El exjuez Luis Tapia Pachi, que en 2010 abandonó Bolivia luego de que el Ministerio Público le iniciar un proceso por prevaricato y desobediencia a procedimientos penales, retornó de Brasil al país. Dijo que lo hace por voluntad propia y responsabilizó al Gobierno en caso de que su vida o la de su familia corriera algún peligro.
En 2009, Tapia Pachi estaba a cargo del Juzgado Octavo de Instrucción Cautelar y le fue asignado el caso Terrorismo. Se opuso a que el proceso sea cambiado de jurisdicción, de Santa Cruz a La Paz, por esto el Ministerio Público lo acusó por los delitos de prevaricato, desobediencia a procedimientos penales y resoluciones contrarias a las leyes.
En julio de 2010, mediante una carta pública, se declaró en la clandestinidad y denunció que uno de sus hijos fue amenazado de secuestro y que él y su familia vivían “una pesadilla”. Sobre el caso Terrorismo señaló en aquel entonces que se transgredieron las leyes al trasladarlo a la ciudad de La Paz. Acusó al Poder Ejecutivo de ejercer presión para ello.
Después se conoció que abandonó el país y en enero de 2011, el Consejo Nacional de Refugiados (Conare) de Brasil le otorgó el refugio político. Esta institución sostuvo de que la decisión fue fundamentada en el artículo 1 de la Ley Federal de 1997.
Un retorno sin presiones
Después de más de cuatro años de permanecer en el vecino país, este martes llegó a Santa Cruz y convocó a una conferencia de prensa para informar de su decisión.
Dijo que no recibió presiones de ningún tipo y que lo hizo porque el tiempo le dio la razón: el caso Terrorismo ahora se ventila, después de haber cambiado de jurisdicción en varias oportunidades, nuevamente en un juzgado de la capital cruceña.
“Cualquier situación de aquí en adelante que hubiese, algún atentado, alguna situación ilegal o violación de la ley en contra de mi familia y mi persona, el responsable es el Gobierno. Está en obligación de darme garantías”, dijo a la prensa.
Tras enterarse de su retorno varias personas le expresaron su apoyo en su cuenta de Facebook.
Caso Terrorismo
La madrugada del 16 de abril de 2009 el hotel Las Américas fue el escenario en el que operó, por orden del Gobierno, un comando especial que acabó con las vidas del húngaro-boliviano Eduardo Rózsa; el húngaro-rumano, Árpád Magyarosi y el irlandés, Michael Dwyer, supuestos terroristas que pretendían atentar contra la vida del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera.
Opositores al gobierno de Evo Morales, especialmente de Santa Cruz, fueron acusados de financiar a este grupo de supuestos terroristas por lo que el Ministerio Público aprehendió a más de una treintena de personas que hasta la fecha continúan con detención preventiva.
Tuesday, February 3, 2015
Cochabamba LA ASAMBLEA RECIBIRÁ HOY EL DOCUMENTO El TCP aprobó el Estatuto Autonómico
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) aprobó el viernes la declaratoria constitucional del control previo del Proyecto de Estatuto Autonómico de Cochabamba luego de algunas modificaciones realizadas a la misma, según informó el presidente de la Asamblea Legislativa Adolfo Arispe.
“Ya no hay ninguna observación de incompatibilidad. El TPC declaró constitucional todo el texto del proyecto de estatuto con las correcciones y adecuaciones que hemos realizado”, aseguró. Se prevé que el presidente del TCP, Efrén Choque Capuma, entregue hoy la sentencia de constitucionalidad en la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Departamental.
Arispe indicó que el próximo paso consiste en aprobar la pregunta del referendo departamental en el pleno de la Asamblea y el TCP. Posteriormente, se enviará la misma al Tribunal Supremo Electoral para solicitar la convocatoria a la consulta. “Podemos tener ya aprobada la pregunta hasta fin de mes en el TCP”, señaló.
Se conoce que el asambleísta Marco Carrillo presentó ante la Asamblea Legislativa la propuesta de pregunta. Ésta dice: “¿Está usted de acuerdo con aprobar el Estatuto Autonómico Departamental de Cochabamba, en sus ciento seis artículos y cuatro disposiciones transitorias? Sí–No”. Cochabamba inició hace cuatro años el proceso estatuyente.
“Ya no hay ninguna observación de incompatibilidad. El TPC declaró constitucional todo el texto del proyecto de estatuto con las correcciones y adecuaciones que hemos realizado”, aseguró. Se prevé que el presidente del TCP, Efrén Choque Capuma, entregue hoy la sentencia de constitucionalidad en la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Departamental.
Arispe indicó que el próximo paso consiste en aprobar la pregunta del referendo departamental en el pleno de la Asamblea y el TCP. Posteriormente, se enviará la misma al Tribunal Supremo Electoral para solicitar la convocatoria a la consulta. “Podemos tener ya aprobada la pregunta hasta fin de mes en el TCP”, señaló.
Se conoce que el asambleísta Marco Carrillo presentó ante la Asamblea Legislativa la propuesta de pregunta. Ésta dice: “¿Está usted de acuerdo con aprobar el Estatuto Autonómico Departamental de Cochabamba, en sus ciento seis artículos y cuatro disposiciones transitorias? Sí–No”. Cochabamba inició hace cuatro años el proceso estatuyente.
Jueces rechazan convocatoria de la Magistratura
Los jueces del país rechazaron hoy la nueva convocatoria y el reglamento de la carrera judicial aprobado por el Consejo de la Magistratura para remover inicialmente a todos los jueces en materia de la Niñez y Adolescencia y Familias y anunciaron una reunión en la ciudad de Sucre para asumir una posición oficial, después de la reunión que sostendrá cada distrito judicial en estos días; Santa Cruz ya se declaró en emergencia el pasado fin de semana.
El presidente de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), Ever Veizaga, con sede en Cochabamba, señaló que rechazan la convocatoria para seleccionar nuevos jueces en todo el país, porque no ven reglas claras para someterse a la misma, dado que no se respeta la antigüedad ni la carrera de los actuales jueces y tampoco confían en la transparencia del Consejo de la Magistratura en el proceso de selección.
Reclaman también que previamente debía haber un proceso de evaluación del desempeño de los actuales juzgadores para establecer los motivos de su cambio, si cometieron faltas o delitos.
"De antemano manifestamos nuestro total desacuerdo con la convocatoria y el reglamento de la carrera judicial y hay una acción de inconstitucionalidad en contra del Consejo de la Magistratura planteado por un asambleísta departamental de Cochabamba que paralizó el proceso de rotación de jueces", señaló Veizaga.
El juzgador dijo que la carrera judicial debe ser regulada mediante una ley que establezca la visión del nuevo juzgador y no con un reglamento que puede ser modificado en cualquier momento por el Consejo de la Magistratura, tal como lo está haciendo actualmente.
En cambio, la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, explicó que con el nuevo reglamento de carrera judicial pretenden contratar jueces probos e idóneos luego de un proceso de selección transparente. Anunció que en el proceso de selección participarán las organizaciones sociales, que le darán la transparencia necesaria.
Lo que observan los jueces es la inclusión en la convocatoria de los actuales jueces de la Niñez y Adolescencia dando a entender que se revisará el escalafón, pero tampoco hay una normativa sobre el escalafón que el Consejo haya diseñado.
El presidente de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), Ever Veizaga, con sede en Cochabamba, señaló que rechazan la convocatoria para seleccionar nuevos jueces en todo el país, porque no ven reglas claras para someterse a la misma, dado que no se respeta la antigüedad ni la carrera de los actuales jueces y tampoco confían en la transparencia del Consejo de la Magistratura en el proceso de selección.
Reclaman también que previamente debía haber un proceso de evaluación del desempeño de los actuales juzgadores para establecer los motivos de su cambio, si cometieron faltas o delitos.
"De antemano manifestamos nuestro total desacuerdo con la convocatoria y el reglamento de la carrera judicial y hay una acción de inconstitucionalidad en contra del Consejo de la Magistratura planteado por un asambleísta departamental de Cochabamba que paralizó el proceso de rotación de jueces", señaló Veizaga.
El juzgador dijo que la carrera judicial debe ser regulada mediante una ley que establezca la visión del nuevo juzgador y no con un reglamento que puede ser modificado en cualquier momento por el Consejo de la Magistratura, tal como lo está haciendo actualmente.
En cambio, la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, explicó que con el nuevo reglamento de carrera judicial pretenden contratar jueces probos e idóneos luego de un proceso de selección transparente. Anunció que en el proceso de selección participarán las organizaciones sociales, que le darán la transparencia necesaria.
Lo que observan los jueces es la inclusión en la convocatoria de los actuales jueces de la Niñez y Adolescencia dando a entender que se revisará el escalafón, pero tampoco hay una normativa sobre el escalafón que el Consejo haya diseñado.
Exmagistrada Chánez apela sentencia de juicio de responsabilidades
El presidente del Senado, Alberto Gonzales (MAS), informó que la pasada semana conocieron la apelación de la exmagistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Soraida Chánez, a su sentencia por el juicio de responsabilidades, mediante la cual se la destituyó del cargo y se remitió el caso al Ministerio Público.
Tras recibir la apelación de la exmagistrada, se dispuso el análisis de la misma ante la comisión de Justicia Plural de Diputados, posteriormente pasará a la Cámara Alta para definir si corresponde o no atender el requerimiento, precisó.
"Hemos recibido la semana pasada la apelación planteada por la exmagistrada Soraida Chánez, hemos hecho tal como manda el procedimiento la derivación respectiva a la comisión de Cámara de Diputados, la comisión de Justicia Plural (…), y bueno ellos tienen un término de diez días (…), vuelve nuevamente al Senado que es la Cámara Juzgadora en este caso y bueno pues ahí se hará la valoración respectiva", manifestó Gonzales.
El 8 de enero pasado la Cámara de Senadores aprobó la destitución de la exmagistrada Chánez, en el juicio de responsabilidades que se le instauró por la suspensión de la Ley del Notariado.
La exmagistrada fue declarada culpable por los delitos de prevaricato y de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
Los antecedentes fueron remitidos a la Justicia ordinaria. El juicio de responsabilidades inició en octubre de 2014 en contra de Chánez y sus colegas Ligia Velásquez y Gualberto Cusi. Velásquez renunció como magistrada, por lo que se la excluyó del juicio, en tanto que Cusi fue excluido por la enfermedad que padece.
Tras recibir la apelación de la exmagistrada, se dispuso el análisis de la misma ante la comisión de Justicia Plural de Diputados, posteriormente pasará a la Cámara Alta para definir si corresponde o no atender el requerimiento, precisó.
"Hemos recibido la semana pasada la apelación planteada por la exmagistrada Soraida Chánez, hemos hecho tal como manda el procedimiento la derivación respectiva a la comisión de Cámara de Diputados, la comisión de Justicia Plural (…), y bueno ellos tienen un término de diez días (…), vuelve nuevamente al Senado que es la Cámara Juzgadora en este caso y bueno pues ahí se hará la valoración respectiva", manifestó Gonzales.
El 8 de enero pasado la Cámara de Senadores aprobó la destitución de la exmagistrada Chánez, en el juicio de responsabilidades que se le instauró por la suspensión de la Ley del Notariado.
La exmagistrada fue declarada culpable por los delitos de prevaricato y de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
Los antecedentes fueron remitidos a la Justicia ordinaria. El juicio de responsabilidades inició en octubre de 2014 en contra de Chánez y sus colegas Ligia Velásquez y Gualberto Cusi. Velásquez renunció como magistrada, por lo que se la excluyó del juicio, en tanto que Cusi fue excluido por la enfermedad que padece.
Convocatoria abre el paso para carrera judicial
Con la convocatoria pública para jueces en materia de Niñez y Adolescencia, el Consejo de la Magistratura dio el primer paso hacia la institucionalización de los cargos en el Órgano Judicial.
El nuevo perfil del juez debe basarse en la “meritocracia” y eliminando el padrinazgo y la injerencia política, explicó la consejera Wilma Mamani, coordinadora de la carrera judicial, sobre la implementación del reglamento de la carrera judicial recientemente aprobado.
La consejera dijo que la convocatoria abre la oportunidad a los mejores abogados, como también a los actuales jueces, ya que se pretende recuperar los profesionales que demostraron probidad en el ejercicio de la función jurisdiccional.
En 2014, ya se determinó la destitución del fiscal Quispe
La fiscal departamental de La Paz, Patricia Santos, informó ayer que hay una resolución disciplinaria de 2014 contra el fiscal Humberto Quispe que estableció su destitución del cargo, pero que la misma aún es revisada en Sucre.
"En el caso del fiscal Quispe, él fue procesado e inclusive hubo una resolución de destitución, que está en revisión en la ciudad de Sucre, en la Fiscalía General; seguramente la instancia superior ratificará o revocará esa situación de acuerdo con los antecedentes, pero sí fue procesado”, dijo Santos en conferencia de prensa.
Aunque la representante del Ministerio Público no dio más detalles al respecto, este medio accedió a una resolución sumariante del 16 de octubre de 2014 en la que se declara a Quispe responsable de "incumplimiento injustificado de plazos”, por lo que se le sanciona con una multa del 40% de su haber mensual.
Además, se lo halló responsable de "inactividad injustificada de actos investigativos por 30 días o más”, por lo que se le sancionó con la "destitución definitiva del cargo y consiguiente retiro de la carrera fiscal”.
El mencionado fiscal fue denunciado por al menos cuatro personas por incumplimiento de leyes, robo y extorsión, entre otros delitos.
Quispe admitió que enfrentó procesos disciplinarios, que tuvo sanciones en algunos y que él se responsabilizó de sus errores. "Si yo en algún momento cometí errores, que me procesen, está bien; pero yo jamás incurrí en corrupción, yo no soy corrupto”, dijo en una anterior entrevista.
Respecto a la resolución sumariante de octubre del 2014, el fiscal dijo no recordar de ninguna sanción que implicara su destitución. "No me notificaron de eso”.
Santos dio a conocer esta información después de que se le consultó sobre la inmediata destitución de los dos fiscales de la ciudad de El Alto, Juan Aliaga y Édgar Alarcón, imputados por extorsión. Una investigación desarrollada precisamente por Quispe.
"Estamos en ese afán de dar resultados. Si vemos que hay elementos de alguna situación que deba ser procesada, o inclusive sancionada, entonces ponemos nuestro esfuerzo en buscar respuestas. Es necesario que entre todos luchemos para que los fiscales tengan un lugar respetable”, concluyó Santos.
La contradicción sobre el cambio
El 29 de enero, el fiscal Humberto Quispe aseguró a Página Siete que su cambio a Pucarani, provincia Los Andes del departamento de La Paz, fue una decisión "personal” para cumplir el "requisito del servicio en provincia”.
Sin embargo, ayer la fiscal departamental, Patricia Santos, informó que el cambio fue su decisión.
"La decisión de desplazamiento es una atribución del fiscal departamental. Y en este caso se tomó por razones de un mejor servicio. El lugar que él ocupaba quedó vacío y se desplazó allí al fiscal Leopoldo Ramos (exasignado al caso de corrupción en YPFB). Además ello es parte de una política de que no permanezcan mucho tiempo”, dijo Santos.
La autoridad añadió que el nuevo destino de Quispe no es una sanción y que es una coincidencia que se dé justo en medio de las denuncias en su contra.
Por otro lado, Quispe negó ayer lo que manifestó el 29 de enero. "Yo no dije eso, la decisión, por supuesto, es de la fiscal departamental”.
Acusan a la fiscal de Distrito de adueñarse de un departamento
La fiscal de Distrito de La Paz, Patricia Santos, y su esposo fueron acusados de no pagar el alquiler y no devolver el departamento en el que viven hace tres años en Sopocachi. La representante del Ministerio Público prefirió no hablar de esta sindicación.
"Alquilé mi departamento a Patricia Santos, que es fiscal de Distrito (de La Paz), y a su esposo Aldo Heredia hace tres años, de los cuales me pagó cinco meses, no me regresa el departamento y no paga alquiler”, declaró Mariela Andrade a radio ERBOL y asegura ser la propietaria legítima del inmueble del edificio Orión, ubicado en la avenida Sánchez Lima del barrio de Sopocachi.
En la entrevista, Andrade dijo haber realizado "muchas” denuncias a través de la Fiscalía, pero que no prosperaron. "Se pierden los memoriales y rechazan las demandas”, apuntó.
Dijo que no cuenta con el contrato de arrendamiento del inmueble. "Ambos (Santos y su esposo) firmaron el contrato de alquiler y ocupan el departamento. Pero luego de suscribir el contrato, me pidieron que se los prestara y jamás lo devolvieron”, agregó. La única respuesta que obtuvo fue que "un contrato verbal es suficiente”, aseguró.
La fiscal de Distrito dijo que no trataría el tema. "No voy a hablar. Son cosas personales”, declaró en una conferencia ayer por la mañana, luego de que se le preguntó por ésta situación.
Heredia reconoció que adeuda una cierta cantidad pero que la dueña "desapareció”. "Se adeuda un monto que es muy importante, pero la suma exacta no puedo precisar, pero sí es claro que siempre estuvimos en esa predisposición”, dijo.
"Alquilé mi departamento a Patricia Santos, que es fiscal de Distrito (de La Paz), y a su esposo Aldo Heredia hace tres años, de los cuales me pagó cinco meses, no me regresa el departamento y no paga alquiler”, declaró Mariela Andrade a radio ERBOL y asegura ser la propietaria legítima del inmueble del edificio Orión, ubicado en la avenida Sánchez Lima del barrio de Sopocachi.
En la entrevista, Andrade dijo haber realizado "muchas” denuncias a través de la Fiscalía, pero que no prosperaron. "Se pierden los memoriales y rechazan las demandas”, apuntó.
Dijo que no cuenta con el contrato de arrendamiento del inmueble. "Ambos (Santos y su esposo) firmaron el contrato de alquiler y ocupan el departamento. Pero luego de suscribir el contrato, me pidieron que se los prestara y jamás lo devolvieron”, agregó. La única respuesta que obtuvo fue que "un contrato verbal es suficiente”, aseguró.
La fiscal de Distrito dijo que no trataría el tema. "No voy a hablar. Son cosas personales”, declaró en una conferencia ayer por la mañana, luego de que se le preguntó por ésta situación.
Heredia reconoció que adeuda una cierta cantidad pero que la dueña "desapareció”. "Se adeuda un monto que es muy importante, pero la suma exacta no puedo precisar, pero sí es claro que siempre estuvimos en esa predisposición”, dijo.
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