Wednesday, March 29, 2017

Magistratura Tres postulantes a vocales inhabilitados

El presidente del Consejo de la Magistratura (CM), Wilber Choque, informó ayer que tres postulantes, dos de Chuquisaca y uno de Cochabamba, fueron inhabilitados de la lista de postulantes a vocales que habían aprobado, antes de pasar a la fase de designaciones que estará a cargo de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

"Las tres impugnaciones corresponden a dos postulantes de Chuquisaca y a uno de Cochabamba, en los tres casos tienen vinculación en segundo grado de afinidad con autoridades judiciales por lo que les impide su postulación a un cargo público", informó a los periodistas.

Asimismo, precisó que 108 postulantes están habilitados para 26 acefalías, la mayoría son de los departamentos de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz.

Adelantó que los vocales serán designados por el TSJ tomando en cuenta la alternancia de género. /ABI

Por favorecer a dos procesados Secretaria de juzgado presa por falsificación

La secretaria del juzgado Tercero de Instrucción en lo Penal, Lizbeth G.L., quedó ayer aprehendida sindicada supuestamente de falsificar la firma del juez Martín Camacho. De acuerdo a la investigación iniciada por la Unidad Anticorrupción, la imputada dejó sin efecto una resolución judicial donde se declara en rebeldía a dos hermanos dentro del proceso de investigación de fortunas denominado Jorge Roca Suárez II (caso Techo 'e Paja) falsificando su firma a casi dos semanas de que hubiesen sido declarados rebeldes los investigados en el proceso. Enterado de la situación, el propio juez Camacho fue quien sentó la denuncia en la Fiscalía Anticorrupción para que se inicie las investigaciones que ameritan el caso. La representante del Consejo de la Magistratura en Santa Cruz, Roxana Pérez, dijo que la Dirección Nacional de Transparencia en Sucre instruyó una inmediata investigación contra la secretaria de ese juzgado. "No vamos a tolerar actos de corrupción que empañen la justicia. La mujer será presentada este miércoles a las 10:30 ante el juzgado 1ro de Anticorrupción", aclaró Pérez. De ser encontrada culpable, se procederá a su inmediata destitución.

Denunciada por otro proceso. Familiares de Eveling Vásquez Ferrufino, presuntamente asesinada por Luis Gutiérrez Lobo, hermano de la secretaria denunciada, sindicaron a la abogada de extraviar el expediente del caso para dilatar su proceso contra su familiar.

La mujer fue denunciada en Anticorrupción.

Información en celular de exfiscal revela enriquecimiento ilícito

Al menos, 15 propiedades son las que se presume fueron adquiridas de manera ilegal por el exfiscal Humberto Quispe, que aprovechando su cargo, montó operativos y amasó un gran capital, según la abogada Carminia Luna, representante de las víctimas que reveló que la información fue obtenida de los celulares que le fueron incautados a este sujeto.

Según la abogada, resultado de las extorsiones, Quispe logró hacerse de varias propiedades y para mantener ocultas estas acciones, las mismas fueron inscritas a nombre “palos blancos”.

“Se ha podido obtener mediante su celular mucha información y mucha prueba que nos ha dado luces de qué bienes inmuebles estaba gozando esta persona”, señaló Luna.

SEIS ALLANAMIENTOS

Afirmó que a raíz de esto, se abrió otra investigación por supuesto enriquecimiento ilícito y que los datos iniciales señalan que más de 15 inmuebles pudieron ser adquiridos de forma irregular por parte de Quispe, “sin embargo para seis de ellos (propiedades) hemos podido obtener orden de allanamiento, donde se encontró una serie de documentos por la cual sí se está demostrando que este señor se ha beneficiado de mucho dinero; en este momento es un acaudalado que sigue extorsionando a las autoridades”, explicó la jurista.

JUICIO

El lunes 21 de marzo debió dar inicio al juicio oral contra el exfiscal en Sucre, quien cuenta con al menos 8 imputaciones, sindicado de múltiples delitos. En el allanamiento a una de las casas en la zona de Huajchilla, hallaron un maletín con $us 3.900 y documentos que sindican al padre y esposa del acusado.

Por su lado, Víctor Vargas, miembro de la “Asociación de Víctimas de Humberto Quispe”, detalló que el padre y la esposa del exfiscal, se encargaban de la administración de estos bienes mediante terceras personas y vendían en casas de empeño las joyas y objetos de valor, presuntamente robados en operativos montados.

POLICÍAS

También indicó que se encontraron listas de efectivos policiales que apoyaron a Quispe, mismas que se entregarán a la Fiscalía para que convoque a declarar a los implicados.

El Tribunal Tercero de Sentencia de Sucre determinó suspender la primera audiencia de inicio del juicio oral contra el exfiscal hasta el 30 de marzo.

Tuesday, March 28, 2017

Delegación de China realizó un diagnóstico al sistema informático judicial de Bolivia

Una delegación de la Corte Suprema de Justicia de China visitó el país para realizar un diagnóstico al sistema informático del órgano Judicial boliviano, informó el martes el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani.

"Somos conscientes de las limitaciones que el órgano Judicial posee en el tema informático, por ello, la experiencia china y su desarrollo tecnológico será de gran apoyo a la administración de justicia boliviana", dijo.
Mamani explicó que ese acercamiento tuvo dos fases, la primera fue una visita de la delegación china a un juzgado de La Paz para observar el funcionamiento del Sistema Integrado de Registro Judicial.

Y la segunda, una visita guiada a dependencias del data center del órgano Judicial en Sucre.

"Es un intercambio de experiencias que permite fomentar el diálogo sobre el sistema judicial en Bolivia, la visita permitirá a la delegación tener un diagnóstico claro y real sobre la situación tecnológica e informática del órgano Judicial. El otro aspecto es utilizar la tecnología en juicios, así como las formas de simplificar los procesos penales y civiles", explicó Mamani.

TCP asegura que no afectó derechos de los trabajadores y anuncia un auto aclaratorio



El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TPC), Oswaldo Valencia, aseguró este martes que el fallo con el que se eliminó la figura del preaviso de la Ley General del Trabajo no afecta ningún derecho de los trabajadores ni crea nuevas causales de despido.

Anunció que, para eliminar cualquier tipo de dudas y malas interpretaciones, ese organismo emitirá en las próximas horas un auto aclaratorio. Hizo el anuncio durante una entrevista con la red Unitel, minutos después de que la Central Obrera Boliviana ratificara su respaldo a la decisión asumida por el TCP el 24 de marzo.

“No es evidente que genera una inseguridad jurídica ni se afecte a los trabajadores…Si consideran que hay aspectos que no están claros, esta tarde se emite un auto de aclaración, creo que con ello disiparíamos cualquier duda”, afirmó.

Ayer, el exministro de Trabajo y actual viceministro de Transparencia, Gonzalo Trigoso, había advertido que el fallo, al eliminar el artículo 12 de la Ley General del Trabajo para cumplir con el pedido de eliminar el preaviso, había además anulado las modalidades de contratos laborales, validado otras causales de despido y creado un vacío legal respecto al pago de beneficios.

“(La empresa) podría señalar que está en quiebra técnica y a partir de eso barrer a sus trabajadores mediante despidos. (Aparte) como no hay manera de calcular los deshaucios, puede despedirlos con impunidad”, afirmó.


Valencia dijo hoy que nada de ello probable y, por ejemplo, recordó que el TCP no tiene atribuciones para crear normas, como la incorporación de nuevas causales de despido.

“Las causales de despido están previstas en la norma, no es que nosotros creamos. El Tribunal Constitucional Plurinacional no crea normas, al contrario, en su labor, cuando ejerce un control constitucional…lo que hace es lo que se llama control de legislación negativa, porque expulsa lo que es contrario a la Constitución”, explicó.

Insistió en que las advertencias sobre presuntos vacíos legales no son correctas, que la sentencia es favorable a los trabajadores y ratificó que las dudas serán subsanadas en las próximas horas.

“Todo lo contrario, la emisión de la sentencia marca una historia en los derechos laborales… No es evidente que genera una inseguridad jurídica, pero sin embargo cualquier duda que hubiera, o tal vez si han considerado que algunos aspectos no están claros, el TCP el día de hoy va a notificar con un auto de aclaración, que es una situación procesal prevista”, afirmó. (28/03/2017)

Monday, March 27, 2017

Nuevo Código Penal fija sanción por suspensiones de audiencias



El nuevo Código Penal establecerá sanción por suspensión de audiencias para todos los administradores de justicia y otras reformas de diferente calado.

El Colegio de Abogados de Tarija recomienda un análisis profundo y advierte de vulneración de derechos fundamentales.
Se conocen tres grandes reformas al Código Penal de la historia de Bolivia, según especialistas en la materia. En el gobierno de Andrés de Santa Cruz (1834), Hugo Banzer (1973) y el de Gonzalo Sánchez de Lozada (1997).
Según el diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Lino Cárdenas, con las nuevas modificaciones las audiencias no se suspenderán por ninguna circunstancia. Habrá responsabilidad para los abogados, inclusive la suspensión del ejercicio profesional y para los jueces y fiscales implicará la destitución del cargo. La reiteración de suspensiones hace que la justicia tarde años en llegar. Para la presidenta del Colegio de Abogados de Tarija, Isabel Moreno, esto sería una vulneración de los derechos de la defensa, porque si el imputado no está presente, la audiencia igual continuará, pese a que puede haber causas legítimas como la enfermedad que impidan la asistencia. También reconoció que hay acusados que buscan pretextos para no estar presentes.

Sanciones
La suspensión del ejercicio profesional de los abogados por no asistir a audiencia, significaría violar un derecho fundamental, pues Moreno explicó que no se puede suspender la matrícula sin un debido proceso.
En cuanto a la destitución de jueces y fiscales por no asistir a una audiencia, la abogada pide también considerar que uno sólo de estos funcionarios tiene que atender miles de casos por la carga procesal en los tribunales.
El legislador apuntó que se alivianará la labor de los jueces, pues se planteará un solo momento para plantear excepciones, incidentes y recusas. Se dará paso a una oralidad plena para todos los casos de materia penal. Al margen de ello, de la parte burocrática, notificaciones, fijación de audiencia entre otros, se encargará la parte administrativa. El juez solo actuará en las audiencias, escuchará y resolverá. Además todos tendrán igual jerarquía, si no asiste por motivo de fuerza mayor, otro juez podrá instalar la audiencia.
Otro cambio explicado por Cárdenas es que el plazo máximo de un juicio, con investigación, de manera general, será de un año, ampliable en dos meses. En casos complejos podrá durar hasta tres años, ampliable de tres meses a 6 meses, bajo responsabilidad de jueces y fiscales.
Moreno recordó que hay un rezago judicial de años, por eso explicó que el problema no es de normativa, sino de logística. Establecer un año de plazo generará que los jueces renuncien, no por su capacidad o falta de formación profesional, sino porque es humanamente imposible resolver todas las causas con la cantidad de jueces de que se tiene.
“Esa normativa no se podrá aplicar si no hay un cambio en la estructura-sostuvo Moreno-. Aunque se pongan las mejores leyes, si el Gobierno no da libertad e independencia al poder judicial, y al Ministerio Público, tanto en la parte económica como de actuación- Una persona tiene que hacer miles de cosas”.

Beneficios
El diputado indicó que en caso de los delitos, a todos se los denominará infracciones. Habrá tres categorías, los crímenes que se refieren a delitos graves, terrorismo, separatismo, asesinatos, que en general son como 46 figuras, la Fiscalía intervendrá sí o sí.
“Hay otros delitos de menor gravedad, estos se van a subdividir, el de orden público y de orden privado.
En el primero actuarán los fiscales, en el último mencionado no. Por último se tendrá las faltas, que son casos menores, las injurias, calumnias, difamación, amenaza, que tiene una particularidad, un plazo máximo de duración de cinco días para resolverlo en los juzgados”.

Se fijará tiempo de la detención preventiva

Según el diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Lino Cárdenas, en el nuevo Código Penal, en caso de establecerse una detención preventiva, los jueces tendrán que poner en su resolución el periodo en que el acusado estará bajo esa condición.
El legislador señaló que se estaba haciendo mucho abuso de ello. De los 15.000 privados de libertad en las cárceles, un 75 por ciento no está con sentencia condenatoria ejecutoriada sino que tienen detención preventiva.
En la normativa se busca que esta acción se use como último recurso. Se establecerá otros mecanismos como fianzas o arraigos, que permitan garantizar la presencia del acusado en el proceso.
Para la presidenta del Colegio de Abogados de Tarija, Isabel Moreno, la detención preventiva solo debe aplicarse cuando haya riesgo de que el acusado obstaculice la investigación o haya riesgo de fuga.
“La finalidad de la detención preventiva es que el Ministerio público tenga la libertad de investigar. Pero esa instancia debe tener un plazo para que realice ese trabajo, esto tendría que establecerse incluso sin que las normas lo diga. No detenerlos indefinidamente para que los fiscales atiendan otras causas que se presentan, porque también hay miles de causas nuevas”.
Según Moreno, se trata de un proyecto de reforma penal, algo similar al sistema del Ecuador un compilado de todas las leyes de esa materia. La observación es que como juristas no fueron tomados en cuenta para la redacción de la nueva normativa. Un trabajo desarrollado de tres o cuatro años entre el Órgano Ejecutivo y Judicial, pero no intervino ni el Órgano Legislativo, que es encargado de promulgar las normas

Saturday, March 25, 2017

Comisión busca mecanismos para garantizar elección judicial

Ayer se realizó la segunda reunión de la comisión que realiza el seguimiento a la implementación de las conclusiones de la Cumbre de Justicia, que se realizó el año pasado.

El ministro de Justicia, Héctor Arce, encabezó el encuentro al que asistieron los presidentes de Diputados, Gabriela Montaño, y de Senadores, Luis Alberto Gonzales y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani. El tema central fue la elección de magistrados.

Explicó que una de las tareas principales de la Comisión es la construcción de mecanismos que permitan la elección de autoridades del Órgano Judicial, en base a "la meritocracia" como "el elemento central mediante el cual se pueda acceder a la función judicial". "La tarea más importante es construir los mecanismos mejorados para la preselección y elección", dijo.

El segundo objetivo es buscar mecanismos de evaluación de las actuales autoridades judiciales.

En esta reunión se crearon tres subcomisiones que tendrán a su cargo el trabajo para mejorar el procedimiento de preselección y selección de los jueces y autoridades judiciales: elaborar el reglamento de Evaluación de las autoridades judiciales y el reglamento de evaluación del trabajo de los fiscales. /Oxígeno.