La Paz se constituye en el departamento que
registra el mayor número de procesos disciplinarios abiertos en contra
de la actuación de fiscales, con el 58,5% de los casos, que en cifras
absolutas representan 496 de los 848 denunciados en el país. Similar
comportamiento elevado se presenta en el caso de las autoridades del
Ministerio Público que fueron destituidos, ya que alcanza a 14 (el 70%)
de los 20 retirados en lo que va del año.
El fiscal
general del Estado, Ramiro Guerrero, explicó que el comportamiento
observado en La Paz se da al menos por tres factores. El primero,
señaló, por ser el departamento que tiene mayor cantidad de fiscales,
con relación a las demás regiones del país. Segundo, añadió, porque es
el distrito con mayor número de procesos; y, tercero, por la cantidad de
población que, en este caso, se suman en las ciudades de La Paz y El
Alto.
Procesos. Al margen de esas causas, Guerrero
identificó a otro elemento que influye en la elevada demanda en contra
de fiscales y que está ligada a la naturaleza de los procesos. Sostuvo
que en La Paz, al ser sede de gobierno, se presentan más casos que están
vinculados con la administración del Estado y, además, destacó que se
debe tomar en cuenta que los fiscales atienden las zonas Central y Sud
de la hoyada y El Alto.
De acuerdo con los datos
difundidos por el director nacional de Régimen Disciplinario del
Ministerio Público, en La Paz se registraron un total de 496 causas en
lo que va del año; de ellas, 215 se encuentran en trámite y 205 han sido
concluidas. Además, 15 fiscales han recibido una multa económica, 14
han sido destituidos y 47 fueron absueltos.
En total,
la citada dirección ha recibido 848 procesos de todo el país, de los
cuales 377 se encuentran en la fase de trámites, 323 concluidos, 29
recibieron una multa económica, 20 fiscales destituidos, uno suspendido y
98 procesos fueron declarados absueltos.
Según el
director nacional de Régimen Disciplinario del Ministerio Público, Guido
Claure, las faltas disciplinarias más comunes en las que incurren los
fiscales son el incumplimiento a plazos dentro de una investigación o un
proceso judicial, establecidos en las normas vigentes, y la
desobediencia a instrucciones emitidas por autoridades superiores.
Claure dijo que en algunos casos, dependiendo de su importancia, otros
procesos pasan a la Justicia Ordinaria. Hasta la fecha, de acuerdo con
Claure, se enviaron a tres fiscales al Ministerio Público para ser
investigados, dos de La Paz y uno de Cochabamba, por delitos como el
cohecho.
Evaluación. Guerrero dijo que esos datos
demuestran la lucha que se desplegó para erradicar la corrupción en el
Ministerio Público, aspecto que fue destacado cuando hizo la evaluación
de sus dos años de trabajo, el jueves. “En estos dos años de gestión, lo
que hemos hecho es una reflexión de cuánto hemos avanzado y qué tareas
tenemos todavía pendientes por realizar, somos conscientes de que la
justicia está atravesando un difícil momento, está en una profunda
crisis, pero también asumimos ese reto y compromiso de trabajar por un
nuevo Ministerio Público, por una nueva justicia que está esperando el
pueblo, ese es nuestro compromiso”, manifestó la autoridad.
El 23 de julio, Guerrero recibió de manos de la ministra de
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, un fólder con
documentos que contenían denuncias en contra de fiscales que recolectó
desde 2007. La autoridad gubernamental señaló que las irregularidades
dadas a conocer eran por incumplimiento de deberes, en su mayoría.
“Hemos hecho aquí una carpeta, departamento por departamento, de todas
las denuncias que tenemos contra los fiscales con nombres, con casos,
con temas muy puntuales, y quiero entregarle esta carpeta para que usted
tome las acciones necesarias”, le dijo Suxo a Guerrero, cuando
representantes del Ministerio Público sostenían un encuentro
internacional en la ciudad de Cochabamba. El Fiscal General, en esa
ocasión, anunció “ajustes”.
Ministerio Público y procesos
Carga
El fiscal general, Ramiro Guerrero, informó que hasta diciembre de 2013
lograron resolver 87.000 casos de los 160.000 que estaban pendientes
desde 2005, una carga procesal que la calificó de “herencia” del
anterior Poder Judicial.
Comisiones
Para dar seguimiento al avance en la atención de los juicios
pendientes, el Fiscal General designó comisiones de su despacho con el
objetivo de que verifiquen el trabajo que se realiza en los ministerios
públicos departamentales.
Personal de apoyo judicial, el más procesado
Los procesos disciplinarios abiertos por el Consejo de la Magistratura
en contra de funcionarios tribunales de justicia establecen que el mayor
número de amonestados, multados, suspendidos y destituidos de sus
cargos es el personal de apoyo jurisdiccional, con un total de 280,
frente a 227 casos de jueces y a 13 vocales, aunque los dos últimos
tienen en su contra juicios penales.
De acuerdo con
los datos de la Secretaría de Sala Disciplinaria del Consejo de la
Magistratura, tomados en el periodo de junio de 2012 a octubre de 2014,
nueve vocales fueron amonestados, uno suspendido y tres destituidos. Con
referencia a los jueces, tomando en cuenta el mismo periodo, 44 fueron
amonestados, 65 multados, 109 suspendidos y nueve resultaron destituidos
del Órgano Judicial.
En contraposición, según los
mismos datos estadísticos, esas cifras suben cuando dan cuenta del
personal de apoyo jurisdiccional. Durante ese mismo periodo de tiempo,
amonestaron a 97 personas, multaron a 65, suspendieron a 109 y retiraron
de sus cargos a nueve funcionarios. Respecto a los funcionarios
administrativos, diez fueron amonestados.
En total,
438 servidores judiciales fueron sancionados; de ellos, 160 con una
amonestación, 90 con una multa, 170 con su suspensión y 18 con la
destitución, entre vocales, jueces, personal de apoyo jurisdiccional y
administrativo.
En cuanto a procesos penales seguidos
por el Consejo de la Magistratura en contra de servidores
jurisdiccionales y administrativos, se establece que en el país 209
jueces, 41 vocales, 48 funcionarios de apoyo jurisdiccional y 23
administrativos han sido denunciados penalmente por supuestos delitos en
el ejercicio de sus funciones.
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