El fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, se mostró dispuesto a enfrentar un eventual juicio anunciado por el activista alteño, Roberto de la Cruz, por el supuesto incumplimiento de funciones, al no haber conseguido la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, desde el año 2008 a la fecha.
“Qué temor puede haber para el que cumple su trabajo, el que hace su rol y cumple todo lo que está establecido en el procedimiento, pues vamos a ir a responder donde nos digan. Nosotros estamos trabajando y no solo por un compromiso institucional, sino hasta por un compromiso personal (porque fue) una época donde ha muerto tanta gente, hubo delitos que agraviaron a nuestra gente, a nuestro Estado. Es un compromiso hasta personal que tenemos”, manifestó.
Sin embargo aclaró que cuando pasa por la voluntad y la decisión política de otro Gobierno que opta por encubrir a estas personas, ahí rebasa la capacidad de quienes están a cargo de una institución.
PAPELEO
Recordó que el año 2008 presentó a la primera solicitud de extradición que fue devuelta por Estados Unidos con observaciones en torno a la dualidad de los tipos penales que hay entre EEUU y Bolivia. En la segunda, fueron subsanadas las observaciones y se complementaron con documentos, videos, testimonios y fotografías.
Dijo que el Convenio de Extradición con Estados Unidos, no establece un plazo determinado para dar curso a la solicitud, sino dice a la brevedad posible, y se deja a la decisión y voluntad política de Estados Unidos de dar vía libre.
Guerrero sostuvo que trabajaron con un bufete de abogados en Estados Unidos, apoyaron a las víctimas y junto con ellas hablaron con el Departamento de Justicia, pero no existe voluntad política para atender el pedido boliviano.
“Es lamentable que Estados Unidos se convierta en un refugio de gente que ha cometido delitos de lesa humanidad, porque hay una actitud de protección clara de no dar curso a la solicitud”, manifestó. (Erbol)
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