Monday, March 5, 2018
Por primera vez aspirantes a notarios rindieron exámenes
Más de 2.000 abogados y abogadas rindieron ayer por primera vez en Bolivia el examen de competencia, de manera simultánea en los nueve departamentos, para optar a 442 notarías de fe pública, en medio de un inédito despliegue logístico y de seguridad tecnológica.
“Es la primera vez que se realiza un proceso de selección meritocrática basado en la calificación de méritos de postulantes y el examen simultáneo con características transparentes”, señaló el ministro de Justicia, Héctor Arce, una vez que los 140 postulantes paceños ingresaron a las aulas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UMSA.
La autoridad señaló que con este histórico proceso de selección meritocrática y transparente de notarios se “acabó” con los negociados económicos para la distribución de las notarías de fe pública, recurrentes durante los gobiernos neoliberales.
“En el pasado, lamentablemente, y esto es vox populi (voz del pueblo), era muy común la venta de los cargos notariales, se accedía por dádivas, por beneficios económicos, esa situación ha terminado”, aseguró.
Innovación tecnológica
Arce destacó el despliegue logístico y el sistema tecnológico moderno empleado para garantizar la seguridad y transparencia de las pruebas de competencia.
La jornada comenzó a las cero horas de ayer con la emisión de exámenes mediante cuentas encriptadas bajo la supervisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (Agetic).
Los postulantes ingresaron a las casas de estudios superiores desde las 08.00 sólo con la presentación de sus cédulas de identidad y la comprobación de su registro biométrico. No se permitieron teléfonos celulares. A las 09.15 iniciaron los exámenes y culminaron a las 12.15 en las nueve ciudades.
Calificaciones
Los postulantes respondieron 100 preguntas sobre 50 puntos (50% de la calificación total) y dicha puntuación se sumó a la obtenida anteriormente en la etapa de calificación de méritos, también sobre 50 puntos, a cargo del sistema universitario.
Para garantizar la transparencia, las notas finales, entre la evaluación de los méritos y del examen escrito, fueron publicadas en la página web de la Dirección del Notariado Plurinacional (Dirnoplu) www.notariadoplurinacional.gob.bo, dependiente del Ministerio de Justicia.
“Estas personas harán una carrera notarial porque llegaron por méritos y trayectoria. Los exámenes son una garantía de calidad y transparencia. No cumplirán funciones de cuatro o cinco años, sino que su carrera será evaluada cada dos años mejorando el servicio notarial”, aseveró.
“Saludamos el proceso de selección de notarias y notarios de todo el país. Resaltamos el trabajo del Ministerio de Justicia, que contribuye a transparentar esta elección en base a méritos y capacidades de los abogados postulantes. As, vamos cambiando la justicia en Bolivia”, publicó el presidente Evo Morales en su cuenta de Twitter @evoespueblo.
Se habilitaron 2.041 abogados y abogadas para 442 notarías de las ciudades capitales y algunas intermedias porque para las notarías del área rural la convocatoria se publicará los próximos meses.
Llenarán espacios de diez notarías en Beni, 23 en Chuquisaca, 85 en Cochabamba, 140 en La Paz, 20 en Oruro, cuatro en Pando, 12 en Potosí, 126 en Santa Cruz y 22 en Tarija.
Sunday, March 4, 2018
Más de 2.000 postulantes para notarías del país
El Ministerio de Justicia anunció que 2.041 postulantes rendirán examen de competencia, hoy, en todos los departamentos del país, para optar a 442 notarias de Fe Pública, en el marco del proceso de selección de los mejores abogados bolivianos para esos cargos, en medio de un gran despliegue logístico y de seguridad tecnológica informatizada.
Ese proceso de selección meritocrática y transparente se realiza a través de la Dirección del Notariado Plurinacional (DIrnoplu) con el acompañamiento del sistema universitario boliviano.
“Para la fase de los exámenes de competencia se contó con el apoyo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (Agetic) y el Órgano Electoral Plurinacional (OEP)”, remarca un boletín institucional.
“Esta fase del examen de competencia se desarrollará bajo un estricto protocolo de seguridad. Los resultados de las pruebas se conocerán el mismo día”, explicó el ministro de Justicia, Héctor Arce.
Precisó que en ese proceso se implementarán el registro biométrico, el código de barras, las cintas de seguridad; dijo que las preguntas propuestas por las universidades están protegidas.
Detalló que se controlará la identidad de los postulantes con el padrón biométrico y a través de escáneres dactilares en cada una de las universidades.
Ese proceso de selección meritocrática y transparente se realiza a través de la Dirección del Notariado Plurinacional (DIrnoplu) con el acompañamiento del sistema universitario boliviano.
“Para la fase de los exámenes de competencia se contó con el apoyo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (Agetic) y el Órgano Electoral Plurinacional (OEP)”, remarca un boletín institucional.
“Esta fase del examen de competencia se desarrollará bajo un estricto protocolo de seguridad. Los resultados de las pruebas se conocerán el mismo día”, explicó el ministro de Justicia, Héctor Arce.
Precisó que en ese proceso se implementarán el registro biométrico, el código de barras, las cintas de seguridad; dijo que las preguntas propuestas por las universidades están protegidas.
Detalló que se controlará la identidad de los postulantes con el padrón biométrico y a través de escáneres dactilares en cada una de las universidades.
Saturday, March 3, 2018
Código del Sistema Penal abrogado aún es socializado
A pesar de la abrogación del Código del Sistema Penal debido a sus varias observaciones, protestas y conflictos, aún es socializado por el oficialismo que pretende mostrar que no todos los artículos de esta norma eran deficientes. Cuando acabe esta tarea, la Asamblea Legislativa definirá una fecha para elaborar una nueva propuesta de norma, informó a EL DIARIO el presidente del Senado, José Alberto Gonzáles.
“Seguramente más adelante se va afijar cual es el procedimiento, por ahora nosotros estamos abocados a la socialización con diferentes sectores sociales y podemos seguir manifestando a la sociedad, que era un buen Código y tenía importantes novedades que iban a transformar la justicia en el ámbito penal”, explicó el legislador.
El presidente Evo Morales promulgó la ley corta que abroga el Código del Sistema Penal, que fue rechazado y cuestionado por varios sectores del país con movilizaciones y una huelga de legisladores de la oposición.
La Ley 1027, promulgada el 25 de enero, en su artículo único, establece que “se abroga la Ley N° 1005 de 15 de diciembre de 2017 “Código del Sistema Penal”.
Gonzales manifestó que tras esta socialización se analizará si es que se toma de base la norma anulada y cuál sería la estrategia para su nueva redacción, por el momento no hay nada confirmado sobre la fecha del tratamiento.
En las últimas horas el senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz informó sobre los gastos que se habían erogado para la redacción de esta norma, donde el pago a consultores y la organización de eventos en el proceso de elaboración del Código del Sistema Penal que comenzó en 2016 y que fue derogado, costó Bs 879.387, el 84 por ciento se financió con recursos de cooperación externa y el 16 por ciento con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN).
De los Bs 879.387 usados para la elaboración de esta norma, Bs 736.389 salieron de la cooperación internacional y el Tesoro General de la nación erogó Bs 143.000, mediante la Vicepresidencia.
Al respecto Gonzales indicó que este informe fue enviado por él a solicitud del legislador, además indicó que los opositores buscan un pretexto para observar y deslegitimar el trabajo de los expertos que fueron convocados para la elaboración de esta norma.
Para la elaboración de la norma se contó con la colaboración de la doctora Pilar Quintanilla, directora jurídica de la Cámara de Senadores y de Diputados, la doctora Jovana Mendoza.
Reynaldo Imaña condujo el equipo técnico para la redacción de la norma y se contó con la asesoría del doctor Alberto Binder, experto internacional en derecho procesal penal.
“Seguramente más adelante se va afijar cual es el procedimiento, por ahora nosotros estamos abocados a la socialización con diferentes sectores sociales y podemos seguir manifestando a la sociedad, que era un buen Código y tenía importantes novedades que iban a transformar la justicia en el ámbito penal”, explicó el legislador.
El presidente Evo Morales promulgó la ley corta que abroga el Código del Sistema Penal, que fue rechazado y cuestionado por varios sectores del país con movilizaciones y una huelga de legisladores de la oposición.
La Ley 1027, promulgada el 25 de enero, en su artículo único, establece que “se abroga la Ley N° 1005 de 15 de diciembre de 2017 “Código del Sistema Penal”.
Gonzales manifestó que tras esta socialización se analizará si es que se toma de base la norma anulada y cuál sería la estrategia para su nueva redacción, por el momento no hay nada confirmado sobre la fecha del tratamiento.
En las últimas horas el senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz informó sobre los gastos que se habían erogado para la redacción de esta norma, donde el pago a consultores y la organización de eventos en el proceso de elaboración del Código del Sistema Penal que comenzó en 2016 y que fue derogado, costó Bs 879.387, el 84 por ciento se financió con recursos de cooperación externa y el 16 por ciento con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN).
De los Bs 879.387 usados para la elaboración de esta norma, Bs 736.389 salieron de la cooperación internacional y el Tesoro General de la nación erogó Bs 143.000, mediante la Vicepresidencia.
Al respecto Gonzales indicó que este informe fue enviado por él a solicitud del legislador, además indicó que los opositores buscan un pretexto para observar y deslegitimar el trabajo de los expertos que fueron convocados para la elaboración de esta norma.
Para la elaboración de la norma se contó con la colaboración de la doctora Pilar Quintanilla, directora jurídica de la Cámara de Senadores y de Diputados, la doctora Jovana Mendoza.
Reynaldo Imaña condujo el equipo técnico para la redacción de la norma y se contó con la asesoría del doctor Alberto Binder, experto internacional en derecho procesal penal.
Thursday, March 1, 2018
Caso bebé Alexander Interponen denuncia ante Consejo de la Magistratura por retardación
El Ministerio de Justicia interpuso una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra los jueces responsables de la suspensión de audiencias en el juicio oral por el caso del bebé Alexander, mientras un equipo de abogados fortalecerá la defensa en la última fase del juicio.
“Las suspensiones también han sido atribuibles porque no se encontraba el equipo completo del juzgado, etc. (Esos hechos) nos han llevado a hacer la denuncia correspondiente al Consejo de la Magistratura”, informó la directora general de la Niñez y Personas Adultas Mayores, Ninoska Durán, entrevistada en Cadena A.
También detalló que un equipo de la cartera de Justicia, reforzará el equipo de la defensa en la última fase de juicio, para la defensa del menor, sostuvo.
“Es importante entender que este bebé de ocho meses es una muestra clara de que la respuesta institucional de la justicia y la administración de justicia tiene que darse, también. Muchas veces realizamos la denuncia pero la respuesta institucional tiene que ver con esta inmediatez, la celeridad, es así que vamos a participar en el juicio y vamos a exigir que este caso no quede en la impunidad”, manifestó Durán.
El martes, el director del Servicio Nacional de Defensa Pública (Sepdep), Juan Andrade Guerra, fue destituido de su cargo por las constantes faltas del abogado de la entidad que debía patrocinar a una de las coacusadas del caso Alexander. Por este motivo las audiencias fueron suspendidas de manera consecutiva al menos en dos oportunidades.
En dos años y dos meses de juicio oral en el caso Alexander, las audiencias fueron suspendidas en 233 ocasiones: 63 audiencias fueron suspendidas por la ausencia de fiscales y de acusadores particulares; 83 por la falta de secretario; 46 por el Tribunal, sobre todo por la baja pre y post natal de la jueza Guerrero; y 41 veces por otras razones como el embarazo de una de las coacusadas y la falta de abogado que debería garantizar la Defensa Pública.
El juicio oral en el caso Alexander se inició el 17 de diciembre de 2015 y hasta la fecha no hay sentencia ni en primera instancia.
Hasta donde se conoce, porque fue declarado en reserva, la fiscalía realizó la imputación con pruebas inexistentes, cuando uno de los encargados del caso era el actual fiscal departamental Edwin Blanco, ya que los resultados de ADN recién se iban a conocer. Posteriormente cuando ya fue encarcelado el principal imputado se conocieron las pericias con resultados que no lo involucran. (ANF)
“Las suspensiones también han sido atribuibles porque no se encontraba el equipo completo del juzgado, etc. (Esos hechos) nos han llevado a hacer la denuncia correspondiente al Consejo de la Magistratura”, informó la directora general de la Niñez y Personas Adultas Mayores, Ninoska Durán, entrevistada en Cadena A.
También detalló que un equipo de la cartera de Justicia, reforzará el equipo de la defensa en la última fase de juicio, para la defensa del menor, sostuvo.
“Es importante entender que este bebé de ocho meses es una muestra clara de que la respuesta institucional de la justicia y la administración de justicia tiene que darse, también. Muchas veces realizamos la denuncia pero la respuesta institucional tiene que ver con esta inmediatez, la celeridad, es así que vamos a participar en el juicio y vamos a exigir que este caso no quede en la impunidad”, manifestó Durán.
El martes, el director del Servicio Nacional de Defensa Pública (Sepdep), Juan Andrade Guerra, fue destituido de su cargo por las constantes faltas del abogado de la entidad que debía patrocinar a una de las coacusadas del caso Alexander. Por este motivo las audiencias fueron suspendidas de manera consecutiva al menos en dos oportunidades.
En dos años y dos meses de juicio oral en el caso Alexander, las audiencias fueron suspendidas en 233 ocasiones: 63 audiencias fueron suspendidas por la ausencia de fiscales y de acusadores particulares; 83 por la falta de secretario; 46 por el Tribunal, sobre todo por la baja pre y post natal de la jueza Guerrero; y 41 veces por otras razones como el embarazo de una de las coacusadas y la falta de abogado que debería garantizar la Defensa Pública.
El juicio oral en el caso Alexander se inició el 17 de diciembre de 2015 y hasta la fecha no hay sentencia ni en primera instancia.
Hasta donde se conoce, porque fue declarado en reserva, la fiscalía realizó la imputación con pruebas inexistentes, cuando uno de los encargados del caso era el actual fiscal departamental Edwin Blanco, ya que los resultados de ADN recién se iban a conocer. Posteriormente cuando ya fue encarcelado el principal imputado se conocieron las pericias con resultados que no lo involucran. (ANF)
Sunday, February 25, 2018
Dos años de cárcel para exlíder de esposas de policías
El Juzgado Tercero de Sentencia de La Paz dictó dos años de reclusión contra la exdirigente de las esposas de policía de baja gradación, Guadalupe Cárdenas, acusada de instigar al derrocamiento del presidente Evo Morales, mediante Facebook.
El informe emitido desde el Ministerio de Gobierno señala que el caso surge porque el 19 de agosto de 2015, Cárdenas en su cuenta de Facebook llamó de manera hostil a deponer al presidente Evo Morales, al ministro Carlos Romero y el comandante de la Policía.
La exdirigente fue condenada por el tipo penal de instigación pública a delinquir. “Este delito afecta al Estado en su esencia, porque tiene que ver con la seguridad interna del país y de toda la sociedad”, dice un comunicado del Ministerio.
Cárdenas fue enviada a la cárcel con detención preventiva en marzo de 2016. Luego, un mes después, anunció que se postularía a Defensora de Pueblo desde su reclusión. En julio de este año recibió detención domiciliaria. (Erbol)
El informe emitido desde el Ministerio de Gobierno señala que el caso surge porque el 19 de agosto de 2015, Cárdenas en su cuenta de Facebook llamó de manera hostil a deponer al presidente Evo Morales, al ministro Carlos Romero y el comandante de la Policía.
La exdirigente fue condenada por el tipo penal de instigación pública a delinquir. “Este delito afecta al Estado en su esencia, porque tiene que ver con la seguridad interna del país y de toda la sociedad”, dice un comunicado del Ministerio.
Cárdenas fue enviada a la cárcel con detención preventiva en marzo de 2016. Luego, un mes después, anunció que se postularía a Defensora de Pueblo desde su reclusión. En julio de este año recibió detención domiciliaria. (Erbol)
Tribunales y jueces Realizarán audiencias trimestrales en cárceles
El presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Olvis Egüez, informó que las salas plenas de los tribunales departamentales de justicia realizarán audiencias trimestrales en los recintos penitenciaros, mientras que los jueces de materia lo harán una vez por semana con el objetivo de reducir el hacinamiento en los recintos penitenciarios de Bolivia.
“Hay que llevar la justicia a las cárceles, llevar todo el aparato jurisdiccional en materia penal a las cárceles, para que se desarrollen las audiencias en las cuales se apliquen cualquier tipo de disposiciones y se resuelvan las cesaciones”, refirió Egüez, en contacto con los medios de comunicación, tras señalar que es necesario encontrar una salida al problema de la sobrepoblación en los centros de reclusión.
El magistrado explicó que para mejorar el desorden y exceso de personas privadas de libertad en las cárceles, esa labor será coordinada con la Fiscalía General del Estado, la Policía Boliviana, el Servicio de Registro Civil (Sereci), el Servicio General de Identificación Personal (Segip), además de otras instituciones con las que fuera necesario coordinar.
70% DE DETENIDOS PREVENTIVOS
Egüez detalló que en Bolivia existen 18.000 personas privadas de libertad, de esta cifra, el 70% corresponde a detenidos preventivos y el 30% a sentenciados. “Existe un hacinamiento equivalente al 256% en las cárceles del país”, concluyó.
De acuerdo con un informe recientemente publicado por la Fundación Milenio; las capacidades de los juzgados, fiscalías y defensoría pública permanecen estancadas, debido a la acumulación de causas pendientes, retardación en los juzgados y escasa resolución de casos
El rezago procesal se extiende a todo el desarrollo de los procesos judiciales, inclusive en sus etapas conclusivas. “De hecho, el número de sentencias judiciales es alarmantemente mínimo”, según verificó un estudio referido por la Fundación Milenio.
En tanto, las imputaciones formales presentadas durante un año suman alrededor de 20.600 en todo el país. “Las sentencias dictadas por los tribunales fueron de apenas 874, cifra que representa un escaso 4% del número de imputaciones, lo cual refleja la falta de justicia para miles de personas y familias”, sostiene el estudio.
HACINAMIENTO CARCELARIO
Uno de los peores dramas de la administración de justicia es la cantidad de presos sin sentencia ejecutoriada, situación que va en aumento.
El Informe Defensorial expone al respecto lo siguiente: Ejercicio de los Derechos Humanos en el Estado Plurinacional en la gestión 2012, con base en datos del Régimen Penitenciario, la población carcelaria en Bolivia alcanzaba a 13.500 personas, mientras que al 2017 aumentaron a 18.000, según la cifra referida por el magistrado Egüez.
Este mismo registro comparativo señala que al 2012 el 83 por ciento de los recluidos eran detenidos sin sentencia, si bien al 2017 este registro es del 70%, la dificultad se encuentra en que la mayor cantidad de internos son preventivos, lo que constituye una grave y flagrante violación de los derechos humanos.
“Esta enorme masa de privados de libertad, sin sentencia ejecutoriada, que no deberían estar en las cárceles y que no obstante están condenados a condiciones infrahumanas de prisión, es una de las principales causas de la sobrepoblación carcelaria y del hacinamiento que presentan las prisiones en el país”, refiere el estudio que, además, acude a conclusiones del Observatorio de Seguridad de la Organización de Estados Americanos. (EL DIARIO-Agencias)
“Hay que llevar la justicia a las cárceles, llevar todo el aparato jurisdiccional en materia penal a las cárceles, para que se desarrollen las audiencias en las cuales se apliquen cualquier tipo de disposiciones y se resuelvan las cesaciones”, refirió Egüez, en contacto con los medios de comunicación, tras señalar que es necesario encontrar una salida al problema de la sobrepoblación en los centros de reclusión.
El magistrado explicó que para mejorar el desorden y exceso de personas privadas de libertad en las cárceles, esa labor será coordinada con la Fiscalía General del Estado, la Policía Boliviana, el Servicio de Registro Civil (Sereci), el Servicio General de Identificación Personal (Segip), además de otras instituciones con las que fuera necesario coordinar.
70% DE DETENIDOS PREVENTIVOS
Egüez detalló que en Bolivia existen 18.000 personas privadas de libertad, de esta cifra, el 70% corresponde a detenidos preventivos y el 30% a sentenciados. “Existe un hacinamiento equivalente al 256% en las cárceles del país”, concluyó.
De acuerdo con un informe recientemente publicado por la Fundación Milenio; las capacidades de los juzgados, fiscalías y defensoría pública permanecen estancadas, debido a la acumulación de causas pendientes, retardación en los juzgados y escasa resolución de casos
El rezago procesal se extiende a todo el desarrollo de los procesos judiciales, inclusive en sus etapas conclusivas. “De hecho, el número de sentencias judiciales es alarmantemente mínimo”, según verificó un estudio referido por la Fundación Milenio.
En tanto, las imputaciones formales presentadas durante un año suman alrededor de 20.600 en todo el país. “Las sentencias dictadas por los tribunales fueron de apenas 874, cifra que representa un escaso 4% del número de imputaciones, lo cual refleja la falta de justicia para miles de personas y familias”, sostiene el estudio.
HACINAMIENTO CARCELARIO
Uno de los peores dramas de la administración de justicia es la cantidad de presos sin sentencia ejecutoriada, situación que va en aumento.
El Informe Defensorial expone al respecto lo siguiente: Ejercicio de los Derechos Humanos en el Estado Plurinacional en la gestión 2012, con base en datos del Régimen Penitenciario, la población carcelaria en Bolivia alcanzaba a 13.500 personas, mientras que al 2017 aumentaron a 18.000, según la cifra referida por el magistrado Egüez.
Este mismo registro comparativo señala que al 2012 el 83 por ciento de los recluidos eran detenidos sin sentencia, si bien al 2017 este registro es del 70%, la dificultad se encuentra en que la mayor cantidad de internos son preventivos, lo que constituye una grave y flagrante violación de los derechos humanos.
“Esta enorme masa de privados de libertad, sin sentencia ejecutoriada, que no deberían estar en las cárceles y que no obstante están condenados a condiciones infrahumanas de prisión, es una de las principales causas de la sobrepoblación carcelaria y del hacinamiento que presentan las prisiones en el país”, refiere el estudio que, además, acude a conclusiones del Observatorio de Seguridad de la Organización de Estados Americanos. (EL DIARIO-Agencias)
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