Las autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Órgano Judicial salieron ayer en defensa de su independencia y de los fallos que emiten, después que el Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados ordenara la aprehensión de la magistrada Mirtha Camacho, que ayer fue liberada tras su declaración en la ciudad de La Paz. Fue denunciada por firmar una sentencia dentro de un caso de ocupación de tierras en La Paz.
El rechazo de los miembros del Tribunal Constitucional fue vehemente, situación que no ocurrió en el caso de los magistrados Gualberto Cusi (suspendido), Ligia Velásquez (que renunció) y Soraida Chánez (que fue destituida), que fueron procesados con celeridad por la Asamblea Legislativa Plurinacional por dictar un fallo en contra de la Ley de Notariado, presentado por el Ejecutivo.
Posición
“Deploramos ese tipo de acciones y exigimos del Órgano Legislativo que en los juicios de responsabilidades observen los derechos y garantías constitucionales”, afirmó el magistrado Ruddy Flores, quien advirtió que estas actuaciones debilitan el Estado constitucional de derecho, lo que implica responsabilidades legales para el Estado boliviano en el ámbito del derecho internacional.
Flores fue enfático al señalar que un órgano estatal no puede estar por encima de otro de la misma jerarquía, por lo tanto no es posible que una autoridad judicial esté sometida a cualquier juicio de responsabilidades y aprehendida en su mismo trabajo, lo cual “debilita y cuestiona” la institucionalidad del sistema judicial.
“No se está haciendo daño a una magistrada, sino a la institución y cuestionando la independencia con la que debe trabajar el Tribunal Constitucional respecto al Legislativo”, señaló el colegiado.
En ese sentido, pidió al Comité investigador del Congreso readecuar su accionar observando los derechos y garantías constitucionales de los magistrados, porque en el caso de la magistrada Camacho, señaló que no habrían reprogramado una nueva fecha de declaración solicitada por ella.
Extorsión
Por su parte, el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Marcos Fidel Tordoya manifestó que los procesos a los jueces pueden considerarse como una forma de extorsión, porque sin haber agotado el procedimiento para establecer si se equivocó o no se abre un proceso en su contra.
“Cuando a alguna de las partes no le gusta el fallo, se inicia un juicio al juez; no le gusta un auto supremo, juicio para el magistrado; si quieren sacarlo al magistrado, abren juicio”, recalcó Tordoya.
Por su parte, la diputada opositora Norma Piérola, miembro del Comité del Legislativo, comentó que Camacho llegó aproximadamente a las 5:00 a la Cámara de Diputados y a las 7:00 declaró y después fue liberada, empero en 30 días debe presentar sus pruebas de descargo en la investigación
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