Carlos Ortiz Quezada y Rodolfo Flores, quienes participaron del proceso de preselección de los postulantes a magistrados del Órgano Judicial en la Asamblea Legislativa, ocupan cargos jerárquicos en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y en Concejo de la Magistratura, respectivamente, denunció la senadora Jeanine Añez de UD.
“Tenemos conocimiento que Carlos Ortiz Quezada y Rodolfo Flores ocupan cargos en el Órgano Judicial. Esto demuestra que los actuales magistrados de justicia están pagando favores a quienes los ayudaron en el proceso e preselección”, explicó Añez.
Ambos profesionales figuran en la página de declaraciones juradas de bienes y rentas de la Contraloría. Ortiz ingresó a trabajar al TCP el pasado 24 de enero. Flores ocupa el cargo de Director Nacional de Planificación en el Consejo de la Magistratura, y su declaración es del 8 de febrero de la presente gestión.
ANTECEDENTES
Ortiz fue elegido como representante de la Universidad Autónoma del Beni (UAB) para participar de la comisión de académicos encargado de elaborar las preguntas de los exámenes y la evaluación de los postulantes al Órgano Judicial.
Además, fue vocal del Tribunal Electoral departamental de Beni entre 2011 y 2013, cuando se anuló la candidatura de Ernesto Suárez a la Gobernación y otros 220 representantes de los demócratas, se apuntó como el principal responsable por de las inhabilitaciones.
El académico tenía tratos cercamos con el magistrado del TCP, Gonzalo Hurtado Zamorano, elegido en el departamento del Beni.
Por otra parte, Flores fue asesor del senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Milton Barón, hizo seguimiento a todo el proceso de preselección de los postulantes.
La senadora recordó que, durante el proceso desarrollado en el Legislativo, denunciaron estas irregularidades y la falta de transparencia del proceso de evaluación, lamentó que no se hayan tomado los recaudos necesarios.
Por último, señaló que enviaron una carta al presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, para que sea destituido de su cargo, a su criterio es antiético que continúe en funciones en esa instancia.
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