De acuerdo con las denuncias de miembros de la “Asociación de Víctimas del exfiscal Humberto Quispe”, éste continúa operando desde la cárcel, influyendo en el alejamiento de jueces y otros operadores de justicia, a los cuales somete a presiones y otro tipo de amedrentamientos.
David Zeballos, abogado de José Luis Cuenca, uno de los miembros de esta Asociación, informó ayer que existen indicios para creer que los nexos de funcionarios judiciales, fiscales, policías y abogados continúan articulados y ejerciendo presión contra las autoridades que están a cargo de los numerosos procesos que Quispe tiene en su contra.
“Hay ciertas presiones que se están efectuando en contra de jueces, toda vez que nosotros ya hemos presentado la denuncia respectiva en la Fiscalía Departamental”, detalló Zeballos.
Cuenca lleva adelante un proceso en contra de Humberto Quispe, el aún fiscal Sergio Bustillos, el abogado Blady Choquetijlla, la fiscal Etna M. y el juez Orlando R., por los delitos de consorcio de jueces y fiscales.
Dentro del proceso por ahora sólo fueron cautelados Bustillos con detención domiciliaria y Choquetijlla enviado al penal de San Pedro, y se espera la toma de declaraciones de los otros denunciados por favorecer con resoluciones de rechazo a denuncia contra Quispe.
En el caso de Bustillos y Choquetijlla, se presentó un audio en el que Cuenca afirma que se involucra a Bustillos y el juez Rojas, por medio de un mensaje de voz de Choquetijlla. El audio, fue extraído de uno de los celulares que se le secuestró a Quispe en un operativo sorpresa realizado en su celda del Penal de San Roque en Sucre, desde donde afirman sigue operando.
En ese contexto, se conoce por fuente oficial, que el 30 de diciembre se desarrolló una audiencia de modificación de medidas cautelares solicitada por Bustillos, pidiendo libertad para salir a trabajar, aspecto que le fue denegado por la juez tercero anticorrupción, Claudia Castro.
En este sentido, se informó que ese mismo día, Bustillos planteo una acción de libertad en contra de Castro y esta se resolvió ante un tribunal presidido por un juez que fue denunciada por tener nexos con Quispe. Sin embargo, el pedido de Bustillos fue denegado.
Ante este panorama, ayer el abogado Zeballos afirmó que otros jueces que se han excusado de conocer los procesos de Quispe emiten criterios anticipados “que demuestran que el juez está bajo presión, afirmando que se quieren apartar de este proceso”, aseveró.
Friday, January 6, 2017
Conclusiones de Cumbre de Justicia MAS pretende acelerar aprobación de leyes
El jefe de bancada del Movimiento al Socialismo (MAS), Franklin Flores, informó que se pretende acelerar la aprobación de los proyectos de ley de la Cumbre de Justicia que envió el Órgano Ejecutivo y que serán tratadas en las Comisiones de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado y Constitución.
“Si bien el compromiso del presidente Evo Morales es de que las leyes estén listas para entrar en vigencia a inicios de 2018, nosotros podemos agilizar la aprobación de las normas, para que la justicia tenga solución los más pronto posible”, explicó.
Flores indicó que los proyectos de ley que tiene que ver con las sanciones duras para jueces, fiscales y abogados, de que dilatan procesos judiciales, la condena cadena perpetua y otros, fue remitida a la presidencia de la Cámara Baja y serán remitidos a Comisiones de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado y Constitución para ser tratados.
Recordó que en la Cumbre de Justicia de junio 2016, la falta de celeridad en los procesos y la condena de cadena perpetua para violadores fueron las demandas más requeridas, motivo que impulsa los legisladores a agilizar la aprobación de las normas.
El martes, el presidente Evo Morales entregó cuatro proyectos de ley sobre las conclusiones de la Cumbre de Justicia, al titular del Legislativo, Álvaro García, para que los procesos se aceleren y no exista impunidad.
Entre las propuestas, el Jefe de Estado planteó instituir la cadena perpetua como sanción máxima a violadores y asesinos de niños. Para ello, en medios judiciales se plantea que debe realizarse un referéndum constitucional.
También se plantea investigar y castigar los delitos de corrupción en el sistema judicial, agilizar los juicios orales con el fin de mejorar el sistema judicial en Bolivia y erradicar la retardación de justicia.
“Si bien el compromiso del presidente Evo Morales es de que las leyes estén listas para entrar en vigencia a inicios de 2018, nosotros podemos agilizar la aprobación de las normas, para que la justicia tenga solución los más pronto posible”, explicó.
Flores indicó que los proyectos de ley que tiene que ver con las sanciones duras para jueces, fiscales y abogados, de que dilatan procesos judiciales, la condena cadena perpetua y otros, fue remitida a la presidencia de la Cámara Baja y serán remitidos a Comisiones de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado y Constitución para ser tratados.
Recordó que en la Cumbre de Justicia de junio 2016, la falta de celeridad en los procesos y la condena de cadena perpetua para violadores fueron las demandas más requeridas, motivo que impulsa los legisladores a agilizar la aprobación de las normas.
El martes, el presidente Evo Morales entregó cuatro proyectos de ley sobre las conclusiones de la Cumbre de Justicia, al titular del Legislativo, Álvaro García, para que los procesos se aceleren y no exista impunidad.
Entre las propuestas, el Jefe de Estado planteó instituir la cadena perpetua como sanción máxima a violadores y asesinos de niños. Para ello, en medios judiciales se plantea que debe realizarse un referéndum constitucional.
También se plantea investigar y castigar los delitos de corrupción en el sistema judicial, agilizar los juicios orales con el fin de mejorar el sistema judicial en Bolivia y erradicar la retardación de justicia.
Wednesday, January 4, 2017
Presidente del TSJ ensalza gestión de Evo y respalda abrir la Constitución
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Pastor Mamani, realzó la administración de gobierno del presidente Evo Morales y respaldó la iniciativa de abrir la Constitución Política del Estado si es para mejorar la administración de justicia en el país.
Mamani expresó su inclinación al proceso de cambio, durante la inauguración del Año Judicial 2017, en la ciudad de Sucre, circunstancia en que declaró su alegría de verlo al Presidente en dicho acontecimiento.
"Admiro la gestión que él ha desempeñado esta última década; solo de la talla como él puede hacerse una verdadera revolución en el campo de la justicia, en un trabajo conjunto entre los tres órganos del Estado", declaró Mamani, poco después que el presidente Morales hablara de un referéndum para introducir la figura de la cadena perpetua en los casos de violación seguida de muerte a niños y niñas.
La autoridad sostuvo que ninguna Constitución Política en el país ni códigos en el mundo es perfecto ni definitivo y tampoco para la eternidad. Todas las constituciones, todas las leyes y los códigos son perfectibles y susceptibles de cambios y transformaciones, cuando su pueblo lo pide.
ABRIR LA CONSTITUCIÓN
En el discurso que pronunció Mamani sostuvo que “en Bolivia no tenemos otra alternativa que abrir la Constitución, consultar al pueblo, cambiar o lograr una justicia que sea revolucionaria, estructural y al servicio del pueblo”.
Sin embargo, consideró que además de las reformas planteadas por el Ejecutivo, el Tribunal propone la desaparición del Consejo de la Magistratura, porque esta entidad, encargada de la parte administrativa y disciplinaria del Órgano Judicial, “es un cáncer” de la justicia boliviana.
En su opinión, esa entidad ha cumplido su papel y estaría por demás en la actual estructura del Órgano Judicial, porque el rol de los administradores de justicia no tienen que tener trabas en su camino, sino leyes a su alcance para transformar la justicia.
La mañana de este martes, Morales envió proyectos de ley a la Asamblea, por lo cual esta conformará una comisión de implementación de las reformas judiciales aprobadas en la Cumbre de Justicia de Sucre, reformas al procedimiento penal, acortando tiempo procesales y aplicando sanciones a los abogados que ejerzan la profesión al margen de los código de ética.
REDUCCIÓN DE PERSONAL
Por su parte, Wilber Choque, presidente del Consejo de la Magistratura, planteó la reducción de la planta administrativa del descabezado Consejo de la Magistratura. En las próximas horas convocará a los suplentes para completar la Sala Plena de esta institución, que está paralizada.
La idea surge a 10 meses de las elecciones judiciales; después de cinco años, que las altas autoridades, de la entidad disciplinaria, asumieran sus funciones. Choque lanzó la propuesta después que el Órgano Ejecutivo planteó tres proyectos de ley que recuperan el espíritu de la Cumbre de Justicia.
“Lo que se hará es una reducción de personal en el área administrativa. Voy a proponer a los nuevos consejeros para consolidar la creación de los jueces que atiendan casos de violencia a las mujeres”, manifestó Choque.
DÉFICIT DE JUECES
El Consejo de la Magistratura estimó un déficit de 200 jueces para el ámbito jurisdiccional, sin embargo, cree que es posible generar al menos 50 ítems con los recursos propios del Consejo, no obstante sugirió la reducción del personal para lograr este objetivo.
Choque es el único consejero que actualmente está en funciones, sus colegas Roger Triveño, Cristina Mamani, Wilma Mamani y Freddy Sanabria fueron suspendidos de manera temporal por la Cámara de Diputados, con los cargos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
“Por el momento estoy solo”, afirmó el presidente del Consejo, al ser consultado sobre el descabezamiento de esta entidad. Anunció que hasta el miércoles convocará a los cuatro suplentes que reemplazarán a sus colegas suspendidos, mientras asuman defensa en el juicio que se les sigue en el Senado.
El Consejo está conformado por cinco miembros y sus decisiones se toman en Sala Plena.
CADENA PERPETUA
Por otra parte, un referéndum para tratar la modificación de la Constitución Política del Estado (CPE), con el fin de que se apruebe la pena de cadena perpetua contra violadores y asesinos de menores, fue propuesto ayer y autoridades anuncian una larga discusión sobre el tema.
“Hay temas pendientes y veremos en su momento cómo llamar a referéndum sobre la cadena perpetua para quienes violan a niños y niñas, porque eso es algo imperdonable”, anunció el presidente Evo Morales, ayer durante el acto de presentación de tres proyectos de ley ante la Asamblea Legislativa.
Por su lado, el fiscal general, Ramiro Guerrero, señaló que “todavía es un tema de profundo debate”.
De su parte, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, dijo que debe ser parte de un debate de la sociedad, porque lo que interesa es, por ejemplo, cuánto puede ayudar esa medida. Agencias y EL DIARIO.
Mamani expresó su inclinación al proceso de cambio, durante la inauguración del Año Judicial 2017, en la ciudad de Sucre, circunstancia en que declaró su alegría de verlo al Presidente en dicho acontecimiento.
"Admiro la gestión que él ha desempeñado esta última década; solo de la talla como él puede hacerse una verdadera revolución en el campo de la justicia, en un trabajo conjunto entre los tres órganos del Estado", declaró Mamani, poco después que el presidente Morales hablara de un referéndum para introducir la figura de la cadena perpetua en los casos de violación seguida de muerte a niños y niñas.
La autoridad sostuvo que ninguna Constitución Política en el país ni códigos en el mundo es perfecto ni definitivo y tampoco para la eternidad. Todas las constituciones, todas las leyes y los códigos son perfectibles y susceptibles de cambios y transformaciones, cuando su pueblo lo pide.
ABRIR LA CONSTITUCIÓN
En el discurso que pronunció Mamani sostuvo que “en Bolivia no tenemos otra alternativa que abrir la Constitución, consultar al pueblo, cambiar o lograr una justicia que sea revolucionaria, estructural y al servicio del pueblo”.
Sin embargo, consideró que además de las reformas planteadas por el Ejecutivo, el Tribunal propone la desaparición del Consejo de la Magistratura, porque esta entidad, encargada de la parte administrativa y disciplinaria del Órgano Judicial, “es un cáncer” de la justicia boliviana.
En su opinión, esa entidad ha cumplido su papel y estaría por demás en la actual estructura del Órgano Judicial, porque el rol de los administradores de justicia no tienen que tener trabas en su camino, sino leyes a su alcance para transformar la justicia.
La mañana de este martes, Morales envió proyectos de ley a la Asamblea, por lo cual esta conformará una comisión de implementación de las reformas judiciales aprobadas en la Cumbre de Justicia de Sucre, reformas al procedimiento penal, acortando tiempo procesales y aplicando sanciones a los abogados que ejerzan la profesión al margen de los código de ética.
REDUCCIÓN DE PERSONAL
Por su parte, Wilber Choque, presidente del Consejo de la Magistratura, planteó la reducción de la planta administrativa del descabezado Consejo de la Magistratura. En las próximas horas convocará a los suplentes para completar la Sala Plena de esta institución, que está paralizada.
La idea surge a 10 meses de las elecciones judiciales; después de cinco años, que las altas autoridades, de la entidad disciplinaria, asumieran sus funciones. Choque lanzó la propuesta después que el Órgano Ejecutivo planteó tres proyectos de ley que recuperan el espíritu de la Cumbre de Justicia.
“Lo que se hará es una reducción de personal en el área administrativa. Voy a proponer a los nuevos consejeros para consolidar la creación de los jueces que atiendan casos de violencia a las mujeres”, manifestó Choque.
DÉFICIT DE JUECES
El Consejo de la Magistratura estimó un déficit de 200 jueces para el ámbito jurisdiccional, sin embargo, cree que es posible generar al menos 50 ítems con los recursos propios del Consejo, no obstante sugirió la reducción del personal para lograr este objetivo.
Choque es el único consejero que actualmente está en funciones, sus colegas Roger Triveño, Cristina Mamani, Wilma Mamani y Freddy Sanabria fueron suspendidos de manera temporal por la Cámara de Diputados, con los cargos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
“Por el momento estoy solo”, afirmó el presidente del Consejo, al ser consultado sobre el descabezamiento de esta entidad. Anunció que hasta el miércoles convocará a los cuatro suplentes que reemplazarán a sus colegas suspendidos, mientras asuman defensa en el juicio que se les sigue en el Senado.
El Consejo está conformado por cinco miembros y sus decisiones se toman en Sala Plena.
CADENA PERPETUA
Por otra parte, un referéndum para tratar la modificación de la Constitución Política del Estado (CPE), con el fin de que se apruebe la pena de cadena perpetua contra violadores y asesinos de menores, fue propuesto ayer y autoridades anuncian una larga discusión sobre el tema.
“Hay temas pendientes y veremos en su momento cómo llamar a referéndum sobre la cadena perpetua para quienes violan a niños y niñas, porque eso es algo imperdonable”, anunció el presidente Evo Morales, ayer durante el acto de presentación de tres proyectos de ley ante la Asamblea Legislativa.
Por su lado, el fiscal general, Ramiro Guerrero, señaló que “todavía es un tema de profundo debate”.
De su parte, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, dijo que debe ser parte de un debate de la sociedad, porque lo que interesa es, por ejemplo, cuánto puede ayudar esa medida. Agencias y EL DIARIO.
Oposición alerta que reforma de justicia contempla repostulación
El anuncio del presidente Evo Morales de impulsar una reforma judicial mediante la modificación de la Constitución Política del Estado (CPE) tiene también el objetivo de cambiar la Carta Magna y reformar el artículo 168 en beneficio del primer mandatario, según parlamentarios de la oposición.
Dentro de las propuestas del Gobierno para modificar el Código Penal emanadas de la Cumbre de Justicia está la condena de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. El Gobierno considera que no son suficientes 30 años de cárcel para los que abusan sexualmente a los menores de edad.
Al respecto, el diputado de Unidad Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos, aseguró que la propuesta del Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene fines de repostular al presidente Evo Morales ya que requiere de Reformas constitucionales.
“Lo que hace el Gobierno con la (intención de implementar) cadena perpetua es usarla como pretexto, para una reforma de la Constitución Política del Estado, que permita la repostulación del presidente Morales. No vamos a permitir que se insista en este tema porque le están haciendo daño a la democracia”, puntualizó.
Barrientos criticó que el Gobierno haya organizado una Cumbre de Justicia en junio de 2016, donde solo participaron organizaciones sociales afines el MAS. Exigió que en ves de intentar cambiar la CPE se tome en cuenta la meritocracia.
“Lo que se tiene que hacer es valorar el profesionalismo para que las autoridades judiciales retomen la confianza de la ciudadanía y se trabaje con una verdadera reforma judicial usando la actual CPE y no buscar la repostulación”, señaló Barrientos.
RELECCIÓN INDEFINIDA
Por su lado, el diputado suspendido de UD, Rafael Quispe, aseguró que el Gobierno busca la relección indefinida del presidente Morales lo cual se quiere conseguir bajo la excusa de implementar la cadena perpetua modificando la Carta Magna.
“El Gobierno ya anunció que como Morales no hay, por eso es que plantean reformular la Constitución con el pretexto de la cadena perpetua, para perpetuarlo en el poder”, sostuvo.
CORRUPCIÓN
Por su lado, el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, aseguró que la prioridad del Gobierno es trabajar para dar fin a los actos de corrupción en el sistema judicial, por eso es que se busca acelerar los procesos judiciales y establecer sanciones duras para las operadores de justicia que infrinjan las normas.
“Lo que está claro es que se piensa trabajar, para que la justicia cambie, por eso es que se requiere aceleración en los procesos judiciales, y sanciones duras para jueces, fiscales y abogados que infrinjan las normas”, señaló.
El diputado MAS, Franklin Flores, informó que la reforma judicial está en base la demanda de los litigantes, motivo por el cual es prioridad del Gobierno consolidar al cambio en el Órgano Judicial.
“Los cambios en la justicia responden a la demanda de la ciudadanía, por eso agotaremos los recursos que sean necesarios para buscar que se cumpla lo que se quedó en la Cumbre de Justicia”, aseguró.
Dentro de las propuestas del Gobierno para modificar el Código Penal emanadas de la Cumbre de Justicia está la condena de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. El Gobierno considera que no son suficientes 30 años de cárcel para los que abusan sexualmente a los menores de edad.
Al respecto, el diputado de Unidad Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos, aseguró que la propuesta del Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene fines de repostular al presidente Evo Morales ya que requiere de Reformas constitucionales.
“Lo que hace el Gobierno con la (intención de implementar) cadena perpetua es usarla como pretexto, para una reforma de la Constitución Política del Estado, que permita la repostulación del presidente Morales. No vamos a permitir que se insista en este tema porque le están haciendo daño a la democracia”, puntualizó.
Barrientos criticó que el Gobierno haya organizado una Cumbre de Justicia en junio de 2016, donde solo participaron organizaciones sociales afines el MAS. Exigió que en ves de intentar cambiar la CPE se tome en cuenta la meritocracia.
“Lo que se tiene que hacer es valorar el profesionalismo para que las autoridades judiciales retomen la confianza de la ciudadanía y se trabaje con una verdadera reforma judicial usando la actual CPE y no buscar la repostulación”, señaló Barrientos.
RELECCIÓN INDEFINIDA
Por su lado, el diputado suspendido de UD, Rafael Quispe, aseguró que el Gobierno busca la relección indefinida del presidente Morales lo cual se quiere conseguir bajo la excusa de implementar la cadena perpetua modificando la Carta Magna.
“El Gobierno ya anunció que como Morales no hay, por eso es que plantean reformular la Constitución con el pretexto de la cadena perpetua, para perpetuarlo en el poder”, sostuvo.
CORRUPCIÓN
Por su lado, el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, aseguró que la prioridad del Gobierno es trabajar para dar fin a los actos de corrupción en el sistema judicial, por eso es que se busca acelerar los procesos judiciales y establecer sanciones duras para las operadores de justicia que infrinjan las normas.
“Lo que está claro es que se piensa trabajar, para que la justicia cambie, por eso es que se requiere aceleración en los procesos judiciales, y sanciones duras para jueces, fiscales y abogados que infrinjan las normas”, señaló.
El diputado MAS, Franklin Flores, informó que la reforma judicial está en base la demanda de los litigantes, motivo por el cual es prioridad del Gobierno consolidar al cambio en el Órgano Judicial.
“Los cambios en la justicia responden a la demanda de la ciudadanía, por eso agotaremos los recursos que sean necesarios para buscar que se cumpla lo que se quedó en la Cumbre de Justicia”, aseguró.
Cambios en Justicia contemplan agente encubierto y grabaciones como pruebas
Investigar y castigar los delitos de corrupción en el sistema judicial, implantar la cadena perpetua y agilizar los juicios orales son los principales objetivos de las modificaciones que plantea el Órgano Ejecutivo, como resultados de la Cumbre de Justicia, que se llevó a cabo en 2016. Los cuatro proyectos de ley recibió el presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García, de manos del presidente Evo Morales.
Entre los objetivos citó el mejoramiento del sistema judicial en Bolivia, erradicar la retardación y sobre todo sancionar a quienes cometan actos de corrupción.
“El objetivo de la puesta en marcha de las conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia Plural es establecer las bases de la revolución de la justicia en Bolivia, para la construcción de un nuevo sistema de justicia plural al servicio del pueblo, eliminando políticas coloniales y corruptas heredadas del pasado, eliminando la retardación y garantizando el acceso a una justicia pronta y oportuna”, afirmó ayer el Jefe de Estado en el hall en Palacio de Gobierno, donde entregó la propuesta al presidente de la Asamblea Legislativa.
PROPUESTAS
La creación de la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia Plural Para Vivir Bien.
Ley Básica de Conciliación Ciudadana Municipal.
Ley de Modificaciones a la Ley del Ejercicio de la Abogacía.
Ley de Modificación al Código de Procedimiento Penal.
Con estas propuestas se aplicará el Nuevo Código del Sistema Penal, que establece el cumplimiento de las normas constitucionales, además de la oralidad plena, donde todos los pedidos de las partes deben resolverse en las audiencias, igualmente adoptarse todas las resoluciones en las mismas.
SANCIONES
En las propuestas se incluye también la celeridad, es decir que las audiencias no se suspenden por motivo alguno. El juez que suspenda una audiencia será destituido y procesado; la inasistencia del fiscal será causal de reemplazo inmediato en sala, así como la conducción con la fuerza pública y su destitución a los jueces que incumplan estas determinaciones.
El abogado defensor que no asista será reemplazado por un defensor público y sancionado disciplinariamente con suspensión de su matrícula profesional; si el querellante no asistiera, se entenderá como abandono y el proceso continuará solo en el Ministerio Público, si corresponde; si el imputado no asiste continuará la audiencia y si fuese necesaria su presencia será conducido por la fuerza pública.
SISTEMA PENAL
En cuarta instancia se plantea la puesta en marcha de la transformación estructural del sistema penal, con un modelo de organización horizontal de los jueces, creando oficinas de gestión de audiencias y de supervisión de medidas cautelares, de sanciones y de medidas de protección.
CATEGIORÍAS
Otro de los pilares del nuevo Código del Sistema Penal que plantea el Ejecutivo es “la recategorización de las infracciones penales en crímenes, delitos y faltas”.
El sexto punto debe estar encaminado a la aplicación de medidas alternativas a la detención preventiva, como la utilización de manillas electrónicas, retención de documentos de viaje, arraigo, prohibición de comunicación y contacto, fianza real y personal y detención domiciliaria.
VULNERABLES
Un séptimo pilar apunta a dar prioridad a la protección y reparación de las víctimas, especialmente a niñas, niños y adolescentes, mujeres en situación de violencia, personas con discapacidad y de la tercera edad.
En octavo lugar deberá lograrse una mejor especialización de fiscales y policías para la investigación de delitos.
El noveno pilar será la incorporación de mecanismos preventivos, protectivos y de resolución pacífica.
CADENA PERPETUA
Para enfrentar los casos de violaciones de niños y niñas, el presidente Evo Morales aseguró que se buscará una reforma constitucional para darles a los culpables la sanción de la cadena perpetua. Hoy, esos sospechosos pueden recibir hasta 30 años de cárcel, cuando el delito está seguido de muerte.
“(Hay) temas pendientes, que veremos en su momento, entre ellos cómo llamar a un referéndum sobre la cadena perpetua para quienes violan a niñas y niños, porque es algo imperdonable. El pueblo soberano, con su voto, puede decidir modificar la misma Constitución Política del Estado”, afirmó Morales. La CPE fija como pena máxima 30 años de prisión sin derecho a indulto.
CORRUPCIÓN
En el marco de la transparencia y lucha contra la corrupción, Morales explicó la propuesta de “la incorporación de la figura del agente encubierto para la investigación de delitos de corrupción”, como también la incorporación, del video y la grabación como pruebas legalmente válidas para delitos de corrupción.
Así también, se propuso la verificación del patrimonio de los servidores de justicia y familiares; régimen disciplinario expedito con sanciones para vocales, jueces y fiscales, además de instituir obligatoriamente la publicación de listas de servidores de justicia sancionados por hechos de corrupción.
El anteproyecto de “Ley de modificaciones a la Ley del Ejercicio de la Abogacía” establece una serie de sanciones para los abogados, por ejemplo entre las infracciones gravísimas, estará la suspensión de la matrícula profesional de 2 a 5 años y una multa de 10 salarios mínimos.
Mientras que la reincidencia en infracciones gravísimas será la suspensión de la matrícula profesional de 6 a 10 años.
En el asunto de la simplificación de los procedimientos penales se plantea para casos complejos la duración de un año extensible a seis meses; mientras que en procedimiento común para delitos, la duración máxima será de un año, con opción a extenderse a dos meses más.
El procedimiento especial para casos de violencia contra las mujeres, deberá tener la duración de seis meses, extensible un mes más y en casos de flagrancia tendrá la duración de 90 días. Sobre la conformación de la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia, se plantea que debe estar conformada por los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, el presidente del Consejo de la Magistratura, el Fiscal General del Estado, el Ministro de Gobierno, el Procurador General y un representante del Sistema de la Universidad Boliviana.
José Alberto Gonzales:
Estará vigente en 2018
“Sabemos que en estos ámbitos es donde hay los mayores problemas y donde la gente sufre más, y la intención obviamente es a partir de la aplicación de esta nueva normativa que seguramente será recién en el año 2018, allí es donde podrá entrar en plena vigencia y a partir de ese momento la gente empiece a sentir cambios profundos en la justicia de nuestro país”.
Jorge Tuto Quiroga:
No se necesita abrir CPE
“Están buscando cualquier propuesta para abrir el candado de la Constitución cuando Bolivia les dijo “no” a aquellos asesinos violadores sobra si se les aplica la justicia con acumulación de penas y cárceles de verdad. Violar, asesinar y acumular penas sin necesidad de cambiar la Constitución los deja presos por el resto de sus vidas, nunca más ven la luz del sol”.
Entre los objetivos citó el mejoramiento del sistema judicial en Bolivia, erradicar la retardación y sobre todo sancionar a quienes cometan actos de corrupción.
“El objetivo de la puesta en marcha de las conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia Plural es establecer las bases de la revolución de la justicia en Bolivia, para la construcción de un nuevo sistema de justicia plural al servicio del pueblo, eliminando políticas coloniales y corruptas heredadas del pasado, eliminando la retardación y garantizando el acceso a una justicia pronta y oportuna”, afirmó ayer el Jefe de Estado en el hall en Palacio de Gobierno, donde entregó la propuesta al presidente de la Asamblea Legislativa.
PROPUESTAS
La creación de la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia Plural Para Vivir Bien.
Ley Básica de Conciliación Ciudadana Municipal.
Ley de Modificaciones a la Ley del Ejercicio de la Abogacía.
Ley de Modificación al Código de Procedimiento Penal.
Con estas propuestas se aplicará el Nuevo Código del Sistema Penal, que establece el cumplimiento de las normas constitucionales, además de la oralidad plena, donde todos los pedidos de las partes deben resolverse en las audiencias, igualmente adoptarse todas las resoluciones en las mismas.
SANCIONES
En las propuestas se incluye también la celeridad, es decir que las audiencias no se suspenden por motivo alguno. El juez que suspenda una audiencia será destituido y procesado; la inasistencia del fiscal será causal de reemplazo inmediato en sala, así como la conducción con la fuerza pública y su destitución a los jueces que incumplan estas determinaciones.
El abogado defensor que no asista será reemplazado por un defensor público y sancionado disciplinariamente con suspensión de su matrícula profesional; si el querellante no asistiera, se entenderá como abandono y el proceso continuará solo en el Ministerio Público, si corresponde; si el imputado no asiste continuará la audiencia y si fuese necesaria su presencia será conducido por la fuerza pública.
SISTEMA PENAL
En cuarta instancia se plantea la puesta en marcha de la transformación estructural del sistema penal, con un modelo de organización horizontal de los jueces, creando oficinas de gestión de audiencias y de supervisión de medidas cautelares, de sanciones y de medidas de protección.
CATEGIORÍAS
Otro de los pilares del nuevo Código del Sistema Penal que plantea el Ejecutivo es “la recategorización de las infracciones penales en crímenes, delitos y faltas”.
El sexto punto debe estar encaminado a la aplicación de medidas alternativas a la detención preventiva, como la utilización de manillas electrónicas, retención de documentos de viaje, arraigo, prohibición de comunicación y contacto, fianza real y personal y detención domiciliaria.
VULNERABLES
Un séptimo pilar apunta a dar prioridad a la protección y reparación de las víctimas, especialmente a niñas, niños y adolescentes, mujeres en situación de violencia, personas con discapacidad y de la tercera edad.
En octavo lugar deberá lograrse una mejor especialización de fiscales y policías para la investigación de delitos.
El noveno pilar será la incorporación de mecanismos preventivos, protectivos y de resolución pacífica.
CADENA PERPETUA
Para enfrentar los casos de violaciones de niños y niñas, el presidente Evo Morales aseguró que se buscará una reforma constitucional para darles a los culpables la sanción de la cadena perpetua. Hoy, esos sospechosos pueden recibir hasta 30 años de cárcel, cuando el delito está seguido de muerte.
“(Hay) temas pendientes, que veremos en su momento, entre ellos cómo llamar a un referéndum sobre la cadena perpetua para quienes violan a niñas y niños, porque es algo imperdonable. El pueblo soberano, con su voto, puede decidir modificar la misma Constitución Política del Estado”, afirmó Morales. La CPE fija como pena máxima 30 años de prisión sin derecho a indulto.
CORRUPCIÓN
En el marco de la transparencia y lucha contra la corrupción, Morales explicó la propuesta de “la incorporación de la figura del agente encubierto para la investigación de delitos de corrupción”, como también la incorporación, del video y la grabación como pruebas legalmente válidas para delitos de corrupción.
Así también, se propuso la verificación del patrimonio de los servidores de justicia y familiares; régimen disciplinario expedito con sanciones para vocales, jueces y fiscales, además de instituir obligatoriamente la publicación de listas de servidores de justicia sancionados por hechos de corrupción.
El anteproyecto de “Ley de modificaciones a la Ley del Ejercicio de la Abogacía” establece una serie de sanciones para los abogados, por ejemplo entre las infracciones gravísimas, estará la suspensión de la matrícula profesional de 2 a 5 años y una multa de 10 salarios mínimos.
Mientras que la reincidencia en infracciones gravísimas será la suspensión de la matrícula profesional de 6 a 10 años.
En el asunto de la simplificación de los procedimientos penales se plantea para casos complejos la duración de un año extensible a seis meses; mientras que en procedimiento común para delitos, la duración máxima será de un año, con opción a extenderse a dos meses más.
El procedimiento especial para casos de violencia contra las mujeres, deberá tener la duración de seis meses, extensible un mes más y en casos de flagrancia tendrá la duración de 90 días. Sobre la conformación de la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia, se plantea que debe estar conformada por los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, el presidente del Consejo de la Magistratura, el Fiscal General del Estado, el Ministro de Gobierno, el Procurador General y un representante del Sistema de la Universidad Boliviana.
José Alberto Gonzales:
Estará vigente en 2018
“Sabemos que en estos ámbitos es donde hay los mayores problemas y donde la gente sufre más, y la intención obviamente es a partir de la aplicación de esta nueva normativa que seguramente será recién en el año 2018, allí es donde podrá entrar en plena vigencia y a partir de ese momento la gente empiece a sentir cambios profundos en la justicia de nuestro país”.
Jorge Tuto Quiroga:
No se necesita abrir CPE
“Están buscando cualquier propuesta para abrir el candado de la Constitución cuando Bolivia les dijo “no” a aquellos asesinos violadores sobra si se les aplica la justicia con acumulación de penas y cárceles de verdad. Violar, asesinar y acumular penas sin necesidad de cambiar la Constitución los deja presos por el resto de sus vidas, nunca más ven la luz del sol”.
Evo y TSJ se alinean a favor de abrir CPE
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Pastor Mamani, dijo ayer en Sucre, durante su discurso de inauguración del Año Judicial y después de declarar su admiración al presidente Evo Morales, que a Bolivia no le queda “otra alternativa” que abrir la Constitución Política del Estado (CPE) para mejorar la administración de justicia.
Horas antes, en otro acto, Morales también habló de abrir la CPE e incluir la cadena perpetua en caso de violación a menores seguida de muerte. La oposición denunció que es sólo una maniobra para encaminar la repostulación del Mandatario.
El presidente del TSJ, Pastor Mamani, cuestionó que la Ley del Órgano Judicial no haya superado a la estructura jerárquica, pesada y ritualista, legada desde el tiempo de la colonia que “sólo limitó las competencias al máximo tribunal de justicia en el ámbito jurisdiccional”.
También se refirió a la presencia del presidente Evo Morales en el acto de apertura, “me alegra que hoy esté nuestro presidente Evo Morales. Admiro la gestión que ha desempeñado en esta última década, sólo alguien de la talla de él puede hacer una verdadera revolución en el campo de la justicia, en un trabajo conjunto entre los tres órganos del Estado”, dijo Mamani.
Agregó que si el pueblo pide una justicia sin retardación, sin corrupción y que las instituciones judiciales que no han respondido desaparezcan, entonces urge una transformación revolucionaria.
Pero esta transformación, según Mamani, iría de la mano con la modificación de la Constitución Política del Estado (CPE) y otras leyes y códigos.
Aseguró que “ninguna Constitución Política del Estado en el país ni en el mundo, ninguna ley ni códigos en el mundo es perfecta ni definitiva ni para la eternidad, todas las constituciones, las leyes y los códigos son perfectibles y susceptibles de cambio y de transformación. Por eso la CPE debe abrirse, hay que consultar al pueblo y cambiar o lograr una justicia que realmente haga que sea revolucionaria estructural y al servicio del pueblo”, dijo Mamani.
Sin embargo, considera que además de las reformas planteadas por el Ejecutivo, el Tribunal plantea la desaparición del Consejo de la Magistratura porque esa entidad encargada de la parte administrativa y disciplinaria del Órgano Judicial, “es un cáncer” de la justicia boliviana.
En su opinión, esa entidad ha cumplido su papel y estaría por demás en la actual estructura del Órgano Judicial, porque el rol de los administradores de justicia, no debe tener trabas en su camino, sino leyes a su alcance para transformar la justicia.
Independencia
En su discurso, el presidente Morales criticó a la oposición por confundir la coordinación entre los órganos Ejecutivo y Judicial, con intromisión a la independencia de la justicia.
“La independencia de poderes está respetada, pero es importante la coordinación con los poderes del Estado, algunos confunden la coordinación con la independencia”, aseguró.
Señaló también que la retardación y la corrupción son como una yunta que se convirtió en una debilidad. “Yo siento, retardación como sinónimo de corrupción, retardación es hacinamiento, retardación es injusticia, entre la retardación y la corrupción es como la yunta, que no garantiza una verdadera justicia en Bolivia”, señaló.
Morales dijo que los magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional tendrán una gestión más, para revertir la retardación de justicia en el país.
“Yo siento que la abogacía es una buena profesión, pero si es de vocación, pero no de ocasión”, agregó.
CON DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN
La ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, informó ayer que en la gestión 2016 su despacho recibió aproximadamente 1.500 casos sobre presuntos hechos de corrupción en la administración pública del nivel nacional, departamental y municipal. De ese total dijo que el 35 por ciento fue contra el Órgano Judicial, es decir, 525 casos.
“Nos llama la atención que de ese total el 35 por ciento corresponda a denuncias del Órgano Judicial que tienen que ver con la falta de acceso a la justicia, problemas de retardación, soborno, corrupción, pero lamentablemente no tenemos suficientes elementos de prueba para presentar las denuncias ante el Ministerio Público. El restante 65 por ciento corresponde a denuncias contra gobiernos municipales”, aseguró.
En 2016 , el Consejo de la Magistratura advirtió que al menos 17 consorcios de jueces y abogados, además de fiscales y policías, operan en cinco ciudades para extorsionar y negociar fallos para litigantes. Entre 2015 y 2016, al menos 31 servidores judiciales, entre jueces y vocales fueron destituidos por corrupción.
ELECCIÓN JUDICIAL
El pasado de 16 de octubre del 2011 aproximadamente 4,5 millones de los 5,2 millones de ciudadanos habilitados eligieron a 56 magistrados para el Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.
Según informó el Tribunal Supremo Electoral, en esos comicios, la abstención alcanzó el 20 por ciento, una de las más altas registrada en los últimos procesos electorales desarrollados en el país. Está prevista para esta gestión una nueva elección de autoridades.
Horas antes, en otro acto, Morales también habló de abrir la CPE e incluir la cadena perpetua en caso de violación a menores seguida de muerte. La oposición denunció que es sólo una maniobra para encaminar la repostulación del Mandatario.
El presidente del TSJ, Pastor Mamani, cuestionó que la Ley del Órgano Judicial no haya superado a la estructura jerárquica, pesada y ritualista, legada desde el tiempo de la colonia que “sólo limitó las competencias al máximo tribunal de justicia en el ámbito jurisdiccional”.
También se refirió a la presencia del presidente Evo Morales en el acto de apertura, “me alegra que hoy esté nuestro presidente Evo Morales. Admiro la gestión que ha desempeñado en esta última década, sólo alguien de la talla de él puede hacer una verdadera revolución en el campo de la justicia, en un trabajo conjunto entre los tres órganos del Estado”, dijo Mamani.
Agregó que si el pueblo pide una justicia sin retardación, sin corrupción y que las instituciones judiciales que no han respondido desaparezcan, entonces urge una transformación revolucionaria.
Pero esta transformación, según Mamani, iría de la mano con la modificación de la Constitución Política del Estado (CPE) y otras leyes y códigos.
Aseguró que “ninguna Constitución Política del Estado en el país ni en el mundo, ninguna ley ni códigos en el mundo es perfecta ni definitiva ni para la eternidad, todas las constituciones, las leyes y los códigos son perfectibles y susceptibles de cambio y de transformación. Por eso la CPE debe abrirse, hay que consultar al pueblo y cambiar o lograr una justicia que realmente haga que sea revolucionaria estructural y al servicio del pueblo”, dijo Mamani.
Sin embargo, considera que además de las reformas planteadas por el Ejecutivo, el Tribunal plantea la desaparición del Consejo de la Magistratura porque esa entidad encargada de la parte administrativa y disciplinaria del Órgano Judicial, “es un cáncer” de la justicia boliviana.
En su opinión, esa entidad ha cumplido su papel y estaría por demás en la actual estructura del Órgano Judicial, porque el rol de los administradores de justicia, no debe tener trabas en su camino, sino leyes a su alcance para transformar la justicia.
Independencia
En su discurso, el presidente Morales criticó a la oposición por confundir la coordinación entre los órganos Ejecutivo y Judicial, con intromisión a la independencia de la justicia.
“La independencia de poderes está respetada, pero es importante la coordinación con los poderes del Estado, algunos confunden la coordinación con la independencia”, aseguró.
Señaló también que la retardación y la corrupción son como una yunta que se convirtió en una debilidad. “Yo siento, retardación como sinónimo de corrupción, retardación es hacinamiento, retardación es injusticia, entre la retardación y la corrupción es como la yunta, que no garantiza una verdadera justicia en Bolivia”, señaló.
Morales dijo que los magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional tendrán una gestión más, para revertir la retardación de justicia en el país.
“Yo siento que la abogacía es una buena profesión, pero si es de vocación, pero no de ocasión”, agregó.
CON DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN
La ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, informó ayer que en la gestión 2016 su despacho recibió aproximadamente 1.500 casos sobre presuntos hechos de corrupción en la administración pública del nivel nacional, departamental y municipal. De ese total dijo que el 35 por ciento fue contra el Órgano Judicial, es decir, 525 casos.
“Nos llama la atención que de ese total el 35 por ciento corresponda a denuncias del Órgano Judicial que tienen que ver con la falta de acceso a la justicia, problemas de retardación, soborno, corrupción, pero lamentablemente no tenemos suficientes elementos de prueba para presentar las denuncias ante el Ministerio Público. El restante 65 por ciento corresponde a denuncias contra gobiernos municipales”, aseguró.
En 2016 , el Consejo de la Magistratura advirtió que al menos 17 consorcios de jueces y abogados, además de fiscales y policías, operan en cinco ciudades para extorsionar y negociar fallos para litigantes. Entre 2015 y 2016, al menos 31 servidores judiciales, entre jueces y vocales fueron destituidos por corrupción.
ELECCIÓN JUDICIAL
El pasado de 16 de octubre del 2011 aproximadamente 4,5 millones de los 5,2 millones de ciudadanos habilitados eligieron a 56 magistrados para el Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.
Según informó el Tribunal Supremo Electoral, en esos comicios, la abstención alcanzó el 20 por ciento, una de las más altas registrada en los últimos procesos electorales desarrollados en el país. Está prevista para esta gestión una nueva elección de autoridades.
Análisis de constitucionalistas “Cadena perpetua requiere Asamblea Constituyente”
Angélica Siles, exconstituyente.
La incorporación de la pena de cadena perpetua en el Código Penal tiene relación directa con uno de los derechos fundamentales y principios constitucionales, para ello se requiere modificar la Constitución Política del Estado (CPE) y, por lo tanto, convocar a una Asamblea Constituyente coincidieron los expertos en jurisprudencia, Carlos Alarcón y Angélica Siles.
Alarcón citó el artículo 118 de la CPE donde indica que la pena máxima para un culpable de asesinato, feminicidios y otros delitos es de 30 años de cárcel, misma que está dentro de los derechos fundamentales de la Carta Magna.
Si se busca introducir la cadena perpetua como pena máxima, se requiere de una reforma parcial o total de la Constitución, en cumplimiento del artículo 411 de CPE.
“Debo indicar que cuando se busca modificar o aumentar cualquier artículo de los derechos de fundamentales de la Constitución, como es el caso de la condena a cadena perpetua, para incorporarlo, deben revisarse los derechos fundamentales de la Constitución y, para ello, el requerimiento es convocar a una Asamblea Constituyente”, cuestionó.
CONSTITUCIÓN
El artículo 118 de la CPE establece, en su inciso II, que la máxima sanción penal será de treinta años de privación de libertad, sin derecho a indulto. Este artículo es parte de los derechos fundamentales de la Carta Magna.
Asímismo, en el Artículo 411 indica que la reforma total de la Constitución o aquella que afecte a sus bases fundamentales, a los derechos, deberes y garantías, o a la primacía y reforma de la Constitución, tendrá lugar a través de una Asamblea Constituyente originaria plenipotenciaria, activada por voluntad popular mediante referéndum.
La convocatoria del mismo solo puede realizarse por iniciativa ciudadana, con la firma de al menos el veinte por ciento del electorado; por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional; o por la Presidenta o el Presidente del Estado.
La Asamblea Constituyente se autorregulará a todos los efectos, debiendo aprobar el texto constitucional por dos tercios del total de sus miembros presentes. La vigencia de la reforma necesitará referéndum constitucional aprobatorio.
II. La reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el veinte por ciento del electorado; o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma constitucional aprobada por dos tercios del total de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquier reforma parcial necesitará referéndum constitucional aprobatorio.
REFERÉNDUMS
Alarcón afirmó que este proceso no es simple, ya que deben cumplirse ciertos requisitos, tener el financiamiento adecuado y establecer tiempos.
“La realización de un referéndum para la Asamblea Constituyente es un gasto innecesario, habiendo otras necesidades del país, en este caso asignar ese dinero a la reforma de la justicia que se pretende iniciar”, aseguró.
El constitucionalista planteó que tiene que consolidarse la independencia del Órgano Judicial, porque es la demanda principal de la ciudadanía porque quiere que se esclarezca la situación de casos no resueltos, donde se ve involucrado el Gobierno.
ES POLÍTICO
En ese contexto, la constitucionalista y exasambleísta constituyente Siles comentó que la tarea de elección de autoridades judiciales es lo que falla, porque se prioriza a los postulantes con aval político, y aunque son elegidos o rechazados por la ciudadanía, la última decisión es del Legislativo y del Presidente.
“Lamento mucho que no se tome en cuenta la meritocracia cuando se elige a autoridades judiciales, por tanto lo que pasa es que en primera instancia la ciudadanía vota por a favor o en contra de los postulantes, pero las decisiones las toman los dos tercios del MAS en el Legislativo y el Presidente”, afirmó.
Para Siles, la actual CPE tiene los mecanismos para reformar la justicia, porque desde la elección de autoridades judiciales puede consolidarse la independencia del Órgano Judicial y los resultados deben respetarse, para que la meritocracia en los cargos judiciales no tengan “color político”.
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