Monday, May 28, 2018
Wednesday, May 23, 2018
Monday, May 21, 2018
En juicio oral Tribunal Décimo perdió siete testimonios de caso Alexander
El Tribunal Décimo de Sentencia, que sentenció al médico Jhiery Fernández, en el denominado caso Alexander, certificó haber perdido al menos siete declaraciones de testigos, “cuyos testimonios descartaron en juicio oral la supuesta violación en contra del bebé, para encubrir los errores en la investigación de los fiscales y forenses”, develó el padre del galeno Félix Fernández.
La solicitud de informe y certificación fue presentada por el abogado Cristian Alanes, el pasado 7 de mayo, donde se detalla el nombre de los siete testigos, cuyos testimonios fueron extraviados en el Tribunal Décimo, presidido por la juez Patricia Pacajes y compuesto por los jueces técnicos Gladys Guerrero y Roberto Mérida.
NO ES MI CULPA
El pasado 11 de mayo, ante una conminatoria, el secretario de dicho Tribunal, Edwin Tonconi, emitió respuesta confirmando que siete declaraciones no figuran en los cuadernos de control jurisdiccional (archivos del juicio) justificando que fue responsabilidad de las anteriores secretarias del juzgado, debido a que él asumió el cargo el primero de agosto de 2017.
CERTIFICA
“Tengo a bien certificar de la revisión de obrados, se establece que faltan (siete) actas de declaraciones testificales como manifiesta el memorial que antecede; hace conocer que el suscrito (Tonconi) se ha posesionado en fecha 1 de agosto de 2017 y desconoce de qué secretarias habrían asistido a dichas audiencias, por lo que se me es imposible certificar datos que desconozco y no constan en obrados”, se justificó en el documento emitido por el funcionario judicial.
A su vez, el padre del médico, Félix Fernández, remarcó que esta es una más de las irregularidades denunciadas por la defensa de su hijo, que no son atendidas por ninguna instancia de la justicia.
MINISTERIO DE JUSTICIA
El 27 de febrero de este año, la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Estefanía Morales, y la directora general de la Niñez y Personas Adultas Mayores, Ninoska Durán, en conferencia de prensa, aseguraron que asumían medidas “correctivas” en el caso Alexander, así como en otros tres procesos que tenían que ver con un infanticidio en El Alto, pornografía infantil en Santa Cruz y el presunto abuso sexual de una adolescente.
Durán informó sobre la destitución del director del Servicio Nacional de Defensa Pública (Sepdep), Juan David Andrade Guerra, por inasistencia a audiencias en el caso del bebé Alexander.
“Estamos ejecutando medidas correctivas para que el proceso se lleve en el marco de la celeridad, la verdad y la justicia de este niño víctima de violación sustanciada ante el Tribunal Décimo de Sentencia”, afirmó Durán como figura en un comunicado de esa fecha, donde el Ministerio de Justica da por verdad la supuesta violación antes de que se emitiera sentencia.
Luego, el Ministerio de Justicia presentó denuncia ante el Consejo de la Magistratura en contra de los jueces que suspendieron las audiencias en perjuicio de este caso. “Finalmente, el Ministerio de Justicia se apersonará al proceso para hacer seguimiento permanente del caso”, agregó.
El padre del médico señala que los anuncios del Ministerio de Justicia solo confirman la presión que se ejerció contra los jueces y que el proceso esta plagado de irregularidades que asegura iniciaron con acciones negligentes en la investigación que hizo el Ministerio Público, por el fiscal departamental Edwin Blanco y su subalterna Susana Boyán.
La familia y compañeros de trabajo del galeno también responsabilizan al fiscal general Ramiro Guerrero de direccionar el caso, a quien cuestionan, por tratar de encubrir los errores cometidos por la médico general Ángela Mora.
Los abogados de la defensa de Fernández hacen esta afirmación con base en informes hechos por parte de la perito forense María Terán que en ese momento trabajaba en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y que ante el Tribunal señaló que las lesiones en el bebé Alexander no correspondían a un vejamen sexual y que eran otras las causas del sangrado y la muerte del menor de ochos meses, que hasta el fatídico 13 de noviembre de 2014 estaba al cuidado del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) y la Gobernación de la Paz.
La solicitud de informe y certificación fue presentada por el abogado Cristian Alanes, el pasado 7 de mayo, donde se detalla el nombre de los siete testigos, cuyos testimonios fueron extraviados en el Tribunal Décimo, presidido por la juez Patricia Pacajes y compuesto por los jueces técnicos Gladys Guerrero y Roberto Mérida.
NO ES MI CULPA
El pasado 11 de mayo, ante una conminatoria, el secretario de dicho Tribunal, Edwin Tonconi, emitió respuesta confirmando que siete declaraciones no figuran en los cuadernos de control jurisdiccional (archivos del juicio) justificando que fue responsabilidad de las anteriores secretarias del juzgado, debido a que él asumió el cargo el primero de agosto de 2017.
CERTIFICA
“Tengo a bien certificar de la revisión de obrados, se establece que faltan (siete) actas de declaraciones testificales como manifiesta el memorial que antecede; hace conocer que el suscrito (Tonconi) se ha posesionado en fecha 1 de agosto de 2017 y desconoce de qué secretarias habrían asistido a dichas audiencias, por lo que se me es imposible certificar datos que desconozco y no constan en obrados”, se justificó en el documento emitido por el funcionario judicial.
A su vez, el padre del médico, Félix Fernández, remarcó que esta es una más de las irregularidades denunciadas por la defensa de su hijo, que no son atendidas por ninguna instancia de la justicia.
MINISTERIO DE JUSTICIA
El 27 de febrero de este año, la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Estefanía Morales, y la directora general de la Niñez y Personas Adultas Mayores, Ninoska Durán, en conferencia de prensa, aseguraron que asumían medidas “correctivas” en el caso Alexander, así como en otros tres procesos que tenían que ver con un infanticidio en El Alto, pornografía infantil en Santa Cruz y el presunto abuso sexual de una adolescente.
Durán informó sobre la destitución del director del Servicio Nacional de Defensa Pública (Sepdep), Juan David Andrade Guerra, por inasistencia a audiencias en el caso del bebé Alexander.
“Estamos ejecutando medidas correctivas para que el proceso se lleve en el marco de la celeridad, la verdad y la justicia de este niño víctima de violación sustanciada ante el Tribunal Décimo de Sentencia”, afirmó Durán como figura en un comunicado de esa fecha, donde el Ministerio de Justica da por verdad la supuesta violación antes de que se emitiera sentencia.
Luego, el Ministerio de Justicia presentó denuncia ante el Consejo de la Magistratura en contra de los jueces que suspendieron las audiencias en perjuicio de este caso. “Finalmente, el Ministerio de Justicia se apersonará al proceso para hacer seguimiento permanente del caso”, agregó.
El padre del médico señala que los anuncios del Ministerio de Justicia solo confirman la presión que se ejerció contra los jueces y que el proceso esta plagado de irregularidades que asegura iniciaron con acciones negligentes en la investigación que hizo el Ministerio Público, por el fiscal departamental Edwin Blanco y su subalterna Susana Boyán.
La familia y compañeros de trabajo del galeno también responsabilizan al fiscal general Ramiro Guerrero de direccionar el caso, a quien cuestionan, por tratar de encubrir los errores cometidos por la médico general Ángela Mora.
Los abogados de la defensa de Fernández hacen esta afirmación con base en informes hechos por parte de la perito forense María Terán que en ese momento trabajaba en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y que ante el Tribunal señaló que las lesiones en el bebé Alexander no correspondían a un vejamen sexual y que eran otras las causas del sangrado y la muerte del menor de ochos meses, que hasta el fatídico 13 de noviembre de 2014 estaba al cuidado del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) y la Gobernación de la Paz.
Friday, May 18, 2018
Friday, May 11, 2018
TCP mantiene congeladas las regalías del campo Incahuasi
El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Petronilo Flores, decidió dejar sin efecto el fallo del juez Alberto Guzmán que había conminado a desembolsar los recursos a favor de Santa Cruz.
El TCP determinó ayer mantener congelado el pago de regalías a Santa Cruz por el campo Incahuasi, dejando en suspenso la resolución del juez de garantías de Santa Cruz que hace diez días ordenó la liberación de esos recursos en una acción de Cumplimiento.
“El Tribunal Constitucional en atención al pedido de YPFB de una medida cautelar, determinó que el pago de las regalías del campo Incahuasi queda suspendida tal como se había determinado en una sentencia constitucional”, señaló el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Petronilo Flores.
Mientras Chuquisaca mantiene el paro cívico indefinido con bloqueos sigue en desarrollo una Asamblea de Instituciones que analiza la situación del conflicto en los puntos de bloqueo de carreteras en las provincias.
ANTECEDENTES
Chuquisaca reclama en su territorio el pozo gasífero de Incahuasi que, según dos leyes limítrofes, pertenece al departamento de Santa Cruz. En ese sentido, y mientras se realice un estudio, el TCP congeló el pago de las regalías del campo.
El 27 de abril, el juez de garantías Alberto Guzmán ordenó descongelamiento de las regalías a favor de Santa Cruz y, este miércoles, conminó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a realizar el desembolso en un plazo de tres días.
Luego de haberse pronunciado sobre este caso, fue denunciado por el ministro de Justicia, Héctor Arce, de haber contrariado la sentencia constitucional que ordenaba que los recursos se mantengan congelados hasta que YPFB realice un nuevo estudio.
REACCIONES EN AMBOS DEPARTAMENTOS
El caso ha provocado movilizaciones en Chuquisaca, que lleva más de una semana de paro con bloqueo de caminos y la noche de este jueves el Comité Cívico de Santa Cruz se reunirá en una Asamblea para determinar acciones en defensa de Incahuasi.
Mientras tanto, el Gobierno nacional llegó a un acuerdo con una delegación de Chuquisaca que debe ser refrendado por varios sectores. (El Deber)
El TCP determinó ayer mantener congelado el pago de regalías a Santa Cruz por el campo Incahuasi, dejando en suspenso la resolución del juez de garantías de Santa Cruz que hace diez días ordenó la liberación de esos recursos en una acción de Cumplimiento.
“El Tribunal Constitucional en atención al pedido de YPFB de una medida cautelar, determinó que el pago de las regalías del campo Incahuasi queda suspendida tal como se había determinado en una sentencia constitucional”, señaló el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Petronilo Flores.
Mientras Chuquisaca mantiene el paro cívico indefinido con bloqueos sigue en desarrollo una Asamblea de Instituciones que analiza la situación del conflicto en los puntos de bloqueo de carreteras en las provincias.
ANTECEDENTES
Chuquisaca reclama en su territorio el pozo gasífero de Incahuasi que, según dos leyes limítrofes, pertenece al departamento de Santa Cruz. En ese sentido, y mientras se realice un estudio, el TCP congeló el pago de las regalías del campo.
El 27 de abril, el juez de garantías Alberto Guzmán ordenó descongelamiento de las regalías a favor de Santa Cruz y, este miércoles, conminó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a realizar el desembolso en un plazo de tres días.
Luego de haberse pronunciado sobre este caso, fue denunciado por el ministro de Justicia, Héctor Arce, de haber contrariado la sentencia constitucional que ordenaba que los recursos se mantengan congelados hasta que YPFB realice un nuevo estudio.
REACCIONES EN AMBOS DEPARTAMENTOS
El caso ha provocado movilizaciones en Chuquisaca, que lleva más de una semana de paro con bloqueo de caminos y la noche de este jueves el Comité Cívico de Santa Cruz se reunirá en una Asamblea para determinar acciones en defensa de Incahuasi.
Mientras tanto, el Gobierno nacional llegó a un acuerdo con una delegación de Chuquisaca que debe ser refrendado por varios sectores. (El Deber)
Caso Delgadillo Aprehenden a abogado y pasante vinculados al consorcio de abogados
El abogado Boris Ch. y el pasante Jhosep C., vinculados a los presuntos delitos de consorcio de jueces de abogados que involucra a la juez anticorrupción y contra la violencia, Cinthya Delgadillo, fueron aprehendidos, ambos guardan detención en celdas policiales y esperan la audiencia de medidas cautelares para determinar su situación jurídica.
René Salazar, abogado de Choque, desvirtuó las sindicaciones en contra de su cliente y aseguró que el pasante que trabajaba con la juez y llevó los archivos a su oficina coordinaba con otro de los abogados que trabaja en esa oficina y aseguró que cuenta con pruebas de esa relación.
El lunes, los pasantes del juzgado primero y Alexis Guarachi fueron identificados como las dos personas que llevaron un saco de plástico con 13 expedientes desde la oficina donde trabaja Choque junto a otros dos abogados del edificio Mariscal de Zepita, Bloque B, hacia el juzgado de la juez Delgadillo, como se aprecia en el video tomado por el abogado denunciante Juan Sadoc, el pasado lunes, por la tarde.
El martes, la Fiscalía realizó allanamientos a esa oficina y al despacho de la juez.
COMPUTADORAS SECUESTRADAS
En la oficina de Choque se secuestraron varias computadoras y en una de ellas se encontró borradores de resoluciones que tenían relación con casos que se procesaban en el juzgado de Delgadillo.
Asimismo, se conoce que uno de los funcionarios de ese juzgado declaró que en carnavales todo el personal se reunió en esa oficina para compartir bebidas alcohólicas, además que el mismo se presentaba con frecuencia en ese juzgado haciendo seguimiento de dos casos que llevaba.
Salazar aclaró que en la oficina de su cliente trabajan otros dos abogados a quienes no se investiga.
“Existían dos abogados más, como les digo vamos a dar los nombres una vez que pase la declaración para no entorpecer toda esta situación con referencia a mi cliente”, manifestó.
Explicó que las resoluciones encontradas en las computadoras, los sellos de policías y médicos hallados en la requisa estaban en equipos y escritorios de los otros abogados.
Para hoy, también se tiene programada la audiencia cautelar de Jhosep Canaza, quien también se presentó de forma voluntaria pero también será procesado.
René Salazar, abogado de Choque, desvirtuó las sindicaciones en contra de su cliente y aseguró que el pasante que trabajaba con la juez y llevó los archivos a su oficina coordinaba con otro de los abogados que trabaja en esa oficina y aseguró que cuenta con pruebas de esa relación.
El lunes, los pasantes del juzgado primero y Alexis Guarachi fueron identificados como las dos personas que llevaron un saco de plástico con 13 expedientes desde la oficina donde trabaja Choque junto a otros dos abogados del edificio Mariscal de Zepita, Bloque B, hacia el juzgado de la juez Delgadillo, como se aprecia en el video tomado por el abogado denunciante Juan Sadoc, el pasado lunes, por la tarde.
El martes, la Fiscalía realizó allanamientos a esa oficina y al despacho de la juez.
COMPUTADORAS SECUESTRADAS
En la oficina de Choque se secuestraron varias computadoras y en una de ellas se encontró borradores de resoluciones que tenían relación con casos que se procesaban en el juzgado de Delgadillo.
Asimismo, se conoce que uno de los funcionarios de ese juzgado declaró que en carnavales todo el personal se reunió en esa oficina para compartir bebidas alcohólicas, además que el mismo se presentaba con frecuencia en ese juzgado haciendo seguimiento de dos casos que llevaba.
Salazar aclaró que en la oficina de su cliente trabajan otros dos abogados a quienes no se investiga.
“Existían dos abogados más, como les digo vamos a dar los nombres una vez que pase la declaración para no entorpecer toda esta situación con referencia a mi cliente”, manifestó.
Explicó que las resoluciones encontradas en las computadoras, los sellos de policías y médicos hallados en la requisa estaban en equipos y escritorios de los otros abogados.
Para hoy, también se tiene programada la audiencia cautelar de Jhosep Canaza, quien también se presentó de forma voluntaria pero también será procesado.
Primera juez anticorrupción en Bolivia fue enviada a la cárcel
Cinthya Delgadillo, quien en julio de 2014 fue posesionada como la primera juez anticorrupción y lucha contra la violencia hacia la mujer en Bolivia, fue remitida ayer al Centro de Orientación Femenino (COF) de Obrajes, imputada por los delitos de consorcio de abogados y jueces e incumplimiento de deberes.
Con su encarcelamiento, se cierra un ciclo la primera promoción de jueces especializados en la lucha contra la corrupción que fueron posesionados junto a ella, destituidos e investigados por los mismos delitos que juraron combatir.
Delgadillo fue remitida al penal de Obrajes con detención preventiva por determinación del juez segundo anticorrupción de La Paz, Alan Zarate, que observó que subsisten riesgos procesales de peligro efectivo para las víctimas y obstaculización a la investigación, puesto que en su calidad de juez, podría modificar o destruir las pruebas que se encuentran en el que fue su juzgado y en la oficina particular del abogado Boris Choque, quien ayer se presentó ante la Fiscalía y también fue aprehendido.
Junto a Delgadillo, también fue cautelada, por los mismos delitos, Ybeth Flores, secretaria de dicho juzgado para quien Zárate dispuso detención domiciliaria debido a que la Fiscalía no presentó indicios concluyentes y por el estado de gestación (cinco meses) en el que se encuentra.
La audiencia fue programada para las 08.30 de ayer, y si bien debía suspenderse porque Delgadillo se presentó sin abogado, el representante del Consejo de la Magistratura, William Dávila, presentó recusación en contra de Zárate por una supuesta enemistad con una abogada de Transparencia que denunció al juez.
Al inicio de la audiencia, reprogramada para las 10.00 horas, el juez Zarate dispuso rechazar la recusación, pero enseguida la juez Delgadillo interpuso un nuevo incidente afirmando que tanto el secuestro de documentos como su aprehensión, el pasado martes por la noche, fueron ilegales. Incidente que también fue denegado por el juez Zarate e inició la audiencia cautelar.
Respecto a la recusación presentada por Dávila, desde el día miércoles se conoció que la hija del representante del Consejo de la Magistratura también fue pasante en el juzgado de Delgadillo, hecho confirmado por su padre.
Sin embargo, Dávila aseguró que fue durante las vacaciones y su hija ya no cumple funciones en ese juzgado. El fiscal departamental, Edwin Blanco, señaló que no se descarta ampliar las investigaciones si se encuentra algún tipo de relación con el caso pero negó conocer dichas denuncias.
El fiscal de materia, Ramiro Jarandilla, informó a EL DIARIO, que entre los indicios colectados contra Delgadillo, está el video donde se observa a dos pasantes del juzgado Primero Anticorrupción llevar de regreso a ese despacho, el talego con 13 expedientes y las declaraciones de más de tres testigos que aseguran que esos archivos permanecieron en la oficina de Choque por casi tres semanas.
PROCESOS DE VIOLACIÓN
Jarandilla fundamentó en audiencia que tanto Delgadillo como la secretaria Flores incurrieron en incumplimiento de deberes, debido a que amabas eran responsables de esos expedientes de los años 2013 y 2017.
Estos cuadernos de control jurisdiccional –detalló Jarandilla– eran sobre procesos de abusos sexuales y violencia contra la mujer que en su mayoría habían concluido en la etapa preparatoria y debían haber sido remitidos para aperturas de juicio en Tribunales de Sentencia hace mucho tiempo, la juez los continuaba reteniendo sin un justificativo legal.
A su turno, Héctor Castellón, abogado de Delgadillo, señaló que el juez Zárate malinterpretó los antecedentes del caso desde la probabilidad de autoría.
Sobre la medida extrema de detención preventiva en el penal de Obrajes, Castellón la calificó de injusta debido a que la declaración de uno de los testigos pone en duda el contenido del saco donde se presumen estaban los expedientes, además que su cliente tiene una menor de apenas dos meses que ahora debe ser separada de la madre, por lo que anunció que apelará la resolución.
Jarandilla descartó este argumento y señaló que el tema de fondo es el hecho de que 13 expedientes fueron llevados a la oficina de Choque por pasantes y uno de ellos declaró que fue cumpliendo órdenes de la juez Delgadillo.
“Hasta el momento, no hay un justificativo que explique los motivos por los cuales estos cuadernos de control jurisdiccional fueron remitidos a la oficina de un abogado particular, tampoco existe fundamento lógico del porqué existían (borradores) de resoluciones en la oficina del abogado (Choque)”, afirmó Jarandilla.
Con su encarcelamiento, se cierra un ciclo la primera promoción de jueces especializados en la lucha contra la corrupción que fueron posesionados junto a ella, destituidos e investigados por los mismos delitos que juraron combatir.
Delgadillo fue remitida al penal de Obrajes con detención preventiva por determinación del juez segundo anticorrupción de La Paz, Alan Zarate, que observó que subsisten riesgos procesales de peligro efectivo para las víctimas y obstaculización a la investigación, puesto que en su calidad de juez, podría modificar o destruir las pruebas que se encuentran en el que fue su juzgado y en la oficina particular del abogado Boris Choque, quien ayer se presentó ante la Fiscalía y también fue aprehendido.
Junto a Delgadillo, también fue cautelada, por los mismos delitos, Ybeth Flores, secretaria de dicho juzgado para quien Zárate dispuso detención domiciliaria debido a que la Fiscalía no presentó indicios concluyentes y por el estado de gestación (cinco meses) en el que se encuentra.
La audiencia fue programada para las 08.30 de ayer, y si bien debía suspenderse porque Delgadillo se presentó sin abogado, el representante del Consejo de la Magistratura, William Dávila, presentó recusación en contra de Zárate por una supuesta enemistad con una abogada de Transparencia que denunció al juez.
Al inicio de la audiencia, reprogramada para las 10.00 horas, el juez Zarate dispuso rechazar la recusación, pero enseguida la juez Delgadillo interpuso un nuevo incidente afirmando que tanto el secuestro de documentos como su aprehensión, el pasado martes por la noche, fueron ilegales. Incidente que también fue denegado por el juez Zarate e inició la audiencia cautelar.
Respecto a la recusación presentada por Dávila, desde el día miércoles se conoció que la hija del representante del Consejo de la Magistratura también fue pasante en el juzgado de Delgadillo, hecho confirmado por su padre.
Sin embargo, Dávila aseguró que fue durante las vacaciones y su hija ya no cumple funciones en ese juzgado. El fiscal departamental, Edwin Blanco, señaló que no se descarta ampliar las investigaciones si se encuentra algún tipo de relación con el caso pero negó conocer dichas denuncias.
El fiscal de materia, Ramiro Jarandilla, informó a EL DIARIO, que entre los indicios colectados contra Delgadillo, está el video donde se observa a dos pasantes del juzgado Primero Anticorrupción llevar de regreso a ese despacho, el talego con 13 expedientes y las declaraciones de más de tres testigos que aseguran que esos archivos permanecieron en la oficina de Choque por casi tres semanas.
PROCESOS DE VIOLACIÓN
Jarandilla fundamentó en audiencia que tanto Delgadillo como la secretaria Flores incurrieron en incumplimiento de deberes, debido a que amabas eran responsables de esos expedientes de los años 2013 y 2017.
Estos cuadernos de control jurisdiccional –detalló Jarandilla– eran sobre procesos de abusos sexuales y violencia contra la mujer que en su mayoría habían concluido en la etapa preparatoria y debían haber sido remitidos para aperturas de juicio en Tribunales de Sentencia hace mucho tiempo, la juez los continuaba reteniendo sin un justificativo legal.
A su turno, Héctor Castellón, abogado de Delgadillo, señaló que el juez Zárate malinterpretó los antecedentes del caso desde la probabilidad de autoría.
Sobre la medida extrema de detención preventiva en el penal de Obrajes, Castellón la calificó de injusta debido a que la declaración de uno de los testigos pone en duda el contenido del saco donde se presumen estaban los expedientes, además que su cliente tiene una menor de apenas dos meses que ahora debe ser separada de la madre, por lo que anunció que apelará la resolución.
Jarandilla descartó este argumento y señaló que el tema de fondo es el hecho de que 13 expedientes fueron llevados a la oficina de Choque por pasantes y uno de ellos declaró que fue cumpliendo órdenes de la juez Delgadillo.
“Hasta el momento, no hay un justificativo que explique los motivos por los cuales estos cuadernos de control jurisdiccional fueron remitidos a la oficina de un abogado particular, tampoco existe fundamento lógico del porqué existían (borradores) de resoluciones en la oficina del abogado (Choque)”, afirmó Jarandilla.
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