La vacación judicial que ayer se inició, impide la libertad de los cuatro concejales de Caracollo que la obtuvieron luego que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia, dispusiera la revocatoria de la decisión del juez cautelar de la mencionada población, quien determinó su detención preventiva.
Los concejales: Albertina Mejía Marza, Romaldina Tórrez Colque, Jaime Néstor Magne Choqueticlla y Claudio Choque Condori deberán permanecer presos 25 días más, ya que la audiencia de revocatoria duró hasta las 23:00 horas del lunes, cuando por disposiciones del Tribunal Departamental, estos trámites debían realizarse hasta las 18:30 horas de anteayer.
El abogado defensor de los concejales, Zenobio Calizaya, expresó que la parte acusadora, hizo todo porque esta audiencia se retrasará, planteando una recusación de los vocales y otros, con el fin de que se realice al filo del último día hábil antes de la vacación judicial.
"Eso nos dificulta lograr la libertad inmediata de los cuatro concejales, extremo que se dará una vez que se inicien labores, pues todas las causas con medidas cautelares de esta índole debían ser remitidos a un juzgado cautelar de turno, hasta las 18:30 horas de ayer (lunes)", refirió Calizaya.
El abogado ponderó la determinación de los miembros de la Sala Penal Primera, asegurando que fue una decisión acertada, pues la misma representación del Ministerio Público, señaló que no tenían ningún argumento para que se revoquen las medidas sustitutivas, por lo que fue un error el haberlo hecho.
"Desde la perspectiva de la defensa técnica de los imputados, la decisión ha sido correcta, ya que se advirtió que el juez cautelar se equivocó, utilizando elementos de prueba que no demostraban lo que supuestamente se manejaba como causales para dicha revocatoria, eran documentos que no tenían ninguna vinculación", expresó el abogado
Los concejales fueron obligados a golpes, a renunciar a sus cargos, luego de haber cumplido tres años de su gestión, sin embargo, un Amparo Constitucional, les otorgó la restitución en sus puestos, pero algunas personas vinculadas al Movimiento Al Socialismo (MAS), les impidieron ejercer sus funciones.
"No les dejaron ingresar a sus oficinas, ni ejercer sus cargos, y ahora los acusan de haber abandonado sus funciones, entre otros", indicó Calizaya.
Además de acusarlos de incumplimiento de funciones, les acusan de haberse llevado algunos bienes del municipio y otros, denuncias que se hicieron ante el Ministerio Público que sigue el proceso, habiéndoles otorgado las medidas sustitutivas a través de un juez, pero esta resolución fue revocada por otra autoridad judicial, estando desde mayo recluidos en el Penal de San Pedro.
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