Después del fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que determinó que los argumentos de defensa del abogado Eduardo León pasen a un nuevo proceso por haber vulnerado sus derechos en primera instancia, la esposa del aludido, Graciela Mendoza, anunció un proceso contra los jueces, vocales y fiscales que resolvieron la detención preventiva en San Pedro del señalado jurista.
León fue procesado en mayo de 2016 mientras era parte de la defensa de Gabriela Zapata, expareja de Evo Morales y exgerente de la empresa China Camc, y se determinó su ingreso al panóptico de San Pedro por observaciones a su libreta de servicio militar que permitió su trámite de titulación de la carrera de derecho en una universidad privada ya desaparecida.
Mendoza explicó que las autoridades judiciales procedieron de manera coordinada contra León, usando como prueba una fotocopia simple que basa todo el caso de presunta falsedad material.
Luego de conocer el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, el abogado anunció que procesará por prevaricato a la juez Melina Lima, los vocales Rubén Ramírez, Virginia Crespo y Willy Arias, además de los fiscales de apellido Calderón y Campero, según detalló Mendoza.
“Se han vulnerado todos sus derechos constitucionales de Eduardo León y se tiene que revisar en nueva audiencia para su libertad”, declaró.
Mendoza presentó recientemente una carta dirigida al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para pedir una audiencia en la que expondrá todas las irregularidades procesales que se verificaron este jueves con el fallo del Tribunal Constitucional.
El magistrado Ruddy Flores ayer señalaba que corresponde al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emitir un nuevo fallo sobre el caso, atendiendo todos los puntos de defensa que fueron expuestos por León y que no se tomaron en consideración en la primera resolución que terminó con la medida de detención preventiva para que, “en ese sentido, no se vulnere ningún derecho fundamental o una garantía constitucional”.
Para el ministro de Gobierno, Carlos Romero, el fallo del TCP corresponde a una acción constitucional que ahora debe ser revisada por la instancia jurídica de turno, pero no determina la liberación ni la inocencia de los delitos de los que se acusa al abogado y activista opositor.
León se integró al equipo de defensa de Gabriela Zapata cuando estalló el escándalo Camc y la posible figura de uso indebido de influencias por los contratos de infraestructura estatal que se firmaron durante 2006 a 2010.
Zapata desvió la atención hacia el supuesto hijo que tuvo con el mandatario Evo Morales y con ello el jefe del Estado Plurinacional activó una demanda de paternidad.
Los abogados Wálter Zuleta y Willy Sánchez coordinaron la presentación de un menor junto a la llamada “tía” de Zapata, Pilar Guzmán, quien llevó ante la juez del Menor Jaqueline Rada a un niño que fue “alquilado” a una joven pareja.
Luego de determinar esa suplantación de identidad, todos los involucrados fueron procesados por tráfico de personas y derivados a distintos centros penitenciarios para hombres y mujeres en La Paz. Sin embargo, Zuleta y Sánchez huyeron hacia Perú activando a su vez la declaratoria de aprehensión desde el Ministerio Público.
SÁNCHEZ PASÓ POR BOLIVIA
Graciela Mendoza, también en contacto con red Uno, reveló que Sánchez llegó al país a pasar las fiestas de fin de año con sus allegados, tal como se advierte en fotos de las redes sociales cercanas a la pareja Sánchez Silva donde varias personas aparecen en una terraza similar al sitio de reuniones habituales de esa familia.
“Los mejores momentos del año son los que pasas con la familia, disfrutando cada instante de cada ocurrencia que tiene cada uno, gracias a Diocito por este tiempo de unión familiar los amo y los extrañaré” (sic), se lee en el muro de Facebook de esa familia.
La Fiscalía anunció que se solicitó a la Policía Internacional (Interpol) colocar el sello rojo de búsqueda para Zuleta y Sánchez, algo que León ya calificó como una “pantomima” pues considera que sus excolegas en realidad “coordinaron” con el Gobierno para perjudicarlo a él y desactivar el caso Zapata – Camc que podía llegar hasta las altas esferas de poder.
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