Superar la crisis del sistema judicial plantea dos vías, una salida democrática que es derrotar al MAS en las urnas y purgar el parlamento, la otra opción es seguir el camino traumático o la vía de la insurrección popular como ocurrió en 2003; “pensar que la crisis judicial debe ser resuelta por la vía jurídica es ingenuo” declaró el abogado constitucionalista Williams Bascopé.
“Está claro que al Gobierno no le interesa respetar la ley. Lo jurídico está derrotado, es así de claro. No hay un Estado Constitucional sino uno político. Es necesario purgar el Parlamento y dar espacio a nuevos líderes por la vía electoral que orienten al país”, puntualizó el jurista, tras aclarar que es única opción de evitar un enfrentamiento civil frente al abuso de poder.
La crisis del sistema judicial es el reflejo de un “Estado persecutorio, autoritario y totalitario al servicio de una cúpula”. Siendo esa la realidad de justicia y del Estado boliviano, según afirma Bascopé, la salida a la deformidad estructural es política en medio de una fuere contienda que podría, inclusive, derivar en sublevación popular que ningún boliviano quiere.
CUESTIONADO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Desde el análisis del jurista, la cuestionada selección de los miembros del Tribunal Constitucional inclinado y exjuristas que ahora ejercen la función pública constituyen un total irrespeto a la sociedad boliviana, donde el ejercicio del derecho ciudadano en busca de justicia se vuelca contra sí mismo.
En este sentido, Bascopé plantea que una de las pocas opciones que tiene la sociedad boliviana para cuestionar al Estado Plurinacional, en cuyo criterio en decadencia en 12 años de gobierno, son movilizaciones desde las calles porque la Constitución Política del Estado (CPE) ha sido rebasada.
A manera de ejemplo, recordó la movilización nacional en defensa del referéndum del 21 de Febrero del 2016 y la agitación nacional cuando el MAS pretendía aprobar el nuevo Código Penal, que penalizaba las movilizaciones sociales y protegía a la cúpula que podría ser investigada, eliminado de la normativa nacional los delitos de corrupción pública.
“Bajo esa errada lógica de administración del Estado, Morales trata de cooptar a toda la sociedad, intimidando, generando miedo y desconfianza, creando los paralelismos sindicales e institucionales”, argumentó Bascopé.
“Por estas razones las respuestas a la crisis del sistema de justicia ya no es jurídica, sino política. Cuando la ciudadanía ya no encuentra respuesta en las instituciones, como es el caso en la administración de justicia, la gente sale a protestar. Se está desafiando en demasía a la tolerancia de los bolivianos”, puntualizó.
Con relación a los casos de corrupción de proporciones mayores y que involucran al Gobierno, como el caso de tráfico de influencias en torno a la empresa china CAMC, que involucra al propio presidente Evo Morales, el escándalo del Fondo de Desarrollo Indígena (Fondioc) que a la fecha no se recupera el dinero ni existen sentenciados, o el caso Taladros de YPFB, el Puente de Cochabamba, entre otros, el jurista señala que al respecto no emite no se emite mayor información.
“En varios de estos temas no hay condenados, hay una serie de dilaciones, los plazos procesales continúan y esto se traducen en franca impunidad. La Ley es drástica para quienes son opositores al Gobierno y benevolente para los afines a esta administración. Son tolerantes hasta el extremo de la displicencia”, apuntó el abogado constitucionalista.
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