El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, puso ayer en marcha el nuevo modelo de gestión fiscal en Cochabamba, que crea dos fiscalías corporativas: de violencia enmarcada en la Ley 348 y la de personas, con el objetivo de dar celeridad en la atención de estos casos, evitar la corrupción y –sobre todo– anular las retrasos por la ausencia del fiscal que estaba a cargo de la investigación.
“Se pone fin al viejo sistema de trabajo de un fiscal dueño de un caso. A partir de esta implementación, los casos ya no serán paralizados ante la ausencia, enfermedad o vacación del operador de justicia”, señaló Guerrero, al momento de inaugurar la nueva modalidad de trabajo.
El fiscal departamental, Ever Veizaga, explicó que la fiscalía corporativa de Víctimas de Atención Prioritaria se dividirá en dos grupos, cada uno de cuatro, todos integrados por fiscales femeninas. En el caso de la fiscalía corporativa de Delitos Contra las Personas está integrado por cuatro fiscales, entre hombre y mujeres.
Ambos están ubicados a pasos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) en la zona de Coña Coña, con el objetivo de facilitar a las víctimas y sus abogados el acceso rápido a la atención de médicos forenses o algún requerimiento por parte de los fiscales.
En cuanto a los fiscales, la máxima autoridad del Ministerio público recomendó cambiar de mentalidad, actitud, y trabajar en equipo “No quiero escuchar quejas de maltrato, cobros, retardación, porque el servicio que presta el Ministerio Público es totalmente gratuito (…). Sabemos que nuestros trabajo es muy delicado y en justicia siempre hay una parte que pierde y otra que gana”, expresó.
La pasada semana también se realizó el mismo acto en el departamento de Santa Cruz y con Cochabamba suman ocho departamentos con la implementación del nuevo modelo, sólo falta La Paz.
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