La Inspectoría Judicial propuesta por el procurador Héctor Arce, asume competencias del Consejo de la Magistratura y se erige en el más alto tribunal disciplinario y anticorrupción del sistema judicial, con atribución para juzgar a los magistrados
A menos de una semana de la Cumbre Nacional de Justicia Plural para Vivir Bien, convocada para el 3 y 4 de junio, se ha avanzado en propuestas de diversas organizaciones profesionales y sociales. Una de las principales, por su peso político en la Asamblea y el Ejecutivo, es la elaborada por la Procuraduría General del Estado
Entre otros temas, en esta propuesta figura la creación de la Inspectoría Judicial, una institución independiente del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, y que asumirá uno de los roles más visibles del Consejo de la Magistratura, hasta ahora: su función disciplinaria. Si se aprueba el proyecto oficialista, este Consejo no desaparece, sino que sus funciones se limitarán “al manejo administrativo financiero del Órgano Judicial, administración del talento humano y gestión del Órgano Judicial”.
El proyecto del Procurador sostiene que “en el entendido que se ha evidenciado fácticamente que la función disciplinaria recaída en el Consejo de la Magistratura ha fracasado, esta labor debe ser encomendada a una nueva institución, proponiéndose al efecto la creación de la Inspectoría Judicial”.
ATRIBUCIONES La Inspectoría asume, en este caso, la “función capital de conocer y resolver las cuestiones disciplinarias relacionadas a quienes ejercen funciones en el Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional”, como se lee en el documento elaborado por la Procuraduría que dirige Héctor Arce. Tendrá a su cargo, además, las tareas de “investigación, fiscalización y lucha contra la corrupción” de todos los actos de los funcionarios judiciales de Bolivia
Entre sus funciones, la Inspectoría se involucra en el empeño contra uno de los síntomas más notables de la justicia boliviana: la retardación de justicia, mediante auditorías jurídicas “con relación al reiterado incumplimiento de plazos procesales, para identificar los actos que provoquen la retardación de justicia y, desde luego, para determinar sus causas”
Sobre la propuesta, Arce Zaconeta asegura que no es un planteamiento oficial del Gobierno, sino un aporte de su despacho, para el debate en la Cumbre Judicial, donde se debatirá y consensuará los planteamientos de todos los sectores participantes.
LEY ESPECIAL La nueva Inspectoría Judicial tendrá como instrumento una nueva ley anticorrupción, específica para el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Órgano Judicial, y que alcanzará “a los servidores del Ministerio Público y abogados, cuando corresponda (…)”. Esta norma tendrá, además, “mecanismos que posibiliten la Declaración Jurada Patrimonial y la Investigación Patrimonial y Financiera” para investigar con “procedimientos expeditos y ágiles” delitos como el enriquecimiento ilícito, y la corrupción en general, de los funcionarios judiciales.
ELECCIÓN La Inspectoría Judicial está compuesta de 5 inspectores. Tres de ellos serán designados por el Presidente del Gobierno a partir de ternas recibidas del Legislativo. Los otros dos, serán elegidos por la Asamblea Legislativa. En ambos casos, se precisan los dos tercios de los votos de los asambleístas.
RIESGO El actual presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, defiende la labor de esta instancia judicial y asegura que participarán con sus propias propuestas en la Cumbre de Justicia, de la próximas semana, pero que apuntará a mantener la independencia del Órgano Judicial, en su conjunto
Por otro lado, el exmagistrado del Tribunal Constitucional José Antonio Rivera Santiváñez (2003-2006) advierte que la independencia del Órgano Judicial está en riesgo, con la propuesta de la Procuraduría de crear la Inspectoría y dar mayor poder al Presidente del Estado, para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Rivera Santiváñez considera que el Gobierno de Evo Morales, que ya tiene 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional, para aprobar todas su iniciativas, busca controlar también los tribunales de justicia. Y que con ese fin, utilizará la Cumbre de Justicia, de donde saldrán las propuestas para la reforma judicial.
Apuntes
Elección
La Procuraduría General del Estado también propone eliminar la elección por voto universal de los magistrados del Órgano Judicial, para que su designación quede en manos del Presidente del Estado y la Asamblea Legislativa.
La nueva modalidad de elección se aplicaría en el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Agroambiental y el Tribunal Supremo de Justicia y, los departamentales.
Voto popular
El argumento para plantear la eliminación de voto universal de magistrados, aplicado por primera vez en 2011, es que esa forma de elección no cumplió el objetivo de generar independencia en el Órgano Judicial, más al contrario, profundizó los males de la justicia boliviana, al generar autoridades judiciales sin la más mínima formación académica.
Elección o designación de magistrados
Desde el momento en que fueron posesionados y tomaron las primeras decisiones los magistrados elegidos por voto popular para los más altos tribunales del Órgano de Justicia, fueron recurrentes las voces que criticaban este método de selección, pero no todos están disconformes.
Por un lado, está el Colegio Nacional de Abogados, que por medio de su presidente, César Cabrera, sostiene que la elección directa debe continuar, con algunos ajustes. Su colega del Colegio de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez, al contrario, está de acuerdo con la Procuraduría del Estado, para que los magistrados sean elegidos por la Asamblea Legislativa y el Presidente, con la condición de que las ternas, de donde saldrán los nombramientos, sean elaboradas por los Colegios de Abogados, las Facultades de Derecho y la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas, dijo en una entrevista con Opinión
El decano del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, Óscar Freire, se mostró también contrario a la elección directa y dice que la designación debe considerar la especialización y el respeto a la carrera judicial.
En la Cumbre de Justicia, este será uno de los temas más relevantes, aunque no necesariamente el más importante.
La COB planteará el cambio total de los miembros del Órgano Judicial
VÍCTOR QUINTANILLA S.
LA PAZ/OPINIÓN
Con miras a la Cumbre Nacional de Justicia, la Central Obrera Boliviana (COB) prepara su propuesta de reforma del sistema judicial, cuyo elemento central es el cambio total de los miembros del Órgano Judicial, quienes deberían ser reemplazados por gente “idónea y comprometida”. Así lo informó a Opinión el secretario ejecutivo de la COB, Guido Mitma
“Eso es lo que vamos a proponer, que se vaya a cambiar todo el Órgano (Judicial) y que entre gente totalmente comprometida con su pueblo”, expresó Mitma
La propuesta será presentada por escrito y defendida en la Cumbre, encuentro nacional a realizarse el 3 y 4 de junio en Sucre. “La propuesta de la COB es un cambio total, queremos una justicia sana, idónea, con jueces y abogados comprometidos con la clase pobre… No queremos justicia para los jueces y abogados, queremos justicia para los pobres, para todos los bolivianos y bolivianas”, reiteró el máximo ejecutivo del ente que agrupa a los trabajadores del país
Solo con un cambio de esa magnitud, añadió, es posible tener una administración de justicia sin corrupción y que incluso sea referente para otros países. “Tenemos un Órgano Judicial totalmente corrupto y maleado”, afirmó
Tras la Cumbre Nacional en Sucre, precedida por pre cumbres departamentales, se tienen previstas una fase de formulación de instrumentos de política pública y otra de implementación, evaluación y ajuste.
PROPUESTA DE LA CONALCAM La Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) realizó reuniones de trabajo en la ciudad de La Paz, para elaborar propuestas que serán presentadas en la Cumbre, informó el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada
La autoridad dijo que en esas reuniones participaron la ministra de Justicia, Virginia Velasco, y representantes de varios sectores sociales que forman esa organización que es encabezada por la Central Obrera Boliviana (COB).
Justicia centraliza las propuestas para la Cumbre
LA PAZ/OPINIÓN
El Ministerio de Justicia no presentará ninguna propuesta en la Cumbre Nacional de Justicia, pues se limitará a sistematizar y llevar las propuestas que ha recibido de otras instituciones públicas y privadas, así como de organizaciones sociales y grupos de la sociedad civil. En cuanto al planteamiento de la Procuraduría de poner en manos del Presidente y la Asamblea Legislativa la elección de los magistrados del Órgano Judicial, la ministra del ramo, Virginia Velasco, señaló que el mismo será discutido en la Cumbre el 3 y 4 de junio en Sucre
“El Ministerio de Justicia no tiene ninguna propuesta a la fecha, toda vez que se han recogido (las propuestas) de los nueve departamentos, y eso sí lo hemos sistematizado, eso se va a debatir en la Cumbre Nacional”, indicó Velasco a Opinión. Consultada si la entidad a su cargo elaborará una propuesta propia, respondió: “No, porque nosotros respetamos al pueblo y hemos escuchado al pueblo y eso se va a trabajar en la Cumbre”
El planteamiento de la Procuraduría de eliminar la elección de los magistrados por voto popular incluye a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Tribunal Constitucional Plurinacional. “Como cualquier ciudadano y como cualquier institución, (la Procuraduría) hizo llegar su propuesta, estamos sistematizando y eso se va a discutir en la Cumbre”, dijo la ministra
El Ministerio de Justicia ha recibido, desde el año pasado, propuestas sobre los problemas que la administración judicial enfrenta en el país y la forma de resolverlos. Las mismas han llegado de los Colegios de Abogados, organizaciones sociales y de la sociedad civil, académicos, universidades e instituciones públicas como la Fiscalía General del Estado. Las preocupaciones en torno a la reforma del sistema de justicia también fueron recogidas en las pre cumbres que se realizaron entre abril y mayo en las nueve ciudades capitales. “Eso se va a debatir y de ahí van a salir las conclusiones definitivas para después implementarlas a corto, mediano y largo plazo”, explicó Velasco
La metodología bajo la cual se desarrollará aún no está definida. “En el transcurso de estos días la vamos a aprobar con el gabinete jurídico”, anticipó Velasco
