El fiscal general, Ramiro Guerrero, posesionó como nuevo fiscal departamental de La Paz a Edwin Blanco, quien hasta ayer llevaba adelante la investigación por el tráfico de influencias que comprometería al presidente Evo Morales y a su exnovia Gabriela Zapata.
Blanco es la quinta autoridad que ocupa el cargo en 16 meses, tomando en cuenta interinatos anteriores. El último titular, Marcelo Rollano, fue destituido luego ser sorprendido al interior de un lenocinio.
CASO ALEXANDER
Entre las causas judiciales que Blanco tuvo a su cargo, puede mencionarse que, en marzo del año pasado ordenó detener al periodista de EL DIARIO que investigaba el caso Alexander, Carlos Quisbert. En este proceso, se lo denunció por direccionar el testimonio de testigos con el fin de encubrir los errores cometidos por la forense Ángela Mora e inculpar al médico Jhiery F. S. contra quien hasta la fecha, su defensa afirma que no se demostró una sola prueba material ni testifical que lo comprometa, incluidos los exámenes de ADN.
DENUNCIAS POR VIOLENCIA
Guerrero afirmó haber llegado al convencimiento de que al margen de la formación académica, para el cargo de Fiscal de Distrito, se debe tomar en cuenta la calidad moral y el nivel de compromiso con la institución.
“A veces uno revisa currículos, la formación profesional, pero no revisa la conducta y actitud de las personas en su vida privada, (…); si somos los primeros que vulneramos los derechos de la sociedad, cómo podemos defender los derechos de toda la gente que debería sentirse protegida por la Fiscalía. ¿Cómo puede haber alguien que golpee a un niño o a una mujer y luego quiera ser defensor de la sociedad?”, cuestionó Guerrero en su discurso de posesión.
A pesar de todo ello, el nuevo Fiscal de Distrito cuenta con denuncias por violencia intrafamiliar, interpuestas por su esposa, cuya resolución concluyó en el desistimiento, como lo informó la fiscal Karina Cuba. Similar figura tiene en el caso de Marín Sandoval, el asambleísta departamental de La Paz, que le dio una golpiza a su joven pareja y ahora pide retornar a su cargo.
En el caso Alexander y la ilegal detención del periodista de EL DIARIO, que investigaba el caso, según el informe oficial de los policías del Centro de Rehabilitación Qalauma, que cursan en el cuaderno de investigaciones, Blanco ordenó vía telefónica la detención en Viacha y, a pesar de corroborar la identidad del mismo, junto a su colega, Susana Boyán, dejaron que sea procesado y enviado a la cárcel de San Pedro, sindicado por “obstrucción a la justicia”.
En ese mismo caso, en una de las audiencias se presentó, en calidad de prueba, dos audios en los cuales Boyán y Blanco ignoraron elementos que desvirtuaban el supuesto abuso sexual en contra del bebé Alexander.
También se puso en duda el informe de la forense Mora, a quien Blanco, de forma irregular, la presentó en juicio, en calidad de testigo, para impedir que su testimonio sea contrastado con sus propios informes, que han sido cuestionados por los investigadores de la Policía que presentaron reportes que no han sido valorados, por lo que el médico Jhiery F. S. continúa preso.
ANTECESORES
Por otro lado, Guerrero también comparó las actitudes de los antecesores de Blanco, quienes se fueron luego de protagonizar escándalos por deudas (33 meses de renta), como fue el caso de Patricia Santos. Sin embargo, ella sostuvo que su destitución se debió a que dentro del caso Alexander se negó a cumplir el direccionamiento ordenado por el propio Guerrero, con la injerencia de fiscales superiores. Aseguró que será el Fiscal General quien deberá responder por dicho tema, y en el cual Blanco jugó un papel preponderante.
CASO ZAPATA
Luego del acto de posesión, Guerrero minimizó la versión de que la nueva autoridad haya sido designada por haber llevado adelante las diligencias en el caso que comprometía al Gobierno y la imagen del presidente Evo Morales, entorno al tráfico de influencias con la Empresa China CAMC y Gabriela Zapata.
En este proceso, Blanco presentó la documentación con la cual se habría fraguado un certificado de nacimiento del hijo de Morales y Zapata, cuya existencia es puesta en duda.
FONDO INDÍGENA
Varios son los procesos en los cuales se vieron comprometidos los intereses del Gobierno y la credibilidad del Ministerio Público, en los que Blanco fungió también como fiscal. Entre algunos, además, del Caso Alexander, y Zapata – Morales, estuvo a cargo del caso Fondo Indígena, en el que los involucrados presentaron gran cantidad de pruebas y requerimientos para que se investigue a Nemesia Achacollo, el ministro de Economía Luis Arce, las dirigentes de la organización Bartolina Sisa, Juanita Ancieta y la excandidata Felipa Huanca, pero hasta la fecha no se los convoca a declarar, ni siquiera como testigos.
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