El ex juez del Tribunal Segundo de Sentencia del Distrito Judicial de Pando, Francisco Romero, reveló que a muchos jueces en el departamento les tiemblan la mano a la hora de emitir determinadas sentencias, motivo por la cual presentan disidencias o abstenciones, situación que afecta a la imagen de la justicia.
Después de 20 años como funcionario judicial en la capital pandina, Romero renunció a su cargo –durante la primera semana de mayo de la presente gestión- cansado de la excesiva carga procesal que le tocó sobrellevar por varias gestiones, al extremo de afectar a su salud que le obligó a culminar su participación en el Tribunal de Justicia de Pando. A continuación reflejamos una entrevista con el ex operador de justicia:
–Perla del Acre (P.A.) ¿Dr. le sacaron o renunció a su cargo?
—Francisco Romero (F.R.) “He renunciado de manera irrevocable al cargo de Juez Técnico del Tribunal Segundo de Sentencia, por la excesiva carga procesal, las suplencias legales han complicado los roles de audiencias y no entiendo por qué solo se han fijado en este juzgador, por día me tocaba atender tres hasta cuatro audiencias, entonces la capacidad humana tiene un límite, en mi caso superó y afectó a mi salud”.
–P.A. ¿Cuán difícil es ser juez?
—F.R. “Entiendo de que la conducción de las audiencias necesita de una dedicación especial, de leer los cuadernos procesales para responder de mejor manera a las partes que tienen intereses contrapuestos en una audiencia, ya sea de parte del ministerio público o de parte de la defensa, entonces requieren ciertas habilidades naturales que solamente el tiempo y la preparación del juzgador pueden responder en ese momento”.
–¿Cuántos años en la institución judicial?
—F.R. “Trabajé alrededor de 20 años, he sido el primer Secretario Abogado que ha tenido el departamento de Pando, Secretario de la Cámara de la Sala Civil, Secretario de Presidencia, Juez Instructor en Materia Penal, Juez de Sustancias Controladas, Liquidador y miembro del Tribunal de Sentencia por más de diez años”.
–P.A. ¿Cómo juez fuiste implacable al momento de emitir sentencias?
—F.R. “En su momento sí, porque si algo tiene que tener un juzgador es que no le debe temblar la mano cuando tiene que aplicar justicia, yo he trabajado en un estricto apego a la ley. Con la bendición de Dios, he tenido una carrera lo más próximo a la verdad”.
–P.A. ¿Hay jueces que les tiembla la mano a la hora de emitir algunos fallos?
—F.R. “A muchísimos jueces les tiembla la mano a la hora de tomar decisiones, por esa razón se presentan las disidencias o abstenciones, situación que desde mi punto de vista no me parece muy ético. En la justicia siempre se debe definir si es blanco o negro, en la justicia no hay grises ni plomos”.
–P.A. ¿Cómo calificas a los jueces que deciden abstenerse en determinados casos?
—F.R. “Es un problema de conciencia, no se puede dudar cuando se tiene que hacer algo y quien lo duda no debe estar en un cargo público, no puedes abstenerte, no puedes ser disidente, un juez tiene que decir y hacer lo que la ley manda, sí o no, blanco o negro, culpable o inocente, no hay medias tintas, lo decides en ese momento o no lo decides”.
–P.A. ¿Cuáles fueron los procesos polémicos que te tocó atender?
—F.R. “Han habido muchos procesos, como el caso del exfiscal de distrito Bladimir Lazcano, el asesinato de Jorge Nuñez, los casos del exprefecto Leopoldo Fernández, Mauro Vásquez y otros casos más que han causado mucha repercusión en la población pandina y en todo el país, estos casos complejos han pasado por manos de este juzgador y logramos aplicar lo que corresponde conforme a ley, con la bendición de Dios”.
–P.A. ¿Porque nuestra justicia está mal vista?
—F.R. “Porque hay decisiones ambiguas, decisiones mediocres de algunos jueces, donde no se habla a la gente que está en la audiencia, por eso la justicia no es creíble en Bolivia, porque la justicia tiene que llegar al ciudadano, tiene que explicarle porque un juez lo está sentenciando, cual la razón de su decisión. Es como cuando un profesor explica a sus alumnos y todos quedan contentos, también en la administración de justicia existe esa situación”.
–P.A. ¿No hay jueces corruptos?
—F.R. “En eso no podría señalar a nadie, pero la historia de la administración de justicia en Bolivia ha demostrado que sí hay muchos jueces corruptos, que sí hay muchos jueces que están negociando tras bambalinas los fallos que se puedan dar, por eso a veces se dan algunas disidencias. La corrupción es un mal endémico de nuestra justicia, es una verdad que no se la puede ocultar, pero la corrupción no está en los administradores de justicia, está en los elementos de base”.
–P.A. ¿Después de tanto tiempo como funcionario judicial, estás tranquilo?
—F.R. “Estoy tranquilo, salí del Tribual de Justicia con la frente en alto, con el deber cumplido, porque he trabajado en estricto apego a la ley. Ahora trataré de recuperar mi salud porque está sumamente deteriorada. Estoy gradecido al pueblo pandino que me ha permitido trabajar como 20 años en la administración de justicia y desde esa perspectiva se cierra este ciclo y con la bendición de Dios se abrirán también otras expectativas”, concluyó Francisco Romero.
Friday, June 16, 2017
Thursday, June 15, 2017
Esposa de exfiscal Quispe es enviada a la cárcel
Mery Limachi, esposa del exfiscal Humberto Quispe, fue remitida con detención preventiva al Centro de Orientación Femenina de Obrajes (COF) imputada por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, debido a que acumuló de manera irregular bienes inmuebles, vehículos y joyas que están valuadas en medio millón, según fundamentación de la fiscalía.
Según la fundamentación de la fiscal, Magaly Bustamante, en septiembre de 2013, Quispe registra un caso en la fiscalía de la zona Sur, donde figura como víctima de robo agravado, con la finalidad de legitimar esas propiedades. Quispe fue fiscal de materia durante el período 2011-2015 montó varios operativos, donde realizó incautaciones de objetos de valor, propiedades y “volteos” de dinero.
El robo habría ocurrido el 15 de septiembre en Mallasilla, Limachi denunció que cuatro presuntos antisociales ingresaron a su casa y se llevaron varios objetos de valor, entre ellos una cámara fotográfica, dos laptops HP, joyas de oro, tres reproductores de Blue Ray, relojes de marca y al menos Bs 13.000 en efectivo.
El caso fue resulto en tres días y gracias a la orden de un juez se le devolvieron los objetos de valor que supuestamente le robaron.
La audiencia se instaló a las 15.30 horas en el juzgado tercero anticorrupción a cargo de la juez Claudio Castro, en dicha audiencia la fiscalía, también estableció que Limachi se apropió de dos bienes inmuebles, joyas y otros objetos de valor que están valuados en aproximadamente medio millón de dólares.
Los reportes de la Contraloría General del Estado develaron que las joyas fueron empeñadas en la casa de préstamos “Prendamas” y vendió una casa, del cual Bs 50 mil fueron destinados a nombre de su madre.
La sindicada se presentó a la audiencia de medidas cautelares acompañada por cuatro abogados, quienes negaron las argumentaciones de la fiscalía y señalaron que los recursos que el patrimonio que tiene acumulado es por su trabajo, puesto que es comerciante.
Según la fundamentación de la fiscal, Magaly Bustamante, en septiembre de 2013, Quispe registra un caso en la fiscalía de la zona Sur, donde figura como víctima de robo agravado, con la finalidad de legitimar esas propiedades. Quispe fue fiscal de materia durante el período 2011-2015 montó varios operativos, donde realizó incautaciones de objetos de valor, propiedades y “volteos” de dinero.
El robo habría ocurrido el 15 de septiembre en Mallasilla, Limachi denunció que cuatro presuntos antisociales ingresaron a su casa y se llevaron varios objetos de valor, entre ellos una cámara fotográfica, dos laptops HP, joyas de oro, tres reproductores de Blue Ray, relojes de marca y al menos Bs 13.000 en efectivo.
El caso fue resulto en tres días y gracias a la orden de un juez se le devolvieron los objetos de valor que supuestamente le robaron.
La audiencia se instaló a las 15.30 horas en el juzgado tercero anticorrupción a cargo de la juez Claudio Castro, en dicha audiencia la fiscalía, también estableció que Limachi se apropió de dos bienes inmuebles, joyas y otros objetos de valor que están valuados en aproximadamente medio millón de dólares.
Los reportes de la Contraloría General del Estado develaron que las joyas fueron empeñadas en la casa de préstamos “Prendamas” y vendió una casa, del cual Bs 50 mil fueron destinados a nombre de su madre.
La sindicada se presentó a la audiencia de medidas cautelares acompañada por cuatro abogados, quienes negaron las argumentaciones de la fiscalía y señalaron que los recursos que el patrimonio que tiene acumulado es por su trabajo, puesto que es comerciante.
Wednesday, June 14, 2017
Imputan a esposa de exfiscal Quispe e investigan otro proceso montado
Mery Limachi, esposa del exfiscal Humberto Quispe, fue aprehendida e imputada por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, adquiridas por la exautoridad en operativos y procesos penales montados, por los que logró acumular una gran cantidad de bienes inmuebles y vehículos, según los indicios presentados por la Fiscalía.
Según la relación de hechos, durante su corta gestión (2011 - 2015) como fiscal de materia, Quispe protagonizó varios “volteos” de dinero y realizó innumerables operativos, con apoyo de efectivos de inteligencia, allanamientos, aprehensiones y secuestro de objetos de valor, incluidas joyas y dinero en efectivo.
Con el fin de legitimar lo incautado y apropiarse de objetos no reclamados, en septiembre de 2013, Quispe, como fiscal en la zona Sur, inicia el proceso con el número de registro en la Fiscalía ZSR1809/13, en el que figura como víctima de robo agravado, quien en 2014 sería su esposa Mery Limachi, pero ya tenía otra relación, según se verifica con la fecha del certificado de nacimiento de uno de sus hijos.
Según los documentos a los que accedió EL DIARIO, el caso fue puesto en conocimiento del juez octavo cautelar, Orlando Rojas, y durante el proceso investigativo esta autoridad emitió para Quispe ocho órdenes de allanamiento.
Ante las denuncias por extorsión y la destitución de Quispe de la Fiscalía, en febrero de 2015, el caso pasó a manos del fiscal de materia, también de la zona Sur, Carlos Michel Andrade (destituido en marzo de 2015), quien presentó acusación formal contra cinco personas y el proceso fue remitido al tribunal quinto de sentencia, donde al momento se encuentra paralizado.
La denuncia señala que lo irregular de este caso es que en la fiscalía no figura el registro de ese caso, por lo que se pone en duda la legalidad de las acciones de todas las autoridades que intervinieron.
Este es uno de los indicios que hoy, en la audiencia cautelar, será expuesto ante el juez, donde se pedirá la detención preventiva de Limachi, quien a la fecha no ha logrado explicar el origen de cerca de un millón de dólares, que es el cálculo que se hace sobre su patrimonio, entre bienes inmuebles y vehículos, que fueron puestos a nombre de terceros, con el fin de camuflar el ilícito.
En los documentos se verifica la contradicción en la defensa de Quispe, pues niegan ser propietarios de inmuebles, pero los mismos inmuebles, aparecen en la denuncia del supuesto caso montado con su esposa.
Según la relación de hechos, durante su corta gestión (2011 - 2015) como fiscal de materia, Quispe protagonizó varios “volteos” de dinero y realizó innumerables operativos, con apoyo de efectivos de inteligencia, allanamientos, aprehensiones y secuestro de objetos de valor, incluidas joyas y dinero en efectivo.
Con el fin de legitimar lo incautado y apropiarse de objetos no reclamados, en septiembre de 2013, Quispe, como fiscal en la zona Sur, inicia el proceso con el número de registro en la Fiscalía ZSR1809/13, en el que figura como víctima de robo agravado, quien en 2014 sería su esposa Mery Limachi, pero ya tenía otra relación, según se verifica con la fecha del certificado de nacimiento de uno de sus hijos.
Según los documentos a los que accedió EL DIARIO, el caso fue puesto en conocimiento del juez octavo cautelar, Orlando Rojas, y durante el proceso investigativo esta autoridad emitió para Quispe ocho órdenes de allanamiento.
Ante las denuncias por extorsión y la destitución de Quispe de la Fiscalía, en febrero de 2015, el caso pasó a manos del fiscal de materia, también de la zona Sur, Carlos Michel Andrade (destituido en marzo de 2015), quien presentó acusación formal contra cinco personas y el proceso fue remitido al tribunal quinto de sentencia, donde al momento se encuentra paralizado.
La denuncia señala que lo irregular de este caso es que en la fiscalía no figura el registro de ese caso, por lo que se pone en duda la legalidad de las acciones de todas las autoridades que intervinieron.
Este es uno de los indicios que hoy, en la audiencia cautelar, será expuesto ante el juez, donde se pedirá la detención preventiva de Limachi, quien a la fecha no ha logrado explicar el origen de cerca de un millón de dólares, que es el cálculo que se hace sobre su patrimonio, entre bienes inmuebles y vehículos, que fueron puestos a nombre de terceros, con el fin de camuflar el ilícito.
En los documentos se verifica la contradicción en la defensa de Quispe, pues niegan ser propietarios de inmuebles, pero los mismos inmuebles, aparecen en la denuncia del supuesto caso montado con su esposa.
Concluye revisión de documentos
Ayer las comisiones de Justicia Plural y de Constitución del Legislativo concluyeron con la revisión de los requisitos comunes y específicos de los 492 postulantes, donde al menos 100 aspirantes incumplieron con la presentación de los mismos.
En el caso del Tribunal Supremo de Justicia, el departamento de La Paz solo cuenta con una mujer habilitada, que es Mariela Sánchez Salas. En el caso del departamento de Cochabamba no cuenta con la representación indígena.
Para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se registraron menos candidatas en los departamentos de La Paz, donde se cuenta con una sola mujer candidata, que se trata de Ninfa Cutily Colque; en el departamento del Beni, la única postulantes es Mirtha Dolly Ortiz Paniagua.
En el caso de Tarija solo existe un candidato varón, Marcos Ramiro Miranda Guerrero, y cinco mujeres habilitadas para esta instancia. En estas regiones no se cumplió con el 50 por ciento de mujeres y la representación de, al menos, un indígena.
La Presidente de Diputados indicó que una causa principal para que no se cumpla con los criterios de género y plurinacionalidad es que en este proceso de preselección se incrementaron los requisitos para los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“En este proceso se elevaron los requisitos de la meritocracia porque estamos buscando a las personas más idóneas con mayor experiencia para que conformen el Órgano Judicial, esa es la razón por la que se plantea esta ley transitoria”, recalcó Gabriela Montaño.
En el caso del Tribunal Supremo de Justicia, el departamento de La Paz solo cuenta con una mujer habilitada, que es Mariela Sánchez Salas. En el caso del departamento de Cochabamba no cuenta con la representación indígena.
Para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se registraron menos candidatas en los departamentos de La Paz, donde se cuenta con una sola mujer candidata, que se trata de Ninfa Cutily Colque; en el departamento del Beni, la única postulantes es Mirtha Dolly Ortiz Paniagua.
En el caso de Tarija solo existe un candidato varón, Marcos Ramiro Miranda Guerrero, y cinco mujeres habilitadas para esta instancia. En estas regiones no se cumplió con el 50 por ciento de mujeres y la representación de, al menos, un indígena.
La Presidente de Diputados indicó que una causa principal para que no se cumpla con los criterios de género y plurinacionalidad es que en este proceso de preselección se incrementaron los requisitos para los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“En este proceso se elevaron los requisitos de la meritocracia porque estamos buscando a las personas más idóneas con mayor experiencia para que conformen el Órgano Judicial, esa es la razón por la que se plantea esta ley transitoria”, recalcó Gabriela Montaño.
Elecciones judiciales Cochabamba promoverá voto de rechazo
Desde el municipio de Cochabamba promoverán por el voto del “No” rumbo a las elecciones judiciales, tomando en cuenta que casi el 80 por ciento de los postulantes son afines al Movimiento al Socialismo, y que el único objetivo de estos comicios es la reelección del presidente Evo Morales, informó el exvocero de la presidencia, Alex Contreras.
“En Cochabamba y en todo el país se hará una lucha por el ‘No’ con miras a las elecciones judiciales, se están recibiendo sugerencias de organizaciones sociales que no son afines al movimiento al socialismo para llevar adelante esta campaña, donde se articulará una sola alianza en contra de este proceso, primero: por el derroche de recursos económicos y segundo por el show político que se va a hacer y que no solucionará nada”, enfatizó.
Contreras se refirió a las elecciones judiciales que se realizarán el próximo 22 de octubre del año en curso, donde se elegirán a las nuevas altas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
PÉSIMOS RESULTADOS
La exautoridad de Gobierno señaló que los gobernantes no aprendieron la lección del 2011, donde eligieron a los actuales magistrados, la mayoría de la población rechazó estas postulaciones y se abstuvo de votar. Presume que en esta oportunidad se tendrán peores resultados.
“Este año las consecuencias serán peores, si llegamos a analizar a los candidatos que este año se presentaron por lo menos un 80 por ciento tiene relación con el Gobierno, se impone la partidocracia antes que la meritocracia. La población tomará una reacción de rechazo a estas elecciones”, fundamentó.
Uno de los motivos que la población tendrá en cuenta a la hora de acudir a las urnas es que no aceptará contar con un poder judicial con las mismas o peores características que actualmente se tiene.
VOTO NULO
El diputado suspendido de Unidad Demócrata, Rafael Quispe, comenzó desde el pasado viernes su particular campaña por el voto nulo para demostrar el rechazo de la población a la estrategia del Movimiento al Socialismo para controlar el poder judicial.
Sobre todo, uno de los planes del oficialismo es la habilitación por interpretación constitucional del mandatario Evo Morales a las elecciones de 2019.
“En Cochabamba y en todo el país se hará una lucha por el ‘No’ con miras a las elecciones judiciales, se están recibiendo sugerencias de organizaciones sociales que no son afines al movimiento al socialismo para llevar adelante esta campaña, donde se articulará una sola alianza en contra de este proceso, primero: por el derroche de recursos económicos y segundo por el show político que se va a hacer y que no solucionará nada”, enfatizó.
Contreras se refirió a las elecciones judiciales que se realizarán el próximo 22 de octubre del año en curso, donde se elegirán a las nuevas altas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
PÉSIMOS RESULTADOS
La exautoridad de Gobierno señaló que los gobernantes no aprendieron la lección del 2011, donde eligieron a los actuales magistrados, la mayoría de la población rechazó estas postulaciones y se abstuvo de votar. Presume que en esta oportunidad se tendrán peores resultados.
“Este año las consecuencias serán peores, si llegamos a analizar a los candidatos que este año se presentaron por lo menos un 80 por ciento tiene relación con el Gobierno, se impone la partidocracia antes que la meritocracia. La población tomará una reacción de rechazo a estas elecciones”, fundamentó.
Uno de los motivos que la población tendrá en cuenta a la hora de acudir a las urnas es que no aceptará contar con un poder judicial con las mismas o peores características que actualmente se tiene.
VOTO NULO
El diputado suspendido de Unidad Demócrata, Rafael Quispe, comenzó desde el pasado viernes su particular campaña por el voto nulo para demostrar el rechazo de la población a la estrategia del Movimiento al Socialismo para controlar el poder judicial.
Sobre todo, uno de los planes del oficialismo es la habilitación por interpretación constitucional del mandatario Evo Morales a las elecciones de 2019.
Plantean ley transitoria para flexibilizar postulación judicial
Para subsanar la carencia de postulantes al Órgano Judicial por equidad de género y con representación indígena originaria campesina, en los departamentos que así lo requieran se planteó ayer la aprobación de una ley transitoria.
Los presidentes de las cámaras de Diputados, Gabriela Montaño, y de Senadores, José Alberto Gonzales, en conferencia de prensa, señalaron que, por información preliminar de la revisión de requisitos de candidatos, no se cumplen en algunos casos los criterios de género y de plurinacionalidad.
Ante la ineludible obligación constitucional de tomar juramento el 3 de enero de 2018 a las nuevas autoridades del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura se presentará una ley modificatoria de flexibilización al Reglamento de Preselección.
“La flexibilización consistiría en que en aquellos departamentos y aquellas instancias donde no se cumpla el cincuenta por ciento de hombres y mujeres tendríamos que permitir que un menor número de mujeres o varones se pueda presentar”, manifestó la presidenta de la Cámara Baja.
Explicó que en el caso del Tribunal Supremo de Justicia para el departamento de La Paz hay una postulante mujer y que se requieren dos como mínimo para cumplir los criterios de género. En el caso de Tarija, entre los postulantes para el Tribunal Constitucional Plurinacional solo existe un varón, y se requieren dos.
Tuesday, June 13, 2017
Elecciones judiciales: difusión de méritos será más flexible
El reglamento de difusión de méritos de los candidatos para las elecciones de altas autoridades judiciales del 22 de octubre será más flexible que el del proceso de 2011, con lo que se buscará una mayor socialización de las cualidades de los postulantes para la ciudadanía.
Este cambio se debate en los conversatorios organizados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en los nueve departamentos del país sobre el reglamento de difusión de méritos, evento que hoy tiene como sede Cochabamba, informó el vocal del ente electoral José Luis Exeni.
La flexibilización del reglamento es una respuesta del actual TSE ante los problemas surgidos en las elecciones judiciales de 2011, proceso que tuvo una gran polémica por las restricciones a la que estaban sometidos los candidatos y los medios de comunicación a la hora de difundir los méritos de los postulantes. Esta fue una de las causas de la alta abstención y el mayoritario voto nulo y blanco en ese proceso electoral.
El vocal explicó que una de las novedades de este proceso electoral, a diferencia del de 2011, es que los medios de comunicación tendrán la plena disponibilidad para informar sobre los candidatos, hacer debates o entrevistas, cumpliendo los principios, subrayó Exeni, de igualdad, que los candidatos no pidan el voto y que no ataquen a los otros postulantes.
“A diferencia del 2011, que había muchas restricciones sobre todo para el trabajo de los medios, que no podían hacer entrevistas, que tenían que ceñirse a hojas de vida cerradas, no había posibilidad de difundir encuestas, a diferencia de todas esas limitaciones que hubo en 2011 hoy dadas las reformas a la ley electoral más bien hay plena disponibilidad para que los medios puedan informar, tengan espacios de debate, entrevistas, sin restricciones más que los principios que menciona la Ley”, dijo.
Se prevé que el reglamento de difusión esté concluido a mediados de julio. El periodo de socialización de candidatos comenzará 45 días antes de la elección, vale decir, el 7 de septiembre.
Por otro lado, Exeni explicó que el presupuesto para las elecciones se definirá hoy en una reunión de alto nivel entre el órgano electoral, el Ministerio de Economía, el de Justicia y los jefes de la Asamblea Legislativa. La semana pasado Hacienda redujo el presupuesto solicitado por el TSE de 150 millones de bolivianos a 106 millones.
Sin embargo, el vocal dijo que las elecciones judiciales están garantizadas y que tienen el compromiso del Ejecutivo de que se les otorgará el presupuesto suficiente para desarrollar el proceso, aunque con un financiamiento más “austero”.
Esperan listas de candidatos
Consultado sobre la denuncia de la oposición de que no habría suficientes candidatas mujeres ni indígenas originarios en algunos tribunales de Justicia, requisito exigido por la convocatoria para las elecciones judiciales, Exeni dijo que esperarán las listas aprobadas por la Asamblea Legislativa para verificar el cumplimiento de estas obligaciones.
El artículo 22 del Reglamento de Preselección señala que la convocatoria se declarará desierta cuando no se cumpla con lo establecido en el artículo 25 que de forma expresa sostiene que la Asamblea preseleccionará para: “el Tribunal Constitucional Plurinacional, hasta cuatro (4) postulantes por cada departamento, de los cuales el cincuenta por ciento (50%) de las preseleccionadas serán mujeres y al menos una persona será (1) de origen indígena originario campesino”.
Exeni dijo que el órgano electoral no puede pronunciarse sobre la fase de preselección porque no es de su competencia, por lo que esperarán la lista oficial de candidatos de la ALP.
Este cambio se debate en los conversatorios organizados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en los nueve departamentos del país sobre el reglamento de difusión de méritos, evento que hoy tiene como sede Cochabamba, informó el vocal del ente electoral José Luis Exeni.
La flexibilización del reglamento es una respuesta del actual TSE ante los problemas surgidos en las elecciones judiciales de 2011, proceso que tuvo una gran polémica por las restricciones a la que estaban sometidos los candidatos y los medios de comunicación a la hora de difundir los méritos de los postulantes. Esta fue una de las causas de la alta abstención y el mayoritario voto nulo y blanco en ese proceso electoral.
El vocal explicó que una de las novedades de este proceso electoral, a diferencia del de 2011, es que los medios de comunicación tendrán la plena disponibilidad para informar sobre los candidatos, hacer debates o entrevistas, cumpliendo los principios, subrayó Exeni, de igualdad, que los candidatos no pidan el voto y que no ataquen a los otros postulantes.
“A diferencia del 2011, que había muchas restricciones sobre todo para el trabajo de los medios, que no podían hacer entrevistas, que tenían que ceñirse a hojas de vida cerradas, no había posibilidad de difundir encuestas, a diferencia de todas esas limitaciones que hubo en 2011 hoy dadas las reformas a la ley electoral más bien hay plena disponibilidad para que los medios puedan informar, tengan espacios de debate, entrevistas, sin restricciones más que los principios que menciona la Ley”, dijo.
Se prevé que el reglamento de difusión esté concluido a mediados de julio. El periodo de socialización de candidatos comenzará 45 días antes de la elección, vale decir, el 7 de septiembre.
Por otro lado, Exeni explicó que el presupuesto para las elecciones se definirá hoy en una reunión de alto nivel entre el órgano electoral, el Ministerio de Economía, el de Justicia y los jefes de la Asamblea Legislativa. La semana pasado Hacienda redujo el presupuesto solicitado por el TSE de 150 millones de bolivianos a 106 millones.
Sin embargo, el vocal dijo que las elecciones judiciales están garantizadas y que tienen el compromiso del Ejecutivo de que se les otorgará el presupuesto suficiente para desarrollar el proceso, aunque con un financiamiento más “austero”.
Esperan listas de candidatos
Consultado sobre la denuncia de la oposición de que no habría suficientes candidatas mujeres ni indígenas originarios en algunos tribunales de Justicia, requisito exigido por la convocatoria para las elecciones judiciales, Exeni dijo que esperarán las listas aprobadas por la Asamblea Legislativa para verificar el cumplimiento de estas obligaciones.
El artículo 22 del Reglamento de Preselección señala que la convocatoria se declarará desierta cuando no se cumpla con lo establecido en el artículo 25 que de forma expresa sostiene que la Asamblea preseleccionará para: “el Tribunal Constitucional Plurinacional, hasta cuatro (4) postulantes por cada departamento, de los cuales el cincuenta por ciento (50%) de las preseleccionadas serán mujeres y al menos una persona será (1) de origen indígena originario campesino”.
Exeni dijo que el órgano electoral no puede pronunciarse sobre la fase de preselección porque no es de su competencia, por lo que esperarán la lista oficial de candidatos de la ALP.
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