Durante la gestión 2014, el Consejo de la Magistratura sancionó a un total de 366 servidores judiciales, de los cuales 150 fueron suspendidos de sus cargos y 28 destituidos, por haber incurrido en faltas graves y gravísimas.
De acuerdo al informe de Rendición de Cuentas Públicas socializado en Sucre por la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, se detalla que de los 366 funcionarios judiciales sancionados, 137 fueron amonestados y 51 multados por la comisión de faltas disciplinarias leves.
En tanto que, 150 funcionarios de diferentes rangos fueron suspendidos y 28 destituidos, por haber incurrido en faltas graves y gravísimas tipificadas en la Ley 025 del Órgano Judicial.
Hasta el 15 de noviembre del año pasado, según el informe, se atendieron en los juzgados disciplinarios del país un total de 1.015 procesos, de los cuales 366 fueron probados, por lo que se aplicó la sanción disciplinaria correspondiente conforme al grado de falta.
Resoluciones emitidas. El Tribunal de Segunda Instancia compuesto por los Consejeros Wilma Mamani Cruz y Wilber Choque Cruz en la gestión 2014 emitió un total de 577 resoluciones disciplinarias, entre aprobaciones, revocaciones, anulaciones o desestimaciones de recursos de apelación presentados en contra de las resoluciones emitidas en primera instancia.
Del mismo modo, la Sala Disciplinaria emitió un total de 55 resoluciones por las que se resolvió las excusas y recusaciones presentadas en los distintos procesos disciplinarios tramitados en los 21 juzgados disciplinarios del país. Eso hizo un total de 632 resoluciones.
Los juzgados disciplinarios de los distintos distritos judiciales emitieron un total de 1.024 resoluciones disciplinarias. Los distritos judiciales de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba son los que cuentan con mayor carga procesal.
Según la Constitución Política del Estado (CPE), en su artículo 195, una de sus atribuciones es ejercer el control disciplinario de las vocales y los vocales, juezas y jueces, y personal auxiliar y administrativo del Órgano Judicial. Además, si el funcionario cae en faltas gravísimas puede perder el cargo.
Auditorías jurídicas. A solicitud de parte y a emergencia del control de calidad del desempeño en juzgados, se recibieron a nivel nacional 200 solicitudes, de las cuales la Sala de Control y Fiscalización admitió 72 y 65 fueron rechazadas, mientras las restantes 63 se derivaron a Transparencia y Control y Fiscalización para que se asuman las acciones inmediatas en el marco de la normativa vigente. Las auditorías jurídicas más relevantes realizadas estuvieron referidas a casos de violación de niños y niñas, feminicidios, asesinatos y procesos que afectan al patrimonio del Estado, las cuales concluyeron con las denuncias correspondientes ante la Fiscalía y el juez disciplinario.
Monday, January 19, 2015
Corre el revocatorio para magistrados electos de tres jurisdicciones
La revocatoria de mandato para magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) está impedida constitucionalmente, pero corre para los demás miembros electos del Órgano Judicial.
Según el Procurador General del Estado, Héctor Arce, las autoridades de jurisdicciones especializadas y administrativas como el Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional y Tribunal Agroambiental, pueden ser revocadas.
“Esta es una posibilidad, entre otras. Hay que analizar el Órgano Judicial, porque la cabeza de esta instancia es el Tribunal Supremo de Justicia y no se puede someter a referendo revocatorio como lo señala la Constitución”, manifestó.
La autoridad presidió la Cámara de Diputados en la gestión que se seleccionó a abogados para ser sometidos al voto democrático. Ahora, hace una evaluación de la justicia, sus males y posibles soluciones.
LA CONSULTA AL PUEBLO En entrevista con OPINIÓN, dijo que “ineludiblemente” la solución, en primera instancia, pasa por consultarle al pueblo boliviano el futuro de la justicia, que puede ser mediante la revocatoria de mandato, referendo constitucional, referendo ordinario o referendo nacional.
Explicó que la revocatoria de mandato sería una de las primeras vías expeditas porque no viola la Constitución Política del Estado, mientras no se toque a los miembros del TSJ.
Reiteró que el común denominador es la consulta al pueblo. Además, dijo que la Constitución permite el referendo sobre otros temas.
“Ahora cualquier reforma a la Constitución, por parcial que ésta sea, puede ser una de las posibilidades. También pasa por la consulta al pueblo, ya sea referendo revocatorio, referendo ordinario, referendo nacional o reforma constitucional a través del referendo. En cualquier caso, el pueblo tiene la palabra”, agregó al precisar que será por iniciativa del presidente Evo Morales.
LA LEGALIDAD Para Arce, modificar primero la Constitución, luego ir al revocatorio y posteriormente sentar las bases tomaría mucho tiempo, por lo que “se debe asumir acciones expeditas, rápidas y que no generan más incertidumbre en el Órgano Judicial”.
“La magnitud del problema en la justicia es tan grande que el pretender darle soluciones coyunturales o menores puede ser otro error y la medicina fuerte es la palabra del pueblo”, aseveró.
Sin embargo, algunos expertos y políticos consideran que una verdadera reforma judicial pasa necesariamente por despolitizarla, evitar la injerencia, respetar la independencia de poderes y principalmente que la designación de los futuros magistrados y magistradas sea meritocrática, en una instancia independiente y sin presiones políticas.
Para Raúl Jiménez, presidente del Colegio de Abogados de La Paz, toda iniciativa para enfrentar la crisis de la justicia es importante, pero debe ser trabajada a profundidad y con objetivos claros. No se opone al referendo o revocatoria, pero considera que debe estar dentro el marco legal y contribuir a la revolución de la justicia.
Entre tanto, el analista Jorge Lazarte, en coincidencia con el experto Carlos Borth, aseguró que el referendo o la revocatoria de mandato no solucionará la crítica situación de la justicia,si no se cambia la forma de selección que se realiza en la Asamblea Legislativa y “que mantiene la politización en favor del partido gobernante”.
La propuesta la planteó el partido en función de Gobierno (Movimiento Al Socialismo) al reconocer que hay una crisis judicial.
Apuntes.
Desaparición
El Consejo de la Magistratura es el más criticado y se plantea su desaparición o reestructuración total.
El Tribunal Supremo de Justicia plantea su desaparición porque considera que se ha convertido en un cáncer de la justicia boliviana y en un obstáculo para aplicar nuevas reformas, toda vez que eligió a jueces incapaces a través de un cuoteo de cargos.
Propuesta
El Procurador General del Estado, Héctor Arce, propuso “cambiar a la mayor parte del personal que se ha hecho cargo de los niveles de justicia, restableciendo la meritocracia”.
Referendo
La ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, afirmó que el referendo tiene el objetivo de consultar a la población sobre la revocatoria de autoridades del Órgano Judicial.
Seis alternativas en busca de solución
De acuerdo con el Procurador del Estado, la solución pasa básicamente por seis componentes: a) cambiar a los magistrados del aparato judicial, a través de un revocatorio; b) restablecer la meritocracia; c) participación de instituciones como las universidades y otros; d) dignificar la carrera de Derecho e) reformas de la Constitución y f) acompañar con la ejecución de nuevas leyes.
Arce manifestó que en el debate se debe definir si se debe eliminar la elección democrática de la justicia o complementarla.
“Lo que sí estamos muchos de acuerdo es que la meritocracia debe volver a la administración de justicia”, aseveró.
Señaló que los magistrados de la justicia deben ser personas “altamente calificadas” y que se dediquen a su trabajo y no estén pretendiendo perfilarse en ser candidatos o tener una posición política partidaria.
Recordó que la despolitización ha sido la razón por la cual se decidió la elección directa y democrática de autoridades ya que los partidos políticos, anteriormente, se distribuían los cargos en el Órgano Judicial.
En consecuencia, dijo, se debe buscar alternativas para evitar la injerencia política en la calificación de méritos.
“La transformación no pasa solo por cambiar las cabezas de la justicia, sino toda la estructura para lograr los mejores abogados del país. No podemos pensar solo en cambiar a los magistrados que están en Sucre, sino a los jueces que están en La Paz y otros distritos, previa evaluación, para que se queden los mejores”, acotó.
Considera que un tercer elemento es lograr buenas leyes, como la ejecución de los códigos Procesal Constitucional, de la Familia, Niño, Niña y Adolescente y la nueva Ley del Notariado, entre otros.
Manifestó que restan al menos otros cinco instrumentos legales como: el Código de Sistema Penal, el Código Civil, el Código de Comercio, la Ley General del Trabajo que será el Código Laboral y el Código Procesal Laboral.
Priorizan selección despolitizada en la Asamblea Legislativa y meritocracia
Oficialistas, opositores y juristas coinciden en que la selección político partidaria en la Asamblea Legislativa debe desaparecer para darle más prioridad a la meritocracia, en la selección de magistrados del Órgano Judicial.
El Procurador del Estado, Héctor Arce, no descartó que la mala selección de autoridades judiciales en la Asamblea haya tenido “mucho” que ver en contribuir a una justicia crítica.
“Tenemos que asumirla con responsabilidad. En la Asamblea, desde la presidencia de Diputados, tratamos de impulsar el proceso de selección de candidatos de la forma más transparente, pero las tentaciones llegan a todos los seres humanos”, aseveró.
Dijo también que los jefes de bancada y de las brigadas departamentales parece que tuvieron situaciones en las que no “actuaron correctamente”, como en las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia, por lo que su evaluación está pendiente.
PROPUESTA Raúl Jiménez, presidente del Colegio de Abogados de La Paz, manifestó que hay que seleccionar a los mejores abogados del país y que no mezclen lo jurídico con la política.
“Antes se veía el cuoteo, el que no tenía padrino político no podía acceder a un cargo de jerarquía en la administración de justicia. En la revolución de la justicia hay que enterrar esa práctica colonial”, aseveró.
El constitucionalista Carlos Borth, dijo que es fundamental cambiar la forma de selección de los candidatos para el Órgano Judicial.
“La meritocracia siempre ha sido un elemento conductor, pero tiene que ser verdaderamente valorada y consolidada por una elección en la Asamblea o por voto del pueblo. Es decir, si se tiene una terna de los mejores, lógicamente se tendrá a uno de los mejores elegidos”, aseveró.
A su vez, el exsenador y actual diputado electo, Bernard Gutiérrez, dijo que cualquier intención de reformas a la Constitución, referendo revocatorio u otra figura para sacar de la crisis a la justicia, “no servirá si continúa la ausencia de independencia de poderes y politización”.
Reconocen errores y fracasos de la elección judicial
La selección y elección de los magistrados del Órgano Judicial ha sido un fracaso y se asume como un error que hay que corregirlo, manifestó el Procurador General del Estado, Héctor Arce.
El expresidente de la Cámara de Diputados manifestó que aún existe un sector “verdaderamente colonial, conservador y retrógrado” que es la justicia.
“Uno de los viejos males del Estado que se ha mantenido y que ni siquiera cambió en la revolución de 1952 ha sido la justicia”, agregó.
La justicia era una tarea pendiente y la Asamblea Constituyente, para democratizarla, generó una “fórmula novedosa” que no se había aplicado en el mundo.
“Hoy a tres años de la aplicación de esa fórmula hay que reconocer que hemos fracasado, esa apuesta boliviana no dio los resultados esperados”, aseveró, aunque también reconoció que son contadas las buenas autoridades que fueron elegidas por voto ciudadano y que dan su aporte a la justicia.
“Pero la mayoría de las autoridades elegidas por voto no han estado a la talla del desafío que se había enfocado. Hay que decirlo con nombre y apellido, el Consejo de la Magistratura, una institución que la Constitución le dio bastante poder para la transformación de la justicia, para lograr el cambio en esa instancia, pero ha sido un rotundo fracaso”, afirmó.
Señaló que ahora es tiempo de reflexionar y asumir decisiones en busca de reemplazar al Consejo por otra institución. Para Arce, lamentablemente una gran parte de los males de la justicia está bajo la responsabilidad del Consejo de la Magistratura, lo que provocó un retroceso.
Además, dijo que este fracaso se suma al de las autoridades del Tribunal Constitucional y Tribunal Agroambiental, porque no han estado a la talla de los desafíos de cambio, ni de la apuesta a la que apuntó el pueblo boliviano para la revolución de la justicia.
El rol jurídico de las autoridades
El Procurador del Estado, Héctor Arce, lamentó que las autoridades elegidas por voto no entendieran que su rol era netamente jurídico. Explicó que la causa del fracaso y de la crisis judicial fue su ingreso en el campo político.
“Lo lamentable es que se confundieron y hemos visto que magistrados asumieron como autoridades políticas con declaraciones típicas de un partido político. Un magistrado no puede estar hablando sino trabajando en los fallos, impartiendo justicia”, puntualizó.
Dijo que muchos magistrados priorizaron intereses mezquinos, sectarios, personales y parciales ante el interés común del pueblo que espera justicia.
Para el analista Jorge Lazarte, la responsabilidad de politizar la selección y elección de los magistrados es del Gobierno y la Asamblea Legislativa. “No se seleccionaron a los mejores, sino a los simpatizantes del partido de Gobierno, por tanto actuaron como simples políticos”, agregó. “Públicamente se planteó la idea de que había que acabar con la politización de la justicia con el control político de los partidos. Es decir, evitar que los distintos partidos se distribuyan la justicia entre ellos y por eso se hizo votar al pueblo sobre los magistrados. Pese a las advertencias, el gobierno siguió adelante, pero la mayor parte de la población votó en blanco o nulo”, afirmó
Según el Procurador General del Estado, Héctor Arce, las autoridades de jurisdicciones especializadas y administrativas como el Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional y Tribunal Agroambiental, pueden ser revocadas.
“Esta es una posibilidad, entre otras. Hay que analizar el Órgano Judicial, porque la cabeza de esta instancia es el Tribunal Supremo de Justicia y no se puede someter a referendo revocatorio como lo señala la Constitución”, manifestó.
La autoridad presidió la Cámara de Diputados en la gestión que se seleccionó a abogados para ser sometidos al voto democrático. Ahora, hace una evaluación de la justicia, sus males y posibles soluciones.
LA CONSULTA AL PUEBLO En entrevista con OPINIÓN, dijo que “ineludiblemente” la solución, en primera instancia, pasa por consultarle al pueblo boliviano el futuro de la justicia, que puede ser mediante la revocatoria de mandato, referendo constitucional, referendo ordinario o referendo nacional.
Explicó que la revocatoria de mandato sería una de las primeras vías expeditas porque no viola la Constitución Política del Estado, mientras no se toque a los miembros del TSJ.
Reiteró que el común denominador es la consulta al pueblo. Además, dijo que la Constitución permite el referendo sobre otros temas.
“Ahora cualquier reforma a la Constitución, por parcial que ésta sea, puede ser una de las posibilidades. También pasa por la consulta al pueblo, ya sea referendo revocatorio, referendo ordinario, referendo nacional o reforma constitucional a través del referendo. En cualquier caso, el pueblo tiene la palabra”, agregó al precisar que será por iniciativa del presidente Evo Morales.
LA LEGALIDAD Para Arce, modificar primero la Constitución, luego ir al revocatorio y posteriormente sentar las bases tomaría mucho tiempo, por lo que “se debe asumir acciones expeditas, rápidas y que no generan más incertidumbre en el Órgano Judicial”.
“La magnitud del problema en la justicia es tan grande que el pretender darle soluciones coyunturales o menores puede ser otro error y la medicina fuerte es la palabra del pueblo”, aseveró.
Sin embargo, algunos expertos y políticos consideran que una verdadera reforma judicial pasa necesariamente por despolitizarla, evitar la injerencia, respetar la independencia de poderes y principalmente que la designación de los futuros magistrados y magistradas sea meritocrática, en una instancia independiente y sin presiones políticas.
Para Raúl Jiménez, presidente del Colegio de Abogados de La Paz, toda iniciativa para enfrentar la crisis de la justicia es importante, pero debe ser trabajada a profundidad y con objetivos claros. No se opone al referendo o revocatoria, pero considera que debe estar dentro el marco legal y contribuir a la revolución de la justicia.
Entre tanto, el analista Jorge Lazarte, en coincidencia con el experto Carlos Borth, aseguró que el referendo o la revocatoria de mandato no solucionará la crítica situación de la justicia,si no se cambia la forma de selección que se realiza en la Asamblea Legislativa y “que mantiene la politización en favor del partido gobernante”.
La propuesta la planteó el partido en función de Gobierno (Movimiento Al Socialismo) al reconocer que hay una crisis judicial.
Apuntes.
Desaparición
El Consejo de la Magistratura es el más criticado y se plantea su desaparición o reestructuración total.
El Tribunal Supremo de Justicia plantea su desaparición porque considera que se ha convertido en un cáncer de la justicia boliviana y en un obstáculo para aplicar nuevas reformas, toda vez que eligió a jueces incapaces a través de un cuoteo de cargos.
Propuesta
El Procurador General del Estado, Héctor Arce, propuso “cambiar a la mayor parte del personal que se ha hecho cargo de los niveles de justicia, restableciendo la meritocracia”.
Referendo
La ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, afirmó que el referendo tiene el objetivo de consultar a la población sobre la revocatoria de autoridades del Órgano Judicial.
Seis alternativas en busca de solución
De acuerdo con el Procurador del Estado, la solución pasa básicamente por seis componentes: a) cambiar a los magistrados del aparato judicial, a través de un revocatorio; b) restablecer la meritocracia; c) participación de instituciones como las universidades y otros; d) dignificar la carrera de Derecho e) reformas de la Constitución y f) acompañar con la ejecución de nuevas leyes.
Arce manifestó que en el debate se debe definir si se debe eliminar la elección democrática de la justicia o complementarla.
“Lo que sí estamos muchos de acuerdo es que la meritocracia debe volver a la administración de justicia”, aseveró.
Señaló que los magistrados de la justicia deben ser personas “altamente calificadas” y que se dediquen a su trabajo y no estén pretendiendo perfilarse en ser candidatos o tener una posición política partidaria.
Recordó que la despolitización ha sido la razón por la cual se decidió la elección directa y democrática de autoridades ya que los partidos políticos, anteriormente, se distribuían los cargos en el Órgano Judicial.
En consecuencia, dijo, se debe buscar alternativas para evitar la injerencia política en la calificación de méritos.
“La transformación no pasa solo por cambiar las cabezas de la justicia, sino toda la estructura para lograr los mejores abogados del país. No podemos pensar solo en cambiar a los magistrados que están en Sucre, sino a los jueces que están en La Paz y otros distritos, previa evaluación, para que se queden los mejores”, acotó.
Considera que un tercer elemento es lograr buenas leyes, como la ejecución de los códigos Procesal Constitucional, de la Familia, Niño, Niña y Adolescente y la nueva Ley del Notariado, entre otros.
Manifestó que restan al menos otros cinco instrumentos legales como: el Código de Sistema Penal, el Código Civil, el Código de Comercio, la Ley General del Trabajo que será el Código Laboral y el Código Procesal Laboral.
Priorizan selección despolitizada en la Asamblea Legislativa y meritocracia
Oficialistas, opositores y juristas coinciden en que la selección político partidaria en la Asamblea Legislativa debe desaparecer para darle más prioridad a la meritocracia, en la selección de magistrados del Órgano Judicial.
El Procurador del Estado, Héctor Arce, no descartó que la mala selección de autoridades judiciales en la Asamblea haya tenido “mucho” que ver en contribuir a una justicia crítica.
“Tenemos que asumirla con responsabilidad. En la Asamblea, desde la presidencia de Diputados, tratamos de impulsar el proceso de selección de candidatos de la forma más transparente, pero las tentaciones llegan a todos los seres humanos”, aseveró.
Dijo también que los jefes de bancada y de las brigadas departamentales parece que tuvieron situaciones en las que no “actuaron correctamente”, como en las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia, por lo que su evaluación está pendiente.
PROPUESTA Raúl Jiménez, presidente del Colegio de Abogados de La Paz, manifestó que hay que seleccionar a los mejores abogados del país y que no mezclen lo jurídico con la política.
“Antes se veía el cuoteo, el que no tenía padrino político no podía acceder a un cargo de jerarquía en la administración de justicia. En la revolución de la justicia hay que enterrar esa práctica colonial”, aseveró.
El constitucionalista Carlos Borth, dijo que es fundamental cambiar la forma de selección de los candidatos para el Órgano Judicial.
“La meritocracia siempre ha sido un elemento conductor, pero tiene que ser verdaderamente valorada y consolidada por una elección en la Asamblea o por voto del pueblo. Es decir, si se tiene una terna de los mejores, lógicamente se tendrá a uno de los mejores elegidos”, aseveró.
A su vez, el exsenador y actual diputado electo, Bernard Gutiérrez, dijo que cualquier intención de reformas a la Constitución, referendo revocatorio u otra figura para sacar de la crisis a la justicia, “no servirá si continúa la ausencia de independencia de poderes y politización”.
Reconocen errores y fracasos de la elección judicial
La selección y elección de los magistrados del Órgano Judicial ha sido un fracaso y se asume como un error que hay que corregirlo, manifestó el Procurador General del Estado, Héctor Arce.
El expresidente de la Cámara de Diputados manifestó que aún existe un sector “verdaderamente colonial, conservador y retrógrado” que es la justicia.
“Uno de los viejos males del Estado que se ha mantenido y que ni siquiera cambió en la revolución de 1952 ha sido la justicia”, agregó.
La justicia era una tarea pendiente y la Asamblea Constituyente, para democratizarla, generó una “fórmula novedosa” que no se había aplicado en el mundo.
“Hoy a tres años de la aplicación de esa fórmula hay que reconocer que hemos fracasado, esa apuesta boliviana no dio los resultados esperados”, aseveró, aunque también reconoció que son contadas las buenas autoridades que fueron elegidas por voto ciudadano y que dan su aporte a la justicia.
“Pero la mayoría de las autoridades elegidas por voto no han estado a la talla del desafío que se había enfocado. Hay que decirlo con nombre y apellido, el Consejo de la Magistratura, una institución que la Constitución le dio bastante poder para la transformación de la justicia, para lograr el cambio en esa instancia, pero ha sido un rotundo fracaso”, afirmó.
Señaló que ahora es tiempo de reflexionar y asumir decisiones en busca de reemplazar al Consejo por otra institución. Para Arce, lamentablemente una gran parte de los males de la justicia está bajo la responsabilidad del Consejo de la Magistratura, lo que provocó un retroceso.
Además, dijo que este fracaso se suma al de las autoridades del Tribunal Constitucional y Tribunal Agroambiental, porque no han estado a la talla de los desafíos de cambio, ni de la apuesta a la que apuntó el pueblo boliviano para la revolución de la justicia.
El rol jurídico de las autoridades
El Procurador del Estado, Héctor Arce, lamentó que las autoridades elegidas por voto no entendieran que su rol era netamente jurídico. Explicó que la causa del fracaso y de la crisis judicial fue su ingreso en el campo político.
“Lo lamentable es que se confundieron y hemos visto que magistrados asumieron como autoridades políticas con declaraciones típicas de un partido político. Un magistrado no puede estar hablando sino trabajando en los fallos, impartiendo justicia”, puntualizó.
Dijo que muchos magistrados priorizaron intereses mezquinos, sectarios, personales y parciales ante el interés común del pueblo que espera justicia.
Para el analista Jorge Lazarte, la responsabilidad de politizar la selección y elección de los magistrados es del Gobierno y la Asamblea Legislativa. “No se seleccionaron a los mejores, sino a los simpatizantes del partido de Gobierno, por tanto actuaron como simples políticos”, agregó. “Públicamente se planteó la idea de que había que acabar con la politización de la justicia con el control político de los partidos. Es decir, evitar que los distintos partidos se distribuyan la justicia entre ellos y por eso se hizo votar al pueblo sobre los magistrados. Pese a las advertencias, el gobierno siguió adelante, pero la mayor parte de la población votó en blanco o nulo”, afirmó
Ley de Descongestionamiento Corte paceña resolvió 761 causas
EN BOLIVIA URGE UNA REFORMA DE JUSTICIA.
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Juan Carlos Berrios, informó que producto de la aplicación de la Ley de Descongestionamiento en los 33 días de su aplicación se logró resolver un 88 por ciento de lo que se han presentado.
En su criterio los balances sobre la aplicación de esta disposición legal fueron positivos y así se lo hizo conocer al inicio del año judicial en la ciudad de Sucre.
De acuerdo con el relevamiento efectuado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se identificó hasta mayo de 2014, 159.000 causas penales en trámite en las capitales de los nueve tribunales departamentales de justicia. De ellas, 4.500 causas se encontraban en acusación para juicio oral en espera de celebración de audiencia conclusiva.
El resto, 154.500 causas, eran procesos cuyo desarrollo dependía de la emisión de requerimiento conclusivo del Fiscal (etapa investigativa y preparatoria).
De las 4.505 causas identificadas en la primera fase del plan, se instalaron audiencias conclusivas para 3.492, de éstas, 1.279 pertenecen a causas con detenido preventivo.
Asimismo, fueron emitidas 759 sentencias condenatorias en audiencias de procedimiento abreviado.
Se efectuaron 1.056 audiencias conclusivas en preparación de juicio oral. Fueron emitidas 1.464 resoluciones definitivas pronunciadas en audiencias de aplicación de salidas alternativas.
Dijo también que se emitieron 212 resoluciones por aplicación definitiva de otros procedimientos. Asimismo, se emitieron 7.018 conminatorias a los fiscales por vencimiento del plazo de loa etapa preparatoria.
En La Paz fueron 761 de esas causas, de ellos el 32 por ciento en el tiempo que ha sido puesto en ejecución el Plan de Descongestionamiento, con el apoyo de jueces de las provincias y desdoblando la actividad de los jueves técnicos se logró resolver el 88 por ciento. Quedó pendiente el 12 por ciento.
Sin embargo, se observó las trabas en los procesos como las excusas y recusas en los diferentes procesos; al igual el percibir que algunas instancias producto de las suspensiones de audiencias, en muchos casos debido a la inasistencia de la Fiscalía.
Según Peralta, de 744 audiencias, los motivos de suspensión por inasistencia de la Fiscalía son 211 que representa el 29 por ciento; inasistencia de los abogados es el 21 por ciento. “Estos son casos externos al Órgano Judicial”, afirmó.
DESTACADO
En criterio del vocal del Tribunal Departamental, Félix Peralta, uno de los aspectos que fue visto de manera alentadora fue la exclusión de las audiencias conclusivas. Instancia legal donde se instauraban una serie de incidentes que en última instancia iban en perjuicio del avance del proceso.
Asimismo, destacó como otro avance de la aplicación de la Ley de Descongestionamiento la instauración de los jueces técnicos que ya fueron designados de acuerdo a la norma.
Pero lo que más destacó el vocal Peralta fue que muchos de los implicados en diversos casos se acogieron al juicio abreviado. “El procedimiento abreviado ha logrado, en definitiva, sentencia y no sólo hemos logrado un descongestionamiento a nivel de la audiencia conclusiva una solución definitiva como es la dictación de una sentencia a través del procedimiento abreviado”, sostuvo.
DESAFÍOS
Tras la evaluación efectuada, la autoridad judicial sostuvo que el desafío está en la actuación que vayan a tener los Jueces Técnicos que se van a encargar de llevar adelante la tramitación de los juicios que están listos para juicio.
“Este es un desafío para las salas penales que van a atender las apelaciones restringidas que en estos casos se planteen y por ello el marco definitivo es que estamos logrando avanzar en esta materia”, sostuvo.
REUNIÓN
Finalmente, anunció que en la reunión que sostengan este lunes en la ciudad de Cochabamba se definirá futuras acciones de coordinación para llevar adelante el procedimiento inmediato.
Saturday, January 17, 2015
En nueva jornada de movilización social piden justicia para Jessica
Ayer se cumplió una nueva jornada de movilización exigiendo justicia por el asesinato de la joven Jessica Burgoa Osorio, hace casi seis años, y hasta el momento no hay sentencia.
La plaza 10 de Febrero fue el escenario para que un grupo de personas, entre familiares, amigos y organizaciones, se reúnan en vigilia, en la que hicieron un llamado a la sociedad para que se unan a esta causa.
"Ya son casi seis años y solamente uno de los culpables está preso, nosotros queremos realmente que se haga justicia, nada nos va a devolver a nuestra prima, y llamar también a la ciudadanía, porque hoy es ella y mañana puede ser cualquier otra joven; lamentamos que haya corrupción en la justicia, estos años ha sido un tormento para mi familia, y realmente lo único que queremos es justicia y nada más y que se esclarezcan los hechos, y todos los culpables sean condenados", refirió la prima de Jessica, Rosely López Videla.
Indicó que estos seis años han sido un tormento para su familia, y afectó demasiado a toda la familia de Jessica, porque sus padres, prácticamente han vivido en los juzgados.
"Nos hemos dado cuenta de la burocracia que existe en el país, verlos a mis tíos correteando, además de todo el dolor que uno siente al perder a un ser querido tener que toparse con todas estas cosas, cuando la justica, los jueces y los policías son los que tienen que velar por la ciudadanía", expresó la jovencita que sostenía un cartel con la fotografía de su prima.
Hasta el lunes se espera que se dicte la sentencia. En el caso están acusados, entre ellos Adriano Cossío Mercado, Víctor Michael Laime Rocha, Álvaro Martínez Laime, Wara Guevara Terán, Víctor Otto Laime, Roberto Cossío y Alejandro Cossío.
La abogada de la familia de la víctima, Paola Barriga, manifestó su indignación por la retardación de justicia, cuando existen pruebas contundentes, pero más aún por la corrupción que habrían observado en el proceso.
La plaza 10 de Febrero fue el escenario para que un grupo de personas, entre familiares, amigos y organizaciones, se reúnan en vigilia, en la que hicieron un llamado a la sociedad para que se unan a esta causa.
"Ya son casi seis años y solamente uno de los culpables está preso, nosotros queremos realmente que se haga justicia, nada nos va a devolver a nuestra prima, y llamar también a la ciudadanía, porque hoy es ella y mañana puede ser cualquier otra joven; lamentamos que haya corrupción en la justicia, estos años ha sido un tormento para mi familia, y realmente lo único que queremos es justicia y nada más y que se esclarezcan los hechos, y todos los culpables sean condenados", refirió la prima de Jessica, Rosely López Videla.
Indicó que estos seis años han sido un tormento para su familia, y afectó demasiado a toda la familia de Jessica, porque sus padres, prácticamente han vivido en los juzgados.
"Nos hemos dado cuenta de la burocracia que existe en el país, verlos a mis tíos correteando, además de todo el dolor que uno siente al perder a un ser querido tener que toparse con todas estas cosas, cuando la justica, los jueces y los policías son los que tienen que velar por la ciudadanía", expresó la jovencita que sostenía un cartel con la fotografía de su prima.
Hasta el lunes se espera que se dicte la sentencia. En el caso están acusados, entre ellos Adriano Cossío Mercado, Víctor Michael Laime Rocha, Álvaro Martínez Laime, Wara Guevara Terán, Víctor Otto Laime, Roberto Cossío y Alejandro Cossío.
La abogada de la familia de la víctima, Paola Barriga, manifestó su indignación por la retardación de justicia, cuando existen pruebas contundentes, pero más aún por la corrupción que habrían observado en el proceso.
Caso Porvenir Suman a 5 los procesados que piden juicio abreviado
Mary Carrasco, abogada de las víctimas en el caso Porvenir, informó ayer que de los más de 20 imputados, ya suman cinco los que estarían solicitando acogerse a juicio abreviado.
El juicio se ventila en Juzgado Sexto de Sentencia hace seis años, en los cuales hubo varios incidentes que demoraron la prosecución del juicio oral.
Dentro del caso denominado Porvenir, sobre los hechos acaecidos el 11 de septiembre de 2008, en la localidad de ese nombre, en Pando, la abogada Carrasco, que patrocina a los familiares de las víctima, afirmó que aún no se puede adelantar nada sobre las solicitudes de juicio abreviado.
“Una cosa es que lo pidan y otra que se los concedan”, aseguró la jurista, ya que existen 25 coprocesados. Sin embargo, observó que ellos también tienen la palabra para calificar cada una de las solicitudes, porque mucho depende del delito que hayan cometido y que sea asumido como responsabilidad de esos luctuosos hechos.
Para acceder a este benefició, los cinco solicitantes deberán admitir la comisión de delitos, por lo que señaló que estos deberán analizar con cuidado las consecuencias de la acción legal.
Los cargos por los que son procesados los más de 26 imputados son de terrorismo, lesiones graves y leves, homicidio, asesinato y asociación delictuosa.
En el caso del cargo por terrorismo, de admitir su responsabilidad, los procesados pueden recibir una condena de hasta 30 años o de un año si llegan a ser juzgados solo por lesiones graves o asociación delictuosa.
"Hay una diferencia entre pedir y que se les conceda, y eso (en el caso de los solicitantes) aún no se ha establecido, eso lo conoceremos el jueves y viernes", señaló Carrasco, al ser consultada sobre si el entonces prefecto de Pando, Leopoldo Ramos, se quedaría sólo en caso, debido a que el resto de coprocesados está prófugo o con medidas sustitutivas.
La situación de los cinco imputados, cuatro del caso Porvenir I y uno de Porvenir II, se definirá el próximo jueves.
Junto a Leopoldo Fernández, fueron detenidos Roberto Rea, Juan Marcelo Mejido, Hermán Justiniano, Evin Ventura. Se conoció que Rea y Mejido solicitaron el juicio abreviado, mismo que debía ser analizado la pasada semana.
Junto a ellos, están Danilo Huari y Máximo Ayllón como parte de un grupo de 26 personas con las que comenzó el proceso. En el caso Porvenir II fue Omar Polanco el que solicito este beneficio.
En el caso Porvenir I, fuera de los cuatro y Leopoldo Fernández, el resto del grupo de 26 imputados se benefició con medidas sustitutivas y aprovechó esta condición para huir del juicio. Ahora hay 12 personas declaradas prófugas y otras 40 personas que son investigadas en el denominado caso Porvenir II, que surgió a raíz del conocimiento de la participación de varias personas en los hechos del 11 de septiembre de 2008.
Como antecedente se tiene que en un procedimiento abreviado, el Tribunal 7º de Sentencia de La Paz dictó un fallo condenatorio en contra de Williams Terrazas, dentro del caso Porvenir II, imponiéndole la pena de tres años de presidio por los delitos de lesiones graves y leves, asociación delictuosa y encubrimiento con relación a terrorismo.
NÓMINA DE LOS 13 FALLECIDOS
El Ministerio Público comprobó la muerte de 13 personas en Porvenir el 11 de septiembre de 2008: Pedro Oshiro M., Celedonio Bazualdo G., Jhonny Cari S., Wilson Castillo Q., Alfonso Cruz Q., Arnoldo Gonzales I., Wilson Mejía M., Bernardino Racua C., Díter Tupa M., Alfredo Robles C., Félix Roca T., Ramiro Tiñini A. y Luis A. Rivero S.
El juicio se ventila en Juzgado Sexto de Sentencia hace seis años, en los cuales hubo varios incidentes que demoraron la prosecución del juicio oral.
Dentro del caso denominado Porvenir, sobre los hechos acaecidos el 11 de septiembre de 2008, en la localidad de ese nombre, en Pando, la abogada Carrasco, que patrocina a los familiares de las víctima, afirmó que aún no se puede adelantar nada sobre las solicitudes de juicio abreviado.
“Una cosa es que lo pidan y otra que se los concedan”, aseguró la jurista, ya que existen 25 coprocesados. Sin embargo, observó que ellos también tienen la palabra para calificar cada una de las solicitudes, porque mucho depende del delito que hayan cometido y que sea asumido como responsabilidad de esos luctuosos hechos.
Para acceder a este benefició, los cinco solicitantes deberán admitir la comisión de delitos, por lo que señaló que estos deberán analizar con cuidado las consecuencias de la acción legal.
Los cargos por los que son procesados los más de 26 imputados son de terrorismo, lesiones graves y leves, homicidio, asesinato y asociación delictuosa.
En el caso del cargo por terrorismo, de admitir su responsabilidad, los procesados pueden recibir una condena de hasta 30 años o de un año si llegan a ser juzgados solo por lesiones graves o asociación delictuosa.
"Hay una diferencia entre pedir y que se les conceda, y eso (en el caso de los solicitantes) aún no se ha establecido, eso lo conoceremos el jueves y viernes", señaló Carrasco, al ser consultada sobre si el entonces prefecto de Pando, Leopoldo Ramos, se quedaría sólo en caso, debido a que el resto de coprocesados está prófugo o con medidas sustitutivas.
La situación de los cinco imputados, cuatro del caso Porvenir I y uno de Porvenir II, se definirá el próximo jueves.
Junto a Leopoldo Fernández, fueron detenidos Roberto Rea, Juan Marcelo Mejido, Hermán Justiniano, Evin Ventura. Se conoció que Rea y Mejido solicitaron el juicio abreviado, mismo que debía ser analizado la pasada semana.
Junto a ellos, están Danilo Huari y Máximo Ayllón como parte de un grupo de 26 personas con las que comenzó el proceso. En el caso Porvenir II fue Omar Polanco el que solicito este beneficio.
En el caso Porvenir I, fuera de los cuatro y Leopoldo Fernández, el resto del grupo de 26 imputados se benefició con medidas sustitutivas y aprovechó esta condición para huir del juicio. Ahora hay 12 personas declaradas prófugas y otras 40 personas que son investigadas en el denominado caso Porvenir II, que surgió a raíz del conocimiento de la participación de varias personas en los hechos del 11 de septiembre de 2008.
Como antecedente se tiene que en un procedimiento abreviado, el Tribunal 7º de Sentencia de La Paz dictó un fallo condenatorio en contra de Williams Terrazas, dentro del caso Porvenir II, imponiéndole la pena de tres años de presidio por los delitos de lesiones graves y leves, asociación delictuosa y encubrimiento con relación a terrorismo.
NÓMINA DE LOS 13 FALLECIDOS
El Ministerio Público comprobó la muerte de 13 personas en Porvenir el 11 de septiembre de 2008: Pedro Oshiro M., Celedonio Bazualdo G., Jhonny Cari S., Wilson Castillo Q., Alfonso Cruz Q., Arnoldo Gonzales I., Wilson Mejía M., Bernardino Racua C., Díter Tupa M., Alfredo Robles C., Félix Roca T., Ramiro Tiñini A. y Luis A. Rivero S.
Friday, January 16, 2015
TCP recibe solo el 42% de las cartas orgánicas
El proceso autonómico en el país avanza lentamente. De acuerdo a información oficial del Ministerio de Autonomías, una sola carta orgánica departamental está en plena vigencia; la de Pando.
Mientras que a nivel municipal, ningún municipio cuenta con carta orgánica en vigencia; el 42 por ciento de los 339 municipios elaboró sus cartas que se encuentran en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Informe. El director general de Autonomías Municipales 2014, Rodrigo Puerta, durante el informe de rendición de cuentas 2014, dijo que la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales direccionó en gran medida el trabajo del Gobierno.
Puerta señaló que a pesar de los avances significativos en cuanto al proceso autonómico en el país, ningún municipio cuenta con su carta orgánica validada por el TCP. Dos cartas orgánicas cuentan con una segunda declaratoria y otras 39 con una primera declaratoria del ente constitucional, las que trabajan en la adecuación según las observaciones realizadas.
"El 13% de los gobiernos municipales decidió hacer cartas orgánicas, casi el 30% están en revisión en el Tribunal Constitucional; lo que significa que el 43% de los gobiernos municipales tiene sus cartas orgánicas, lo que significa que el proceso va a continuar con las próximas autoridades que llamarán a referendos, es un proceso en marcha", sostuvo.
Con avance. Un poco más atrasados dijo el funcionario se encuentran 15 municipios que cuentan con sus cartas aprobadas pero no fueron derivadas al TCP, otros 76 se encuentran en etapa de elaboración. "Un 29% de gobiernos se tomó su tiempo respecto a la carta, un 17% ha socializado (su carta) pero no lo ha tomado como algo que hay que terminar, y un 12% no ha iniciado el proceso por diversos factores, quizás sean porque están considerando ser autonomías indígenas", manifestó.
La ministra de Autonomías, Claudia Peña, responsabilizó del retraso en la declaración de las cartas orgánicas al TCP, ya que en promedio se habría tardado un año para revisar cada documento.
Conflictos de gobernabilidad. La implementación de la Ley 482, según el director de Autonomías Municipales, bajaron los índices de conflictos por ingobernabilidad, ya que la norma prevé intentos de "golpes de Estados en los municipios".
Sin embargo, se registraron 33 denuncias en contra de las autoridades municipales, siendo que los municipios donde hubo más problemas fueron en Santa Rosa en el departamento de Pando; Calacoto, Apolo y Cairoma en La Paz; Guacaraje, San Ramón y Exaltación en Beni y La Guardia y Pailón en Santa Cruz.
Boicot. La ministra de Autonomías afirmó que varios municipios “boicotean” los procesos autonómicos indígenas a través del no desembolso de recursos para la realización de referendos. Hasta la fecha, once municipios manifestaron su intención de declararse en autonomía indígena.
"La Ley 588 de transferencias de recursos para los referendos aprobatorios de estatutos autonómicos indígena originario campesino no se está cumpliendo por algunos gobiernos municipales que deben financiar ese referendo del estatuto, y hemos visto que los municipios por no perder ese poder van boicoteando y argumentan una y mil cosas para no hacerlo", aseguró Peña.
Mientras que a nivel municipal, ningún municipio cuenta con carta orgánica en vigencia; el 42 por ciento de los 339 municipios elaboró sus cartas que se encuentran en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Informe. El director general de Autonomías Municipales 2014, Rodrigo Puerta, durante el informe de rendición de cuentas 2014, dijo que la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales direccionó en gran medida el trabajo del Gobierno.
Puerta señaló que a pesar de los avances significativos en cuanto al proceso autonómico en el país, ningún municipio cuenta con su carta orgánica validada por el TCP. Dos cartas orgánicas cuentan con una segunda declaratoria y otras 39 con una primera declaratoria del ente constitucional, las que trabajan en la adecuación según las observaciones realizadas.
"El 13% de los gobiernos municipales decidió hacer cartas orgánicas, casi el 30% están en revisión en el Tribunal Constitucional; lo que significa que el 43% de los gobiernos municipales tiene sus cartas orgánicas, lo que significa que el proceso va a continuar con las próximas autoridades que llamarán a referendos, es un proceso en marcha", sostuvo.
Con avance. Un poco más atrasados dijo el funcionario se encuentran 15 municipios que cuentan con sus cartas aprobadas pero no fueron derivadas al TCP, otros 76 se encuentran en etapa de elaboración. "Un 29% de gobiernos se tomó su tiempo respecto a la carta, un 17% ha socializado (su carta) pero no lo ha tomado como algo que hay que terminar, y un 12% no ha iniciado el proceso por diversos factores, quizás sean porque están considerando ser autonomías indígenas", manifestó.
La ministra de Autonomías, Claudia Peña, responsabilizó del retraso en la declaración de las cartas orgánicas al TCP, ya que en promedio se habría tardado un año para revisar cada documento.
Conflictos de gobernabilidad. La implementación de la Ley 482, según el director de Autonomías Municipales, bajaron los índices de conflictos por ingobernabilidad, ya que la norma prevé intentos de "golpes de Estados en los municipios".
Sin embargo, se registraron 33 denuncias en contra de las autoridades municipales, siendo que los municipios donde hubo más problemas fueron en Santa Rosa en el departamento de Pando; Calacoto, Apolo y Cairoma en La Paz; Guacaraje, San Ramón y Exaltación en Beni y La Guardia y Pailón en Santa Cruz.
Boicot. La ministra de Autonomías afirmó que varios municipios “boicotean” los procesos autonómicos indígenas a través del no desembolso de recursos para la realización de referendos. Hasta la fecha, once municipios manifestaron su intención de declararse en autonomía indígena.
"La Ley 588 de transferencias de recursos para los referendos aprobatorios de estatutos autonómicos indígena originario campesino no se está cumpliendo por algunos gobiernos municipales que deben financiar ese referendo del estatuto, y hemos visto que los municipios por no perder ese poder van boicoteando y argumentan una y mil cosas para no hacerlo", aseguró Peña.
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