Friday, October 20, 2017

Oposición pide que Macario Lahor se excuse

La oposición pidió ayer que el magistrado, Macario Lahor Cortez, que era representante de los interculturales afines al MAS, se excuse de conocer la demanda de inconstitucionalidad porque no garantiza independencia y que recibirá una decisión ya tomada desde arriba.

El jefe de bancada de Unidad Demócrata (UD), Edwin Rodríguez, sostuvo que desde el momento que el caso cayó en manos de un afín al gobierno, el Tribunal ya no tiene poder de decisión independiente sobre la acción de inconstitucionalidad.

“Ya sabíamos que todos los magistrados son entregados al MAS, son activistas políticos antes que magistrados y no tenemos confianza, porque una vez que tomen decisiones se irán a sus casas, o se irán premiados con algún cargo público, tras pisotear la decisión soberana del pueblo”, declaró a tiempo de reiterar que Bolivia tiene pocos días para evitar las puertas de una dictadura.

PROCESO EN CURSO

El 18 de septiembre la bancada del MAS en el Legislativo presentó al TCP una acción de inconstitucionalidad abstracta mediante la cual piden declarar la inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley Electoral y la inaplicabilidad de cuatro de la Constitución Política del Estado (CPE),

El 29 de septiembre el TCP admitió la acción abstracta de inconstitucionalidad y notificó al presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García, para que presente los argumentos por los que pide que sean impugnados cinco artículos de la Ley de Régimen Lectoral Nº 026 y la inaplicabilidad de cuatro artículos de la CPE.

El 13 de septiembre el Legislativo envió la respuesta al TCP con los argumentos de por qué esta instancia debe resolver la consulta planteada en términos de verificación de constitucionalidad y convencionalidad, que son dos elementos circunscritos a ese ámbito.

A partir de esa fecha corre el plazo de 45 días para que el magistrado relator del TCP resuelva la acción de inconstitucionalidad abstracta del MAS que busca la habilitación del presidente Evo Morales para las elecciones de 2019.

Wednesday, October 18, 2017

Aprueban artículo sobre mala práctica profesional del Código del Sistema Penal

La Cámara de Diputados aprobó la noche de ayer el artículo 200 sobre mala práctica profesional del proyecto de Ley del Código del Sistema Penal en donde se incorporó las observaciones realizadas por el sector de la prensa y los colegios médicos.

El artículo modificado consta de siete parágrafos, producto de los acuerdos alcanzados. El primero establece: “La persona que, en el ejercicio de su profesión, oficio o actividades cause daño a la salud o integridad física de otra persona, por infracción a un deber objetivo de cuidado, por imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia de los protocolos, reglamentos o los deberes inherentes al ejercicio de su profesión, oficio o actividad, será sancionada con reparación económica y cumplimiento de instrucciones judiciales”.

Al respecto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, señaló que no existe una redacción exclusiva para el ámbito médico.

“En las reuniones con los colegios de médicos quedó claro que el nombre original que era Mala Práctica Médica quedaba demasiado corto, porque inclusive en el ámbito de la salud no son sólo los médicos los que pueden cometer negligencia, impericia o imprudencia que tengan como resultado el daño a la integridad física y la salud de las personas”.

En la reunión donde se alcanzó los acuerdos, participaron el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Anibal Cruz, y sus colegas de los colegios médicos departamentales, además de los dirigentes de la Fesirmes (Federación Sindical de Ramas Médicas de Salud Pública) y de la Fesimras (Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines).

Mientras que para el sector de la prensa se incorporó una nueva redacción que “no afecta en nada a los periodistas, no modifica su situación actual y no pasa por encima de la Ley de Imprenta”.

El parágrafo VI señala: "No constituirá infracción penal cuando el ejercicio de la profesión, oficio o actividad no implique una posición de garante respecto de la salud o la integridad física".

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Constitución, Susana Rivero, dijo que “puede haber tipificación de Mala Práctica Profesional cuando se ponga en riesgo la vida y la salud de las personas”.

Video Piden inhabilitar a Candidatos de las Elecciones Judiciales que realizan campaña

TCP garantiza respuesta Magistrados no se irán sin antes emitir fallo de reelección

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) garantizó que hasta la conclusión del mandato de los actuales magistrados se resolverán todos los procesos pendientes, entre ellos la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por asambleístas del Movimiento al Socialismo (MAS), para viabilizar la re-postulación del presidente Evo Morales.

Es decir, hasta diciembre se conocerá si el actual mandatario puede ser candidato por tercera vez consecutiva o no.

“No solo es ese tema (de la re-postulación) sino otros como el de la (Ley de) Coca, de género y la acción abstracta (del oficialismo), se van a resolver en esta gestión. Los magistrados tenemos la responsabilidad de emitir los fallos que han ingresado en esta gestión”, explicó el magistrado Zenón Bacarreza.

El tribuno manifestó que entre las resoluciones que deben resolver antes de dejar sus cargos en esta gestión son el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley General de Coca, que es cuestionada por Adepcoca, porque se incrementan los cultivos en el Chapare.

Otro de los recursos legales que debe ser resuelto es la acción de inconstitucionalidad contra la Ley 966, que elimina la intangibilidad al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (Tipnis).

PLAZO

El pasado jueves 12, la Comisión de Admisión del TCP designó al magistrado relator, Macario Lahor Cortez, que redactará la sentencia sobre la acción de inconstitucionalidad.

El plazo de los 45 días establecidos por el Código de Procedimiento Constitucional corre a partir del 13 de octubre, los actuales magistrados deben emitir una resolución antes que termine su gestión, que es el 3 de enero de 2018.

Antes de ese plazo está previsto el receso judicial, que será a partir del 13 de diciembre del año en curso, a los 10 días después que se lleven a cabo las elecciones judiciales en las que se elegirá a los nuevos magistrados.

“No podemos dejar para el siguiente Tribunal lo que nosotros hemos (conocido), al menos es una misión que hemos hablado como ente colegiado que vamos a resolver todos las causas”, remarcó el magistrado.

Anteriormente, el vocal Oswaldo Valencia manifestó que existía la posibilidad que este recurso sea resuelto por los nuevos magistrados de la instancia judicial, tomando en cuenta los plazos y la carga procesal de los tribunales.

FUNDAMENTOS

El presidente de la cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, informó que la Asamblea Legislativa planteó cinco ejes jurídicos como respuesta al Tribunal Constitucional, donde se ratifica el pedido de los asambleístas del MAS de declarar inconstitucionales cinco artículos de la Ley de Régimen Electoral y la inaplicabilidad de cuatro artículos de la Constitución Política del Estado que viabilice la repostulación.

Se hace mención de los derechos humanos y políticos, además se hace referencia a la jurisprudencia internacional, es decir a los tratados con organismos multilaterales.

Por otro lado, se fundamenta con la propuesta de los asambleístas constituyentes del MAS en el 2007, acerca de la reelección indefinida en la suscripción de la actual CPE, que fue rechazada por la oposición y fue modificada en noviembre de 2007, en la ciudad de Oruro, para su posterior aprobación en el referendo de 2009.

El pasado cinco de octubre, la oposición presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con la finalidad de frenar el recurso. El martes 10 se realizó un cabildo en varias regiones del país, donde la población rechazó a la reelección indefinida del presidente Evo Morales.

TCP admite recurso contra ley que quita la intangibilidad al Tipnis

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió el reciente fin de semana el recurso de inconstitucionalidad contra la ley que elimina la intangibilidad del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (Tipnis). Una vez sorteado el recurso al magistrado relator, corre el plazo de 45 días para emitir el fallo.

“El tema del Tipnis ha sido admitido y se ha determinado cual magistrado será encargado de redactar el proyecto constitucional y se tiene los 45 días para resolver la acción presentada sobre el tema”, explicó el magistrado Zenón Bacarreza. La acción fue presentada por los asambleístas que se oponen a que se quite la intangibilidad al área protegida y se permita la destrucción de la misma con iniciativas como la construcción de una carretera o la ampliación de las zonas de colonización. Bacarreza también indicó que por un acuerdo interno hasta la primera quincena de diciembre, el TCP tiene previsto emitir sentencia en las acciones relacionadas con el pedido de reelección de Evo Morales, Tipnis, Ley de Género, Ley de la Coca y otras. El magistrado recordó que en la segunda quincena de diciembre ingresan en receso y después solo volverán para entregar el TCP a los nuevos magistrados elegidos el 6 de diciembre. /Fides

Candidatas(os) al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) José César Villarroel

Perfil

Nació el 27 de agosto de 1955.
Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas; tiene una maestría en Derecho Civil y Derecho Procesal Civil.
Docente emérito UMSA, catedrático de la UPEA.
Autor de los libros Curso sobre el Código Procesal Civil práctica forense y judicial; Guía de capacitación en el Código Procesal Civil y en el Código de las Familias y Estudios de Derecho Procesal Civil.

Puntaje 79,2

1.- ¿Qué le motivó a postular al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)?
Al haber redactado buena parte de los denominados Códigos Morales, la motivación personal es la aplicación de esa normativa en los tribunales de justicia de todo el país y la lucha en contra de la corrupción judicial.

2.- ¿Qué medidas tendrían que adoptarse para mejorar la administración de justicia?
Los servidores judiciales en todos los niveles deben estar sujetos a capacitación en el nuevo régimen legal. La formación judicial debe ser integral a través del desarrollo de las dimensiones técnico-jurídicas sustentadas en el ser desde los valores (axiológico-jurídicos) del derecho positivo y valores socio-comunitarios; el saber, desarrollo cognitivo jurídico previsto en distintas áreas jurídicas del derecho; el hacer, habilidad y destreza en la teoría y la práctica en la elaboración de fallos judiciales; el decidir, sustentado en las tres dimensiones anteriores bajo los principios de honestidad, celeridad, transparencia y objetividad.

3.- ¿Qué hacer para mejorar el trabajo del TSJ?
Mejorar las condiciones en el funcionamiento de los juzgados y tribunales en todos los departamentos; es necesario contar con una buena infraestructura; modificar el mapa judicial; crear nuevos ítems para jueces y subalternos, equipamiento con medios tecnológicos; anualmente hacer un relevamiento sobre los éxitos y fracasos que se den en ese proceso de institucionalización judicial.

4.- ¿Considera que con la aplicación de la nueva legislación y la elección de magistrados el 3 de diciembre el pueblo boliviano puede esperar el ansiado cambio de la justicia?
La terapia jurídica en los tribunales, dado el estado de crisis en que se encuentra la administración de justicia, será lenta y progresiva hasta que alcance credibilidad en el tiempo, manteniendo la independencia, asimismo debemos hacer alianzas estratégicas con todas las instituciones del país, de manera tal que permita mostrar un poder judicial renovado, libre de grupos dominantes, donde los magistrados sean un ejemplo para las regiones y para el conjunto del país con responsabilidad y compromiso en el desempeño de sus funciones y ese ejemplo sea el modelo de conducta para jueces y subalternos.

5.- La retardación de la justicia es uno de los problemas más denunciados, ¿qué propone para resolverla?
Los nuevos códigos en las distintas áreas están orientados a evitar la retardación de justicia. Uno de los pilares es la conciliación acompañada de una desformalización de las complejidades procesales, donde se resuelva el fondo del problema de manera directa y no directa a través de la solución de un sinnúmero de incidentes. La oralidad como base del sistema en aplicación de los principios de inmediación y concentración hace que los procesos no tengan una duración interminable que agoten al ciudadano por cansancio, y por el contrario los conflictos se resuelvan en el menor tiempo posible. Justicia que tarda no es justicia.

Candidatas(os) al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Virginia Patty Torres



Perfil

Nació el 16 de septiembre de 1954 en la ciudad de La Paz.
Licenciada en Derecho de la UMSA, con formación académica en Ciencias Políticas y Economía.
Doctorado en Ciencias y Humanidades; maestrías en Desarrollo Humano y Derecho Constitucional y Gestión Pública
Docente UMSA, UPEA y Anapol.
Autora del libro La destrucción de las comunidades indígenas en Bolivia 1825-1952.

1.- ¿Qué le motivó a postular al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)?
El haber sido litigante me ha permitido conocer muy de cerca los problemas por los que atraviesa la administración de justicia. El estancamiento de los procesos sujetos a litigio hace que haya retardación de justicia, vulnerando los principios de celeridad e inmediatez, afectando al debido proceso. Por tanto, he visto la necesidad de mejorar los controles para la aplicación propia de la norma.

2.- Si es electa como nueva autoridad del Órgano Judicial, ¿qué medidas tendrían que adoptarse para mejorar la administración de justicia?
Producto de un análisis exhaustivo respecto a la aplicación de la norma jurídica e identificando vacíos, colisiones u otros, se tiene que elaborar un plan de reingeniería en los procesos judiciales que permita implementar mejoras significativas para alcanzar una óptima administración de justicia y de calidad, la cual debe ser medida a través de una evaluación para establecer los resultados de la gestión.


3.- En ese marco, ¿qué hacer para mejorar el trabajo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)?
Es fundamental la coordinación con los ministerios de Justicia y de Gobierno y con el Ministerio Público para procurar la asignación de mayor presupuesto que permita ejecutar inversiones en infraestructura, dotación de personal y fundamentalmente en capacitación permanente para todo el personal involucrado, desde investigadores, auxiliares, secretarios de juzgados, fiscales, jueces, entre otros.

4.- ¿Considera que con la aplicación de la nueva legislación y la elección de magistrados el 3 de diciembre, el pueblo boliviano puede esperar el ansiado cambio de la justicia?
La idea principal de la elección de magistrados es que el pueblo boliviano tenga la opción de elegir a un profesional imparcial, que emita fallos con objetividad e independencia. Se debe trabajar en un cambio profundo que permita transformar la imagen del Tribunal Supremo de Justicia y que los habitantes de nuestro país vuelvan a tener confianza en las decisiones que dicten sus autoridades.

5.- La retardación de la justicia es uno de los problemas más denunciados, ¿qué propone para resolverla?
Estoy convencida de que una reforma sistemática a la estructura normativa, organizativa y administrativa judicial y además con la creación de un programa de jueces móviles y una adecuada distribución de casos permitirá disminuir la carga procesal y tener un mejor control sobre el cumplimiento de los plazos procesales.