Más de 350 jueces de Instrucción y de Partido, amplían sus funciones como juzgadores públicos, dentro de lo que significa la ejecución del Nuevo Código Procesal Civil en el territorio nacional.
Cristina Mamani, vicepresidente del Consejo de la Magistratura, indicó que las nuevas funciones de los administradores de justicia comenzarán a ejecutarse desde el próximo 7 de agosto.
Conciliadores están listos. Asimismo, Mamani remarcó que ya están listos los 157 conciliadores en el nuevo sistema procesal civil. Mismos que fueron capacitados en Sucre para la conciliación y mediación.
Según Carlos Alberto Calderón, delegado distrital cruceño del Consejo de la Magistratura, de los 157 conciliadores, 41 son destinados al distrito de Santa Cruz tanto en capital como en provincias.
Resaltó seminario. Por otro lado, la magistrada Cristina Mamani, resaltó la importancia del seminario internacional de Conciliación y Mediación que se está realizando en el salón de Convenciones de la Universidad Privada de Santa Cruz (UPSA).
Evento que contó con la participación de representantes de ocho países latinoamericanos y las principales autoridades judiciales y académicas./MCM
Friday, July 31, 2015
Thursday, July 30, 2015
Magistratura Arranca el seminario de Conciliación
Como preámbulo de la puesta en vigencia del Código Procesal Civil en el país, hoy arranca el seminario internacional de Conciliación y Mediación.
El evento se realizará en los ambientes del salón de Convenciones de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA).
El delegado distrital del Consejo de la Magistratura de la capital cruceña, Carlos Alberto Calderón, dijo que la intención es recoger experiencias de otros países para mejor aplicación en Bolivia. Esto teniendo en cuenta, de que la conciliación será el instrumento vital en los procesos civiles que serán puestos en vigencia desde el jueves 6 de agosto.
Beneficio de los pobres. Los representantes del Consejo de la Magistratura del Paraguay, Osvaldo Gonzales y Juan Ramón Bueno, coincidieron que los procesos de conciliación buscan favorecer a los sectores más empobrecidos.
El evento se realizará en los ambientes del salón de Convenciones de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA).
El delegado distrital del Consejo de la Magistratura de la capital cruceña, Carlos Alberto Calderón, dijo que la intención es recoger experiencias de otros países para mejor aplicación en Bolivia. Esto teniendo en cuenta, de que la conciliación será el instrumento vital en los procesos civiles que serán puestos en vigencia desde el jueves 6 de agosto.
Beneficio de los pobres. Los representantes del Consejo de la Magistratura del Paraguay, Osvaldo Gonzales y Juan Ramón Bueno, coincidieron que los procesos de conciliación buscan favorecer a los sectores más empobrecidos.
Belaunde responderá consultas de Fiscalía
El empresario peruano Martín Belaunde Lossio responderás las 35 preguntas elaboradas por la Fiscalía Departamental de la Paz por el caso de evasión, informó el Miltón Andrade, abogado de la defensa.
Martín Belaunde Lossio, quien ingresó al país en diciembre de 2014 e intentó fugar en mayo de 2015, solicitó refugio a Bolivia, pedio negado por la Comisión Nacional del Refugiado porque era buscado en su país por delitos de orden público y político, según se estableció.
Belaunde Lossio, debido a la negativa, intentó fugar e involucró a al menos 17 personas, entre familiares, civiles y policías quienes fueron sometidos a proceso, ocho ya tienen sentencia. Empero, la defensa de Yuliano Arista, Jorge Valda y otros cuatro efectivos policiales que aún tiene detención preventiva, solicitaron al Ministerio Público insistir con la declaración del principal sospechoso que se halla recluido en el penal de máxima seguridad de Piedras Blancas, en el Callao, Lima-Perú.
El abogado Andrade explicó que la declaración de Belaunde será vital para sus defendidos quienes –según él-- no participaron en la fuga del empresario peruano que fue recapturado por la Policía en el sector de Magdalena, Beni, y después expulsado por delito de cohecho.
El jurista señaló que “las 35 preguntas develarán de cómo sucedió la fuga y quiénes participaron en el mismo, hay varios que se han acogido al proceso abreviado porque fueron presionados, pero hay otros que continúan detenidos a la espera de que salga a la luz la verdad”.
En tanto, en la Fiscalía se conoció que se elabora un presupuesto y se define los nombres de la comisión de fiscales que se ausentarán al Perú para la toma de las declaración, previo visto bueno de la Cancillería del Estado.
Martín Belaunde Lossio, quien ingresó al país en diciembre de 2014 e intentó fugar en mayo de 2015, solicitó refugio a Bolivia, pedio negado por la Comisión Nacional del Refugiado porque era buscado en su país por delitos de orden público y político, según se estableció.
Belaunde Lossio, debido a la negativa, intentó fugar e involucró a al menos 17 personas, entre familiares, civiles y policías quienes fueron sometidos a proceso, ocho ya tienen sentencia. Empero, la defensa de Yuliano Arista, Jorge Valda y otros cuatro efectivos policiales que aún tiene detención preventiva, solicitaron al Ministerio Público insistir con la declaración del principal sospechoso que se halla recluido en el penal de máxima seguridad de Piedras Blancas, en el Callao, Lima-Perú.
El abogado Andrade explicó que la declaración de Belaunde será vital para sus defendidos quienes –según él-- no participaron en la fuga del empresario peruano que fue recapturado por la Policía en el sector de Magdalena, Beni, y después expulsado por delito de cohecho.
El jurista señaló que “las 35 preguntas develarán de cómo sucedió la fuga y quiénes participaron en el mismo, hay varios que se han acogido al proceso abreviado porque fueron presionados, pero hay otros que continúan detenidos a la espera de que salga a la luz la verdad”.
En tanto, en la Fiscalía se conoció que se elabora un presupuesto y se define los nombres de la comisión de fiscales que se ausentarán al Perú para la toma de las declaración, previo visto bueno de la Cancillería del Estado.
Wednesday, July 29, 2015
Los juzgados de Conciliación comienzan a operar desde el 6
Los juzgados de Conciliación empezarán a prestar servicio a partir del 6 de agosto en capitales y provincias de todo el país. La medida pretende resolver el 20% de la carga procesal a través de la conciliación inmediata y evitar el litigio en procesos de materia civil entre particulares. Quedan excluidos los casos de violencia contra la mujer y los que atenten contra el patrimonio del Estado.
Más de 45 mil procesos. En el país existen 45.220 procesos, de los cuales el 57% son casos pendientes, según el director de Políticas de Gestión del Consejo de la Magistratura, Álvaro Cuéllar al diario Los Tiempos. En el departamento de La Paz el número de casos sin resolver asciende al 80%, explicó Mónica Limachi, encargada distrital del Consejo de la Magistratura.
Resolver carga procesal. La implementación de los nuevos juzgados de conciliación forma parte del nuevo Código de Procedimiento Civil (CPC), que también entrará en vigor el 6 de agosto, y estará orientado a resolver la carga procesal y retardación de justicia, según el presidente de la Comisión de Justicia Plural del Senado, Efraín Chambi. Actualmente ya se habrían seleccionado los primeros 157 servidores de apoyo judicial para 358 juzgados en los distintos departamentos./ANF
Más de 45 mil procesos. En el país existen 45.220 procesos, de los cuales el 57% son casos pendientes, según el director de Políticas de Gestión del Consejo de la Magistratura, Álvaro Cuéllar al diario Los Tiempos. En el departamento de La Paz el número de casos sin resolver asciende al 80%, explicó Mónica Limachi, encargada distrital del Consejo de la Magistratura.
Resolver carga procesal. La implementación de los nuevos juzgados de conciliación forma parte del nuevo Código de Procedimiento Civil (CPC), que también entrará en vigor el 6 de agosto, y estará orientado a resolver la carga procesal y retardación de justicia, según el presidente de la Comisión de Justicia Plural del Senado, Efraín Chambi. Actualmente ya se habrían seleccionado los primeros 157 servidores de apoyo judicial para 358 juzgados en los distintos departamentos./ANF
Tuesday, July 28, 2015
Magistratura habilita oficinas móviles para recibir denuncias de discriminación y racismo
El Consejo de la Magistratura, en coordinación con el Viceministerio de Descolonización, habilitó el martes "oficinas móviles" en sus representaciones distritales, para recibir denuncias de racismo y discriminación.
El viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, dijo: "En la política nacional de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación estamos instalando oficinas móviles, en varios departamentos, a excepción de Santa Cruz, donde existe falta de voluntad".
Precisó que las oficinas móviles funcionan ya en La Paz, Oruro, Tarija y Sucre.
Explicó que dichas oficinas prestarán servicio a la población dos días con dos abogados en las reparticiones del Consejo de la Magistratura y luego lo harán en instituciones como el Ministerio de Educación y cajas de Seguro Social, donde existen denuncias de racismo y discriminación.
Cárdenas indicó que en cuatro años desde la implementación de la Ley 045 de Lucha contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación se reportaron 850 denuncias, que se resolvieron mediante la conciliación y dos casos con exoneración de cargos de servidores del Ministerio de Defensa.
Recordó que el 8 de octubre se cumple el plazo para que todos los ministerios cuenten con una Unidad de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación.
A la fecha, dijo que solamente los ministerios de Salud y Trabajo acataron la norma de instituir esas unidades.
"Con las oficinas móviles queremos que la ciudadanía se sienta protegida, atendida, porque mucha gente desconoce dónde hacer su denuncia o no sabe del Comité Nacional Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación", apuntó.
Magistrado: Jueces no deben “tiquear” porque trabajan más de 8 horas
El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Marcos Tordoya considera que una de las reivindicaciones de los jueces es eliminar el tiqueo de sus jornadas laborales, pero además volver a las aulas universitarias para dar clases y compartir su experiencia.
Tordoya hizo esas declaraciones ayer en Cochabamba en el marco de la celebración del Día del Juez que organizó el Tribunal Departamental de Justicia. Dijo que el trabajo de los jueces no tiene horario porque desempeñan su labor entre 12 a 15 horas, todo por evitar la mora judicial.
“El juez y los vocales son las autoridades que tienen que correr desde las 05:00, estar pensando en un expediente, cómo resolverán una excepción (…) y en ese momento de reflexión tiene que interrumpir para correr inmediatamente al tiqueo para que no le descuenten, a mediodía el juez es la persona que tiene que estar preocupado en el tiqueo cuando está celebrando una audiencia y ni que decir en la noche”, dijo.
Tordoya indicó también que en el marco de exigir las reivindicaciones se debe incluir el respeto a la institucionalización de los cargos de los operadores de justicia como indica la Ley del Órgano Judicial.
Pidió que los jueces puedan ser docentes universitarios considerando que tienen conocimiento en práctica forense en la materia judicial.
“Ahora señores jueces, ustedes fueron privados, no ustedes sino la universidad fue privada de que ustedes puedan compartir la experiencia vivida del día a día que tienen los juzgados. Los alumnos de la carrera de Derecho se privaron de los conocimientos que tienen ustedes (…). Ayúdenme a decir que se cambie ese artículo en el Órgano Judicial y que el juez nuevamente pueda dictar clases así evitaríamos muchos problemas en las universidades”, dijo.
Tordoya hizo esas declaraciones ayer en Cochabamba en el marco de la celebración del Día del Juez que organizó el Tribunal Departamental de Justicia. Dijo que el trabajo de los jueces no tiene horario porque desempeñan su labor entre 12 a 15 horas, todo por evitar la mora judicial.
“El juez y los vocales son las autoridades que tienen que correr desde las 05:00, estar pensando en un expediente, cómo resolverán una excepción (…) y en ese momento de reflexión tiene que interrumpir para correr inmediatamente al tiqueo para que no le descuenten, a mediodía el juez es la persona que tiene que estar preocupado en el tiqueo cuando está celebrando una audiencia y ni que decir en la noche”, dijo.
Tordoya indicó también que en el marco de exigir las reivindicaciones se debe incluir el respeto a la institucionalización de los cargos de los operadores de justicia como indica la Ley del Órgano Judicial.
Pidió que los jueces puedan ser docentes universitarios considerando que tienen conocimiento en práctica forense en la materia judicial.
“Ahora señores jueces, ustedes fueron privados, no ustedes sino la universidad fue privada de que ustedes puedan compartir la experiencia vivida del día a día que tienen los juzgados. Los alumnos de la carrera de Derecho se privaron de los conocimientos que tienen ustedes (…). Ayúdenme a decir que se cambie ese artículo en el Órgano Judicial y que el juez nuevamente pueda dictar clases así evitaríamos muchos problemas en las universidades”, dijo.
Como lo profesó Pantaleón Dalence Presidente del TDJ insta a jueces a seguir el camino de la honradez
Los jueces deben seguir el camino de la honradez, fue una de las principales reflexiones que hizo ayer el presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Bernardo Bernal Callapa, durante su discurso en conmemoración al bicentenario del nacimiento del jurisconsulto orureño Pantaleón Dalence y la celebración del Día del Juez Boliviano.
La ceremonia caracterizada por su sencillez se realizó ayer en el Salón Rojo del Tribunal Departamental de Justicia en horas de la mañana, donde participaron las principales autoridades departamentales, del Órgano Judicial, invitados especiales, jueces y personal de esa entidad.
REFLEXIONES
La reflexión a los jueces por el presidente Bernal evocando el ejemplo que dejó Pantaleón Dalence, fue escuchada atentamente por los asistentes. Por ello, instó a seguir por el camino de la honradez.
"Los jueces deben ser honestos y ese patrón no ha cambiado", dijo Bernal al momento de establecer que el administrador de justicia debe tener una conducta intachable, ser probo, imparcial y ejemplo de la sociedad.
Esas reflexiones las hizo a consecuencia de las observaciones diarias de la comunidad sobre la forma en que actúan los jueces para administrar la justicia en el país.
"La justicia está siendo literalmente afectada por diferentes comentarios que nacen y surgen de este conglomerado social, pero debemos reflexionar que la administración de la tarea de justicia no es tan exclusivo del Poder Judicial", afirmó al indicar que todos tienen su parte y su responsabilidad, la Policía, el Ejército, la Procuraduría, el Colegio de Abogados, entre otras entidades y por supuesto el Órgano Judicial.
Indicó que recordar el bicentenario del nacimiento de Pantaleón Dalence es motivo de reflexión, "toda la sociedad está en esto de administrar la justicia, porque en la administración de justicia tenemos dos situaciones, uno preventivo y el otro puede ser sancionatorio".
En lo preventivo dijo que todos están inmersos; desde la escuela, los colegios, la universidad, los medios de comunicación y toda la sociedad en su conjunto. "De modo que no se le puede echar toda la carga al Órgano Judicial en el entendido que son todos los responsables de que todo está fallando, eso no es así. Toda empresa da productos y los productos se venden, naturalmente que no salen perfectos, pero salen. En el Órgano Judicial lo que da es el racionamiento, la argumentación", manifestó.
Añadió que es la posición de dos partes, una pretensión y la otra la contestación, alguien tiene la razón, no los dos.
"Por eso se dice que la administración de justicia está mal, porque no se le da la razón a todos. No se le da la razón a ambas partes, el perdedor siempre va a decir que la justicia anda mal y el ganador casi no dice nada, él está contento", indicó.
En la ceremonia se recordaron también pensamientos de Dalence que dijo: "El juez instruido sin moralidad es más peligroso que el juez ignorante y honrado", además durante el acto se reconoció a varios jueces destacados.
La ceremonia caracterizada por su sencillez se realizó ayer en el Salón Rojo del Tribunal Departamental de Justicia en horas de la mañana, donde participaron las principales autoridades departamentales, del Órgano Judicial, invitados especiales, jueces y personal de esa entidad.
REFLEXIONES
La reflexión a los jueces por el presidente Bernal evocando el ejemplo que dejó Pantaleón Dalence, fue escuchada atentamente por los asistentes. Por ello, instó a seguir por el camino de la honradez.
"Los jueces deben ser honestos y ese patrón no ha cambiado", dijo Bernal al momento de establecer que el administrador de justicia debe tener una conducta intachable, ser probo, imparcial y ejemplo de la sociedad.
Esas reflexiones las hizo a consecuencia de las observaciones diarias de la comunidad sobre la forma en que actúan los jueces para administrar la justicia en el país.
"La justicia está siendo literalmente afectada por diferentes comentarios que nacen y surgen de este conglomerado social, pero debemos reflexionar que la administración de la tarea de justicia no es tan exclusivo del Poder Judicial", afirmó al indicar que todos tienen su parte y su responsabilidad, la Policía, el Ejército, la Procuraduría, el Colegio de Abogados, entre otras entidades y por supuesto el Órgano Judicial.
Indicó que recordar el bicentenario del nacimiento de Pantaleón Dalence es motivo de reflexión, "toda la sociedad está en esto de administrar la justicia, porque en la administración de justicia tenemos dos situaciones, uno preventivo y el otro puede ser sancionatorio".
En lo preventivo dijo que todos están inmersos; desde la escuela, los colegios, la universidad, los medios de comunicación y toda la sociedad en su conjunto. "De modo que no se le puede echar toda la carga al Órgano Judicial en el entendido que son todos los responsables de que todo está fallando, eso no es así. Toda empresa da productos y los productos se venden, naturalmente que no salen perfectos, pero salen. En el Órgano Judicial lo que da es el racionamiento, la argumentación", manifestó.
Añadió que es la posición de dos partes, una pretensión y la otra la contestación, alguien tiene la razón, no los dos.
"Por eso se dice que la administración de justicia está mal, porque no se le da la razón a todos. No se le da la razón a ambas partes, el perdedor siempre va a decir que la justicia anda mal y el ganador casi no dice nada, él está contento", indicó.
En la ceremonia se recordaron también pensamientos de Dalence que dijo: "El juez instruido sin moralidad es más peligroso que el juez ignorante y honrado", además durante el acto se reconoció a varios jueces destacados.
El TSJ logró resolver 2.058 de 3.621 causas en el primer semestre
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Jorge von Borries, informó ayer, en una rendición pública de cuentas, que entre enero y junio de este año el movimiento procesal alcanzó a 2.058 causas resueltas de 3.621 ingresadas a las cuatro salas de este organismo judicial.
"De enero a junio, los mejores esfuerzos se volcaron no solamente al descongestionamiento del sistema penal y la efectivización de la Ley 586 de 2014, sino a la implementación y aplicación de la nueva normativa en materia civil Niña, Niño, Adolescente, Familia y Contencioso-Administrativo", señaló.
Von Borries destacó que la labor fundamental de los magistrados es resolver las causas con "celeridad y prontitud", por lo que ya no corresponde hablar de mora procesal en el TSJ.
Von Borries destacó también la importancia del Plan de Descongestionamiento del Sistema Penal que fue ejecutado entre mayo y junio de este año en las penitenciarías de Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y La Paz con 900 sentencias y resoluciones definitivas en favor de los privados de libertad.
Finalmente, ponderó los tres proyectos de ley propuestos a la Asamblea Legislativa Plurinacional: Ley de Modificación a la Estructura de los Tribunales de Sentencia en Materia Penal, la Ley de Incremento en el número de Vocales en los Tribunales Departamentales de Justicia y la Ley de Incremento a 18 magistrados del TSJ y su directa designación meritocrática.
"De enero a junio, los mejores esfuerzos se volcaron no solamente al descongestionamiento del sistema penal y la efectivización de la Ley 586 de 2014, sino a la implementación y aplicación de la nueva normativa en materia civil Niña, Niño, Adolescente, Familia y Contencioso-Administrativo", señaló.
Von Borries destacó que la labor fundamental de los magistrados es resolver las causas con "celeridad y prontitud", por lo que ya no corresponde hablar de mora procesal en el TSJ.
Von Borries destacó también la importancia del Plan de Descongestionamiento del Sistema Penal que fue ejecutado entre mayo y junio de este año en las penitenciarías de Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y La Paz con 900 sentencias y resoluciones definitivas en favor de los privados de libertad.
Finalmente, ponderó los tres proyectos de ley propuestos a la Asamblea Legislativa Plurinacional: Ley de Modificación a la Estructura de los Tribunales de Sentencia en Materia Penal, la Ley de Incremento en el número de Vocales en los Tribunales Departamentales de Justicia y la Ley de Incremento a 18 magistrados del TSJ y su directa designación meritocrática.
Jueces en Tarija celebraron el “Día del juez boliviano”
Brindar las condiciones y mecanismos que ayuden de verdad y con mayor celeridad a la transformación de estos niveles dedicados a la atención judicial y que tienen directa relación con la población y las necesidades de ésta para la sanción justa, la impartición de justicia y aplicación de penas que sirvan para la reinserción social y el cambio de conducta, es el objetivo de los jueces de Tarija, quienes ayer festejaron el “Día del juez boliviano”, en un acto especial realizado en el Tribunal Departamental de Justicia.
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Nilo Velasco, indicó cada 27 de julio se conmemora el día del Juez boliviano en homenaje al jurisconsulto Pantaleón Dalence.
“Lo recibimos el día del juez, valorando el sacrificio que realizan todos los jueces, quienes cumplen una noble función, sin embargo es de mucha responsabilidad, muchas veces somos criticados por retardación de justicia, por actos de corrupción, sin embargo esos problemas son estructurales, nosotros reprochamos todos estas cuestiones y ojala que el Estado pueda apoyar el órgano judicial, para que el juez cumpla eficientemente su función, pero se debe conocer que la excesiva carga procesal hace de que no podamos cumplir como quisiera la sociedad, sin embargo ponemos toda nuestra capacidad profesional para salir adelante”, dijo.
Asimismo, hizo conocer que la excesiva carga procesal, hace que sea necesaria la creación de más juzgados para poder mejorar la impartición de justicia en todos sus niveles e instancias.
“En Tarija tenemos alrededor de 70 juzgados, incluso hemos dado funcionalidad de acuerdo a las necesidades que tenemos, como el juzgado de la niñez y adolescencia, temeríamos el juzgado que era de administrativo, coactivo, fiscal y tributario, que no tenia carga procesal, lo hemos convertido en otro juzgado de la niñez y adolescencia, de la misma forma se ha procedido en otra materia, donde no había un juzgado de violencia contra la mujeres, por ello hemos convertido un juzgado de familia en juzgado especializado de violencia”, añadió.
Reconocimiento a funcionarios judiciales
Es importante reconocer la labor que realizan los jueces y otros funcionarios de los tribunales dentro de esas difíciles condiciones todavía en proceso lento de perfeccionamiento.
Al evaluar estas funciones, es obligación de las autoridades pertinentes y de los otros órganos que conforman el Estado brindar las condiciones y mecanismos que ayuden de verdad y con mayor celeridad a la transformación de estos niveles dedicados a la atención judicial y que tienen directa relación con la población y las necesidades de ésta para la sanción justa, la impartición de justicia y aplicación de penas que sirvan para la reinserción social y el cambio de conducta.
Antecedentes Históricos
Con la proclamación por parte del Poder Judicial como “Jefe de la Justicia Boliviana”, la fecha de nacimiento del jurisconsulto orureño Pantaleón Dalence fue instituida como Día del Juez boliviano mediante Decreto Supremo N° 2652, emitido el 26 de julio de 1951. El notable jurista había nacido el 27 de julio de 1815 y durante su carrera cumplió los mandatos de diputado, senador y Fiscal General de la República. De acuerdo a una reseña de salutación del Consejo de la Magistratura a los jueces y juezas, el jurisconsulto llegó por primera vez a la Corte Suprema en 1855 y retornó a ella en 1864.
Más adelante, en su carrera de abogado, Dalence fue elegido Presidente del Tribunal Supremo para los periodos de 1871 a 1873, 1877 y entre 1882 y 1889. Su muerte acaeció en 1892 y casi a partir de ello es considerado el “Padre de la Justicia Boliviana”. Entre otro de los homenajes que recibe la memoria de este personaje es su aparición en el billete de 20 bolivianos. Por otra parte, su trabajo es periódicamente recordado como ejemplo para el desempeño de las labores de jueces y magistrados.
Celebran Día del Juez
El Tribual Departamental de Justicia de La Paz, a la cabeza del su presidente, Juan Carlos Berrios, celebró el día del juez. En el acto, la autoridad departamental reiteró su pedido para que el Gobierno Central dÉ un presupuesto digno para esta instancia, que apenas asciende al 0,7 por ciento, con el cual, se debe atender más de 800 mil casos que se tiene solo en nuestro departamento.
Monday, July 27, 2015
La renovación de jueces y vocales se halla paralizada
El proceso de institucionalización inherente a la renovación de 3.255 operadores de justicia, entre jueces, vocales y personal de apoyo, junto a otros 1.300 funcionarios del área administrativa del Órgano Judicial del país se encuentra paralizada.
Según el Consejo de la Magistratura, la situación se encuentra sin poder arrancar desde el 5 de abril de 2014, fecha en que se emite la convocatoria pública 03/2014, dirigida a todos los abogados y actuales vocales, "interesados en desempeñar funciones de Vocal de los Tribunales Departamentales de Justicia".
Dicha convocatoria estaba destinada a la renovación de 96 vocales existentes en todo el país. "A partir de esa convocatoria solo hemos recibido amparos y recursos de parte de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), para que no se operativice dicho proceso", informó Wilma Mamani, Consejera del Consejo de la Magistratura.
Un proceso sin fin. Según Mamani, el amparo constitucional interpuesto por Amabol ante el Tribunal de Garantías (TG) de Cochabamba, en sentido de que la convocatoria 03/2014 era ilegal, vulneraba el derecho al trabajo, cuya instancia falló en mayo del mismo año, dicta una resolución favorable a los demandantes.
"Esa resolución de primera instancia del Tribunal de Garantías fue al Tribunal Constitucional (TC) en revisión y justamente después de más de un año revoca esa decisión y nos da la razón al Consejo de la Magistratura para proseguir con la convocatoria", explicó.
Cuando la máxima instancia se aprestaba a abrir las carpetas de los 800 postulantes el pasado lunes 20 de julio, Amabol presenta otro recurso de “acción de cumplimiento” en contra del Consejo de la Magistratura ante el Tribunal de Garantías en Cochabamba.
Este nuevamente emitió otra resolución el pasado lunes en favor de Amabol y dejó sin efecto el proceso de calificación de postulantes para los 96 vocales jurisdiccionales del país.
En la otra vereda. Ever Veizaga, representante de Amabol, en contacto con El Día, señaló que los dos recursos interpuestos ante el Tribunal de Garantías en ningún momento estuvieron orientados a obstaculizar el proceso de institucionalización de los funcionarios del sistema judicial.
Es más, mencionó que dicho proceso sufre un retraso considerable de más de tres años, dado que el Consejo de la Magistratura no habría llevado adelante desde el 2012 la acción de cumplimiento referente a la revisión del escalafón del personal jurisdiccional.
"Esto quiere decir al no haberse revisado el escalafón judicial hasta el día de hoy, no puede proseguir la convocatoria. En esta última audiencia (Cochabamba), quedó claro que no se hizo la 'evaluación' del desempeño”, explicó Veizaga.
Asimismo, Amabol remarca que dicha evaluación es la base para llevar adelante no solo la revisión del escalafón, sino para establecer, ya en la convocatoria, un proceso de calificación idóneo de los vocales y los futuros procesos.
Según el consejo
Cronología de situaciones para institucionalizar
Convocatoria. El Consejo de la Magistratura, el 5 de abril de 2014, emite la Convocatoria Pública 03/2014, dirigida a todos los abogados y actuales vocales, interesados en desempeñar funciones de Vocal de los Tribunales Departamentales de Justicia.
Primer amparo. El 14 de mayo de 2014, Ever Richard Veizaga Ayala, Vocal del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (TDJ CBBA) y Presidente del Directorio de Amabol, interpone Acción de Amparo Constitucional y solicita se deje sin efecto la Convocatoria 03/2014.
Resolución. El 30 de mayo de 2014, la Sala Familiar Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar y Pública – Tribunal de garantías de Cochabamba, resuelve conceder tutela y " dispone dejar sin efecto" la convocatoria Pública Nº 03/2014. Dicha resolución va al Tribunal Constitucional, a revisión.
Resolución TCP. El 22 de mayo de 2015, finalmente el TCP, resuelve revocar la Resolución de 30 de mayo de 2014 dejando constancia que todos los cargos de vocales y demás funcionarios del Órgano Judicial, tienen carácter transitorio.
Recurso. No satisfecho con ello Amabol interpone otro recurso de “acción de cumplimiento” ante el Tribunal de Disputa. Este falla a su favor del demandante y ahora se espera la revisión del escalafón por el Consejo de la Magistratura.
Punto de vista
Marcelo Arrázola
abogado
"El Consejo debe cumplir con una obligación prevista'
”Lo cierto es que se viene dando una serie de acciones aisladas que se dan dentro del proceso de la administración de justicia. En ese contexto, el Consejo de la Magistratura, sin dar cumplimiento a los procesos básicos, ha procedido a lanzar convocatorias sin el paso previo que es la revisión del escalafón.
Si bien es cierto se necesitan hacer reforma en el sistema nacional de justicia, dicho proceso tiene que ser dentro el marco de la Ley.
Ahora esos seis meses que pone como plazo la resolución del Tribunal de Garantías de Cochabamba, para la revisión del escalafón es posible de cumplirlos ya que es una obligación del Consejo prevista por las normas”.
Según el Consejo de la Magistratura, la situación se encuentra sin poder arrancar desde el 5 de abril de 2014, fecha en que se emite la convocatoria pública 03/2014, dirigida a todos los abogados y actuales vocales, "interesados en desempeñar funciones de Vocal de los Tribunales Departamentales de Justicia".
Dicha convocatoria estaba destinada a la renovación de 96 vocales existentes en todo el país. "A partir de esa convocatoria solo hemos recibido amparos y recursos de parte de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), para que no se operativice dicho proceso", informó Wilma Mamani, Consejera del Consejo de la Magistratura.
Un proceso sin fin. Según Mamani, el amparo constitucional interpuesto por Amabol ante el Tribunal de Garantías (TG) de Cochabamba, en sentido de que la convocatoria 03/2014 era ilegal, vulneraba el derecho al trabajo, cuya instancia falló en mayo del mismo año, dicta una resolución favorable a los demandantes.
"Esa resolución de primera instancia del Tribunal de Garantías fue al Tribunal Constitucional (TC) en revisión y justamente después de más de un año revoca esa decisión y nos da la razón al Consejo de la Magistratura para proseguir con la convocatoria", explicó.
Cuando la máxima instancia se aprestaba a abrir las carpetas de los 800 postulantes el pasado lunes 20 de julio, Amabol presenta otro recurso de “acción de cumplimiento” en contra del Consejo de la Magistratura ante el Tribunal de Garantías en Cochabamba.
Este nuevamente emitió otra resolución el pasado lunes en favor de Amabol y dejó sin efecto el proceso de calificación de postulantes para los 96 vocales jurisdiccionales del país.
En la otra vereda. Ever Veizaga, representante de Amabol, en contacto con El Día, señaló que los dos recursos interpuestos ante el Tribunal de Garantías en ningún momento estuvieron orientados a obstaculizar el proceso de institucionalización de los funcionarios del sistema judicial.
Es más, mencionó que dicho proceso sufre un retraso considerable de más de tres años, dado que el Consejo de la Magistratura no habría llevado adelante desde el 2012 la acción de cumplimiento referente a la revisión del escalafón del personal jurisdiccional.
"Esto quiere decir al no haberse revisado el escalafón judicial hasta el día de hoy, no puede proseguir la convocatoria. En esta última audiencia (Cochabamba), quedó claro que no se hizo la 'evaluación' del desempeño”, explicó Veizaga.
Asimismo, Amabol remarca que dicha evaluación es la base para llevar adelante no solo la revisión del escalafón, sino para establecer, ya en la convocatoria, un proceso de calificación idóneo de los vocales y los futuros procesos.
Según el consejo
Cronología de situaciones para institucionalizar
Convocatoria. El Consejo de la Magistratura, el 5 de abril de 2014, emite la Convocatoria Pública 03/2014, dirigida a todos los abogados y actuales vocales, interesados en desempeñar funciones de Vocal de los Tribunales Departamentales de Justicia.
Primer amparo. El 14 de mayo de 2014, Ever Richard Veizaga Ayala, Vocal del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (TDJ CBBA) y Presidente del Directorio de Amabol, interpone Acción de Amparo Constitucional y solicita se deje sin efecto la Convocatoria 03/2014.
Resolución. El 30 de mayo de 2014, la Sala Familiar Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar y Pública – Tribunal de garantías de Cochabamba, resuelve conceder tutela y " dispone dejar sin efecto" la convocatoria Pública Nº 03/2014. Dicha resolución va al Tribunal Constitucional, a revisión.
Resolución TCP. El 22 de mayo de 2015, finalmente el TCP, resuelve revocar la Resolución de 30 de mayo de 2014 dejando constancia que todos los cargos de vocales y demás funcionarios del Órgano Judicial, tienen carácter transitorio.
Recurso. No satisfecho con ello Amabol interpone otro recurso de “acción de cumplimiento” ante el Tribunal de Disputa. Este falla a su favor del demandante y ahora se espera la revisión del escalafón por el Consejo de la Magistratura.
Punto de vista
Marcelo Arrázola
abogado
"El Consejo debe cumplir con una obligación prevista'
”Lo cierto es que se viene dando una serie de acciones aisladas que se dan dentro del proceso de la administración de justicia. En ese contexto, el Consejo de la Magistratura, sin dar cumplimiento a los procesos básicos, ha procedido a lanzar convocatorias sin el paso previo que es la revisión del escalafón.
Si bien es cierto se necesitan hacer reforma en el sistema nacional de justicia, dicho proceso tiene que ser dentro el marco de la Ley.
Ahora esos seis meses que pone como plazo la resolución del Tribunal de Garantías de Cochabamba, para la revisión del escalafón es posible de cumplirlos ya que es una obligación del Consejo prevista por las normas”.
Sunday, July 26, 2015
LA CONVOCATORIA FUE CONGELADA 700 aspirantes a vocales de justicia en expectativa
Los más de 700 postulantes a vocales de justicia en el país quedaron en la incertidumbre respecto a la prosecución de la convocatoria de designación después que un tribunal de acción de cumplimiento en Cochabamba dejó sin efecto la renovación total de vocales en el Órgano Judicial.
El Consejo de la Magistratura aún no tomó una posición oficial. Previamente acudirá a consultas constitucionales.
Desde la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, el vocal Iván Sandoval informó que mañana se notificará a los consejeros con la resolución que otorga la tutela a la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) y deja en suspenso la renovación de vocales mientras no se revise el escalafón judicial en seis meses.
Sandoval dijo que los postulantes esperan una posición del Pleno del Consejo y evitar las interpretaciones que tendría que ser sólo para llenar las acefalías y los ítems de nueva creación.
Con la notificación, mediante exhorto suplicatorio desde Cochabamba, el Pleno del Consejo de la Magistratura asumirá una posición sobre la convocatoria que está en suspenso y provocó la postergación del examen de conocimientos en dos ocasiones.
El Consejo de la Magistratura aún no tomó una posición oficial. Previamente acudirá a consultas constitucionales.
Desde la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, el vocal Iván Sandoval informó que mañana se notificará a los consejeros con la resolución que otorga la tutela a la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) y deja en suspenso la renovación de vocales mientras no se revise el escalafón judicial en seis meses.
Sandoval dijo que los postulantes esperan una posición del Pleno del Consejo y evitar las interpretaciones que tendría que ser sólo para llenar las acefalías y los ítems de nueva creación.
Con la notificación, mediante exhorto suplicatorio desde Cochabamba, el Pleno del Consejo de la Magistratura asumirá una posición sobre la convocatoria que está en suspenso y provocó la postergación del examen de conocimientos en dos ocasiones.
Jueza niega cesación de detención a exejecutivo
La juez especial primero anticorrupción, Cinthia Delgadillo, negó la acción legal presentada por Félix Mamani Calcina, exejecutivo financiero del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc), que pretendía la cesación a la detención preventiva que cumple en el penal de San Pedro desde hace un mes.
La mañana del jueves 23 pasado, Guillermo Llacsa, abogado de Mamani, aseguró a varios medios de comunicación que su defendido había ganado una acción de libertad y que la próxima semana recobraría su libertad sin mayor problema, calificando el proceso de un invento y que “caería por su propio peso”, absolviendo a su defendido.
Consultados sobre estas declaraciones, desde el Fondo Indígena negaron haber recibido la notificación de la supuesta acción de libertad y desmintieron la versión vertida por Llacsa. Corrigiendo que recién la audiencia debía llevarse a cabo la tarde de ese jueves.
La audiencia de ese día, a la que no asistió Llacsa, fue suspendida y reprogramada para el viernes, donde la juez Delgadillo negó la cesación a la detención preventiva y se observó a Mamani asistido por otro jurista, quien no logró desvirtuar los riesgos procesales de fuga y obstaculización a la investigación.
Recordemos que durante la audiencia de medidas cautelares, Félix Mamani, exmiembro del Directorio Ejecutivo, al momento de hacer uso material de su defensa, afirmó que desembolsó de cuentas del Fondioc más de 178.000 bolivianos a pedido de la ministra de Desarrollo Productivo y Tierras, Nemecia Achacollo, para financiar dos reuniones con los siete miembros del entonces Directorio Administrativo del Fondioc, presidido por Marco Antonio Aramayo.
Mamani, aprehendido bajo los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y peculado, fue la cuarta exautoridad del Fondioc detenida, luego de que se determinara detención preventiva para Elvira Parra, Édgar Foronda y Marco Antonio Aramayo, mientras que Daniel Zapata se encuentra prófugo.
ACHACOLLO
Javier Flores, fiscal asignado al caso, consultado sobre cuál sería las determinación que el Ministerio Público asumiría sobre las declaraciones de Mamani, que implican a la ministra Achacollo, mencionó que no existían documentos que acrediten estos desembolsos que, al momento, no existía solicitud de ninguna de las partes para indagar este extremo y que Achacollo no sería llamada a declarar debido a que la Fiscalía se basaba en documentos.
Flores señaló que Mamani se había acogido a su derecho al silencio y que dicha declaración no fue hecha al Ministerio Público, pese a que el imputado lo hizo en plena audiencia de medidas cautelares y figura en el cuaderno de investigaciones, según Llacsa.
En esa ocasión, la interventora del Fondo Indígena, Lariza Fuentes, indicó que Mamani no acreditó con la documentación respectiva el movimiento económico y dijo que Achacollo no contaba con la potestad para pedir ese desembolso.
Uno de los principales obstáculos que ha tenido el proceso de intervención dirigido por Fuentes es la inexistencia de documentos originales sobre el manejo económico, que se dio por varios factores, entre los cuales está la falta de controles adecuados y el bajo nivel académico o de capacidad laboral de los exfuncionarios.
La mañana del jueves 23 pasado, Guillermo Llacsa, abogado de Mamani, aseguró a varios medios de comunicación que su defendido había ganado una acción de libertad y que la próxima semana recobraría su libertad sin mayor problema, calificando el proceso de un invento y que “caería por su propio peso”, absolviendo a su defendido.
Consultados sobre estas declaraciones, desde el Fondo Indígena negaron haber recibido la notificación de la supuesta acción de libertad y desmintieron la versión vertida por Llacsa. Corrigiendo que recién la audiencia debía llevarse a cabo la tarde de ese jueves.
La audiencia de ese día, a la que no asistió Llacsa, fue suspendida y reprogramada para el viernes, donde la juez Delgadillo negó la cesación a la detención preventiva y se observó a Mamani asistido por otro jurista, quien no logró desvirtuar los riesgos procesales de fuga y obstaculización a la investigación.
Recordemos que durante la audiencia de medidas cautelares, Félix Mamani, exmiembro del Directorio Ejecutivo, al momento de hacer uso material de su defensa, afirmó que desembolsó de cuentas del Fondioc más de 178.000 bolivianos a pedido de la ministra de Desarrollo Productivo y Tierras, Nemecia Achacollo, para financiar dos reuniones con los siete miembros del entonces Directorio Administrativo del Fondioc, presidido por Marco Antonio Aramayo.
Mamani, aprehendido bajo los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y peculado, fue la cuarta exautoridad del Fondioc detenida, luego de que se determinara detención preventiva para Elvira Parra, Édgar Foronda y Marco Antonio Aramayo, mientras que Daniel Zapata se encuentra prófugo.
ACHACOLLO
Javier Flores, fiscal asignado al caso, consultado sobre cuál sería las determinación que el Ministerio Público asumiría sobre las declaraciones de Mamani, que implican a la ministra Achacollo, mencionó que no existían documentos que acrediten estos desembolsos que, al momento, no existía solicitud de ninguna de las partes para indagar este extremo y que Achacollo no sería llamada a declarar debido a que la Fiscalía se basaba en documentos.
Flores señaló que Mamani se había acogido a su derecho al silencio y que dicha declaración no fue hecha al Ministerio Público, pese a que el imputado lo hizo en plena audiencia de medidas cautelares y figura en el cuaderno de investigaciones, según Llacsa.
En esa ocasión, la interventora del Fondo Indígena, Lariza Fuentes, indicó que Mamani no acreditó con la documentación respectiva el movimiento económico y dijo que Achacollo no contaba con la potestad para pedir ese desembolso.
Uno de los principales obstáculos que ha tenido el proceso de intervención dirigido por Fuentes es la inexistencia de documentos originales sobre el manejo económico, que se dio por varios factores, entre los cuales está la falta de controles adecuados y el bajo nivel académico o de capacidad laboral de los exfuncionarios.
Saturday, July 25, 2015
Los conciliadores deben atender por día unos 50 casos
La representante distrital del Consejo de la Magistratura en La Paz, Mónica Limachi, prevé que los jueces conciliadores, que empezarán a trabajar desde el 7 de agosto, atenderán al menos 50 casos por día en materia Civil.
Los nuevos oficiales de conciliación iniciarán su labor como parte de la implementación del nuevo Código Procesal Civil, que empezará a regir en el país desde el 7 de agosto. La norma estableció la creación de los juzgados de conciliación que son 21 en la ciudad de La Paz y cinco en El Alto.
“Con este nuevo método se acortarán los plazos que ayudarán al descongestionamiento judicial porque serán resueltos los casos en Materia Civil en una audiencia de conciliación.
Actualmente, por día tenemos en demandas civiles entre 50 a 80 causas nuevas que ingresan, pero desde el 7 de agosto se aplicará el trabajo con estos jueces conciliadores y atenderán esos procesos para evitar la dilación judicial”, declaró Limachi a este diario.
Explicó que los procesos serán derivados ante los conciliadores, quienes trabajarán para evitar judicializar las causas civiles, como los casos de deudas, problemas comerciales, propiedad y otros conexos. Para esto se convocará a una audiencia a las partes en conflicto para llegar a un acuerdo.
Con ese fin, Limachi afirmó que las oficinas ya están listas para ser utilizadas en la ciudad de La Paz, en el edificio Jhenny, 5º piso. Se tiene los equipos de computación instalados y habrá seis secretarias y seis oficiales de diligencia. En El Alto trabajará un equipo de 15 jueces.
Aplazan el trabajo de la Policía y la justicia
Un estudio realizado en Bolivia por el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana (ONSC), revela que la Policía, Ministerio Público y fiscales son las instituciones peor calificadas por la población en su desempeño en seguridad ciudadana.
El estudio se presentó en la V Cumbre de Seguridad Ciudadana que se desarrolló en la ciudad de Cochabamba el pasado jueves. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, hizo un llamado de atención a las gobernaciones y municipios, por la baja inversión en materia de seguridad, pero destacó algunos aportes puntuales realizados por Santa Cruz y Tarija, que este año han implementado cámaras de seguridad, modernos sistemas de comunicación y drones.
La población reprueba a la Policía y justicia. El ONSC pidió a los encuestados calificar de acuerdo a su desempeño a 9 instituciones. En el caso de los tribunales de justicia, un 62.4% los calificó como "malos", un 17% señaló que es irregular y un 14.3% que era bueno. Mientras que la Fiscalía recibió un "malo" de 60,2%; un 19% la señaló de regular y 14.2% dijo que el trabajo que realizaba era bueno. En cuanto a la Policía Nacional, un 57.8% de los encuestados calificó como malo el trabajo de los uniformados, 19.8% dijo que era regular y un 21.6% apuntó como bueno el trabajo desempeñado por los uniformados.
No hay confianza en los uniformados. En lo que se refiere a la confianza en la institución verde olivo, sobre una evasión de 7 puntos, solo los departamentos de Trinidad y Cochabamba calificaron con 4 puntos a los uniformados, mientras que las ciudades de Cobija, Tarija, Cochabamba, Sucre, El Alto y Oruro, calificaron con 3 puntos el trabajo que realizan. En base a estas encuestas, en el V Congreso se instalaron 10 mesas de trabajo para abordar esta temática, dejaron como resultado propuestas que sugieren invertir más en tecnología que ayude a la Policía en las tareas de prevenir los delitos y reducir los índices de violencia.
Punto de vista
Carlos Osvaldo Gutiérrez
Coronel Retirado de la Policía
"Las cumbres de seguridad son cumbres de lamentos"
'En Bolivia estamos llenos de cumbres y no hay acciones. La incapacidad de los administradores de recursos no se dan cuenta que el crimen y los delitos se deben combatir en los terrenos donde estos ocurren, en los barrios, en las ciudadelas, en las zonas donde las pandillas toman las áreas verdes, no es en base a cumbres que se bajan los índices de violencia.
En lo personal nunca estuve de acuerdo con las cumbres, porque esas son cumbres de lamentos.
En las cumbres se escucha siempre que 'el gobierno nacional debe poner esto, el departamental esto otro, el municipal esto otro' y al final nadie pone nada y tienen a la Policía como un muñeco, de aquí para allá. Lo que hace falta en Santa Cruz y el resto de los departamentos es personal para prevenir, como ejemplo cito que en la ciudad de El Alto, en La Paz, hay un comando policial que es el DP-5, esta unidad tiene 600 hombres, mientras que en Santa Cruz no hay una sola unidad con más de 150 hombres, con eso explico todo.
La Paz centraliza todo, en la capital el comando departamental tiene más de 15.000 hombres y aquí no se llega ni a 12.000 y piensan que entregando vehículos se soluciona todo, no es así.
De acuerdo al crecimiento vegetativo se debe incrementar el personal, esto quiere decir que para controlar bien la seguridad en Santa Cruz, debería haber 1 policía por cada 80 personas, sin embargo, tenemos 1 policía para 600 personas, por decir, no hay una relación coherente, además que falta capacitación para los policías.
El estudio se presentó en la V Cumbre de Seguridad Ciudadana que se desarrolló en la ciudad de Cochabamba el pasado jueves. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, hizo un llamado de atención a las gobernaciones y municipios, por la baja inversión en materia de seguridad, pero destacó algunos aportes puntuales realizados por Santa Cruz y Tarija, que este año han implementado cámaras de seguridad, modernos sistemas de comunicación y drones.
La población reprueba a la Policía y justicia. El ONSC pidió a los encuestados calificar de acuerdo a su desempeño a 9 instituciones. En el caso de los tribunales de justicia, un 62.4% los calificó como "malos", un 17% señaló que es irregular y un 14.3% que era bueno. Mientras que la Fiscalía recibió un "malo" de 60,2%; un 19% la señaló de regular y 14.2% dijo que el trabajo que realizaba era bueno. En cuanto a la Policía Nacional, un 57.8% de los encuestados calificó como malo el trabajo de los uniformados, 19.8% dijo que era regular y un 21.6% apuntó como bueno el trabajo desempeñado por los uniformados.
No hay confianza en los uniformados. En lo que se refiere a la confianza en la institución verde olivo, sobre una evasión de 7 puntos, solo los departamentos de Trinidad y Cochabamba calificaron con 4 puntos a los uniformados, mientras que las ciudades de Cobija, Tarija, Cochabamba, Sucre, El Alto y Oruro, calificaron con 3 puntos el trabajo que realizan. En base a estas encuestas, en el V Congreso se instalaron 10 mesas de trabajo para abordar esta temática, dejaron como resultado propuestas que sugieren invertir más en tecnología que ayude a la Policía en las tareas de prevenir los delitos y reducir los índices de violencia.
Punto de vista
Carlos Osvaldo Gutiérrez
Coronel Retirado de la Policía
"Las cumbres de seguridad son cumbres de lamentos"
'En Bolivia estamos llenos de cumbres y no hay acciones. La incapacidad de los administradores de recursos no se dan cuenta que el crimen y los delitos se deben combatir en los terrenos donde estos ocurren, en los barrios, en las ciudadelas, en las zonas donde las pandillas toman las áreas verdes, no es en base a cumbres que se bajan los índices de violencia.
En lo personal nunca estuve de acuerdo con las cumbres, porque esas son cumbres de lamentos.
En las cumbres se escucha siempre que 'el gobierno nacional debe poner esto, el departamental esto otro, el municipal esto otro' y al final nadie pone nada y tienen a la Policía como un muñeco, de aquí para allá. Lo que hace falta en Santa Cruz y el resto de los departamentos es personal para prevenir, como ejemplo cito que en la ciudad de El Alto, en La Paz, hay un comando policial que es el DP-5, esta unidad tiene 600 hombres, mientras que en Santa Cruz no hay una sola unidad con más de 150 hombres, con eso explico todo.
La Paz centraliza todo, en la capital el comando departamental tiene más de 15.000 hombres y aquí no se llega ni a 12.000 y piensan que entregando vehículos se soluciona todo, no es así.
De acuerdo al crecimiento vegetativo se debe incrementar el personal, esto quiere decir que para controlar bien la seguridad en Santa Cruz, debería haber 1 policía por cada 80 personas, sin embargo, tenemos 1 policía para 600 personas, por decir, no hay una relación coherente, además que falta capacitación para los policías.
Suspenden audiencia de jueza Yolanda Ramírez y buscan fijar fecha de juicio
Pese a que la jueza Yolanda Ramírez fue quien solicitó una audiencia de cesación de las medidas cautelares que le impusieron mientras se desarrollaba la investigación de los hechos de corrupción cometidos contra reclusos del penal de El Abra, la autoridad judicial no se presentó ayer al Juzgado de Sacaba.
Luego de esperar por más de media hora, el juez de Instrucción Cautelar que supervisa el caso decidió suspender la audiencia. Yolanda Ramírez fue acusada formalmente por el Ministerio Público de cometer actos de corrupción contra los reos de El Abra, en complicidad con el exgobernador de la cárcel Yuri Duk, el exdirector de Régimen Penitenciario Dennis Mejía y el exdelegado de los reclusos de El Abra Ariel Tancara, de conformar una red de extorsión a internos, mediante las torturas que ejercía el delegado.
El juez cautelar de Sacaba ordenó la detención domiciliaria de Yolanda Ramírez, pero otorgándole permiso para ir a trabajar. La acusada pidió la cesación de esta medida para poder asumir su defensa en completa libertad, pero ayer no se presentó al juzgado. La fiscal Jhossy Arauco explicó que están a la espera de que el Ministerio de Gobierno responda una notificación consultándole si asumirá como parte acusadora, para que se fije fecha para juicios.
Luego de esperar por más de media hora, el juez de Instrucción Cautelar que supervisa el caso decidió suspender la audiencia. Yolanda Ramírez fue acusada formalmente por el Ministerio Público de cometer actos de corrupción contra los reos de El Abra, en complicidad con el exgobernador de la cárcel Yuri Duk, el exdirector de Régimen Penitenciario Dennis Mejía y el exdelegado de los reclusos de El Abra Ariel Tancara, de conformar una red de extorsión a internos, mediante las torturas que ejercía el delegado.
El juez cautelar de Sacaba ordenó la detención domiciliaria de Yolanda Ramírez, pero otorgándole permiso para ir a trabajar. La acusada pidió la cesación de esta medida para poder asumir su defensa en completa libertad, pero ayer no se presentó al juzgado. La fiscal Jhossy Arauco explicó que están a la espera de que el Ministerio de Gobierno responda una notificación consultándole si asumirá como parte acusadora, para que se fije fecha para juicios.
Ilegal detención de mineros y periodista Paco Veramendy
El fallo dictado por la juez Segundo de Instrucción en lo Penal Cautelar, Lia Cardozo, y el accionar de la Fiscalía, es calificado de ilegal y abusivo por parte de los representantes de la prensa nacional y los sectores sociales.
“Indignados ante los hechos suscitados en la sede de Gobierno, los trabajadores de la prensa de Potosí, expresamos nuestra denuncia pública al pueblo boliviano, por el atropello a la libertad de información y expresión que atenta a los Derechos Humanos de las personas y vulnera el libre ejercicio del periodismo en el país debido a la detención e imputación de la que ha sido objeto nuestro compañero Juan Carlos Paco Veramendy, quien fue designado delegado de nuestra institución en la ciudad de La Paz, para cumplir con el trabajo de cobertura informativa para los distintos medios de comunicación de esta capital que carecen de corresponsales en la sede de gobierno”, es el contenido del pronunciamiento de la Federación de la Prensa de Potosí.
Los representantes potosinos de prensa, luego de conocer el fallo de la juez Cardozo, convocó a una reunión de emergencia y emitió el duro pronunciamiento, advirtiendo al Gobierno que el dialogo con Comcipo, está condicionado a la libertad del periodista Paco.
Además, la Federación potosina, adjuntó a su pronunciamiento, la certificación de que Paco está registrado en la institución desde el 3 de enero de 1998.
Por su lado, Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, emitió otro pronunciamiento, observando la intransigencia tanto de los representantes de Comcipo como del Gobierno para dar las condiciones adecuadas para el dialogó.
“Tercero.- Demandamos a las autoridades de Gobierno Central y del Poder Judicial a no penalizar el trabajo de la prensa. La detención del compañero periodista de Potosí, Juan Carlos Paco Veramendy de Radio Líder, quien fue detenido en circunstancias irregulares, es ilegal y se constituye en un amedrentamiento al trabajo de la prensa, por lo tanto, pedimos su inmediata libertad”, señala parte del pronunciamiento.
Entre tanto, las organizaciones defensoras de los derechos humanos, también se pronunciaron en favor del periodista y en señalaron la ilegalidad de la detención dictada por la juez Cardozo, que habría vulnerado el debido proceso.
“Se ha visto que no existe coherencia en lo expuesto por el Ministerio Público y que el debido proceso no se está cumpliendo, pues no se ha demostrado la participación del periodista en los hechos que se le imputa”, señaló Gregorio Lanza, secretario de conflictos del Defensor del Pueblo.
Por su lado, Yolanda Herrera, presidenta de la Asamblea de Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Bolivia, señaló que esta instancia no podía constituirse en mediador, pero como un observador, opina que la libertad de todos los detenidos, sería un inmejorable escenario para retomar el dialogo entre Comcipo y el Gobierno, sobre la demandas que el pueblo potosino mantiene.
“Indignados ante los hechos suscitados en la sede de Gobierno, los trabajadores de la prensa de Potosí, expresamos nuestra denuncia pública al pueblo boliviano, por el atropello a la libertad de información y expresión que atenta a los Derechos Humanos de las personas y vulnera el libre ejercicio del periodismo en el país debido a la detención e imputación de la que ha sido objeto nuestro compañero Juan Carlos Paco Veramendy, quien fue designado delegado de nuestra institución en la ciudad de La Paz, para cumplir con el trabajo de cobertura informativa para los distintos medios de comunicación de esta capital que carecen de corresponsales en la sede de gobierno”, es el contenido del pronunciamiento de la Federación de la Prensa de Potosí.
Los representantes potosinos de prensa, luego de conocer el fallo de la juez Cardozo, convocó a una reunión de emergencia y emitió el duro pronunciamiento, advirtiendo al Gobierno que el dialogo con Comcipo, está condicionado a la libertad del periodista Paco.
Además, la Federación potosina, adjuntó a su pronunciamiento, la certificación de que Paco está registrado en la institución desde el 3 de enero de 1998.
Por su lado, Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, emitió otro pronunciamiento, observando la intransigencia tanto de los representantes de Comcipo como del Gobierno para dar las condiciones adecuadas para el dialogó.
“Tercero.- Demandamos a las autoridades de Gobierno Central y del Poder Judicial a no penalizar el trabajo de la prensa. La detención del compañero periodista de Potosí, Juan Carlos Paco Veramendy de Radio Líder, quien fue detenido en circunstancias irregulares, es ilegal y se constituye en un amedrentamiento al trabajo de la prensa, por lo tanto, pedimos su inmediata libertad”, señala parte del pronunciamiento.
Entre tanto, las organizaciones defensoras de los derechos humanos, también se pronunciaron en favor del periodista y en señalaron la ilegalidad de la detención dictada por la juez Cardozo, que habría vulnerado el debido proceso.
“Se ha visto que no existe coherencia en lo expuesto por el Ministerio Público y que el debido proceso no se está cumpliendo, pues no se ha demostrado la participación del periodista en los hechos que se le imputa”, señaló Gregorio Lanza, secretario de conflictos del Defensor del Pueblo.
Por su lado, Yolanda Herrera, presidenta de la Asamblea de Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Bolivia, señaló que esta instancia no podía constituirse en mediador, pero como un observador, opina que la libertad de todos los detenidos, sería un inmejorable escenario para retomar el dialogo entre Comcipo y el Gobierno, sobre la demandas que el pueblo potosino mantiene.
Wednesday, July 22, 2015
Enviarán 35 preguntas a Belaunde
El fiscal departamental de La Paz, Marcelo Rollano, informó ayer que el Ministerio Público enviará un cuestionario de 35 preguntas al peruano Martín Belaunde, pues el trámite aún se encuentra en la Cancillería.
El trabajo se enmarca en la investigación por la fuga del peruano, quien intentó llegar a Brasil cuando tenía detención preventiva en La Paz, ante la negativa de refugio político de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) de Bolivia. Belaunde, luego, fue recapturado y extraditado a Perú.
“En el caso Belaunde, el cuestionario de 35 preguntas que se enviará, aún está en la Cancillería”, sostuvo Rollano en conferencia de prensa. Agregó que el viernes se dará a conocer el tenor del cuestionario públicamente, esto luego de que se termine con el trámite respectivo para la remisión.
Arancel de juristas caerá en al menos 50% en área Civil
En el marco de la aplicación de la Ley Nº 387 del Ejercicio de la Abogacía, el Gobierno rebajará el arancel de los abogados en al menos 50% en procesos en materia Civil. Por ejemplo, el costo del divorcio bajará de Bs 5.000 a 2.500. Los juristas rechazan esta disminución de sus honorarios.
El anuncio lo hizo conocer a La Razón la ministra de Justicia, Virginia Velasco, quien aseguró que en las próximas dos semanas se hará público los nuevos aranceles. Este mismo trabajo se hizo en junio, cuando esta repartición gubernamental rebajó las tarifas de los notarios de Fe Pública.
“Se harán modificaciones en los aranceles de los abogados y estamos viendo a que se rebaje al menos en un 50% para que el pueblo boliviano tenga una nueva tarifa y más acceso a la justicia”, adelantó Velasco.
Proceso. Explicó que esta reforma se aplicará en materia Civil y Familiar, vale decir para divorcios y acuerdos transaccionales que ya son atendidos por las notarías de Fe Pública del país. “Estamos viendo, por ejemplo, que en un divorcio que cobran hasta 5.000 bolivianos, ahora pueda estar perfilado a que baje a la mitad (un 50% Bs 2.500) porque es muy alto el costo, ya que nuestro deber es velar por el bolsillo del pueblo”, sostuvo Velasco.
La autoridad ejemplificó que en materia Civil, sobre deudas y usucapión (modo de adquirir la propiedad de una cosa), los abogados cobran el 10% de lo ganado. Ahora, con la modificación el porcentaje bajará a la mitad (5%).
Al ser consultado sobre este proyecto, el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez, rechazó la medida y aseguró que cuando los juristas tengan conocimiento oficial de la disposición, se analizará la acción que se podrá presentar, ya que solo se los convocó para consensuar en una primera instancia.
“Parece que ellos (Ministerio de Justicia) ya tenían la determinación final y no nos convocaron. Nada raro que hayan establecido el nuevo arancel. No se puede dejar la libre contratación, porque es un principio de carácter social laboral que es un derecho y no se puede poner a un abogado en una condición de mendicidad”, dijo Jiménez.
Al respecto, la Ministra de Justicia aseguró que la decisión de modificar los aranceles está “totalmente” consensuada, ya que se trabajó con todos los colegios de abogados del país. Una muestra es que el lunes se dio el último encuentro con los juristas del departamento de Potosí sobre el tema, añadió.
Trabajo de acceso a la justicia
Notarias
En junio, el Ministerio de Justicia emitió una disposición que rebaja entre el 30% y 60% los aranceles de los notarios de Fe Pública. Por ejemplo, el trámite de divorcio bajó de Bs 2.500 a Bs 1.000.
Trabajo
La ministra de Justicia, Virginia Velasco, señaló que en el marco de la Ley 387, también se continuará con la ayuda a la ciudadanía de escasos recursos, con la atención gratuita en los centros de Servicios Integrales de Justicia Plurinacional inaugurados.
En La Paz, las oficinas de 21 conciliadores ya están listas
El Consejo de la Magistratura ya tiene listas las oficinas para los 21 conciliadores que a partir del 7 de agosto trabajarán en la ciudad de La Paz. Sólo faltan los equipos tecnológicos, como computadoras, que se espera completar hasta fin de mes.
"Se está habilitando para los conciliadores seis ambientes en La Paz, en el edificio Jeny, donde operarán los 21 conciliadores que se han determinado para esta ciudad. Aquí cumplirán sus funciones, que los procesos concluyan en su primera fase”, dijo ayer la representante de la Magistratura en La Paz, Mónica Limachi.
Las oficinas se encuentran en el quinto piso de ese inmueble, sobre la calle Bolívar y esquina Sucre, frente a la fuerza anticrimen.
Allí trabajarán, además, seis secretarios y seis oficiales, quienes coadyuvarán a los conciliadores en su labor para atender los procesos civiles antes de que vayan a un juicio, promoverán un acuerdo entre las partes para llegar a un arreglo y así evitar la carga procesal y el gasto de recursos.
Aunque Limachi informó que estas dependencias, que ocupan una planta entera, están en alquiler, no precisó el monto para mantener las mismas ni el que se invirtió para el acondicionamiento y el equipamiento.
Añadió que en la ciudad de El Alto las oficinas para 15 conciliadores, tres secretarios y tres oficiales, están casi listas. Estas se encuentran en la calle 7 de la avenida 6 de Marzo y también se las obtuvo en alquiler.
A nivel nacional, los 157 conciliadores ya fueron designados y se encuentran en una etapa de capacitación para que empiecen sus funciones, tras promulgarse el nuevo Código Civil.
"Se está habilitando para los conciliadores seis ambientes en La Paz, en el edificio Jeny, donde operarán los 21 conciliadores que se han determinado para esta ciudad. Aquí cumplirán sus funciones, que los procesos concluyan en su primera fase”, dijo ayer la representante de la Magistratura en La Paz, Mónica Limachi.
Las oficinas se encuentran en el quinto piso de ese inmueble, sobre la calle Bolívar y esquina Sucre, frente a la fuerza anticrimen.
Allí trabajarán, además, seis secretarios y seis oficiales, quienes coadyuvarán a los conciliadores en su labor para atender los procesos civiles antes de que vayan a un juicio, promoverán un acuerdo entre las partes para llegar a un arreglo y así evitar la carga procesal y el gasto de recursos.
Aunque Limachi informó que estas dependencias, que ocupan una planta entera, están en alquiler, no precisó el monto para mantener las mismas ni el que se invirtió para el acondicionamiento y el equipamiento.
Añadió que en la ciudad de El Alto las oficinas para 15 conciliadores, tres secretarios y tres oficiales, están casi listas. Estas se encuentran en la calle 7 de la avenida 6 de Marzo y también se las obtuvo en alquiler.
A nivel nacional, los 157 conciliadores ya fueron designados y se encuentran en una etapa de capacitación para que empiecen sus funciones, tras promulgarse el nuevo Código Civil.
Cristhian Z. fue detenido en mayo con credencial falsa Denuncian que un juez y un fiscal favorecen a un falso abogado
Un juez y un fiscal son denunciados por favorecer a un presunto falso abogado. El primero emitió una conminatoria para terminar la etapa preparatoria sin considerar los plazos procesales y el segundo, una resolución de procedimiento abreviado con irregularidades, sostiene una de las víctimas, María Arduz.
El 19 de mayo, Cristhian Z. fue aprehendido con una credencial del Ministerio de Justicia que lo acreditaba como abogado; sin embargo, él no figuraba en los registros de esta cartera de Estado ni en las listas del Colegio de Abogados, por lo que se presumió que la credencial fue falsificada.
Por ello, el 20 de mayo se lo imputó por los delitos de falsificación material, uso de documento falsificado y ejercicio indebido de la profesión. Desde entonces corrió el plazo de seis meses de la etapa preparatoria, tal cual señala el artículo 134 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
Pero el juez noveno de Instrucción en lo Penal Cautelar, Jorge Castillo, conminó al fiscal Ramiro Jarandilla a emitir una resolución de sobreseimiento o acusación contra Cristhian Z. el 3 de julio, es decir 44 días después de que éste fuera imputado.
Aunque el CPP establece la aplicación de un procedimiento inmediato para delitos en flagrancia con un plazo de 45 días, este debe ser solicitado por el fiscal en audiencia y ante las víctimas, algo que no se realizó.
Por ello, Arduz recusó al juez Castillo y le anunció un proceso disciplinario y una querella penal por prevaricato, debido a que no consideró los seis meses de plazo, con lo que supuestamente beneficia al imputado al apurar un procedimiento abreviado cuya sentencia (de tres años) habilita al imputado a obtener la suspensión condicional de la pena (según el artículo 59 del Código Penal) y, por otra parte, al concluir la investigación, impide dar con otros implicados en los delitos.
Asimismo, Arduz observó que la conminatoria del juez llegó a la Fiscalía Departamental el 7 de julio, pero Jarandilla ya había emitido la resolución de procedimiento abreviado un día antes, con la que solicitó tres años de cárcel contra el detenido.
El fiscal aseguró que fue el 6 de julio cunado recibió la conminatoria: "Al fiscal departamental le habrá llegado el 7, pero a mí me llegó el 6, y como el imputado ya había solicitado el procedimiento abreviado y todo estaba en regla, emití la resolución el mismo día”.
Este medio intentó conversar con Castillo, pero se negó a declarar. Jarandilla dijo que no puede negarse a una conminatoria y que la solicitud de juicio abreviado lo decide el juez.
Niegan favoritismo
Fiscal Ramiro Jarandilla, el representante del Ministerio Público que atiende el caso, negó que haya favorecido al falso abogado. Al consultarle si la identificación de más involucrados en los delitos se interrumpía con el procedimiento abreviado (pues de esta manera termina el proceso y la investigación), sostuvo que toda etapa investigativa concluye con la conminatoria del juez.
El 19 de mayo, Cristhian Z. fue aprehendido con una credencial del Ministerio de Justicia que lo acreditaba como abogado; sin embargo, él no figuraba en los registros de esta cartera de Estado ni en las listas del Colegio de Abogados, por lo que se presumió que la credencial fue falsificada.
Por ello, el 20 de mayo se lo imputó por los delitos de falsificación material, uso de documento falsificado y ejercicio indebido de la profesión. Desde entonces corrió el plazo de seis meses de la etapa preparatoria, tal cual señala el artículo 134 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
Pero el juez noveno de Instrucción en lo Penal Cautelar, Jorge Castillo, conminó al fiscal Ramiro Jarandilla a emitir una resolución de sobreseimiento o acusación contra Cristhian Z. el 3 de julio, es decir 44 días después de que éste fuera imputado.
Aunque el CPP establece la aplicación de un procedimiento inmediato para delitos en flagrancia con un plazo de 45 días, este debe ser solicitado por el fiscal en audiencia y ante las víctimas, algo que no se realizó.
Por ello, Arduz recusó al juez Castillo y le anunció un proceso disciplinario y una querella penal por prevaricato, debido a que no consideró los seis meses de plazo, con lo que supuestamente beneficia al imputado al apurar un procedimiento abreviado cuya sentencia (de tres años) habilita al imputado a obtener la suspensión condicional de la pena (según el artículo 59 del Código Penal) y, por otra parte, al concluir la investigación, impide dar con otros implicados en los delitos.
Asimismo, Arduz observó que la conminatoria del juez llegó a la Fiscalía Departamental el 7 de julio, pero Jarandilla ya había emitido la resolución de procedimiento abreviado un día antes, con la que solicitó tres años de cárcel contra el detenido.
El fiscal aseguró que fue el 6 de julio cunado recibió la conminatoria: "Al fiscal departamental le habrá llegado el 7, pero a mí me llegó el 6, y como el imputado ya había solicitado el procedimiento abreviado y todo estaba en regla, emití la resolución el mismo día”.
Este medio intentó conversar con Castillo, pero se negó a declarar. Jarandilla dijo que no puede negarse a una conminatoria y que la solicitud de juicio abreviado lo decide el juez.
Niegan favoritismo
Fiscal Ramiro Jarandilla, el representante del Ministerio Público que atiende el caso, negó que haya favorecido al falso abogado. Al consultarle si la identificación de más involucrados en los delitos se interrumpía con el procedimiento abreviado (pues de esta manera termina el proceso y la investigación), sostuvo que toda etapa investigativa concluye con la conminatoria del juez.
Sobre renovación de vocales Fallo frena el cambio de vocales judiciales
La Asociación de Magistrados de Bolivia (AMABOL), aplaude el fallo que dictó el Tribunal de Garantías en Cochabamba referente a la renovación de vocales de justicia.
En abril del año 2014, el Consejo de la Magistratura emitió la convocatoria para la preselección, evaluación y designación de vocales en los tribunales departamentales, debido a que existen acefalías en diferentes departamentos y que muchas autoridades sobrepasaron su periodo constitucional de cuatro años, incluso, superando los 15 años de ejercicio.
Acciones. En la audiencia realizada el lunes, el Tribunal de Garantías concedió la tutela a la Amabol con la Acción de Cumplimiento, para que la convocatoria del Consejo de la Magistratura tenga ciertas diferencias.
El presidente de Amabol, Ever Veizaga, indicó a El Día que el primer recurso que presentaron se resaltó que no se habría especificado el alcance de la convocatoria.
Esta acción que fue rechazada, se aclaró que los cargos en el órgano judicial son transitorios, por lo que se daba vía libre para que continúe la convocatoria de la Magistratura.
En la segunda acción de cumplimiento presentado, Veizaga explica que la Amabol establece que debe haber una revisión del escalafón judicial, es decir evaluarse a todos los fiscales y jueces para recién confirmar la renovación.
Observaciones. Emerson Figueroa, presidente de la Asociación de Magistrados de Santa Cruz, pidió a las autoridades judiciales, hacer una revisión profunda y continuar con la convocatoria de nuevos vocales para los cargos con acefalías.
"No queremos que nos metan a la misma bolsa. Se pretende que el Consejo de la Magistratura evalúe el desempeño, capacidad, eficiencia, que vea nuestra condición y de acuerdo a eso recién que haga la convocatoria correspondiente", manifestó Figueroa.
Molestia. Desde el Consejo de la Magistratura, las autoridades sólo han emitido una comunicado en el que cuestionan la decisión del Tribunal de Garantías, al ser favorable a las observaciones de la Amabol.
"El Consejo de la Magistratura, deplora la decisión del Tribunal de Garantías de Cochabamba, que concedió tutela a la Acción de Cumplimiento, respecto a la revisión del Escalafón Judicial, ignorando flagrantemente la SCP 504/2015, por la cual el Tribunal Constitucional dispuso continuar el proceso de selección para acceder al cargo de vocales", dice parte del documento.
Además advierten que el Consejo de la Magistratura procederá a interponer la acción penal contra el Tribunal de Garantías de Cochabamba, por desconocer la sentencia constitucional 504/2015.
En abril del año 2014, el Consejo de la Magistratura emitió la convocatoria para la preselección, evaluación y designación de vocales en los tribunales departamentales, debido a que existen acefalías en diferentes departamentos y que muchas autoridades sobrepasaron su periodo constitucional de cuatro años, incluso, superando los 15 años de ejercicio.
Acciones. En la audiencia realizada el lunes, el Tribunal de Garantías concedió la tutela a la Amabol con la Acción de Cumplimiento, para que la convocatoria del Consejo de la Magistratura tenga ciertas diferencias.
El presidente de Amabol, Ever Veizaga, indicó a El Día que el primer recurso que presentaron se resaltó que no se habría especificado el alcance de la convocatoria.
Esta acción que fue rechazada, se aclaró que los cargos en el órgano judicial son transitorios, por lo que se daba vía libre para que continúe la convocatoria de la Magistratura.
En la segunda acción de cumplimiento presentado, Veizaga explica que la Amabol establece que debe haber una revisión del escalafón judicial, es decir evaluarse a todos los fiscales y jueces para recién confirmar la renovación.
Observaciones. Emerson Figueroa, presidente de la Asociación de Magistrados de Santa Cruz, pidió a las autoridades judiciales, hacer una revisión profunda y continuar con la convocatoria de nuevos vocales para los cargos con acefalías.
"No queremos que nos metan a la misma bolsa. Se pretende que el Consejo de la Magistratura evalúe el desempeño, capacidad, eficiencia, que vea nuestra condición y de acuerdo a eso recién que haga la convocatoria correspondiente", manifestó Figueroa.
Molestia. Desde el Consejo de la Magistratura, las autoridades sólo han emitido una comunicado en el que cuestionan la decisión del Tribunal de Garantías, al ser favorable a las observaciones de la Amabol.
"El Consejo de la Magistratura, deplora la decisión del Tribunal de Garantías de Cochabamba, que concedió tutela a la Acción de Cumplimiento, respecto a la revisión del Escalafón Judicial, ignorando flagrantemente la SCP 504/2015, por la cual el Tribunal Constitucional dispuso continuar el proceso de selección para acceder al cargo de vocales", dice parte del documento.
Además advierten que el Consejo de la Magistratura procederá a interponer la acción penal contra el Tribunal de Garantías de Cochabamba, por desconocer la sentencia constitucional 504/2015.
En La Paz Habilitan nuevos ambientes para 21 conciliadores
Mónica Limachi Rosas, representante departamental del Consejo de la Magistratura (CM) en La Paz, realizó ayer la inspección a los ambientes que ocuparan 21 jueces conciliadores que tienen la misión e evitar que los procesos civiles lleguen a instancia de juicio, con el fin de bajar la mora procesal.
Los seis nuevos ambientes, donde desde el 7 de agosto comenzarán a trabajar 21 de los 37 conciliadores designados para La Paz, se encuentran en el piso cuatro del edificio Jenny, que se encuentra en la calle Bolívar frente al Segip.
Según la explicación de Limachi, en el lugar funcionarán seis secretarias, donde trabajarán tres conciliadores, un secretario y un oficial de diligencias.
Para los próximos días, también se anunció la dotación de esta infraestructura para otros 15 conciliadores y tres secretarios en la ciudad de EL Alto.
De acuerdo con los datos del presidente del CM, Wilbert Choque, el rol que comenzarán a cumplir los conciliadores es que, a través del diálogo, se reduzcan en 40% los procesos civiles que actualmente están en manos de los jueces.
Desde esta instancia se conoce que hasta abril de este año, en Bolivia se tenían cerca de 79.000 juicios civiles. El 40% que busca reducir el C M representa 31.600 procesos.
Choque también destacó que más del 70% de conciliadores designados son mujeres y resaltó la elección de una no vidente y de otra persona con discapacidad.
Los seis nuevos ambientes, donde desde el 7 de agosto comenzarán a trabajar 21 de los 37 conciliadores designados para La Paz, se encuentran en el piso cuatro del edificio Jenny, que se encuentra en la calle Bolívar frente al Segip.
Según la explicación de Limachi, en el lugar funcionarán seis secretarias, donde trabajarán tres conciliadores, un secretario y un oficial de diligencias.
Para los próximos días, también se anunció la dotación de esta infraestructura para otros 15 conciliadores y tres secretarios en la ciudad de EL Alto.
De acuerdo con los datos del presidente del CM, Wilbert Choque, el rol que comenzarán a cumplir los conciliadores es que, a través del diálogo, se reduzcan en 40% los procesos civiles que actualmente están en manos de los jueces.
Desde esta instancia se conoce que hasta abril de este año, en Bolivia se tenían cerca de 79.000 juicios civiles. El 40% que busca reducir el C M representa 31.600 procesos.
Choque también destacó que más del 70% de conciliadores designados son mujeres y resaltó la elección de una no vidente y de otra persona con discapacidad.
Fiscalía envía 35 preguntas a Martín Belaunde al Perú
César Siles, presidente de la Comisión Nacional del Refugiado, aseguró que hoy se enviará a Perú, el cuestionario de más de 35 preguntas elaborado por el Ministerio Público, para que sean contestadas por el extraditado Martín Belaunde Lossio, en el caso abierto por su fuga el pasado 24 de mayo de la detención domiciliaria que cumplía en el inmueble propiedad de Juliano Arista, el denominado Curaca Blanco, en la zona de Bajo Llojeta.
En contacto telefónico con EL DIARIO, Siles señaló que de no mediar ninguna otra observación, el exhorto suplicatorio, emitido por el juez primero anticorrupción de El Alto, Ricardo Pinto, será remitido hoy a la embajada boliviana en el Perú y de ahí, pasará a la Fiscalía de ese país que deberá asignar a un funcionario para viabilizar las respuestas.
Siles detalló que en el caso de que Belaunde, exasesor del presidente Ollanta Humala, se niegue a contestar el cuestionario, se aplicará la norma boliviana que indica que quien nadie está obligado a declarar y tiene derecho a guarda silencio.
Entretanto, el fiscal departamental de La Paz, Marcelo Rollano, informó ayer que dentro de la investigación en la que se vieron involucradas más de quince personas, entre familiares del súbdito peruano, custodios policiales, jueces y abogados, no se ha verificado la intervención de otras personas además de las investigadas.
Entretanto, la investigación avanza con la copia de videos de seguridad de los diferentes lugares donde se cree se dieron acciones ilegales, como el abandono de una movilidad que fue destinada como parte del al pago a un vocal, por parte de Belaúnde, para ser beneficiado con un fallo.
Rollano, también confirmó que apelaron las medidas sustitutivas para el vocal suspendido Ricardo Chumacero, que se encuentra con arresto domiciliario.
Martín Belaunde fue jefe de campaña electoral del presidente peruano, Ollanta Humala, y está acusado en su país, de enriquecimiento ilícito. Llegó a Bolivia en busca de refugio político que le fue negado.
Presentó una apelación en última instancia que también fue rechazada por la justicia boliviana, aspecto que dio curso al inicio del proceso de extradición solicitado por Perú, y que al parecer fue el hecho que lo obligó a huir de su detención domiciliaria.
Esto pese a que la norma internacional, para quienes se consideran perseguidos políticos, estipula que el país que niega el refugio no puede devolver a la persona al país de origen.
En contacto telefónico con EL DIARIO, Siles señaló que de no mediar ninguna otra observación, el exhorto suplicatorio, emitido por el juez primero anticorrupción de El Alto, Ricardo Pinto, será remitido hoy a la embajada boliviana en el Perú y de ahí, pasará a la Fiscalía de ese país que deberá asignar a un funcionario para viabilizar las respuestas.
Siles detalló que en el caso de que Belaunde, exasesor del presidente Ollanta Humala, se niegue a contestar el cuestionario, se aplicará la norma boliviana que indica que quien nadie está obligado a declarar y tiene derecho a guarda silencio.
Entretanto, el fiscal departamental de La Paz, Marcelo Rollano, informó ayer que dentro de la investigación en la que se vieron involucradas más de quince personas, entre familiares del súbdito peruano, custodios policiales, jueces y abogados, no se ha verificado la intervención de otras personas además de las investigadas.
Entretanto, la investigación avanza con la copia de videos de seguridad de los diferentes lugares donde se cree se dieron acciones ilegales, como el abandono de una movilidad que fue destinada como parte del al pago a un vocal, por parte de Belaúnde, para ser beneficiado con un fallo.
Rollano, también confirmó que apelaron las medidas sustitutivas para el vocal suspendido Ricardo Chumacero, que se encuentra con arresto domiciliario.
Martín Belaunde fue jefe de campaña electoral del presidente peruano, Ollanta Humala, y está acusado en su país, de enriquecimiento ilícito. Llegó a Bolivia en busca de refugio político que le fue negado.
Presentó una apelación en última instancia que también fue rechazada por la justicia boliviana, aspecto que dio curso al inicio del proceso de extradición solicitado por Perú, y que al parecer fue el hecho que lo obligó a huir de su detención domiciliaria.
Esto pese a que la norma internacional, para quienes se consideran perseguidos políticos, estipula que el país que niega el refugio no puede devolver a la persona al país de origen.
Tuesday, July 21, 2015
Falta de medios evita emisión de fallos, según la Amabol
Representantes de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) sostienen que la falta de sentencias para juicios penales del país se da por la ausencia de medios para trabajar, aspecto que no es atendido por el Ejecutivo.
La declaración surgió luego de que La Razón reveló ayer que en 2013 se abrieron al menos 250.000 procesos penales, de los cuales solo 611 (0,24%) obtuvieron una sentencia en el ámbito nacional. Fuentes judiciales indicaron que todavía no hay datos estadísticos sobre los litigios de 2014.
“Por la falta de medios es que no se puede avanzar en la justicia y, obvio, emitir sentencias, debido a que existen varios procedimientos que se crearon y no permiten que el juez pueda tomar decisiones en tiempo oportuno. Necesitamos una mayor cantidad de jueces, una mejor infraestructura, un sistema de despacho judicial más moderno y eso solo puede darse a través de la implementación de nuevas leyes”, reclamó el presidente de la Amabol regional de La Paz, Orlando Rojas.
Destacó que también afectaron el incremento de procesos judiciales y la implementación de leyes que penalizan más acciones que debían ser civiles. Lamentó que paralelamente no se dio la importancia necesaria al Órgano Judicial para incrementar personal, mejorar la infraestructura o tener en vigencia un nuevo sistema de justicia para trabajar con normas que engrosaron las causas penales en todo el país.
“Si el Órgano Ejecutivo no da la importancia al Órgano Judicial, pocos serán los esfuerzos que podamos realizar los jueces para mejorar esta administración que, obviamente, necesita de la actuación de varios actores como el Gobierno, universidades y la población en general”, indicó Rojas.
El representante sugirió que para lograr una solución al problema que se atraviesa en el Órgano Judicial, se lleve adelante un encuentro entre operadores de justicia y todas las instituciones inmiscuidas, ya que la culpa no solo la tienen los jueces.
Este diario intentó obtener una versión de la ministra de Justicia, Virginia Velasco, pero sin éxito debido a que su teléfono móvil estaba fuera de servicio. El Gobierno convocó a una Cumbre Judicial para dar solución a la crisis que atraviesa la justicia, pero aún no fijó una fecha.
Costó bs 40 millones Revelan deterioro en edificio judicial
El edificio donde funciona el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca presenta deterioros, pese a que es relativamente nuevo, tomando en cuenta que se inauguró el 2010.
“La afluencia de agua en época de lluvias a los archivos es lo que nos preocupa. En algunos casos los ascensores no funcionan. En un edificio nuevo y tan costoso no pueden darse estas deficiencias técnicas”, señaló José Antonio Revilla, presidente del TDJ de Chuquisaca, según un reporte de la red ATB.
Este medio señala que se invirtió 40 millones de bolivianos en el edificio. Revilla agrega además que hay deficiencias en la instalación eléctrica y citó como ejemplo que por más que una sola persona se quede trabajando en un piso, todo el bloque permanece con las luces encendidas.
Según ATB, se está realizando una auditoría técnica para establecer la magnitud del daño y para establecer responsabilidades por las fallas que presenta el edificio a cinco años de su estreno. / El Día
“La afluencia de agua en época de lluvias a los archivos es lo que nos preocupa. En algunos casos los ascensores no funcionan. En un edificio nuevo y tan costoso no pueden darse estas deficiencias técnicas”, señaló José Antonio Revilla, presidente del TDJ de Chuquisaca, según un reporte de la red ATB.
Este medio señala que se invirtió 40 millones de bolivianos en el edificio. Revilla agrega además que hay deficiencias en la instalación eléctrica y citó como ejemplo que por más que una sola persona se quede trabajando en un piso, todo el bloque permanece con las luces encendidas.
Según ATB, se está realizando una auditoría técnica para establecer la magnitud del daño y para establecer responsabilidades por las fallas que presenta el edificio a cinco años de su estreno. / El Día
Vocales y jueces se mantienen en cargos y solo se llenarán acefalías
El Tribunal de Garantías de Cochabamba ayer ordenó al Consejo de la Magistratura que realice la revisión del escalafón antes de renovar jueces y vocales.
Sin embargo, esto no significa que la convocatoria 003/2014 queda sin efecto, sino que continuará pero solo para rellenar acefalías creadas en el marco de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) 025, aclaró el Presidente de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), Ever Veizaga.
Es decir que, específicamente en Cochabamba, la convocatoria se aplicará para llenar seis puestos y ya no 18, aclaró Veizaga.
Al respecto, el decano del Consejo de la Magistratura, Róger Triveño, anunció que iniciará un proceso penal contra el Tribunal de Garantías de Cochabamba “por frenar ilegalmente la convocatoria a vocales departamentales de justicia del país”.
Según el Consejo de la Magistratura, dicho tribunal resolvió asuntos “sobre cosa juzgada constitucional” y obstruyó el proceso de renovación de vocales y jueces.
Y es que mediante la Sentencia Constitucional 504/2015, hace poco un Máximo Tribunal Constitucional Plurinacional ya había ordenado al Consejo de la Magistratura que continúe con la convocatoria, no obstante el Tribunal de Garantías de Cochabamba sobrepasó esa determinación ayer en el marco de una audiencia.
“Nosotros tenemos la obligación legal y nacional para cambiar la justicia que tanto quiere Bolivia”, acotó Triveño.
Por su parte, Veizaga aplaudió la concesión de tutela y argumentó que no es posible que haya jueces transparentes, si nunca han sido evaluados.
“¿Por qué no quiere hacerse la evaluación? ¿por qué no quiere decirse qué vocal o juez ha sido evaluado negativamente?, si esa es la esencia de la administración de justicia”, concluyó Veizaga.
Datos.
003/2014
Es la convocatoria a través de la que se pretendía contratar a 118 vocales para que sean designados a diferentes departamentos del país.
2012
En el marco de la audiencia desarrollada ayer en Cochabamba, el Consejo de la Magistratura presentó informes y documentación que datan desde el año 2012 y que supuestamente respalda el cumplimiento de la Disposición Sexta de la Constitución Política del Estado: revisión de escalafón.
80 por ciento .
Según el Consejo de la Magistratura, al menos el 80 por ciento de los administradores de justicia que cumple funciones actualmente se presentó a la convocatoria 0003/2014, cuya etapa de evaluación estaba fijada para ayer, pero debido a la audiencia tuvo que suspenderse.
Respaldo.
Recientemente la ministra de Justicia, Virginia Velasco, pidió al Consejo de la Magistratura que detenga el proceso de renovación de jueces y vocales del sistema judicial.
Sin embargo, esto no significa que la convocatoria 003/2014 queda sin efecto, sino que continuará pero solo para rellenar acefalías creadas en el marco de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) 025, aclaró el Presidente de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), Ever Veizaga.
Es decir que, específicamente en Cochabamba, la convocatoria se aplicará para llenar seis puestos y ya no 18, aclaró Veizaga.
Al respecto, el decano del Consejo de la Magistratura, Róger Triveño, anunció que iniciará un proceso penal contra el Tribunal de Garantías de Cochabamba “por frenar ilegalmente la convocatoria a vocales departamentales de justicia del país”.
Según el Consejo de la Magistratura, dicho tribunal resolvió asuntos “sobre cosa juzgada constitucional” y obstruyó el proceso de renovación de vocales y jueces.
Y es que mediante la Sentencia Constitucional 504/2015, hace poco un Máximo Tribunal Constitucional Plurinacional ya había ordenado al Consejo de la Magistratura que continúe con la convocatoria, no obstante el Tribunal de Garantías de Cochabamba sobrepasó esa determinación ayer en el marco de una audiencia.
“Nosotros tenemos la obligación legal y nacional para cambiar la justicia que tanto quiere Bolivia”, acotó Triveño.
Por su parte, Veizaga aplaudió la concesión de tutela y argumentó que no es posible que haya jueces transparentes, si nunca han sido evaluados.
“¿Por qué no quiere hacerse la evaluación? ¿por qué no quiere decirse qué vocal o juez ha sido evaluado negativamente?, si esa es la esencia de la administración de justicia”, concluyó Veizaga.
Datos.
003/2014
Es la convocatoria a través de la que se pretendía contratar a 118 vocales para que sean designados a diferentes departamentos del país.
2012
En el marco de la audiencia desarrollada ayer en Cochabamba, el Consejo de la Magistratura presentó informes y documentación que datan desde el año 2012 y que supuestamente respalda el cumplimiento de la Disposición Sexta de la Constitución Política del Estado: revisión de escalafón.
80 por ciento .
Según el Consejo de la Magistratura, al menos el 80 por ciento de los administradores de justicia que cumple funciones actualmente se presentó a la convocatoria 0003/2014, cuya etapa de evaluación estaba fijada para ayer, pero debido a la audiencia tuvo que suspenderse.
Respaldo.
Recientemente la ministra de Justicia, Virginia Velasco, pidió al Consejo de la Magistratura que detenga el proceso de renovación de jueces y vocales del sistema judicial.
Santa Cruz Anuncian cruzada contra la corrupción judicial
Activistas de organizaciones sociales y de mujeres iniciarán una cruzada contra la corrupción judicial y en defensa de las víctimas de violencia en Santa Cruz, anunció este lunes la representante de la Asamblea de Permanente Derechos Humanos, María Inés Galviz.
Por iniciativa de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la Casa de la Mujer, el Colectivo Rebeldía y la Plataforma de Mujer, este 24 de julio se delinearán los alcances de la campaña que se inició con una marcha de protesta por el incremento de la violencia hacia las mujeres y contra la corrupción judicial.
La marcha del pasado 17 de julio partió de la plaza 24 de septiembre y culminó en puertas del Palacio de Justicia “denunciando con nombre y apellido la corrupción de los administradores de justicia”, explicó Galviz en declaraciones a ANF.
Varios hechos de violencia conmocionaron a la opinión pública cruceña en las últimas semanas y, en la mayoría de los casos se tuvo que organizar acciones de vigilancia ciudadana para impedir que los mismos queden en la impunidad. Los casos más emblemáticos son los de Renné Gurley en el que la movilización ciudadana logró que un Tribunal de Vallegrande dicte sentencia condenatoria contra sus violadores y, el de Veruska, una joven violada por dos individuos en estado de inconsciencia que tuvo que iniciar una cruzada para evitar que los responsables de la vejación sean puestos en libertad.
Por iniciativa de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la Casa de la Mujer, el Colectivo Rebeldía y la Plataforma de Mujer, este 24 de julio se delinearán los alcances de la campaña que se inició con una marcha de protesta por el incremento de la violencia hacia las mujeres y contra la corrupción judicial.
La marcha del pasado 17 de julio partió de la plaza 24 de septiembre y culminó en puertas del Palacio de Justicia “denunciando con nombre y apellido la corrupción de los administradores de justicia”, explicó Galviz en declaraciones a ANF.
Varios hechos de violencia conmocionaron a la opinión pública cruceña en las últimas semanas y, en la mayoría de los casos se tuvo que organizar acciones de vigilancia ciudadana para impedir que los mismos queden en la impunidad. Los casos más emblemáticos son los de Renné Gurley en el que la movilización ciudadana logró que un Tribunal de Vallegrande dicte sentencia condenatoria contra sus violadores y, el de Veruska, una joven violada por dos individuos en estado de inconsciencia que tuvo que iniciar una cruzada para evitar que los responsables de la vejación sean puestos en libertad.
Juez niega explicar acción legal que favorece a un falso abogado
El juez Noveno de Instrucción en lo Penal, Jorge M. Castillo Muñoz, negó a los medios de comunicación explicar por qué dictó una conminatoria que favorecería a un falso abogado. Además del tono autoritario en que se negó, echó a los periodistas de su despacho y una de sus colaboradoras advirtió que si “seguían molestando”, a dicho funcionario se dispondría que se encarcele a los periodistas.
Según la explicación de la abogada María Ardúz, ella se constituyó en denunciante en contra de Cristian Z. M. y otros, “por los delitos de falsedad material, uso de instrumento falsificado, ejercicio indebido de la profesión (abogacía) y mandato indebido”, porque esta persona trabajaba con una credencial falsa en la que figuraba la firma de la Ministra de Justicia.
La denuncia y la imputación, según los documentos, se hizo el 20 de mayo, por lo que según el artículo 134 del Código Penal Procesal (CPP), el Ministerio Público tiene seis meses para dictar una resolución, sea de sobreseimiento, cerrando el caso o de acusación en contra de esta persona, pero que solo es atribución de la Fiscalía.
Según el mismo reglamento, el juez solo puede dictar conminatoria al finalizar el plazo de los seis meses de preparación, si el Ministerio Público no cumple con dicha resolución.
Sin embargo, el juez Castillo estaría dictando la conminatoria cuando apenas transcurrió, “un mes y veintiséis días, de haberse emitido la notificación con la imputación formal”, como figura en la “recusa por causales sobrevinientes”, que Arduz presentó el 15 de julio, por entender que dicho funcionario judicial, está tomando atribuciones que no le corresponden, ingresando en la figura de prevaricato.
AMENAZAS
El periodista, de EL DIARIO, junto a otro colega de un medio escrito, se hicieron presentes en el despacho del juez Castillo, para hacer la consulta respectiva, tomando en cuenta la relevancia del hecho, como es la falsificación de firma de una Ministra de Estado.
Sin embargo, Castillo, luego haber escuchado el tema que se le quería consultar, se negó a responder aduciendo que su horario de trabajo había concluido y en tono altisonante ordenó que los periodistas salgan del recinto, llamado la atención a su personal de apoyo por permitir que los periodistas se le acerquen.
Pasado el incidente, fuera de su despacho, en puertas de los ascensores, una de su ayudantes que estaba de salida, fue consultada por los periodistas para verificar si la actitud del mencionado juez fue resultado de una confusión y ver si se lo podía esperar en los pasillos, y hacer la consultad del caso del falso abogado.
Pero dicha funcionaría tuvo otra respuesta y de forma textual señaló a los dos periodistas, “si lo siguen molestando (al juez Castillo) los va encarcelar”.
RECUSACIÓN
Con esta actitud, quedan aún más dudas sobre las razones por las que el mencionado juez dictó la conminatoria al Ministerio Público, para que esta instancia sobresea o acuse al supuesto falso abogado, como lo menciona, parte del texto de recusa en contra de Castillo presentado por abogada Arduz.
Sin embargo, ayer que debía desarrollar una audiencia de este caso, la misma fue suspendida por inasistencia del fiscal asignado al caso, Ramiro Jarandilla, y aseguró que pedirá el proceso disciplinario en su contra por esa conducta y adelantó también su recusación, por las supuestas irregularidades cometidas por Jarandilla en el proceso de investigación.
Según la explicación de la abogada María Ardúz, ella se constituyó en denunciante en contra de Cristian Z. M. y otros, “por los delitos de falsedad material, uso de instrumento falsificado, ejercicio indebido de la profesión (abogacía) y mandato indebido”, porque esta persona trabajaba con una credencial falsa en la que figuraba la firma de la Ministra de Justicia.
La denuncia y la imputación, según los documentos, se hizo el 20 de mayo, por lo que según el artículo 134 del Código Penal Procesal (CPP), el Ministerio Público tiene seis meses para dictar una resolución, sea de sobreseimiento, cerrando el caso o de acusación en contra de esta persona, pero que solo es atribución de la Fiscalía.
Según el mismo reglamento, el juez solo puede dictar conminatoria al finalizar el plazo de los seis meses de preparación, si el Ministerio Público no cumple con dicha resolución.
Sin embargo, el juez Castillo estaría dictando la conminatoria cuando apenas transcurrió, “un mes y veintiséis días, de haberse emitido la notificación con la imputación formal”, como figura en la “recusa por causales sobrevinientes”, que Arduz presentó el 15 de julio, por entender que dicho funcionario judicial, está tomando atribuciones que no le corresponden, ingresando en la figura de prevaricato.
AMENAZAS
El periodista, de EL DIARIO, junto a otro colega de un medio escrito, se hicieron presentes en el despacho del juez Castillo, para hacer la consulta respectiva, tomando en cuenta la relevancia del hecho, como es la falsificación de firma de una Ministra de Estado.
Sin embargo, Castillo, luego haber escuchado el tema que se le quería consultar, se negó a responder aduciendo que su horario de trabajo había concluido y en tono altisonante ordenó que los periodistas salgan del recinto, llamado la atención a su personal de apoyo por permitir que los periodistas se le acerquen.
Pasado el incidente, fuera de su despacho, en puertas de los ascensores, una de su ayudantes que estaba de salida, fue consultada por los periodistas para verificar si la actitud del mencionado juez fue resultado de una confusión y ver si se lo podía esperar en los pasillos, y hacer la consultad del caso del falso abogado.
Pero dicha funcionaría tuvo otra respuesta y de forma textual señaló a los dos periodistas, “si lo siguen molestando (al juez Castillo) los va encarcelar”.
RECUSACIÓN
Con esta actitud, quedan aún más dudas sobre las razones por las que el mencionado juez dictó la conminatoria al Ministerio Público, para que esta instancia sobresea o acuse al supuesto falso abogado, como lo menciona, parte del texto de recusa en contra de Castillo presentado por abogada Arduz.
Sin embargo, ayer que debía desarrollar una audiencia de este caso, la misma fue suspendida por inasistencia del fiscal asignado al caso, Ramiro Jarandilla, y aseguró que pedirá el proceso disciplinario en su contra por esa conducta y adelantó también su recusación, por las supuestas irregularidades cometidas por Jarandilla en el proceso de investigación.
Debe revisarse escalafón en seis meses Tribunal de garantías favorece a magistrados
SANDRA CASTILLO, VICEPRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS DE LA PAZ.
El Tribunal de Garantías del Consejo Departamental de Justicia (TDJ) de Cochabamba, ayer por la tarde, dictó resolución a favor de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) en contra del Consejo de la Magistratura, para que esta instancia, en un plazo de seis meses, revise el escalafón de este gremio y recién emita la convocatoria a nivel nacional para vocales y jueces que componen el Órgano Judicial.
El fallo que fue dictado de forma verbal luego de una jornada de debate en el Tribunal de Garantías de Cochabamba, que admitió la demanda de Amabol, fue dado a conocer a EL DIARIO por Sandra Castillo, vicepresidenta de la representación departamental de magistrados en de La Paz.
La mañana de ayer, Castillo, junto al presidente de la instancia departamental, Orlando Rojas, dieron a conocer el pronunciamiento de Amabol donde platean su rechazo a la determinación asumida por el Consejo de la Magistratura (CM), de proceder a la convocatoria de vocales, sin haber cumplido con la revisión del escalafón judicial.
Esta revisión, según el pronunciamiento de la Amabol, tiene el objeto de la selección de los mejores profesionales, para que continúen en sus puesto de trabajo, lo cual es criticado por el CM, que asegura que la intención de los magistrados es eternizarse en los puestos de trabajo y asegurando que la revisión del escalafón ya se efectuó y fue hecho con la debida coordinación.
Por otro lado, manifestó su malestar contra el juez de Alzada que admitió la demanda, contra quien adelantaron un proceso disciplinario.
El argumento legal de Amabol es que es que el CM no elaboró la reglamentación para dicha revisión por lo cual no efectuó la misma, por lo que debió recurrir a interponer el recurso de cumplimiento, pidiendo la tutela para esta emisión de dicha convocatoria.
Según la resolución del tribunal de garantías en Cochabamba, el CM deberá elaborar el reglamento y proceder a la revisión del escalafón, en un plazo de seis meses.
Rojas lamentó la determinación del CM de someter a proceso disciplinario al juez de Cochabamba y mencionó que Amabol no se opone al proceso de cambio de la justicia, sino que pide que la elección de nuevos vocales se haga de forma correcta.
Monday, July 20, 2015
Sunday, July 19, 2015
Friday, July 17, 2015
Justicia definirá el lunes elección de vocales
La Sala Penal 3a del Tribunal de Justicia de Cochabamba citó, para el lunes, a autoridades del Órgano Judicial a la audiencia que definirá la acción de cumplimiento interpuesta por la Asociación Nacional de Magistrados de Bolivia (Amabol) contra la elección de vocales.
Con este recurso presentado la pasada semana, ya van dos acciones en contra de la renovación de vocales que lleva adelante el Consejo de la Magistratura.
“Se notifica en Sucre a todos los consejeros de la Magistratura; como accionantes también hemos pedido que se notifique al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, como máxima autoridad del Órgano Judicial, y a la Ministra de Justicia”, informó el presidente de Amabol, Éver Veizaga.
Aseguró que el conflicto se debe al incumplimiento del Consejo de la Magistratura de la disposición transitoria sexta, de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que en el plazo máximo de un año, entrada en vigencia de la Ley del Órgano Judicial, se debe proceder a la revisión del escalafón, tarea incumplida a tres años de la vigencia de la norma.
Veizaga repitió que antes de nombrar nuevos jueces y vocales se debía revisar el escalafón.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Freddy Sanabria, anunció acciones penales en contra de los vocales que admitieron el recurso presentado por los representantes de Amabol.
Thursday, July 16, 2015
Funcionario judicial se encierra para evitar agresiones
La Casa Judicial de Santa Ana de Yacuma fue ocupada. El secretario del juzgado que ve la causa del alcalde Gustavo Humberto Antelo (MNR), imposibilitado de asumir su cargo a raíz de dicho juicio, se encuentra encerrado en una de las oficinas de ese edificio desde el martes. Solo se puede tener contacto con él por teléfono o por una ventana que da a la calle, detrás de una reja metálica, donde la muchedumbre de seguidores de Antelo espera su salida.
Petardos, gritos, malestar de pobladores y funcionarios de la Alcaldía que no tiene burgomaestre. Todo eso hace a la escenografía que da la bienvenida a esta ciudad beniana, ubicada a 180 kilómetros al norte de Trinidad, que tiene mes y medio de acefalía en el ejecutivo y ha provocado la parálisis comunal.
La tensión deriva de la última audiencia del juicio que inició el ex dirigente cívico Carlos Chávez en contra de Antelo por la supuesta falsificación de su libreta militar. El jueves 9 de julio, el juez Juan Carlos Rodríguez concedió a Antelo el amparo para que exija al Tribunal Electoral Departamental de Beni su credencial de alcalde electo.
Jesús David Fernández, el secretario del juzgado de Rodríguez que cumplirá hoy su tercer día de encierro, fue requerido para entregar copias legalizadas de la decisión del juez, de modo que la defensa de Antelo pueda notificar al Órgano Electoral, pero no lo hizo.
Loida Suárez y Alberto Sánchez son algunos de los funcionarios y vecinos que acusan a Fernández de no haber entregado a Antelo el fallo del juez y de “haberse escondido”. Entre gritos, se apunta a una autoridad nacional de provocar el lío
Primó prueba psicológica en elección de jueces
El consejero de la Magistratura, Roger Triveño, aclaró ayer que en la selección de los 157 jueces conciliadores primó los resultados del examen psicológico al que fueron sometidos los postulantes y no la prueba de conocimiento, considerando que el rol principal que cumplirán las nuevas autoridades judiciales será el de tratar de conciliar a las personas que atraviesan por controversias.
La aclaración surge a consecuencia de las observaciones que realizó la consejera Cristina Mamani quien señaló que la elección de los consejeros fue por orden alfabético y no se respetó los primeros lugares de calificación.
Ante ello Triveño indicó que para la elección de los conciliadores se elaboraron dos listas, la primera de los profesionales que aprobaron el examen psicológico y la segunda de los que no pasaron el test psicológico.
“Se han designado a todos los que han vencido el examen psicológico, muchos de los conciliadores evidentemente han obtenido la mejor nota (en el examen de conocimiento pero) no estaban capacitados en el examen psicológico”, explicó.
De los 157 conciliadores que fueron designados 37 son para La Paz, 30 para Cochabamba, 41 para Santa Cruz, 11 para Potosí, 6 para Beni, 2 para Pando y 10 para Chuquisaca, Oruro y Tarija.
La aclaración surge a consecuencia de las observaciones que realizó la consejera Cristina Mamani quien señaló que la elección de los consejeros fue por orden alfabético y no se respetó los primeros lugares de calificación.
Ante ello Triveño indicó que para la elección de los conciliadores se elaboraron dos listas, la primera de los profesionales que aprobaron el examen psicológico y la segunda de los que no pasaron el test psicológico.
“Se han designado a todos los que han vencido el examen psicológico, muchos de los conciliadores evidentemente han obtenido la mejor nota (en el examen de conocimiento pero) no estaban capacitados en el examen psicológico”, explicó.
De los 157 conciliadores que fueron designados 37 son para La Paz, 30 para Cochabamba, 41 para Santa Cruz, 11 para Potosí, 6 para Beni, 2 para Pando y 10 para Chuquisaca, Oruro y Tarija.
Posesionan a los 41 jueces conciliadores de Santa Cruz
Santa Cruz ya cuenta con sus jueces ciudadanos que comienzarán a trabajar el próximo 7 de agosto, cuando se inaugure oficialmente este servicio judicial. Son 41 los asignados a Santa Cruz, departamento que concentra el mayor número de profesionales en estas salas, que tienen como objetivo principal descargar la mora procesal y aliviar el sistema judicial. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge Von Borries, demandó a los conciliadores actuar con rectitud sobre los hechos que lleguen a sus manos, sin mezclar odios ni afectos, para promover la imparcialidad y la negociación entre las partes en el marco de la cultura de paz. A nombre de los nuevos jueces, Alicia Callapa señaló que asumen el desafío y aseguró que su actuación estará ceñida en los principios y valores éticos./ABI
Juez libera a presunto adicto sexual
El juez Sexto de Instrucción Cautelar, Fernando Rivadeneira, liberó el martes al presunto adicto sexual, sindicado por el delito de pornografía infantil, bajo el argumento de que no hubo denuncia formal de víctimas en este caso.
El acusado captaba a mujeres a través del Facebook y ofrecía remuneración económica por fotografías de desnudos.
Sostuvo que la decisión que asumió fue a requerimiento del representante del Ministerio Público, bajo el argumento de que se encuentra en la fase “de recopilación de información” tras encontrarse cámaras y flash memory, además de imágenes.
“No hay suficientes elementos de convicción al presente para formular una imputación, es así que no se ha podido efectivizar la declaración de presuntas o denunciantes que habrían dado a conocer este hecho y donde habría participado el sindicado”, afirmó.
Asimismo, sostuvo que el sindicado deberá ser liberado y que el representante del Ministerio Público deberá pronunciarse con un requerimiento de imputación o rechace la denuncia.
Por su parte, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, anunció un informe sobre el caso. “He pedido un informe al fiscal departamental, vamos a actuar como corresponde y si hubo una actuación fuera del marco procesal de nuestro fiscal, tomaremos las medidas en el asunto. La información que me dieron es que estaba para medidas cautelares, sin embargo estoy esperando el informe”.
De acuerdo con los antecedentes esta persona, que además es funcionario del Departamento de Relaciones Internacionales de la Alcaldía de La Paz, fue aprehendido en un internet de la calle Mercado cuando dos mujeres policías se hicieron pasar como interesadas en la paga que ofrecía.
Este sujeto captaba mujeres adolescentes en la red social con el objeto de hacerles varias secuencias fotográficas desnudas. Las tomas eran realizadas en diferentes alojamientos de la ciudad de La Paz.
Este caso fue denunciado al Centro Especial de Investigación Policial (CEIP) y el personal de Inteligencia siguió sus pasos hasta lograr su captura.
El acusado captaba a mujeres a través del Facebook y ofrecía remuneración económica por fotografías de desnudos.
Sostuvo que la decisión que asumió fue a requerimiento del representante del Ministerio Público, bajo el argumento de que se encuentra en la fase “de recopilación de información” tras encontrarse cámaras y flash memory, además de imágenes.
“No hay suficientes elementos de convicción al presente para formular una imputación, es así que no se ha podido efectivizar la declaración de presuntas o denunciantes que habrían dado a conocer este hecho y donde habría participado el sindicado”, afirmó.
Asimismo, sostuvo que el sindicado deberá ser liberado y que el representante del Ministerio Público deberá pronunciarse con un requerimiento de imputación o rechace la denuncia.
Por su parte, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, anunció un informe sobre el caso. “He pedido un informe al fiscal departamental, vamos a actuar como corresponde y si hubo una actuación fuera del marco procesal de nuestro fiscal, tomaremos las medidas en el asunto. La información que me dieron es que estaba para medidas cautelares, sin embargo estoy esperando el informe”.
De acuerdo con los antecedentes esta persona, que además es funcionario del Departamento de Relaciones Internacionales de la Alcaldía de La Paz, fue aprehendido en un internet de la calle Mercado cuando dos mujeres policías se hicieron pasar como interesadas en la paga que ofrecía.
Este sujeto captaba mujeres adolescentes en la red social con el objeto de hacerles varias secuencias fotográficas desnudas. Las tomas eran realizadas en diferentes alojamientos de la ciudad de La Paz.
Este caso fue denunciado al Centro Especial de Investigación Policial (CEIP) y el personal de Inteligencia siguió sus pasos hasta lograr su captura.
Dos fiscales viajarán a Perú para tomar declaraciones a Belaunde
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, dijo ayer que se dispuso que dos fiscales viajarán a Lima, Perú, para tomar declaraciones informativas a Martín Belaunde, exasesor del presidente Ollanta Humala, como parte de la investigación relacionada a la evasión que fue protagonista el 24 de mayo pasado, al encontrarse con arresto domiciliario
“Se han hecho las gestiones administrativas, se ha enviado a la autoridad competente en el Perú, existe la autorización para que dos fiscales vayan allá. Entonces esta semana deberían estar tras resolver los problemas administrativos”, dijo Guerrero a los periodistas.
Por otra parte, hizo referencia a que el cuestionario que se solicitó en el vecino país, Guerrero dijo que éste será en función de la evasión; cómo evadió Belaunde la custodia policial, quiénes fueron, quiénes lo apoyaron, quiénes estuvieron con él, esperan tener más detalles en esta investigación.
Al menos 17 funcionarios del Estado, entre ministros, viceministros, directores, agentes de Inteligencia y jueces fueron vinculados en la fuga del empresario Martín Belaunde, ocurrido la madrugada del 24 de mayo. Cuatro días después fue aprehendido en la población beniana de Magdalena, luego de un intenso rastrillaje realizado por las autoridades de la Policía en coordinación con las Fuerzas Armadas.
“Se han hecho las gestiones administrativas, se ha enviado a la autoridad competente en el Perú, existe la autorización para que dos fiscales vayan allá. Entonces esta semana deberían estar tras resolver los problemas administrativos”, dijo Guerrero a los periodistas.
Por otra parte, hizo referencia a que el cuestionario que se solicitó en el vecino país, Guerrero dijo que éste será en función de la evasión; cómo evadió Belaunde la custodia policial, quiénes fueron, quiénes lo apoyaron, quiénes estuvieron con él, esperan tener más detalles en esta investigación.
Al menos 17 funcionarios del Estado, entre ministros, viceministros, directores, agentes de Inteligencia y jueces fueron vinculados en la fuga del empresario Martín Belaunde, ocurrido la madrugada del 24 de mayo. Cuatro días después fue aprehendido en la población beniana de Magdalena, luego de un intenso rastrillaje realizado por las autoridades de la Policía en coordinación con las Fuerzas Armadas.
Liberado Ángel Francisco R. V.. quien fue imputado por el delito de pornografía por la Fiscalía
Ángel Francisco R. V.. quien fue imputado por el delito de pornografía por la Fiscalía, pagaba entre 350 y 400 bolivianos por las fotografías de sus víctimas, de acuerdo con las investigaciones de análisis criminal de la fuerza anticrimen de La Paz.
El sindicado, quien reveló con detalles su forma de operar para obtener las imágenes de jóvenes de 17 a 19 años, fue liberado por un juez cautelar, debido a que el Ministerio Público no habría podido sustentar su acusación en la audiencia del martes.
El investigador de la fuerza anticrimen explicó que el hombre fue hallado en flagrancia la noche del lunes, en una operación encubierta que los uniformados iniciaron hace dos meses mediante el ciberpatrullaje.
El coronel Omonte dijo que “fue imputado ya que captaba mujeres por Facebook a objeto de hacerles secuencias fotográficas desnudas en alojamientos de la zona central”.
En tanto la libertad de Ángel Francisco R. V. levantó polémica, ya que el Ministerio Público señaló a la Policía por la falta de evidencias en su contra, en tanto que en la fuerza anticrimen fue desmentido este hecho.
El sindicado, quien reveló con detalles su forma de operar para obtener las imágenes de jóvenes de 17 a 19 años, fue liberado por un juez cautelar, debido a que el Ministerio Público no habría podido sustentar su acusación en la audiencia del martes.
El investigador de la fuerza anticrimen explicó que el hombre fue hallado en flagrancia la noche del lunes, en una operación encubierta que los uniformados iniciaron hace dos meses mediante el ciberpatrullaje.
El coronel Omonte dijo que “fue imputado ya que captaba mujeres por Facebook a objeto de hacerles secuencias fotográficas desnudas en alojamientos de la zona central”.
En tanto la libertad de Ángel Francisco R. V. levantó polémica, ya que el Ministerio Público señaló a la Policía por la falta de evidencias en su contra, en tanto que en la fuerza anticrimen fue desmentido este hecho.
Wednesday, July 15, 2015
Liberación de la carga judicial llega a provincias
El descongestionamiento judicial llega a las localidades de Puerto Suárez, Vallegrande y Camiri, así lo hizo conocer ayer Gomer Padilla, fiscal de distrito del departamento de Santa Cruz. "En dos días de trabajo se logró 43 sentencias condenatorias en el marco del plan de descongestionamiento, aplicado en las carceletas provinciales de esas regiones. Se trata de sentencias mediantes procedimientos abreviados", explicó.
De acuerdo con la información, en Puerto Suárez existen aproximadamente 75 internos, Vallegrande con alrededor de 30 y Camiri con similar número de privados de libertad.
"Hemos desplazado a nuestros fiscales de Materia a las carceletas provinciales para descongestionarlas", dijo.
De acuerdo con la información, en Puerto Suárez existen aproximadamente 75 internos, Vallegrande con alrededor de 30 y Camiri con similar número de privados de libertad.
"Hemos desplazado a nuestros fiscales de Materia a las carceletas provinciales para descongestionarlas", dijo.
Conciliadores judiciales iniciarán su trabajo el 7 de agosto
A partir del 7 de agosto iniciarán con su trabajo los conciliadores que actualmente son capacitados en Sucre por la Escuela de Jueces para intervenir de forma eficaz en las diferentes causas civiles que se presenten.
El representante del Consejo de la Magistratura en Oruro, René Delgado manifestó que en el distrito de Oruro serán ocho las personas que cumplirán con el trabajo de ser conciliadores judiciales, debían ser diez pero dos no clasificaron.
Indicó que desde el 7 de agosto se implementará a la institución jurídica la fase de conciliación que es obligatoria dentro el proceso civil, de forma paralela entrará en vigencia el nuevo Código Procesal Civil.
Señaló que anteriormente las partes de pleno entraban a un proceso judicial, pero ahora primero será la fase de conciliación, en la cual los conciliadores deberán mostrar su destreza y aptitudes para que se genere un buen arreglo entre partes y evitar llegar al proceso.
Indicó que lo que se busca es llegar a la cultura de paz, con lo cual se quiere ayudar a la descongestión de las causas judiciales a partir que las partes arriben a procesos o arreglos amistosos. Las oficinas de los conciliadores se encuentran ubicadas en la calle Ayacucho y 6 de Octubre frente al Colegio Bethania.
Explicó que la forma de elección de los conciliadores se hizo en diferentes etapas por méritos, examen de competencia y psicotécnico, y ahora por último se capacitan para manejar de adecuada forma las herramientas de conciliación.
"Lo importante es que ellos tendrán la oportunidad de acercarse a las partes para que arreglen sus diferencias de forma amistosa, esta esperanza se abriga para que resuelvan de forma más ágil una causa y no llegar a los procesos judiciales" sostuvo.
Agregó que si se llega a un acuerdo amistoso entonces se firma un acta que sería tomada como sentencia.
El representante del Consejo de la Magistratura en Oruro, René Delgado manifestó que en el distrito de Oruro serán ocho las personas que cumplirán con el trabajo de ser conciliadores judiciales, debían ser diez pero dos no clasificaron.
Indicó que desde el 7 de agosto se implementará a la institución jurídica la fase de conciliación que es obligatoria dentro el proceso civil, de forma paralela entrará en vigencia el nuevo Código Procesal Civil.
Señaló que anteriormente las partes de pleno entraban a un proceso judicial, pero ahora primero será la fase de conciliación, en la cual los conciliadores deberán mostrar su destreza y aptitudes para que se genere un buen arreglo entre partes y evitar llegar al proceso.
Indicó que lo que se busca es llegar a la cultura de paz, con lo cual se quiere ayudar a la descongestión de las causas judiciales a partir que las partes arriben a procesos o arreglos amistosos. Las oficinas de los conciliadores se encuentran ubicadas en la calle Ayacucho y 6 de Octubre frente al Colegio Bethania.
Explicó que la forma de elección de los conciliadores se hizo en diferentes etapas por méritos, examen de competencia y psicotécnico, y ahora por último se capacitan para manejar de adecuada forma las herramientas de conciliación.
"Lo importante es que ellos tendrán la oportunidad de acercarse a las partes para que arreglen sus diferencias de forma amistosa, esta esperanza se abriga para que resuelvan de forma más ágil una causa y no llegar a los procesos judiciales" sostuvo.
Agregó que si se llega a un acuerdo amistoso entonces se firma un acta que sería tomada como sentencia.
Caso Alexander Cuarto audio revela supuesto direccionamiento de fiscales
Luego de que el caso pasara a la etapa de juicio oral, con cuatro acusados, aparece un nuevo audio que revela las supuestas irregularidades y el direccionamiento que asumió la comisión de fiscales que investiga el caso Alexander.
“Era el día jueves (11 de diciembre). Había ido el doctor Blanco, es decir, es el que más estaba (influyendo) en este caso de la violación, que quería que (Madelen) culpe, quería que señale a alguien (…) y (Blanco y otra fiscal) le dicen a Madelen: la verdad tu sabes que ha habido violación (…),vas a entrar a la cárcel 30 años, eres joven quiero que me digas quien ha entrado ese día, tú sabes (sic)”, relata la que al parecer es la voz de María Ch. en parte del audio que desde el lunes circula por los diferentes medios de comunicación.
María Ch. es la mamá de Madelen Paola P. Ch. (19), sentenciada, el pasado 28 de abril (en proceso abreviado), a cinco años de prisión por el cargo de homicidio culposo. Trabajaba como educadora o madre sustituta del lactante en el hogar Virgen de Fátima (hoy Niño Jesús).
Este es el cuarto audio que se da a conocer de forma anónima y en el que se revela, cómo los miembros de la comisión de fiscales, con participación de fiscales especiales enviados desde Sucre, habrían direccionado el caso Alexander hacia la teoría de la violación, pese a que los principales testigos sostenían otra versión.
También es la segunda grabación en la que se menciona al fiscal Edwin Blanco, único miembro de dicha comisión al que el fiscal general, Ramiro Guerrero, decidió mantener desde el inicio de las investigaciones y conoce los pormenores de todo el proceso investigativo. Los anteriores audios fueron presentado como prueba y señala que Blanco pide a otra imputada “el favor” de cambiar su declaración.
Dicho audio tiene algo más de ocho minutos de duración, María Ch. menciona a Blanco, como principal impulsor de la teoría de la violación, por sobre el conocimiento que este tenía de los resultados de los análisis de ADN (emitidos el 15 de diciembre de 2014).
También tomó conocimiento de los supuestos errores cometidos por los peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), como lo sostienen los abogados y la familia del médico acusado del improbable abuso sexual, Jhiery F.S.
En el audio, que al parecer fue gravado por un tercero, María Ch. comenta a un grupo de personas, que Blanco, junto a otra fiscal visitan a su hija en Qalauma el 11 de diciembre y mediante preguntas insistentes, tratan de influir en la declaración de Madelen, para que por medio de la intimidación involucre al médico Jhiery F.S. como el supuesto autor de la violación sobre la base de datos falsos.
Luego de la pregunta hecha por los fiscales, en aquella visita del 11 de diciembre y que EL DIARIO ha transcrito en el segundo párrafo, según la voz de la madre, Madelen los mira y les responde: “Sabe qué, yo he dormido con el bebé (Alexander) esa noche, estaba ahí, ¿sabe? nadie ha entrado (ante la insistencia de los fiscales) sabe qué doctor (fiscal), yo no sospecho de nadie, no sospecho del médico, ni del portero, no tengo por qué hablar aquí cosas que no son. Estoy con mi verdad y me voy a mantener (sic)”, refiere el audio.
Pese a esto, la joven fue condenada a cinco años de cárcel y a la fecha busca acceder al perdón judicial. El día que se dio a conocer su condena, la Fiscalía Departamental, mediante un comunicado afirmó “que Madelen P. Ch. admitió que encontró al bebé Alexander con sangrado anal, por lo que previo a trasladarlo al hospital (del Niño) realizó un aseo del niño, impidiendo con ello una atención médica oportuna. Esta situación corrobora los datos obtenidos en el proceso de investigación en sentido de que hubo agresión sexual”.
Al día siguiente, la versión emitida desde el Ministerio Público fue puesta en duda y se conoce de que en el texto original firmado entre la Fiscalía y Madelen, ella no afirma haber visto dicho sangrado o que haya bañado al bebé y menos que el médico Jhiery F. S. hubiera ingresado a la “Sala 2” donde durmió Alexander ese 13 de noviembre.
Por otro lado, Elizabeth Vizcarra, abogada de Madelen Paola P. Ch. negó conocer el origen y contenido de este cuatro audio, y cuestionó cuál sería la intencionalidad del mismo.
Pese a esto, en marzo de este año, la defensa de Madelen presentó en calidad de prueba ante el fiscal denunciado y el juez del caso, otros dos audios, en los que revelan otros datos que descartan la violación y señalan una impericia médica.
El fiscal general, Ramiro Guerrero, sobre el tema de esos dos audios, declaró que de comprobarse que algún fiscal haya incurrido en irregularidades, al ocultar información valiosa, podría ser sancionado hasta con procesos penales.
“Era el día jueves (11 de diciembre). Había ido el doctor Blanco, es decir, es el que más estaba (influyendo) en este caso de la violación, que quería que (Madelen) culpe, quería que señale a alguien (…) y (Blanco y otra fiscal) le dicen a Madelen: la verdad tu sabes que ha habido violación (…),vas a entrar a la cárcel 30 años, eres joven quiero que me digas quien ha entrado ese día, tú sabes (sic)”, relata la que al parecer es la voz de María Ch. en parte del audio que desde el lunes circula por los diferentes medios de comunicación.
María Ch. es la mamá de Madelen Paola P. Ch. (19), sentenciada, el pasado 28 de abril (en proceso abreviado), a cinco años de prisión por el cargo de homicidio culposo. Trabajaba como educadora o madre sustituta del lactante en el hogar Virgen de Fátima (hoy Niño Jesús).
Este es el cuarto audio que se da a conocer de forma anónima y en el que se revela, cómo los miembros de la comisión de fiscales, con participación de fiscales especiales enviados desde Sucre, habrían direccionado el caso Alexander hacia la teoría de la violación, pese a que los principales testigos sostenían otra versión.
También es la segunda grabación en la que se menciona al fiscal Edwin Blanco, único miembro de dicha comisión al que el fiscal general, Ramiro Guerrero, decidió mantener desde el inicio de las investigaciones y conoce los pormenores de todo el proceso investigativo. Los anteriores audios fueron presentado como prueba y señala que Blanco pide a otra imputada “el favor” de cambiar su declaración.
Dicho audio tiene algo más de ocho minutos de duración, María Ch. menciona a Blanco, como principal impulsor de la teoría de la violación, por sobre el conocimiento que este tenía de los resultados de los análisis de ADN (emitidos el 15 de diciembre de 2014).
También tomó conocimiento de los supuestos errores cometidos por los peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), como lo sostienen los abogados y la familia del médico acusado del improbable abuso sexual, Jhiery F.S.
En el audio, que al parecer fue gravado por un tercero, María Ch. comenta a un grupo de personas, que Blanco, junto a otra fiscal visitan a su hija en Qalauma el 11 de diciembre y mediante preguntas insistentes, tratan de influir en la declaración de Madelen, para que por medio de la intimidación involucre al médico Jhiery F.S. como el supuesto autor de la violación sobre la base de datos falsos.
Luego de la pregunta hecha por los fiscales, en aquella visita del 11 de diciembre y que EL DIARIO ha transcrito en el segundo párrafo, según la voz de la madre, Madelen los mira y les responde: “Sabe qué, yo he dormido con el bebé (Alexander) esa noche, estaba ahí, ¿sabe? nadie ha entrado (ante la insistencia de los fiscales) sabe qué doctor (fiscal), yo no sospecho de nadie, no sospecho del médico, ni del portero, no tengo por qué hablar aquí cosas que no son. Estoy con mi verdad y me voy a mantener (sic)”, refiere el audio.
Pese a esto, la joven fue condenada a cinco años de cárcel y a la fecha busca acceder al perdón judicial. El día que se dio a conocer su condena, la Fiscalía Departamental, mediante un comunicado afirmó “que Madelen P. Ch. admitió que encontró al bebé Alexander con sangrado anal, por lo que previo a trasladarlo al hospital (del Niño) realizó un aseo del niño, impidiendo con ello una atención médica oportuna. Esta situación corrobora los datos obtenidos en el proceso de investigación en sentido de que hubo agresión sexual”.
Al día siguiente, la versión emitida desde el Ministerio Público fue puesta en duda y se conoce de que en el texto original firmado entre la Fiscalía y Madelen, ella no afirma haber visto dicho sangrado o que haya bañado al bebé y menos que el médico Jhiery F. S. hubiera ingresado a la “Sala 2” donde durmió Alexander ese 13 de noviembre.
Por otro lado, Elizabeth Vizcarra, abogada de Madelen Paola P. Ch. negó conocer el origen y contenido de este cuatro audio, y cuestionó cuál sería la intencionalidad del mismo.
Pese a esto, en marzo de este año, la defensa de Madelen presentó en calidad de prueba ante el fiscal denunciado y el juez del caso, otros dos audios, en los que revelan otros datos que descartan la violación y señalan una impericia médica.
El fiscal general, Ramiro Guerrero, sobre el tema de esos dos audios, declaró que de comprobarse que algún fiscal haya incurrido en irregularidades, al ocultar información valiosa, podría ser sancionado hasta con procesos penales.
Tuesday, July 14, 2015
En una nueva edición de la revista Veja Soza revela que la justicia es para perseguir políticos
En un documento de 25 páginas, cita la nueva publicación de la brasileña revista Veja, el exfiscal Marcelo Ricardo Soza Álvarez (refugiado en Brasil desde abril del 2015) revela cómo el Gobierno de Bolivia volvió el Poder Judicial del país en un instrumento de persecución política.
"La justicia en Bolivia es manipulada por el Poder Ejecutivo que usa para procesar a personas que no comparte la ideología política del gobierno, lo que representa una amenaza para los que tienen opiniones opuestas. Podemos decir que en Bolivia, el Gobierno utiliza los tribunales para justificar todos los abusos", señaló.
Pese a restarle credibilidad al accionar del fiscal Soza, el diputado de Unidad Demócrata(UD) Luis Felipe Dorado valoró que lo dicho por la exautoridad es verdad. "Pese a que el exfiscal Soza ha perdido credibilidad, ya que ha sido el principal inquisidor a los líderes cruceños, está diciendo algunas verdades, dado que la justicia está coartada y que el gobierno ha hecho una persecusión política a los líderes opositores a su gobierno", argumentó.
En el caso Rózsa. Soza fue fiscal asignado a las investigaciones y fue él mismo quien imputó y acusó a 39 personas, ahora narra (de acuerdo a dicho documento al que tuvo acceso Veja), que el hermano del vicepresidente Álvaro García Linera (Raúl) estuvo detrás de un atentado contra la residencia del cardenal Julio Terrazas. "El episodio fue utilizado como justificación para que el Gobierno boliviano ponga en marcha una acción militar que mató a tres personas", señala.
Además, en el legajo de 25 páginas refrendada en la edición de Veja, Soza dice: "Durante mi trabajo de investigación, me di cuenta de que nunca hubo un enfrentamiento armado entre el grupo terrorista acusado y la Policía, como se informó por parte de funcionarios del Gobierno y es apoyado oficialmente hasta hoy. Lo que pasó esa noche en Santa Cruz, fue la ejecución de tres extranjeros y la tortura de otros dos", señaló.
El fiscal, bajo esos antecedentes, asegura que el Gobierno ha creado una falsa trama de supuesto atentado para justificar y ejecutar persecusión y torturas a tres personas, con el solo motivo de acusar a los opositores como miembros de una supuesta célula terrorista.
Según la analista política Éricka Brockmann, con esos relatos del exfiscal se confirma que el Gobierno ha montado una especie de "reality show acusatorio" con el caso Rózsa, con el que ha mantenido en vilo a la población. "Me queda claro que el Gobierno ha forzado un relato, distriada de los grandes problemas que tiene el país. Lamentablemente se va seguir manteniendo esta situación, por lo que difícilmente a través de la justicia y el Estado actual llegaremos a saber la verdad", señaló.
Entre otros aspectos. Según la publicación de Veja, en el documento entregado a las autoridades brasileñas, Soza dice que "pocos como él, saben la forma en que los jueces y fiscales de Bolivia son manipulados". Él sostiene que "si un juez o un fiscal decide resistir órdenes son simplemente alejados, procesados y condenados a muerte civil en el ejercicio de su profesión", señaló.
El politólogo Gustavo Pedraza, indistintamente del caso Rózsa, señala que la situación de la justicia del país es preocupante, dado que no hay independencia de la administración de justicia por lo que no le hace bien al funcionamiento del Estado. "La situación desastrosa en la que está, requiere una urgente recomposición en la independencia, en la selección de sus miembros y sus responsables, en base a sus méritos y no a la lealtad política", precisó. Brockmann citó que respecto a la justicia resulta extraño que no haya una masa crítica para cambiar esta situación de manera concreta y no con discursos.
Apuntes
Veja refiere otras aristas de lo que citó el exfiscal en Brasil
Operativo. En el caso del hotel Las Américas, Sosa dice que la policía, dependiente del Ministerio de Gobierno, dirigió totalmente la investigación para ocultar la verdad. "Me negó investigar la muerte de los ciudadanos extranjeros y me negó el acceso a la lista de los nombres de los oficiales que participaron en la operación", argumenta.
Hermano. El exfiscal enfatiza que Raúl García Linera, hermano del vicepresidente Álvaro García Linera, ha puesto en marcha una red de extorsión para beneficiarse económica y políticamente con este caso.
"La justicia en Bolivia es manipulada por el Poder Ejecutivo que usa para procesar a personas que no comparte la ideología política del gobierno, lo que representa una amenaza para los que tienen opiniones opuestas. Podemos decir que en Bolivia, el Gobierno utiliza los tribunales para justificar todos los abusos", señaló.
Pese a restarle credibilidad al accionar del fiscal Soza, el diputado de Unidad Demócrata(UD) Luis Felipe Dorado valoró que lo dicho por la exautoridad es verdad. "Pese a que el exfiscal Soza ha perdido credibilidad, ya que ha sido el principal inquisidor a los líderes cruceños, está diciendo algunas verdades, dado que la justicia está coartada y que el gobierno ha hecho una persecusión política a los líderes opositores a su gobierno", argumentó.
En el caso Rózsa. Soza fue fiscal asignado a las investigaciones y fue él mismo quien imputó y acusó a 39 personas, ahora narra (de acuerdo a dicho documento al que tuvo acceso Veja), que el hermano del vicepresidente Álvaro García Linera (Raúl) estuvo detrás de un atentado contra la residencia del cardenal Julio Terrazas. "El episodio fue utilizado como justificación para que el Gobierno boliviano ponga en marcha una acción militar que mató a tres personas", señala.
Además, en el legajo de 25 páginas refrendada en la edición de Veja, Soza dice: "Durante mi trabajo de investigación, me di cuenta de que nunca hubo un enfrentamiento armado entre el grupo terrorista acusado y la Policía, como se informó por parte de funcionarios del Gobierno y es apoyado oficialmente hasta hoy. Lo que pasó esa noche en Santa Cruz, fue la ejecución de tres extranjeros y la tortura de otros dos", señaló.
El fiscal, bajo esos antecedentes, asegura que el Gobierno ha creado una falsa trama de supuesto atentado para justificar y ejecutar persecusión y torturas a tres personas, con el solo motivo de acusar a los opositores como miembros de una supuesta célula terrorista.
Según la analista política Éricka Brockmann, con esos relatos del exfiscal se confirma que el Gobierno ha montado una especie de "reality show acusatorio" con el caso Rózsa, con el que ha mantenido en vilo a la población. "Me queda claro que el Gobierno ha forzado un relato, distriada de los grandes problemas que tiene el país. Lamentablemente se va seguir manteniendo esta situación, por lo que difícilmente a través de la justicia y el Estado actual llegaremos a saber la verdad", señaló.
Entre otros aspectos. Según la publicación de Veja, en el documento entregado a las autoridades brasileñas, Soza dice que "pocos como él, saben la forma en que los jueces y fiscales de Bolivia son manipulados". Él sostiene que "si un juez o un fiscal decide resistir órdenes son simplemente alejados, procesados y condenados a muerte civil en el ejercicio de su profesión", señaló.
El politólogo Gustavo Pedraza, indistintamente del caso Rózsa, señala que la situación de la justicia del país es preocupante, dado que no hay independencia de la administración de justicia por lo que no le hace bien al funcionamiento del Estado. "La situación desastrosa en la que está, requiere una urgente recomposición en la independencia, en la selección de sus miembros y sus responsables, en base a sus méritos y no a la lealtad política", precisó. Brockmann citó que respecto a la justicia resulta extraño que no haya una masa crítica para cambiar esta situación de manera concreta y no con discursos.
Apuntes
Veja refiere otras aristas de lo que citó el exfiscal en Brasil
Operativo. En el caso del hotel Las Américas, Sosa dice que la policía, dependiente del Ministerio de Gobierno, dirigió totalmente la investigación para ocultar la verdad. "Me negó investigar la muerte de los ciudadanos extranjeros y me negó el acceso a la lista de los nombres de los oficiales que participaron en la operación", argumenta.
Hermano. El exfiscal enfatiza que Raúl García Linera, hermano del vicepresidente Álvaro García Linera, ha puesto en marcha una red de extorsión para beneficiarse económica y políticamente con este caso.
Implementan sistema que permite agilizar procesos en la Magistratura
El Consejo de la Magistratura implementa un nuevo sistema informático denominado Sistema Integrado de Gestión Judicial Multimateria para el Órgano Judicial (Sirej) que funcionará a nivel nacional y tiene como objetivo agilizar los procesos, puesto que a través de este medio se controlarán los plazos establecidos, además de ofrecer seguridad y transparencia.
Javier Ríos, funcionario de la entidad beneficiaria aseveró que a partir de ayer se realizó la renovación del sistema informativo, ofreciendo un sistema más moderno que brindará varias facilidades para evitar la mora procesal.
Indicó que no solo se realiza el cambio del sistema sino se homogeniza los procesos de todos los departamentos y distritos del país, lo cual permitirá tener un informe de toda Bolivia y de esta forma lograr acelerar los procesos judiciales.
Explicó que el sistema Sirej utiliza tecnologías software libre que es una de las directrices en cuanto a la aplicación de software que utiliza el país por ley, pues tiene estándares abiertos.
Aseveró que el sistema anterior instalado hace aproximadamente 19 años es obsoleto, además solo permite la inserción de datos pero los mismos no pueden utilizarse, entonces no tiene beneficio, ahora con el nuevo sistema se recuperó esta información y se podrá utilizar todos estos procesos para fines estadísticos, realizar el control de plazos, entre otras facilidades.
Agregó que el anterior sistema estaba pensado para hacer el seguimiento en el área penal, mientras que el actual tendrá datos en todas las áreas.
Mencionó que el sistema se aplica en las unidades de plataforma que son las encargadas de recibir los casos y partes, los cuales se reparten de acuerdo al área que corresponda.
Además este sistema en algunos casos será de acceso público para que el usuario pueda hacer seguimiento a su proceso a través del internet o desde la aplicación Sirej disponible para celulares android, para lo cual tendrá un número de usuario.
Javier Ríos, funcionario de la entidad beneficiaria aseveró que a partir de ayer se realizó la renovación del sistema informativo, ofreciendo un sistema más moderno que brindará varias facilidades para evitar la mora procesal.
Indicó que no solo se realiza el cambio del sistema sino se homogeniza los procesos de todos los departamentos y distritos del país, lo cual permitirá tener un informe de toda Bolivia y de esta forma lograr acelerar los procesos judiciales.
Explicó que el sistema Sirej utiliza tecnologías software libre que es una de las directrices en cuanto a la aplicación de software que utiliza el país por ley, pues tiene estándares abiertos.
Aseveró que el sistema anterior instalado hace aproximadamente 19 años es obsoleto, además solo permite la inserción de datos pero los mismos no pueden utilizarse, entonces no tiene beneficio, ahora con el nuevo sistema se recuperó esta información y se podrá utilizar todos estos procesos para fines estadísticos, realizar el control de plazos, entre otras facilidades.
Agregó que el anterior sistema estaba pensado para hacer el seguimiento en el área penal, mientras que el actual tendrá datos en todas las áreas.
Mencionó que el sistema se aplica en las unidades de plataforma que son las encargadas de recibir los casos y partes, los cuales se reparten de acuerdo al área que corresponda.
Además este sistema en algunos casos será de acceso público para que el usuario pueda hacer seguimiento a su proceso a través del internet o desde la aplicación Sirej disponible para celulares android, para lo cual tendrá un número de usuario.
Monday, July 13, 2015
Las mujeres copan el 70% de los jueces conciliadores
Según el informe del Consejo de la Magistratura, luego de la conclusión del proceso de convocatoria, preselección, selección y designación de jueces conciliadores, se estableció que de 157 ciudadanos con dicho cargo, el 70% es mujer, quedando los varones con una presencia del 30%. "Es muy satisfactorio, dado que ha roto el mito de la predominancia de los hombres y ahora ellas serán parte de la administración de justicia. Además no le deben absolutamente a nadie más que a sus propios méritos", informó la magistrada Wilma Mamani.
Contexto. La primera convocatoria para conciliadores del Órgano Judicial tuvo alrededor 2.900 postulantes para 157 cargos en todo el país. Según Mamani, desde la pasada semana se ha iniciado con el proceso de capacitación en la ciudad de Sucre, a través de la Escuela de Jueces y con apoyo de la Fundación Unir. "Desde el 7 de agosto, una vez posesionados los 157 jueces inciarán sus actividades en todo el país por un período de cuatro años", informó.
Misión. De acuerdo a los datos proporcionados por el Consejo de la Magistratura, los jueces conciliadores tendrán la responsabilidad de resolver los conflictos a través de la herramienta principal de "la palabra" vía un proceso comunicacional, sin llegar a la etapa de judicialización.
Por otra parte, Mamani informó que dentro del proceso de selección de postulantes al cargo, se hizo la evaluación psicológica que tiene por objetivo compatibilizar la personalidad del postulante con el perfil establecido para el cargo y evaluar las habilidades, actitudes y valores para el ejercicio del cargo.
Contexto. La primera convocatoria para conciliadores del Órgano Judicial tuvo alrededor 2.900 postulantes para 157 cargos en todo el país. Según Mamani, desde la pasada semana se ha iniciado con el proceso de capacitación en la ciudad de Sucre, a través de la Escuela de Jueces y con apoyo de la Fundación Unir. "Desde el 7 de agosto, una vez posesionados los 157 jueces inciarán sus actividades en todo el país por un período de cuatro años", informó.
Misión. De acuerdo a los datos proporcionados por el Consejo de la Magistratura, los jueces conciliadores tendrán la responsabilidad de resolver los conflictos a través de la herramienta principal de "la palabra" vía un proceso comunicacional, sin llegar a la etapa de judicialización.
Por otra parte, Mamani informó que dentro del proceso de selección de postulantes al cargo, se hizo la evaluación psicológica que tiene por objetivo compatibilizar la personalidad del postulante con el perfil establecido para el cargo y evaluar las habilidades, actitudes y valores para el ejercicio del cargo.
Sunday, July 12, 2015
Tarija Largas filas se registran en Juzgado de Familia
Desde el pasado lunes, largas filas se registran en el Juzgado de Familia con el fin de acceder al permiso de viaje para menores. En tanto, en la terminal de buses y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, se reforzó el control en el ingreso y salida de las flotas, a fin de evitar la salida de los niños sin el permiso.
Según datos de la oficina de Servicios al Menos del Juzgado de Familia, más de 100 autorizaciones por día se emiten para viajes al exterior del país, debido al pronto inicio del descanso pedagógico de invierno para los escolares. Similar número de solicitan en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para viajes a nivel nacional.
Sandra León, responsable de Servicios al Menor, indicó que el principal destino de las solicitudes de viaje son hacia Argentina, seguida por Chile, Brasil e interior del país como La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, esto en el caso de viajes de promoción de los estudiantes.
Sin embargo, León recordó a los padres de familia que también pueden acceder al permiso de viaje en los notarios de fe pública, “para evitar filas y reclamos, decirle a los padres de familia que pueden sacar el mismo permiso en las notarías de fe pública, porque es un trámite que tarda entre 24 y 48 horas”, indicó.
Según datos de la oficina de Servicios al Menos del Juzgado de Familia, más de 100 autorizaciones por día se emiten para viajes al exterior del país, debido al pronto inicio del descanso pedagógico de invierno para los escolares. Similar número de solicitan en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para viajes a nivel nacional.
Sandra León, responsable de Servicios al Menor, indicó que el principal destino de las solicitudes de viaje son hacia Argentina, seguida por Chile, Brasil e interior del país como La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, esto en el caso de viajes de promoción de los estudiantes.
Sin embargo, León recordó a los padres de familia que también pueden acceder al permiso de viaje en los notarios de fe pública, “para evitar filas y reclamos, decirle a los padres de familia que pueden sacar el mismo permiso en las notarías de fe pública, porque es un trámite que tarda entre 24 y 48 horas”, indicó.
Saturday, July 11, 2015
Buscan que alcaldías concedan juzgados
El presidente del Consejo de la Magistratura, Freddy Sanabria, informó que se trabaja en un anteproyecto de ley para que las alcaldías, en el país, doten infraestructura en sus regiones para que puedan trabajar los operadores de justicia.
Explicó que la normativa “inversión pública por los municipios” está enmarcada en el proceso de reestructuración judicial, con el fin de crear el acceso de la justicia a todos los lugares de Bolivia.
“Trabajamos en el anteproyecto porque los servicios de la justicia son prioritarios para el Estado y nosotros, como Órgano Judicial, no contamos con los recursos necesarios para seguir invirtiendo en el tema de la infraestructura, por eso queremos desconcentrar la justicia para que todos tengan acceso en los municipios del país. Queremos que en las alcaldías amplíen sus competencias para que puedan invertir en dotar infraestructura para su pueblo”, dijo Sanabria.
La autoridad adelantó que el Órgano Judicial, si se aprueba la normativa, se encargará de dotar los recursos humanos correspondientes y necesarios en los juzgados que se puedan crear en cada municipio.
Sanabria expresó que la propuesta es trabajada con algunos asambleístas nacionales y que dentro del anteproyecto se da curso a que los municipios del país incorporen en su Plan Operativo Anual (POA) los recursos que se requieren para la infraestructura que dotarán. Esta tarea tiene el objetivo de que se trabaje a favor de la población, manifestó.
Friday, July 10, 2015
Mónica Limachi, responsable del Consejo de Magistratura en La Paz
La abogada Mónica Limachi Rosas fue posesionada ayer como la nueva responsable departamental del Consejo de la Magistratura en La Paz. La nueva autoridad señaló que su trabajo no será de escritorio, sino que trabajará en los juzgados, descartando la amenaza y penalización, de la profesión del abogado.
En los salones del Tribunal Departamental de La Paz, el presidente del Consejo de la Magistratura (CM), Freddy Sanabria, tomó juramento a Limachi, quien al momento de hacer uso de la palabra señaló que si bien representaba un nuevo reto la función, no era difícil, “todo se puede” y aseguró contar con la experiencia necesaria para afrontar la responsabilidad del cargo.
Limachi exhortó tanto a jueces, como a miembros del Ministerio Público, cumplir con su trabajo de forma correcta y desterrar la retardación de justicia.
Entre los primeros objetivos la nueva autoridad apuntó a efectivizar la labor de los funcionarios públicos.
Pero aún más importante será llegar a una justicia más pronta y cercana a los pobres, por lo que trabajará para que “algunos” malos funcionarios, que hacen quedar mal a todo el sistema judicial sean alejados de este órgano.
En los salones del Tribunal Departamental de La Paz, el presidente del Consejo de la Magistratura (CM), Freddy Sanabria, tomó juramento a Limachi, quien al momento de hacer uso de la palabra señaló que si bien representaba un nuevo reto la función, no era difícil, “todo se puede” y aseguró contar con la experiencia necesaria para afrontar la responsabilidad del cargo.
Limachi exhortó tanto a jueces, como a miembros del Ministerio Público, cumplir con su trabajo de forma correcta y desterrar la retardación de justicia.
Entre los primeros objetivos la nueva autoridad apuntó a efectivizar la labor de los funcionarios públicos.
Pero aún más importante será llegar a una justicia más pronta y cercana a los pobres, por lo que trabajará para que “algunos” malos funcionarios, que hacen quedar mal a todo el sistema judicial sean alejados de este órgano.
La Magistratura destituyó a 15 jueces en tres años
Otro número de funcionarios también fueron retirados también por diversas faltas.
Freddy Sanabria, presidente del Consejo de la Magistratura, señaló que en tres años se destituyó a 15 jueces y se recibió más de 200 denuncias que aún son procesadas por el ente contralor.
"De acuerdo a las estadísticas --desde 2012-- la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura reportó al menos 200 denuncias que son procesadas en primera y segunda instancia, pero fueron exoneraron de sus cargos a 15 jueces".
El presidente del Consejo afirmó que los administradores de justicia fueron sancionados por prevaricato, incumplimiento de deberes y otros señalados por Ley y la Constitución Política del Estado (CPE).
Además recordó que otro número de funcionarios judiciales también fueron retirados también por la comisión de faltas leves, graves y gravísimas que están enmarcados en el código de disciplina. Aclaro que en otros casos la suspensión fue de uno a seis meses, multas pecuniarias y llamadas de atención.
“La sala Disciplinaria, mediante los juzgados de ese orden, tienen la facultad de sustanciar en primera instancia procesos disciplinarios por faltas leves y graves, además, de recabar pruebas para la sustanciación de los procesos por faltas disciplinarias gravísimas”.
DENUNCIAS. El magistrado afirmó que algunos jueces, observados, tienen hasta tres y cuatro denuncias en su contra y que su autoridad ha solicitado celeridad para sancionarlos en caso de haber incurrido en falta.
Recordó que en el Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, se descubrió a una persona que administraba justicia con título falso de abogado, por lo que el Consejo de la Magistratura instauró proceso penal por usurpación de funciones, falsedad ideológica y otros delitos.
SANABRIA DIJO QUE HAY UN PROYECTO PARA IMPLEMENTAR LA CARRERA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA PARA JUECES.
Freddy Sanabria, presidente del Consejo de la Magistratura, señaló que en tres años se destituyó a 15 jueces y se recibió más de 200 denuncias que aún son procesadas por el ente contralor.
"De acuerdo a las estadísticas --desde 2012-- la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura reportó al menos 200 denuncias que son procesadas en primera y segunda instancia, pero fueron exoneraron de sus cargos a 15 jueces".
El presidente del Consejo afirmó que los administradores de justicia fueron sancionados por prevaricato, incumplimiento de deberes y otros señalados por Ley y la Constitución Política del Estado (CPE).
Además recordó que otro número de funcionarios judiciales también fueron retirados también por la comisión de faltas leves, graves y gravísimas que están enmarcados en el código de disciplina. Aclaro que en otros casos la suspensión fue de uno a seis meses, multas pecuniarias y llamadas de atención.
“La sala Disciplinaria, mediante los juzgados de ese orden, tienen la facultad de sustanciar en primera instancia procesos disciplinarios por faltas leves y graves, además, de recabar pruebas para la sustanciación de los procesos por faltas disciplinarias gravísimas”.
DENUNCIAS. El magistrado afirmó que algunos jueces, observados, tienen hasta tres y cuatro denuncias en su contra y que su autoridad ha solicitado celeridad para sancionarlos en caso de haber incurrido en falta.
Recordó que en el Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, se descubrió a una persona que administraba justicia con título falso de abogado, por lo que el Consejo de la Magistratura instauró proceso penal por usurpación de funciones, falsedad ideológica y otros delitos.
SANABRIA DIJO QUE HAY UN PROYECTO PARA IMPLEMENTAR LA CARRERA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA PARA JUECES.
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