistratura, 20 para el Tribunal Supremo de Justicia y 20 para el Tribunal Constitucional Plurinacional.

OPOSICIÓN

Parlamentarios de Unidad Demócrata (UD) solicitaron ayer al TSE revisar a detalle el cumplimiento de requisitos de los postulantes a cargos judiciales y hacer conocer a la Asamblea Legislativa las observaciones antes de difundir los méritos de los aspirantes.

“Hemos presentado un memorial al TSE, dirigido a la Presidenta y a la Sala Plena, en el cual estamos advirtiendo que el proceso de preselección de autoridades del Órgano Judicial ha vulnerado varios artículos de la Constitución Política del Estado”, dijo la diputada Lourdes Millares.

De acuerdo con la parlamentaria, no se cumple el requisito de equidad de género en los postulantes a cargos judiciales por Departamento, lo cual vulnera el artículo 26 de la CPE.

“Le estamos advirtiendo al TSE que hubo errores, falencias, omisiones y vulneraciones en el proceso de preselección (…) El TSE tiene la facultad de observar estas listas (…). La Sala Plena tiene que pronunciarse con relación al cumplimiento de requisitos”, expuso la parlamentaria.

Según el Calendario Electoral, el 10 de septiembre (domingo), deberá realizarse la publicación de la nómina de postulantes a las elecciones del 3 de diciembre. El TSE, el domingo publicará una separata, donde esté toda la información necesaria de los postulantes a fin que la ciudadanía pueda conocerlos.

Sorprenden a Mamani en la Asamblea Legislativa

El exmagistrado y actual postulante al Tribunal Constitucional Plurinacional Pastor Mamani visitó ayer varias oficinas de legisladores del Movimiento al Socialismo pero no pudo reunirse con ninguno. Sorprendido por los medios de comunicación dijo que solo había ido a ver la Asamblea Legislativa.

Según fuentes de la Asamblea, Mamani buscó a los senadores Pedro Montes, Nélida Sifuentes y René Joaquino, incluso se lo ve retirarse de la antesala a la oficina de la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, pero no logró reunirse con ninguno.

Para justificar su presencia en el Legislativo, dijo que no hay ninguna norma que le prohíba visitar esa entidad. “Como cualquier ciudadano (vengo) por la relación misma institucional”. No obstante, Mamani la pasada semana renunció al cargo de magistrado del Tribunal Supremo de Justicia.

¿Con quién se reunió? Le consultaron los periodistas a lo que Mamani respondió: “No me he reunido con nadie. Solo he venido a ver la Asamblea Legislativa”, dijo.

Mamani recibió el respaldo del Movimiento al Socialismo en la preselección de candidatos en la Asamblea Legislativa Plurinacional. En enero de este año, expresó su admiración por el presidente Evo Morales y por su gestión de gobierno.