El presidente del Consejo de la Magistratura (CM), Wilber Choque, indicó ayer que este jueves podría aprobarse la convocatoria para cubrir las acefalías de vocalías en los tribunales departamentales de justicia que llegan a 22 en todo el país. Al mismo tiempo, anunció su renovación total al igual que en los juzgados.
Hizo este anuncio después de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró “transitorios” los cargos de vocales, jueces y funcionarios judiciales y despejó el camino para que el Consejo de la Magistratura proceda a la reestructuración mediante nuevas convocatorias.
El TCP denegó una Acción de Cumplimiento planteada, en julio de 2015, por la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) que paralizó el proceso de reestructuración que el CM llevaba adelante en el Órgano Judicial.
Por su parte, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, César Cabrera, calificó de “desatinada” la decisión del TCP porque coloca “en un estado de incertidumbre al juez. Normalmente perjudica en la idea de que cualquier juez para no ser destituido de su cargo lo que hace es obedecer o ser sumiso a determinadas órdenes de los órganos de poder”, dijo.
Estos cargos “normalmente, en el mundo entero, son cargos que se convierten en vitalicios precisamente porque hay que darle la garantía necesaria para generar independencia e imparcialidad en la administración de justicia”, agregó.
Sin embargo, Choque dijo que el CM emitirá “nuevas convocatorias, este jueves probablemente salga una para los cargos acéfalos que hay en todo el país y la próxima vamos a ver de hacer una programación, esperamos hasta fin de año para una posible renovación de todas las vocalías a nivel nacional y también a los juzgados”, señaló Choque.
Dijo que esta reestructuración dependerá también de los trabajos que se realizan en el marco de los resultados de la Cumbre de Justicia y las nuevas leyes que se aprueben en la Asamblea Legislativa. “La transformación no sólo tiene que ser de personas, sino tiene que ir acompañada con las normas (…). Uno de esos temas es la modificación de la Ley 025 del Órgano Judicial”.
Choque explicó que la Ley 025 establece un periodo de cuatro años para los vocales y —según la información que tiene— la mayoría ya habría cumplido con este tiempo. En cambio, dijo que para los jueces no hay un periodo estimado, pero todo dependerá del diseño de evaluación que se vaya a aprobar y esto permitirá “alejar a los malos jueces que ahora tienen un montón de denuncias, críticas por parte de la ciudadanía y rescatar a los jueces que sí tienen la actitud, el profesionalismo”.
En 2015, la consejera Cristina Mamani observó la anterior convocatoria porque entre los postulantes a vocales se presentaron la esposa del decano, Roger Triveño y el hermano de Freddy Sanabria.
Tuesday, August 9, 2016
Sunday, August 7, 2016
Sin Ley de Implementación Evo Morales compromete aplicar conclusiones de Cumbre de Justicia
Las conclusiones y recomendaciones emanadas de la Cumbre de Justicia, realizada hace dos meses, “serán implementadas este año”, es el compromiso que ofreció del presidente Evo Morales en el mes aniversario de Bolivia. Sin embargo, según la información del Ministerio de Justicia, no se tiene una fecha definida para el inicio de la elaboración de la Ley de Implementación.
Sin dar más detalles sobre cuál es el avance que se tiene en la conformación de comisiones para tratar la elaboración de la Ley de Implementación, el presidente aseguró que las recomendaciones emitidas por las organizaciones sociales en la cuestionda Cumbre serán puestas en práctica este año.
FALTA UNA LEY
Según la explicación de la ministra de Justicia, Virginia Velasco, para poner en práctica las recomendaciones y conclusiones de la Cumbre de Justicia la Asamblea Legislativa, debe sancionar una “Ley de Implementación” para normar temas como la evaluación al trabajo de los administradores de justicia, que debe realizarse en 120 días a partir de la existencia de la ley.
La pasada semana, Velasco afirmó que aún no se ha conformado la comisión interinstitucional que debe elaborar esta ley, misma que luego debe ser sancionada por la Asamblea Legislativa.
Velasco aseguró, entonces, que en su discurso de este 6 de Agosto, sería el presidente Morales quien daría a conocer los adelantos de esta conformación, pero el mandatario solo hizo un escueto comentario sobre la aplicación de las recomendaciones que dieron los sectores sociales en temas técnicos, como la aplicación de normas judiciales, el 10 y 11 de junio pasado en las jornadas de la Cumbre realizada en Sucre.
CADENA PERPETUA
Entre las conclusiones más importantes de la Cumbre de Justicia que se realizó en junio pasado está la implantación en el país de la cadena perpetua, como máxima sanción a delitos de violación y asesinatos de menores de edad. Con esta justificación se prevé la apertura de la Constitución Política del Estado (CPE), confirmaron los organizadores del evento.
De la misma forma, se ratificó el respeto a la elección de magistrados del Órgano Judicial, mediante el voto popular. Empero, se estableció también que puede procederse a la cesación de autoridades judiciales por incumpliendo del mandato popular y hechos de corrupción.
Al respecto, se estableció que en un plazo de 120 días el Consejo de la Magistratura realizará una evaluación a los jueces y fiscales y quienes no aprueben esta prueba serán alejados de sus cargos.
MODIFICAR CPE
Sobre la instauración de la cadena perpetua, el fiscal general, Ramiro Guerrero; el presidente del Consejo de la Magistratura (CM), Wilbert Choque; y el viceministro de Justicia y derechos fundamentales, Diego Jiménez, reconocieron que para aplicar esta medida se necesita la modificación de la CPE.
“Es una posibilidad a futuro, porque no está prevista la cadena perpetua en la Constitución; como máxima sanción se tiene los 30 años de cárcel, si se quiere ir con cadena perpetua, por lógica la Constitución tendrá que ser analizada y discutida. Para esto hay dos vías, el referéndum y el tratamiento en las Asamblea Constituyente”, afirmó Choque.
El viceministro Jiménez señaló que ante la necesidad de una modificación de la CPE solo se debatirá este punto y el de la implementación de una inspectoría judicial.
El parágrafo II, del artículo 118 de la CPE, determina que en el país “la máxima sanción penal será de 30 años de privación de libertad, sin derecho a indulto”.
Sin dar más detalles sobre cuál es el avance que se tiene en la conformación de comisiones para tratar la elaboración de la Ley de Implementación, el presidente aseguró que las recomendaciones emitidas por las organizaciones sociales en la cuestionda Cumbre serán puestas en práctica este año.
FALTA UNA LEY
Según la explicación de la ministra de Justicia, Virginia Velasco, para poner en práctica las recomendaciones y conclusiones de la Cumbre de Justicia la Asamblea Legislativa, debe sancionar una “Ley de Implementación” para normar temas como la evaluación al trabajo de los administradores de justicia, que debe realizarse en 120 días a partir de la existencia de la ley.
La pasada semana, Velasco afirmó que aún no se ha conformado la comisión interinstitucional que debe elaborar esta ley, misma que luego debe ser sancionada por la Asamblea Legislativa.
Velasco aseguró, entonces, que en su discurso de este 6 de Agosto, sería el presidente Morales quien daría a conocer los adelantos de esta conformación, pero el mandatario solo hizo un escueto comentario sobre la aplicación de las recomendaciones que dieron los sectores sociales en temas técnicos, como la aplicación de normas judiciales, el 10 y 11 de junio pasado en las jornadas de la Cumbre realizada en Sucre.
CADENA PERPETUA
Entre las conclusiones más importantes de la Cumbre de Justicia que se realizó en junio pasado está la implantación en el país de la cadena perpetua, como máxima sanción a delitos de violación y asesinatos de menores de edad. Con esta justificación se prevé la apertura de la Constitución Política del Estado (CPE), confirmaron los organizadores del evento.
De la misma forma, se ratificó el respeto a la elección de magistrados del Órgano Judicial, mediante el voto popular. Empero, se estableció también que puede procederse a la cesación de autoridades judiciales por incumpliendo del mandato popular y hechos de corrupción.
Al respecto, se estableció que en un plazo de 120 días el Consejo de la Magistratura realizará una evaluación a los jueces y fiscales y quienes no aprueben esta prueba serán alejados de sus cargos.
MODIFICAR CPE
Sobre la instauración de la cadena perpetua, el fiscal general, Ramiro Guerrero; el presidente del Consejo de la Magistratura (CM), Wilbert Choque; y el viceministro de Justicia y derechos fundamentales, Diego Jiménez, reconocieron que para aplicar esta medida se necesita la modificación de la CPE.
“Es una posibilidad a futuro, porque no está prevista la cadena perpetua en la Constitución; como máxima sanción se tiene los 30 años de cárcel, si se quiere ir con cadena perpetua, por lógica la Constitución tendrá que ser analizada y discutida. Para esto hay dos vías, el referéndum y el tratamiento en las Asamblea Constituyente”, afirmó Choque.
El viceministro Jiménez señaló que ante la necesidad de una modificación de la CPE solo se debatirá este punto y el de la implementación de una inspectoría judicial.
El parágrafo II, del artículo 118 de la CPE, determina que en el país “la máxima sanción penal será de 30 años de privación de libertad, sin derecho a indulto”.
Friday, August 5, 2016
Aprehenden al fiscal y pasante por cobro de 1.000 bolivianos
El fiscal Vladimir M. y la pasante María Elena L. C., ambos funcionarios de la recién inaugurada “Fiscalía Corporativa”, fueron aprehendidos ayer en acción directa, luego de comprobarse el cobro ilegal de 1.000 bolivianos, que la funcionaria hizo a una persona que pedía el desecuestro de su vehículo, según informó el director de la Unidad de Investigaciones de Delitos Económicos Financieros de la Felcc, mayor Eric Peralta.
Cerca de las 11 de la mañana, de ayer, Peralta junto a un equipo de investigadores, se hicieron presentes en el piso 3 de la Fiscalía Departamental de La Paz, para verificar que la pasante María Elena L. C. recibía los 1.000 bolivianos de manos de la víctima y denunciante.
Peralta informó que previo a esta acción directa, la víctima, de la cual se pide reserva de la identidad, entregó un audio en el que se escucha a la pasante afirmar que la extorsión fue hecha siguiendo órdenes del fiscal Vladimir M.
“Nosotros acudimos a la Fiscalía, aprehendemos en flagrancia a la pasante, recibiendo la suma de 1.000 bolivianos, y tomando en cuenta que había una grabación, en la que se menciona también al fiscal, a él también lo arrestamos, para verificar si tenía conocimiento de esta acto de extorsión”, detalló Peralta.
Ambos funcionarios fueron llevados a dependencias de la Felcc para que presten declaración informativa, y en la misma el fiscal Vladimir M. negó conocer del hecho de corrupción.
ANTECEDENTES
De acuerdo con los antecedentes, tomando en cuenta que la pasante no es funcionaria, la misma sería imputada por el delito de “extorsión de particulares”.
Hasta el cierre de edición, el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, no se pronunció respecto de este hecho de corrupción.
El pasado jueves, el fiscal general, Ramiro Guerrero, inauguró el Nuevo Modelo de Gestión Fiscal y Fiscalía Corporativa en La Paz, con la finalidad de mejorar el ejercicio de la acción penal pública en la tramitación y procesamiento de los casos, con calidad, efectividad y oportunidad.
En esa ocasión, Blanco afirmó: “Con la implementación del Nuevo Modelo de Gestión Fiscal, desarrollaremos nuestras actividades en un ambiente de transparencia (por la puesta de vidrio que tiene esta instalación) materializando así el principio institucional de Fiscalía de puertas abiertas”, enfatizó.
El Nuevo Modelo de Gestión Fiscal busca la solución de conflictos, a través de una dirección funcional de la investigación estratégica e inteligente, que permita que el acceso a la justicia penal sea más oportuno, eficiente y efectivo, y que el debido proceso sirva para hacer justicia no para generar impunidad.
Cerca de las 11 de la mañana, de ayer, Peralta junto a un equipo de investigadores, se hicieron presentes en el piso 3 de la Fiscalía Departamental de La Paz, para verificar que la pasante María Elena L. C. recibía los 1.000 bolivianos de manos de la víctima y denunciante.
Peralta informó que previo a esta acción directa, la víctima, de la cual se pide reserva de la identidad, entregó un audio en el que se escucha a la pasante afirmar que la extorsión fue hecha siguiendo órdenes del fiscal Vladimir M.
“Nosotros acudimos a la Fiscalía, aprehendemos en flagrancia a la pasante, recibiendo la suma de 1.000 bolivianos, y tomando en cuenta que había una grabación, en la que se menciona también al fiscal, a él también lo arrestamos, para verificar si tenía conocimiento de esta acto de extorsión”, detalló Peralta.
Ambos funcionarios fueron llevados a dependencias de la Felcc para que presten declaración informativa, y en la misma el fiscal Vladimir M. negó conocer del hecho de corrupción.
ANTECEDENTES
De acuerdo con los antecedentes, tomando en cuenta que la pasante no es funcionaria, la misma sería imputada por el delito de “extorsión de particulares”.
Hasta el cierre de edición, el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, no se pronunció respecto de este hecho de corrupción.
El pasado jueves, el fiscal general, Ramiro Guerrero, inauguró el Nuevo Modelo de Gestión Fiscal y Fiscalía Corporativa en La Paz, con la finalidad de mejorar el ejercicio de la acción penal pública en la tramitación y procesamiento de los casos, con calidad, efectividad y oportunidad.
En esa ocasión, Blanco afirmó: “Con la implementación del Nuevo Modelo de Gestión Fiscal, desarrollaremos nuestras actividades en un ambiente de transparencia (por la puesta de vidrio que tiene esta instalación) materializando así el principio institucional de Fiscalía de puertas abiertas”, enfatizó.
El Nuevo Modelo de Gestión Fiscal busca la solución de conflictos, a través de una dirección funcional de la investigación estratégica e inteligente, que permita que el acceso a la justicia penal sea más oportuno, eficiente y efectivo, y que el debido proceso sirva para hacer justicia no para generar impunidad.
Thursday, August 4, 2016
FELCC aprehende a fiscal y asistente por extorsión de $us 1.000
(ABI).- El jefe de la División Económica Financiera de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, Erick Peralta, informó el jueves que se "aprehendió" al fiscal Vladimir Monje y a su asistente, por la presunta extorsión de 1.000 dólares.
"A raíz de la denuncia de la víctima de extorsión por funcionarios de la División Propiedades de la Fiscalía Departamental acudimos a las oficinas de manera inmediata y sorprendimos en flagrancia a la asistente recibiendo la suma de 1.000 como adelanto y aprehendimos a ambos", dijo el feje policial.
Indicó que por tratarse de un delito público se detuvo al Fiscal como también a su asistente y a otras personas, para establecer la participación directa e indirecta en el presunto delito.
Por su parte, el fiscal Monje dijo que desconoce lo sucedido, pero adelantó que se someterá a la investigación.
Peralta explicó que según la investigación preliminar, el 15 de junio la Policía secuestró "injustamente" un vehículo, situación que fue denunciada por la dueña y el Fiscal, ahora detenido, le pidió 1.000 dólares.
"A raíz de la denuncia de la víctima de extorsión por funcionarios de la División Propiedades de la Fiscalía Departamental acudimos a las oficinas de manera inmediata y sorprendimos en flagrancia a la asistente recibiendo la suma de 1.000 como adelanto y aprehendimos a ambos", dijo el feje policial.
Indicó que por tratarse de un delito público se detuvo al Fiscal como también a su asistente y a otras personas, para establecer la participación directa e indirecta en el presunto delito.
Por su parte, el fiscal Monje dijo que desconoce lo sucedido, pero adelantó que se someterá a la investigación.
Peralta explicó que según la investigación preliminar, el 15 de junio la Policía secuestró "injustamente" un vehículo, situación que fue denunciada por la dueña y el Fiscal, ahora detenido, le pidió 1.000 dólares.
Wednesday, August 3, 2016
Constitucionalista Ciro Añez: Notificación por correos electrónicos solamente se aplica a nivel nacional
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó el martes que en el transcurso de esta semana serán notificados, por segunda vez, a través de correos electrónicos a los periodistas Fernando del Rincón y Alex Ardines, de la cadena de noticias CNN, en el marco de la investigación de la trata de un niño al que entrevistaron como el supuesto hijo del presidente Evo Morales. (Sin embargo, no se difundió en CNN, por las dudas que les suscitó el caso, en consecuencia no se les se puede atribuirseles alguna violación legal, menos de atentar contra la libertad de expresión e información).
De acuerdo con el experto jurídico constitucionalista, Ciro Añez, la notificación por correo electrónico está permitida a nivel nacional, pero en el ámbito internacional la situación es distinta, ya que requiere de otro tipo de trámites, como el exhorto suplicatorio.
Explicó que hay dos formas de notificar a personas en el exterior, una vía es un acuerdo entre países, y la otra similar al proceso que se hizo con el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando el juez notificó al exmandatario con el juicio, a pedido de las autoridades judiciales de Bolivia.
CORREO
El fiscal dijo que en esta semana se citará a los periodistas a través de sus correos electrónicos, que es algo que está previsto en la Ley del Ministerio Público, la acción lo realizan en vista de que ellos no se han hecho presentes en una primera oportunidad.
Hace un par de semanas, los periodistas debían declarar en juzgados de La Paz, respecto al tema del supuesto hijo del presidente; las autoridades judiciales realizaron las investigaciones de trata y tráfico de personas, debido a que se utilizó a un menor de edad.
“Lamentablemente esa predisposición que mostraron en un momento, hoy se ha mostrado en una reticencia de no querer aportar, de no querer cooperar. Lamentamos mucho esa actitud que tienen estos periodistas y esa cadena de televisión”, agregó Guerrero.
Ambos periodistas fueron convocados a declarar en calidad de testigos el 21 y 22 de julio, pero no se presentaron al Ministerio Público. La Fiscalía espera que los citados informen sobre el contacto que sostuvieron con un menor que fue utilizado para suplantar al supuesto hijo del presidente Evo Morales y de su exnovia Gabriela Zapata.
DOCUMENTOS
Según la información del cuaderno de investigación, hay imágenes de video y fotografías que muestran a los periodistas de CNN recibiendo en un hotel de La Paz al supuesto hijo del mandatario boliviano junto a otras personas, señala ABI.
Por ese caso, cinco personas fueron aprehendidas por los delitos de trata y tráfico de personas, asociación delictuosa, obstrucción a la justicia y otros, la principal responsable se encuentra detenida, en el Penal de Miraflores, la expareja del presidente Morales, Gabriela Zapata.
DETENIDOS Y PRÓFUGOS
El 28 de febrero, Zapata fue enviada a la cárcel, detenida preventivamente, semanas después, el fiscal Edwin Blanco reveló documentos que probaban que el certificado de nacido vivo de supuesto hijo del Presidente había sido hecho de manera irregular, cuya información provocó alivio en filas del MAS.
Las acusaciones contra la principal responsable serían delitos de falsedad material y asociación delictuosa, en la que también estarían implicados la exdirectora de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, Cristina Choque, el responsable de almacenes Jimmy Morales y uno de los tres abogados de Zapata, el abogado prófugo Walter Zuleta.
De acuerdo con el experto jurídico constitucionalista, Ciro Añez, la notificación por correo electrónico está permitida a nivel nacional, pero en el ámbito internacional la situación es distinta, ya que requiere de otro tipo de trámites, como el exhorto suplicatorio.
Explicó que hay dos formas de notificar a personas en el exterior, una vía es un acuerdo entre países, y la otra similar al proceso que se hizo con el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando el juez notificó al exmandatario con el juicio, a pedido de las autoridades judiciales de Bolivia.
CORREO
El fiscal dijo que en esta semana se citará a los periodistas a través de sus correos electrónicos, que es algo que está previsto en la Ley del Ministerio Público, la acción lo realizan en vista de que ellos no se han hecho presentes en una primera oportunidad.
Hace un par de semanas, los periodistas debían declarar en juzgados de La Paz, respecto al tema del supuesto hijo del presidente; las autoridades judiciales realizaron las investigaciones de trata y tráfico de personas, debido a que se utilizó a un menor de edad.
“Lamentablemente esa predisposición que mostraron en un momento, hoy se ha mostrado en una reticencia de no querer aportar, de no querer cooperar. Lamentamos mucho esa actitud que tienen estos periodistas y esa cadena de televisión”, agregó Guerrero.
Ambos periodistas fueron convocados a declarar en calidad de testigos el 21 y 22 de julio, pero no se presentaron al Ministerio Público. La Fiscalía espera que los citados informen sobre el contacto que sostuvieron con un menor que fue utilizado para suplantar al supuesto hijo del presidente Evo Morales y de su exnovia Gabriela Zapata.
DOCUMENTOS
Según la información del cuaderno de investigación, hay imágenes de video y fotografías que muestran a los periodistas de CNN recibiendo en un hotel de La Paz al supuesto hijo del mandatario boliviano junto a otras personas, señala ABI.
Por ese caso, cinco personas fueron aprehendidas por los delitos de trata y tráfico de personas, asociación delictuosa, obstrucción a la justicia y otros, la principal responsable se encuentra detenida, en el Penal de Miraflores, la expareja del presidente Morales, Gabriela Zapata.
DETENIDOS Y PRÓFUGOS
El 28 de febrero, Zapata fue enviada a la cárcel, detenida preventivamente, semanas después, el fiscal Edwin Blanco reveló documentos que probaban que el certificado de nacido vivo de supuesto hijo del Presidente había sido hecho de manera irregular, cuya información provocó alivio en filas del MAS.
Las acusaciones contra la principal responsable serían delitos de falsedad material y asociación delictuosa, en la que también estarían implicados la exdirectora de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, Cristina Choque, el responsable de almacenes Jimmy Morales y uno de los tres abogados de Zapata, el abogado prófugo Walter Zuleta.
Monday, August 1, 2016
Ven una justicia politizada y débil Estado de derecho
A cinco días de los 191 años de la fundación de la patria, dos analistas observan que los puntos débiles son la justicia y los atentados a los derechos humanos.
Sin embargo, los especialistas también resaltan la estabilidad económica y la unidad de los bolivianos a pesar de las diferencias.
Justicia politizada. El politólogo, Carlos Cordero, dijo que a pocos días de las fiestas patrias, uno de los grandes problemas del país es la crisis judicial, que todavía se encuentra subordinada a intereses políticos partidarios.
“Esta situación está causando dolor en los bolivianos, ya que hay muchos exiliados y presos políticos y bolivianos que fallecen por la inseguridad ciudadana que golpea al territorio nacional”, afirmó. Cordero aclaró que a nivel económico hay estabilidad y bienestar colectivo, sin embargo, también esta sensación ciudadana está en los últimos tiempos con algunas señales de crisis, producto de la disminución de los ingresos.
Débil Estado de derecho. Por su parte, el cientista político, Diego Ayo, indicó que casi dos siglos de vida independiente, hay débil Estado de derecho.
Dijo que la nación creció en forma de espiral, es decir, subir bajando. Actualmente, comentó Ayo, el país está en descenso con un Estado de derecho al servicio de una pequeña casta política, polarización y una economía que empieza a desquebrajarse.
Mientras que a nivel integral a pesar de las divergencias sociales, observa a Bolivia como una nación sólida y unida.
Sin embargo, los especialistas también resaltan la estabilidad económica y la unidad de los bolivianos a pesar de las diferencias.
Justicia politizada. El politólogo, Carlos Cordero, dijo que a pocos días de las fiestas patrias, uno de los grandes problemas del país es la crisis judicial, que todavía se encuentra subordinada a intereses políticos partidarios.
“Esta situación está causando dolor en los bolivianos, ya que hay muchos exiliados y presos políticos y bolivianos que fallecen por la inseguridad ciudadana que golpea al territorio nacional”, afirmó. Cordero aclaró que a nivel económico hay estabilidad y bienestar colectivo, sin embargo, también esta sensación ciudadana está en los últimos tiempos con algunas señales de crisis, producto de la disminución de los ingresos.
Débil Estado de derecho. Por su parte, el cientista político, Diego Ayo, indicó que casi dos siglos de vida independiente, hay débil Estado de derecho.
Dijo que la nación creció en forma de espiral, es decir, subir bajando. Actualmente, comentó Ayo, el país está en descenso con un Estado de derecho al servicio de una pequeña casta política, polarización y una economía que empieza a desquebrajarse.
Mientras que a nivel integral a pesar de las divergencias sociales, observa a Bolivia como una nación sólida y unida.
En Tarija se registraron 15 denuncias contra juzgados
En el marco de las tareas de control y fiscalización que realiza el Consejo Nacional de la Magistratura para ver el desempeño de jueces vocales y funcionarios de apoyo judicial, en el último semestre se realizaron 250 inspecciones de juzgados en todo el país, entre los cuales se encontraron en Tarija 15 denuncias en el área jurisdiccional y 10 en la parte administrativa.
En el caso de Derechos Reales, fueron alrededor de 10 denuncias que fueron derivadas al juzgado sumariante para que establezca la sanción que corresponda.
Faltas
Según la miembro del Consejo de la Magistratura, Wilma Mamani Cruz, la falta más común y grave que cometen los jueces es el incumplimiento de los plazos procesales y la mayoría de las denuncias de la población son por la suspensión de audiencias.
En estos casos, cuando se recibe una queja, el Consejo del Magistratura remite la denuncia ante los jueces disciplinarios para que otorguen la sanción correspondiente, mientras que en los casos de delitos cometidos por autoridades judiciales o administrativas, estos son puestos en consideración del Ministerio Público, que es la instancia que se encarga de la investigación.
Mamani subrayó que la principal tarea de la Sala de Control y Fiscalización es prevenir y evitar posibles hechos de corrupción. De acuerdo a las faltas cometidas, unas denuncias son remitidas al área disciplinaria, otras, como el prevaricato, son enviadas al Ministerio Público porque ya se constituye en un delito.
También apuntó que otra falencia encontrada son las conminatorias, explicó que los jueces no las realizan para que el Ministerio Público establezca la acusación en un determinado caso o aplique el sobreseimiento, por lo que recomendó a estas dos instancias coordinar mejor en este sentido.
“La Sala de Control y Fiscalización no tiene el objetivo de hacer una persecución a los jueces –sostuvo-, esta existe para coadyuvar en la aplicación de la justicia, acompañada con políticas de prevención y capacitación”.
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