La exfiscal del Plan 3.000 Litzy Torrico, será enviada a Palmasola, tras audiencia cautelar la juez Iris Justiniano determinó su detención preventiva, por delitos de extorsión e incumplimiento de deberes.
Torrico fue destituída de su cargo el pasado 19 de noviembre de 2015, por acusaciones de extorsión.
Dolly Torrico inicio un proceso en contra de la exfiscal por ordenar que desaloje su lote y por supervisar en persona la descarga de material de construcción en el terreno, avalando a otra persona como propietaria del lugar.
Otro caso por el que fue denunciada es por el cobro a un individuo para no mandarlo a la cárcel por conducir en estado de ebriedad.
Wednesday, January 20, 2016
Códigos civil y de familia rigen desde el 6 de febrero
a presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, informó que todo está listo para implementar el Código Procesal Civil y el Código de las Familias y el Proceso Familiar desde el próximo 6 de febrero.
“Hace casi tres meses se ha estado trabajando en la comisión de implementación de los códigos y hemos avanzado mucho en el ámbito de capacitación. Se requiere ajustes en el ámbito de infraestructura y en lograr una relación más coordinada entre el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)”, dijo.
Asimismo, Montaño adelantó que se tiene una propuesta casi finalizada del Código Procesal Penal. “Seguramente la presentaremos formalmente en esta legislatura y esperemos que en el primer semestre pueda ser sancionada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores”, adelantó.
En agosto de 2015, los diputados aprobaron el proyecto de ley 232 que modifica las vigencias plenas de la Ley 439 de Código Procesal Civil y la Ley 603 de Código de Familias y del Proceso Familiar.
Desde entonces se conformó la comisión de seguimiento e implementación de los dos códigos, conformada por los presidentes de las cámaras de diputados y senadores, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Ministerio de Justicia.
Como primera medida, desde septiembre se capacita, a nivel de diplomado, a los operadores de justicia, fundamentalmente vocales, jueces y secretarios, para uniformizar las visiones en torno a una correcta implementación de ambos códigos en beneficio de la población boliviana.
“Nuestra mayor preocupación es el servicio a la gente; somos servidores que nos debemos al pueblo y nuestra tarea es fiscalizar para que se lleve adelante este proceso durante estos seis meses”, señaló la Presidenta de los diputados cuando anunció el convenio interinstitucional de capacitación.
“Hace casi tres meses se ha estado trabajando en la comisión de implementación de los códigos y hemos avanzado mucho en el ámbito de capacitación. Se requiere ajustes en el ámbito de infraestructura y en lograr una relación más coordinada entre el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)”, dijo.
Asimismo, Montaño adelantó que se tiene una propuesta casi finalizada del Código Procesal Penal. “Seguramente la presentaremos formalmente en esta legislatura y esperemos que en el primer semestre pueda ser sancionada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores”, adelantó.
En agosto de 2015, los diputados aprobaron el proyecto de ley 232 que modifica las vigencias plenas de la Ley 439 de Código Procesal Civil y la Ley 603 de Código de Familias y del Proceso Familiar.
Desde entonces se conformó la comisión de seguimiento e implementación de los dos códigos, conformada por los presidentes de las cámaras de diputados y senadores, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Ministerio de Justicia.
Como primera medida, desde septiembre se capacita, a nivel de diplomado, a los operadores de justicia, fundamentalmente vocales, jueces y secretarios, para uniformizar las visiones en torno a una correcta implementación de ambos códigos en beneficio de la población boliviana.
“Nuestra mayor preocupación es el servicio a la gente; somos servidores que nos debemos al pueblo y nuestra tarea es fiscalizar para que se lleve adelante este proceso durante estos seis meses”, señaló la Presidenta de los diputados cuando anunció el convenio interinstitucional de capacitación.
Velasco pide investigar a representante del CM
La ministra de Justicia, Virginia Velasco, instruyó una “investigación minuciosa” a la delegada del Consejo de la Magistratura (CM) en La Paz, Mónica Limachi, cuya familia estaría implicada en un caso de supuesto despojo a una anciana.
De acuerdo a la denuncia planteada por la ciudadana Zoraida Aquino, familiares de Limachi despojaron un terreno de 13 mil metros cuadrados en la provincia Loayza a una anciana que no se puede mover y sólo vive de su Renta Dignidad, llamada Casimira Huertas.
Este hecho derivó en un proceso judicial que continúa hasta hoy. La abogada de Huertas, Claudia Castro, explicó que el esposo de Martha Limachi (hermana de Mónica) allanó y se benefició de la estancia que pertenece a la anciana.
Luego, el cuñado de la delegada del CM fue aprehendido y un juzgado de Sica Sica lo benefició con detención domiciliaria que debe cumplir en la casa que supuestamente despojó.
Enterada sobre este caso, la ministra Velasco ordenó una investigación. “Vamos a ser drásticos en eso de que se haga una investigación minuciosa. Que revisen los abogados bien. La abuelita tiene que estar con sus terrenos, no puede ser que le quiten”, dijo la autoridad. “No vamos a permitir, no por el hecho que sea Consejo de la Magistratura, la doctora Limachi no puede ser que esté haciendo sufrir a gente humilde de la tercera edad”, agregó.
La Ministra de Justicia realiza operativos en juzgados y oficinas del Órgano Judicial para corroborar el trabajo que realizan los funcionarios y el trato que dan a los ciudadanos cuando requieren un tramite o están involucrados en un proceso judicial. También habilitó una línea en WhatsApp para recibir denuncias contra funcionarios.
De acuerdo a la denuncia planteada por la ciudadana Zoraida Aquino, familiares de Limachi despojaron un terreno de 13 mil metros cuadrados en la provincia Loayza a una anciana que no se puede mover y sólo vive de su Renta Dignidad, llamada Casimira Huertas.
Este hecho derivó en un proceso judicial que continúa hasta hoy. La abogada de Huertas, Claudia Castro, explicó que el esposo de Martha Limachi (hermana de Mónica) allanó y se benefició de la estancia que pertenece a la anciana.
Luego, el cuñado de la delegada del CM fue aprehendido y un juzgado de Sica Sica lo benefició con detención domiciliaria que debe cumplir en la casa que supuestamente despojó.
Enterada sobre este caso, la ministra Velasco ordenó una investigación. “Vamos a ser drásticos en eso de que se haga una investigación minuciosa. Que revisen los abogados bien. La abuelita tiene que estar con sus terrenos, no puede ser que le quiten”, dijo la autoridad. “No vamos a permitir, no por el hecho que sea Consejo de la Magistratura, la doctora Limachi no puede ser que esté haciendo sufrir a gente humilde de la tercera edad”, agregó.
La Ministra de Justicia realiza operativos en juzgados y oficinas del Órgano Judicial para corroborar el trabajo que realizan los funcionarios y el trato que dan a los ciudadanos cuando requieren un tramite o están involucrados en un proceso judicial. También habilitó una línea en WhatsApp para recibir denuncias contra funcionarios.
Tuesday, January 19, 2016
Ponen en vigencia nuevo modelo de gestión
El fiscal General, Ramiro Guerrero, informó que a partir del 25 de enero se pondrá en vigencia el nuevo de modelo de gestión fiscal en el eje troncal del país, con el objetivo es combatir la corrupción y la retardación de justicia. "Se pueden cambiar uno, dos, 10, 20, 100 fiscales. Pero si no cambia el modelo, el paradigma del Ministerio Público, esto no va a cambiar", sostuvo, señalando que el objetivo es implementar nuevos mecanismos para luchar contra la corrupción y la retardación de justicia.
Guerrero comunicó que este viernes y sábado los fiscales de Bolivia se reunirán en Cochabamba, con el objetivo de analizar la situación de la Fiscalía en el país y plantearán nuevas estrategias.
"Cochabamba tiene que convertirse en el centro de formación, capacitación y trabajo del ministerio Público", finalizó. /
Guerrero comunicó que este viernes y sábado los fiscales de Bolivia se reunirán en Cochabamba, con el objetivo de analizar la situación de la Fiscalía en el país y plantearán nuevas estrategias.
"Cochabamba tiene que convertirse en el centro de formación, capacitación y trabajo del ministerio Público", finalizó. /
Audiencia del exfiscal Quispe se suspende por su baja médica
La audiencia de medidas cautelares de Humberto Quispe en la ciudad de Sucre que debía realizarse ayer fue suspendida porque el exfiscal fue internado en un centro médico de La Paz el sábado, del cual salió ayer para continuar con su detención domiciliaria.
El juez de Instrucción Penal y Cautelar Quinto de la Capital, Roberto Valdiviezo, programó la audiencia para las 9:30 de ayer. Quispe fue imputado por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y extorsión en un proceso iniciado por Víctor Vargas.
La semana pasada, la jueza Segunda de Instrucción en lo Penal, Lía Cardozo, autorizó que el exfiscal deje su detención domiciliaria para que viajara ayer a Sucre.
Sin embargo, antes de instalarse la mencionada audiencia cautelar, la defensa presentó un memorial en el que se explicó la inasistencia del imputado por problemas de salud, aunque se desconoce el diagnóstico médico.
El juez Valdiviezo ordenó que a través del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) se verifique si correspondía o no que el procesado fuera internado.
"Por el IDIF se debe verificar si ameritaba o no la internación, porque en audiencia nosotros presentamos una médica forense quien certificó que no ameritaba que ingrese a una clínica según el certificado que presentó”, manifestó Vargas.
Si los peritos certifican que la baja médica fue justificada, entonces el juez definirá nueva fecha para la audiencia, caso contrario declarará rebelde al imputado y ordenará su aprehensión, explicó el querellante.
Quispe dijo a Página Siete que tiene todos los documentos para sustentar el motivo de su internación y que, como toda persona, tiene derecho a enfermarse, aunque no precisó el diagnóstico médico.
"Esta tarde (de ayer) me estoy yendo a mi casa ya. Estoy internado en la clínica desde el sábado, pero ahora me voy. Venga aquí, le voy a mostrar los documentos, quiero mostrarle la documentación”, dijo por vía telefónica.
En la justicia
Acusado El proceso en el que el exfiscal fue imputado por tercera vez fue iniciado por Víctor Vargas, quien lo acusó de "fabricar” una denuncia para investigarlo por falsificar documentos.
Suspensión La audiencia de medidas cautelares en este caso que radica en Sucre fue suspendida en varias oportunidades. Incluso se aprehendió a Quispe en La Paz y se lo trasladó a Sucre para que se presente ante el juez.
El juez de Instrucción Penal y Cautelar Quinto de la Capital, Roberto Valdiviezo, programó la audiencia para las 9:30 de ayer. Quispe fue imputado por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y extorsión en un proceso iniciado por Víctor Vargas.
La semana pasada, la jueza Segunda de Instrucción en lo Penal, Lía Cardozo, autorizó que el exfiscal deje su detención domiciliaria para que viajara ayer a Sucre.
Sin embargo, antes de instalarse la mencionada audiencia cautelar, la defensa presentó un memorial en el que se explicó la inasistencia del imputado por problemas de salud, aunque se desconoce el diagnóstico médico.
El juez Valdiviezo ordenó que a través del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) se verifique si correspondía o no que el procesado fuera internado.
"Por el IDIF se debe verificar si ameritaba o no la internación, porque en audiencia nosotros presentamos una médica forense quien certificó que no ameritaba que ingrese a una clínica según el certificado que presentó”, manifestó Vargas.
Si los peritos certifican que la baja médica fue justificada, entonces el juez definirá nueva fecha para la audiencia, caso contrario declarará rebelde al imputado y ordenará su aprehensión, explicó el querellante.
Quispe dijo a Página Siete que tiene todos los documentos para sustentar el motivo de su internación y que, como toda persona, tiene derecho a enfermarse, aunque no precisó el diagnóstico médico.
"Esta tarde (de ayer) me estoy yendo a mi casa ya. Estoy internado en la clínica desde el sábado, pero ahora me voy. Venga aquí, le voy a mostrar los documentos, quiero mostrarle la documentación”, dijo por vía telefónica.
En la justicia
Acusado El proceso en el que el exfiscal fue imputado por tercera vez fue iniciado por Víctor Vargas, quien lo acusó de "fabricar” una denuncia para investigarlo por falsificar documentos.
Suspensión La audiencia de medidas cautelares en este caso que radica en Sucre fue suspendida en varias oportunidades. Incluso se aprehendió a Quispe en La Paz y se lo trasladó a Sucre para que se presente ante el juez.
Normas procesal civil y familiar Falta aún condiciones para aplicar los códigos
La aplicación y puesta en vigencia del Código Procesal Civil y el Código de Familias a partir del mes de febrero, está bajo la mirada de los actores principales.
Consideran que faltan algunos ajustes y verificaciones antes de poner en vigencia las normas procesales, como el Gobierno central lo señala.
Las normas debieron entrar en vigencia en el mes de agosto del 2014. El 6 de agosto del 2015, el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, dio a conocer que la aplicación de la norma, había sido postergada por segunda vez, para su aplicación en febrero 2016.
Normas. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Pastor Mamani, aseguró ayer que desde el 6 de febrero entrarán en vigencia plena los Códigos Morales. "Ya estamos casi a la conclusión de la comisión de implementación y seguimiento, entonces el 6 de febrero sí o sí entran en vigencia", manifestó Mamani.
Indicó que ya casi está concluido el trabajo y que todos los operadores de justicia de los nueve distritos "ya tienen conocimiento y están poniendo en práctica, sobre todo el reordenamiento, el mapa judicial y las nuevas competencias de los administradores de justicia".
Tras la implementación de los nuevos códigos, indicó que la Asamblea Legislativa Plurinacional iniciará el tratamiento del Código Procesal Penal.
Observaciones. El vocal Alaín Núñez aseguró que existen todas las condiciones humanas para que ambos códigos entren en vigencia sin ningún problema, pero que en tema logístico aún se atraviesa algunos inconvenientes.
Indicó que desde que se suspendió su aplicación en agosto del año pasado, el TSJ en coordinación con el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), encaró un trabajo arduo de capacitación, formación y orientación a los actores más directos de la puesta en vigencia de las normas procesales.
Sin embargo, hizo una observación directa al Consejo de la Magistratura, instancia que también forma parte del órgano judicial en el país, sobre la preparación de ambientes y espacios cómodos donde se atenderán estos casos.
"Hubo tiempo necesario y no se lo aprovechó, en ese sentido estamos atrasados. Se están haciendo compras que no solucionan del todo el problema, por ejemplo en vez de comprar celulares donde se puedan enviar fotografías, acelerar el trabajo técnico, se está comprando cámaras fotográficas. Lamentablemente no ha habido la toma de decisiones más acertada, el Consejo debe abrir y preocuparse por atender las necesidades para mejorar la atención", manifestó Núñez.
Coordinación. En tanto, David Rosales, capacitador en Código de Procedimiento Civil en Santa Cruz, a tiempo de coincidir por separado con Núñez, sobre las condiciones actuales sobre la capacidad humana y el retraso logístico y tecnológico, anunció que como órgano departamental están haciendo un control general a la capacidad existente.
Indicó que el pasado viernes se conformó una comisión que verificará estos aspectos para elevar un informe final sobre si Santa Cruz está o no con las condiciones para aplicar las normas procesales.
Hoy se sabrá cuál es la situación cruceña para la implementación del código. Rosales mencionó que en caso de evidenciarse la falta de condiciones, se enviará un informe para hacer conocer a los superiores.
"Vamos a esperar a ver qué dice el informe de la comisión, porque de lo contrario no será una aplicación satisfactoria y al final la gente después se va a quejar y no va ser por irresponsabilidad de los funcionarios judiciales", dijo. El Código de Familias promulgado en 2014 establece procedimientos más ágiles para los divorcios y fija montos para la asistencia familiar.
Consideran que faltan algunos ajustes y verificaciones antes de poner en vigencia las normas procesales, como el Gobierno central lo señala.
Las normas debieron entrar en vigencia en el mes de agosto del 2014. El 6 de agosto del 2015, el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, dio a conocer que la aplicación de la norma, había sido postergada por segunda vez, para su aplicación en febrero 2016.
Normas. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Pastor Mamani, aseguró ayer que desde el 6 de febrero entrarán en vigencia plena los Códigos Morales. "Ya estamos casi a la conclusión de la comisión de implementación y seguimiento, entonces el 6 de febrero sí o sí entran en vigencia", manifestó Mamani.
Indicó que ya casi está concluido el trabajo y que todos los operadores de justicia de los nueve distritos "ya tienen conocimiento y están poniendo en práctica, sobre todo el reordenamiento, el mapa judicial y las nuevas competencias de los administradores de justicia".
Tras la implementación de los nuevos códigos, indicó que la Asamblea Legislativa Plurinacional iniciará el tratamiento del Código Procesal Penal.
Observaciones. El vocal Alaín Núñez aseguró que existen todas las condiciones humanas para que ambos códigos entren en vigencia sin ningún problema, pero que en tema logístico aún se atraviesa algunos inconvenientes.
Indicó que desde que se suspendió su aplicación en agosto del año pasado, el TSJ en coordinación con el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), encaró un trabajo arduo de capacitación, formación y orientación a los actores más directos de la puesta en vigencia de las normas procesales.
Sin embargo, hizo una observación directa al Consejo de la Magistratura, instancia que también forma parte del órgano judicial en el país, sobre la preparación de ambientes y espacios cómodos donde se atenderán estos casos.
"Hubo tiempo necesario y no se lo aprovechó, en ese sentido estamos atrasados. Se están haciendo compras que no solucionan del todo el problema, por ejemplo en vez de comprar celulares donde se puedan enviar fotografías, acelerar el trabajo técnico, se está comprando cámaras fotográficas. Lamentablemente no ha habido la toma de decisiones más acertada, el Consejo debe abrir y preocuparse por atender las necesidades para mejorar la atención", manifestó Núñez.
Coordinación. En tanto, David Rosales, capacitador en Código de Procedimiento Civil en Santa Cruz, a tiempo de coincidir por separado con Núñez, sobre las condiciones actuales sobre la capacidad humana y el retraso logístico y tecnológico, anunció que como órgano departamental están haciendo un control general a la capacidad existente.
Indicó que el pasado viernes se conformó una comisión que verificará estos aspectos para elevar un informe final sobre si Santa Cruz está o no con las condiciones para aplicar las normas procesales.
Hoy se sabrá cuál es la situación cruceña para la implementación del código. Rosales mencionó que en caso de evidenciarse la falta de condiciones, se enviará un informe para hacer conocer a los superiores.
"Vamos a esperar a ver qué dice el informe de la comisión, porque de lo contrario no será una aplicación satisfactoria y al final la gente después se va a quejar y no va ser por irresponsabilidad de los funcionarios judiciales", dijo. El Código de Familias promulgado en 2014 establece procedimientos más ágiles para los divorcios y fija montos para la asistencia familiar.
Monday, January 18, 2016
La plurinacionalidad, otro reto en la Justicia y las autonomías
Así como el mayor cambio estructural de la década de Evo Morales en el poder es el inicio de la transformación del Estado sobre el eje de la plurinacionalidad, el reto es profundizar esta reforma en aspectos fundamentales como la Justicia, la autonomía, la democracia intercultural.
La utopía de la unanimidad es cosa de todos los días entre militantes de un mismo partido, pero que haya consenso entre opositores y oficialistas es algo en verdad extraordinario. Esto último es lo que ha sucedido con el diagnóstico que se hace de la crisis en el Órgano Judicial. Opositores y oficialistas coinciden en que la administración de justicia no puede estar peor.
Justicia. En cuanto a lo plurinacional poco se ha avanzado en la Justicia Comunitaria, aún vista por encima del hombro por la justicia administrada por los “doctores”. El pluralismo jurídico que reivindica la Constitución Política ha quedado como eso: una reivindicación.
La nueva forma de elegir magistrados mediante voto reprodujo y trajo más problemas en un sistema atormentado por la corrupción y la retardación judicial, principalmente. Se habla de forma unánime de la reforma judicial, no obstante no se prioriza una Cumbre Judicial que se anunció hasta el cansancio.
Otro aspecto que si bien de por sí tiene una implementación lenta es la democracia intercultural. Como en el caso de la Justicia Indígena, la democracia comunitaria fue relegada por la democracia representativa.
Donde sí hay disenso entre oposición y oficialismo es en el diagnóstico sobre el avance o retroceso de las autonomías. Las señales del nivel central no son claras. Así lo demuestra la interpretación que hizo el vicepresidente Álvaro García del No a los estatutos que el Movimiento Al Socialismo (MAS) promovió para que sean aprobados en referéndum. La lectura fue que esos departamentos querían centralismo.
Tampoco hubo nitidez en las señales de líderes opositores. Por ejemplo, políticos cruceños, que se pusieron la camiseta de las autonomías, retrasaron por pugnas internas la adecuación de sus estatutos.
La marcha de las autonomías es clave para llegar a un país plurinacional, por lo que su estancamiento o poco avance retrasa la transformación que manda la Constitución, lo que sigue siendo un desafío del gobierno del MAS.
Un aspecto que las regiones piden con insistencia después del último censo es el pacto fiscal. El soporte material (recursos económicos) es clave para avanzar en las autonomías, sostiene el Consejo Autonómico que se aboca a apurar el pacto.
Policías y militares
¿Reforma?
Reformar la Policía y las FFAA ha sido un escollo desde la Asamblea Constituyente, cuando se decidió dejar intactas a estas instituciones. El reto entonces será cambiar sus estructuras.
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