Los padres del médico Jhiery Fernández, sentenciado por la muerte del bebé Alexander, revelaron que la fiscal Susana Boyán amenazó y retiró a testigos de cargo que presentó su defensa. Forenses, investigadores policiales y compañeros de trabajo del galeno aseguraron que los jueces del Tribunal Décimo de Sentencia lo condenaron a 20 años de cárcel sin prueba alguna.
En diciembre de 2015, al inicio del juicio, la comisión de fiscales, conformada por Edwin Blanco y Susana Boyán, presentó informes, análisis de laboratorio, fotografías, declaraciones y una lista de al menos 60 testigos de cargo con el fin de probar que el bebé Oscar Alexander Ch. V. fue víctima de violación y que el autor del vejamen era el doctor Jhiery Fernández.
Sin embargo, el Ministerio Público confirmó que la fiscal Boyán “por estrategia” retiró a varios testigos, aspecto evidenciado en el Tribunal Décimo de Sentencia, cuando la mayoría de quienes declararon como testigos de cargo aportaron con datos que eximían al doctor Jhiery Fernández de algún tipo de participación en el supuesto hecho.
También se conoció que las fotografías de la necropsia, tomadas por la forense María Terán, experito del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), no fueron presentadas debido a las amenazas de parte de Boyán contra el equipo de investigadores, quien también remitió a sus superiores notas con anuncios de proceso en contra del capitán René Tambo, actual jefe de Homicidios de la Felcc, quien declaró en el juicio señalando varios errores cometidos en los informes de los forenses Ángela Yarmila Mora y Cristian Camacho.
Fiscal Blanco mintió
Ayer, en entrevista con los medios de comunicación, Félix Fernández y Norma Sumi, padres del médico procesado, denunciaron que el ahora fiscal Departamental, Edwin Blanco, mintió al señalar que los peritos que emitieron el certificado forense, diagnosticando la supuesta violación, Mora y Camacho declararon como “forenses” y sólo fueron presentados como testigos.
A pesar de estas irregularidades, la fiscal Boyán calificó como un gran logró la sentencia emitida por el Tribunal Décimo de Sentencia, asegurando que se trabajó de forma “objetiva”.
De rodillas ante Fiscal General
Algunos aspectos que llamaron la atención durante el inicio del proceso, Norma Sumi relató que pidió de rodillas y llorando al fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, verificar los antecedentes del caso, asegurando que su hijo era inocente y este le aseguró que sabía, pero la mujer se dio cuenta que Guerrero estaba presente el 14 de diciembre cuando su hijo fue detenido.
En esa fecha, según la declaración del capitán Tambo ante el Tribunal ya en juicio, el médico se negó a firmar la declaración redactada por el fiscal Blanco, debido a que en la declaración habían cosas que él no había declarado.
Marco Antonio García, entonces abogado del médico, corroboró a EL DIARIO todos estos antecedentes y aseguró que Blanco pretendió hacerle firmar un documento en el cual Fernández se inculpaba, lo que provocó una agria discusión en presencia del uniformado, quien dijo la verdad en juicio, señalando que no existía indicios de culpa contra el médico.
Testigos retirados
Entre los testigos que Boyán retiró de manera irregular estaba Luci Ibañez Mamani, esposa del portero del Hogar Virgen de Fátima, quien debía descartar la presencia del médico en el lugar, el 13 de noviembre de 2014, que cuando se afirma se cometió el hecho.
Boyán evitó también que declaren los investigadores especiales, Jhonny Paredes Espinoza, Jesús Licón y Ronald Valencia Jové. La familia asegura que ellos fueron excluidos por al fiscal para evitar que corroboren lo mismo que Tambo.
Otros testigos excluidos a último momento por Boyan fueron el exdirector del Servicio Departamental de Salud (Sedes), militante del Movimiento al Socialismo, Henri Flores, y de su colaboradora, Lourdes Murillo Cuentas, responsable de hospitales de La Paz, así como a Reynaldo Calle Sarmiento, responsable de Recursos Humanos del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges).
El motivo de esas exclusiones, según la explicación de los padres, era evitar que se les interrogue sobre las malas condiciones en las que vivían los menores al interior del Hogar Virgen de Fátima y cuáles eran las condiciones de atención médica que recibían, en situación de abandono y por qué se contrataba a personas sin experiencia para su cuidado.
Asimismo, Boyán dejó fuera a la practicante de enfermería del Hospital del Niño, que fue sentenciada en proceso abreviado, Naty Choquetarqui Bellido, quien había incurrido en contradicciones en sus declaraciones acerca de la toma de temperatura del menor.
Thursday, March 29, 2018
Tuesday, March 27, 2018
Wednesday, March 21, 2018
Tuvo a su cargo casos de importancia nacional Fiscal Ayala fue destituido por violencia intrafamiliar
El ahora exfiscal de materia Daniel Ayala fue destituido del cargo, debido a denuncias de violencia familiar presentadas por su entorno, informó ayer el fiscal general, Ramiro Guerrero.
Ayala fue fiscal encargado de casos controvertidos que dejaron empañada la imagen de la Fiscalía, como el asesinato del exviceministro Rodolfo Illanes, donde se cuestiona por qué no se imputó al actual viceministro, José Luis Quiroga, siendo quien incitó la violencia entre los cooperativistas mineros en agosto de 2016.
Junto al actual fiscal departamental, Edwin Blanco, Ayala también tuvo a su cargo la investigación en caso de la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, proceso donde nunca se investigó los supuestos negociados tras la firma de cinco millonarios contratos entre el Gobierno y la empresa China CAMC, cuyos ejecutivos nunca fueron convocados a declarar.
CASOS CONTROVERTIDOS
Antes de ser destituido, Ayala estaba a cargo del caso de desfalco al Banco Unión, junto al fiscal suspendido Erlan Almanza, en medio del escándalo por denuncias de extorsión a los principales implicados, quienes presentaron audios referidos a este asunto.
Tal como en días pasados informó EL DIARIO, Guerrero precisó que Ayala fue destituido hace más de dos semanas, puesto que se están llevando procesos en su contra por presunta violencia contra la madre de sus hijos.
Guerrero sostuvo que en este tema, lo mejor es que Ayala se defienda desde el llano, sin ostentar el cargo de fiscal.
Entre las polémicas acciones del exfiscal, Ayala es recordado por responder de forma altanera y negar información a los periodistas señalando “desconozco, no tengo idea”, frase repetida a lo largo del caso Zapata.
Entretanto, el Fiscal General enfatizó que los funcionarios de la Fiscalía no sólo deben reunir las condiciones legales para ejercer el cargo, sino también deben cumplir con preceptos de ética y probidad.
Recientemente, en febrero, el fiscal Ayala fue objeto de críticas de parte de la oposición, puesto que el senador Arturo Murillo reveló que el 2011 fue dado de baja de la Policía por incumplir sus deberes dolosamente.
Ayala fue fiscal encargado de casos controvertidos que dejaron empañada la imagen de la Fiscalía, como el asesinato del exviceministro Rodolfo Illanes, donde se cuestiona por qué no se imputó al actual viceministro, José Luis Quiroga, siendo quien incitó la violencia entre los cooperativistas mineros en agosto de 2016.
Junto al actual fiscal departamental, Edwin Blanco, Ayala también tuvo a su cargo la investigación en caso de la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, proceso donde nunca se investigó los supuestos negociados tras la firma de cinco millonarios contratos entre el Gobierno y la empresa China CAMC, cuyos ejecutivos nunca fueron convocados a declarar.
CASOS CONTROVERTIDOS
Antes de ser destituido, Ayala estaba a cargo del caso de desfalco al Banco Unión, junto al fiscal suspendido Erlan Almanza, en medio del escándalo por denuncias de extorsión a los principales implicados, quienes presentaron audios referidos a este asunto.
Tal como en días pasados informó EL DIARIO, Guerrero precisó que Ayala fue destituido hace más de dos semanas, puesto que se están llevando procesos en su contra por presunta violencia contra la madre de sus hijos.
Guerrero sostuvo que en este tema, lo mejor es que Ayala se defienda desde el llano, sin ostentar el cargo de fiscal.
Entre las polémicas acciones del exfiscal, Ayala es recordado por responder de forma altanera y negar información a los periodistas señalando “desconozco, no tengo idea”, frase repetida a lo largo del caso Zapata.
Entretanto, el Fiscal General enfatizó que los funcionarios de la Fiscalía no sólo deben reunir las condiciones legales para ejercer el cargo, sino también deben cumplir con preceptos de ética y probidad.
Recientemente, en febrero, el fiscal Ayala fue objeto de críticas de parte de la oposición, puesto que el senador Arturo Murillo reveló que el 2011 fue dado de baja de la Policía por incumplir sus deberes dolosamente.
Thursday, March 15, 2018
Por fallo de repostulación en TCP Proposición acusatoria contra extribunos pasó a Comisión
Después de casi un mes de su presentación, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, remitió el martes a la Comisión de Justicia Plural, la proposición acusatoria de Juicio de Responsabilidades contra cinco exmagistrados del Tribunal Constitucional, presentada por el diputado opositor Luis Felipe Dorado.
Indicó que ahora resta que la Comisión controlada por el MAS emita informe en 30 días haciendo conocer su opinión sobre la viabilidad del juicio de responsabilidades contra los exmagistrados que firmaron los fallos en el caso Focas con una jurisprudencia inexistente y de la repostulación cuya sentencia estuvo escrita antes que incluso la demanda de inaplicabilidad de seis artículos de la Constitución sea admitida.
El diputado manifestó que espera que ambas pruebas canalicen el juicio de responsabilidades y el MAS no termine de encubrir a los magistrados que votaron por rehabilitar la candidatura de Evo Morales para el 2019, ignorando el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016.
Advirtió que de ser rechazo “sería un nefasto precedente ya que existen pruebas del delito cometido por los ex magistrados sentenciando con una sentencia futura”. Dijo no tener conocimiento sobre las razones por las que Gabriela Montaño se tomó un mes para derivar algo que incluso no fue puesto a consideración de pleno.
El memorial pide se abra juicio contra los exmagistrados Macario Lahor Cortez Chávez, Zenón Hugo Bacarreza Morales, Mirtha Camacho Quiroga, Rudy Flores, Juan Osvaldo Valencia Alvarado, Neldy Virginia Andrade Martínez, el supuesto delito de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y prevaricato sancionado por Código Penal.
Indicó que ahora resta que la Comisión controlada por el MAS emita informe en 30 días haciendo conocer su opinión sobre la viabilidad del juicio de responsabilidades contra los exmagistrados que firmaron los fallos en el caso Focas con una jurisprudencia inexistente y de la repostulación cuya sentencia estuvo escrita antes que incluso la demanda de inaplicabilidad de seis artículos de la Constitución sea admitida.
El diputado manifestó que espera que ambas pruebas canalicen el juicio de responsabilidades y el MAS no termine de encubrir a los magistrados que votaron por rehabilitar la candidatura de Evo Morales para el 2019, ignorando el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016.
Advirtió que de ser rechazo “sería un nefasto precedente ya que existen pruebas del delito cometido por los ex magistrados sentenciando con una sentencia futura”. Dijo no tener conocimiento sobre las razones por las que Gabriela Montaño se tomó un mes para derivar algo que incluso no fue puesto a consideración de pleno.
El memorial pide se abra juicio contra los exmagistrados Macario Lahor Cortez Chávez, Zenón Hugo Bacarreza Morales, Mirtha Camacho Quiroga, Rudy Flores, Juan Osvaldo Valencia Alvarado, Neldy Virginia Andrade Martínez, el supuesto delito de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y prevaricato sancionado por Código Penal.
Wednesday, March 14, 2018
Contra reelección indefinida TCP rechazó denuncia de “fraude procesal”
El Tribunal Constitucional Plurinacional rechazó el memorial en el que denunciaron “fraude procesal” para la anulación de la sentencia 0084/2017, referida a la reelección indefinida, informó el constitucionalista Carlos Alarcón.
La entidad del control constitucional rechazó porque las personas que interpusieron la denuncia “no son sujetos legitimados” para recurrir directamente al TCP con una acción o denuncia.
“Hemos tomado conocimiento de una resolución del Tribunal Constitucional señalando que los denunciantes no seríamos los sujetos legitimados, a pesar que tratándose de una denuncia no se necesita ninguna legitimación especial”, explicó el jurista a ANF.
Alarcón y activistas del país presentaron en Sucre un memorial ante TCP, para pedir que esa institución “disponga la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo” en la sentencia de la reelección indefinida, por la existencia de un “fraude procesal”.
De acuerdo con el autoconstitucional los legisladores sí estarían facultados para presentar denuncias y acciones. “Lo que haremos es buscar legisladores de oposición para volver a presentar una denuncia”, manifestó.
RECURSOS DIRECTOS DE NULIDAD
En tanto, el TCP a través de un escueto comunicado informó que los dos recursos directos de nulidad presentados en contra de la Sentencia Constitucional sobre la reelección indefinida se encuentran en la Comisión de Admisión.
Uno de los recursos directos de nulidad 22867-2018-46 fue planteado por Eduardo Gutiérrez Monasterio, Fernando Cuellar Núñez, Luis Fernando Camacho Vaca, Lidia estela Llorenty y Paul Arana Cuellar; el segundo 22955-2018-46 fue presentado por Romer Fernando Hurtado.
Ambos fueron interpuestos contra la Sentencia Constitucional 0084/2017, que ha reconocido la reelección indefinida de las autoridades electas, amparado en esta definición el presidente Evo Morales anunció que volvería a ser candidato el 2019, y el Auto Constitucional 0269/2017-CA. “Se encuentran en conocimiento de la Comisión de Admisión”, especifica el comunicado.
Asimismo, informan que “por economía procesal ambas causas fueron acumuladas” y se encuentran en trámite conforme al procedimiento y los plazos señalados en el Código Procesal Constitucional y una vez que la Comisión de Admisión emita una decisión la misma será legalmente notificada”.
En noviembre del año pasado el Tribunal Constitucional Plurinacional dictó su sentencia dejando inaplicable cuatro artículos de la Constitución Política del Estado y declaró inconstitucionales cinco artículos de la Ley del Régimen Electoral.
Los seis magistrados que firmaron la sentencia establecieron que para este caso aplica de manera preferente el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo tanto ninguna autoridad puede ser limitada en su derecho de repostularse sin límites ni restricciones.
La entidad del control constitucional rechazó porque las personas que interpusieron la denuncia “no son sujetos legitimados” para recurrir directamente al TCP con una acción o denuncia.
“Hemos tomado conocimiento de una resolución del Tribunal Constitucional señalando que los denunciantes no seríamos los sujetos legitimados, a pesar que tratándose de una denuncia no se necesita ninguna legitimación especial”, explicó el jurista a ANF.
Alarcón y activistas del país presentaron en Sucre un memorial ante TCP, para pedir que esa institución “disponga la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo” en la sentencia de la reelección indefinida, por la existencia de un “fraude procesal”.
De acuerdo con el autoconstitucional los legisladores sí estarían facultados para presentar denuncias y acciones. “Lo que haremos es buscar legisladores de oposición para volver a presentar una denuncia”, manifestó.
RECURSOS DIRECTOS DE NULIDAD
En tanto, el TCP a través de un escueto comunicado informó que los dos recursos directos de nulidad presentados en contra de la Sentencia Constitucional sobre la reelección indefinida se encuentran en la Comisión de Admisión.
Uno de los recursos directos de nulidad 22867-2018-46 fue planteado por Eduardo Gutiérrez Monasterio, Fernando Cuellar Núñez, Luis Fernando Camacho Vaca, Lidia estela Llorenty y Paul Arana Cuellar; el segundo 22955-2018-46 fue presentado por Romer Fernando Hurtado.
Ambos fueron interpuestos contra la Sentencia Constitucional 0084/2017, que ha reconocido la reelección indefinida de las autoridades electas, amparado en esta definición el presidente Evo Morales anunció que volvería a ser candidato el 2019, y el Auto Constitucional 0269/2017-CA. “Se encuentran en conocimiento de la Comisión de Admisión”, especifica el comunicado.
Asimismo, informan que “por economía procesal ambas causas fueron acumuladas” y se encuentran en trámite conforme al procedimiento y los plazos señalados en el Código Procesal Constitucional y una vez que la Comisión de Admisión emita una decisión la misma será legalmente notificada”.
En noviembre del año pasado el Tribunal Constitucional Plurinacional dictó su sentencia dejando inaplicable cuatro artículos de la Constitución Política del Estado y declaró inconstitucionales cinco artículos de la Ley del Régimen Electoral.
Los seis magistrados que firmaron la sentencia establecieron que para este caso aplica de manera preferente el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo tanto ninguna autoridad puede ser limitada en su derecho de repostularse sin límites ni restricciones.
Tuesday, March 13, 2018
No se admitió preguntas Hermetismo en caso Alexander
Bajo un total hermetismo transcurrió ayer la audiencia de Inspección Técnica Ocular (ITO) en los ambientes del Hogar Niño Jesús (antes Virgen de Fátima), dentro del juicio oral por el caso bebé Alexander; las autoridades judiciales negaron dar información mientras que la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia evitó que se realicen consultas a las partes procesales.
La ITO fue solicitada por la defensa del médico Jhiery Fernández, y se desarrolló desde las 10.30 horas de la mañana cuando los acusadores a la cabeza de la fiscal Susana Boyán, miembros del Tribunal Décimo de Sentencia, presidido por Patricia Pacajes; los acusadores particulares y los tres acusados junto a sus abogados se hicieron presentes en el hogar donde residen menores tutelados por el Estado.
El hogar es administrado por el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) de la Gobernación, dependiente de la Gobernación, que en 2014 estaba a cargo del ahora ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico.
En ese entonces, Agustina Quispe a cargo de la institución, por este caso fue denunciada por el entonces Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, omisión de denunciar y delitos contra la salud pública.
Según los antecedes y la declaraciones de testigos en esa fecha, a las 05.30 de ese 13 de noviembre de 2014, cuando falleció el menor, la cuidadora del bebé (mamita) Madelene Pahe Chambi, de 19 años, dejó solos en la habitación a los nueve menores que tenía a su cargo, mientras fue a la cocina a recoger los biberones.
Según la hipótesis de la fiscal Boyán, la joven tardó 30 minutos en realizar esa acción, momento que fue aprovechado por el médico Fernández, que estaba de turno, para ingresar a la “Sala 2” y cometer el horrendo crimen y luego salir del lugar.
Sin embargo, testigos, personal del Instituto de Rehabilitación Infantil (IRI), centro médico vecino al Hogar Virgen de Fátima, incluida una paciente de 14 años desmintieron la hipótesis de Boyán detallando que en ese horario, el médico Fernández se encontraba dando atención médica a la menor junto a la enfermera Roxana Cuentas.
INTERROGATORIO ILEGAL
En diciembre de 2014, Boyán y el actual fiscal departamental Edwin Blanco irrumpieron en el IRI e interrogaron a la menor de 14 sin orden, sin permiso del Sedeges, ni asistencia de psicólogos según confirmaron a este medio el personal administrativo de ese época.
Con esos antecedentes, tal como lo declararon en la etapa investigativa los abogados de los cerca de 14 involucrados, el primer punto a desmentir en la ITO que se desarrolló ayer fue el hecho que la “mamita” no demoró 30 minutos, sino, solo cinco minutos pues el lugar de donde fue a recoger los biberones queda a escasos metros de la “Sala 2” y las mismas ya estaban preparadas.
Otro aspecto que se desmintió en el juicio, por la portera del IRI, fue el hecho de que el acceso al Hogar Virgen de Fátima, desde el IRI, era abierto a las 06.30 y era imposible ingresar por otro punto, además que nadie más contaba con llaves de puerta.
La ITO de ayer se efectuó con la presencia de la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Estefanía Morales, que desde la pasada semana se apersonó al proceso ante las varias denuncias por retardación de justicia y faltas de los abogado de Defensa Pública que asisten a la enfermera del Hogar Lola Rodriguez, coacusada en este juicio.
Asímismo, la directora de la Niñez y la Adolescencia de ese Viceministerio, Ninoska Durán, confirmó que esa instancia hace seguimiento al proceso y verificó que la ITO no vulnere los derechos de los menores.
La ITO fue solicitada por la defensa del médico Jhiery Fernández, y se desarrolló desde las 10.30 horas de la mañana cuando los acusadores a la cabeza de la fiscal Susana Boyán, miembros del Tribunal Décimo de Sentencia, presidido por Patricia Pacajes; los acusadores particulares y los tres acusados junto a sus abogados se hicieron presentes en el hogar donde residen menores tutelados por el Estado.
El hogar es administrado por el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) de la Gobernación, dependiente de la Gobernación, que en 2014 estaba a cargo del ahora ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico.
En ese entonces, Agustina Quispe a cargo de la institución, por este caso fue denunciada por el entonces Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, omisión de denunciar y delitos contra la salud pública.
Según los antecedes y la declaraciones de testigos en esa fecha, a las 05.30 de ese 13 de noviembre de 2014, cuando falleció el menor, la cuidadora del bebé (mamita) Madelene Pahe Chambi, de 19 años, dejó solos en la habitación a los nueve menores que tenía a su cargo, mientras fue a la cocina a recoger los biberones.
Según la hipótesis de la fiscal Boyán, la joven tardó 30 minutos en realizar esa acción, momento que fue aprovechado por el médico Fernández, que estaba de turno, para ingresar a la “Sala 2” y cometer el horrendo crimen y luego salir del lugar.
Sin embargo, testigos, personal del Instituto de Rehabilitación Infantil (IRI), centro médico vecino al Hogar Virgen de Fátima, incluida una paciente de 14 años desmintieron la hipótesis de Boyán detallando que en ese horario, el médico Fernández se encontraba dando atención médica a la menor junto a la enfermera Roxana Cuentas.
INTERROGATORIO ILEGAL
En diciembre de 2014, Boyán y el actual fiscal departamental Edwin Blanco irrumpieron en el IRI e interrogaron a la menor de 14 sin orden, sin permiso del Sedeges, ni asistencia de psicólogos según confirmaron a este medio el personal administrativo de ese época.
Con esos antecedentes, tal como lo declararon en la etapa investigativa los abogados de los cerca de 14 involucrados, el primer punto a desmentir en la ITO que se desarrolló ayer fue el hecho que la “mamita” no demoró 30 minutos, sino, solo cinco minutos pues el lugar de donde fue a recoger los biberones queda a escasos metros de la “Sala 2” y las mismas ya estaban preparadas.
Otro aspecto que se desmintió en el juicio, por la portera del IRI, fue el hecho de que el acceso al Hogar Virgen de Fátima, desde el IRI, era abierto a las 06.30 y era imposible ingresar por otro punto, además que nadie más contaba con llaves de puerta.
La ITO de ayer se efectuó con la presencia de la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Estefanía Morales, que desde la pasada semana se apersonó al proceso ante las varias denuncias por retardación de justicia y faltas de los abogado de Defensa Pública que asisten a la enfermera del Hogar Lola Rodriguez, coacusada en este juicio.
Asímismo, la directora de la Niñez y la Adolescencia de ese Viceministerio, Ninoska Durán, confirmó que esa instancia hace seguimiento al proceso y verificó que la ITO no vulnere los derechos de los menores.
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