La Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa cerró ayer la etapa de impugnaciones con 40 objeciones contra varios aspirantes al cargo de Fiscal General del Estado. Se tiene previsto que hoy inicien con la resolución de estas y el miércoles se publicará la lista oficial de los habilitados a la fase de evaluación.
La oposición presentó impugnaciones contra aquellos postulantes que beneficiaron de alguna forma al gobierno de Evo Morales. Entre ellos está el exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Oswaldo Valencia que firmó el fallo constitucional que habilitó la repostulación del actual Mandatario.
De forma preliminar quedaron habilitados 38 postulantes de un total de 53 que presentaron sus documentos. Los inhabilitados por no cumplir con los requisitos también podían presentara sus observaciones a la decisión de la comisión del Legislativo.
OBSERVADOS
El diputado de Unidad Demócrata (UD) Wilson Santamaría junto a su colega Rafael Quispe presentaron 16 objeciones faltando una hora y media a l cierre de la etapa de impugnaciones, en esta lista están William Alave, Juan Lanchipa Y William Dávila.
El senador de UD, Yerko Núñez presentó impugnó la candidatura de al menos siete son: Iván Lima Magne, Mirael Salguero Palma, Gilbert Muñoz, Zacarías Valeriano Rodríguez, Claudia Castro Dorado, Williams Dávila Salcedo y Juan Oswaldo Valencia Alvarado.
Núñez dijo que existen suficientes motivos para que los postulantes al más alto cargo del Ministerio Público sean inhabilitados, porque pesan sobre ellos denuncias de graves delitos hasta imputaciones en el ejercicio de sus funciones.
ACADÉMICOS
Por otro lado, el presidente de la Cámara de Senadores Milton Barón confirmó que el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) ya presentó la lista de los tres delegados académicos que participaran de la fase de evaluación curricular, examen escrito y entrevista a los postulantes y se incorporará a partir de la próxima semana.
“El sistema universitario ya hizo llegar la lista de tres personas titulares que serán parte de la etapa de evaluación de los postulantes, en todo caso ellos ya se integran al trabajo de la comisión a partir de la próxima semana”, dijo el legislador.
Sin embargo, esa instancia académica no convocó a una conferencia de universidades para elegir a los delegados al proceso de selección, tal como ocurrió en la anterior convocatoria para la preselección de candidatos a magistrados al Órgano Judicial.
Tuesday, September 11, 2018
Monday, September 10, 2018
Elección de Fiscal General El jueves publicarán lista de habilitados
Al cumplirse hoy el plazo para para la impugnación de postulantes a Fiscal General del Estado la Comisión Mixta de Justicia Plural hará pública la lista de los habilitados el jueves 13, anunció ayer Leny Lenz, presidente de esa instancia en la Cámara de Diputados.
“La etapa de impugnaciones dentro del proceso de selección para la designación del nuevo Fiscal General del Estado se inició el 4 de septiembre y culmina hoy (10) y paralelamente este lunes 10, 11 y 12 de septiembre se resolverán las impugnaciones, que deben ser entregadas bajo una resolución que da lugar a la publicación de los postulantes habilitados el jueves 13”, dijo.
La publicación será en tres medios de comunicación de circulación nacional, en las páginas web de la Vicepresidencia del Estado, de la Cámara de Senadores y Diputados.
EVALUACIÓN DE IMPUGNACIONES
Enmarcada en el calendario que deriva del reglamento para designar al nuevo Fiscal General, la Comisión realizará las valoraciones correspondientes de acuerdo con los documentos adjuntos a las impugnaciones presentadas por los ciudadanos.
“La Comisión debe hacer una valoración legal en cuanto a la presentación de requisitos que acompañe la prueba documental y todos los documentos que prueben la impugnación en contra de los postulantes, esto etapa se prevé hasta el miércoles (12), para luego emitir una Resolución y sesionar en la Comisión, el jueves (13) informar a través de la prensa”, informó.
Entonces, el plazo para impugnar las postulantes que cualquier ciudadano no consideren idóneo para ocupar el cargo de Fiscal General fenece hasta hoy.
“Las impugnaciones están abiertas para que cualquier persona de forma individual o colectiva pueda hacer llegar de forma escrita y debidamente fundamentada, adjuntando prueba legal y apta que permita a la Comisión realizar una evaluación del carácter legal”, declaró Lenz.
“La etapa de impugnaciones dentro del proceso de selección para la designación del nuevo Fiscal General del Estado se inició el 4 de septiembre y culmina hoy (10) y paralelamente este lunes 10, 11 y 12 de septiembre se resolverán las impugnaciones, que deben ser entregadas bajo una resolución que da lugar a la publicación de los postulantes habilitados el jueves 13”, dijo.
La publicación será en tres medios de comunicación de circulación nacional, en las páginas web de la Vicepresidencia del Estado, de la Cámara de Senadores y Diputados.
EVALUACIÓN DE IMPUGNACIONES
Enmarcada en el calendario que deriva del reglamento para designar al nuevo Fiscal General, la Comisión realizará las valoraciones correspondientes de acuerdo con los documentos adjuntos a las impugnaciones presentadas por los ciudadanos.
“La Comisión debe hacer una valoración legal en cuanto a la presentación de requisitos que acompañe la prueba documental y todos los documentos que prueben la impugnación en contra de los postulantes, esto etapa se prevé hasta el miércoles (12), para luego emitir una Resolución y sesionar en la Comisión, el jueves (13) informar a través de la prensa”, informó.
Entonces, el plazo para impugnar las postulantes que cualquier ciudadano no consideren idóneo para ocupar el cargo de Fiscal General fenece hasta hoy.
“Las impugnaciones están abiertas para que cualquier persona de forma individual o colectiva pueda hacer llegar de forma escrita y debidamente fundamentada, adjuntando prueba legal y apta que permita a la Comisión realizar una evaluación del carácter legal”, declaró Lenz.
Sunday, September 9, 2018
Reynaldo busca ser un precedente para resarcir a víctimas de errores judiciales
Los recursos debe manejarlos el Consejo de la Magistratura pero no se conoce antecedente de reclamo de resarcimiento. El procedimiento dice que se debe pagar el salario por el tiempo de encarcelamiento injusto, pero omite otros criterios
Doña Felicia Rojas estaba recuperándose de una operación de cáncer de mama cuando su hijo, José Alonzo Soquere, cayó preso en 2010 y no sabía que la sentencia de tres años que le dieron no ameritaba que fuera encarcelado, y sin embargo, estuvo en Palmasola por más de siete años.
Ahora que su hijo ha recuperado la libertad, la mujer tampoco conoce que en el Código de Procedimiento Penal existe un artículo, el 276, que establece un Fondo de Indemnizaciones para las víctimas de errores judiciales. Allí se señala que se pagará por cada día que una persona haya estado presa injustamente, con base a lo que ganaba antes de ir presa y que si eso no se puede establecer, se hará con base en el salario mínimo nacional.
Lo que sí sabe doña Felicia es que su hijo perdió la noción de la realidad en prisión y que de no ser por la solidaridad de la iglesia Misión y Desafío Peniel, ella, que vende empanadas y asaditos, no podría hacerse cargo de su hijo que sufre un problema mental.
“Personas amigas me han dicho que reclame una indemnización, pero no tengo recursos para contratar un abogado y me aconsejan que busque alguna institución que me ayude”, señala.
Quien sí conoce y reclama una indemnización de parte del Estado es Reynaldo Ramírez Vale, que fue sentenciado a 30 años de cárcel por un feminicidio que no cometió, por lo que pasó dos años y dos meses en prisión.
Su familia viajó más de 60 veces entre Santa Cruz y Cochabamba, gastaba más de Bs 2.000 cada mes para que Reynaldo tenga un espacio donde dormir en el reclusorio y como ‘seguro de vida’ para evitar agresiones.
También gastaron en abogados, en investigadores privados, en otros viajes por el país buscando al verdadero culpable del crimen, por lo que Reynaldo salió libre pero está sin trabajo y lleno de deudas.
Le ofrecieron pagarle el salario mínimo nacional por cada uno de los 26 meses que estuvo injustamente en la cárcel, lo que entonces equivalía a unos Bs 52.000, sin embargo, esa cantidad es considerada ínfima por Reynaldo considerando las deudas que tiene y el daño que le causaron.
Es por eso que el afectado reclama que además de esos gastos, se resarzan los perjuicios causados a su imagen, sus posibilidades de progreso y el daño sicológico, entre otros.
Benigno Flores, abogado de la familia Ramírez Vale, señala que están trabajando en un estudio de los daños morales y sociales ocasionados basado en estándares internacionales, ya que en la legislación boliviana no existe un procedimiento específico. Es así que están elaborando un anteproyecto de ley, para lo cual están acumulando toda la documentación, para hacer la solicitud de indemnización con la finalidad de agotar las instancias en la jurisdicción nacional y en caso de ser necesario, apelar a instancias internacionales. “Este es un caso muy especial, queremos sentar un precedentes”, manifestó Flores.
Además, así como para cualquier persona, procedimiento o sistema, en el caso de Reynaldo hay elementos que son imposibles de calcular, como el ‘robo’ de dos años de su juventud o la muerte de un hermano mientras estuvo injustamente preso.
Sin antecedentes
Ante la consulta de EL DEBER, abogados, jueces, el defensor del pueblo y el Consejo de la Magistratura señalaron que no conocían un antecedente de indemnización de errores judiciales.
En el contexto de esta situación se debe considerar también que la Clínica Jurídica NUR, que trabaja desde el interior de Palmasola detectando casos de personas que estén en prisión más tiempo del que ordenaba su condena, ha permitido la liberación de más de 80 internos en los últimos meses, pero no se conocen aún intentos de buscar resarcimiento.
Este derecho parece ser desconocido para otras víctimas como para el ciudadano J.C.C.O., quien estuvo preso 13 años siendo que fue sobreseído a los cinco meses de haber entrado preso. Según la directora departamental de Defensa Pública de Santa Cruz, Ivette Morales, oficina que destapó el caso, ellos no tienen información que el afectado vaya a reclamar este derecho.
Roberto Quiroz, director nacional de Justicia y Derechos Fundamentales del Ministerio de Justicia, el 1 de agosto declaró en Santa Cruz a EL DEBER que “cuando la administración de justicia incurre en un error, se hace responsable el Estado (...), para buscar una reparación económica e inmediatamente también va a asumir la acción de repetición contra los responsables de estos actos omisivos que se constituyen en delito contra el ciudadano J.C.C.O”.
El juez de sentencia Manuel Baptista indicó que el artículo 39 de la Ley de Ejecución Penal establece que cuando un funcionario, juez o fiscal incurre en incumplimiento de deberes o en retardación de justicia, una vez se comprueba que hubo dolo en su accionar, esto puede considerarse delito y ser procesado.
El juzgador apunta a la falta de procedimientos para ejecutar el Fondo de Indemnización y para hacer la valoración de los daños sociológicos y morales de las víctimas. Además, hace foco en que la norma indica que el Estado se hará cargo del resarcimiento de errores judiciales y que debería hacerlo de forma inmediata en casos donde haya la absolución de una persona, así como realizar una acción de repetición (Art 113 CPE) contra los funcionarios responsables de ocasionar este gasto económico al Estado.
Proceso penal
Paralelamente a la solicitud de indemnización, Reynaldo Ramírez lleva un proceso penal contra los jueces y el fiscal que no solo lo encerraron, sino que lo sentenciaron a 30 años siendo que era inocente.
Al respecto, el abogado Gary Prado dijo que, al margen de la solicitud del Fondo de Indemnización que hace Reynaldo por su caso, en el proceso penal él puede buscar que concluya con una sentencia ejecutoriada en la que se ordene la reparación de daños de los acusados hacia el demandante.
La ley establece que el Consejo de la Magistratura debe administrar un fondo, pero no hay antecedentes
En el Código de Procedimiento Penal, el artículo 276 (Fondo de indemnizaciones), establece que “El Consejo de la Judicatura (actualmente consejo de la Magistratura) administrará un fondo permanente para atender el pago de indemnizaciones a las víctimas de error judicial conforme a lo previsto en este Código”.
En el mismo artículo se detalla que los recursos de este fondo estarán constituidos por: 1) fondos ordinarios que asigne le Estado; 2) Multas impuestas y fianzas ejecutadas; 3) Costas en favor del Estado; 4) Indemnizaciones resultantes de delitos que afecten intereses colectivos o difusos; y, 5) Donaciones y legados al Estado que se hagan en favor del fondo.
Asimismo, se estipula que la administración de estos recursos será reglamentada por el Consejo de la Magistratura.
Al ser consultado al respecto sobre este tema, el representante en Santa Cruz del Consejo de la Magistratura, Mauricio Romero, señaló que no conocía antecedentes de esto. Consultado por EL DEBER, el titular de la Dirección Administrativa Financiera (DAF) del órgano judicial, señaló que no había ese fondo y que tampoco nadie lo había solicitado.
Lo que dicen las leyes sobre el tema
CONSTITUCIÓN POLÍTICA
Artículo 113. I. La vulneración de derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna. II.
Si el Estado es condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el daño.
CÓDIGO DE PROCED. PENAL
Art. 275. El injustamente condenado podrá reclamar la indemnización en el mismo proceso o en otro. En el primer caso, el juez o tribunal determinará la indemnización en base al siguiente parámetro: un día de pena privativa de libertad (...), equivale a un día de haber del sueldo percibido por el damnificado. En el caso que no sea posible establecer ese monto, se tomará en cuenta el haber equivalente a un día del salario mínimo vital. - Art. 276. Fondo de indemnizaciones.
ANÁLISIS | Gary Prado: “Deben establecer el mecanismo y aplicar los resarcimientos”
Evidentemente, de lo que se puede conocer, el Consejo de la Magistratura no presupuesta ni recibe fondos ordinarios para el Fondo de Indemnizaciones; no se conoce que asignen una partida presupuestaria y que tenga financiamiento del Tesoro General del Estado.
Está la norma, así que lo que tiene que haber es una regulación administrativa, establecer un procedimiento y aplicar este Fondo. Las multas y fianzas que deben aplicarse para los casos de indemnizaciones no se sabe qué destino tienen en la Magistratura. Según la lógica debería haber un presupuesto nacional que se ejecute por las departamentales, que por otra parte generan recursos propios. Hay multas también como daños medioambientales y otros cuyos dineros deberían ir a ese fondo; así también donaciones, pero no conocemos que nadie esté gestionando esto por ejemplo a través de un relacionamiento internacional a través de instituciones de derechos humanos u ONG para que aporten a esto, o si sucede, se da en el anonimato.
Lo ideal sería que el Estado suscriba convenios, por ejemplo con las facultades de Derecho de las universidad para que verifiquen estos casos y ayuden a gestionar los resarcimientos a las personas víctimas de estas retardaciones e injusticias.
El error judicial implica una muy mala administración de justicia, sumada que las víctimas, que además de ignorar sus derechos, suelen ser personas con escasos recursos o que han tenido defensas técnicas vagas, negligentes, con escasa capacidad profesional, sobrecarga procesal u otras razones.
Doña Felicia Rojas estaba recuperándose de una operación de cáncer de mama cuando su hijo, José Alonzo Soquere, cayó preso en 2010 y no sabía que la sentencia de tres años que le dieron no ameritaba que fuera encarcelado, y sin embargo, estuvo en Palmasola por más de siete años.
Ahora que su hijo ha recuperado la libertad, la mujer tampoco conoce que en el Código de Procedimiento Penal existe un artículo, el 276, que establece un Fondo de Indemnizaciones para las víctimas de errores judiciales. Allí se señala que se pagará por cada día que una persona haya estado presa injustamente, con base a lo que ganaba antes de ir presa y que si eso no se puede establecer, se hará con base en el salario mínimo nacional.
Lo que sí sabe doña Felicia es que su hijo perdió la noción de la realidad en prisión y que de no ser por la solidaridad de la iglesia Misión y Desafío Peniel, ella, que vende empanadas y asaditos, no podría hacerse cargo de su hijo que sufre un problema mental.
“Personas amigas me han dicho que reclame una indemnización, pero no tengo recursos para contratar un abogado y me aconsejan que busque alguna institución que me ayude”, señala.
Quien sí conoce y reclama una indemnización de parte del Estado es Reynaldo Ramírez Vale, que fue sentenciado a 30 años de cárcel por un feminicidio que no cometió, por lo que pasó dos años y dos meses en prisión.
Su familia viajó más de 60 veces entre Santa Cruz y Cochabamba, gastaba más de Bs 2.000 cada mes para que Reynaldo tenga un espacio donde dormir en el reclusorio y como ‘seguro de vida’ para evitar agresiones.
También gastaron en abogados, en investigadores privados, en otros viajes por el país buscando al verdadero culpable del crimen, por lo que Reynaldo salió libre pero está sin trabajo y lleno de deudas.
Le ofrecieron pagarle el salario mínimo nacional por cada uno de los 26 meses que estuvo injustamente en la cárcel, lo que entonces equivalía a unos Bs 52.000, sin embargo, esa cantidad es considerada ínfima por Reynaldo considerando las deudas que tiene y el daño que le causaron.
Es por eso que el afectado reclama que además de esos gastos, se resarzan los perjuicios causados a su imagen, sus posibilidades de progreso y el daño sicológico, entre otros.
Benigno Flores, abogado de la familia Ramírez Vale, señala que están trabajando en un estudio de los daños morales y sociales ocasionados basado en estándares internacionales, ya que en la legislación boliviana no existe un procedimiento específico. Es así que están elaborando un anteproyecto de ley, para lo cual están acumulando toda la documentación, para hacer la solicitud de indemnización con la finalidad de agotar las instancias en la jurisdicción nacional y en caso de ser necesario, apelar a instancias internacionales. “Este es un caso muy especial, queremos sentar un precedentes”, manifestó Flores.
Además, así como para cualquier persona, procedimiento o sistema, en el caso de Reynaldo hay elementos que son imposibles de calcular, como el ‘robo’ de dos años de su juventud o la muerte de un hermano mientras estuvo injustamente preso.
Ante la consulta de EL DEBER, abogados, jueces, el defensor del pueblo y el Consejo de la Magistratura señalaron que no conocían un antecedente de indemnización de errores judiciales.
En el contexto de esta situación se debe considerar también que la Clínica Jurídica NUR, que trabaja desde el interior de Palmasola detectando casos de personas que estén en prisión más tiempo del que ordenaba su condena, ha permitido la liberación de más de 80 internos en los últimos meses, pero no se conocen aún intentos de buscar resarcimiento.
Este derecho parece ser desconocido para otras víctimas como para el ciudadano J.C.C.O., quien estuvo preso 13 años siendo que fue sobreseído a los cinco meses de haber entrado preso. Según la directora departamental de Defensa Pública de Santa Cruz, Ivette Morales, oficina que destapó el caso, ellos no tienen información que el afectado vaya a reclamar este derecho.
Roberto Quiroz, director nacional de Justicia y Derechos Fundamentales del Ministerio de Justicia, el 1 de agosto declaró en Santa Cruz a EL DEBER que “cuando la administración de justicia incurre en un error, se hace responsable el Estado (...), para buscar una reparación económica e inmediatamente también va a asumir la acción de repetición contra los responsables de estos actos omisivos que se constituyen en delito contra el ciudadano J.C.C.O”.
El juez de sentencia Manuel Baptista indicó que el artículo 39 de la Ley de Ejecución Penal establece que cuando un funcionario, juez o fiscal incurre en incumplimiento de deberes o en retardación de justicia, una vez se comprueba que hubo dolo en su accionar, esto puede considerarse delito y ser procesado.
El juzgador apunta a la falta de procedimientos para ejecutar el Fondo de Indemnización y para hacer la valoración de los daños sociológicos y morales de las víctimas. Además, hace foco en que la norma indica que el Estado se hará cargo del resarcimiento de errores judiciales y que debería hacerlo de forma inmediata en casos donde haya la absolución de una persona, así como realizar una acción de repetición (Art 113 CPE) contra los funcionarios responsables de ocasionar este gasto económico al Estado.
Proceso penal
Paralelamente a la solicitud de indemnización, Reynaldo Ramírez lleva un proceso penal contra los jueces y el fiscal que no solo lo encerraron, sino que lo sentenciaron a 30 años siendo que era inocente.
Al respecto, el abogado Gary Prado dijo que, al margen de la solicitud del Fondo de Indemnización que hace Reynaldo por su caso, en el proceso penal él puede buscar que concluya con una sentencia ejecutoriada en la que se ordene la reparación de daños de los acusados hacia el demandante.
La ley establece que el Consejo de la Magistratura debe administrar un fondo, pero no hay antecedentes
En el Código de Procedimiento Penal, el artículo 276 (Fondo de indemnizaciones), establece que “El Consejo de la Judicatura (actualmente consejo de la Magistratura) administrará un fondo permanente para atender el pago de indemnizaciones a las víctimas de error judicial conforme a lo previsto en este Código”.
En el mismo artículo se detalla que los recursos de este fondo estarán constituidos por: 1) fondos ordinarios que asigne le Estado; 2) Multas impuestas y fianzas ejecutadas; 3) Costas en favor del Estado; 4) Indemnizaciones resultantes de delitos que afecten intereses colectivos o difusos; y, 5) Donaciones y legados al Estado que se hagan en favor del fondo.
Asimismo, se estipula que la administración de estos recursos será reglamentada por el Consejo de la Magistratura.
Al ser consultado al respecto sobre este tema, el representante en Santa Cruz del Consejo de la Magistratura, Mauricio Romero, señaló que no conocía antecedentes de esto. Consultado por EL DEBER, el titular de la Dirección Administrativa Financiera (DAF) del órgano judicial, señaló que no había ese fondo y que tampoco nadie lo había solicitado.
Lo que dicen las leyes sobre el tema
CONSTITUCIÓN POLÍTICA
Artículo 113. I. La vulneración de derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna. II.
Si el Estado es condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el daño.
CÓDIGO DE PROCED. PENAL
Art. 275. El injustamente condenado podrá reclamar la indemnización en el mismo proceso o en otro. En el primer caso, el juez o tribunal determinará la indemnización en base al siguiente parámetro: un día de pena privativa de libertad (...), equivale a un día de haber del sueldo percibido por el damnificado. En el caso que no sea posible establecer ese monto, se tomará en cuenta el haber equivalente a un día del salario mínimo vital. - Art. 276. Fondo de indemnizaciones.
ANÁLISIS | Gary Prado: “Deben establecer el mecanismo y aplicar los resarcimientos”
Evidentemente, de lo que se puede conocer, el Consejo de la Magistratura no presupuesta ni recibe fondos ordinarios para el Fondo de Indemnizaciones; no se conoce que asignen una partida presupuestaria y que tenga financiamiento del Tesoro General del Estado.
Está la norma, así que lo que tiene que haber es una regulación administrativa, establecer un procedimiento y aplicar este Fondo. Las multas y fianzas que deben aplicarse para los casos de indemnizaciones no se sabe qué destino tienen en la Magistratura. Según la lógica debería haber un presupuesto nacional que se ejecute por las departamentales, que por otra parte generan recursos propios. Hay multas también como daños medioambientales y otros cuyos dineros deberían ir a ese fondo; así también donaciones, pero no conocemos que nadie esté gestionando esto por ejemplo a través de un relacionamiento internacional a través de instituciones de derechos humanos u ONG para que aporten a esto, o si sucede, se da en el anonimato.
Lo ideal sería que el Estado suscriba convenios, por ejemplo con las facultades de Derecho de las universidad para que verifiquen estos casos y ayuden a gestionar los resarcimientos a las personas víctimas de estas retardaciones e injusticias.
El error judicial implica una muy mala administración de justicia, sumada que las víctimas, que además de ignorar sus derechos, suelen ser personas con escasos recursos o que han tenido defensas técnicas vagas, negligentes, con escasa capacidad profesional, sobrecarga procesal u otras razones.
Oposición impugna a 19 postulantes para Fiscal General
POSTULANTES
Un total de 53 abogados presentaron sus postulaciones para Fiscal General, de los cuales 38 pasaron la fase de cumplimiento de requisitos y 15 fueron inhabilitados.
Están en curso 19 impugnaciones a los candidatos a la Fiscalía General del Estado que la Comisión Mixta de Justicia Plural resolverá entre el 11 y 12 de septiembre, una vez que se abran los sobres y evalúe la documentación presentada para hacer conocer hasta el jueves la lista de postulantes que se quedan en carrera. El plazo para las impugnaciones concluye este lunes.
La mayoría de las objeciones contra postulantes se debe a presuntos vínculos de los candidatos con el MAS, según denunciaron los opositores al oficialismo.
La presidenta de la comisión, senadora Adriana Salvatierra, informó que las impugnaciones son de diferente tipo y que el jueves 13, una vez consideradas, se conocerá quiénes siguen en carrera.
Entre las postulaciones observadas están la del fiscal Departamental de La Paz Edwin Blanco, que fue denunciado por el diputado de Unidad Demócrata (UD) Rafael Quispe, quien lo vincula con actos de violencia doméstica porque dijo que Blanco es un "pegamujeres".
El senador opositor Yerko Nuñez, también presentó impugnaciones contra siete candidatos ya que –según dijo– tienen afinidad con el Movimiento Al Socialismo (MAS) o procesos judiciales.
Núñez impugnó a los candidatos Iván Lima Magne (ex magistrado), Mirael Salguero Palma, Gilbert Muñoz Ortiz (fiscal superior), Rodrigo Zacarías Valeriano (ex ministro designado por Evo Morales), Claudia Castro Dorado, Williams Dávila Salcedo y Oswaldo Valencia Alvarado (ex presidente del TCP).
Salvatierra puntualizó que el 13 de septiembre se publicará la lista con los nombres de quienes pasarán a la siguiente fase y ese mismo día iniciará la etapa de evaluación curricular con presencia de los delegados del sistema universitario, añadió.
Para ocupar el cargo de Fiscal General, 53 abogados presentaron sus postulaciones, de los cuales 38 pasaron la fase de cumplimiento de requisitos y 15 fueron inhabilitados.
La nueva autoridad de la Fiscalía General deberá entrar en funciones el 23 de octubre.
Tribunal rechaza pedido de libertad de Gutiérrez
PETICIONES
Dentro de las exigencias de ADEPCOCA también está el cese a la erradicación de cocales en los Yungas y de la "persecución de dirigentes" además de exigir libertad para los "presos políticos".
La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz ratificó ayer sábado la detención preventiva para el presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA) de los Yungas, Franklin Gutiérrez, lo que provocó el anuncio de masificar las protestas en La Paz.
El dirigente y líder de los cocaleros de Yungas fue imputado por asesinato en grado de instigación y tentativa del policía Daynor Sandoval, entre otros delitos. El oficial de la Umopar fue herido de manera fatal durante un enfrentamiento en La Asunta (Sur Yungas).
La abogada Paola Barriga denunció que la decisión judicial "fue armada" y lamentó el actuar de los vocales Willy Arias y William Alave. Dijo que presentarán en los próximos días una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que dicte medidas cuatelares en este caso.
Frente a la decisión judicial, la dirigencia cocalera también ratificó el bloqueo de caminos desde mañana, lunes, hasta que liberen a su dirigente.
La audiencia de apelación de medida cautelar de Gutiérrez se desarrolló en el penal San Pedro, donde guarda detención preventiva desde el 28 de agosto. La audiencia comenzó a las 16:20 aproximadamente y se prolongó hasta las 20:00.
En afueras del penal se concentraron cientos de cocaleros esperando la decisión de la autoridad judicial. También arribaron familiares de Gutiérrez, quienes estuvieron en la audiencia. Asimismo, se observó la presencia de colectivos ciudadanos y del ex Defensor del Pueblo y actual Rector de la UMSA, Waldo Albarracín, quienes exigían la libertad del dirigente de los productores de coca.
La audiencia se realizó después que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) fallara el miércoles a favor del líder de los cocaleros de los Yungas, en el marco de una Acción de Libertad, y conminó a instalar su audiencia de apelación a la detención preventiva en un plazo de 72 horas.
Gutiérrez, quien era aliado del MAS, se volvió en contra del Gobierno por la aprobación de la Ley de la Coca que legalizó los cultivos del Chapare cochabambino. El dirigente yungueño pretendía ser candidato a la presidencia en 2019.
Mientras se llevaba adelante la audiencia de Franklin Gutiérrez en el penal, las organizaciones sociales que realizaron una vigilia en apoyo al dirigente cocalero emitieron una resolución en la que determinaron sumarse a las movilizaciones de ADEPCOCA, Magisterio y plataformas ciudadanas en La Paz y Cochabamba anunciaron protestas la siguiente semana y repudiaron las acciones del gobierno de Evo Morales a quien califican de "neoliberal".
La resolución convoca a diversos sectores a sumarse al bloqueo de los cocaleros de yungas este lunes, a la marcha y movilizaciones del magisterio para el jueves y masificar cualquier otra movilización.
"Estamos en contra de la política represora y dictatorial del gobierno neoliberal y mentiroso que a través de masacres y persecución a dirigentes, busca dividirnos y dominarnos", dice parte de la resolución haciendo alusión a la detención de Gutiérrez.
El documento también menciona la erradicación de la hoja de coca en los Yungas, y repudia los métodos represivos utilizados con este fin, además de increpar al Gobierno por otros hechos como el atropello de los derechos indígenas y la "depredación" de la Amazonía.
"Con el pretexto de erradicar lo ´excedentario´ han masacrado a los cocaleros de Yungas, legítimos herederos de la coca milenaria y ancestral, por oponerse a la dictadura capitalista del MAS legalizando el saqueo de nuestros recursos a través de las trasnacionales asiáticas", dice la resolución.
Romero advierte "grupos irregulares" en los Yungas
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo ayer que los ataques armados contra las fuerzas de erradicación de coca excedente en la localidad de La Asunta, del departamento de La Paz, son suficientes para afirmar de manera "contundente y categórica" que en esa zona operan grupos irregulares.
"La realidad es suficientemente contundente y categórica para afirmar que hay grupos irregulares que están operando en esta zona", dijo a los periodistas.
El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, dijo que no está descartada la presencia de "resabios" de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) en Bolivia y que comunarios denunciaron la presencia de ese grupo irregular en La Asunta.
Romero recordó que los ataques perpetrados contra las fuerzas de erradicación provocaron en las últimas dos semanas la muerte del capitán Daynor Sandoval y heridas en 14 policías.
Sostuvo que los pobladores de La Asunta comenzaron a denunciar además que en su comunidad se registran casos de asesinatos por encargo, secuestros, extorsiones, represalias y lesiones.
"Es un rosario de denuncias que existen en el último tiempo, amenazas", complementó.
Sostuvo que en la cárcel de Chonchocoro, de La Paz, hay también personas recluidas por su presunta vinculación con casos de asesinato y homicidios denunciados en La Asunta, entre ellos Primo Paxi.
"Estas personas tienen nexos con gente que opera en esta zona", concluyó.
El conflicto por la coca se prolonga
El conflicto entre cultivadores de hoja de coca de los Yungas paceños lleva cerca de 15 días desde que el Gobierno acusara a ese sector de participar en acciones armadas que derivaron en la muerte de un oficial de la Policía boliviana.
El Gobierno acusa al recluído presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA), Franklin Gutiérrez, y a su entorno, de pertenecer a un grupo criminal que "siembra terror en los Yungas desde hace mucho".
Para el Ministro de Gobierno, las emboscadas contra las fuerzas de erradicación se planearon desde la cárcel de Chonchocoro donde se encuentra recluido Fridolino Durán, un ex dirigente de los Yungas que fue acusado por avasallamiento y asesinato.
El pasado 29 de agosto, los cocaleros Eliseo Choque (31) y Carlos Vega (54) murieron en un aparente enfrentamiento con las fuerzas de erradicación.
Los cocaleros de la región de Yungas culpan de estas muertes al presidente Evo Morales y al ministro de Gobierno, Carlos Romero.
El conflicto en La Asunta se agravó desde el pasado 24 de agosto, cuando se produjo la emboscada a las fuerzas del orden.
ADEPCOCA rechazó la existencia de armas en La Asunta como señala la Policía, y lamentó que el Ministerio Público no tenga pruebas concretas para acusar al presidente de la organización, Franklin Gutiérrez.
Saturday, September 8, 2018
Andrés Gautier: Investigación fiscal no es adecuada
El psicoterapeuta Andrés Gautier, del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y Violencia Estatal (ITEI), aseveró que en Bolivia no se investiga adecuadamente y no se respeta la presunción de inocencia que está establecida en la Constitución Política del Estado (CPE).
Producto de dudosas investigaciones muchas personas están recluidas en diferentes penales del país, con detención preventiva, como el caso del líder de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca)
Franclin Gutiérrez, quien se encuentra recluido en el penal de San Pedro de La Paz, hace 12 días.
Lamentó que la justicia en muchos casos haya detenido arbitrariamente a personas sin un investigación previa, sin pruebas, sin importarles si son inocentes, solo por dar la impresión de eficacia.
Explicó, por ejemplo, que en el caso del líder cocalero lo correcto era primero investigar y luego citar a Gutiérrez para que preste su declaración, allí evaluar si tenía buena voluntad o no. “Eso es lo que se hace en una justicia en democracia, donde hay la presunción de inocencia, hay hipótesis y se investiga”, dijo.
Recordó que la aprehensión de Franclin Gutiérrez fue por demás violenta siendo que él fue quien se entregó sin si quiera tener una mandamiento de apremio.
“Franclin estaba en una conferencia de prensa en Adepcoca, se presenta una cantidad enorme de policías y buscan arrestarlo, ponen en escena como si se tratara de un mafioso armado donde la policía tiene que intervenir de manera espectacular. ¿Cuál es el objetivo?, hacer creer a la población que es un delincuente. Hay presunción de culpabilidad no de inocencia”, remarcó.
En la conferencia de prensa que ofrecía Gutiérrez a las 15.00 horas del martes 28 de agosto –dijo– manifestaba su preocupación por la muerte del teniente, que es hijo de cocaleros, y allí tal cual se tratara de un mafioso declarado, lo detienen.
“Lo jalan hasta el coche y lo enmanillan, ya está declarado culpable, se lo lleva a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), tienen que esperar horas (eso ya tiene una función de intimidación), y eso no es tratar como ciudadano que tiene sus derechos, se queda sentado durante horas y a las 10 aproximadamente inicia el interrogatorio con el Policía investigador y el Fiscal. Él recuerda que con los ataques de las preguntas de ambos funcionarios, al mismo tiempo, ya estaba confundido a tal punto que en un momento dado no recordó ni el número de su casa, fruto de estas preguntas cruzadas donde además no le daban la opción a responder. Después llega su abogado y no le dejaban expresarse, por lo que todo el tiempo tenía que pedir que lo dejen hablar. Las condiciones de un interrogatorio con respeto al ser humano tampoco existen”, lamentó.
Producto de dudosas investigaciones muchas personas están recluidas en diferentes penales del país, con detención preventiva, como el caso del líder de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca)
Franclin Gutiérrez, quien se encuentra recluido en el penal de San Pedro de La Paz, hace 12 días.
Lamentó que la justicia en muchos casos haya detenido arbitrariamente a personas sin un investigación previa, sin pruebas, sin importarles si son inocentes, solo por dar la impresión de eficacia.
Explicó, por ejemplo, que en el caso del líder cocalero lo correcto era primero investigar y luego citar a Gutiérrez para que preste su declaración, allí evaluar si tenía buena voluntad o no. “Eso es lo que se hace en una justicia en democracia, donde hay la presunción de inocencia, hay hipótesis y se investiga”, dijo.
Recordó que la aprehensión de Franclin Gutiérrez fue por demás violenta siendo que él fue quien se entregó sin si quiera tener una mandamiento de apremio.
“Franclin estaba en una conferencia de prensa en Adepcoca, se presenta una cantidad enorme de policías y buscan arrestarlo, ponen en escena como si se tratara de un mafioso armado donde la policía tiene que intervenir de manera espectacular. ¿Cuál es el objetivo?, hacer creer a la población que es un delincuente. Hay presunción de culpabilidad no de inocencia”, remarcó.
En la conferencia de prensa que ofrecía Gutiérrez a las 15.00 horas del martes 28 de agosto –dijo– manifestaba su preocupación por la muerte del teniente, que es hijo de cocaleros, y allí tal cual se tratara de un mafioso declarado, lo detienen.
“Lo jalan hasta el coche y lo enmanillan, ya está declarado culpable, se lo lleva a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), tienen que esperar horas (eso ya tiene una función de intimidación), y eso no es tratar como ciudadano que tiene sus derechos, se queda sentado durante horas y a las 10 aproximadamente inicia el interrogatorio con el Policía investigador y el Fiscal. Él recuerda que con los ataques de las preguntas de ambos funcionarios, al mismo tiempo, ya estaba confundido a tal punto que en un momento dado no recordó ni el número de su casa, fruto de estas preguntas cruzadas donde además no le daban la opción a responder. Después llega su abogado y no le dejaban expresarse, por lo que todo el tiempo tenía que pedir que lo dejen hablar. Las condiciones de un interrogatorio con respeto al ser humano tampoco existen”, lamentó.
Nuñez: Candidatos carecen de idoneidad, credibilidad y ética
El senador de Unidad Demócrata Yerko Núñez informó ayer que presentó impugnaciones contra siete postulantes al cargo de Fiscal General del Estado. Los motivos que aduce el parlamentario para rechazar estas postulaciones es que todos los personajes son afines al MAS y carecen de idoneidad, credibilidad y ética profesional.
Los candidatos observados por el legislador son: Iván Lima Magne, Mirael Salguero Palma, Gilbert Muñoz, Zacarías Valeriano Rodríguez, Claudia Castro Dorado, Williams Dávila Salcedo y Juan Oswaldo Valencia Alvarado.
Núñez dijo que existen suficientes motivos para que los postulantes al más alto cargo del Ministerio Público sean inhabilitados, porque pesan sobre ellos denuncias de graves delitos hasta imputaciones en el ejercicio de sus funciones.
“No tienen idoneidad, credibilidad, menos ética, no son probos porque están vinculados a denuncias de prevaricato, uso indebido de influencias, actos de persecución y encarcelamiento de políticos de oposición e incluso avalaron repostulación de Evo Morales”, afirmó el senador.
Además denunció que el candidato y fiscal departamental de Tarija, Gilbert Muñoz, sobre quien pesa una imputación tiene la “protección” del fiscal general Ramiro Guerrero, “porque en su informe no aparece con imputación causal, por la que otros candidatos fueron inhabilitados”, dijo.
“Se encuentra en pleno proceso penal, contando con una imputación formal por el delito de uso indebido de influencias; además goza de protección de (Ramiro) Guerrero, su imputación formal es un elemento que fue omitido por la Fiscalía General en su informe a la Comisión Mixta”, sostuvo Núñez.
Asimismo, observó la postulación de Valencia, exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, por haber avalado la “ilegal” repostulación del presidente Evo Morales, violando la Constitución Política del Estado.
La Comisión Mixta de Justicia Plural lleva adelante la preselección de candidatos a la Fiscalía General del Estado, para que en última instancia sea designado en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Los candidatos observados por el legislador son: Iván Lima Magne, Mirael Salguero Palma, Gilbert Muñoz, Zacarías Valeriano Rodríguez, Claudia Castro Dorado, Williams Dávila Salcedo y Juan Oswaldo Valencia Alvarado.
Núñez dijo que existen suficientes motivos para que los postulantes al más alto cargo del Ministerio Público sean inhabilitados, porque pesan sobre ellos denuncias de graves delitos hasta imputaciones en el ejercicio de sus funciones.
“No tienen idoneidad, credibilidad, menos ética, no son probos porque están vinculados a denuncias de prevaricato, uso indebido de influencias, actos de persecución y encarcelamiento de políticos de oposición e incluso avalaron repostulación de Evo Morales”, afirmó el senador.
Además denunció que el candidato y fiscal departamental de Tarija, Gilbert Muñoz, sobre quien pesa una imputación tiene la “protección” del fiscal general Ramiro Guerrero, “porque en su informe no aparece con imputación causal, por la que otros candidatos fueron inhabilitados”, dijo.
“Se encuentra en pleno proceso penal, contando con una imputación formal por el delito de uso indebido de influencias; además goza de protección de (Ramiro) Guerrero, su imputación formal es un elemento que fue omitido por la Fiscalía General en su informe a la Comisión Mixta”, sostuvo Núñez.
Asimismo, observó la postulación de Valencia, exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, por haber avalado la “ilegal” repostulación del presidente Evo Morales, violando la Constitución Política del Estado.
La Comisión Mixta de Justicia Plural lleva adelante la preselección de candidatos a la Fiscalía General del Estado, para que en última instancia sea designado en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
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