La carrera por ganar un espacio en las candidaturas al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), de cara a las elecciones judiciales del 3 de diciembre, despertó menor interés entre los abogados de los departamentos de Potosí (donde se presentaron seis postulantes, entre ellos una sola mujer) y de Tarija, que reunió a siete, un solo varón.
Pero eso no es problema para la senadora masista Adriana Salvatierra. “Vea la Ley N.º 929 (de Modificación a las leyes del Órgano Electoral, del Tribunal Constitucional y del Régimen Electoral) y queda claro que, ojo, a nivel nacional, de los 36 postulantes al Tribunal Constitucional, 18 deben ser varones, y otros 18 mujeres”.
El constitucionalista Williams Bascopé considera, sin embargo, que el MAS se complicó. “Estos cargos son meritocráticos, la Constitución establece la paridad de género para elecciones políticas. Lo correcto sería que vuelvan a declarar desierto al menos en esos dos departamentos, pero como adaptaron la normativa para maquinar todo esto a favor de sus acólitos que se presentaron a esta falsa selección, y que votemos por magistrados sin probidad ni independencia”, opinó.
La Asamblea elegirá cuatro postulantes por departamento. Tendrá que eliminar dos en Potosí y tres en Tarija.
Salvatierra especificó que se cambió la ley porque, en principio, establecía la equidad y debía medirse por departamento, “porque hubo desequilibrios y brechas de desigualdad históricas entre hombre y mujer durante 190 años de la República, lo que no se arreglará con un chasquido de dedos”.
Al respecto, el senador opositor Arturo Murillo dijo: “El proceso no despertó interés de los abogados destacados y se hizo un acomodo de una ley con el único objetivo de forzar la Constitución para lograr la interpretación que ellos quieren y el objetivo es la eternización en el poder. Vamos por el mismo camino que Venezuela”.
Wednesday, August 2, 2017
Elecciones judiciales Postulantes con patrimonio de hasta Bs 13 millones
En las declaraciones juradas de los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pudo identificarse que una treintena cuenta entre un millón y trece millones de bolivianos como patrimonio personal. La mayoría de los mismos son o eran funcionarios públicos.
Al respecto, el senador de Unidad Demócrata (UD), Edwin Rodríguez, indicó que es necesario investigar estos antecedentes y pruebas de que son funcionarios ligados al Gobierno.
Al menos, 37 postulantes al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo de Justicia cuentan con un patrimonio de entre Bs 1 a 13 millones. El candidato para el (TSJ), Enrique Wilfredo Ramos Chaparro tiene el más alto, de Bs 13.8 millones.
En la declaración jurada que los postulantes prestaron en la Contraloría General del Estado señala que trabajaron en el Ministerio Público del departamento de La Paz.
Al respecto, el senador Rodríguez indicó que estos postulantes deben ser investigados en acatamiento a la Ley Nº 004, de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, puesto que la mayoría de los candidatos son funcionarios públicos.
“Hay una normativa en el país, que es la investigación de fortunas, cuando el patrimonio no va en relación con sus ingresos y con la actividad lícita a la que se ha dedicado, por lo que debe ser susceptible a una investigación”, señaló.
PATRIMONIO
15 de los 37 funcionarios que cuentan con un alto patrimonio, tienen recursos que sobrepasan los Bs 2 millones y 19 alcanzan a los Bs 1 millón.
En la revisión de las declaraciones juradas de los mismos, pudo establecerse que el 70 por ciento de los mismos son o eran funcionarios públicos pertenecientes al Órgano Judicial, Tribunales Departamentales de Justicia, Consejo de la Magistratura, Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Constitucional.
FUNCIONARIOS
El 72 por ciento de los postulantes son funcionarios actuales, por lo que estamos revisando sus hojas de vida. Ese porcentaje puede subir aún más, si provienen de los órganos Ejecutivo y Judicial.
En este caso, el senador opositor señaló que de nada sirve mejorar la administración de la justicia, si los candidatos para el Órgano Judicial son actuales funcionarios de esa instancia.
“Si los futuros magistrados son los mismos del Órgano Judicial estamos hablando de un reciclaje de profesionales, o si los futuros magistrados van a ser del poder ejecutivo son funcionarios de Evo Morales; entonces de qué imparcialidad y qué independencia le van a dar en su administración”, expresó Rodríguez.
La oposición anunció días atrás que presentará hasta el viernes más de 70 impugnaciones contra los postulantes que aspiran habilitarse con una candidatura al TSJ o al TCP.
Al respecto, el senador de Unidad Demócrata (UD), Edwin Rodríguez, indicó que es necesario investigar estos antecedentes y pruebas de que son funcionarios ligados al Gobierno.
Al menos, 37 postulantes al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo de Justicia cuentan con un patrimonio de entre Bs 1 a 13 millones. El candidato para el (TSJ), Enrique Wilfredo Ramos Chaparro tiene el más alto, de Bs 13.8 millones.
En la declaración jurada que los postulantes prestaron en la Contraloría General del Estado señala que trabajaron en el Ministerio Público del departamento de La Paz.
Al respecto, el senador Rodríguez indicó que estos postulantes deben ser investigados en acatamiento a la Ley Nº 004, de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, puesto que la mayoría de los candidatos son funcionarios públicos.
“Hay una normativa en el país, que es la investigación de fortunas, cuando el patrimonio no va en relación con sus ingresos y con la actividad lícita a la que se ha dedicado, por lo que debe ser susceptible a una investigación”, señaló.
PATRIMONIO
15 de los 37 funcionarios que cuentan con un alto patrimonio, tienen recursos que sobrepasan los Bs 2 millones y 19 alcanzan a los Bs 1 millón.
En la revisión de las declaraciones juradas de los mismos, pudo establecerse que el 70 por ciento de los mismos son o eran funcionarios públicos pertenecientes al Órgano Judicial, Tribunales Departamentales de Justicia, Consejo de la Magistratura, Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Constitucional.
FUNCIONARIOS
El 72 por ciento de los postulantes son funcionarios actuales, por lo que estamos revisando sus hojas de vida. Ese porcentaje puede subir aún más, si provienen de los órganos Ejecutivo y Judicial.
En este caso, el senador opositor señaló que de nada sirve mejorar la administración de la justicia, si los candidatos para el Órgano Judicial son actuales funcionarios de esa instancia.
“Si los futuros magistrados son los mismos del Órgano Judicial estamos hablando de un reciclaje de profesionales, o si los futuros magistrados van a ser del poder ejecutivo son funcionarios de Evo Morales; entonces de qué imparcialidad y qué independencia le van a dar en su administración”, expresó Rodríguez.
La oposición anunció días atrás que presentará hasta el viernes más de 70 impugnaciones contra los postulantes que aspiran habilitarse con una candidatura al TSJ o al TCP.
Hay 19 potosinos habilitados para la futura elección judicial
La Comisión Mixta de Constitución de la Cámara de Senadores habilitó a 13 profesionales de derecho de Potosí como candidatos al Tribunal Supremo de Justicia, y así lo hizo conocer el senador de Demócratas, Edwin Rodríguez.
La nómina de los habilitados es la que sigue: Edwin Aguayo Arando, Elizabeth Arismendi Chumacero, Justo Cahuana Caizara, Yacira Yarusca Cardozo Calizaya, Gladys Cruz Rocha, Edgar Jallaza Veliz, Marycruz Montesinos Rodríguez de Álvarez, Efraín Erick Olañeta Burgoa, Julio Ortiz Linares, Edith Rosario Peñaranda Ávila de Aguirre, Jorge Andrés Pérez Maita, Freddy Soliz Serrudo y Nelma Teresa Tito Araujo.
Para el Tribunal Constitucional Plurinacional se habilitó a seis potosinos, de acuerdo con el dato ofrecido por el senador de oposición: Herculiano Capusiri Casana, Petronilo Flores Condori, María Inés Leytón de la Quintana, Pastor Segundo Mamani Villca, Sabino Ruiz Flores y Víctor Nicolás Tejerina Chambi.
Las elecciones judiciales fueron postergadas para el domingo 3 de diciembre de este año, debido a que para el proceso de preselección de candidatos no se llenaron los cupos que exige la ley para ocupar cargos en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Una vez superadas las observaciones respecto a los candidatos al TSJ y al TCP, los 19 potosinos están en carrera en busca del apoyo de la población potosina.
Entre los candidatos se encuentra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani, quien fue habilitado como candidato al Tribunal Constitucional Plurinacional.
La nómina de los habilitados es la que sigue: Edwin Aguayo Arando, Elizabeth Arismendi Chumacero, Justo Cahuana Caizara, Yacira Yarusca Cardozo Calizaya, Gladys Cruz Rocha, Edgar Jallaza Veliz, Marycruz Montesinos Rodríguez de Álvarez, Efraín Erick Olañeta Burgoa, Julio Ortiz Linares, Edith Rosario Peñaranda Ávila de Aguirre, Jorge Andrés Pérez Maita, Freddy Soliz Serrudo y Nelma Teresa Tito Araujo.
Para el Tribunal Constitucional Plurinacional se habilitó a seis potosinos, de acuerdo con el dato ofrecido por el senador de oposición: Herculiano Capusiri Casana, Petronilo Flores Condori, María Inés Leytón de la Quintana, Pastor Segundo Mamani Villca, Sabino Ruiz Flores y Víctor Nicolás Tejerina Chambi.
Las elecciones judiciales fueron postergadas para el domingo 3 de diciembre de este año, debido a que para el proceso de preselección de candidatos no se llenaron los cupos que exige la ley para ocupar cargos en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Una vez superadas las observaciones respecto a los candidatos al TSJ y al TCP, los 19 potosinos están en carrera en busca del apoyo de la población potosina.
Entre los candidatos se encuentra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani, quien fue habilitado como candidato al Tribunal Constitucional Plurinacional.
Etapa de difusión de méritos durará 42 días
El TSE confirmó que entre el 19 de octubre y el 29 de noviembre la población se informará sobre las propuestas de los candidatos.
La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, informó que entre el 19 de octubre y el 29 de noviembre se cumplirá la etapa de difusión de méritos para postulantes rumbo a la elección de altas autoridades judiciales, que se realizará el 3 de diciembre.
“Es el período más importante porque la población tendrá acceso, a través de los distintos medios de comunicación, a la información, características de desempeño, trayectoria profesional y propuestas de los candidatos a los altos cargos judiciales”, señaló.
Calendario electoral
El Órgano Electoral Plurinacional (OEP), la Sala Plena del TSE, los vocales de los tribunales electorales departamentales (TED) y los directores nacionales trabajaron en la definición del Plan Estratégico para el desarrollo del calendario electoral.
Para ello se organizaron cuatro comisiones: la primera sobre el empadronamiento y transmisión rápida y segura de actas; la segunda, sobre estrategia de comunicación, capacitación y difusión de méritos; la tercera, de logística, gestión y elaboración de materiales electorales, y la cuarta, de asuntos administrativos y jurídicos.
“El cronograma del OEP concluirá con la información sobre la modalidad de votación, las dos papeletas de sufragio y una explicación de los cuatro votos que deberán emitirse”.
Tuesday, August 1, 2017
Denuncian que red de extorsión pedía a jueces entre $us 5.000 y $us 50.000
Según denuncias recibidas por las autoridades del Gobierno, entre $us 5.000 y $us 50.000 pedían a los jueces para excluirlos de una lista de despidos del Órgano Judicial y los principales afectados eran operadores de justicia en Santa Cruz. Jorge Bohórquez, director nacional de Derechos Reales (DDRR), es uno de los acusados de formar parte de esta red de extorsión, donde además aparecen tres miembros del Consejo de la Magistratura.
“Es la punta del iceberg”, aseguró anoche el viceministro de Transparencia, Gonzalo Trigoso, para graficar la magnitud del caso que se destapó esta semana. De hecho, durante una entrevista en Cadena A, reveló que ya hubo una anterior lista de despidos que fue ejecutada, pero de la cual fueron excluidos el 5% de los jueces incluidos en ella.
El caso fue hecho público la mañana del lunes en una conferencia que, junto a Trigoso, ofreció el ministro de Justicia en Santa Cruz, donde circuló la irregular nómina. Horas antes se realizó una reunión con al menos 20 jueces incluidos en la lista, donde gran parte de ellos confirmó que recibieron llamadas para pedirles dinero.
“Varían los montos, nos hablan de diferentes montos que van desde $us 5.000, $us 20.000 y hay alguien que habla de 50.000. Imagínense si un juez o un vocal pone en mesa $us 50.000 o $us 20.000 para quedarse en un cargo. ¿Es que lo va a recuperar? y ¿cuánto se va a recolectar sobre 160 nombres? . Y si alguien paga es porque lo va a recuperar”, dijo el viceministro, también anoche, pero entrevistado por la red ATB.
Bohórquez fue aprehendido el lunes en Tarija. Los miembros del Consejo de la Magistratura Raxana Orellana Mercado, Emilio Patiño y Orlando Ríos también están incluidos en la denuncia por delitos de uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, extorsión y cohecho pasivo, aunque, a diferencia de Bohórquez, no pueden ser juzgados en la vía ordinaria.
“En este caso los consejeros de la Magistratura gozan de caso de corte, vamos a iniciar el proceso”, anunció Trigoso. Los magistrados, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, deben ser denunciados ante el Legislativo para someterlos a un Juicio de Responsabilidades de darse curso en una comisión de Ministerio Público.
Ríos calificó de apresurada la denuncia. “No nos han pedido ningún informe ni nada de esas cosas, yo pienso que es apresurada, pero en el curso (de la investigación) vamos a desvirtuar”, respondió el magistrado ante la denuncia pública de Arce y Trigoso.
La Magistratura, según la denuncia, habría elaborado una lista de jueces y juezas que iban a ser despedidos como parte de las conclusiones de la Cumbre de Justicia de 2016. Anoticiado de esta lista, Arce se contactó con magistrados para pedir no proceder a los despidos porque esa acción debe ser parte de un trabajo de una instancia superior.
Los magistrados habrían aceptado la existencia de la lista y se comprometieron a suspender su ejecusión, lo que no ocurrió. Ya en una anterior oportunidad, según la denuncia, se puso en circulación una similar lista de la cual habrían sido excluidos el 5% de los jueces.
Trigoso ratificó que se alentará la investigación hasta su conclusión. (01/08/2017)
Aprehenden a Director Nacional de DDRR y denuncian a 3 magistrados
El director nacional de Derechos Reales, Jorge Bohórquez Tórrez, fue aprehendido ayer en la ciudad de Tarija, a consecuencia de una denuncia del ministro de Justicia, Héctor Arce, quien además acusó a tres consejeros de la Magistratura por los presuntos delitos de corrupción y extorsión.
"Jorge Bohórquez Tórrez, director nacional de Derechos Reales, fue detenido en Tarija por actos de corrupción y extorsión", informó desde su cuenta de Twitter, el Ministro de Justicia.
Arce había denunciado en Santa Cruz a tres miembros del Consejo de la Magistratura (CM) y al Director Nacional de Derechos Reales, quienes habrían procedido a través de terceras personas en el cobro de dinero y extorsión para mantener en sus cargos a jueces de ese departamento que debían cesar en sus funciones.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía contra los consejeros Roxana Orellana Mercado, Orlando Ríos Luna y Osvaldo Patiño Berdeja, miembros del Consejo de la Magistratura, y Jorge Bohórquez Tórrez, director de Derechos Reales, por uso indebido de influencias (art. 146 Código Penal), beneficios en razón del cargo (Art. 147 CP), extorsión (art. 333 CP) y cohecho activo (art. 158 CP).
Arce reveló que los consejeros de la Magistratura se habrían valido de las convocatorias emitidas para cargos en los juzgados para extorsionar a funcionarios judiciales y pedirles fuertes sumas de dinero a condición de mantenerlos en sus puestos como jueces.
El Consejo de la Magistratura habría elaborado las listas de los jueces que serían desvinculados del Órgano Judicial sin haber cumplido lo establecido en la Ley No. 898 de 26 de enero de 2017, relativa a la implementación de las conclusiones y resoluciones de la Cumbre Plurinacional de Justicia, realizada en 2016.Sin embargo, aprovechándose de la existencia de estas listas y de que juezas y jueces ya las conocían, aparentemente, los magistrados y otros operadores procedieron a exigir dinero o favores a las autoridades judiciales del Tribunal Departamental de Santa Cruz, a través de terceros, entre ellos, Jorge Bohórquez Tórrez, director nacional de Derechos Reales, para garantizar la inamovilidad de los jueces del Órgano Judicial.
Bohórquez fue posesionado en el cargo de director nacional, en febrero. Lo nombraron por resolución de Sala Plena del Consejo de la Magistratura.
5 Meses
El director nacional de Derechos Reales, Jorge Bohórquez Tórrez, fue posesionado en febrero del presente año. Ejerció funciones en ese alto cargo de la Justicia apenas cinco meses.
"Jorge Bohórquez Tórrez, director nacional de Derechos Reales, fue detenido en Tarija por actos de corrupción y extorsión", informó desde su cuenta de Twitter, el Ministro de Justicia.
Arce había denunciado en Santa Cruz a tres miembros del Consejo de la Magistratura (CM) y al Director Nacional de Derechos Reales, quienes habrían procedido a través de terceras personas en el cobro de dinero y extorsión para mantener en sus cargos a jueces de ese departamento que debían cesar en sus funciones.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía contra los consejeros Roxana Orellana Mercado, Orlando Ríos Luna y Osvaldo Patiño Berdeja, miembros del Consejo de la Magistratura, y Jorge Bohórquez Tórrez, director de Derechos Reales, por uso indebido de influencias (art. 146 Código Penal), beneficios en razón del cargo (Art. 147 CP), extorsión (art. 333 CP) y cohecho activo (art. 158 CP).
Arce reveló que los consejeros de la Magistratura se habrían valido de las convocatorias emitidas para cargos en los juzgados para extorsionar a funcionarios judiciales y pedirles fuertes sumas de dinero a condición de mantenerlos en sus puestos como jueces.
El Consejo de la Magistratura habría elaborado las listas de los jueces que serían desvinculados del Órgano Judicial sin haber cumplido lo establecido en la Ley No. 898 de 26 de enero de 2017, relativa a la implementación de las conclusiones y resoluciones de la Cumbre Plurinacional de Justicia, realizada en 2016.Sin embargo, aprovechándose de la existencia de estas listas y de que juezas y jueces ya las conocían, aparentemente, los magistrados y otros operadores procedieron a exigir dinero o favores a las autoridades judiciales del Tribunal Departamental de Santa Cruz, a través de terceros, entre ellos, Jorge Bohórquez Tórrez, director nacional de Derechos Reales, para garantizar la inamovilidad de los jueces del Órgano Judicial.
Bohórquez fue posesionado en el cargo de director nacional, en febrero. Lo nombraron por resolución de Sala Plena del Consejo de la Magistratura.
5 Meses
El director nacional de Derechos Reales, Jorge Bohórquez Tórrez, fue posesionado en febrero del presente año. Ejerció funciones en ese alto cargo de la Justicia apenas cinco meses.
Inicia etapa de impugnaciones para aspirantes al TCP y TSJ
El senador del MAS-IPSP Milton Barón informó que a partir de hoy, 1 de agosto, iniciará la fase de impugnaciones para los postulantes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
“La fase culminará el lunes 7 de agosto y la ciudadanía podrá presentar sus observaciones a los postulantes. Igualmente, los inhabilitados pueden presentar sus respectivas impugnaciones”.
La convocatoria para ambas magistraturas alcanzó a 270 habilitados, 111 para el Tribunal Constitucional y 159 para el Tribunal Supremo de Justicia, cifras que demuestran la legitimidad del proceso.
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