El abogado Eduardo León presentó dos denuncias penales ante la Fiscalía General, dos por prevaricato y retardación de justicia contra cinco vocales y una juez del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el marco del proceso que el Gobierno le sigue por la supuesta falsificación de su libreta militar, caso por el que León se ha declarado perseguido político.
NOTIFICACIÓN
Los documentos fueron presentados el viernes pasado por su esposa, Graciela Mendoza, quien además informó que logró que se le notificara de manera personal, el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en el que se determinó que se violaron los derechos de su esposo al enviarlo con detención preventiva al penal de San Pedro, donde se encuentra desde mayo de 2016.
Según los documentos, presentados en el Ministerio Público, León se declara “abogado, preso y torturado político”, apersonándose como denunciante de los delitos de “incumplimiento de deberes, prevaricato, retardación de justicia y resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes”.
APELACIÓN
En el primer caso, los denunciados son los vocales de la Sala Penal Segunda, Rubén Ramírez y Freddy Paz, vocales de la Sala Penal Segunda; y a la jueza Décimo Tercero de Instrucción Penal, Melina Lima Nina, contra quienes va dirigido el fallo del TCP donde se afirma que estos no valoraron de manera adecuada los descargos presentados por León y señalando que se debe emitir un nuevo fallo, subsanando los errores cometidos.
El fallo observado por el TCP a los vocales de la Sala Penal Segunda se dio en el marco de la “apelación a las medidas cautelares” dictadas por la juez Lima.
CESACIÓN
En el segundo memorial presentado por Mendoza en Sucre, bajo los mismos delitos, la acción presenta contra los vocales de la Sala Penal Primera, Virginia Crespo, Erensto Macuchapi, Willy Arias y también la juez Melina Lima, por irregularidades en el proceso de cesación a la detención preventiva que planteo León luego de que se le negara la apelación de la otra denuncia.
La denuncia señala que la juez Lima retardó el proceso de manera intencional al no remitir ante los vocales de La Sala Penal Primera, junto al cuaderno de control jurisdiccional, las pruebas de descargo que se le presentaron por lo que de los tres días que señala la ley la audiencia debió llevarse adelante luego de 15 días.
En el caso de los vocales, estos retuvieron el caso por más de 51 días.
ANTECEDENTES
Mendoza oficializa la denuncia después de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ordenó al TDJ emitir un nuevo fallo sobre la detención de León, advirtiendo que se vulneraron los derechos del abogado.
Mendoza informó que luego de ser notificada con el fallo del TCP iniciarán la gestión para que se fije fecha para que se instale otra audiencia en la misma sala penal de La Paz para lograr la libertad de su esposo.
Según el Ministerio de Defensa, Transparencia y el de Educación, León presentó una libreta militar falsificada para obtener su título de provisión nacional en Derecho y trabajar como consultor jurídico en la Alcadia de El Alto en gestiones pasadas.
León está imputado por los delitos de falsedad material, e ideológica, uso de instrumento falsificado y conducta antieconómica.
Esto luego de que otra juez le otorgó medidas sustitutivas en el caso de Trata y Tráfico que se abrió contra él, otros dos abogados y la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, donde se afirma que se suplanto al hijo que el mandatario reconoció como suyo fruto de esa relación.
León denunció que de manera servil, la Fiscalía activó una serie de procesos en su contra con el fin de retenerlo en la cárcel y evitar que dé su versión sobre lo que conoce del caso Zapata, donde afirma que la expareja del presidente Morales negoció contratos pos mil millones de dólares.
En la audiencia cautelar llevada adelante por la juez Lima, la defensa de León planteó una serie de sentencias constitucionales señalando que la detención preventiva dictada en su contra no está acorde con lo dispuesto por ley ya que los fiscales Óscar Campero, Manuel Saavedra y Liliam Calderón arguyeron que constituía una amenaza el hecho de que León les señalara que de comprobarse una violación de sus derechos constitucionales, deberían responder, de manera individual, por sus acciones, ante los mismos tribunales o instancias internacionales.
“No pido clemencia de la Fiscalía, no les estoy pidiendo un favor”, aseguró León en esa oportunidad.
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