La juez segundo anticorrupción, Rosmeri Pabón, determinó ayer, en una audiencia que duró más de 10 horas, la detención preventiva del jurista Milton Mendoza, imputado por el presunto delito de encabezar un consorcio de jueces, fiscales, abogados y policías e incurrir en cohecho activo.
La viceministra de Transparencia, Jessica Sarabia, planteó los riegos procesales de fuga, influencia sobre los testigos, que puede destruir o modificar pruebas y que Mendoza tiene la facilidad de abandonar el país.
También se mencionó que por la “trayectoria” y los nexos que Mendoza aún mantiene con miembros del Tribunal Constitucional, jueces de diferentes niveles y fiscales de materia, los nexos de este consorcio deben ser investigados en otras ciudades, como Sucre, donde según la secretaria Yazmila Paz, surgió el romance de Mendoza con la juez Lía Cardozo.
El caso surgió a raíz del allanamiento de la oficina de Mendoza, el 29 de marzo, donde además de aprehender al exvocal Fernando Ganam, se hallaron varios documentos originales, como cuadernos de investigación y control jurisdiccional, credenciales de fiscales y se verificó que en estas oficinas, del edificio San Pablo, se redactaban resoluciones de imputaciones en distintos casos.
La comisión de fiscales, conformada por Anghelo Sarabia, Jhenny Quispe, Liliam Calderón y Marco A. Vargas, informó que en esta audiencia se presentó abundante y contundente evidencia colectada en el allanamiento del 29 de marzo y el pasado viernes, cuando se verificó que se violó el precinto de la oficina y dos porteros del edificio declararon que la tarde del 9 de abril, Mendoza se presentó en el lugar y se le observó salir con “bolsas debajo de su chamarra”.
FISCALES IMPLICADOS
En este sentido, Marcelo Gutiérrez, del Ministerio de Gobierno, en audiencia, reveló que el consorcio implica también a más de 10 fiscales o exfuncionarios del Ministerio Público, entre ellos Magalí Gonzales, Gregorio Blanco, Hugo Rivero, Julio C. Guerrero y mencionó que se hallaron credenciales originales de Marcelo Sosa y Félix Ugarte.
Entre los datos curiosos, se tiene que, según la declaración de un testigo, Mendoza ingresaba con llave propia al despacho de Ganam y que sus asociados, Ricardo Blanco (hijo del fiscal) y Vladimir Flores, hacían visitas cotidianas y mantenían contacto con su auxiliar María Yapuchura.
DEFENSA
Por otro lado, Mendoza, a su salida de juzgados, volvió a negar los cargos, “estoy decepcionado de la justicia”, señaló y apuntó a los fiscales por haber “plantado pruebas” en su contra y aseguró que el allanamiento a su oficina es ilegal y que nunca estuvo prófugo.
Su abogado, Alberto Morales, en audiencia, alegó que Mendoza tiene una hoja de vida intachable y que se destaca su carrera con varios logros, como es ser miembro suplente del Tribunal Constitucional.
Morales observó que la Fiscalía no haya presentado una nómina de los que presuntamente conforman el consorcio, que el término no se aplica y está en contradicción con el contenido de la imputación.
Mendoza y su abogado evitaron hacer referencia a la carga de pruebas halladas en esta oficina, alegando que nunca se les notificó y que existen normas que prohíben la incautación de los mismos sin existir indicios.
La audiencia duró tanto, debido a que en un inicio, Mendoza planteó un incidente aduciendo una detención ilegal, argumento que la juez Pabón rechazó.
TINTAYA
Por la mañana, Gutierrez informó que “el Ministerio de Gobierno ha ampliado la denuncia contra la juez Jakelyn Tintaya (12vo de materia en lo penal) y contra el exfiscal Roger Velásquez, para que sean citados como sindicados dentro de este proceso”.
Al momento, Ganam, la exjuez Cardozo, el exfiscal Rivero, el abogado Flores, Fernando Guillén (presidente de Cotel) y la secretaria Paz, cuentan con detención preventiva; la auxiliar Yapuchura se encuentra con detención domiciliaria y la Policía continúa buscando a Ricardo Blanco.
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