La presidenta del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Carmen del Río Quisbert, señaló que la reposición de la vacación colectiva para magistrados, vocales, jueces y personal de apoyo jurisdiccional contribuirá a la celeridad en la atención de causas y evitará mayor mora procesal en el Órgano Judicial.
“La vacación individual ha sido una especie de óbice para el normal desarrollo de las funciones jurisdiccionales, toda vez que los funcionarios han ido pidiendo sus vacaciones individuales en forma alternada, ello daba como consecuencia la mora procesal”, que derivó en la retardación en la tramitación de las diferentes causas, señaló Quisbert en conferencia de prensa.
El 13 de junio, la Cámara de Diputados sancionó la Ley 810 que repone el artículo 126 de la Ley del Órgano Judicial, por el cual se reasigna los 25 días calendario de vacación colectiva para todos los funcionarios judiciales en diciembre.
Quisbert explicó que durante este tiempo, se tiene previsto que 20 juzgados, en las diferentes especialidades, civil y penal, quedarán de turno en las ciudades de La Paz y El Alto, en cuyos lugares se atenderá los diferentes casos con detenidos y de relevancia social.
“Anteriormente, era vacación colectiva y la época y la fecha era definida en el pleno del TDJ, y por lo general era en el mes de junio, ahora la ley repone la vacación para el mes de diciembre de cada gestión, es decir que solo queda definir si esta será del primero al 25 o del 5 al 30 de diciembre”, explicó Quisbert sobre las posibles fechas en las que se dará el receso.
Friday, July 1, 2016
Thursday, June 30, 2016
El TCP agiliza procedimientos y compromete dictar en 7 días fallos sobre preguntas para referéndums
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) asumió el compromiso de dictar en siete días hábiles las resoluciones de constitucionalidad de las preguntas para la consulta autonómica del 20 de noviembre, como parte de la coordinación interinstitucional para sumar a más subgobiernos al referéndum para validar cartas orgánicas y estatutos, informó el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Autoridades del Ministerio de Autonomías, del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sostuvieron este miércoles una reunión en Sucre para coordinar acciones en procura de acelerar los procesos hacia la consolidación autonómica en los niveles municipal, regional e indígena.
El control constitucional emitirá decisiones de constitucionalidad sobre las preguntas para la consulta en un plazo de 7 días hábiles, según un boletín institucional del TSE.
Además se acordó una coordinación directa entre las presidencias del TSE y el TCP. “Vamos a promover una coordinación para que los procesos y cada uno de los órganos sean eficientes para que la mayor cantidad de municipios puedan participar de esta consulta”, indicó la presidenta del TSE, Katia Uriona.
De acuerdo al último reporte de la entidad electoral, solo 15 entidades territoriales autónomas (ETA) solicitaron ingresar en la consulta, aunque el ministro de Autonomías, Hugo Siles, da cuenta del interés de 50 entidades autónomas.
La consulta se había previsto para el 30 de octubre, pero fue pospuesta para el 20 de noviembre por el feriado de Todos los Santos. Ahora, los municipios que deseen participar del referéndum deben presentar su solicitud antes del 12 de agosto, puesto que en esa fecha se abrirá el calendario electoral. (29/06/2016)
Retrasan la aplicación de Cumbre Judicial
A 18 días de haber concluido la Cumbre Judicial, todavía no arranca la comisión que tiene que analizar las conclusiones del evento realizado en Sucre.
La senadora del MAS, Adriana Salvatierra, informó que la comisión interinstitucional requiere de una norma para empezar su trabajo y proyectar la ruta de aplicación de las conclusiones de dicho cónclave. 'Tiene que haber una base institucional donde participen no solo el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, sino la Asamblea Legislativa y los ministerios de Justicia, de Gobierno y quizás la Procuraduría General del Estado, pero esta comisión necesita una normativa y una metodología de trabajo", declaró la legisladora. No precisó si será una ley o será otro mecanismo, pero dijo que es necesario un mecanismo que institucionalice ese espacio que será de toma de decisiones sobre la clasificación de las propuestas las que serán de implementación a corto, mediano y largo plazo.
En su criterio, la comisión no puede estar expuesta a la posibilidad de cambios ya sea en la Asamblea Legislativa o en los ministerios, sino que por el contrario "esta debe ser una labor institucionalizada que marque el carácter permanente de la coordinación gubernamental", precisó.
Una vez constituida la comisión debe definir en su funcionamiento la periodicidad de sus reuniones, plazos en las tareas y una agenda, entre otros que se asumirán en el marco de acuerdos previos entre las entidades que participen.
Sugerencias, no imposiciones. Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Marcelo Arrázola, aclaró que las conclusiones de la Cumbre en la capital del Estado, deben ser solamente sugerencias y no imposiciones del poder. Lamentó que la Cumbre no tomó en cuenta las sugerencias de los actores para generar un Pacto Social y sacar de la crisis al Poder Judicial. En ese entendido, dijo que sus conclusiones no son vinculantes. Arrázola apuntó que las autoridades del poder constituido, deben tomar como referencia las sugerencias y cualquier resolución necesita de una norma jurídica.
La senadora del MAS, Adriana Salvatierra, informó que la comisión interinstitucional requiere de una norma para empezar su trabajo y proyectar la ruta de aplicación de las conclusiones de dicho cónclave. 'Tiene que haber una base institucional donde participen no solo el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, sino la Asamblea Legislativa y los ministerios de Justicia, de Gobierno y quizás la Procuraduría General del Estado, pero esta comisión necesita una normativa y una metodología de trabajo", declaró la legisladora. No precisó si será una ley o será otro mecanismo, pero dijo que es necesario un mecanismo que institucionalice ese espacio que será de toma de decisiones sobre la clasificación de las propuestas las que serán de implementación a corto, mediano y largo plazo.
En su criterio, la comisión no puede estar expuesta a la posibilidad de cambios ya sea en la Asamblea Legislativa o en los ministerios, sino que por el contrario "esta debe ser una labor institucionalizada que marque el carácter permanente de la coordinación gubernamental", precisó.
Una vez constituida la comisión debe definir en su funcionamiento la periodicidad de sus reuniones, plazos en las tareas y una agenda, entre otros que se asumirán en el marco de acuerdos previos entre las entidades que participen.
Sugerencias, no imposiciones. Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Marcelo Arrázola, aclaró que las conclusiones de la Cumbre en la capital del Estado, deben ser solamente sugerencias y no imposiciones del poder. Lamentó que la Cumbre no tomó en cuenta las sugerencias de los actores para generar un Pacto Social y sacar de la crisis al Poder Judicial. En ese entendido, dijo que sus conclusiones no son vinculantes. Arrázola apuntó que las autoridades del poder constituido, deben tomar como referencia las sugerencias y cualquier resolución necesita de una norma jurídica.
Wednesday, June 29, 2016
Cumbre de justicia Campesinos esperan que funcione la comisión
La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia está a la espera de que la comisión post Cumbre Nacional de Justicia, empiece a trabajar en la implementación de las conclusiones que buscan una mejor administración de justicia en el país.
La comisión de implementación de las conclusiones de la cumbre debiera estar trabajando, dijo el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Rodolfo Machaca (f), porque en el plazo de 90 días se debe empezar a ejecutar las propuestas.
"El Ministerio de Justicia tiene que conformar una comisión para clasificar las propuestas. Hay temas que apuntan a desburocratizar la justicia y otros para terminar con la corrupción", declaró Machaca./ANF
La comisión de implementación de las conclusiones de la cumbre debiera estar trabajando, dijo el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Rodolfo Machaca (f), porque en el plazo de 90 días se debe empezar a ejecutar las propuestas.
"El Ministerio de Justicia tiene que conformar una comisión para clasificar las propuestas. Hay temas que apuntan a desburocratizar la justicia y otros para terminar con la corrupción", declaró Machaca./ANF
Tuesday, June 28, 2016
Más de mil jueces darán examen ante el Consejo de la Magistratura
El Consejo de la Magistratura formará una comisión interinstitucional para que en 120 días tomen un examen de desempeño a los 1.004 jueces del Órgano Judicial. Además, se verificará los títulos profesionales de los operadores de justicia, informó la magistrada Cristina Mamani.
"Cumpliendo con las recomendaciones de la Cumbre Nacional de Justicia que se realizó en Sucre, de manera excepcional y por única vez, se realizará este examen de desempeño y jueces que superen la prueba ingresarán a la carrera judicial", explicó.
Mamani anunció que en los próximos días, además, se verificará, con apoyo de las distintas universidades del país, listas de sus profesionales abogados, titulados.
“El Consejo de la Magistratura ha determinado que hagamos un cruce de información desde vocales hasta el último funcionario, para corroborar su situación profesional”, afirmó, según la agencia de noticias ERBOL.
Esta medida fue determinada después de que se descubrió que el jefe de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura de La Paz Ariel Marañón, presentó títulos profesionales falsos. Por ese hecho, ahora es sometido a un proceso judicial y se encuentra con detención domiciliaria.
COMISIÓN Informó que se elaborará un reglamento para la evaluación de los 1.004 jueces que cumplen funciones en los nueve Tribunales Departamentales de Justicia.
Advirtió que los jueces que no pasen la prueba serán separados de sus funciones, "con el agradecimiento correspondiente".
Mamani anunció que la comisión evaluadora estará conformada por representantes del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Supremo de Justicia, de las universidades, del Colegio de Abogados, de la Asociación de Magistrados, además de la participación ciudadana.
Mamani recordó que para ingresar a la carrera judicial se lanza una convocatoria y posteriormente se forma en la Escuela de Jueces, pero reiteró que por única vez, la evaluación se realizará a través de esa comisión.
Por otra parte, informó que el Consejo de la Magistratura se querellará en las próximas horas contra el exrresponsable de la Unidad de Transparencia, Ariel Marañón, que ocupaba ese cargo con título profesional falso.
"Este hecho preocupa, lamentamos profundamente que haya funcionarios que no tengan una conciencia, que engañe, miente y sorprenda la buena fe, es totalmente reprochable, no podemos tener este tipo de personas", complementó, según la agencia de noticias ABI.
"Cumpliendo con las recomendaciones de la Cumbre Nacional de Justicia que se realizó en Sucre, de manera excepcional y por única vez, se realizará este examen de desempeño y jueces que superen la prueba ingresarán a la carrera judicial", explicó.
Mamani anunció que en los próximos días, además, se verificará, con apoyo de las distintas universidades del país, listas de sus profesionales abogados, titulados.
“El Consejo de la Magistratura ha determinado que hagamos un cruce de información desde vocales hasta el último funcionario, para corroborar su situación profesional”, afirmó, según la agencia de noticias ERBOL.
Esta medida fue determinada después de que se descubrió que el jefe de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura de La Paz Ariel Marañón, presentó títulos profesionales falsos. Por ese hecho, ahora es sometido a un proceso judicial y se encuentra con detención domiciliaria.
COMISIÓN Informó que se elaborará un reglamento para la evaluación de los 1.004 jueces que cumplen funciones en los nueve Tribunales Departamentales de Justicia.
Advirtió que los jueces que no pasen la prueba serán separados de sus funciones, "con el agradecimiento correspondiente".
Mamani anunció que la comisión evaluadora estará conformada por representantes del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Supremo de Justicia, de las universidades, del Colegio de Abogados, de la Asociación de Magistrados, además de la participación ciudadana.
Mamani recordó que para ingresar a la carrera judicial se lanza una convocatoria y posteriormente se forma en la Escuela de Jueces, pero reiteró que por única vez, la evaluación se realizará a través de esa comisión.
Por otra parte, informó que el Consejo de la Magistratura se querellará en las próximas horas contra el exrresponsable de la Unidad de Transparencia, Ariel Marañón, que ocupaba ese cargo con título profesional falso.
"Este hecho preocupa, lamentamos profundamente que haya funcionarios que no tengan una conciencia, que engañe, miente y sorprenda la buena fe, es totalmente reprochable, no podemos tener este tipo de personas", complementó, según la agencia de noticias ABI.
Magistratura revisa títulos de funcionarios
El Consejo de la Magistratura inició la revisión de los títulos en provisión nacional de sus funcionarios, luego de que se descubrió la falsificación de ese documento por parte del exjefe de la Unidad de Transparencia.
“El Concejo de la Magistratura ha determinado que hagamos un cruce de información desde vocales hasta el último funcionario, personal de apoyo, que alcanza a los vocales, jueces y secretarios y actuarios que son abogados, porque oficiales y auxiliares son estudiantes de tercer año hacia arriba y no habría problema; pero para aquellos que son profesionales abogados sí se ha pedido que se haga ese cruce de información”, informó la presidenta de la comisión disciplinaria de esa entidad judicial, Cristina Mamani.
Dijo que la decisión fue asumida después de que se comprobó que el funcionario de la Unidad de Transparencia de la Magistratura de La Paz Gabriel Marañón faltó a la buena fe de esa entidad presentando un título de abogado en provisión nacional falso.
En ese marco, adelantó que ya se inició una profunda investigación para establecer quién o quiénes falsificaron ese documento académico, para asumir las acciones que corresponden. “Sabemos que él ha presentado su título original en el momento de la convocatoria, pero era falso”, manifestó a los periodistas.
En ese contexto, dijo que se estableció el cruce de información con todas las universidades en la que se licenciaron los profesionales en Derecho luego de que se concluya con la entrega de copias legalizadas exigidas a sus funcionarios.
“El Concejo de la Magistratura ha determinado que hagamos un cruce de información desde vocales hasta el último funcionario, personal de apoyo, que alcanza a los vocales, jueces y secretarios y actuarios que son abogados, porque oficiales y auxiliares son estudiantes de tercer año hacia arriba y no habría problema; pero para aquellos que son profesionales abogados sí se ha pedido que se haga ese cruce de información”, informó la presidenta de la comisión disciplinaria de esa entidad judicial, Cristina Mamani.
Dijo que la decisión fue asumida después de que se comprobó que el funcionario de la Unidad de Transparencia de la Magistratura de La Paz Gabriel Marañón faltó a la buena fe de esa entidad presentando un título de abogado en provisión nacional falso.
En ese marco, adelantó que ya se inició una profunda investigación para establecer quién o quiénes falsificaron ese documento académico, para asumir las acciones que corresponden. “Sabemos que él ha presentado su título original en el momento de la convocatoria, pero era falso”, manifestó a los periodistas.
En ese contexto, dijo que se estableció el cruce de información con todas las universidades en la que se licenciaron los profesionales en Derecho luego de que se concluya con la entrega de copias legalizadas exigidas a sus funcionarios.
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