Expresidente del Tribunal Superior de Justicia: “Justicia indígena no respeta derechos de las mujeres”

La Justicia Indígena Originaria Campesina no respeta los derechos de las mujeres ni “da a cada quien lo que le pertenece”, sino, en los tiempos actuales, “se otorga a una persona, lo que no es suyo”, como si fuese un hecho normal.

El análisis fue presentado por el expresidente del Tribunal Superior de Justicia y exdocente de la escuela de jueces y magistrados, Zenobio Calizaya Velásquez, al advertir una serie de problemas que tienen que atravesar las mujeres de las comunidades que tuvieron que casarse con hombres de otra comunidad.

“Desde la creación de la Justicia Indígena Originaria Campesina, a la cual respeto mucho, se han suscitado hechos insólitos que no pueden pasar inadvertidos, especialmente para los abogados, que estamos buscando la aplicación de la justicia”, afirmó Calizaya, durante una conferencia especializada que se realizó en el salón del Colegio de Abogados de Oruro.

La Justicia Indígena fue reconocida el 2009 en la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, pero desde entonces, “no siempre se da a cada uno lo que es suyo, sino, en los tiempos actuales, parece que ese concepto ya ha sido superado, porque ahora es al revés, porque se da a cada quien, incluso lo que no es suyo, a través de diversas formas, incluyendo resoluciones administrativas”.

Calizaya explicó que, en el caso de las mujeres, que por azar del destino, “ha ido a vivir a la casa de su marido, en la comunidad de éste, cuando éste muere, por decisión de la asamblea de la comunidad, ratificada por las autoridades indígena originario campesinas, como no es de la comunidad, es conminada a abandonar la casa y la tierra de su marido, junto a sus hijos”.

El problema, considerado frecuente, fue presentado con memoriales ante la justicia ordinaria, con amparos constitucionales, denunciando la arbitrariedad. Las autoridades judiciales “otorgaron la tutela y reconocieron el derecho de las mujeres para quedarse en la comunidad del marido fallecido, no solo por respeto a la Constitución Política del Estado, sino también por respeto a los derechos humanos y convenciones internacionales”.

El amparo constitucional ha llegado incluso al Tribunal Constitucional Plurinacional, con sede en Sucre, aprobando la resolución del Tribunal de Oruro. “Las sentencias ya están ejecutoriadas, pero nadie hace cumplir esas determinaciones. Las autoridades originarias simplemente ignoran esas sentencias, pese a que las mujeres (porque no es solamente un caso) trabajaron en el terreno del marido, le dieron una función social, como dice la Constitución, pero no se hace justicia en estos casos”, explicó Calizaya.

Consideró que, por eso, “es necesario reflexionar sobre estos casos, ya que la Justicia Indígena Originaria Campesina, se ha creado para resolver con celeridad los problemas justiciables, pero en los hechos, en la realidad, el terreno de la viuda se ha cedido a otros comunarios”.

Dijo que los problemas, de las personas que claman justicia, “no solamente se registran en Oruro, sino también a nivel nacional”.