Friday, November 9, 2018

Caso “bebé Alexander” CM: 27 jueces, fiscales y funcionarios cometieron faltas graves y gravísimas

El Consejo de la Magistratura (CM) estableció que 13 funcionarios, entre jueces y administrativos, además de 14 fiscales, tienen indicios de haber incurrido en delitos y faltas disciplinarias leves, graves y gravísimas. Conocido el diagnóstico, el diputado Amilcar Barral, de Unidad Demócrata (UD), pidió que los responsables sean procesados penalmente y encarcelados.

“Era obvio que no solo la exjuez Patricia Pacajes era la culpable, ahora, con el ingreso de nuevos fiscales en el caso, se dieron cuenta que incurrieron en errores. Esto tiene que llevar a que tanto jueces y fiscales que han hecho mal las cosas, entren a la cárcel. Es más, los fiscales Edwin Blanco y Susana Boyán ya deberían estar detenidos”, aseguró Barral.

El decano del CM, Omar Michel Durán, informó que la auditoría también develó que entre el 90 y 95 por ciento de los funcionarios del Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz tienen responsabilidades.

“Lamentamos mucho que hayan habido tantas fallas, tantos errores”, dijo este jueves en conferencia de prensa, en la ciudad de Sucre, sede de sus funciones.

Explicó que la auditoría, solicitada por la defensa legal del médico Jhiery Fernández, que fue condenado a 20 años de cárcel por la supuesta violación al bebé Alexander sin pruebas científicas ni testificales, contiene más de 260 hojas de informe, que constituye una radiografía de todo lo acontecido en el proceso.

Fernández permaneció recluido desde el 16 de diciembre de 2014 y el pasado 10 de octubre dejó el penal de San Pedro, cuando una juez dispuso medidas sustitutivas, entre ellas detención domiciliaria.

El bebé Alexander falleció el 13 de noviembre de 2014, y según investigaciones de la Fiscalía de La Paz, dirigida entonces por Patricia Santos, el deceso se produjo por una presunta violación. A casi cuatro años del hecho, existe confusión sobre lo sucedido en un hogar de asistencia a menores dependiente de la Gobernación de La Paz.

El informe contenido en más de 260 fojas, describe a detalle los presuntos delitos cometidos por los funcionarios, como la suspensión de 106 audiencias de las 221 programadas.

Asimismo, aclaró que por el Ministerio Público participaron 14 fiscales en ambas etapas, la preparatoria donde procede la investigación y la de juicio oral. En ambas etapas destaca la participación de Edwin Blanco, Susana Boyán, mientras que en la etapa preparatoria además de los mencionados, destacan Patricia Santos, Rosby Zapata, Edna Montoya, Lizeth Zarco, Gastón Corrales, Leopoldo Ramos, entre otros.

La consejera Dolka Gómez aclaró que como CM no pueden valorar la sentencia misma, sino sólo revisar las cuestiones de forma que tiene incidencia en las jurisdiccionales.

“Este proceso se está sustanciando todavía, porque aún está en apelación con un plazo ya extemporáneo. Las autoridades jurisdiccionales determinarán cuál será la sanción, o la próxima vía que se tenga que seguir”, dijo.

Thursday, November 8, 2018

Video Abogado de Medico Fernandez, explica las avances del Caso, LA JUSTICIA APESTA!!!

Magistratura: Auditoría detecta faltas graves y delitos penales en caso Alexander


El decano en ejercicio de la Presidencia del Consejo de la Magistratura, Omar Michel Durán, informó este jueves que la auditoría realizada al caso Alexander encontró desde faltas disciplinarias hasta presuntos delitos penales cometidos por los funcionarios que participaron en este proceso penal.

"Hemos encontrado faltas disciplinarias desde leves, graves, gravísimas y también presuntos delitos penales de parte de todos esos funcionarios, de la mayoría de esos funcionarios, un 90 a 95% en su participación. Lamentamos mucho que haya habido tantas fallas, tantos errores", manifestó Michel en conferencia de prensa.

La auditoría jurídica al caso Alexander por parte del Consejo de la Magistratura duró un mes. Analizó 56 expedientes y emitió un informe de más de 260 hojas que "constituye la radiografía precisa y final de todo lo que ha acontecido en la tramitación del proceso denominado bebé Alexander".

Antecedentes


El médico Jhiery Fernández fue sentenciado a 20 años de cárcel por los jueces del Tribunal Décimo de Sentencia sin que exista una prueba contundente de su culpabilidad en la violación y muerte del bebé Alexander. Durante el proceso se denunció de forma reiterativa la actuación de la Fiscalía por amenazar a testigos y abogados, y esconder pruebas que beneficiaban al galeno.

El caso dio un giro cuando la presidenta del Tribunal, Patricia Pacajes, reveló en un audio que la violación a Alexander nunca existió y que la sentencia se dio por presión política de tener un culpable. De no ocurrir este hecho, Fernández seguiría preso.

Michel dijo que en el caso participaron entre jueces y personas de apoyo jurisdiccional casi 10 y 14 fiscales, que serán abordadas por sus entidades correspondientes.

La autoridad indicó que lo que corresponde a partir de este momento al pleno del Consejo de la Magistratura es remitir el informe final de auditoría jurídica a las autoridades competentes.

"Mandaremos una copia al fiscal general del Estado para que pueda asumir lo que corresponda en el marco de su ley orgánica, en lo que concierne a la participación de los fiscales, y también vamos a remitir esta auditoría ante la representación del Consejo de la Magistratura de La Paz, a los jueces disciplinarios correspondientes", apuntó.

Aclaró que la auditoría jurídica es un análisis sobre todo a los procedimientos y a los plazos del proceso. Michel dijo también que les llamó profundamente la atención que de 221 audiencias producidas en el caso, se hayan suspendido 106. "Es realmente alarmante para todo el Estado boliviano y todo el Órgano Judicial", lamentó.

Dijo que la auditoría jurídica en este caso tiene que constituir un hito histórico para poder "enfrentar los vacíos y los males endémicos que en las tramitaciones de muchos juicios sufrimos en nuestra patria en el Órgano Judicial".

Ministerio Público retira su apelación a condena en el caso bebé Alexander



El Ministerio Público anunció este jueves que retira su apelación a la sentencia emitida contra el médico Jhiery Fernández, condenado a 20 años dentro del caso bebé Alexander. La Fiscalía, durante la gestión de Ramiro Guerrero, había objetado la pena, solicitando que suba a 30 años.

"En la fecha se ha presentado un memorial del retiro de recurso de apelación restringida en el caso bebé Alexander, esta decisión fue asumida después de un riguroso análisis de la comisión de fiscales. La acusación realizada en su momento por el Ministerio Público carecía de fundamento", afirmó el titular de la Fiscalía General, Juan Lanchipa.


En la mañana el Consejo de la Magistratura concluyó que la auditoría realizada al caso encontró desde faltas disciplinarias hasta presuntos delitos penales cometidos por los funcionarios que participaron en este proceso penal.

Lanchipa informó que "queda en manos de la Sala Penal Tercera el conocimiento únicamente de la apelación interpuesta por las víctimas, es decir que a partir de ahora el Ministerio Público deja este recurso".


El titular no quiso adelantar criterios sobre lo que sucederá con los investigadores que actuaron en el proceso y se limitó a señalar que las indagaciones internas a las que son sometidos darán luces sobre el grado de responsabilidad que tuvieron en la fundamentación de la acusación contra el médico.

"Hemos encontrado faltas disciplinarias desde leves, graves, gravísimas y también presuntos delitos penales de parte de todos esos funcionarios, de la mayoría de esos funcionarios, un 90 a 95% en su participación. Lamentamos mucho que haya habido tantas fallas, tantos errores", detalló esta jornada el decano en ejercicio de la Presidencia del Consejo de la Magistratura, Omar Michel Durán.

Según el exmagistrado José Antonio Rivera: Sentencia 0084/2017 no es aplicable al Presidente y Vicepresidente en ejercicio

A 20 días de cumplirse un año de la Sentencia Constitucional 0084/2017, emanada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), dicho documento sigue generando debate y análisis en la población, para el especialista en Derecho Constitucional, José Antonio Rivera, esa norma no es aplicable al Presidente y Vicepresidente en ejercicio, pues no tiene carácter retroactivo.

El profesional basa su análisis en dos razones, la primera se refiere al hecho de que las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional tienen efecto "ex nunc" es decir "desde ahora", por lo tanto, no son de aplicación retroactiva. Ese principio está establecido por el art. 14 del Código Procesal Constitucional, que señala: "La sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma del ordenamiento jurídico, no dará lugar a la revisión de sentencias que tengan la calidad de cosa juzgada, ni a la revisión de los actos realizados con la norma cuando se presumía constitucional".

Según Rivera, no se pueden desconocer los principios de preservación del Estado de Derecho, seguridad jurídica y protección de derechos como consecuencia de la anulación de una norma mediante sentencia constitucional.

Conforme a ello, lo resuelto en la Sentencia Constitucional es aplicable desde su publicación para ciudadanas y ciudadanos que sean elegidos con la interpretación realizada de las normas previstas en el artículo 26, parágrafo 2, inciso 2) de la CPE y el artículo 23, numeral 1, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

"El Presidente y Vicepresidente del Estado en ejercicio, fueron elegidos con la norma prevista por el Art. 168 de la Constitución, que fija el período constitucional en cinco años y prevé la reelección continua por una sola vez, fue bajo ese marco jurídico y reglas vigentes que los ciudadanos y ciudadanas votaron por ambos ciudadanos y los invistieron del mandato popular, reglas que no pueden ser modificadas en el camino sin infringir el principio de seguridad jurídica y afectar el Estado Constitucional de Derecho", apuntó.

ANTECEDENTES

Cabe recordar que el 21 de febrero de 2016, en un referendo constitucional, se preguntó a la población si estaba o no de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la CPE, la cual fija el período de mandato de la Presidencia y Vicepresidencia del Estado, ganando el No con un 51,3 por ciento (%) de los votos válidos.

Sin embargo, los asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS), buscaron otras vías para la repostulación de Evo Morales, es en ese sentido que el 18 de septiembre de 2017, presentaron al TCP, una acción abstracta de inconstitucionalidad contra cinco artículos de la Ley 026, del Régimen Electoral, y la inaplicabilidad de cuatro artículos de la CPE.

71 días después, el 28 de noviembre, los magistrados del TCP, declararon la "aplicación preferente" del Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ser la norma más favorable en relación a los derechos políticos sobre los artículos 156, 168, 285, 288 de la Carta Magna.

Wednesday, November 7, 2018

Blanco se queja de "bullying" al dejar la Fiscalía


INVOLUCRADOS

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funcionarios entre jueces, fiscales y secretarios estarían involucrados en el caso bebé Alexander.

El ex fiscal departamental de La Paz Edwin Blanco denunció ayer que su remoción a ventanillas del Ministerio Público fue como una especie de "bullying" hacia su persona y por eso habría decidido dejar el servicio público tras los cuestionamientos a su desempeño en el caso del bebé Alexander. Mientras en Sucre, el fiscal General, Juan Lanchipa, anunció que los fiscales que participaron en este proceso están siendo investigados.

"Ha sido una forma de hacer una especie de 'bullying' (acoso)hacia mi persona, porque me han exhibido, me han expuesto", afirmó Blanco, sobre el puesto que le asignaron como responsable de la Unidad de Biométrico, Control de Firmas e Informaciones. "Yo no tengo nada contra nadie, pero ustedes han visto cómo han sido ciertas agresiones a mi persona", enfatizó.

El ex fiscal lamentó "que con mentiras, que con engaños hayan dañado mi imagen y han dañado a mi familia, lastimosamente desde mi mamá y otros sectores de mi familia se han sentido muy afectados y yo creo que he entregado bastante a esta institución desde que me hice asistente fiscal".

Desde Sucre, el fiscal general, Juan Lanchipa, informó que Blanco dimitió sin dar más explicaciones sobre su alejamiento.

También reveló que están realizando una investigación a los fiscales que participaron en este polémico caso que ocasionó la destitución de una jueza que siendo presidenta de un Tribunal de Sentencia, condenó a un médico sin pruebas científicas. “Estamos a la espera del informe del fiscal departamental de La Paz a quien hemos delegado la responsabilidad para la dirección de esta investigación”, aseguró.

INFORME

El decano en ejercicio de la presidencia del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, dijo ayer que al menos 14 funcionarios, entre jueces, fiscales y personal de apoyo jurisdiccional, estarían involucrados en supuestas irregularidades en el caso Alexander.

El informe de auditoría con las conclusiones tenía que presentarse el lunes pero Michel explicó que surgieron algunas observaciones que están siendo subsanadas para que la resolución y los indicios identificados se constituyan en un hito histórico para el esclarecimiento de este caso.

“El informe será revisado y aprobado en Sala Plena para que el jueves se haga conocer una explicación técnica y posteriormente remitir a las autoridades competentes la auditoría para que dispongan lo que corresponde en derecho”, remarcó.

Dentro de este caso están siendo investigados la ex jueza Patricia Pacajes y los dos jueces del Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz que condenaron a 20 años de prisión a un médico.

Fiscal departamental de Potosi declara 15 bolivianos de patrimonio

Quince bolivianos supuestamente es el patrimonio de la fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, de acuerdo con la declaración jurada en la Contraloría del Estado, pero ella lo niega.

De acuerdo con el extracto de la declaración jurada de bienes y rentas de la autoridad, extraída de la página web de la Contraloría, el total de bienes activos Choque tiene Bs 15.00, en deudas pasivos 0.00, patrimonio neto 15.00 y rentas pasivos de 39.618 bolivianos.

La declaración jurada fue declarada, según la página web, el 31 de octubre de 2018.

Al respecto, la flamante autoridad negó que haya declarado esa suma y dijo estar sorprendida.

"¿Quince bolivianos? Ha debido existir un error", expresó con una carcajada y dijo que hay un error porque, según ella, no fue esa su declaración jurada que hizo.

"Se ha realizado la declaración del sueldo que estaba percibiendo como jueza cautelar, y no es esa la cantidad", complementó.

Choque develó que su patrimonio no supera los 20.000 bolivianos porque tiene una familia y ello genera muchos gastos.

"Los gastos son inmensos, el sueldo que se gana mensual y algunos ahorros, no hay más", aseveró la fiscal departamental de Potosí en declaración a este diario.