La organización Alianza por la Solidaridad, tras realizar la investigación Feminicidio en Bolivia. Acceso a la justicia y desafíos del Estado boliviano, dio a conocer las trabas judiciales que sufren las mujeres para sancionar la violencia de género.
"Entre enero de 2013 y noviembre de 2014 se registraron 206 casos de feminicidio. Sólo ocho juicios llegaron hasta la sentencia, apenas un 4%. La investigación revela que este desajuste se debe a que las familias de las víctimas se encuentran con varios obstáculos en su búsqueda de justicia”, señalaron las responsables de Alianza Solidaria.
Un 75% de mujeres en situación de violencia reincidente no denuncia el delito. Del total de mujeres que declaran haber sufrido violencia en sus hogares, el 53% no lo denuncia ante instancias judiciales y sólo poco más de un 17% realiza la denuncia.
Según la Organización Panamericana de la Salud (2013), Bolivia tiene el más alto nivel de violencia física reportado por mujeres de 15 a 49 años en toda Latinoamérica.
Los resultados de la investigación señalan como principales obstáculos el retraso en el procedimiento judicial; la demora en la solicitud de pruebas de laboratorio, llegando a extraviarse exámenes científicos y no científicos; la falta de formación de los funcionarios que investigan los delitos; el cobro de los gastos de transporte, fotocopias, impresión de fotografías y otros, y la mentalidad patriarcal predominante entre los hombres a cargo de los casos.
La respuesta poco efectiva se debe a que muchos de los casos carecen de una investigación, sanción y reparación.
La investigación, que fue elaborada durante los últimos seis meses junto a las entidades de Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, la Oficina Jurídica para la Mujer y la Fundación Paz y Esperanza, en los municipios de El Alto, Quillacollo y Santa Cruz, en Bolivia, se desarrolló a través de la revisión exhaustiva de ocho casos. Por ello, las organizaciones exigen al Estado adoptar medidas para a eliminar estas barreras.
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