La crisis en el TCP se ahonda y los procesos judiciales crecen

La crisis en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se profundiza. Además de los problemas internos que aqueja y el juicio de responsabilidades contra dos magistradas, ayer cobraron notoriedad los procesos legales en contra, esta vez tocó al presidente de esa instancia judicial.

Ayer, la Comisión de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa recibió una cuarta demanda judicial en contra de los magistrados. “Estamos hablando del primero que hemos sacado la resolución, en la cual está incluido el magistrado Gualberto Cusi; otra presentó una organización descentralizada que está en trámite; el otro sería de las Cartas Orgánicas, y el del alcalde Luis Revilla sería el cuarto”, informó el vocal de esa instancia, diputado Galo Bonifaz.

La última demanda interpuesta por el alcalde de La Paz, Luis Revilla, involucra a la presidencia de la máxima instancia constitucional. Efrén Choque es acusado, entre otros aspectos, por incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.

Juicio. La Cámara de Diputados aprobó la noche del lunes, por mayoría (55 votos), el proyecto de proposición acusatoria en contra de las magistradas Soraida Chánez y Ligia Velásquez, ambas de la Comisión de Admisión del TCP. El jueves, la Cámara Baja remitió los obrados al Senado para que inicie el juicio de responsabilidades y, por consecuencia, emita sentencia condenatoria.

Tras la suspensión de las magistradas y la instauración del juicio de responsabilidades en contra de ellas, la entidad constitucional advirtió, un día después, que esta institución está en crisis y que se vulnera el Estado de derecho. Es un “día negro” para el TCP, señaló entonces a los periodistas Efrén Choque.

Un día después, el vicepresidente Álvaro García enfatizó, en una conferencia de prensa, que espera una sanción “fuerte” para las dos magistradas suspendidas por paralizar la aplicación de la Ley del Notariado y pidió al TCP enmendar ese error.

La ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, rechazó que el Órgano Ejecutivo haya ejercido presión para la suspensión de ambas magistradas. Además, negó que haya un boicot al trabajo que realiza el TCP. El magistrado Cusi, que por su estado de salud aún no es enjuiciado junto a Chánez y Velásquez, consideró que vienen “días negros” para el país por la decisión de la Asamblea Legislativa.

Otra demandante, la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia), se sumó al pedido de juicio contra los magistrados constitucionales por la demora, por al menos dos años, en la consideración de las Cartas Orgánicas municipales, que son documento base para el ejercicio pleno de la autonomía.

“Es una falta de respeto a la población. Después de hacer un largo debate sobre las Cartas Orgánicas y la demora existente en la revisión de más de 120 Cartas Orgánicas del país presentadas al Tribunal Constitucional, se ha tomado la decisión de presentar la denuncia en contra de los magistrados”, indicó el presidente de la FAM, Juan Carlos León, quien demandó a los constitucionalistas por delitos de incumplimiento de deberes y negativa o retardo de justicia.

La institucionalidad del TCP se resquebrajó a fines de febrero, cuando el entonces presidente Rudy Flores renunció al cargo por presiones internas que lo vinculaban con el gobernante Movimiento Al Socialismo. “Una persona de esa naturaleza no puede estar a la cabeza de un Tribunal”, señaló entonces Chánez. Producto de la división del Tribunal se eligió a Choque, quien ahora debe comparecer ante el Legislativo.

En el ojo de la tormenta

Elecciones

En octubre de 2011 se desarrolló la primera elección de magistrados judiciales. La oposición criticó los comicios y convocó a la población a votar nulo.

Ilegítimo

En los comicios ganó el voto nulo y blanco, razón por la que se consideró ilegítima la designación de autoridades judiciales bajo esta modalidad.

Ejecutivo

El presidente Evo Morales aceptó las falencias que tiene la Justicia en el país y pidió una reformulación integral.

Sugerencia

Desde el Ejecutivo se propone un referéndum revocatorio para cambiar a los juristas.

Asamblea admite litigio contra Choque

La Asamblea Legislativa conoció la denuncia planteada por la Alcaldía de La Paz en contra de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Efrén Choque y Gualberto Cusi, por la admisión de un recurso de nulidad.

“Ha llegado esta denuncia en contra de dos magistrados. Son tres elementos: incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y uso indebido de influencias”, informó ayer el diputado Galo Bonifaz, vocal de la Comisión de Justicia Plural.

Aunque en primera instancia se conoció que la querella interpuesta por la comuna tenía relación con el recurso presentado por la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), por la demora en la aprobación de al menos 120 Cartas Orgánicas, desde el gobierno municipal paceño se aclaró que la demanda fue por una controversia local.

Juicio. “El Alcalde sí ha planteado un recurso y es el tema del caso Piratas”, explicó el director jurídico del gobierno local, Fernando Velásquez. El 18 de febrero de 2013, la Alcaldía emitió la Resolución 63/2013 que ordenó la clausura definitiva del Piratas, por faltas en su funcionamiento. El propietario de la discoteca, Walid Chaín, argumentó ante el TCP que la resolución emitida por La Paz usurpa “funciones del Gobierno Municipal de Palca”, donde también había obtenido una licencia. El TCP validó este criterio.

El legislador Bonifaz aclaró que la Asamblea no tiene intereses políticos para enjuiciar a los magistrados del TCP como había denunciado la oposición y que solo acatan lo que dice la Carta Magna. El Legislativo inició un juicio de responsabilidades a las magistradas Ligia Velásquez y Soraida Chánez por paralizar la Ley del Notariado.