Friday, January 20, 2017

Urgen más funcionarios en el Ministerio Público



El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, dijo ayer que el país requiere hasta 900 fiscales para avanzar en el mejoramiento de la justicia en el país.

Actualmente, cumplen funciones en el país 508 fiscales.

La justicia es una cuestión que incumbe a la sociedad y al Estado y no solamente a los operadores del sistema, dijo ayer Guerrero al sostener la necesidad de incorporar un mayor número de representantes del Ministerio Público para un mejor accionar.

“El problema es estructural. Ojalá que ahora los legisladores puedan hacer verdaderas reformas acorde a la realidad, a lo que estamos viviendo todos los días, no es un tema sólo de operadores de justicia”, indicó.

Según estudios, el trabajo de la Fiscalía ha sido desnaturalizado y ésta es considerada por muchos como una agencia de cobranzas y venganzas, es decir, usando mal el sistema de justicia penal para que se solucione los conflictos de la sociedad en temas civiles, familiares y hasta laborales, olvidando que el derecho penal es el último recurso a emplear en una sociedad democrática.

Ante esta situación, Guerrero demando la necesidad de incrementar el número de fiscales en todo el país —que está por debajo del promedio de América Latina— para brindar una oportuna atención, iniciar cambios estructurales y, sobre todo, mentalizar a la población que el Ministerio Público no es una agencia de cobros.

“En número de fiscales (508) estamos por debajo del promedio a nivel Latinoamericano; sin embargo, hay que fortalecer no sólo el área fiscal, también hay asistentes fiscales, tenemos una Instituto de Investigaciones Forenses. En La Paz son 125 fiscales, por lo menos quisiéramos tener unos 200 fiscales para tener una mayor cobertura”, señaló.

En ese marco, Guerrero suscribió ayer un acuerdo con el Ministerio de Justicia para avanzar en las mejoras del sistema judicial, la política criminal y lucha anticorrupción.

Gobierno, Órgano Judicial y Fiscalía suscribieron plan integral de Justicia

El Órgano Judicial la Fiscalía y el Poder Ejecutivo, a la cabeza del Ministerio de Justicia y de Gobierno, firmaron ayer, el “Acta de Acuerdo de Plan Sectorial de Desarrollo Integral de Justicia”, con el fin de implementar las conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia.

El documento fue suscrito por el Ministerio de Justicia (cabeza de sector), Ministerio de Gobierno, Fiscalía General, Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Se está trabajado en un enfoque político que permitirá garantizar a la población el acceso pleno a la Justicia a través de siete ejes estratégicos: celeridad, cobertura, reingeniería, transparencia y lucha contra la corrupción, política criminal, la independencia y coordinación y gestión financiera, con resultados proyectados hasta el 2025”, explicó la ministra de Justicia, Virginia Velasco Condori.

El sector Judicial expuso también cuatro fortalezas del Plan Sectorial, consideradas como el núcleo de la transformación de la Justicia, que son: la legitimidad popular, la cualidad concertada, la legalidad y la innovación.

Al mismo tiempo, Carlos Aparicio, viceministro de Seguridad Ciudadana, afirmó: “Ponderamos el esfuerzo que se realizó para llevar adelante un encuentro de la sociedad y de las instituciones relacionadas al ámbito de la justicia”.

El Acta de Acuerdo fue aprobado por el Ministerio de Justicia, según Resolución Ministerial Nº 17/2017, de fecha enero de 2017, que cuenta con dictamen favorable de compatibilidad, consistencia y concordancia emitido por el Ministerio de Planificación y Desarrollo MPD/BPC/DGSPIE Nº005/2017, enmarcados en la Ley Nº 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado.

“A raíz de la convocatoria lanzada por el Ministerio de Justicia el año pasado para aportar y contribuir en la formación del Plan Sectorial de Desarrollo integral de Justicia, el Ministerio Público se sumó de manera inmediata a este importante esfuerzo sectorial, esperanzados en contar con un plan que integre las necesidades del sector justicia, bajo un enfoque amplio e innovador respecto al tipo de justicia que la población boliviana demanda de nosotros como operadores de Justicia”, dijo el fiscal genral Ramiro Guerrero.

Así mismo el Tribunal Constitucional se comprometió a acompañar todo el proceso de implementación y ejecución del Plan desde el ámbito de sus competencias y atribuciones.

Thursday, January 19, 2017

Imputación contra vocales por presunto favorecimiento a CAMC

La Fiscalía presentó imputación formal contra Virginia Crespo y Willy Arias, vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, que el 18 de noviembre de 2016, habrían dictado resoluciones en favor la Empresa China CAMC, según informó el fiscal Óscar Campero.

Como antecedente de ese caso, se tiene la supuesta influencia de la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, quien entregó una suma de dinero a la expareja de uno de los vocales, ahora imputados.

“El suscrito fiscal ha emitido un requerimiento de imputación formal en contra de los vocales de la Sala Penal Primera, la doctora Virginia Crespo y el doctor Willy Arias Aguilar”, afirmó el fiscal Campero, según publicación de ANF.

Agregó que ambas autoridades judiciales fueron imputadas por los delitos de incumplimiento de deberes y prevaricato, y se espera que el Juzgado Primero Anticorrupción, a cargo de la doctora Cynthia Delgadillo, señale fecha y hora para la audiencia cautelar, en la que se definirá la situación jurídica de los imputados.

Por otro lado, en el Juzgado Primero Anticorrupción, donde se fue a consultar sobre el estado del proceso, inactivo desde el 18 de noviembre, el secretario del mismo señaló que la juez no se encontraba y que no tenía conocimiento de esa imputación y que en “este tipo de casos” no se brinda ningún tipo de información a quienes no son parte del proceso.

EL DIARIO intentó conocer la versión de los implicados, pero se informó que no se encontraban en su oficina y al llamado a su línea telefónica, el vocal Arias no contestó.

En el caso de Crespo, ya en anteriores oportunidades negó dar declaraciones sobre el tema amparándose en la Ley 025 que en determinados casos “le prohíbe” emitir declaraciones.

ANTECEDENTE

En criterio de expertos, al menos tres son las observaciones que hay en la resolución de Amparo Constitucional, que en primera instancia dictaron los miembros de la Sala Penal Primera en favor de la Empresa China CAMC, que el 27 de noviembre de 2015, impidió la ejecución de las Boletas de Garantía por un valor de 96,1 millones de bolivianos, ante el incumplimiento de contrato firmado entre el Ministerio de Obras Públicas y la empresa China Camc Engineering Co. Ltd. Bolivia Branch para la construcción de la Vía Férrea Montero - Bulo Bulo, Tramo I.

Según los antecedentes, CAMC interpuso una demanda de Amparo Constitucional, aduciendo que la nota de 3 de noviembre de 2015 firmada por el Ministro de Obras Públicas, Milton Claros, en el que comunicaba la resolución de contrato de construcción, vulneraba su Derecho a la Petición”.

OBSERVACIONES

Entre las observaciones de fondo, se tiene que los miembros de esta Sala no debieron admitir la demanda, porque no se agotaron otras instancias (principio de subsidiariedad), ya que la resolución de los contratos con esta empresa estarían regidos por otras normas (Ley 1178 – Ley de Administración y Control Gubernamentales – Safco de 1990) que hacían posible el rechazo del amparo, como se desprende del análisis del fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que revocó lo dispuesto por los vocales de la Sala Penal Primera Virginia Crespo y Willi Arias.

ACTITUD SOSPECHOSA

“Es sospechoso para mí, que la jueza que acá en La Paz aceptó ello (concedió el amparo a favor de CAMC), lo haya hecho, tomando en cuenta, pero callándose, del terrible daño que le podía haber ocasionado al Estado boliviano, en caso de que no podamos ejecutar las boletas de garantía”, afirmó el vicepresidente Álvaro García, ante la consulta que le efectuó EL DIARIO el 20 de febrero de 2015, en vísperas del referéndum constitucional que el MAS perdió, cuando se había destapado el escandalo con Gabriela Zapata.

RESOLUCIÓN INCORRECTA

Es en este sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional revocó la resolución 89/2015 el emitida por Crespo y Arias, que impedía la ejecución de las boletas de garantía de CAMC. Dicha revocatoria fue firmada por los magistrados del TCP, Virginia Andrade y Ruddy Flores.

Comisión de diputados aprueba acusación contra dos magistrados

El magistrado del Tribunal Agroambiental Bernardo Guarachi y la magistrada del Tribunal Constitucional Mirtha Camacho fueron acusados por presuntos ilícitos en el ejercicio de sus funciones, la comisión de Justicia Plural de Diputados aprobó la acusación en contra de ambos.

El presidente de Justicia Plural, Lino Cárdenas, informó que este martes su comisión aprobó la acusación en contra de ambos magistrados. El pleno de Diputados decidirá si los envía a juicio de responsabilidades o rechaza la acusación.

“La comisión de Justicia Plural aprobó la acusación contra Bernardo Guarachi y Mirtha Camacho, ahora ya se ha remitido esos antecedentes a la presidencia de la Cámara de Diputados y se debe poner a consideración del pleno”, declaró Cárdenas.

“La acusación es por acciones presuntamente ilícitas que hubieran cometido”, declaró el legislador. La presidencia de la Cámara Baja tiene 13 días para poner en agenda la acusación en contra de estas autoridades.

El año pasado, esta misma comisión aprobó el juzgamiento de cuatro miembros del Consejo de la Magistratura que fueron suspendidos por los diputados, el caso ya se encuentra en el Senado para juicio de responsabilidades por presuntos delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes. (ANF)

Senado aprueba proyecto de ley de comisión de Justicia

El pleno de la Cámara de Senadores sancionó ayer el proyecto de ley que crea la Comisión de Seguimiento de las conclusiones de la Cumbre de Justicia, que se realizó en junio del año pasado.

“El pleno de la Cámara de Senadores sancionó el miércoles el Proyecto de Ley 388, que crea la Comisión de Seguimiento de las conclusiones de la Cumbre de Justicia realizada en junio de 2016 en Sucre”, explica un boletín del Senado.

La norma establece que esa comisión será presidida por el Ministro de Justicia y estará conformada por el Presidente de la Cámara de Senadores, el Presidente de la Cámara de Diputados, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el Presidente del Consejo de la Magistratura, el Fiscal General del Estado, el Ministro de Gobierno, el Procurador General del Estado y un representante del Sistema de la Universidad Boliviana.

La norma establece que la Comisión estará vigente hasta el cumplimiento de las funciones establecidas en esa norma y sus miembros tienen el deber de asistir a todas las sesiones convocadas.

Wednesday, January 18, 2017

Peñafiel asume Presidencia del Tribunal Agroambiental

El magistrado Javier Peñafiel Bravo asumió ayer la presidencia del Tribunal Agroambiental del Estado Plurinacional de Bolivia por decisión de Sala Plena, en reemplazo del Lucio Fuentes Hinojosa.

La nueva autoridad, posesionada por el Decano de la institución, Ricardo Soto, anunció que buscará el diálogo para que la Asamblea Legislativa apruebe el Código Procesal Agroambiental y solicitó a sus colegas magistrados/as, autoridades del Órgano Judicial, Tribunal Constitucional, Organizaciones Sociales y Prensa, a trabajar de manera conjunta y coordinada a nivel institucional bajo el principio del servicio a la sociedad.

Peñafiel informó que por decisión de Sala Plena, esta gestión, la totalidad de los Juzgados Agroambientales deberán abrir puertas a la sociedad con la itinerancia y anunció la creación de nuevos Juzgados para llegar a las fronteras del país y no solo a las capitales o ciudades intermedias, además de establecer una verdadera estrategia y política de coordinación y cooperación con las organizaciones sociales.

También señaló que a pesar de no haber contado con recursos económicos suficientes, la Jurisdicción Agroambiental ha implementado políticas institucionales para acercar la justicia al pueblo. En ese mismo cometido, indicó que “se desarrollará una revista jurídica virtual, se establecerán mecanismos adecuados que permitan integrar a la Jurisdicción Agroambiental a los procesos educativos no sólo a nivel universitario, sino de primaria y secundaria”.

Destituyen a tres fiscales en Santa Cruz

El fiscal de Distrito de Santa Cruz, Freddy Larrea, informó que por disposición de la Fiscalía General del Estado, se ordenó el cese de funciones de tres fiscales de Santa Cruz tras una evaluación del rendimiento y el servicio a la población que brindaban dichos investigadores.

El fiscal Larrea se limitó a indicar que fue una decisión institucional, por lo que evitó dar nombres de los fiscales destituidos. “Se está evaluando de acuerdo al rendimiento y la información que se tenga de cómo están trabajando nuestros fiscales, de cómo están operando, cómo están dando el servicio a la sociedad y de acuerdo a eso se está tomando decisiones”, aseguró.

Modelo de gestión

El pasado 10 de enero, el fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, realizó una visita sorpresa a diferentes módulos de Santa Cruz para verificar el trabajo de los fiscales y si estos estaban cumpliendo sus funciones a cabalidad.

En esa ocasión, anunció también que el Ministerio Público está preparando una evaluación para la implementación del nuevo modelo de gestión fiscal, para lo cual se está verificando el funcionamiento de las fiscalías corporativas y los ajustes que se deben realizar.

Además, Guerrero informó que en Santa Cruz se harían algunos cambios a raíz de algunas denuncias de los litigantes.

Cambio anunciado

Los cambios en la Fiscalía también fueron de alguna manera anunciados por Guerrero el pasado 9 de enero durante la posesión de Freddy Larrea como fiscal de Distrito de Santa Cruz. Guerrero dijo dentro del Ministerio Público existe una “conspiración” en contra del nuevo modelo de gestión fiscal.

“Hay gente dentro del Ministerio Público que aún no quiere entender el nuevo modelo de gestión Fiscal que se encamina a evitar la corrupción y retardación de justicia, y viene conspirando”, aseguró Guerrero.

Guerrero anunció que desde la Fiscalía General ya se tenían identificados a estos funcionarios “que no quieren trabajar y vienen entrando en una guerra sucia dañando a la institución”, finalizó.