Tuesday, December 1, 2015
Tres magistrados del TCP retoman sus funciones y niegan vulneración de normas con viaje a China
Los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Ruddy Flores, Efrén Choque y Neldy Andrade reasumieron hoy sus funciones a poco de arribar a Bolivia procedentes de un viaje cuestionado a China porque dejaron sin quórum la Sala Plena. En su primera aparición pública, Flores aseguró que el viaje no vulneró ninguna norma y que no incumplieron sus deberes.
“Se ha cumplido, se cumple plenamente con las funciones como magistrados de Tribunal y corresponde a una especulación de que se haya dejado las funciones, se hayan incumplido los deberes u otras situaciones que no corresponden con la realidad”, indicó en conferencia de prensa Flores, acompañado por sus colegas Choque y Andrade.
Los magistrados anticiparon su retorno del curso de capacitación en China, ya que debían volver a mediados de mes; se quedó la magistrada Mirtha Camacho. Autoridades del Gobierno y de la Asamblea Legislativa Plurinacional cuestionaron el viaje de las cuatro autoridades porque dejaron sin quórum la Sala Plena, integrada por siete miembros.
La suplente Carmen Sandoval asumió el jueves la titularidad y garantizó el quórum en Sala Plena. La Comisión de Admisión empezó a trabajar con la incorporación de Sandoval, aunque se informó que las tres salas estarían paralizadas porque en cada una solo hay un magistrado.
Flores aseguró que los cuatro magistrados no vulneraron ninguna norma con el viaje.
“Decirle al pueblo boliviano que los suscritos magistrados siempre hemos actuado con absoluta responsabilidad en el marco del ordenamiento jurídico. No se ha vulnerado absolutamente ninguna norma y eso lo vamos a demostrar plenamente con la documentación de respaldo”, sostuvo en referencia al anuncio de legisladores de pedir informes sobre el viaje.
También forman parte de la comisión que viajó a capacitarse 16 funcionarios del TCP, la mayoría abogados. El vicepresidente Álvaro García fue uno de los críticos: “Está bien, a veces hay invitaciones que hay que cumplir. Nosotros no tenemos la posibilidad de prohibir que viajen, pero lo que sí se nos hace un abuso es que hayan dejado sin quórum al Tribunal. Eso sí es un abuso injustificable, es una acto indecente, es un acto abusivo, no sé si linda ya con la corrupción”, cuestionó el 24 de noviembre.
Exjueza revela en un audio cobro e involucra a consejero de Magistratura
Otro supuesto caso de extorsión sale a la luz pública tras la denuncia del técnico de Transparencia del Distrito Judicial de Potosí, Pedro Cayo, quien grabó el reclamo de una exjueza de Montero destituida del cargo en agosto pasado tras haber pagado 8.000 dólares, supuestamente al presidente del Consejo de la Magistratura, Freddy Sanabria.
Este medio busco al aludido por teléfono para conocer su versión, pero éste dijo que se hallaba en La Paz y que no conocía de ninguna denuncia.
En la grabación, la jueza IMC denunció que Sanabria la llevó a una oficina ubicada en la calle Lemoine, donde le presentó a
“El Grillo”, como hombre de confianza del consejero y que se encargaría de cualquier trámite.
“El Grillo” le habría solicitado el pago de 8.000 dólares para trasladarla de Montero al municipio de Warnes (en ambos casos en Santa Cruz).
Sin embargo, tras el pago, el hombre de confianza de Sanabria solicitó otro monto.
Grabación
“¿Por qué pagó?”, pregunta Cayo en una comunicación vía teléfono. “Ellos me prometieron llevarme a Warnes, ya que estoy cinco años allá. Me pidieron los 8.000 dólares y tuve que darles, pero me pidieron más. Hasta tuve que vender mi movilidad”, se escucha en parte de la grabación.
La jueza de carrera egresó del Instituto de la Magistratura, pero fue retirada desde agosto de este año después de cancelar supuestamente los 8.000 dólares para ser removida del juzgado de Montero a Warnes, lo que jamás ocurrió.
Respecto a la denuncia de juicio de responsabilidades contra Sanabria en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Cayo, el funcionario de Transparencia, dijo que ayer le pidieron adjuntar esta grabación a ese proceso en el que aún no hay ningún pronunciamiento de la instancia investigadora.
El Concejero
Por su parte, el Presidente del Consejo de la Magistratura, Freddy Sanabria, en comunicación vía teléfono celular con este medio de comunicación, manifestó que se encontraba en La Paz por motivos de gestión de esta entidad, y que desconocía la denuncia de la jurista.
Sin embargo, el consejero recomendó que la víctima denuncie ante las instancias correspondientes si fue extorsionada con algún cobro.
Antecedentes
A principios de año, el presidente del Consejo de la Magistratura, Freddy Sanabria, fue denunciado ante la Cámara de Diputados por supuesta complicidad en cobros irregulares y actos extorsivos en la Magistratura de Potosí en 2013.
En este caso, el extécnico de Diagnóstico de la Unidad de Políticas de Gestión en Potosí fue acusado de realizar cobros en las notarías de aquella ciudad para obtener beneficios económicos. La recompensa para quienes contribuyeran era su nombramiento como jueces o su ratificación como notarios.
Esta denuncia aún sigue en la Asamblea Legislativa.
Este medio busco al aludido por teléfono para conocer su versión, pero éste dijo que se hallaba en La Paz y que no conocía de ninguna denuncia.
En la grabación, la jueza IMC denunció que Sanabria la llevó a una oficina ubicada en la calle Lemoine, donde le presentó a
“El Grillo”, como hombre de confianza del consejero y que se encargaría de cualquier trámite.
“El Grillo” le habría solicitado el pago de 8.000 dólares para trasladarla de Montero al municipio de Warnes (en ambos casos en Santa Cruz).
Sin embargo, tras el pago, el hombre de confianza de Sanabria solicitó otro monto.
Grabación
“¿Por qué pagó?”, pregunta Cayo en una comunicación vía teléfono. “Ellos me prometieron llevarme a Warnes, ya que estoy cinco años allá. Me pidieron los 8.000 dólares y tuve que darles, pero me pidieron más. Hasta tuve que vender mi movilidad”, se escucha en parte de la grabación.
La jueza de carrera egresó del Instituto de la Magistratura, pero fue retirada desde agosto de este año después de cancelar supuestamente los 8.000 dólares para ser removida del juzgado de Montero a Warnes, lo que jamás ocurrió.
Respecto a la denuncia de juicio de responsabilidades contra Sanabria en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Cayo, el funcionario de Transparencia, dijo que ayer le pidieron adjuntar esta grabación a ese proceso en el que aún no hay ningún pronunciamiento de la instancia investigadora.
El Concejero
Por su parte, el Presidente del Consejo de la Magistratura, Freddy Sanabria, en comunicación vía teléfono celular con este medio de comunicación, manifestó que se encontraba en La Paz por motivos de gestión de esta entidad, y que desconocía la denuncia de la jurista.
Sin embargo, el consejero recomendó que la víctima denuncie ante las instancias correspondientes si fue extorsionada con algún cobro.
Antecedentes
A principios de año, el presidente del Consejo de la Magistratura, Freddy Sanabria, fue denunciado ante la Cámara de Diputados por supuesta complicidad en cobros irregulares y actos extorsivos en la Magistratura de Potosí en 2013.
En este caso, el extécnico de Diagnóstico de la Unidad de Políticas de Gestión en Potosí fue acusado de realizar cobros en las notarías de aquella ciudad para obtener beneficios económicos. La recompensa para quienes contribuyeran era su nombramiento como jueces o su ratificación como notarios.
Esta denuncia aún sigue en la Asamblea Legislativa.
Ante las críticas, tres de cuatro magistrados del TCP retornaron de China
Tres de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que viajaron a China, retornaron al país ante las críticas que recibieron por dejar la Sala Plena sin quórum. Efrén Choque, Neldy Andrade y Ruddy Flores retornaron al país después de dos semanas que se ausentaron para participar de un curso sobre Administración Pública en la República de China. Mientras que la magistrada Mirtha Camacho se quedó en representación de la institución.
"No podíamos abandonar los cuatro magistrados y le pedimos a la magistrada que se quede en representación" del TCP, informó el magistrado Choque. Una corriente de críticas surgió desde los órganos Legislativo y Ejecutivo por el viaje durante un mes que habían realizado Flores, Andrade, Choque y Camacho, cuatro de los siete magistrados que conforman el TCP. La decisión dejó sin quórum a la Sala Plena.
El vicepresidente Álvaro García Linera calificó de "inmoral e indecente" el viaje de los magistrados en un momento en que el Órgano Judicial es objeto de reproches a su labor. Flores defendió el viaje y aseguró que sus decisiones sobre la selección y participación en dicho curso están "sujetos estrictamente a la Ley", ya que la Escuela de Gestión Pública realizó todo el procedimiento para el viaje.
Respecto a la falta de quórum, Flores dijo que la Sala Plena es la máxima instancia del TCP y puede determinar las disposiciones que sean pertinentes. No obstante, si bien los magistrados aprobaron un "acuerdo administrativo" para viajar; no aprobaron similar medida para habilitar a sus suplentes.
El 18 de noviembre ya no se llevó a cabo la sesión de Sala Plena; sin embargo, ante las críticas que recibió el TCP, su presidente Zenón Bacarreza convocó a la magistrada suplente Carmen Sandoval para hacer quórum la anterior semana. "Los cinco días que estaba (fuera) no se ha resuelto ninguna causa porque no hubo convocatoria a Sala Plena. En la comisión de Admisión se sortearon los expedientes el viernes", comentó Flores.
Los magistrados viajaron a China el 15 de noviembre y debían retornar entre el 13 y 14 de diciembre. Mientras que el magistrado Oswaldo Valencia aseguró a la ANF que el perjuicio era evidente porque durante cuatro semanas el TCP no hubiera podido resolver causas por el viaje de sus colegas, situación que se revirtió después de las observaciones que surgieron. Además de los cuatro magistrados, también viajaron al curso 16 funcionarios, algunos con antigüedad de más de dos años y otros con un año y diez meses que ejercen funciones en el TCP.
"No podíamos abandonar los cuatro magistrados y le pedimos a la magistrada que se quede en representación" del TCP, informó el magistrado Choque. Una corriente de críticas surgió desde los órganos Legislativo y Ejecutivo por el viaje durante un mes que habían realizado Flores, Andrade, Choque y Camacho, cuatro de los siete magistrados que conforman el TCP. La decisión dejó sin quórum a la Sala Plena.
El vicepresidente Álvaro García Linera calificó de "inmoral e indecente" el viaje de los magistrados en un momento en que el Órgano Judicial es objeto de reproches a su labor. Flores defendió el viaje y aseguró que sus decisiones sobre la selección y participación en dicho curso están "sujetos estrictamente a la Ley", ya que la Escuela de Gestión Pública realizó todo el procedimiento para el viaje.
Respecto a la falta de quórum, Flores dijo que la Sala Plena es la máxima instancia del TCP y puede determinar las disposiciones que sean pertinentes. No obstante, si bien los magistrados aprobaron un "acuerdo administrativo" para viajar; no aprobaron similar medida para habilitar a sus suplentes.
El 18 de noviembre ya no se llevó a cabo la sesión de Sala Plena; sin embargo, ante las críticas que recibió el TCP, su presidente Zenón Bacarreza convocó a la magistrada suplente Carmen Sandoval para hacer quórum la anterior semana. "Los cinco días que estaba (fuera) no se ha resuelto ninguna causa porque no hubo convocatoria a Sala Plena. En la comisión de Admisión se sortearon los expedientes el viernes", comentó Flores.
Los magistrados viajaron a China el 15 de noviembre y debían retornar entre el 13 y 14 de diciembre. Mientras que el magistrado Oswaldo Valencia aseguró a la ANF que el perjuicio era evidente porque durante cuatro semanas el TCP no hubiera podido resolver causas por el viaje de sus colegas, situación que se revirtió después de las observaciones que surgieron. Además de los cuatro magistrados, también viajaron al curso 16 funcionarios, algunos con antigüedad de más de dos años y otros con un año y diez meses que ejercen funciones en el TCP.
Caso jucus Develan corrupción en la justicia de Huanuni
Autoridades gubernamentales y del Ministerio Público develaron ayer presuntos actos de corrupción en el accionar judicial en Huanuni, localidad minera distante a 50 kilómetros al Sudeste de la ciudad de Oruro, pues se conoció que favorecieron a los jucus (ladrones de minerales) con penas menores. Son 14 casos relevantes detectados.
Ayer por la mañana se reunieron en el Salón de Banderas del Comando Departamental de Policía de Oruro, autoridades gubernamentales lideradas por el viceministro de Régimen Interior y Policía, Marcelo Elío, además de la fiscal de Distrito, Dubeysa Palacios; el comandante Departamental de Policía, coronel Rodolfo Tapia y representantes de la Empresa Minera de Huanuni (EMH), para analizar y asumir acciones sobre los constantes robos de mineral que sufre dicha entidad del Estado.
Al término de la reunión, después de las 12:00 horas ofrecieron una conferencia de prensa para develar este hecho a consecuencia del robo de mineral. Un reciente caso fue la captura de 26 jucus, la madrugada del domingo 29 de noviembre. Fueron sorprendidos robando mineral en el nivel menos 200 del sector denominado "Chuallani".
CONFERENCIA
En la conferencia de prensa, dijo el viceministro Elío que se formó una comisión con varias entidades del Estado para investigar temas dentro de la justicia boliviana que tiene mala administración y el juqueo en Huanuni, como otros temas en el departamento de Oruro.
"Este lacerante hecho le ocasiona a Huanuni una pérdida mensual de un millón de dólares (…) Se ha hecho todo un trabajo de Inteligencia donde se detectaron los lugares por donde se sustraen material de manera irregular. e ha visto que a plena luz del día hay personas que se dedican al traslado de mineral de manera irregular", dijo.
Añadió que en Huanuni y en la ciudad de Oruro, se identicó comercializadoras que actúan de manera irregular donde compran mineral robado, hecho considerado como un delito. La idea, señaló, es eliminar el juqueo en Huanuni.
Argumentó que había una protección del Departamento Jurídico de la EMH, así como del representante del Ministerio Público de esa localidad y que ya fue cambiado.
"Imputaban por temas menores, donde el jucu tenía la seguridad de estar 24 horas tras las rejas y a las 24 horas iba a ser liberado por un juez corrupto, prevaricador que de oficio pedía su libertad irrestricta de esta persona aprehendida incluso en flagrancia", afirmó.
El viceministro Elío señaló que hay toda una red que se descubrió, con unconsorcio de abogados, entre ellos, del Departamento Jurídico de la EMH, además del fiscal y juez que atendían las causas de manera "complaciente".
Señaló que los jucus cometen delitos de robo agravado, daño al patrimonio del Estado, avasallamiento de propiedad minera del Estado, asociación delictuosa integrada por jucus, fiscales, jueces y consorcio de abogados, que hacen una red de 120 personas aproximadamente.
"Se ha dado un golpe duro con la captura de 26 personas", añadió.
El director Nacional de Régimen Interior y Policía, Gonzalo Suárez afirmó que son 14 casos de relevancia registrados hasta la fecha, donde los jucus fueron liberados en 24 horas.
Por su parte, la fiscal de Distrito, Dubeysa Palacios señaló que existen cambios en el accionar de la justicia, aspecto que se observará en el caso de los 26 jucus.
"Se ha hecho un muestreo de los 14 casos de relevancia y se ha determinado un red integrada por asesores de la EMH, el fiscal asignado, el juez y algún consorcio de abogados que en lugar de investigarse los delitos señalados por el Viceministro, se los imputaba en flagrancia por delitos menores y esto daba lugar a una suspensión condicional del proceso, una suspensión condicional de la pena o un perdón judicial que en los hechos generaba impunidad", indicó.
Ayer por la mañana se reunieron en el Salón de Banderas del Comando Departamental de Policía de Oruro, autoridades gubernamentales lideradas por el viceministro de Régimen Interior y Policía, Marcelo Elío, además de la fiscal de Distrito, Dubeysa Palacios; el comandante Departamental de Policía, coronel Rodolfo Tapia y representantes de la Empresa Minera de Huanuni (EMH), para analizar y asumir acciones sobre los constantes robos de mineral que sufre dicha entidad del Estado.
Al término de la reunión, después de las 12:00 horas ofrecieron una conferencia de prensa para develar este hecho a consecuencia del robo de mineral. Un reciente caso fue la captura de 26 jucus, la madrugada del domingo 29 de noviembre. Fueron sorprendidos robando mineral en el nivel menos 200 del sector denominado "Chuallani".
CONFERENCIA
En la conferencia de prensa, dijo el viceministro Elío que se formó una comisión con varias entidades del Estado para investigar temas dentro de la justicia boliviana que tiene mala administración y el juqueo en Huanuni, como otros temas en el departamento de Oruro.
"Este lacerante hecho le ocasiona a Huanuni una pérdida mensual de un millón de dólares (…) Se ha hecho todo un trabajo de Inteligencia donde se detectaron los lugares por donde se sustraen material de manera irregular. e ha visto que a plena luz del día hay personas que se dedican al traslado de mineral de manera irregular", dijo.
Añadió que en Huanuni y en la ciudad de Oruro, se identicó comercializadoras que actúan de manera irregular donde compran mineral robado, hecho considerado como un delito. La idea, señaló, es eliminar el juqueo en Huanuni.
Argumentó que había una protección del Departamento Jurídico de la EMH, así como del representante del Ministerio Público de esa localidad y que ya fue cambiado.
"Imputaban por temas menores, donde el jucu tenía la seguridad de estar 24 horas tras las rejas y a las 24 horas iba a ser liberado por un juez corrupto, prevaricador que de oficio pedía su libertad irrestricta de esta persona aprehendida incluso en flagrancia", afirmó.
El viceministro Elío señaló que hay toda una red que se descubrió, con unconsorcio de abogados, entre ellos, del Departamento Jurídico de la EMH, además del fiscal y juez que atendían las causas de manera "complaciente".
Señaló que los jucus cometen delitos de robo agravado, daño al patrimonio del Estado, avasallamiento de propiedad minera del Estado, asociación delictuosa integrada por jucus, fiscales, jueces y consorcio de abogados, que hacen una red de 120 personas aproximadamente.
"Se ha dado un golpe duro con la captura de 26 personas", añadió.
El director Nacional de Régimen Interior y Policía, Gonzalo Suárez afirmó que son 14 casos de relevancia registrados hasta la fecha, donde los jucus fueron liberados en 24 horas.
Por su parte, la fiscal de Distrito, Dubeysa Palacios señaló que existen cambios en el accionar de la justicia, aspecto que se observará en el caso de los 26 jucus.
"Se ha hecho un muestreo de los 14 casos de relevancia y se ha determinado un red integrada por asesores de la EMH, el fiscal asignado, el juez y algún consorcio de abogados que en lugar de investigarse los delitos señalados por el Viceministro, se los imputaba en flagrancia por delitos menores y esto daba lugar a una suspensión condicional del proceso, una suspensión condicional de la pena o un perdón judicial que en los hechos generaba impunidad", indicó.
Fiscalía pide cerrar caso contra el magistrado Ruddy Flores
La Fiscalía provincial de Betanzos emitió la resolución conclusiva de la investigación pericial del accidente de tránsito contra el expresidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ruddy Flores.
Esa resolución firmada por el fiscal Juan Carlos Duran dispone la falta de responsabilidad del magistrado en el accidente de tránsito que ocurrió el jueves 2 de abril del presente año en la carretera Sucre -Potosí.
De acuerdo con los datos obtenidos por el Potosí, la resolución pasó al fiscal departamental, Antonio Leniz. Por tanto, la etapa preparatoria de juicio oral contradictorio concluyó y no se irá a esa instancia tras la resolución emitida.
El requerimiento conclusivo es una instancia final de la etapa preparatoria de juicio, que dispone la responsabilidad y falta de responsabilidad de un hecho investigativo pericial. El magistrado conducía la vagoneta Ford cuando impactó contra la motocicleta que conducía Marcial Trujillo, de 25 años, quien perdió la vida producto de un traumatismo encéfalo craneal.
Posteriormente, el día del accidente, Flores pasó la noche en calidad de aprehendido por orden del fiscal Amed Zuleta.
Luego fue liberado por orden judicial después de la audiencia cautelar que se realizó en la capital de la provincia Cornelio Saavedra.
Hace días, la situación jurídica procesal fue cambiada, pues el magistrado estaba arraigado; es decir, se le había prohibido la salida del país.
Sin embargo, esa disposición judicial fue modificada por la presentación semanal en la fiscalía de Chuquisaca para firmar el libro de registro, fuera de la jurisdicción donde ocurrió el accidente.
En la investigación se trató de establecer si hubo exceso de velocidad o invasión de carril, tomando en cuenta que el vehículo del magistrado estaba con rumbo hacia Potosí y la motocicleta hacia Betanzos.
No obstante, se desconoce ese resultado investigativo, pese a que participaron peritos en accidente de transito que llegaron de otro distrito del país.
Al no encontrar responsabilidad, la Fiscalía no acusaría así que tampoco habría proceso.
Negó la invasión de carril
El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, Rudy Flores, y en declaraciones a los medios de comunicación, negó que él hubiera invadido el carril, como manifestaban los familiares del fallecido.
“Hemos cumplido plenamente con todas las disposiciones de tránsito y no estaba a exceso de velocidad, sino el vehículo no podía haber sido empujado por una moto”, dijo a los medios.
Esa resolución firmada por el fiscal Juan Carlos Duran dispone la falta de responsabilidad del magistrado en el accidente de tránsito que ocurrió el jueves 2 de abril del presente año en la carretera Sucre -Potosí.
De acuerdo con los datos obtenidos por el Potosí, la resolución pasó al fiscal departamental, Antonio Leniz. Por tanto, la etapa preparatoria de juicio oral contradictorio concluyó y no se irá a esa instancia tras la resolución emitida.
El requerimiento conclusivo es una instancia final de la etapa preparatoria de juicio, que dispone la responsabilidad y falta de responsabilidad de un hecho investigativo pericial. El magistrado conducía la vagoneta Ford cuando impactó contra la motocicleta que conducía Marcial Trujillo, de 25 años, quien perdió la vida producto de un traumatismo encéfalo craneal.
Posteriormente, el día del accidente, Flores pasó la noche en calidad de aprehendido por orden del fiscal Amed Zuleta.
Luego fue liberado por orden judicial después de la audiencia cautelar que se realizó en la capital de la provincia Cornelio Saavedra.
Hace días, la situación jurídica procesal fue cambiada, pues el magistrado estaba arraigado; es decir, se le había prohibido la salida del país.
Sin embargo, esa disposición judicial fue modificada por la presentación semanal en la fiscalía de Chuquisaca para firmar el libro de registro, fuera de la jurisdicción donde ocurrió el accidente.
En la investigación se trató de establecer si hubo exceso de velocidad o invasión de carril, tomando en cuenta que el vehículo del magistrado estaba con rumbo hacia Potosí y la motocicleta hacia Betanzos.
No obstante, se desconoce ese resultado investigativo, pese a que participaron peritos en accidente de transito que llegaron de otro distrito del país.
Al no encontrar responsabilidad, la Fiscalía no acusaría así que tampoco habría proceso.
Negó la invasión de carril
El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, Rudy Flores, y en declaraciones a los medios de comunicación, negó que él hubiera invadido el carril, como manifestaban los familiares del fallecido.
“Hemos cumplido plenamente con todas las disposiciones de tránsito y no estaba a exceso de velocidad, sino el vehículo no podía haber sido empujado por una moto”, dijo a los medios.
Tribunal de la Mujer condena falta de acción en operadores de justicia
La primera audiencia del “Tribunal de la Mujer contra la Impunidad” condenó la falta de acción de los operadores de justicia y señalo que fiscales, jueces y policías incumplieron con su trabajo para el esclarecimiento del asesinato de la concejal de Ancoraimes, Juana Quispe, ocurrido hace más de tres años.
“Por tanto, el Tribunal de las Mujeres contra la Impunidad, con la facultad reconocida por la Constitución Política del Estado, artículo 241 y 242, haciendo uso del control social, impone, una sanción y moral en contra del Estado Plurinacional de Bolivia, por tolerar la vulneración de los derechos humanos, como la vida, el ejercicio libre y los derechos políticos de la exconcejala Juana Quispe Apaza, por no haber actuado oportunamente, ocasionando impunidad”, señala en su parte resolutiva.
La concejal de Ancoraimes, Juana Quispe Apaza, fue hallada muerta el 12 de marzo del 2012.
El Tribunal continuará instalando sus sesiones y accionando procesos estancados con el fin de dar a conocer las irregularidades que comente los administradores de justicia, según Mery Marca, parte del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres.
La audiencia estuvo presidida por expertas como la abogada Julieta Montaño, defensora de los derechos humanos y fundadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer; la periodista y activista Lucia Zauma, y la representante de Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) Katya Velarde.
FISCALÍA EVADE RESPONSABILIDAD
De acuerdo con la explicación hecha por Valquiria Lira ante el TMCI, la abogada de la familia Quispe, reveló que el proceso se encuentra en cero luego de tres años y nueve meses de ocurrido el crimen, pues la “ineficiencia con la que actuaron los miembros del Ministerio Público”, hizo que se dicten sobreseimientos y luego se anule la imputación.
Según el fallo, los fiscales que dejaron en evidencia los errores en los que incurre el Ministerio Público, en la investigación de cualquier crimen, son la exfiscal de Distrito Patricia Santos, los fiscales de materia Susana Boyan, Genaro Quenta, Jhonny Garnica, Fernando Cabrera.
Dichos fiscales, según la relación de hechos, ni siquiera concluyeron la etapa de investigación pues según la Felcv, no presentaron los requerimientos para efectuar las pruebas de laboratorio, extracto de llamadas y no se realizó la inspección ocular, ni reconstrucción de los hechos.
Además observan la conducta de la jueza Segundo de Instrucción en lo Penal, Lía Cardozo, por liberar a presuntos autores.
“Por tanto, el Tribunal de las Mujeres contra la Impunidad, con la facultad reconocida por la Constitución Política del Estado, artículo 241 y 242, haciendo uso del control social, impone, una sanción y moral en contra del Estado Plurinacional de Bolivia, por tolerar la vulneración de los derechos humanos, como la vida, el ejercicio libre y los derechos políticos de la exconcejala Juana Quispe Apaza, por no haber actuado oportunamente, ocasionando impunidad”, señala en su parte resolutiva.
La concejal de Ancoraimes, Juana Quispe Apaza, fue hallada muerta el 12 de marzo del 2012.
El Tribunal continuará instalando sus sesiones y accionando procesos estancados con el fin de dar a conocer las irregularidades que comente los administradores de justicia, según Mery Marca, parte del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres.
La audiencia estuvo presidida por expertas como la abogada Julieta Montaño, defensora de los derechos humanos y fundadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer; la periodista y activista Lucia Zauma, y la representante de Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) Katya Velarde.
FISCALÍA EVADE RESPONSABILIDAD
De acuerdo con la explicación hecha por Valquiria Lira ante el TMCI, la abogada de la familia Quispe, reveló que el proceso se encuentra en cero luego de tres años y nueve meses de ocurrido el crimen, pues la “ineficiencia con la que actuaron los miembros del Ministerio Público”, hizo que se dicten sobreseimientos y luego se anule la imputación.
Según el fallo, los fiscales que dejaron en evidencia los errores en los que incurre el Ministerio Público, en la investigación de cualquier crimen, son la exfiscal de Distrito Patricia Santos, los fiscales de materia Susana Boyan, Genaro Quenta, Jhonny Garnica, Fernando Cabrera.
Dichos fiscales, según la relación de hechos, ni siquiera concluyeron la etapa de investigación pues según la Felcv, no presentaron los requerimientos para efectuar las pruebas de laboratorio, extracto de llamadas y no se realizó la inspección ocular, ni reconstrucción de los hechos.
Además observan la conducta de la jueza Segundo de Instrucción en lo Penal, Lía Cardozo, por liberar a presuntos autores.
Caso Alexander Médico del Hospital del Niño se somete a juicio abreviado
El médico del Hospital del Niño, José Luis D.A., decidió someterse al recuso de juicio abreviado, que luego de ser analizado por la fiscal Susana Boyán pasará a conocimiento del Tribunal de Sentencia Décimo, que tiene a su cargo el caso bebé Alexander.
De acuerdo con la solicitud, la condena sería de dos años y el galeno obtendría el perdón judicial lo que significa que no iría a la cárcel.
José Luis D.A. el 13 de noviembre de 2014 cumplió guardia en el Hospital de Niño, aceptó haber cometido la comisión del delito de homicidio culposo, al no haber examinado el cuerpo del bebé Alexander antes de derivarlo al hospital Juan XXIII donde se detectó el sangrado por la región anal que deribvó en muerte por anemia aguda. En este centro, la forense del IDIF, Ángela Mora, determinó en un cuestionado informe, la supuesta violación de niño, esto a sugerencia del pediatra del Hospital Juan XXIII, Roberto Gumiel.
HOSPITAL DEL NIÑO
Según la auditoria interna del Hospital del Niño, en este centro no se cumplió con el examen físico al menor.
Además, otro informe, firmado por el exdirector del Servicio Departamental de Salud, Henrry Flores, señala que trasladar al bebé al Hospital Juan XXIII sugiere que el médico trató de eludir su responsabilidad y en este afán comprometió la participación de todo el personal.
AUDIOS
Con el médico del Hospital del Niño, son tres los imputados que se someten a juicio abreviado, ante los fiscales Edwin Blanco y Susana Boyán que investigan el caso, en el que se denunció la existencia de cuatro audios, en los que ambos fiscales conocen detalles que omiten y modifican la versión de una supuesta violación, además son acusados de ejercer presión y manipulación.
De acuerdo con la solicitud, la condena sería de dos años y el galeno obtendría el perdón judicial lo que significa que no iría a la cárcel.
José Luis D.A. el 13 de noviembre de 2014 cumplió guardia en el Hospital de Niño, aceptó haber cometido la comisión del delito de homicidio culposo, al no haber examinado el cuerpo del bebé Alexander antes de derivarlo al hospital Juan XXIII donde se detectó el sangrado por la región anal que deribvó en muerte por anemia aguda. En este centro, la forense del IDIF, Ángela Mora, determinó en un cuestionado informe, la supuesta violación de niño, esto a sugerencia del pediatra del Hospital Juan XXIII, Roberto Gumiel.
HOSPITAL DEL NIÑO
Según la auditoria interna del Hospital del Niño, en este centro no se cumplió con el examen físico al menor.
Además, otro informe, firmado por el exdirector del Servicio Departamental de Salud, Henrry Flores, señala que trasladar al bebé al Hospital Juan XXIII sugiere que el médico trató de eludir su responsabilidad y en este afán comprometió la participación de todo el personal.
AUDIOS
Con el médico del Hospital del Niño, son tres los imputados que se someten a juicio abreviado, ante los fiscales Edwin Blanco y Susana Boyán que investigan el caso, en el que se denunció la existencia de cuatro audios, en los que ambos fiscales conocen detalles que omiten y modifican la versión de una supuesta violación, además son acusados de ejercer presión y manipulación.
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