El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Osvaldo Ceballos, sostuvo ayer que el resultado de un referéndum no es de alcance absoluto, y que existe una confusión de quienes sostienen que el mandato emanado del 21F está por encima de una sentencia constitucional.
En entrevista con el programa La Tarde en Directo de Erbol, que el artículo 14 de la Ley del Régimen Electoral fija que no se puede someter a referéndum la vigencia de los derechos humanos, y que ese es el límite del mandato de una consulta popular.
“El resultado obtenido mediante referéndum no tiene un alcance absoluto, porque hay materias que están fuera de su alcance y una de esas materias fuera de su alcance es la vigencia de los derechos humanos”, dijo.
SENTENCIA
El año pasado, el TCP emitió una sentencia que declaró inaplicables cuatro artículos de la Constitución Política del Estado (CPE) que limitaban la cantidad de reelecciones a una. El argumento para esta decisión fue que la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José) no pone límites al número de repostulaciones.
Además, el fallo del Tribunal es criticado por cívicos, colectivos ciudadanos, oposición y personalidades del ámbito político, porque estaría contraviniendo el mandato emanado del voto del 21F que decidió mantener intacta la CPE y evitar que los actuales mandatarios repostulen.
El magistrado sostuvo que el control de convencionalidad que hizo el TCP corresponde a un ámbito distinto al del referendo. Aseguró que ambas esferas no tienen conexión alguna.
RESULTADO DEL 21F
Ceballos insistió que existe una confusión y distorsión en las posiciones que sostienen que el resultado del 21F se contraviene o está por encima de la sentencia del TCP.
“Esta interpretación, por algunos sectores en sentido de que el resultado del referendo es aplicable o se sobrepone a la jurisdicción constitucional, no corresponde”, recalcó.
El magistrado señaló que el TCP hizo un control de convencionalidad y decidió la aplicación preferente de derechos humanos, que están reconocidos en acuerdos internacionales. En este caso, el Pacto del San José.
Aclaró que la Constitución no se modificó, como era el mandato del 21F. Aseveró además que lo artículos sometidos a control de convencionalidad no fueron abrogados, sino solamente quedaron en suspenso.
Ceballos fue asambleísta constituyente por el MBL y en 2008 fue designado como representante presidencial en Chuquisaca. (Erbol)
Wednesday, January 31, 2018
Monday, January 29, 2018
Revelan que abogados bolivianos hicieron el proyecto del CSP con montón de plagios burdos
El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, reveló que el frustrado Código del Sistema Penal contó con dos equipos de abogados, el primero de los cuales incurrió en plagio al extremo de que mencionaba instituciones que en Bolivia no hay.
Gonzales hizo esa revelación al diario Página Siete, en una entrevista que fue publicada este domingo. Explicó que el Código del Sistema Penal fue elaborado en un proceso que se ha prolongado por tres años. El primer equipo trabajo con el mismo por un año y medio, al cabo de este tiempo, los abogados bolivianos envían un documento "con un montón de plagios".
"(...) Voy a tener que revelar algunas cosas, porque ya está bueno de que nos chicoteen, un grupo de abogados dentro del mismo Ejecutivo detectó que el Código tenía un montón de plagios, que se habían copiado tramos de códigos de México, Argentina, España. No somos abogados, Gabriela (Montaño) es médica y yo soy periodista, hemos constituido equipos de penalistas que sean los que nos vayan guiando. Hasta qué extremo llegó la grosería de estos plagios que incluso en el texto se mencionaban instituciones que en Bolivia no hay. Burdo, burdo", dijo el senador Gonzales.
El Código del Sistema Penal es un instrumento jurídico que fue concebido para que reemplace al Código Penal, promulgado en el gobierno de facto de Hugo Banzer Suarez. La última versión que tiene 680 artículos ha sido concebida de tal manera que reemplace al Código Penal actual, al código de Procedimiento Penal y a la Ley de Régimen Penitenciario.
En la edición dominical de Página Siete, Gonzales dice que el proyecto fue descartado ante las alarmas. "Se constituyó un nuevo equipo y se empezó a avanzar tomando los recaudos necesarios. Ahí recién diríamos empezó el trabajo de socialización, que fue muy intenso".
Gonzales, sin embargo, evitó mencionar a los abogados bolivianos que, en los hechos, provocaron una pérdida de tiempo de un año y medio. Dichos juristas nacionales fueron contratados por la Asamblea Legislativa y gozaban de la confianza de las principales autoridades.
El Presidente del Senado dijo que la primera etapa, en la que hubo burdos plagios, fue superada cuando el segundo equipo de abogados bolivianos se hizo cargo del tema. El mismo estaba liderado por el abogado Reynaldo Imaña.
Thursday, January 25, 2018
Tuesday, January 23, 2018
Juez dicta la detención preventiva de dos acusados del asesinato de Carla y Jesús
La juez Segundo de Instrucción en lo Penal, Wiat Belzu, determinó hoy la detención preventiva de Micaela L. F. y su esposo Renzo C. M, capturados el viernes y sospechosos del asesinato de Carla Bellot Rodríguez y Jesús Cañisaire Calatayud; ella en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores y él, en la cárcel de Chonchocoro.
Carla y Jesús acudieron la noche de Año Nuevo a la discoteca Planta Baja. Posteriormente, fueron a consumir bebidas alcohólicas a una casa de la zona de Villa de Fátima, de la ciudad de La Paz, donde fueron asesinados a golpes por sus acompañantes. Tras 19 días, el viernes, se encontraron sus cadáveres envueltos en bolsas de yute, dentro de una bóveda del río Orkojahuira, del barrio Petrolero.
Belzu determinó la detención preventiva por riesgos procesales, por los delitos de asesinato y feminicidio. La defensa de ambos imputados señaló que éstos tuvieron un grado de encubrimiento en lo sucedido, pero negó su participación en la muerte de la pareja, cuyos cuerpos fueron enterrados ayer en el Cementerio General, bajo el pedido de sus familiares para que se haga justicia y que se aplique la pena de muerte.
La actual legislación penal no contempla la pena de muerte y fija como máximo una condena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto para estos delitos. El presidente Evo Morales se solidarizó con los familiares de las víctimas y demandó a la Justicia una sanción drástica contra los autores del asesinato. Lo mismo fue expresado por el ministro de Justicia, Héctor Arce, el sábado.
De acuerdo con la autopsia, Jesús murió primero tras intentar defender a su novia cuando era víctima de violación, mientras que se presume que Carla fue secuestrada por 14 días y luego asesinada, en función a la data de muerte. Según sus familiares, la pareja tenía planeado contraer matrimonio este año.
En este momento se realiza la audiencia cautelar del tercer aprehendido por este caso,Alex P., quien fue capturado el 12 de enero. Asimismo, se encuentra prófugo un cuarto sospechoso, Eliot Ismael F. L., quien, de acuerdo con los datos que maneja la Fiscalía, huyó a Brasil. (21/01/2018)
TCP cierra posibilidad de revisar fallo que viabiliza repostulación de Evo
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) cierra cualquier posibilidad de revisión de la sentencia que allanó el camino a la repostulación de Evo Morales en las elecciones de 2019, porque por mandato de la Constitución todo fallo de esta instancia es irrevisable y de carácter obligatorio, aseguró el magistrado Orlando Ceballos.
Explicó que la Constitución Política del Estado establece que los fallos del TCP son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio y contra ellos no procede recurso ordinario ulterior alguno.
La autoridad se refirió al tema ante el anuncio de algunos sectores de plantear algún recurso para frenar el cumplimiento de esta sentencia.
En noviembre del año pasado, en menos de 45 días de lo que establece el Código Procesal Constitucional, el TCP se pronunció a favor de la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por el oficialismo pidiendo la inaplicabilidad de algunos artículos de la Constitución que inviabilizaban la postulación de Evo Morales a la presidencia.
El TCP de los anteriores magistrados incluso dejó en suspenso el recurso contra la ley del TIPNIS que ingreso mucho más antes que el de la repostulación y priorizó este fallo.
Unidad de Unificación Jurisprudencial: TCP creará nueva unidad para encarar inseguridad jurídica
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), pretende encarar la inseguridad jurídica con la creación de una Unidad de Unificación Jurisprudencial, pues en otrora dicha entidad emitía fallos contradictorios ante problemáticas similares, así lo señaló la magistrada Georgina Amusquivar, ayer tras el acto de homenaje al Día del Estado Plurinacional que organizó la gobernación de Oruro.
"Habíamos identificado como uno de los grandes problemas en la administración de la justicia constitucional, la inseguridad jurídica, por el hecho de que el Tribunal emitía algunos fallos que eran contradictorios, en casos análogos, en problemáticas similares, la queja de la sociedad era que ellos se veían en cierta incertidumbre ante algunos fallos; para un determinado caso respondían de una forma y para otro caso similar la respuesta era totalmente diferente", manifestó la magistrada.
Dicha propuesta está siendo conocida por el Ministerio de Economía, a efecto de viabilizar recursos económicos para que la Unidad mencionada entre en funcionamiento, tomando en cuenta que desde la semana próxima se empezarán los respectivos sorteos de las causas que esta entidad tiene pendiente para evitar la retardación de justicia.
"Aproximadamente hay 900 causas que nos han dejado pendientes las anteriores autoridades, pero ya se están viendo mecanismos para poder viabilizar las mismas, e inmediatamente la semana que viene se va a proceder al sorteo correspondiente para dar curso a la tramitación en cada una de éstas, lo que se está viendo es realizar en el tiempo más breve posible, esa es la idea y el objetivo para encarar el tema de la retardación de justicia", añadió a tiempo de señalar que la mayor incidencia en las causas se trata de amparos constitucionales, acciones de libertad, y en menor cantidad acciones de inconstitucionalidad abstractas y concretas.
La magistrada orureña aseveró que en esta gestión el TCP habilitará una cuarta sala, pues la cantidad de magistrados en comparación a gestiones anteriores es mayor, antes eran siete ahora son nueve magistrados.
"Habíamos identificado como uno de los grandes problemas en la administración de la justicia constitucional, la inseguridad jurídica, por el hecho de que el Tribunal emitía algunos fallos que eran contradictorios, en casos análogos, en problemáticas similares, la queja de la sociedad era que ellos se veían en cierta incertidumbre ante algunos fallos; para un determinado caso respondían de una forma y para otro caso similar la respuesta era totalmente diferente", manifestó la magistrada.
Dicha propuesta está siendo conocida por el Ministerio de Economía, a efecto de viabilizar recursos económicos para que la Unidad mencionada entre en funcionamiento, tomando en cuenta que desde la semana próxima se empezarán los respectivos sorteos de las causas que esta entidad tiene pendiente para evitar la retardación de justicia.
"Aproximadamente hay 900 causas que nos han dejado pendientes las anteriores autoridades, pero ya se están viendo mecanismos para poder viabilizar las mismas, e inmediatamente la semana que viene se va a proceder al sorteo correspondiente para dar curso a la tramitación en cada una de éstas, lo que se está viendo es realizar en el tiempo más breve posible, esa es la idea y el objetivo para encarar el tema de la retardación de justicia", añadió a tiempo de señalar que la mayor incidencia en las causas se trata de amparos constitucionales, acciones de libertad, y en menor cantidad acciones de inconstitucionalidad abstractas y concretas.
La magistrada orureña aseveró que en esta gestión el TCP habilitará una cuarta sala, pues la cantidad de magistrados en comparación a gestiones anteriores es mayor, antes eran siete ahora son nueve magistrados.
Monday, January 22, 2018
Diputados analizarán este martes la anulación del Código Penal
La Cámara de Diputados convocó a una sesión para mañana a las 16.30 para analizar, como segundo punto, la abrogación del Código del Sistema Penal, norma que generó un clima de conflictos en el país.
Se tratará de la segunda sesión ordinaria de la instancia que inicia la legislatura 2018-2019 y que hoy registró, junto a senadores, el informe del presidente Evo Morales por el Día del Estado Plurinacional.
El jefe de Estado fue quien anunció el domingo a medios estatales que remitirá una nota al Legislativo para que deje nula todo el texto, con el fin de no dar un pretexto para que siga la "conspiración".
Hoy el titular del Senado, José Alberto Gonzales, anticipó que hasta el viernes se aprobará la ley corta que abrogará el Código, mientras que desde el Gobierno se anunció la redacción de una nueva disposición en consenso con todos los sectores y en base al texto que quedará sin efecto.
Morales no se refirió a ese conflicto específicamente dentro de su discurso que se prolongó por dos horas, solo mencionó que quizá puedan cometer algunos errores como humanos y que esos deberán ser corregidos.
Se tratará de la segunda sesión ordinaria de la instancia que inicia la legislatura 2018-2019 y que hoy registró, junto a senadores, el informe del presidente Evo Morales por el Día del Estado Plurinacional.
El jefe de Estado fue quien anunció el domingo a medios estatales que remitirá una nota al Legislativo para que deje nula todo el texto, con el fin de no dar un pretexto para que siga la "conspiración".
Hoy el titular del Senado, José Alberto Gonzales, anticipó que hasta el viernes se aprobará la ley corta que abrogará el Código, mientras que desde el Gobierno se anunció la redacción de una nueva disposición en consenso con todos los sectores y en base al texto que quedará sin efecto.
Morales no se refirió a ese conflicto específicamente dentro de su discurso que se prolongó por dos horas, solo mencionó que quizá puedan cometer algunos errores como humanos y que esos deberán ser corregidos.
Saturday, January 20, 2018
Friday, January 19, 2018
Thursday, January 18, 2018
Jueces viajan a Sucre Primer juicio contra exfiscal Quispe
Los miembros del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz determinaron ayer viajar el 31 de enero a la ciudad de Sucre, para dar inicio al primer juicio oral instaurado contra el polémico exfiscal Humberto Quispe, conocido por montar procesos en contra de personas inocentes a quienes encarcelaba para luego extorsionar, como fue el caso de Horacio Flores Yanapa, víctima en este proceso.
Víctor Vargas, abogado de Flores, detalló que la determinación fue asumida por Alfredo Jaimes, presidente de dicho Tribunal, debido a las varias acciones dilatorias que Quispe interpuso para suspender la apertura de juicio que ahora fue fijado para el 31 de enero.
En 2016, se llegó a conocer que luego de ser destituido y hecho público los varios abusos que Quispe cometió en su cargo, se presentaron al menos 30 denuncias penales en su contra de los cuales hoy tres ya han pasado a juicio oral, además de pesar en su contra otras seis imputaciones por las cuales cuenta con detención preventiva.
GRAVEDAD DE LOS CASOS
Eran tan complejos y graves los casos montados por Quispe que por cuidar su seguridad, los afectados debieron conformar una “Asociación de Víctimas” que hoy ya cuenta con personería jurídica.
En uno de los casos, Quispe llegó a obstaculizar el proceso al punto que a raíz de un incidente, la Fiscalía General le abrió otro proceso y logró detenerlo en el penal de San Roque en Sucre.
Es a partir de esa detención que el Tribunal Primero determinó viajar a esa ciudad ante los varios incidentes que Quispe interpuso para no ser trasladado a La Paz.
En este caso, Quispe será juzgado por el delito de uso indebido de influencias y uso de instrumento falsificado.
En 03 de julio de 2014, Quispe montó un operativo en el que allanó su domicilio y con ayuda de un policía de inteligencia, plantó como prueba de un supuesto robo, el folio real de un bien inmueble que en ese momento estaba en litigio.
“En este caso fue el propio Ministerio Público que retiró la acusación en contra del señor Horacio Flores, al ver que era montado por Humberto Quispe para beneficiar a terceras personas con un bien inmueble ubicado en la calle Eloy Salmón”, explicó Vargas.
Según la explicación del abogado, el juicio se desarrollará por tres días, es decir que el día 02 de febrero se podría conocer la primera sentencia en contra del exfiscal Humberto Quispe.
Víctor Vargas, abogado de Flores, detalló que la determinación fue asumida por Alfredo Jaimes, presidente de dicho Tribunal, debido a las varias acciones dilatorias que Quispe interpuso para suspender la apertura de juicio que ahora fue fijado para el 31 de enero.
En 2016, se llegó a conocer que luego de ser destituido y hecho público los varios abusos que Quispe cometió en su cargo, se presentaron al menos 30 denuncias penales en su contra de los cuales hoy tres ya han pasado a juicio oral, además de pesar en su contra otras seis imputaciones por las cuales cuenta con detención preventiva.
GRAVEDAD DE LOS CASOS
Eran tan complejos y graves los casos montados por Quispe que por cuidar su seguridad, los afectados debieron conformar una “Asociación de Víctimas” que hoy ya cuenta con personería jurídica.
En uno de los casos, Quispe llegó a obstaculizar el proceso al punto que a raíz de un incidente, la Fiscalía General le abrió otro proceso y logró detenerlo en el penal de San Roque en Sucre.
Es a partir de esa detención que el Tribunal Primero determinó viajar a esa ciudad ante los varios incidentes que Quispe interpuso para no ser trasladado a La Paz.
En este caso, Quispe será juzgado por el delito de uso indebido de influencias y uso de instrumento falsificado.
En 03 de julio de 2014, Quispe montó un operativo en el que allanó su domicilio y con ayuda de un policía de inteligencia, plantó como prueba de un supuesto robo, el folio real de un bien inmueble que en ese momento estaba en litigio.
“En este caso fue el propio Ministerio Público que retiró la acusación en contra del señor Horacio Flores, al ver que era montado por Humberto Quispe para beneficiar a terceras personas con un bien inmueble ubicado en la calle Eloy Salmón”, explicó Vargas.
Según la explicación del abogado, el juicio se desarrollará por tres días, es decir que el día 02 de febrero se podría conocer la primera sentencia en contra del exfiscal Humberto Quispe.
Wednesday, January 17, 2018
Tuesday, January 16, 2018
Fiscal Calderón recusa a juez y evita ser cautelada
La fiscal Lilian Calderón, acusada de agresiones físicas e incumplimiento de deberes, interpuso un recurso de recusación contra la juez cuarto anticorrupción, Melina Lima, observando que no era competente para el caso, por lo que se suspendió la audiencia de medidas cautelares a la que debía ser sometida, informó el abogado Boris Espinoza que calificó esta acción de dilatoria con el fin de evitar ser procesada.
El incidente fue presentado el pasado viernes en el marco del proceso que se sigue a la fiscal Calderón por el caso agresiones físicas e incumplimiento de deberes que se le abrió luego de que, el 22 de noviembre, protagonizara una pelea con Shirley Martínez en juzgados de familia.
En esa fecha, Martínez se encontraba en audiencia para que la juez fije el monto de la asistencia familiar que debe pagar Celin Chávez, padre de sus dos hijas y a su vez esposo de la fiscal.
Según el testimonio de Martínez, Calderón la agredió durante un receso dispuesto por la juez para llegar a una conciliación con el padre de sus hijos en horas que la fiscal debía estar cumpliendo su labor en el Ministerio Público.
Ambas fueron detenidas pero sólo se procesó a Martínez, quien se declara víctima y ahora cuenta con detención domiciliaria.
De acuerdo con la información oficial, presentó el incidente señalando que su caso no puede ser tratado por un juzgado anticorrupción pues afirma que no cometió incumplimiento de deberes y pidió permiso para dejar su fuente laboral.
La juez Lima, antes de ingresar en receso por vacaiones, pasó el caso a su suplente, la juez primero anticorrupción Cinthya Delgadillo, que ayer suspendió la audiencia y anunció que luego de analizar la recusación dictará el fallo que corresponda.
Boris Espinoza afirmó que la Fiscalía continúa protegiendo a la juez que ahora cumple funciones en provincia y que dichos incidentes son elementos dilatorios.
Calderón cuenta con otros procesos en su contra, entre ellos uno donde ya tiene acusación formal y que la Fiscalía da seguimiento para suspender de manera definitiva a la fiscal.
Martínez, por su lado, también ha denunciado a Calderón por tentativa de sustracción de una de sus hijas, hecho suscitado en 2016 donde existe un informe policial y una carta dirigida al fiscal departamental Edwin Blanco.
El incidente fue presentado el pasado viernes en el marco del proceso que se sigue a la fiscal Calderón por el caso agresiones físicas e incumplimiento de deberes que se le abrió luego de que, el 22 de noviembre, protagonizara una pelea con Shirley Martínez en juzgados de familia.
En esa fecha, Martínez se encontraba en audiencia para que la juez fije el monto de la asistencia familiar que debe pagar Celin Chávez, padre de sus dos hijas y a su vez esposo de la fiscal.
Según el testimonio de Martínez, Calderón la agredió durante un receso dispuesto por la juez para llegar a una conciliación con el padre de sus hijos en horas que la fiscal debía estar cumpliendo su labor en el Ministerio Público.
Ambas fueron detenidas pero sólo se procesó a Martínez, quien se declara víctima y ahora cuenta con detención domiciliaria.
De acuerdo con la información oficial, presentó el incidente señalando que su caso no puede ser tratado por un juzgado anticorrupción pues afirma que no cometió incumplimiento de deberes y pidió permiso para dejar su fuente laboral.
La juez Lima, antes de ingresar en receso por vacaiones, pasó el caso a su suplente, la juez primero anticorrupción Cinthya Delgadillo, que ayer suspendió la audiencia y anunció que luego de analizar la recusación dictará el fallo que corresponda.
Boris Espinoza afirmó que la Fiscalía continúa protegiendo a la juez que ahora cumple funciones en provincia y que dichos incidentes son elementos dilatorios.
Calderón cuenta con otros procesos en su contra, entre ellos uno donde ya tiene acusación formal y que la Fiscalía da seguimiento para suspender de manera definitiva a la fiscal.
Martínez, por su lado, también ha denunciado a Calderón por tentativa de sustracción de una de sus hijas, hecho suscitado en 2016 donde existe un informe policial y una carta dirigida al fiscal departamental Edwin Blanco.
Morales da plazo de un año para socializar Código Penal
El presidente Evo Morales, tras reunirse con la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), determinó dar un plazo de un año para socializar y debatir el nuevo Código de Sistema Penal, con la posibilidad de realizar cambios o ajustes en la redacción, siempre y cuando los afectados demuestren que dichos artículos son perjudiciales.
“A partir de este momento, nos damos plazo de un año para socializar, para debatir los artículos cuestionados por los movimientos sociales, grupos de profesionales o algunas preocupaciones de cualquier sector social. Si de verdad algún artículo afecta a cierto sector social, estamos dispuestos a modificar o perfeccionar la redacción correspondiente”, expuso el Presidente.
En los últimos días se registraron movilizaciones y paros cívicos en distintos departamentos del país contra el Código de Sistema Penal, debido a que esta norma no se aprobó bajo consenso de todo el Parlamento, fue imposición de los dos tercios del MAS y se puso en riesgo los derechos constitucionales en diferentes ámbitos.
Los dirigentes de la Conalcam plantearon que sólo se otorgue el plazo de tres meses para la socialización del Código, pero esto fue puesto a debate y se decidió en un año, según Morales.
Por otra parte, admitió que la Asamblea Legislativa se equivocó en la redacción de la norma, pero que esto debe ser refrendado con argumentos por parte de los sectores que creen que son afectados con la nueva norma.
Expertos en materia penal identificaron al menos 15 artículos que son cuestionados, los cuales sostienen que deben ser revisados y modificados.
RECHAZO Y DEMANDA
Ante la determinación presidencial, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, indicó que la abrogación del Código de Sistema Penal no es ya una demanda sectorial, sino es el pedido general.
El académico planteó que en el caso de que se anule la norma, el Legislativo, en coordinación con universidades y los colegios de profesionales en derecho, deben sentarse para una nueva redacción. Prevé que en un plazo no superior a los 20 días es posible contar con esta modificación, en la que, además, se rescate lo bueno del Código cuestionado.
PROPUESTA
Los diputados y la senadora que asumieron la medida extrema de ayuno voluntario rechazaron la propuesta del presidente Morales y advirtieron que continuarán con esa medida hasta la anulación de la norma.
“No nos detendremos por lo que dice el Presidente, exigimos la abrogación total e inmediata del Código de Sistema Penal, como exigimos que se respete el resultado del referéndum constitucional del 21-F”, dijo el diputado Tomás Monasterio, en representación de los huelguistas.
Monasterios aclaró que durante el tratamiento de la norma en la Cámara de Diputados se produjeron observaciones a varios artículos, pero no fueron considerados por los oficialistas, que se vieron rebasados por el aparato comunicacional del Gobierno que pretende acallarlos.
“A partir de este momento, nos damos plazo de un año para socializar, para debatir los artículos cuestionados por los movimientos sociales, grupos de profesionales o algunas preocupaciones de cualquier sector social. Si de verdad algún artículo afecta a cierto sector social, estamos dispuestos a modificar o perfeccionar la redacción correspondiente”, expuso el Presidente.
En los últimos días se registraron movilizaciones y paros cívicos en distintos departamentos del país contra el Código de Sistema Penal, debido a que esta norma no se aprobó bajo consenso de todo el Parlamento, fue imposición de los dos tercios del MAS y se puso en riesgo los derechos constitucionales en diferentes ámbitos.
Los dirigentes de la Conalcam plantearon que sólo se otorgue el plazo de tres meses para la socialización del Código, pero esto fue puesto a debate y se decidió en un año, según Morales.
Por otra parte, admitió que la Asamblea Legislativa se equivocó en la redacción de la norma, pero que esto debe ser refrendado con argumentos por parte de los sectores que creen que son afectados con la nueva norma.
Expertos en materia penal identificaron al menos 15 artículos que son cuestionados, los cuales sostienen que deben ser revisados y modificados.
RECHAZO Y DEMANDA
Ante la determinación presidencial, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, indicó que la abrogación del Código de Sistema Penal no es ya una demanda sectorial, sino es el pedido general.
El académico planteó que en el caso de que se anule la norma, el Legislativo, en coordinación con universidades y los colegios de profesionales en derecho, deben sentarse para una nueva redacción. Prevé que en un plazo no superior a los 20 días es posible contar con esta modificación, en la que, además, se rescate lo bueno del Código cuestionado.
PROPUESTA
Los diputados y la senadora que asumieron la medida extrema de ayuno voluntario rechazaron la propuesta del presidente Morales y advirtieron que continuarán con esa medida hasta la anulación de la norma.
“No nos detendremos por lo que dice el Presidente, exigimos la abrogación total e inmediata del Código de Sistema Penal, como exigimos que se respete el resultado del referéndum constitucional del 21-F”, dijo el diputado Tomás Monasterio, en representación de los huelguistas.
Monasterios aclaró que durante el tratamiento de la norma en la Cámara de Diputados se produjeron observaciones a varios artículos, pero no fueron considerados por los oficialistas, que se vieron rebasados por el aparato comunicacional del Gobierno que pretende acallarlos.
Monday, January 15, 2018
Friday, January 12, 2018
Monday, January 8, 2018
Sunday, January 7, 2018
Fiscal Blanco rechaza ser parte de lío doméstico de Calderón
El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, rechaza las sindicaciones de carácter personal que figuran en la querella presentada por presunta sustracción de una niña y afirmó que la institución “repudia” las acciones de la fiscal Lilian Calderón comprometida en una disputa familiar que llegó a las agresiones en un juzgado de familia y provocó su alejamiento.
La autoridad departamental explicó que la ley le impide “conciliar” en un conflicto de orden privado y más si se trata de un posible delito de violencia contra la mujer.
“Repudiamos las actuaciones de la doctora Calderón (…) producto de esas acciones ella ha sido imputada (el 22 de noviembre de 2017) y se ha pedido su detención preventiva”, aseguró Blanco en entrevista con EL DIARIO.
Calderón se encuentra imputada por los delitos de agresiones físicas e incumplimiento de deberes, producto de una pelea que provocó el 22 de noviembre de 2017 en juzgados de familia con Shirley Martínez, quien tiene dos hijas con el esposo de Calderón en una relación extramarital.
Fue esa agresión en tribunales y las amenazas telefónicas que Martínez recibió y presentó como pruebas, las que hicieron del problema familiar un hecho público y un caso penal del cual Calderón negó dar versión al ser consultada por nuestro medio.
NO FUE DESTITUIDA
Si bien la fiscal fue alejada de la dirección de varios casos, Blanco aclaró que Calderón no se encuentra suspendida debido a que ella es fiscal de carrera y existe normativa que la protege y de infringir esa norma, la fiscal podría incluso presentar un Amparo Constitucional.
En ese sentido, informó que a fin de evitar susceptibilidades y posibles agresiones contra la víctima, Calderón fue enviada a cumplir funciones en provincia, mientras se resuelva su situación y se logre “la radicatoria de acusación formal” en un Tribunal de Sentencia, por otro caso que Calderón tiene pendiente en su contra, que daría lugar a su destitución de forma legal.
A su vez, Martínez asegura que además de las agresiones, es víctima de constantes amenazas debido a que demandó por la asistencia familiar a Celin Chávez, padre de sus dos hijas y esposo de Calderón.
Asegura que la posible conciliación en el monto de la asistencia que se desarrollaba en una audiencia en juzgados de familia el 22 de noviembre de 2017 fue el motivo de la agresión y por ello decidió presentar la querella penal por la tentativa de sustracción de su hija menor señalando como autores a Chávez, Calderón y la asistente de esta en la Fiscalía, la funcionaria, Helen Mamani.
La sustracción, según el contenido de la querella presentada el 29 de noviembre de 2017, se produjo el 13 de abril del 2016 (un año atrás). Martínez declaró en entrevista con nuestro medio, que fue luego de la agresión de Calderón, que vio la necesidad de presentar la querella bajo el temor de que sus hijas sean las próximas víctimas.
Pero dicha querella fue rechazada, según cree Martínez, no solo porque en la Fiscalía quieren proteger a Calderón, sino también al Fiscal Departamental, pues en la denuncia adjuntó una carta que envió a Blanco, el 14 de abril de 2016 (un día después del supuesto intento de sustracción de su hija), relatando todo el incidente protagonizado al interior del colegio de la niña.
En esa carta, Martínez, también pidió a Blanco, llamar la atención por su mediación y lograr conciliar con Calderón para resguardar de un proceso penal a sus hijas de 8 y 15 años.
RESPUESTA
Al respecto, el fiscal Blanco aseguró que el pedido de Martínez no podía ser atendido, debido a que la Ley 260 del Ministerio Público señala sus atribuciones y las prohibiciones para su cargo.
En esa línea, señalado una serie de artículos, respondió el 15 de abril de 2016, donde aconseja a Martínez busque otras vías para solucionar el problema familiar que tenía, dando como ejemplo la vía disciplinaria o la penal pero que esta sea bien fundamentada.
A más de un año de ese hecho, Blanco señaló como un despropósito el inmiscuirlo en ese problema y que esto sería resultado del mal asesoramiento legal que Martínez recibe, dirigido a dañar su imagen.
Por otro lado, Blanco señaló que no podía referirse al porqué la querella había sido rechazada, debido a que la misma ley le impide pronunciarse sobre temas que se tramitan de forma independiente en otras áreas y con otros responsables.
Sobre la alusión del mal asesoramiento, Boris Espinoza, abogado de Martínez, asevera que tiene una serie de elementos, que serán o ya han sido presentados en la querella, fundamentando la denuncia de su cliente.
Pero al ser rechazada, sin conocer el argumento legal no se puede más que pensar que existe “obstaculización y protección” hacia los fiscales.
La autoridad departamental explicó que la ley le impide “conciliar” en un conflicto de orden privado y más si se trata de un posible delito de violencia contra la mujer.
“Repudiamos las actuaciones de la doctora Calderón (…) producto de esas acciones ella ha sido imputada (el 22 de noviembre de 2017) y se ha pedido su detención preventiva”, aseguró Blanco en entrevista con EL DIARIO.
Calderón se encuentra imputada por los delitos de agresiones físicas e incumplimiento de deberes, producto de una pelea que provocó el 22 de noviembre de 2017 en juzgados de familia con Shirley Martínez, quien tiene dos hijas con el esposo de Calderón en una relación extramarital.
Fue esa agresión en tribunales y las amenazas telefónicas que Martínez recibió y presentó como pruebas, las que hicieron del problema familiar un hecho público y un caso penal del cual Calderón negó dar versión al ser consultada por nuestro medio.
NO FUE DESTITUIDA
Si bien la fiscal fue alejada de la dirección de varios casos, Blanco aclaró que Calderón no se encuentra suspendida debido a que ella es fiscal de carrera y existe normativa que la protege y de infringir esa norma, la fiscal podría incluso presentar un Amparo Constitucional.
En ese sentido, informó que a fin de evitar susceptibilidades y posibles agresiones contra la víctima, Calderón fue enviada a cumplir funciones en provincia, mientras se resuelva su situación y se logre “la radicatoria de acusación formal” en un Tribunal de Sentencia, por otro caso que Calderón tiene pendiente en su contra, que daría lugar a su destitución de forma legal.
A su vez, Martínez asegura que además de las agresiones, es víctima de constantes amenazas debido a que demandó por la asistencia familiar a Celin Chávez, padre de sus dos hijas y esposo de Calderón.
Asegura que la posible conciliación en el monto de la asistencia que se desarrollaba en una audiencia en juzgados de familia el 22 de noviembre de 2017 fue el motivo de la agresión y por ello decidió presentar la querella penal por la tentativa de sustracción de su hija menor señalando como autores a Chávez, Calderón y la asistente de esta en la Fiscalía, la funcionaria, Helen Mamani.
La sustracción, según el contenido de la querella presentada el 29 de noviembre de 2017, se produjo el 13 de abril del 2016 (un año atrás). Martínez declaró en entrevista con nuestro medio, que fue luego de la agresión de Calderón, que vio la necesidad de presentar la querella bajo el temor de que sus hijas sean las próximas víctimas.
Pero dicha querella fue rechazada, según cree Martínez, no solo porque en la Fiscalía quieren proteger a Calderón, sino también al Fiscal Departamental, pues en la denuncia adjuntó una carta que envió a Blanco, el 14 de abril de 2016 (un día después del supuesto intento de sustracción de su hija), relatando todo el incidente protagonizado al interior del colegio de la niña.
En esa carta, Martínez, también pidió a Blanco, llamar la atención por su mediación y lograr conciliar con Calderón para resguardar de un proceso penal a sus hijas de 8 y 15 años.
RESPUESTA
Al respecto, el fiscal Blanco aseguró que el pedido de Martínez no podía ser atendido, debido a que la Ley 260 del Ministerio Público señala sus atribuciones y las prohibiciones para su cargo.
En esa línea, señalado una serie de artículos, respondió el 15 de abril de 2016, donde aconseja a Martínez busque otras vías para solucionar el problema familiar que tenía, dando como ejemplo la vía disciplinaria o la penal pero que esta sea bien fundamentada.
A más de un año de ese hecho, Blanco señaló como un despropósito el inmiscuirlo en ese problema y que esto sería resultado del mal asesoramiento legal que Martínez recibe, dirigido a dañar su imagen.
Por otro lado, Blanco señaló que no podía referirse al porqué la querella había sido rechazada, debido a que la misma ley le impide pronunciarse sobre temas que se tramitan de forma independiente en otras áreas y con otros responsables.
Sobre la alusión del mal asesoramiento, Boris Espinoza, abogado de Martínez, asevera que tiene una serie de elementos, que serán o ya han sido presentados en la querella, fundamentando la denuncia de su cliente.
Pero al ser rechazada, sin conocer el argumento legal no se puede más que pensar que existe “obstaculización y protección” hacia los fiscales.
Advierten semana conflictiva Rechazo al Código Penal moviliza a varios sectores
El rechazo al Código del Sistema Penal movilizará desde mañana a varios sectores del país, entre ellos los transportistas de carga internacional y las organizaciones civiles como el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) que anunció protestas a partir de esta semana. La exigencia es que se abrogue toda la norma jurídica.
Tras realizar un ampliado, Comcipo, desde Potosí llamó a instituciones y organizaciones afiliadas a realizar un paro de 24 horas en rechazo al Código de Sistema Penal por ser atentatorio al derecho de diversos sectores.
Los cívicos potosinos mediante un comunicado aseguran que la norma promulgada el pasado 16 de diciembre es una imposición del Gobierno al que responsabilizaron de propiciar un “golpe funesto a la democracia” y a los derechos consagrados en la Constitución Política del Estado.
A través de un voto resolutivo la organización cívica convocó a un paro de 24 horas para el próximo martes 9 de enero y anunció que se trata de la “primera medida a asumir”.
Conminan a la Asamblea legislativa a abrogar dicho Código, por considerarlo atentatorio a los derechos de la ciudadanía.
PRESIDENTE DEL SENADO
En tanto, el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, calificó de “demagógico y oportunista” la exigencia de distintos sectores de abrogar todo el Código de Sistema Penal, porque no consideran que el objetivo principal esa de esa norma es mejorar la administración de justicia en el país.
“Penosamente se ha hecho un campaña de satanización de todo el Código y ahora de manera alegre se pretende, definitivamente, eliminarlo todo. Son 700 artículos”, declaró la autoridad legislativa que impulsó la sanción como ley del Estado, en calidad de Cámara revisora.
Gonzáles onsidera que el Código tiene muchísimas virtudes motivo por el cual el Gobierno y la Asamblea están seguros que va a cambiar la justicia en el país y va a remover las estructuras del ámbito penal y apunta a satisfacer a la población.
Por su lado, el jefe de bancada de UD, Wilson Santamaría, explicó que es necesario abrogar el Código porque el sancionado por la Asamblea y posteriormente promulgado por el Ejecutivo, no fue socializado a la sociedad civil y por eso es el rechazo general a los alcances de la nueva disposición penal.
Tras realizar un ampliado, Comcipo, desde Potosí llamó a instituciones y organizaciones afiliadas a realizar un paro de 24 horas en rechazo al Código de Sistema Penal por ser atentatorio al derecho de diversos sectores.
Los cívicos potosinos mediante un comunicado aseguran que la norma promulgada el pasado 16 de diciembre es una imposición del Gobierno al que responsabilizaron de propiciar un “golpe funesto a la democracia” y a los derechos consagrados en la Constitución Política del Estado.
A través de un voto resolutivo la organización cívica convocó a un paro de 24 horas para el próximo martes 9 de enero y anunció que se trata de la “primera medida a asumir”.
Conminan a la Asamblea legislativa a abrogar dicho Código, por considerarlo atentatorio a los derechos de la ciudadanía.
PRESIDENTE DEL SENADO
En tanto, el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, calificó de “demagógico y oportunista” la exigencia de distintos sectores de abrogar todo el Código de Sistema Penal, porque no consideran que el objetivo principal esa de esa norma es mejorar la administración de justicia en el país.
“Penosamente se ha hecho un campaña de satanización de todo el Código y ahora de manera alegre se pretende, definitivamente, eliminarlo todo. Son 700 artículos”, declaró la autoridad legislativa que impulsó la sanción como ley del Estado, en calidad de Cámara revisora.
Gonzáles onsidera que el Código tiene muchísimas virtudes motivo por el cual el Gobierno y la Asamblea están seguros que va a cambiar la justicia en el país y va a remover las estructuras del ámbito penal y apunta a satisfacer a la población.
Por su lado, el jefe de bancada de UD, Wilson Santamaría, explicó que es necesario abrogar el Código porque el sancionado por la Asamblea y posteriormente promulgado por el Ejecutivo, no fue socializado a la sociedad civil y por eso es el rechazo general a los alcances de la nueva disposición penal.
Vocal María Eugenia Choque Ausencia de mujeres indígenas en Órgano Judicial es dramática
La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, en la evaluación que realizó para EL DIARIO, encuentra como una debilidad la presencia reducida de mujeres en el Órgano Judicial pero considera que es peor la ausencia de mujeres indígenas.
“Usted me reclama baja presencia de mujeres, yo le digo es más caótica (dramática) la presencia de las mujeres indígenas, hay mujeres pero falta la presencia de mujeres indígenas, eso es lo más débil que tenemos en este proceso”, enfatizó Choque.
La autoridad realizó una autocrítica a la labor de difusión de información desde el TSE, sobre lo que significó la elección de altas autoridades para el Órgano Judicial. Una de las falencias que identificó es que debió incidirse más en la difusión de información en idiomas nativos como quechua y aymara.
“No hemos tenido en los medios de comunicación spot en idiomas aimara, por ejemplo, todo estuvo dirigido en español pese a que todo debe estar dentro de la Pluriculturalidad, esto es como una autocrítica, porque estamos construyendo y son retos y desafíos que tenemos, la verdad nos hubiera gustado, pero las condiciones son difíciles”, aseveró la autoridad.
Ante la consulta de si este trabajo no debió estar dirigido al área rural donde existe una presencia real de indígenas, Choque, retrucó esta afirmación al afirmar que los indígenas también están en las ciudades.
“Lo indígena no solo se circunscribe en lo rural, ahora mismo hemos visto que por ejemplo en el registro del biométrico es el 43% de presencia poblacional en algunas áreas del campo, aquí en la ciudad por ejemplo vivimos los indígenas en la Eloy Salmón”, explicó.
Además uno de los elementos para que tenga la repercusión que hubo sobre la presencia de mujeres es que desde la preselección, realizada en la Asamblea Legislativa ya se había enviado las listas con baja presencia femenina.
“Nos llegaron las listas y sobre esa base trabajamos, hemos visto la oportunidad de hombres y mujeres, ha sido buscar una participación igualitaria entre hombres y mujeres”, informó Choque.
A pesar que el TSE cumplió con su trabajo, defiende Choque, el interés de las personas en participar para ser electas autoridades del Órgano Judicial, no fue el esperado. La respuesta la brinda la misma autoridad.
“Tenemos una sociedad patriarcalista, donde prima la visión del varón. Eso tiene que ver con los resultados de lo que ha sido el 3 de diciembre, son los resultados los que cuentan dentro de mi percepción; la sociedad aun como casi todas las sociedades son patriarcalistas”, afirmó
ANGÉLICA SILES
Mucho más crítica, fue la abogada y ex constituyente Angélica Siles, quien en contacto con EL DIARIO desde Francia, afirmó que todo el proceso de selección de autoridades del Órgano Judicial, hasta los resultados son para beneficiar y garantizar directamente la reelección del actual presidente Evo Morales.
“Esta elección le sirve al gobierno de Morales para su relección, esperemos que estas autoridades cumplan lo que establece la Constitución Política Electoral (CPE) caso contrario si se someten como lo hicieron las autoridades salientes serán sujetos de un juicio de responsabilidades”, afirmó Angélica Siles, ex constituyente.
En ese contexto, destacó también que la presencia femenina disminuyó en un 10 por ciento en relación a la gestión 2011 2016 de los tribunos.
“La presencia de las mujeres que debería ser el 50%, en esta elección sólo llegó al 38%, bajó del 48% que se obtuvo el 2011. El Tribunal Supremo Electoral (TSE), no observó nada y tampoco hizo la campaña para todas de manera equitativa”, agregó Siles.
Esos resultados se obtuvieron pese a que en mayo de 2017, la Asamblea Legislativa alargó el plazo, hasta el 9 de junio, la presentación de postulaciones para ser candidatos a altas autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional, faltando a la Ley de Convocatoria, según su explicación de la ex constituyente.
“De inicio la ampliación fue ilegal porque la ´Ley de Convocatoria´ no se cumplió, faltando un día se amplió el plazo y lo que correspondía era declarar la convocatoria desierta, porque así lo establecía la Ley pero esa ampliación fue para incidir en sus militantes del MAS a que se presenten”
Por lo tanto, refuerza su argumento de que existe instituciones machistas que velan para que la mujer no sea protagonista de las administración del poder en el sentido en que en estos últimos días ya se eligieron a sus representantes legales de cada Sala Plena del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional son varones.
MÓNICA NOVILLO
La representante de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo, líder del movimiento de mujeres que realizaban campañas informativas y motivadoras para abrir espacios de poder, arguye que la baja representación de mujeres en el Órgano Judicial se debe a una serie de factores.
“Han confluido varios factores: la modalidad de votación; el proceso de preselección que ha calculado la paridad del total de candidatos y no por departamento; se ha promovido el voto nulo, todo eso pienso que tuvo impacto”, aseveró Novillo.
A tiempo de desglosar todo el proceso de selección de autoridades del Órgano Judicial Novillo observó que el tema de paridad no fue previsto en el Legislativo por departamentos. “En los preseleccionados eran más hombres que mujeres, eso ha generado un desbalance en la participación política de las mujeres, con mucha claridad es una alerta el que haya disminuido la participación de las mujeres en el ámbito judicial”.
“Usted me reclama baja presencia de mujeres, yo le digo es más caótica (dramática) la presencia de las mujeres indígenas, hay mujeres pero falta la presencia de mujeres indígenas, eso es lo más débil que tenemos en este proceso”, enfatizó Choque.
La autoridad realizó una autocrítica a la labor de difusión de información desde el TSE, sobre lo que significó la elección de altas autoridades para el Órgano Judicial. Una de las falencias que identificó es que debió incidirse más en la difusión de información en idiomas nativos como quechua y aymara.
“No hemos tenido en los medios de comunicación spot en idiomas aimara, por ejemplo, todo estuvo dirigido en español pese a que todo debe estar dentro de la Pluriculturalidad, esto es como una autocrítica, porque estamos construyendo y son retos y desafíos que tenemos, la verdad nos hubiera gustado, pero las condiciones son difíciles”, aseveró la autoridad.
Ante la consulta de si este trabajo no debió estar dirigido al área rural donde existe una presencia real de indígenas, Choque, retrucó esta afirmación al afirmar que los indígenas también están en las ciudades.
“Lo indígena no solo se circunscribe en lo rural, ahora mismo hemos visto que por ejemplo en el registro del biométrico es el 43% de presencia poblacional en algunas áreas del campo, aquí en la ciudad por ejemplo vivimos los indígenas en la Eloy Salmón”, explicó.
Además uno de los elementos para que tenga la repercusión que hubo sobre la presencia de mujeres es que desde la preselección, realizada en la Asamblea Legislativa ya se había enviado las listas con baja presencia femenina.
“Nos llegaron las listas y sobre esa base trabajamos, hemos visto la oportunidad de hombres y mujeres, ha sido buscar una participación igualitaria entre hombres y mujeres”, informó Choque.
A pesar que el TSE cumplió con su trabajo, defiende Choque, el interés de las personas en participar para ser electas autoridades del Órgano Judicial, no fue el esperado. La respuesta la brinda la misma autoridad.
“Tenemos una sociedad patriarcalista, donde prima la visión del varón. Eso tiene que ver con los resultados de lo que ha sido el 3 de diciembre, son los resultados los que cuentan dentro de mi percepción; la sociedad aun como casi todas las sociedades son patriarcalistas”, afirmó
ANGÉLICA SILES
Mucho más crítica, fue la abogada y ex constituyente Angélica Siles, quien en contacto con EL DIARIO desde Francia, afirmó que todo el proceso de selección de autoridades del Órgano Judicial, hasta los resultados son para beneficiar y garantizar directamente la reelección del actual presidente Evo Morales.
“Esta elección le sirve al gobierno de Morales para su relección, esperemos que estas autoridades cumplan lo que establece la Constitución Política Electoral (CPE) caso contrario si se someten como lo hicieron las autoridades salientes serán sujetos de un juicio de responsabilidades”, afirmó Angélica Siles, ex constituyente.
En ese contexto, destacó también que la presencia femenina disminuyó en un 10 por ciento en relación a la gestión 2011 2016 de los tribunos.
“La presencia de las mujeres que debería ser el 50%, en esta elección sólo llegó al 38%, bajó del 48% que se obtuvo el 2011. El Tribunal Supremo Electoral (TSE), no observó nada y tampoco hizo la campaña para todas de manera equitativa”, agregó Siles.
Esos resultados se obtuvieron pese a que en mayo de 2017, la Asamblea Legislativa alargó el plazo, hasta el 9 de junio, la presentación de postulaciones para ser candidatos a altas autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional, faltando a la Ley de Convocatoria, según su explicación de la ex constituyente.
“De inicio la ampliación fue ilegal porque la ´Ley de Convocatoria´ no se cumplió, faltando un día se amplió el plazo y lo que correspondía era declarar la convocatoria desierta, porque así lo establecía la Ley pero esa ampliación fue para incidir en sus militantes del MAS a que se presenten”
Por lo tanto, refuerza su argumento de que existe instituciones machistas que velan para que la mujer no sea protagonista de las administración del poder en el sentido en que en estos últimos días ya se eligieron a sus representantes legales de cada Sala Plena del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional son varones.
MÓNICA NOVILLO
La representante de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo, líder del movimiento de mujeres que realizaban campañas informativas y motivadoras para abrir espacios de poder, arguye que la baja representación de mujeres en el Órgano Judicial se debe a una serie de factores.
“Han confluido varios factores: la modalidad de votación; el proceso de preselección que ha calculado la paridad del total de candidatos y no por departamento; se ha promovido el voto nulo, todo eso pienso que tuvo impacto”, aseveró Novillo.
A tiempo de desglosar todo el proceso de selección de autoridades del Órgano Judicial Novillo observó que el tema de paridad no fue previsto en el Legislativo por departamentos. “En los preseleccionados eran más hombres que mujeres, eso ha generado un desbalance en la participación política de las mujeres, con mucha claridad es una alerta el que haya disminuido la participación de las mujeres en el ámbito judicial”.
Abogada Paola Cortes Artículos del Código Penal vulneran la Ley de Imprenta
El contenido de tres artículos del nuevo Código del Sistema Penal vulneran la Ley de Imprenta, según el análisis de la abogada, Paola Cortes, que puso como ejemplo el caso de una persona que se sienta agredida en su dignidad, la norma considera como fuero inmediato a un tribunal ordinario.
Se trata de los artículos 309, 310 y 311 sobre injuria, calumnia y difamación, respectivamente, que incluyen a los medios de comunicación en la redacción.
“Cuando hay alguien que se ve vulnerado en sus derechos a la dignidad por una publicación o investigación periodística, lo que hace es recurrir al Tribunal de Imprenta, pero eso ya no sería posible, sino que sería ya un tema penal que lo deba investigar un fiscal, esto vulnera la Ley de Imprenta y el derecho del periodista a investigar”, señaló la jurista, según reporta la agencia de noticias ANF.
ARTÍCULOS
El inciso II del artículo 309 del Código del Sistema Penal referido a Injuria señala que “La sanción será agravada a multa sancionadora de cien (100) a doscientos cincuenta (250) días, reparación económica y prohibición de concurrir a ciertos lugares o acercarse a la víctima, si la injuria se comete mediante un medio de comunicación o difusión masiva. Igual sanción corresponderá a la persona que reproduzca mediante medio de comunicación o difusión masiva la injuria inferida por otro”.
De forma similar se lee en el inciso II del artículo 310 referido a Calumnia: “La sanción será agravada a multa sancionadora de doscientos cincuenta y un (251) a cuatrocientos (400) días, reparación económica y prohibición de concurrir a ciertos lugares o acercarse a la víctima, si la calumnia se realiza en medio de comunicación o difusión masiva. Igual sanción corresponderá a quien publique o reproduzca en medio de comunicación o difusión masiva la calumnia inferida por otro”.
Y el inciso II del artículo 311 referido a Difamación: “La sanción será agravada a multa sancionadora de cien (100) a doscientos cincuenta (250) días, reparación económica y prohibición de concurrir a ciertos lugares o acercarse a la víctima, si la difamación se comete mediante un medio de comunicación o difusión masiva. Igual sanción corresponderá a la persona que reproduzca mediante medio de comunicación o difusión masiva la difamación inferida por otro.
Para Cortes, esa inclusión de los medios de comunicación y de las difusiones masivas en los artículos “echa por la borda a la Ley de Imprenta porque introduciendo que los medios de comunicación puedan tener responsabilidad penal ya no podrían tener el fuero del Tribunal de Imprenta, sino que estarían ya en el fuero penal y eso preocupa por el tema de la libertad de expresión”.
Además de terminar con la Ley de Imprenta, agregó la jurista, el Código del Sistema Penal va en contra de artículos de la Constitución Política del Estado referidos a la protección de la libertad de expresión y de la libertad de información y comunicación, “además que hay tratados internacionales que protegen a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, así como la relatoría especial para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas”.
“Entonces no solamente se estaría vulnerado la Ley de Imprenta, sino la Constitución y los tratados internacionales respecto a la temática”, remarcó.
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) hizo este viernes un llamado urgente a periodistas, comunicadores, medios de información y ciudadanos, a preservar y defender por sobre todo interés sectorial los preceptos, derechos y libertades plenas que otorga la Constitución Política del Estado (CPE), y la Libertad de Expresión, como bases de construcción de democracia, en referencia al contenido del nuevo Código del Sistema Penal.
Se trata de los artículos 309, 310 y 311 sobre injuria, calumnia y difamación, respectivamente, que incluyen a los medios de comunicación en la redacción.
“Cuando hay alguien que se ve vulnerado en sus derechos a la dignidad por una publicación o investigación periodística, lo que hace es recurrir al Tribunal de Imprenta, pero eso ya no sería posible, sino que sería ya un tema penal que lo deba investigar un fiscal, esto vulnera la Ley de Imprenta y el derecho del periodista a investigar”, señaló la jurista, según reporta la agencia de noticias ANF.
ARTÍCULOS
El inciso II del artículo 309 del Código del Sistema Penal referido a Injuria señala que “La sanción será agravada a multa sancionadora de cien (100) a doscientos cincuenta (250) días, reparación económica y prohibición de concurrir a ciertos lugares o acercarse a la víctima, si la injuria se comete mediante un medio de comunicación o difusión masiva. Igual sanción corresponderá a la persona que reproduzca mediante medio de comunicación o difusión masiva la injuria inferida por otro”.
De forma similar se lee en el inciso II del artículo 310 referido a Calumnia: “La sanción será agravada a multa sancionadora de doscientos cincuenta y un (251) a cuatrocientos (400) días, reparación económica y prohibición de concurrir a ciertos lugares o acercarse a la víctima, si la calumnia se realiza en medio de comunicación o difusión masiva. Igual sanción corresponderá a quien publique o reproduzca en medio de comunicación o difusión masiva la calumnia inferida por otro”.
Y el inciso II del artículo 311 referido a Difamación: “La sanción será agravada a multa sancionadora de cien (100) a doscientos cincuenta (250) días, reparación económica y prohibición de concurrir a ciertos lugares o acercarse a la víctima, si la difamación se comete mediante un medio de comunicación o difusión masiva. Igual sanción corresponderá a la persona que reproduzca mediante medio de comunicación o difusión masiva la difamación inferida por otro.
Para Cortes, esa inclusión de los medios de comunicación y de las difusiones masivas en los artículos “echa por la borda a la Ley de Imprenta porque introduciendo que los medios de comunicación puedan tener responsabilidad penal ya no podrían tener el fuero del Tribunal de Imprenta, sino que estarían ya en el fuero penal y eso preocupa por el tema de la libertad de expresión”.
Además de terminar con la Ley de Imprenta, agregó la jurista, el Código del Sistema Penal va en contra de artículos de la Constitución Política del Estado referidos a la protección de la libertad de expresión y de la libertad de información y comunicación, “además que hay tratados internacionales que protegen a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, así como la relatoría especial para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas”.
“Entonces no solamente se estaría vulnerado la Ley de Imprenta, sino la Constitución y los tratados internacionales respecto a la temática”, remarcó.
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) hizo este viernes un llamado urgente a periodistas, comunicadores, medios de información y ciudadanos, a preservar y defender por sobre todo interés sectorial los preceptos, derechos y libertades plenas que otorga la Constitución Política del Estado (CPE), y la Libertad de Expresión, como bases de construcción de democracia, en referencia al contenido del nuevo Código del Sistema Penal.
Thursday, January 4, 2018
Magistrados asumen cargos en medio de debate de legitimidad
Los 52 magistrados al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional juraron a sus cargos ayer en la ciudad de Sucre, en el acto el nuevo magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Esteban Miranda Terán, admitió que uno de los desafíos de los nuevos tribunos es revertir la poca legitimidad con la que asumen sus funciones.
“Poca independencia, corrupción, falta de transparencia y retardación de justicia son el común denominador de los cuestionamientos de la población hacia el sistema de justicia (…). Nos toca revertir la poca legitimidad con la que hoy estamos asumiendo nuestras funciones, las elecciones judiciales se han desarrollado en medio de un contexto difícil”, admitió el nuevo miembro del TSJ.
A la vez, manifestó que uno de las tareas a cumplir es devolver la certeza a la población de que existe seguridad jurídica, que no esté sumida en hechos de corrupción y no dé lugar a interpretaciones que deslegitimen su accionar.
INDEPENDENCIA CUESTIONADA
A la vez, la autoridad electa señaló que trabajarán de manera coordinada con el Órgano Legislativo y Ejecutivo, pero que eso no quiera decir que exista dependencia de un órgano a otro, por lo que garantizó que el Órgano Judicial se desenvolverá en el marco de la independencia.
“La independencia no se pide, se ejerce, y ese ejercicio tenemos que hacerlo dentro de estas cuatro paredes, aquí no puede caber la influencia política, no puede caber la influencia de los grupos de poder económico ni la influencia afectiva”, resaltó Miranda.
No obstante, minutos después, el presidente Evo Morales reivindicó la legitimidad de las autoridades posesionadas y recordó que en el pasado los partidos políticos cuoteaban los cargos en las máximas instancias judiciales, incluso Estados Unidos ponía a sus candidatos.
“Con seguridad es una enorme responsabilidad. Más bien deben ser bien honrados, bien comprometidos, ustedes son producto del voto del pueblo boliviano, tienen mucha autoridad, mucha legitimidad para (impartir) justicia”, sostuvo Morales en el acto.
GESTIÓN DEFICIENTE
La gestión de los magistrados salientes estuvo marcada por denuncias de corrupción, pugnas internas, retardación de justicia incluso algunos llegaron al fanatismo de declararse admiradores del Presidente.
Sin embargo, el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia Jorge Von Borries, a nombre de las autoridades salientes, dijo que cumplieron con su trabajo y que sus sucesores tendrán mayores instrumentos legales para desarrollar una mejor gestión.
POSESIÓN
Fueron posesionados los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Agroambiental (TA) y el Consejo de la Magistratura (CM), quienes fueron electos en los comicios del 3 de diciembre pasado.
El acto se desarrolló en las instalaciones del TSJ, en la ciudad de Sucre, el presidente Evo Morales presidió el juramento de los 52 nuevos magistrados, la mayor parte de ellos hicieron la señal de la cruz a la hora de ser posesionados.
CON LOS DOS PUÑOS
Empero, el magistrado al Tribunal Agroambiental, Gregorio Aro Rasguido, levantó los dos puños, fue ovacionado por los sectores sociales afines al Gobierno que se hicieron presentes en el evento.
Aro fue viceministro de Autonomías Indígena Originario Campesinas (AIOC), pasó por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), ha sido asesor en la Asamblea Legislativa, desempeñó funciones en el Ministerio de Gobierno y fue asesor jurídico en la Alcaldía de Chayanta.
Este panorama se repitió afuera de las instalaciones del TSJ, los nuevos consejeros y magistrados recibieron felicitaciones de los simpatizantes, familiares y miembros de movimientos sociales. Se observó pancartas de apoyo, una de ellas decía “Dr. Marco Jaimes el poder vecinal de Oruro está contigo”. Incluso se les impuso guirnaldas a la mayor parte de los flamantes magistrados.
PROFUNDIZACIÓN DE LA CRISIS
En tanto, los asambleístas de oposición advierten que estas nuevas autoridades sólo profundizarán la crisis de la justicia en el país, aseguraron que estos actos evidencian que el país está en el camino de Venezuela, donde el Gobierno pretende manipular a las nuevas autoridades.
“La justicia está podrida y con la posesión de estas nuevas autoridades la situación se agravará, porque el grupo de poderosos del Gobierno no quiere soltar el poder y le conviene que la justicia continúe sumida en esa crisis”, argumentó el diputado Gonzalo Barrientos, de la opositora Unidad Demócrata (UD).
“Poca independencia, corrupción, falta de transparencia y retardación de justicia son el común denominador de los cuestionamientos de la población hacia el sistema de justicia (…). Nos toca revertir la poca legitimidad con la que hoy estamos asumiendo nuestras funciones, las elecciones judiciales se han desarrollado en medio de un contexto difícil”, admitió el nuevo miembro del TSJ.
A la vez, manifestó que uno de las tareas a cumplir es devolver la certeza a la población de que existe seguridad jurídica, que no esté sumida en hechos de corrupción y no dé lugar a interpretaciones que deslegitimen su accionar.
INDEPENDENCIA CUESTIONADA
A la vez, la autoridad electa señaló que trabajarán de manera coordinada con el Órgano Legislativo y Ejecutivo, pero que eso no quiera decir que exista dependencia de un órgano a otro, por lo que garantizó que el Órgano Judicial se desenvolverá en el marco de la independencia.
“La independencia no se pide, se ejerce, y ese ejercicio tenemos que hacerlo dentro de estas cuatro paredes, aquí no puede caber la influencia política, no puede caber la influencia de los grupos de poder económico ni la influencia afectiva”, resaltó Miranda.
No obstante, minutos después, el presidente Evo Morales reivindicó la legitimidad de las autoridades posesionadas y recordó que en el pasado los partidos políticos cuoteaban los cargos en las máximas instancias judiciales, incluso Estados Unidos ponía a sus candidatos.
“Con seguridad es una enorme responsabilidad. Más bien deben ser bien honrados, bien comprometidos, ustedes son producto del voto del pueblo boliviano, tienen mucha autoridad, mucha legitimidad para (impartir) justicia”, sostuvo Morales en el acto.
GESTIÓN DEFICIENTE
La gestión de los magistrados salientes estuvo marcada por denuncias de corrupción, pugnas internas, retardación de justicia incluso algunos llegaron al fanatismo de declararse admiradores del Presidente.
Sin embargo, el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia Jorge Von Borries, a nombre de las autoridades salientes, dijo que cumplieron con su trabajo y que sus sucesores tendrán mayores instrumentos legales para desarrollar una mejor gestión.
POSESIÓN
Fueron posesionados los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Agroambiental (TA) y el Consejo de la Magistratura (CM), quienes fueron electos en los comicios del 3 de diciembre pasado.
El acto se desarrolló en las instalaciones del TSJ, en la ciudad de Sucre, el presidente Evo Morales presidió el juramento de los 52 nuevos magistrados, la mayor parte de ellos hicieron la señal de la cruz a la hora de ser posesionados.
CON LOS DOS PUÑOS
Empero, el magistrado al Tribunal Agroambiental, Gregorio Aro Rasguido, levantó los dos puños, fue ovacionado por los sectores sociales afines al Gobierno que se hicieron presentes en el evento.
Aro fue viceministro de Autonomías Indígena Originario Campesinas (AIOC), pasó por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), ha sido asesor en la Asamblea Legislativa, desempeñó funciones en el Ministerio de Gobierno y fue asesor jurídico en la Alcaldía de Chayanta.
Este panorama se repitió afuera de las instalaciones del TSJ, los nuevos consejeros y magistrados recibieron felicitaciones de los simpatizantes, familiares y miembros de movimientos sociales. Se observó pancartas de apoyo, una de ellas decía “Dr. Marco Jaimes el poder vecinal de Oruro está contigo”. Incluso se les impuso guirnaldas a la mayor parte de los flamantes magistrados.
PROFUNDIZACIÓN DE LA CRISIS
En tanto, los asambleístas de oposición advierten que estas nuevas autoridades sólo profundizarán la crisis de la justicia en el país, aseguraron que estos actos evidencian que el país está en el camino de Venezuela, donde el Gobierno pretende manipular a las nuevas autoridades.
“La justicia está podrida y con la posesión de estas nuevas autoridades la situación se agravará, porque el grupo de poderosos del Gobierno no quiere soltar el poder y le conviene que la justicia continúe sumida en esa crisis”, argumentó el diputado Gonzalo Barrientos, de la opositora Unidad Demócrata (UD).
Evo pide a nuevas autoridades dignificar el Órgano Judicial
En la inauguración del año judicial y posesión de los 26 nuevos magistrados titulares y sus suplentes del Órgano Judicial, el presidente Evo Morales les recordó que tienen una enorme responsabilidad y les pidió ser honrados y comprometidos porque son producto del voto del pueblo boliviano.
“Tienen mucha autoridad, mucha legitimidad para la injusticia del pueblo boliviano. Las elecciones siempre tienen un costo, rivalidades, una competencia; pero el pueblo boliviano, reconociendo el compromiso, el esfuerzo y su conocimiento, les ha confiado para que sean miembros del Órgano Judicial”, señaló en el acto que se realizó en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la ciudad de Sucre.
También les pidió sentirse orgullosas y orgullosos porque con el mandato del pueblo harán justicia, puesto que Bolivia es el único país en el mundo donde se elige a las autoridades del Órgano Judicial.
El Jefe de Estado recordó, mediante publicaciones de algunos periódicos que leyó, y también en su cuenta de Twitter @evoespueblo, cómo eran electas las autoridades judiciales durante los gobiernos neoliberales.
“Como hoy, 1988, en un acto de completo descaro, funcionarios del neoliberalismo admiten públicamente que la justicia está al servicio de los que tienen más dinero. El MNR, el MIR y la ADN elegían de manera directa a magistrados y nos decían que la justicia es para las minorías”, publicó.
“Antes, magistrados se elegían por cuoteo de partidos con 105 votos del Congreso y bajo intromisión de embajada EEUU que imponía y vetaba jueces y fiscales. Hoy, el pueblo elige magistrados. Se deben al pueblo y a la ley para administrar la justicia transparente, gratuita y justa”, detalla la segunda publicación.
“A los nuevos magistrados les pido trabajar con responsabilidad y compromiso porque son producto del voto del pueblo boliviano. Tienen autoridad, legalidad y legitimidad para mejorar y revolucionar la justicia. No vienen del cuoteo partidario. Son resultado del voto del soberano”, reflejó en su tercer mensaje en la red social.
Votación
Morales detalló además que la votación alcanzada por los magistrados, entre el 30% y el 35%, les brinda la legalidad y legitimidad para encarar los desafíos de la justicia en los próximos seis años.
En 1985, Víctor Paz Estenssoro ganó las elecciones generales con el 30% (456.704 votos), en 1989 Jaime Paz Zamora con el 21% (309 mil votos), en 1993 Gonzalo Sánchez de Lozada obtuvo el 35% (585 mil votos), Hugo Banzer Suárez, en 1997, con el 22,26% (434 mil votos), nuevamente en 2002 Gonzalo Sánchez de Lozada con el 22% (624 mil votos).
“Así podemos recordar la historia (...) ¿y por qué algunos hermanos tienen que cuestionar sólo con 35%, cuando ellos gobernaron con el 20%, un poco más del 30%. Son los resultados (los actuales) de la conciencia del pueblo boliviano”, aseguró.
Reiteró que algunos opositores no tienen la autoridad moral para cuestionar las elecciones y el apoyo de la ciudadanía porque los nuevos magistrados superan en porcentaje y en votos a anteriores gobernantes.
“Por eso quiero decirles mucha fuerza, mucho ajayu para prestar un servicio en la justicia a todo el pueblo boliviano, mucho compromiso, es un mandato del pueblo boliviano”.
Señaló que los bolivianos les dieron su confianza en procura de una justicia transparente, rápida, gratuita, y sobre todo justa para el bien general.
“Un pedido a nombre del Estado Plurinacional, pero también a título personal (...) también dignificar Bolivia, es todo un proceso (...) y segundo pedido: propongan normas y leyes en base a la Constitución para mejorar nuestra justicia”.
Reversión de la ilegitimidad
El magistrado Esteban Miranda, a nombre de sus colegas, señaló que por encargo de la sociedad la premisa será la reversión de la poca legitimidad con la que están asumiendo las funciones y que así lo demostrarán durante los seis años de gestión.
“Tenemos la plena representación de la sociedad y la ilegitimidad debemos revertirla con los actos que nos toda desempeñar”, aseguró.
Valoró además el apoyo que recibió junto con sus colegas a pesar de las dificultades del proceso electoral, como la poca difusión del sistema de votación, el poco conocimiento de la población sobre el perfil profesional de los candidatos y la campaña por el voto nulo y en blanco para dañar una elección que apostaba por una mejor justicia boliviana.
“La poca independencia, corrupción, falta de transparencia y retardación de justicia fueron el común denominador de la sociedad antes de las elecciones y para ello debemos cambiar la actitud y trabajar de manera organizada y coordinada”.
Reiteró que el acceso a la justicia debe abarcar a todos los bolivianos porque no es sólo un “privilegio” de los jueces, fiscales, abogados, policías. “Es un compromiso de todos para el bien individual y colectivo”.
Wednesday, January 3, 2018
Williams Bascopé: Posesión de Morales a tribunos no es señal de cambios en justicia
El presidente Evo Morales, líder del Órgano Ejecutivo, posesiona hoy a los magistrados del Órgano Judicial en la ciudad de Sucre e inaugurará el año judicial, aspecto que demuestra que no existe la menor intención de impulsar cambios en la justicia y que esta seguirá sometida al Gobierno central, según el análisis del abogado constitucionalista Williams Bascopé.
El jurista ve un “acto innecesario” con la posesión y el acto donde como personaje central estará el mandatario boliviano.
“El acto innecesario que yo veo personalmente es que el Jefe de Estado del Órgano Ejecutivo tenga que estar posesionando a un Órgano institucional que se encarga de controlar más bien el actuar del Estado como es el Tribunal Constitucional. Ya es por demás el acto de que un Presidente esté tomando juramento a los magistrados. Ése es un síntoma que no está previsto en ninguna ley, pero esto es más que todo un acto de lealtad que van a jurar mañana (hoy) al presidente Evo Morales”, sostuvo Bascopé.
En ese marco, el jurista afirmó también que los cambios en el sistema judicial no dependen directamente de los nuevos magistrados sino del Gobierno central y su “voluntad política” que debe comprometer, por ejemplo, un presupuesto adecuado a todo el sistema judicial.
“La justicia tiene que cambiar a partir de la voluntad política del Gobierno que tiene dos tercios y eso lo pueden hacer previendo un nuevo presupuesto que vaya a cubrir todas las falencias que tiene la justicia desde infraestructura, logística, capacitación, mejora salarial, condiciones laborales para los jueces, fiscales e investigadores. Es decir, que es una reestructuración con bastantes recursos”, manifestó Bascopé.
En ese sentido, si las nuevas autoridades comienzan su gestión con las mismas competencias, la misma infraestructura y las mismas falencias presupuestarias, “es muy difícil que los magistrados nuevos vayan a modificar la administración de justicia” en el país.
PERSONAL EXCESIVO
En ese marco, el magistrado electo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, informó que una de sus principales tareas dentro esa instancia judicial será una reestructuración porque hay personal administrativo excesivo en esta instancia del Órgano Judicial.
“Me parece que es excesivo el personal administrativo, consiguientemente corresponde una reestructuración, (pero) no digo que deba despedirse gente, lo que decimos es que deben permanecer las personas que cumplen una función significativa”, afirmó.
Sin embargo, aunque no quiso hablar directamente del despido de personal, más adelante también señaló que “los recursos correspondientes de esa reestructuración deben ser reasignados”.
El jurista ve un “acto innecesario” con la posesión y el acto donde como personaje central estará el mandatario boliviano.
“El acto innecesario que yo veo personalmente es que el Jefe de Estado del Órgano Ejecutivo tenga que estar posesionando a un Órgano institucional que se encarga de controlar más bien el actuar del Estado como es el Tribunal Constitucional. Ya es por demás el acto de que un Presidente esté tomando juramento a los magistrados. Ése es un síntoma que no está previsto en ninguna ley, pero esto es más que todo un acto de lealtad que van a jurar mañana (hoy) al presidente Evo Morales”, sostuvo Bascopé.
En ese marco, el jurista afirmó también que los cambios en el sistema judicial no dependen directamente de los nuevos magistrados sino del Gobierno central y su “voluntad política” que debe comprometer, por ejemplo, un presupuesto adecuado a todo el sistema judicial.
“La justicia tiene que cambiar a partir de la voluntad política del Gobierno que tiene dos tercios y eso lo pueden hacer previendo un nuevo presupuesto que vaya a cubrir todas las falencias que tiene la justicia desde infraestructura, logística, capacitación, mejora salarial, condiciones laborales para los jueces, fiscales e investigadores. Es decir, que es una reestructuración con bastantes recursos”, manifestó Bascopé.
En ese sentido, si las nuevas autoridades comienzan su gestión con las mismas competencias, la misma infraestructura y las mismas falencias presupuestarias, “es muy difícil que los magistrados nuevos vayan a modificar la administración de justicia” en el país.
PERSONAL EXCESIVO
En ese marco, el magistrado electo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, informó que una de sus principales tareas dentro esa instancia judicial será una reestructuración porque hay personal administrativo excesivo en esta instancia del Órgano Judicial.
“Me parece que es excesivo el personal administrativo, consiguientemente corresponde una reestructuración, (pero) no digo que deba despedirse gente, lo que decimos es que deben permanecer las personas que cumplen una función significativa”, afirmó.
Sin embargo, aunque no quiso hablar directamente del despido de personal, más adelante también señaló que “los recursos correspondientes de esa reestructuración deben ser reasignados”.
Oposición: Crisis en justicia se agudizará
“No creo que haya trasformación, reestructuración, independencia, desburocratización del Sistema Judicial, más bien habrá una profundización del nivel de dependencia de los fallos del Gobierno, porque van a tener que obedecer a quienes le ayudaron a llegar a la papeleta”, señaló el diputado opositor Wilson Santamaría.
El legislador añadió que la independencia de la Justicia, una vez más, se pone en duda porque el Movimiento al Socialismo presidió la preselección de los magistrados electos.
Además de que las nuevas autoridades de justicia fueron electas el pasado 3 de diciembre, la mayoría de estos obtuvo una votación por debajo del 40 por ciento, lo cual no les da legitimidad ante la ciudadanía. El voto nulo y blanco alcanzó más del 60 por ciento a nivel nacional
Entretanto, el diputado Franklin Flores, del MAS, justificó la baja votación que obtuvieron los magistrados, arguyendo que los gobiernos neoliberales no conseguían el 50 por ciento en las elecciones generales, pero de igual forma asumían sus cargos.
NUEVOS TRIBUNOS
El pasado 20 de diciembre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregó las credenciales de habilitación a las nuevas autoridades en medio de la ovación de sectores sociales afines al oficialismo.
De ellos,52 tribunos estarán a cargo de la administración de la justicia, 18 en el Tribunal Supremo de Justicia y la misma cantidad en el Tribunal Constitucional Plurinacional; 10 en el Tribunal Agroambiental y 6 en el Consejo de la Magistratura.
La posesión de estas nuevas autoridades está prevista para hoy miércoles, a cargo del presidente Evo Morales, en la ciudad de Sucre.
OBSERVADOS
Entre los electos se encuentran autoridades que fueron parte del Órgano Judicial, tal es el caso de Pastor Mamani, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, quien se declaró admirador número uno del presidente Evo Morales; Gonzalo Hurtado Zamorano exvocal del TSJ, quien firmó la sentencia en el caso de los misiles chinos.
El 6 de septiembre de 2017, el presidente Morales solicitó al Ministerio de Defensa y a otras instituciones que inicien un juicio en contra de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, porque emitieron “una pena mínima” (entre dos y tres años de prisión) en contra de los miembros de las Fuerzas Armadas acusados que devolvieron material bélico a Estados Unidos.
Posteriormente, el Gobierno presentó ante la Asamblea Legislativa la proposición acusatoria contra seis magistrados: Antonio Guido Campero Segovia, Jorge Isaac Von Borries Méndez, Rómulo Calle Mamani, Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, Rita Susana Nava Durán y Fidel Marcos Tordoya. Al momento, el proceso está radicado en la comisión del Ministerio Público de Diputados.
Por otra parte, Pastor Mamani fue también denunciado ante la Asamblea Legislativa, según la diputada Norma Piérola, del PDC. Existen cinco acusaciones en su contra, lo que no fue impedimento para el proceso de preselección y selección de su candidatura a magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Mamani está acusado por irregularidades en el proceso de debilitamiento de la Mutualidad Judicial, además de otras denuncias de particulares por los delitos de peculado, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, prevaricato y otros.
TAREAS
José Antonio Revilla, magistrado electo del Tribunal Supremo de Justicia, advirtió que hay excesivo personal administrativo en esa instancia, anticipó una reestructuración y la reasignación de los recursos que deben ser usados en el incremento de salarios de los trabajadores.
Ante esta situación, Santamaría indicó que es necesario realizar una evaluación de las designaciones de jueces en las diferentes circunscripciones, tomando en cuenta que existen más jueces donde no hay excesiva carga procesal.
Por último, el diputado oficialista espera que los magistrados puedan ejecutar los proyectos que propusieron en la campaña y difusión de méritos, aseguró que fiscalizarán el trabajo de las nuevas autoridades.
PARA TOMAR NOTA
Ninguno de los nuevos tribunos electos el 3 de diciembre obtuvo más del 40% de apoyo de la población en las urnas.
Los votos nulo y blanco se impusieron con más del 60 % en todo el país.
Las elecciones judiciales constituyeron uno de los procesos electorales más observados por la sociedad boliviana, porque el MAS, con sus dos tercios de votos en la Asamblea Legislativa, impuso a sus postulantes, ahora, magistrados.
Por lo menos dos nuevas autoridades del Órgano Judicial tienen procesos pendientes, por denuncias en su contra: Gonzalo Hurtado Zamorano, exvocal del TSJ que firmó la sentencia en el caso de los misiles chinos.
Pastor Mamani, como tribuno del TSJ, se declaró admirador de Evo Morales, tiene 5 denuncias en su contra en el proceso de debilitamiento de la Mutualidad Judicial, además de los delitos de peculado, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, prevaricato y otros.
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