La Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, promulgada ayer por el presidente en ejercicio Álvaro García Linera, prohibirá a los abogados defensores plantear en más de una ocasión los recursos que franquea la legislación vigente en el país.
La nueva disposición legal establece que si un abogado hace uso de estos recursos, tales como modificaciones, excepciones, incidentes, excusas y recusaciones, será amonestados, multados y, posteriormente, separados del caso en cuestión.
Plazos fatales. La norma determina, además, que si un juicio permanece sin movimiento durante un año será archivado momentáneamente y si se mantiene en la misma situación durante otro año más, será archivado definitivamente, previa notificación a las víctimas.
Además, la nueva ley establece plazos para que los jueces concluyan los juicios orales y la realización de estos procesos se amplían a los días no hábiles.
García Linera dijo que "se da la continuidad de los juicios orales una vez instalado el juicio oral, éste debe desarrollarse hasta su conclusión, máximo se suspenderán por 16 horas, tomando en cuenta las horas de almuerzo y descanso, con el fin de que haya compromiso de los jueces".
Se fijaron, adicionalmente, plazos para que los fiscales lleven adelante las investigaciones de los casos, según el Mandatario,"con el fin de evitar el uso procesal malicioso y corrupto" de las investigaciones penales.
En 15 días, los jueces instructores deberán ordenar a los fiscales acelerar investigaciones paralizadas y entregar resultados en 25 días o los casos se archivarán.
Se resolvió, en forma paralela, que las vacaciones judiciales no se lleven a cabo simultáneamente, sino que los funcionarios judiciales deberán acceder a este derecho en forma individual y cuando les corresponda.
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