Aquellas personas que consideren que no se actuó debidamente, en algún proceso judicial, podrán solicitar que se realice una auditoría jurídica a su trámite, según manifestaron representantes de la Asociación Nacional de Víctimas de la Injusticia.
El representante de la Asociación Nacional de Víctimas de la Injusticia en Oruro, Richard Mitma, expresó su satisfacción por el acuerdo al que llegaron con autoridades judiciales, pues a través de un convenio se está dando vía libre a la petición de efectuar auditorías jurídicas públicas a quienes así lo requieran.
"Por años hemos reclamado de que existe injusticia en nuestros casos, y por eso se va a dar lugar a las auditorías jurídicas públicas, según el convenio que hemos conseguido con autoridades nacionales, tras 12 días de huelga. En esa situación estamos pidiendo que venga la población a denunciar sus casos graves, que consideren que no hubo justicia", manifestó Mitma.
El dirigente de la organización social, señaló que en Oruro, las solicitudes de auditoría jurídica, se recibirán en la oficina de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), ubicada en las calles Washington entre Murguía y Sucre. Esto se hará desde este lunes 28 de marzo.
"Las auditorías, aparte del Consejo de la Magistratura, serán realizadas por organismos internacionales, para determinar quiénes son los responsables en nuestros procesos, al mismo tiempo hemos pedido que se revoquen a las autoridades judiciales que han cometido delitos", expresó.
Según Mitma, existen casos muy graves, en los que se han vulnerado los pasos procesales adecuados y violado derechos de las personas, por lo que es necesario hacer esta revisión.
"Esos casos se volverán a revisar y por eso queremos que las víctimas vengan, para demostrar plenamente que este sistema no está funcionando y que hay que buscar una solución y un cambio en la justicia boliviana", agregó.
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