Tuesday, August 23, 2016

Fiscalía abrirá causa penal contra los autores de las falsas órdenes de aprehensión contra cooperativistas


El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, anunció este martes que el Ministerio Público abrirá una causa penal contra aquella persona o personas que hicieron circular por redes sociales fotos de supuestas órdenes de aprehensión contra dirigentes de los cooperativistas. La identidad del o los sujetos es desconocida y la Fiscalía recién comenzó hoy la investigación.
"Vamos a abrir una causa penal. Vamos a investigar con la seriedad que nos caracteriza. El haber falseado documentación pública tiene sanción de 1 a 6 años, son los delitos de falsedad, entre ellos, determinar si es falsedad material o ideológica, y el uso de instrumento falsificado y veremos en la investigación qué sucede", afirmó Blanco, durante una entrevista con la red ATB, en La Paz.
Una de las órdenes que circuló anoche
Al menos una fotografía de las supuestas órdenes de aprehensión circuló la noche del lunes por redes sociales, entre ellas Facebook. Una de ellas hace mención a Federico Escobar Churqui, por la supuesta participación en el delito de tentativa de homicidio y con el fin de ampliar investigaciones por los enfrentamientos entre policías y cooperativistas que se registraron entre el 10 y 12 de agosto.
Según Blanco, el autor tiene por lo menos un conocimiento mínimo del áreal legal. "Recién vamos a empezar la investigación y esperemos encontrar al autor de este lamentable hecho", argumentó.
El lunes por la noche, la Fiscalía General del Estado desmintió que se hubiesen emitido órdenes de detención contra dirigentes de los cooperativistas mineros. (23/08/2016)

Fiscalía niega la emisión de órdenes de aprehensión

La Fiscalía General del Estado desmintió que se hubiesen emitido órdenes de detención contra dirigentes de los cooperativistas mineros, como informó el abogado de esa entidad, Jaime Zambrana. También indicó que es falso un supuesto mandamiento de aprehensión cuya fotografía circuló en redes sociales.

"La Fiscalía General del Estado informa que no emitió ninguna orden de aprehensión en contra de dirigentes cooperativistas mineros. Asimismo, tampoco existe en los registros del Ministerio Público ningún fiscal de nombre José Luis López Goitia (autor del supuesto mandamiento). El formato utilizado en el supuesto documento no corresponde a la plantilla de redacción de órdenes o instructivos del Ministerio Público", señala el comunicado de la Fiscalía de La Paz.

Zambrana, en declaraciones publicadas por Erbol, fue quien dio inicialmente la noticia de las órdenes de detención. La fotografía de la supuesta orden de aprehensión fue distribuida por las cuentas de redes sociales de varios medios de comunicación, entre ellos ANF.

El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, también hizo declaraciones a los medios para desmentir la versión.

"Informar a la sociedad boliviana, ante esta alerta y esta falsa información, que lamentamos que exista gente irresponsable que haga circular ese tipo de noticias, que incluso amedrente a las personas", señaló.

Agregó que "en ningún momento el Ministerio Público emitió orden de aprehensión contra los cooperativistas mineros o las cabezas de este sector (…). Nosotros vamos a investigar, necesitamos saber los pormenores (de la circulación de este documento falso)".

Esta jornada surgieron divergencias al interior del movimiento cooperativista. El vicepresidente de la Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia (Concobol), Braulio Arguedas, dijo que desde el martes se reactivarían las medidas de presión en el país; sin embargo, el dirigente Mario Caiza, de Fedecomin, informó que ello recién está en fase de organización.

Saturday, August 20, 2016

Fiscalía General tramita citación en Cancillería a periodistas de CNN

El fiscal general, Ramiro Guerrero, informó que se tramita mediante la Cancillería la citación a dos periodistas de la cadena de televisión CNN, de Estados Unidos, para que se presenten en La Paz, y “colaboren” en la investigación de una supuesta suplantación del hijo del presidente Evo Morales, por parte de su expareja Gabriela Zapata y sus exabogados.

Guerrero afirmó que las declaraciones del periodista Fernando del Rincón y del camarógrafo, Alex Ardines, son importantes y serán citados vía exhorto suplicatorio tramitado vía Cancillería, para que éstos den a conocer los detalles relacionados a la presentación que les hizo Gabriela Zapata de un menor como hijo que tuvo con el presidente Evo Morales, ante un juez de familia, quien determinó que éste no correspondía a las características del hijo del mandatario.

CONTACTO

“Sería importante, porque ellos (tuvieron) contacto con las personas que ahora están detenidas preventivamente. Ellos lo han visto al niño, lo han entrevistado”, señaló el Fiscal General.

Guerrero, sin dar a conocer quiénes sería esas fuentes, “supone” que los dos periodistas tenían conocimiento de que el menor presentado ante la juez y que fue entrevistado por ellos, no era hijo del presidente Morales, “y por algunas fuentes, por otras declaraciones, suponemos que ellos sabían que el niño estaba siendo suplantando. Entonces sería bien que ellos vengan a dar su versión; que cooperen”, añadió.

Sin embargo, Guerrero explicó que la fecha y lugar para que estos presten declaración ante los fiscales bolivianos son inciertos, ya que debido a los roces políticos con Estados Unidos, los trámites de este tipo son los que más demoran con este país, pero no se desecha recurrir a otros mecanismos legales, como el enviar un cuestionario o la entrevista vía video conferencia.

“Hay mecanismos, pueden ir fiscales allá (EEUU), o si ellos tienen voluntad y predisposición, pueden venir a nuestro país para prestar esa colaboración, que la manifestaron a un principio pero ahora extrañamente cambian de opinión”, aseveró.

Rincón y Ardines fueron filmados por una cámara de seguridad de un lujoso hotel de la zona Sur, donde se afirma que entrevistaron a un menor como si fuera el hijo de Morales.

Empero, la presunta entrevista al niño nunca fue difundida por CNN, ante las dudas que tuvieron. Rincón aseguró que no existe “error” ni delito cometido en el marco de su trabajo, cuando no se lo difunde.

A raíz de dicha suplantación, se presentó una nueva denuncia por trata y tráfico de personas y se implicó a varios allegados de Zapata. Entre ellos, sus entonces abogados, William Sánchez, Walter Zuleta, prófugos actualmente en Perú, y el detenido Dr. Eduardo León. También, fueron implicados la tía espiritual de Zapata, Pilar Guzmán, su hija, Ximena Fortún, María del Carmen Arce y los padres del menor de cinco años.

De acuerdo a entendidos en la materia judicial, Ciro Añez e Iver von Borries la citación a los periodistas de CNN tiene que seguir un curso similar al que tuvo el caso del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y que los correos enviados por las autoridades judiciales no correspondían, ya que Estados Unidos es otra jurisdicción territorial y jurídica.

Friday, August 19, 2016

Descalifican a la Fiscalía por eximirle de delitos a Zapata

Coincidencia casi inédita y polémica. La oposición y algunas autoridades del oficialismo descalificaron el fallo de la Fiscalía que eximió de culpa en cuatro delitos a Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales. Mientras, los contrarios al MAS señalaron que la justicia está sometida al poder político, el partido gobernante rechaza la resolución y habla de apelación. Otros piden que se apliquen principios constitucionales.

El miércoles se conoció que el Ministerio Público eximió de culpa a Gabriela Zapata en cuatro delitos de los que se la acusaba: uso indebido de influencias en grado de complicidad; ejercicio indebido de la profesión, falsedad material y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

INCONFORMES

Esto generó sorpresa y gran polémica en el mundo político. Con distintas posturas, expresó su inconformidad por aquel resultado. Uno de ellos fue el diputado de Unidad Demócrata (UD), Tomás Monasterios, quien señaló que con ese tipo de acciones, por parte del Ministerio Público, demuestra el sometimiento de la justicia al poder político.

“Para el pueblo boliviano esto es indignante, el hecho de que hay una justicia podrida, una justicia sometida al poder político que hoy se presta simplemente al capricho y a las instrucciones que vienen desde Palacio. Hay que ser bien claros, esto demuestra no solamente cuan podrida esta la justicia en el país, sino que lamentablemente se puede demostrar cuán manipulada esta la justicia en Bolivia”, declaró el parlamentario a los periodistas.

ES PACTADO

Por su parte, la senadora opositora María Elva Pinckert sostuvo que eximir a Zapata de cuatro delitos significaría que se trata de un tema pactado, por lo cual no desestima que se actué de forma similar con la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, quien es investigada por presunto caso de corrupción en el ex Fondo Indígena.

“Nos extraña a todos los bolivianos que la ciudadana Zapata sea liberada de sus culpas; entonces nos preguntamos todos: ¿Esta es la justicia que tiene Bolivia? ¿Para unos se limpian las acusaciones o es ya un tema pactado? Quieren que quede limpio el presidente Morales de toda acusación tráfico de influencias, por lo que se lo involucró en el caso Zapata”, declaró en conferencia de prensa.

En tanto, el diputado de UD Gonzalo Barrientos cree que todo se trata de una estrategia del Gobierno. En su criterio, la justicia debe actuar conforme lo establecen las normas.

“Lo importante es que nos diga la justicia, ¿qué es lo que ha sucedido con los más de 4 mil millones de bolivianos? Se contrató a una empresa China donde la señora Zapata estuvo a cargo. La justicia tiene que asumir el rol que le corresponde y al parecer no lo está haciendo ¿Dónde están los ministros que fueron acusados por esta señora? ahora parece que nadie sabe nada”, declaró Barrientos a EL DIARIO.

MANIPULACIÓN

La diputada de UD Jimena Costa afirmó que el proceso judicial del caso Zapata es político, porque hay manipulación de la justicia por intereses del Gobierno, además de la impunidad al liberar de delitos a Zapata, aspecto que baja aún más la credulidad del Gobierno.

“El ministro Quintana es incompetente, porque juró públicamente no conocer a Zapata, cuando ella ingresaba y salía de las dependencias de la cartera de Estado, porque si no sabe lo que pasa desde la avenida Arce hasta la plaza Murillo, qué habrá hecho cuando era Director de la Agencia Nacional de Fronteras”, afirmó Costa.

En tanto, su colega Luis Felipe Dorado recordó que el ministro Quintana en declaraciones públicas cuando la Fiscalía realizaba las investigaciones, reconoció la existencia de una “organización criminal” dentro de esa cartera de Estado, aspecto que no fue tomado en cuenta por el Ministerio Público. Este era motivo suficiente para citar a la autoridad a prestar declaraciones en calidad de investigado.

“La Fiscalía no está investigando el caso de Zapata, en cuanto el tráfico de influencias, hecho que involucra al ministro Quintana y al presidente Morales, lo que incomoda al Gobierno, porque sabe que influyó en la imagen del Primer Mandatario”, dijo Dorado.

OFICIALISMO

El senador del MAS (Movimiento Al Socialismo), René Joaquino, dijo que el Órgano Judicial y el Ministerio Público están aplicando los principios constitucionales del Derecho Penal, para hacer las valoraciones respecto al caso Zapata.

“Tengo esperanza que el Órgano Judicial y el Ministerio Público están aplicando los principios constitucionales del derecho penal para hacer valoraciones en el caso Zapata. En algunos casos corresponde liberar de culpa, en otros casos se cruzarán. Lo correcto es que cuando haya una denuncia se haga la investigación y las autoridades competentes lleven adelante el proceso hasta concluir con un resultado”, indicó Joaquino.

Para la diputada oficialista Sonia Brito debe confiarse en las investigaciones del Ministerio Público, porque es una entidad independiente y son expertos los que establecieron liberar de delitos a Zapata.

“Nosotros somos los más interesados en que se esclarezca esta situación, por eso es que el Gobierno no tiene injerencia en la investigación del caso Zapata”, expresó.

Jimena Costa

Diputada de Unidad Demócrata (UD)

“Desde el inicio de las investigaciones el objetivo era libelar de toda culpa y responsabilidad el presidente Evo Morales, por eso pienso que el Gobierno somete a la Fiscalía en sus decisiones o intereses, mostrando una buena imagen del Gobierno. Este tema hizo que se pierda la credibilidad en los gobernantes nacionales. Se olvidaron realizar peritaje a todos los celulares del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana”.

Carlos Romero

Ministro de Gobierno

“Nos ha sorprendido. Nos hemos enterado por la prensa. No estamos de acuerdo con esa decisión. Seguramente los abogados que forman parte del proceso (judicial contra Gabriela Zapata) porque son denunciantes el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Transparencia, estarán estudiando todavía si están en plazo para apelar, pero la decisión nos ha sorprendido”.

Luis Felipe Dorado

Diputado de Unidad Demócrata

“Sospechamos desde un inicio que la Fiscalía iba a hacer lo que sea para limpiar la imagen del presidente Evo Morales, pero no creímos que sea tan rápido, está claro que el caso está quedando impune, porque los fiscales satisfacen intereses personales del Gobierno, cuando hay temas que les afecte, como el presunto tráfico de influencias, porque se consiguió encarcelar a Eduardo León, exabogado de Zapata”.

Thursday, August 18, 2016

Amabol: Convocatoria del Consejo de la Magistratura carece de credibilidad



El presidente de la Asociación de Magistrados y Jueces de Bolivia (Amabol), David Rosales, dijo ayer que hará un seguimiento cercado del proceso de selección de vocales que convocó el pasado lunes el Consejo de la Magistratura, aunque reveló que las convocatorias que hace esta instancia judicial carece de credibilidad ante los profesionales.

El pasado lunes, el Consejo de la Magistratura aprobó la convocatoria pública para vocales de los nueve tribunales departamentales de justicia, 20 de nueva creación y cuatro acefalías. Esto después que el Tribunal Constitucional Plurinacional determinará como “transitorios” los cargos del Órgano Judicial.

“Se puede comentar una sensación que está generando descrédito en el tema de las convocatorias porque ésta es la cuarta convocatoria que hace el Consejo de la Magistratura y en las tres anteriores, por ejemplo, si uno hace un seguimiento de las personas que se presentaron a la primera ya no se presentan a la segunda, y los que se presentaron a la segunda ya no se presentaron a la tercera convocatoria”, dijo Rosales.

Y según él estima, en esta cuarta convocatoria no se presentarán los que participaron en la tercera, “porque ya no hay credibilidad o sea, hay una pérdida de tiempo, hay un gasto que hace la gente que se postula y al final queda en nada y sin ninguna explicación. No hay una explicación lógica de lo que ha pasado en las anteriores convocatorias”.

A pesar de ello, señaló que la Amabol hará un seguimiento del proceso y revisará el reglamento que rige la convocatoria. “Normalmente es en el reglamento donde se han encontrado algunos defectos que vulneran derechos de algunas personas que van a postular y que al final resultan inhabilitados”, agregó.

En tanto, el presidente del CM, Wilber Choque dijo que urge mayor presupuesto para resolver la mora procesal de al menos 700.000 causas en los nueves distritos judiciales de Bolivia.

Recordó que el Órgano Judicial tiene presencia en más de 200 municipios del país, por tal razón el requerimiento.

Suspenden a 13 vocales acusados de retardación



En el primer semestre de esta gestión, 13 vocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Chuquisaca y otros 150 funcionarios fueron suspendidos del cargo acusados de retardación de justicia.

"Muchos (de los suspendidos) son por retardación que han incurrido los jueces. En las provincias no podemos tener demoras porque no hay carga procesal, pero tenemos algunos que sí han incurrido en esta falta, por eso se les suspendió”, informó la presidenta del Tribunal Disciplinario, Cristina Mamani.

Mamani agregó que otros 150 servidores judiciales de apoyo jurisdiccional, entre secretarios, auxiliares, notificadores y equipo interdisciplinario de los juzgados fueron alejados de sus cargos sin goce de haberes por las mismas irregularidades.

La presidenta del Tribunal Disciplinario también reconoció que la sanción provocará demoras en los procesos judiciales porque "ese juzgado queda sin juez”, pero "tampoco podemos dejar de sancionar”. Para solucionar este problema afirmó que el Tribunal Departamental "tiene la obligación de proveer un juez suplente”.

Según Mamani, los jueces argumentaron que les resulta difícil cumplir con los plazos procesales porque tienen entre 1.500 y 2.000 causas que ingresan.

"Los jueces dicen ‘yo no puedo, imposible de desarrollar mi trabajo (o) que pueda cumplir los plazos porque tengo 1.500 y 2.000 causas. Haciendo un análisis no están en movimiento los 2.000 procesos que se encuentran en sus despachos. Pongamos (por ejemplo que) está en movimiento 50 memoriales que entra al día”, explicó.



Aclaración

Página Siete publicó ayer erróneamente el nombre del exfiscal aprehendido por el caso consorcio, al llamarlo Fernando Velásquez, cuando debía decir Roger Velásquez. Pedimos disculpas a Fernando Velásquez, que es el director jurídico de la Alcaldía de La Paz.

10% de jueces del país enfrenta procesos penales o disciplinarios

El Consejo de la Magistratura (CM) estimó que el 10% de los 1008 jueces y vocales que hay en el país tienen procesos penales o disciplinarios. Este es un indicador, según el presidente de esa institución, Wilber Choque, de que la mayoría de los magistrados trabajan de forma honesta y transparente.

"En el país sin lugar a dudas hay cuestionamientos a los jueces, pero no son todos. Yo hice un análisis a nivel nacional y los jueces observados son el 10% del total. Hablamos de 100 funcionarios que tienen denuncias penales, disciplinarias”, informó.

La autoridad lanzó este dato durante un seminario denominado "Desafíos para la Independencia Judicial en las Reformas al Sistema de Justicia” realizado por distintas organizaciones. En éste se habló sobre la independencia, transparencia, participación ciudadana y reformas.

Choque considera que ese 10% de autoridades cuestionadas genera desconfianza en la población; pero más allá de buscar soluciones técnicas contra la corrupción, como es la instalación de cámaras de vigilancia que alguna vez se propuso, se debe apostar por reforzar la ética de los servidores públicos y generar un cambio de mentalidad.

Anteriormente, la autoridad indicó que desde enero de 2015 hasta abril de 2016, 42 funcionarios fueron destituidos por la comisión de faltas graves y gravísimas en sus funciones: 28 jueces, dos vocales y 12 auxiliares.

La independencia es esencial para alcanzar una transformación y eliminar prácticas que dañan a la administración. Alcanzarla es un tema pendiente no sólo en Bolivia, explicó la directora ejecutiva de la Fundación Construir, Susana Saavedra.

"En Bolivia, al igual que en varios países, aún es un desafío consagrar una justicia independiente e imparcial. Aún no existen garantías contra las presiones externas e internas”, dijo.

Según una encuesta del Ministerio de Transparencia, realizada en el Sistema de Justicia de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca a 145 jueces y vocales, en agosto de 2015 se descubrió que el 76% opinó que hay injerencia externa en los procesos que se llevan, sostuvo el experto en Prevención del Delito y Justicia Penal de la UNODC, Damien Wolff.


Convocan a nuevos vocales

El Consejo de la Magistratura lanzó ayer la convocatoria para nuevos cargos de vocales y acefalías en los nueve tribunales departamentales de justicia. Se trata de 20 puestos creados y cinco más que están acéfalos.

"Se emitió la convocatoria para cargos acéfalos y de nueva creación para vocales con miras a la institucionalización. Los postulantes para los 25 puestos tienen hasta el 5 de septiembre para presentar sus documentos”, informó la consejera Wilma Mamani. Los requisitos están en la página web de la Magistratura.

Explicó que la Sentencia Constitucional 0499/2016, emitida por el TCP el 13 de mayo de este año, determinó que todos los cargos en el Órgano Judicial son transitorios. Por ello los cargos de jueces y vocales están sujetos a las convocatorias del CM.

La Asociación de Magistrados de Bolivia se opuso a través de una acción de amparo a las convocatorias que sacó el CM para renovar jueces, pero se les negó la tutela con la mencionada sentencia.