La Justicia Indígena Originaria Campesina no respeta los derechos de las mujeres ni “da a cada quien lo que le pertenece”, sino, en los tiempos actuales, “se otorga a una persona, lo que no es suyo”, como si fuese un hecho normal.
El análisis fue presentado por el expresidente del Tribunal Superior de Justicia y exdocente de la escuela de jueces y magistrados, Zenobio Calizaya Velásquez, al advertir una serie de problemas que tienen que atravesar las mujeres de las comunidades que tuvieron que casarse con hombres de otra comunidad.
“Desde la creación de la Justicia Indígena Originaria Campesina, a la cual respeto mucho, se han suscitado hechos insólitos que no pueden pasar inadvertidos, especialmente para los abogados, que estamos buscando la aplicación de la justicia”, afirmó Calizaya, durante una conferencia especializada que se realizó en el salón del Colegio de Abogados de Oruro.
La Justicia Indígena fue reconocida el 2009 en la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, pero desde entonces, “no siempre se da a cada uno lo que es suyo, sino, en los tiempos actuales, parece que ese concepto ya ha sido superado, porque ahora es al revés, porque se da a cada quien, incluso lo que no es suyo, a través de diversas formas, incluyendo resoluciones administrativas”.
Calizaya explicó que, en el caso de las mujeres, que por azar del destino, “ha ido a vivir a la casa de su marido, en la comunidad de éste, cuando éste muere, por decisión de la asamblea de la comunidad, ratificada por las autoridades indígena originario campesinas, como no es de la comunidad, es conminada a abandonar la casa y la tierra de su marido, junto a sus hijos”.
El problema, considerado frecuente, fue presentado con memoriales ante la justicia ordinaria, con amparos constitucionales, denunciando la arbitrariedad. Las autoridades judiciales “otorgaron la tutela y reconocieron el derecho de las mujeres para quedarse en la comunidad del marido fallecido, no solo por respeto a la Constitución Política del Estado, sino también por respeto a los derechos humanos y convenciones internacionales”.
El amparo constitucional ha llegado incluso al Tribunal Constitucional Plurinacional, con sede en Sucre, aprobando la resolución del Tribunal de Oruro. “Las sentencias ya están ejecutoriadas, pero nadie hace cumplir esas determinaciones. Las autoridades originarias simplemente ignoran esas sentencias, pese a que las mujeres (porque no es solamente un caso) trabajaron en el terreno del marido, le dieron una función social, como dice la Constitución, pero no se hace justicia en estos casos”, explicó Calizaya.
Consideró que, por eso, “es necesario reflexionar sobre estos casos, ya que la Justicia Indígena Originaria Campesina, se ha creado para resolver con celeridad los problemas justiciables, pero en los hechos, en la realidad, el terreno de la viuda se ha cedido a otros comunarios”.
Dijo que los problemas, de las personas que claman justicia, “no solamente se registran en Oruro, sino también a nivel nacional”.
Friday, October 9, 2015
Belaunde confirmó entrega de 80 mil dólares y un auto
Martín Belaunde Lossio, exasesor del presidente Ollanta Humala, quien pidió refugio en el país y que fue capturado luego de su huida, dijo ante la comisión de fiscales bolivianos que durante su detención domiciliaria recibió la visita del doctor Ramiro López, a quien le habría entregado 80.000 dólares; además, sostuvo que el exvocal Ricardo Chumacero le habría llamado para pedirle el pago de 100.000, calificándolo de “grosero”.
“Se presentó el doctor Ramiro López que era el Vocal de la Sala (Primera) que iba a atender mi caso de Acción de Amparo (…) tenía preparado la respuesta a mi favor y que si yo lo quería favorable era cien mil dólares”, es parte de la respuesta a la pregunta número seis, de las 35 que le hicieron los fiscales Anghelo Sarabia y Jenny Quispe al peruano Martin Belaunde en el centro penitenciario de “Ancon” en Lima, Perú.
ANTECEDENTE
Los dos exvocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz fueron querellados por el Ministerio de Gobierno, luego de admitir, el 27 de marzo, un Amparo Constitucional en el que Belaunde planteaba la ilegalidad de la resolución emitida por la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) que rechazó, en dos oportunidades, la calidad de refugiado político en Bolivia.
Chumacero, en anteriores declaraciones, ratificó que emitieron la resolución a favor de Belaunde porque consideraron que no se valoró muchos elementos. Sin embargo, seis días después de conocer que se presentaría querella en su contra y de su colega, bajo los delitos de Prevaricato e Incumplimiento de Deberes, por el entonces ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, emitieron, de irregular, según el análisis del Consejo de Magistratura, un “auto” complementario, que en la práctica dejaba sin efecto su anterior fallo.
EXTORSIÓN
Según la relación de hechos señalados el 19 agosto por Belaunde a los fiscales bolivianos, luego de que la Conare le negara por segunda vez la solicitud de refugio político, Jorge Valda, su abogado (ahora también imputado por cohecho), le aconsejó presentar un amparo constitucional” por considerar ilegal las dos resoluciones que emitieron en esta instancia.
“Me indicó que podíamos presentar una acción de amparo en ambas resoluciones porque no habían sido validadas las pruebas presentadas y no era constitucional. (…) al día siguiente de ser presentado, me indicó que habían llamado los que verían el amparo, pidiéndoles 100 mil dólares, a lo cual (Valda) no accedió”, declaró Belaunde.
“GROSERO”
Desde enero, Belaunde, por orden del Tribunal Supremo de Justica, cumplía detención preventiva en el domicilio de un familiar, ubicado en la zona de Bajo Llojeta de La Paz.
La declaración prosigue: “Recibí una llamada de mi teléfono de Bolivia, de alguien presentándose como Dr. Ramiro López de la Sala donde estaba mi amparo (…) fue una comunicación corta, y no sabía quién era, (…) llamándome otro doctor Chumacero que fue más grosero, y me dijo: si no pones el dinero te vas a joder y le dije, ‘por lo menos uno de los dos venga a mi casa y hable conmigo’, y las 09.30 me dijeron que llegarían, por lo que a esa hora llegó Ramiro López”, detalla Belaunde.
En las respuestas a las tres siguientes preguntas, Belaunde deja en claro que “el total (que entregó) fue 80 mil dólares en efectivo y un auto de garantía (un vehículo BMB modelo 535)”.
DECLARACIÓN DE UN PRESO
Consultado sobre las afirmaciones de Belaunde confirmando la hipótesis del Ministerio Publico, en relación al presunto prevaricato y extorsión cometida por los dos exvocales, Marco Antonio Nina, abogado de Ramiro López, manifestó que ellos no consideran legal esta declaración debido a que fue emitida por otro imputado y preso en Perú. “¿Qué es lo que se puede esperar de una persona así?”.
Belaunde, exasesor y amigo íntimo de la pareja presidencial de ese país, es acusado en su país en otro controversial caso, por enriquecimiento ilícito.
Por su lado, Ricardo Maldonado, también abogado de López, señaló en los días anteriores, que la declaración de Belaunde sólo se constituiría en prueba si Belaunde se presenta a declarar en la etapa de juicio.
Nina, además, señaló que existen contradicciones con lo que habría declarado el abogado Valda, que afirmó haber entregado él la suma de 40 mil dólares. Esta es la cifra que se menciona que se pagó a miembros de la Conare.
CAREO
Por último, el día de ayer, López se presentó ante la comisión de fiscales para someterse a un careo con Jaqueline P., con quien, según la Fiscalía, mantenía una relación extra matrimonial, con el fin de resolver contradicciones sobre el lugar donde fue elaborada la resolución que favoreció a Belaunde.
“Se presentó el doctor Ramiro López que era el Vocal de la Sala (Primera) que iba a atender mi caso de Acción de Amparo (…) tenía preparado la respuesta a mi favor y que si yo lo quería favorable era cien mil dólares”, es parte de la respuesta a la pregunta número seis, de las 35 que le hicieron los fiscales Anghelo Sarabia y Jenny Quispe al peruano Martin Belaunde en el centro penitenciario de “Ancon” en Lima, Perú.
ANTECEDENTE
Los dos exvocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz fueron querellados por el Ministerio de Gobierno, luego de admitir, el 27 de marzo, un Amparo Constitucional en el que Belaunde planteaba la ilegalidad de la resolución emitida por la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) que rechazó, en dos oportunidades, la calidad de refugiado político en Bolivia.
Chumacero, en anteriores declaraciones, ratificó que emitieron la resolución a favor de Belaunde porque consideraron que no se valoró muchos elementos. Sin embargo, seis días después de conocer que se presentaría querella en su contra y de su colega, bajo los delitos de Prevaricato e Incumplimiento de Deberes, por el entonces ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, emitieron, de irregular, según el análisis del Consejo de Magistratura, un “auto” complementario, que en la práctica dejaba sin efecto su anterior fallo.
EXTORSIÓN
Según la relación de hechos señalados el 19 agosto por Belaunde a los fiscales bolivianos, luego de que la Conare le negara por segunda vez la solicitud de refugio político, Jorge Valda, su abogado (ahora también imputado por cohecho), le aconsejó presentar un amparo constitucional” por considerar ilegal las dos resoluciones que emitieron en esta instancia.
“Me indicó que podíamos presentar una acción de amparo en ambas resoluciones porque no habían sido validadas las pruebas presentadas y no era constitucional. (…) al día siguiente de ser presentado, me indicó que habían llamado los que verían el amparo, pidiéndoles 100 mil dólares, a lo cual (Valda) no accedió”, declaró Belaunde.
“GROSERO”
Desde enero, Belaunde, por orden del Tribunal Supremo de Justica, cumplía detención preventiva en el domicilio de un familiar, ubicado en la zona de Bajo Llojeta de La Paz.
La declaración prosigue: “Recibí una llamada de mi teléfono de Bolivia, de alguien presentándose como Dr. Ramiro López de la Sala donde estaba mi amparo (…) fue una comunicación corta, y no sabía quién era, (…) llamándome otro doctor Chumacero que fue más grosero, y me dijo: si no pones el dinero te vas a joder y le dije, ‘por lo menos uno de los dos venga a mi casa y hable conmigo’, y las 09.30 me dijeron que llegarían, por lo que a esa hora llegó Ramiro López”, detalla Belaunde.
En las respuestas a las tres siguientes preguntas, Belaunde deja en claro que “el total (que entregó) fue 80 mil dólares en efectivo y un auto de garantía (un vehículo BMB modelo 535)”.
DECLARACIÓN DE UN PRESO
Consultado sobre las afirmaciones de Belaunde confirmando la hipótesis del Ministerio Publico, en relación al presunto prevaricato y extorsión cometida por los dos exvocales, Marco Antonio Nina, abogado de Ramiro López, manifestó que ellos no consideran legal esta declaración debido a que fue emitida por otro imputado y preso en Perú. “¿Qué es lo que se puede esperar de una persona así?”.
Belaunde, exasesor y amigo íntimo de la pareja presidencial de ese país, es acusado en su país en otro controversial caso, por enriquecimiento ilícito.
Por su lado, Ricardo Maldonado, también abogado de López, señaló en los días anteriores, que la declaración de Belaunde sólo se constituiría en prueba si Belaunde se presenta a declarar en la etapa de juicio.
Nina, además, señaló que existen contradicciones con lo que habría declarado el abogado Valda, que afirmó haber entregado él la suma de 40 mil dólares. Esta es la cifra que se menciona que se pagó a miembros de la Conare.
CAREO
Por último, el día de ayer, López se presentó ante la comisión de fiscales para someterse a un careo con Jaqueline P., con quien, según la Fiscalía, mantenía una relación extra matrimonial, con el fin de resolver contradicciones sobre el lugar donde fue elaborada la resolución que favoreció a Belaunde.
Wednesday, October 7, 2015
CASO BELAUNDE Contradicciones en reconstrucción de fuga
El Ministerio Público halló contradicciones entre los imputados en la fuga del empresario Martín Belaunde Lossio que se produjo el pasado 24 de mayo.
Durante la reconstrucción del caso, uno de los imputados —que se acogió a proceso abreviado— fue señalado como principal colaborador en la fuga de Belaunde de la zona Bajo Llojeta, decidió no emitir su declaración en este hecho. Belaunde buscó refugió en el país en diciembre de 2014.
Durante la reconstrucción del caso, uno de los imputados —que se acogió a proceso abreviado— fue señalado como principal colaborador en la fuga de Belaunde de la zona Bajo Llojeta, decidió no emitir su declaración en este hecho. Belaunde buscó refugió en el país en diciembre de 2014.
Tuesday, October 6, 2015
Fiscales se formarán contra ciberdelincuencia
Con el avance de la tecnología, nuevas formas de delito también se van contabilizando, entre ellas la delincuencia cibernética para contar con todas las herramientas necesarias a fin de lidiar con esta nueva forma delictiva, los representantes de fiscalías de diez países se reunirán en la ciudad de Santa Cruz en el seminario denominado “Ciberdelincuencia” para intensificar vínculos de cooperación internacional contra este delito que no reconoce fronteras.
De acuerdo con la información, participan de esta actividad los fiscales especializados de Paraguay, Cuba, Brasil, Argentina, Ecuador, España, Portugal y Bolivia, entre otros.
El fiscal departamental de Santa Cruz, Gomer Padilla, a nombre del fiscal general del Estado, Ramiro José Guerrero Peñaranda, fue el encargado de inaugurar esta actividad que se prolongará hasta el 9 de octubre del presente año en instalaciones de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).
El seminario busca facilitar a los fiscales de los países miembros de la Asociación Ibero Americana de Ministerio Públicos (Aiamp) el conocimiento de sus respectivos marcos legales e institucionales en materia de Cibercrimen, así como el intercambio de experiencias prácticas en casos concretos.
Asimismo, intensificar los contactos en relación con el delito cibernético y la obtención de pruebas digitales entre los Ministerios Públicos de Ibero América, con el fin de crear condiciones que promuevan la cooperación práctica y operativa en casos específicos.
“En este seminario se tratarán temas como la articulación de tipos penales ante las nuevas formas de actuación delictiva, en particular la lucha contra la pornografía infantil; ataques a los sistemas de información; defraudación a través de la red; derechos de propiedad intelectual; radicalización a través de la red como ser crímenes de odio y terrorismo, entre otros”, informó Padilla.
De acuerdo con la información, participan de esta actividad los fiscales especializados de Paraguay, Cuba, Brasil, Argentina, Ecuador, España, Portugal y Bolivia, entre otros.
El fiscal departamental de Santa Cruz, Gomer Padilla, a nombre del fiscal general del Estado, Ramiro José Guerrero Peñaranda, fue el encargado de inaugurar esta actividad que se prolongará hasta el 9 de octubre del presente año en instalaciones de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).
El seminario busca facilitar a los fiscales de los países miembros de la Asociación Ibero Americana de Ministerio Públicos (Aiamp) el conocimiento de sus respectivos marcos legales e institucionales en materia de Cibercrimen, así como el intercambio de experiencias prácticas en casos concretos.
Asimismo, intensificar los contactos en relación con el delito cibernético y la obtención de pruebas digitales entre los Ministerios Públicos de Ibero América, con el fin de crear condiciones que promuevan la cooperación práctica y operativa en casos específicos.
“En este seminario se tratarán temas como la articulación de tipos penales ante las nuevas formas de actuación delictiva, en particular la lucha contra la pornografía infantil; ataques a los sistemas de información; defraudación a través de la red; derechos de propiedad intelectual; radicalización a través de la red como ser crímenes de odio y terrorismo, entre otros”, informó Padilla.
Magistrada Limachi asegura que lucha contra la corrupción
La delegada del Consejo de la Magistratura (CM) en La Paz, Mónica Limachi, afirmó que está enfrentando redes de corrupción internas y recibe amenazas de muerte, las cuales serán denunciadas ante el Ministerio Público.
"Debe saber el pueblo que estamos enfrentados a redes de corrupción interna y que obviamente no quieren dejar ciertos ‘beneficios’, pero vamos a estar de pie trabajando para la población y no vamos a desmayar", dijo.
Limachi ha emprendido una fiscalización de los juzgados. En esta tarea, indicó que ya se están procesando a 10 jueces por faltas gravísimas.
Sin embargo, su labor provocó que ella y sus colaboradores reciban amenazas contra su integridad física y la de sus familias.
"Como funcionario hemos recibido amenazas en nuestros celulares que tratan de intimidarnos y limitar nuestras acciones, pero damos a conocer a la población que todo nuestro trabajo se enmarca en la Constitución", informó.
Señaló que de las amenazas se pueden inferir que incluso las familias de los funcionarios del CM son objeto de seguimiento.
Limachi anunció que denunciará estas amenazas para que el Ministerio Público se encargue de identificar a los responsables.
La semana pasada, la delegada afirmó que recibía amenazas de personas allegadas al juez Franz Zabaleta de El Alto, sólo porque dispuso que esta autoridad sea destinada al área rural, debido a las "numerosas" denuncias en su contra. (Erbol)
"Debe saber el pueblo que estamos enfrentados a redes de corrupción interna y que obviamente no quieren dejar ciertos ‘beneficios’, pero vamos a estar de pie trabajando para la población y no vamos a desmayar", dijo.
Limachi ha emprendido una fiscalización de los juzgados. En esta tarea, indicó que ya se están procesando a 10 jueces por faltas gravísimas.
Sin embargo, su labor provocó que ella y sus colaboradores reciban amenazas contra su integridad física y la de sus familias.
"Como funcionario hemos recibido amenazas en nuestros celulares que tratan de intimidarnos y limitar nuestras acciones, pero damos a conocer a la población que todo nuestro trabajo se enmarca en la Constitución", informó.
Señaló que de las amenazas se pueden inferir que incluso las familias de los funcionarios del CM son objeto de seguimiento.
Limachi anunció que denunciará estas amenazas para que el Ministerio Público se encargue de identificar a los responsables.
La semana pasada, la delegada afirmó que recibía amenazas de personas allegadas al juez Franz Zabaleta de El Alto, sólo porque dispuso que esta autoridad sea destinada al área rural, debido a las "numerosas" denuncias en su contra. (Erbol)
Piden destitución de juez por retardar procesos de internos de San Pedro
En un mitin de protesta ayer, internos del penal de San Pedro protagonizaron un mitin de protesta exigiendo la destitución de la juez de Ejecución Penal, Anselma Lafuente, denunciada por retardación de justicia, con más de 70 recusaciones en su contra, como lo informó Limbert P. S., presidente del Comité Electoral de los privados de libertad. Los mismos critican una sanción disciplinaria que se le impuso a la juez luego de cinco años, que señala apenas la suspensión del ejercicio de sus funciones por dos meses.
El delegado recordó a las autoridades judiciales que “la libertad es una norma, la detención preventiva es una excepción” y pidió que estos cumplan la ley.
DENUNCIAS
“Inclusive tiene una denuncia por falsificación de instrumento público, son denuncias muy graves que tenemos en contra de esta juez. Vulnera los beneficios que la Ley 2298 (de Ejecución Penal) nos franquea, siempre impone requisitos que no están dentro del marco legal”, afirmó Limbert P.S.
“Queremos su destitución inmediata (…) El penal de San Pedro se encuentra en estado de emergencia y hasta que la jueza (Lafuente) se vaya, no vamos parar (con las protestas) en el penal”, aseguró el delegado quien junto a los internos protestaron portando carteles en contra de la juez y pidiendo la reorganización judicial.
NO ACATA
“Tenemos entendido que ha sido suspendida dos veces, sin embargo ella no acata, ella hace lo que quiere”, agregó.
En efecto, la juez aludida aún cumple sus funciones en el Juzgado Segundo de Ejecución Penal, pese a que existe “sentencia disciplinaria Nº06/2015” que señala que por “faltas graves” se le impone “la sanción de suspensión del ejercicio de sus funciones por el lapso de dos meses sin goce de haberes”.
Al momento de pedir su versión respecto de las graves denuncias que pesan en su contra, mediante la secretaria del juzgado, hizo conocer a EL DIARIO, que se encontraba muy ocupada y recién hoy por la mañana emitiría declaración.
REPRESALIAS
“Hemos tenido un compañero que más de 10 veces ha pedido salir al médico, tenía quebrada la pierna y no le permitieron”, denunció Limbert P.S.
Los internos también señalaron que temen una represalia en su contra, luego que la juez Lafuente cumpla la suspensión de dos meses, debido a que efectuaron las denuncias ante la representante del Consejo de la Magistratura (CM) en La Paz, Mónica Limachi.
Aseguraron que Lafuente tiene en su contra más de 50 denuncias y 70 recusaciones, sin embargo, estos pedidos no son escuchados. Pero aseguró que esto ocurre debido a que la juez cuenta con la protección de dos miembros de los tribunales disciplinarios del mismo CM que, afirman, se dan a la tarea de rechazar sus denuncias.
La semana pasada, durante los operativos sorpresa que realizó, Limachi denunció que la juez fue acusada por al menos 20 privados de libertad de San Pedro por retardación de justicia.
El delegado recordó a las autoridades judiciales que “la libertad es una norma, la detención preventiva es una excepción” y pidió que estos cumplan la ley.
DENUNCIAS
“Inclusive tiene una denuncia por falsificación de instrumento público, son denuncias muy graves que tenemos en contra de esta juez. Vulnera los beneficios que la Ley 2298 (de Ejecución Penal) nos franquea, siempre impone requisitos que no están dentro del marco legal”, afirmó Limbert P.S.
“Queremos su destitución inmediata (…) El penal de San Pedro se encuentra en estado de emergencia y hasta que la jueza (Lafuente) se vaya, no vamos parar (con las protestas) en el penal”, aseguró el delegado quien junto a los internos protestaron portando carteles en contra de la juez y pidiendo la reorganización judicial.
NO ACATA
“Tenemos entendido que ha sido suspendida dos veces, sin embargo ella no acata, ella hace lo que quiere”, agregó.
En efecto, la juez aludida aún cumple sus funciones en el Juzgado Segundo de Ejecución Penal, pese a que existe “sentencia disciplinaria Nº06/2015” que señala que por “faltas graves” se le impone “la sanción de suspensión del ejercicio de sus funciones por el lapso de dos meses sin goce de haberes”.
Al momento de pedir su versión respecto de las graves denuncias que pesan en su contra, mediante la secretaria del juzgado, hizo conocer a EL DIARIO, que se encontraba muy ocupada y recién hoy por la mañana emitiría declaración.
REPRESALIAS
“Hemos tenido un compañero que más de 10 veces ha pedido salir al médico, tenía quebrada la pierna y no le permitieron”, denunció Limbert P.S.
Los internos también señalaron que temen una represalia en su contra, luego que la juez Lafuente cumpla la suspensión de dos meses, debido a que efectuaron las denuncias ante la representante del Consejo de la Magistratura (CM) en La Paz, Mónica Limachi.
Aseguraron que Lafuente tiene en su contra más de 50 denuncias y 70 recusaciones, sin embargo, estos pedidos no son escuchados. Pero aseguró que esto ocurre debido a que la juez cuenta con la protección de dos miembros de los tribunales disciplinarios del mismo CM que, afirman, se dan a la tarea de rechazar sus denuncias.
La semana pasada, durante los operativos sorpresa que realizó, Limachi denunció que la juez fue acusada por al menos 20 privados de libertad de San Pedro por retardación de justicia.
EN EL ALTO HAY SEIS DENUNCIAS Denuncian a 25 jueces y hay amenazas
El Consejo de la Magistratura dice que hay redes internas
Cerca a 25 jueces de materia penal, civil y familia han sido denunciados en los últimos dos meses por retardación de justicia y corrupción, informó Mónica Limachi representante del Consejo de la Magistratura en La Paz.
La autoridad de control de justicia explicó que estos administradores de justicia fueron denunciados por litigantes y privados de libertad que cumplieron con su sentencia.
“Varias de las denuncias fueron presentados por privados de libertad de la cárcel de San Pedro y Obrajes en contra de jueces de sentencia y otros contra jueces civiles y de familia, motivo por el que se les inició procesos administrativos”.
FALTAS. De acuerdo con Mónica Limachi, las faltas en las que incurrieron los jueces son graves y gravísimas por incumplimiento de deberes y casos de corrupción.
La representante identificó a Ancelma La Fuente, juez de Sentencia Segundo, como una de las involucradas en caso de corrupción y Franz Zabaleta en retardación de justicia, este último fue cambiado y enviado a la jurisdicción de Chulumani.
“Si cometieron irregularidades serán sancionados acorde a nuestros reglamentos y si son reincidentes serán destituidos de sus cargos”.
AMENAZAS Y REDES. La representante denunció también que por las verificaciones que realizan en juzgados, fueron amenazados por personas subalternas y otras que forman parte de las mini redes de extorsión interna que hay dentro de algunos juzgados del Tribunal.
La representante del Consejo de la Magistratura refirió que ya identificaron a esas personas y que presentarán una demanda al Ministerio Público para que prosiga con la investigación y sancione a los sospechosos.
De acuerdo con las indagaciones de La Prensa, se pudo observar que los funcionarios subalternos son los que realizan los cobros a favor de jueces y secretarios de juzgados donde radican sus procesos, el área más delicada son los juzgados de familia y después de sentencia y oficinas penales cautelares de La Paz y El Alto.
LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LA CÁRCEL DE SAN PEDRO afirman que hay jueces de sentencia que se enriquecen a su costa, cobrando por audiencia para favorecerlos con salidas alternativas que prorrogan su libertada. Uno de ellos tiene hasta 20 denuncias en su contra. Los reos afirman que si no se resuelven sus casos tomarán medidas de presión.
10 jueces están observados y otros 10 son funcionarios subalternos que incluso se dedican a amedrentar a litigantes.
Cerca a 25 jueces de materia penal, civil y familia han sido denunciados en los últimos dos meses por retardación de justicia y corrupción, informó Mónica Limachi representante del Consejo de la Magistratura en La Paz.
La autoridad de control de justicia explicó que estos administradores de justicia fueron denunciados por litigantes y privados de libertad que cumplieron con su sentencia.
“Varias de las denuncias fueron presentados por privados de libertad de la cárcel de San Pedro y Obrajes en contra de jueces de sentencia y otros contra jueces civiles y de familia, motivo por el que se les inició procesos administrativos”.
FALTAS. De acuerdo con Mónica Limachi, las faltas en las que incurrieron los jueces son graves y gravísimas por incumplimiento de deberes y casos de corrupción.
La representante identificó a Ancelma La Fuente, juez de Sentencia Segundo, como una de las involucradas en caso de corrupción y Franz Zabaleta en retardación de justicia, este último fue cambiado y enviado a la jurisdicción de Chulumani.
“Si cometieron irregularidades serán sancionados acorde a nuestros reglamentos y si son reincidentes serán destituidos de sus cargos”.
AMENAZAS Y REDES. La representante denunció también que por las verificaciones que realizan en juzgados, fueron amenazados por personas subalternas y otras que forman parte de las mini redes de extorsión interna que hay dentro de algunos juzgados del Tribunal.
La representante del Consejo de la Magistratura refirió que ya identificaron a esas personas y que presentarán una demanda al Ministerio Público para que prosiga con la investigación y sancione a los sospechosos.
De acuerdo con las indagaciones de La Prensa, se pudo observar que los funcionarios subalternos son los que realizan los cobros a favor de jueces y secretarios de juzgados donde radican sus procesos, el área más delicada son los juzgados de familia y después de sentencia y oficinas penales cautelares de La Paz y El Alto.
LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LA CÁRCEL DE SAN PEDRO afirman que hay jueces de sentencia que se enriquecen a su costa, cobrando por audiencia para favorecerlos con salidas alternativas que prorrogan su libertada. Uno de ellos tiene hasta 20 denuncias en su contra. Los reos afirman que si no se resuelven sus casos tomarán medidas de presión.
10 jueces están observados y otros 10 son funcionarios subalternos que incluso se dedican a amedrentar a litigantes.
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