Labels
- Abogados
- Chuquisaca
- Cochabamba
- Codigo Penal
- CONARE
- Conciliadores
- Consejo de la Magistratura
- Corrupcion
- Cumbre Judicial
- EJE: Escuela de Jueces del Estado
- El Alto
- Elecciones Judiciales
- Fiscales
- Inmuebles
- Jueces
- Juicio Abreviado
- Justicia Comunitaria
- Juzgado Público
- Juzgados de Familia de la Niñez y Adolescencia
- La Paz
- Ministerio de Justicia
- Ministerio Público
- Notariado
- Noticias
- Oruro
- Pando
- Santa Cruz
- Sentencias Constitucionales
- TA: Tribunal Agroambiental
- Tarija
- TCP: Tribunal Constitucional Plurinacional
- TDJ: Tribunal Departamental de Justicia
- TSJ: Tribunal Supremo de Justicia
- Vehículo
- Videos
Friday, June 2, 2017
Cusi: cuestionan el número de jueces que votaron
Ataviado con un poncho ‘huayruru’ y con ropa oscura, el exmagistrado Gualberto Cusi acudió a escuchar la sentencia del juicio de responsabilidades que le instauró la Asamblea Plurinacional. Tal como estaba previsto, lo sentenciaron con la destitución definitiva; pero su defensa pidió de inmediato la comprobación de la votación, pedido que fue rechazado por el presidente del tribunal, José Alberto Gonzáles, quien cerró de inmediato la sesión.
Así llegó a su fin el juicio contra tres magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que se inició en 2014, luego que los jueces Ligia Velásquez, Soraide Chanez y Gualberto Cusi dejaran en suspenso la Ley del Notariado.
Cuando el presidente del tribunal pidió ponerse de pie a los senadores que estuvieran de acuerdo con la sanción, la bancada en pleno del MAS se puso de pie, excepto el senador potosino René Joaquino. En el recuento quedó claro que solo había 26 senadores en el hemiciclo al momento de la votación.
Siete senadores opositores, disminuyeron la cifra a 19 jueces con voto. Joaquino y Gonzáles no votaron, lo que significa que solo 17 senadores votaron por la condena.
El abogado Víctor Hugo Chávez pidió la comprobación del voto, pero no fue escuchado y, luego de la sesión, denunció que ellos contaron 27 senadores en sala en el momento de la audiencia, pero que nunca se conoció quiénes votaron por la condena a su cliente.
Los argumentos
El exmagistrado Cusi fue acusado de tres delitos: incumplimiento de deberes, prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes; según el tribunal no se probó el delito de incumplimiento de deberes, pero sí los otros dos cargos y por eso se decidió la destitución definitiva de Gualberto Cusi del cargo de magistrado del Tribunal Constitucional.
El presidente del tribunal señaló que debe notificarse con este fallo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y al TCP. No mencionó la remisión de los obrados a la justicia ordinaria. La exmagistrada Soraide Chanez recordó que lo mismo pasó en su caso y que luego fue notificada que está siendo procesada en la justicia ordinaria, junto con su excolega.
Afirmó que la sentencia que dieron anoche a Cusi es similar a la condena que ella recibió y dijo que ellos ya activaron la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que debe pronunciarse sobre este caso.
En la audiencia, Cusi dijo que el fiscal nunca pudo probar el daño que se hizo con la suspensión de la Ley del Notariado y que, si hubiera daño, debió pronunciarse la Procuraduría General del Estado y debía ser esta instancia la que enjuicie a los magistrados.
Asimismo, dijo que el exministro de Salud Juan Carlos Calvimontes reveló su enfermedad por orden del Gobierno de Evo Morales y que no fue una declaración aislada. La prueba de su afirmación fue que después de esa declaración el ministro fue ratificado.
“No pudo haber incumplimiento de deberes, porque su trabajo precisamente era velar por el cumplimiento de la Constitución y que ellos nunca dejaron sin efecto la ley porque había una ley anterior que seguía funcionando”, dijo.
La Fiscalía, a cargo del diputado Víctor Borda, declinó la dúplica y por esa razón se pasó directamente a la defensa material. La lectura íntegra de la sentencia se realizará el 9 de junio a las 10:00.
Para sobrellevar la carga procesal TDJO posesiona a once nuevos jueces
Este jueves en horas de la mañana, fueron posesionados 11 nuevos jueces en el departamento de Oruro, para cubrir las acefalías en juzgados de la capital y provincias, y de esta forma coadyuvar en la agilización de la administración de justicia y sobrellevar la carga procesal existente.
Similar acto de posesión se llevó adelante en todos los departamentos simultáneamente, en Oruro fueron cinco jueces mujeres y seis jueces varones, quienes por alrededor de tres años cursaron la Escuela de Jueces del Estado, convirtiéndose en la primera generación de egresados de dicha escuela.
"Estos jueces fueron posesionados y están destinados a los juzgados correspondientes en la capital, Huanuni, Caracollo, Salinas de Garci Mendoza y Sabaya, ciertamente se tenían acefalías, pero con las nuevas designaciones han ido llenándose los espacios correspondientes, de modo que la administración de justicia sea normal y continua con los nuevos jueces que entran en la carrera judicial", indicó el Decano y presidente en ejercicio del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro (TDJO), Bernardo Bernal.
Según la autoridad de justicia, dentro del sistema de justicia de Oruro aún existen necesidades de mayor creación de juzgados, y naturalmente la designación de nuevos jueces para alivianar la carga procesal que se tiene en el Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
Al momento de nombrar a los flamantes jueces, Bernal hizo referencia a que muchos de ellos tienen un amplio recorrido en la carrera judicial cumpliendo cargos y funciones en el TDJO, y en algunos casos no contaban con dicha trayectoria; sin embargo, se recalcó que todos, sin excepción, cursaron la Escuela de Jueces.
Las nuevas autoridades de justicia posesionados son: Janeth Gil, María del Carmen Bejarano, Julio Huarachi, Carlos Vallejos, Soraya Rodríguez, Mónica Camacho, Nils Choqueticlla, Arnold Campos, Omar Mollo, Santusa Pizarro, Adrián Jiménez.
"Es un tremendo reto el que se está iniciando para todos los egresados de la Escuela de Jueces, y uno de los principales valores que hemos podido acuñar es el principio de igualdad frente a la sociedad, principio de justicia, con la vanguardia y el estandarte de la Constitución Política del Estado, que encierra estos valores fundamentales que nos servirán como pilares para ejercer nuestra función jurisdiccional", reflexionó la nueva jueza del Tribunal de Sentencia Penal 1º, María del Carmen Bejarano.
Similar acto de posesión se llevó adelante en todos los departamentos simultáneamente, en Oruro fueron cinco jueces mujeres y seis jueces varones, quienes por alrededor de tres años cursaron la Escuela de Jueces del Estado, convirtiéndose en la primera generación de egresados de dicha escuela.
"Estos jueces fueron posesionados y están destinados a los juzgados correspondientes en la capital, Huanuni, Caracollo, Salinas de Garci Mendoza y Sabaya, ciertamente se tenían acefalías, pero con las nuevas designaciones han ido llenándose los espacios correspondientes, de modo que la administración de justicia sea normal y continua con los nuevos jueces que entran en la carrera judicial", indicó el Decano y presidente en ejercicio del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro (TDJO), Bernardo Bernal.
Según la autoridad de justicia, dentro del sistema de justicia de Oruro aún existen necesidades de mayor creación de juzgados, y naturalmente la designación de nuevos jueces para alivianar la carga procesal que se tiene en el Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
Al momento de nombrar a los flamantes jueces, Bernal hizo referencia a que muchos de ellos tienen un amplio recorrido en la carrera judicial cumpliendo cargos y funciones en el TDJO, y en algunos casos no contaban con dicha trayectoria; sin embargo, se recalcó que todos, sin excepción, cursaron la Escuela de Jueces.
Las nuevas autoridades de justicia posesionados son: Janeth Gil, María del Carmen Bejarano, Julio Huarachi, Carlos Vallejos, Soraya Rodríguez, Mónica Camacho, Nils Choqueticlla, Arnold Campos, Omar Mollo, Santusa Pizarro, Adrián Jiménez.
"Es un tremendo reto el que se está iniciando para todos los egresados de la Escuela de Jueces, y uno de los principales valores que hemos podido acuñar es el principio de igualdad frente a la sociedad, principio de justicia, con la vanguardia y el estandarte de la Constitución Política del Estado, que encierra estos valores fundamentales que nos servirán como pilares para ejercer nuestra función jurisdiccional", reflexionó la nueva jueza del Tribunal de Sentencia Penal 1º, María del Carmen Bejarano.
Experto argentino “En Bolivia existe ya una cultura arbitral”
Donde hay comercio e inversiones hay problemas de controversia dijo el experto argentino Diego Fernández, quien reconoció que en Bolivia se desarrolla con éxito la cultura del arbitraje para la resolución de controversias.
En un ámbito mayor sostuvo que la conciliación y el arbitraje en Latinoamérica está en crecimiento, existen nuevas construcciones de edificios comerciales y de inversión, lo que ocasiona a la par, un crecimiento de conflictos entre estados y usuarios arbitrales, sostuvo.
Al referirse al país, señaló que el nivel de las partes bolivianas en las conciliaciones y arbitrajes es bastante aceptable. Fernández, es codirector de Global Governance Studies, con sede en París y expositor en la IX Conferencia Latinoamericana de Arbitraje CLA 2017 que comenzó ayer en la sede de Gobierno y que concluirá hoy.
En el foro internacional participan expertos de Norte y Sud América y Europa. El evento tiene lugar en un céntrico hotel de la capital. En la jornada inaugural se abordan temas como: ‘Arbitraje, corrupción y transparencia’, ‘Arbitraje y Poder Judicial, una Relación Inevitable’, ‘El rol del derecho en el arbitraje internacional’, ‘La validez del acuerdo arbitral’, ‘Arbitraje y cuestiones procesales’ y ‘¿Qué futuro para el arbitraje entre el inversor y el Estado’, entre otros.
En un ámbito mayor sostuvo que la conciliación y el arbitraje en Latinoamérica está en crecimiento, existen nuevas construcciones de edificios comerciales y de inversión, lo que ocasiona a la par, un crecimiento de conflictos entre estados y usuarios arbitrales, sostuvo.
Al referirse al país, señaló que el nivel de las partes bolivianas en las conciliaciones y arbitrajes es bastante aceptable. Fernández, es codirector de Global Governance Studies, con sede en París y expositor en la IX Conferencia Latinoamericana de Arbitraje CLA 2017 que comenzó ayer en la sede de Gobierno y que concluirá hoy.
En el foro internacional participan expertos de Norte y Sud América y Europa. El evento tiene lugar en un céntrico hotel de la capital. En la jornada inaugural se abordan temas como: ‘Arbitraje, corrupción y transparencia’, ‘Arbitraje y Poder Judicial, una Relación Inevitable’, ‘El rol del derecho en el arbitraje internacional’, ‘La validez del acuerdo arbitral’, ‘Arbitraje y cuestiones procesales’ y ‘¿Qué futuro para el arbitraje entre el inversor y el Estado’, entre otros.
Posesionan a 34 nuevos jueces de La Paz
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Juan Lanchipa Ponce, posesionó ayer a 34 nuevos jueces de distintas materias que, luego de egresar de la Escuela de Jueces del Estado (EJE) y cumplir con los requisitos legales, reglamentarios, administrativos y académicos, fueron designados por el Consejo de la Magistratura.
“La figura del juez ha sido ideada para reemplazar la guerra privada en la que cada uno es parte, juez y verdugo. Si el juez va a cumplir su función, es fundamental que sea ajeno a los intereses de las partes”, reflexionó Lanchipa.
Por su lado, Orlando Rojas, en representación de las nuevas autoridades que juraron al cargo, agradeció a las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz por haber viabilizado este proceso de convocatoria, postulación, selección, designación y posesión. “Actuaremos en el marco de la ley y la ética porque somos hombres y mujeres de bien”, prometió Rojas.
LISTA
Las nuevas autoridades judiciales son: Leonor Ximena Quiroz Najar, juzgado mixto civil y comercial, de familia, de la niñez y adolescencia, de partido del trabajo y seguridad social e instrucción penal 1º de Puerto Carabuco; Porfirio Luis Cusi Cosme, juzgado público mixto civil y comercial, de familia, de la niñez y adolescencia, de partido del trabajo y seguridad social e instrucción penal 1º de San Andrés de Machaca; Mariela Pérez Sejas, Tribunal de sentencia penal 1º, juzgado de partido del trabajo y seguridad social y de sentencia penal de Achacachi.
También están: Gonzalo Enrique Montaño Durán, Tribunal de sentencia penal 9º de la capital; Héctor Quilla Vargas, juzgado de instrucción penal 7º de El Alto; Víctor Hugo Nicolás Aliaga Duran, juzgado publico civil y comercial 14º; Efraín Alejandro Calderón Paz, juzgado público civil y comercial 18º; David Kasa Quispe, juzgado público civil y comercial 23º.
Siguiendo con la nómina: Ana Peralta Mamani, juzgado de partido administrativo coactivo fiscal y tributario 1º; Michael Marcial Salazar Urquiza, Tribunal de sentencia penal 1º juzgado de partido de trabajo y seguridad social y de sentencia penal de Sica Sica; Ruth Blanca Rubín de Celis Salinas, juzgado público civil y comercial de partido del trabajo y seguridad social y de sentencia penal 1º de Pucarani; Luis Miguel Calderón Chuquimia, juzgado de partido del trabajo y seguridad social 1º.
Asimismo, José Luis Sanjinés Mamani en el tribunal de sentencia penal 4º de El Alto; Fernando Enrique Rivadeneyra Riveros en el juzgado de instrucción penal 6º; Félix Orlando Rojas Alcón, juzgado de instrucción penal 8º; Milenka Morayma Gutiérrez Antezana, juzgado de instrucción penal 2º de El Alto.
Continuando con la lista: Nilda Ortiz Arancibia, juzgado publico civil y comercial 2º; Sócrates Henry Lunasco Cusi, juzgado publico civil y comercial 3º; Amelia Juana Mujica Santalla, juzgado público de familia 1º; Edmy Roxana Villegas Taborga, juzgado público de familia 8º de El Alto; Mery Delma Toledo Mollinedo, juzgado de partido del trabajo y seguridad social 2º.
Lizzeth Ross Rocabado fue designada para el juzgado de partido del trabajo y seguridad social 3º; Aleida Betty Sanabria Soria, juzgado de partido del trabajo y seguridad social 6º; Patricia Mabel Aguilar Aguilar, Tribunal de sentencia anticorrupción y contra la violencia hacia la mujer 1º; Ramiro Ariel Julio Blanco Fuentes, juzgado público mixto civil y comercial, de familia, niñez y adolescencia e instrucción penal 1º distrito 1; Yobana Magui Mallea Miranda, juzgado publico civil y comercial 28º.
Así también, Patricia Eugenia Mendoza Murillo en el juzgado de sentencia penal 4º; Virginia Regina Santa Cruz Silva, juzgado de instrucción penal 9º; Sandra Marizol Rojas Salinas, Tribunal de sentencia penal 1º de El Alto; Claudia Clara Estrada Callisaya, Tribunal de sentencia penal 3º de El Alto.
Entretanto, Hugo Huacani Chambi fue designado para el juzgado de instrucción penal 11º; Lorena Maureen Camacho Ramírez, juzgado de instrucción penal 1º Viacha; Gabriela Luisaga Mamani, juzgado público mixto de familia de la niñez y adolescencia e instrucción penal 1º - Chulumani; Israel Corsino Peredo Guerrero, tribunal de sentencia penal 1º juzgado de partido de trabajo y seguridad social y de sentencia penal Caranavi.
“La figura del juez ha sido ideada para reemplazar la guerra privada en la que cada uno es parte, juez y verdugo. Si el juez va a cumplir su función, es fundamental que sea ajeno a los intereses de las partes”, reflexionó Lanchipa.
Por su lado, Orlando Rojas, en representación de las nuevas autoridades que juraron al cargo, agradeció a las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz por haber viabilizado este proceso de convocatoria, postulación, selección, designación y posesión. “Actuaremos en el marco de la ley y la ética porque somos hombres y mujeres de bien”, prometió Rojas.
LISTA
Las nuevas autoridades judiciales son: Leonor Ximena Quiroz Najar, juzgado mixto civil y comercial, de familia, de la niñez y adolescencia, de partido del trabajo y seguridad social e instrucción penal 1º de Puerto Carabuco; Porfirio Luis Cusi Cosme, juzgado público mixto civil y comercial, de familia, de la niñez y adolescencia, de partido del trabajo y seguridad social e instrucción penal 1º de San Andrés de Machaca; Mariela Pérez Sejas, Tribunal de sentencia penal 1º, juzgado de partido del trabajo y seguridad social y de sentencia penal de Achacachi.
También están: Gonzalo Enrique Montaño Durán, Tribunal de sentencia penal 9º de la capital; Héctor Quilla Vargas, juzgado de instrucción penal 7º de El Alto; Víctor Hugo Nicolás Aliaga Duran, juzgado publico civil y comercial 14º; Efraín Alejandro Calderón Paz, juzgado público civil y comercial 18º; David Kasa Quispe, juzgado público civil y comercial 23º.
Siguiendo con la nómina: Ana Peralta Mamani, juzgado de partido administrativo coactivo fiscal y tributario 1º; Michael Marcial Salazar Urquiza, Tribunal de sentencia penal 1º juzgado de partido de trabajo y seguridad social y de sentencia penal de Sica Sica; Ruth Blanca Rubín de Celis Salinas, juzgado público civil y comercial de partido del trabajo y seguridad social y de sentencia penal 1º de Pucarani; Luis Miguel Calderón Chuquimia, juzgado de partido del trabajo y seguridad social 1º.
Asimismo, José Luis Sanjinés Mamani en el tribunal de sentencia penal 4º de El Alto; Fernando Enrique Rivadeneyra Riveros en el juzgado de instrucción penal 6º; Félix Orlando Rojas Alcón, juzgado de instrucción penal 8º; Milenka Morayma Gutiérrez Antezana, juzgado de instrucción penal 2º de El Alto.
Continuando con la lista: Nilda Ortiz Arancibia, juzgado publico civil y comercial 2º; Sócrates Henry Lunasco Cusi, juzgado publico civil y comercial 3º; Amelia Juana Mujica Santalla, juzgado público de familia 1º; Edmy Roxana Villegas Taborga, juzgado público de familia 8º de El Alto; Mery Delma Toledo Mollinedo, juzgado de partido del trabajo y seguridad social 2º.
Lizzeth Ross Rocabado fue designada para el juzgado de partido del trabajo y seguridad social 3º; Aleida Betty Sanabria Soria, juzgado de partido del trabajo y seguridad social 6º; Patricia Mabel Aguilar Aguilar, Tribunal de sentencia anticorrupción y contra la violencia hacia la mujer 1º; Ramiro Ariel Julio Blanco Fuentes, juzgado público mixto civil y comercial, de familia, niñez y adolescencia e instrucción penal 1º distrito 1; Yobana Magui Mallea Miranda, juzgado publico civil y comercial 28º.
Así también, Patricia Eugenia Mendoza Murillo en el juzgado de sentencia penal 4º; Virginia Regina Santa Cruz Silva, juzgado de instrucción penal 9º; Sandra Marizol Rojas Salinas, Tribunal de sentencia penal 1º de El Alto; Claudia Clara Estrada Callisaya, Tribunal de sentencia penal 3º de El Alto.
Entretanto, Hugo Huacani Chambi fue designado para el juzgado de instrucción penal 11º; Lorena Maureen Camacho Ramírez, juzgado de instrucción penal 1º Viacha; Gabriela Luisaga Mamani, juzgado público mixto de familia de la niñez y adolescencia e instrucción penal 1º - Chulumani; Israel Corsino Peredo Guerrero, tribunal de sentencia penal 1º juzgado de partido de trabajo y seguridad social y de sentencia penal Caranavi.
Presidenta del TSE: En riesgo elecciones judiciales
La reducción de presupuesto al Órgano Electoral Plurinacional (OEP), de más de 49 millones de bolivianos, pone en riesgo la administración de las elecciones judiciales de octubre, advirtió la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona.
“La reducción de más de 49 millones de bolivianos al presupuesto del Órgano Electoral, presentado al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para llevar adelante las elecciones judiciales, pondría en riesgo este proceso electoral, previsto para el 22 de octubre”, aseguró la autoridad.
PRESUPUESTO REQUERIDO
El presupuesto solicitado, en septiembre de 2016, por el OEP al Ministerio de Economía, para el cumplimiento del calendario electoral, fue de Bs 155.564.191, monto que se anunció en la convocatoria a las elecciones para el Órgano Judicial.
Sin embargo, según la aprobación del Sistema de Gestión Pública (Sigep), del 24 de mayo, la cartera de Estado financiero definió la reducción a un monto de Bs. 106.448. 314.
Uriona sostuvo que aquel recorte es preocupante, porque afecta, de manera significativa, a la parte logística, como es la elaboración de materiales, papeletas y a las ánforas de votación.
La reducción presupuestaria también afectará al desarrollo de una campaña de difusión de los perfiles de las candidatas y candidatos que participarán del proceso electoral. Este aspecto es importante, porque la gente necesita emitir su voto de manera informada, subrayó la presidenta del TSE.
OTRAS REDUCCIONES
Según información del TSE, de 42 partidas presupuestarias del presupuesto enviado por el OEP a Ministerio de Economía, 32 sufrieron recortes presupuestarios. Estas partidas están destinadas a llevar adelante la elección de Altas Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional que, como consta en el calendario electoral, prevé alrededor de 60 actividades a nivel nacional.
El TSE realiza nuevas gestiones para que el presupuesto pueda ser repuesto y garantizar las competencias asignadas en la administración y gestión de la Elecciones Judiciales, en el marco de lo establecido en la actual normativa electoral.
“La reducción de más de 49 millones de bolivianos al presupuesto del Órgano Electoral, presentado al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para llevar adelante las elecciones judiciales, pondría en riesgo este proceso electoral, previsto para el 22 de octubre”, aseguró la autoridad.
PRESUPUESTO REQUERIDO
El presupuesto solicitado, en septiembre de 2016, por el OEP al Ministerio de Economía, para el cumplimiento del calendario electoral, fue de Bs 155.564.191, monto que se anunció en la convocatoria a las elecciones para el Órgano Judicial.
Sin embargo, según la aprobación del Sistema de Gestión Pública (Sigep), del 24 de mayo, la cartera de Estado financiero definió la reducción a un monto de Bs. 106.448. 314.
Uriona sostuvo que aquel recorte es preocupante, porque afecta, de manera significativa, a la parte logística, como es la elaboración de materiales, papeletas y a las ánforas de votación.
La reducción presupuestaria también afectará al desarrollo de una campaña de difusión de los perfiles de las candidatas y candidatos que participarán del proceso electoral. Este aspecto es importante, porque la gente necesita emitir su voto de manera informada, subrayó la presidenta del TSE.
OTRAS REDUCCIONES
Según información del TSE, de 42 partidas presupuestarias del presupuesto enviado por el OEP a Ministerio de Economía, 32 sufrieron recortes presupuestarios. Estas partidas están destinadas a llevar adelante la elección de Altas Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional que, como consta en el calendario electoral, prevé alrededor de 60 actividades a nivel nacional.
El TSE realiza nuevas gestiones para que el presupuesto pueda ser repuesto y garantizar las competencias asignadas en la administración y gestión de la Elecciones Judiciales, en el marco de lo establecido en la actual normativa electoral.
Cusi: En el TCP teníamos que consultar a jerarcas del MAS
Gualberto Cusi, durante su defensa, reveló que existe injerencia del Órgano Ejecutivo en la administración de justicia, incluso en la designación de la presidencia del ente constitucional cuando él era parte de los magistrados electos para la gestión 2011 - 2018.
“Para nombrar al presidente del TCP teníamos que consultar a los jerarcas del MAS, en este caso, en su momento, Rudy Flores de manera hábil y estratégica se alió con Héctor Arce”, reveló Cusi ante el tribunal de sentencia y el presidente de la Cámara Alta, José Gonzales.
Cusi citó al actual ministro de Justicia, Héctor Arce, y a la exministra del área Cecilia Ayllón, como funcionarios que estaban en permanente contacto con los magistrados para definir juicios e incluso designar cargos como sucedió con la presidencia del TCP.
Durante su labor como magistrado constituyente también tuvo presiones para designar a sus asesores desde las llamadas “organizaciones sociales” que son el brazo operativo del Gobierno.
“El MAS sabe, conoce y está metido cien por cien en la actividades jurisdiccionales, pero yo decía a mí me ha elegido el pueblo, acaso me ha elegido el MAS. Al ingresar decía cuál era mi función, defender la constitución, los derechos y garantías de las personas”, agregó enérgico.
Tras casi dos horas de defensa oral, Cusi se refirió a las elecciones judiciales convocadas para octubre, que será la segunda experiencia democrática para designar a los altos cargos del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. Aseguró que el proceso es político y controlado desde el oficialismo tal como pasó en la primera gestión de magistrados que fueron electos por voto en 2010.
Cusi considera que esta nueva convocatoria a elección de magistrados, cuyo mandato será de seis años a partir de 2018, no servirá para cambiar o mejorar la justicia, ni siquiera incluir a los pueblos originarios y la jurisdicción indígena que hoy solo sirven de discurso político.(Visor Bolivia)
“Para nombrar al presidente del TCP teníamos que consultar a los jerarcas del MAS, en este caso, en su momento, Rudy Flores de manera hábil y estratégica se alió con Héctor Arce”, reveló Cusi ante el tribunal de sentencia y el presidente de la Cámara Alta, José Gonzales.
Cusi citó al actual ministro de Justicia, Héctor Arce, y a la exministra del área Cecilia Ayllón, como funcionarios que estaban en permanente contacto con los magistrados para definir juicios e incluso designar cargos como sucedió con la presidencia del TCP.
Durante su labor como magistrado constituyente también tuvo presiones para designar a sus asesores desde las llamadas “organizaciones sociales” que son el brazo operativo del Gobierno.
“El MAS sabe, conoce y está metido cien por cien en la actividades jurisdiccionales, pero yo decía a mí me ha elegido el pueblo, acaso me ha elegido el MAS. Al ingresar decía cuál era mi función, defender la constitución, los derechos y garantías de las personas”, agregó enérgico.
Tras casi dos horas de defensa oral, Cusi se refirió a las elecciones judiciales convocadas para octubre, que será la segunda experiencia democrática para designar a los altos cargos del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. Aseguró que el proceso es político y controlado desde el oficialismo tal como pasó en la primera gestión de magistrados que fueron electos por voto en 2010.
Cusi considera que esta nueva convocatoria a elección de magistrados, cuyo mandato será de seis años a partir de 2018, no servirá para cambiar o mejorar la justicia, ni siquiera incluir a los pueblos originarios y la jurisdicción indígena que hoy solo sirven de discurso político.(Visor Bolivia)
Senado destituye a Cusi y este anuncia juicio contra el Estado
“Sentenciado por Evo” era la leyenda de un cartel que llevaba en el pecho, Gualberto Cusi, al momento de escuchar de pie el fallo final en el juicio de responsabilidades que impulsó el Senado cuyo Tribunal de Sentencia determinó destituirlo de su cargo como magistrado del Tribunal Constitucional.
Dicha instancia legislativa dictó “sentencia sancionatoria” por los delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, por haber dejado en suspenso la Ley del Notariado. Empero, lo liberó del delito de incumplimiento de deberes.
Después de conocerse el fallo Cusi anunció que presentará una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado boliviano por la vulneración de sus derechos.
El juicio de responsabilidades contra el exmagistrado duró dos años y seis meses, la sentencia fue leída ayer al promediar las 19.08 por el presidente del Senado, José Alberto Gonzales. Tras determinar que la sentencia los asambleístas abandonaron rápidamente las instalaciones del hemiciclo, sin emitir declaraciones.
SENTENCIA
El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, leyó el fallo correspondiente. En la primera parte se dictó la “sentencia absolutoria” por el delito de incumplimiento de deberes, porque no se aportaron los elementos suficientes para generar convicción respecto a este ilícito.
Seguidamente se dictó sentencia sancionatoria por revaricato y resoluciones contrarias a la Constitución, donde se determinó la destitución definitiva de su cargo, tal como lo establece la Ley 044 de Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público.
Tras la lectura de la sentencia, Gonzales pidió a los senadores que estén de acuerdo con este dictamen se pongan de pie, tomando en cuenta que se debe contar con dos tercios para aprobar esta resolución. Todos los senadores del MAS se pusieron de pie, menos el senador oficialista René Joaquino. Los opositores permanecieron sentados.
La defensa de Cusi pidió que se determine el número exacto de legisladores que apoyaron esta resolución y esta no fue cuantificada. “Nosotros hemos contado que no llegaba a los dos tercios por eso pedimos al Presidente que nos indique el número exacto, se negó indicarnos la existencia de dos tercios”, explicó el abogado Víctor Hugo Chávez.
La lectura íntegra de la sentencia se realizará el próximo viernes 9 de junio, debido a que los senadores titulares habilitarán a sus suplentes del 2 al 8 de junio, puesto que los mencionados deben cumplir a sus regiones para cumplir con otras actividades. Pasada esta fecha la defensa del exmagistrado presentará la impugnación a este dictamen, en un plazo de 15 días tal como lo estable el procedimiento.
A la vez, mientras dure la etapa de apelación y no se cuente con una sentencia ejecutoriada el exmagistrado no podrá ejercer su profesión de abogado ni tampoco puede optar por un cargo en instituciones públicas.
JUICIO POLÍTICO
El abogado Williams Bascopé resaltó que este juicio de responsabilidades es de carácter político, debido a que es una sentencia injusta donde se vulneró la Constitución Política del Estado.
“Sentenciaron a una persona inocente por decisión jerárquica de los altos poderes de este gobierno, es un día oscuro para las páginas de la justicia, porque un magistrado que defendió la democracia y la libertad es juzgado por órdenes del presidente Evo Morales”
PROCESO
En 2014, junto a las magistradas Soraida Chánez y Ligia Velásquez admitieron un auto constitucional, el cual paralizó la vigencia de la ley del Notariado. Ante esto, el Gobierno denunció que la suspensión del sistema notarial originó daños y perjuicios, por lo que abrió un juicio de responsabilidades.
Los tres meses fueron suspendidos del cargo. El 4 de noviembre de ese año se instaló el juicio. Velásquez renunció en enero de 2015 y evitó el juicio, mientras que el mismo mes, en juicio, Chánez fue destituida tras haber sido hallada culpable.
VOTARON A FAVOR
Del MAS: Milton Barón, Nélida Sifuentes, Rubén Medinaceli, Pedro Montes, Ciro Zabala, Ancelma Perlacios, Mónica Copa, Plácida Espinoza, Jorge Choque, Fernando Ferreira, Omar Aguilar, Efraín Chambi, Noemí Díaz, Milciades Peñaloza, Lineth Guzmán, Germán Isla, Felipa Merino, José Alberto Gonzales tiene el rol de presidente.
VOTARON EN CONTRA
Por UD: Arturo Murillo, Jeanine Añez, Oscar Ortiz, María Elba Pinker, Carmen Eva Gonzales, Omar Menacho, Patricia Gómez (PDC) y René Joaquino (MAS).
Dicha instancia legislativa dictó “sentencia sancionatoria” por los delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, por haber dejado en suspenso la Ley del Notariado. Empero, lo liberó del delito de incumplimiento de deberes.
Después de conocerse el fallo Cusi anunció que presentará una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado boliviano por la vulneración de sus derechos.
El juicio de responsabilidades contra el exmagistrado duró dos años y seis meses, la sentencia fue leída ayer al promediar las 19.08 por el presidente del Senado, José Alberto Gonzales. Tras determinar que la sentencia los asambleístas abandonaron rápidamente las instalaciones del hemiciclo, sin emitir declaraciones.
SENTENCIA
El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, leyó el fallo correspondiente. En la primera parte se dictó la “sentencia absolutoria” por el delito de incumplimiento de deberes, porque no se aportaron los elementos suficientes para generar convicción respecto a este ilícito.
Seguidamente se dictó sentencia sancionatoria por revaricato y resoluciones contrarias a la Constitución, donde se determinó la destitución definitiva de su cargo, tal como lo establece la Ley 044 de Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público.
Tras la lectura de la sentencia, Gonzales pidió a los senadores que estén de acuerdo con este dictamen se pongan de pie, tomando en cuenta que se debe contar con dos tercios para aprobar esta resolución. Todos los senadores del MAS se pusieron de pie, menos el senador oficialista René Joaquino. Los opositores permanecieron sentados.
La defensa de Cusi pidió que se determine el número exacto de legisladores que apoyaron esta resolución y esta no fue cuantificada. “Nosotros hemos contado que no llegaba a los dos tercios por eso pedimos al Presidente que nos indique el número exacto, se negó indicarnos la existencia de dos tercios”, explicó el abogado Víctor Hugo Chávez.
La lectura íntegra de la sentencia se realizará el próximo viernes 9 de junio, debido a que los senadores titulares habilitarán a sus suplentes del 2 al 8 de junio, puesto que los mencionados deben cumplir a sus regiones para cumplir con otras actividades. Pasada esta fecha la defensa del exmagistrado presentará la impugnación a este dictamen, en un plazo de 15 días tal como lo estable el procedimiento.
A la vez, mientras dure la etapa de apelación y no se cuente con una sentencia ejecutoriada el exmagistrado no podrá ejercer su profesión de abogado ni tampoco puede optar por un cargo en instituciones públicas.
JUICIO POLÍTICO
El abogado Williams Bascopé resaltó que este juicio de responsabilidades es de carácter político, debido a que es una sentencia injusta donde se vulneró la Constitución Política del Estado.
“Sentenciaron a una persona inocente por decisión jerárquica de los altos poderes de este gobierno, es un día oscuro para las páginas de la justicia, porque un magistrado que defendió la democracia y la libertad es juzgado por órdenes del presidente Evo Morales”
PROCESO
En 2014, junto a las magistradas Soraida Chánez y Ligia Velásquez admitieron un auto constitucional, el cual paralizó la vigencia de la ley del Notariado. Ante esto, el Gobierno denunció que la suspensión del sistema notarial originó daños y perjuicios, por lo que abrió un juicio de responsabilidades.
Los tres meses fueron suspendidos del cargo. El 4 de noviembre de ese año se instaló el juicio. Velásquez renunció en enero de 2015 y evitó el juicio, mientras que el mismo mes, en juicio, Chánez fue destituida tras haber sido hallada culpable.
VOTARON A FAVOR
Del MAS: Milton Barón, Nélida Sifuentes, Rubén Medinaceli, Pedro Montes, Ciro Zabala, Ancelma Perlacios, Mónica Copa, Plácida Espinoza, Jorge Choque, Fernando Ferreira, Omar Aguilar, Efraín Chambi, Noemí Díaz, Milciades Peñaloza, Lineth Guzmán, Germán Isla, Felipa Merino, José Alberto Gonzales tiene el rol de presidente.
VOTARON EN CONTRA
Por UD: Arturo Murillo, Jeanine Añez, Oscar Ortiz, María Elba Pinker, Carmen Eva Gonzales, Omar Menacho, Patricia Gómez (PDC) y René Joaquino (MAS).
Subscribe to:
Posts (Atom)

